El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" el 26 de septiembre del 2014, presentó un informe preliminar del caso en el que denuncia el ocultamiento y desaparición de evidencias.
Se
desaparecieron y ocultaron evidencias en caso Ayotzinapa, dicen los expertos internacionales.
Lamentaron que el gobierno mexicano siga negando que
los militares sean interrogados de forma directa; entregarán su informe el
próximo 6 de septiembre.
Solicitaron a la CNDH emitir una recomendación que atienda a las familias de las víctimas de desaparición y obtengan todos los beneficios.
Piden
seis meses más..para seguir investigando…y seguramente se los darán ya que el acuerdo dice que los seis meses serán prorrogables.
Claudia Paz, durante una
conferencia de prensa, dijo que el informe final de su trabajo será presentado
el próximo 6 de septiembre, pero anunció
que ya solicitaron a las autoridades mexicanas que se amplíe el tiempo de
trabajo seis meses más.
Detalló que durante la investigación se encontraron 19 prendas de vestir de los estudiantes sin rasgos de sangre, pero la PGR nunca reportó esta información a las familias de los jóvenes desaparecidos. Paz refirió que se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho grave desde el punto de vista de la investigación.
Paz
precisó que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio a la ropa
localizada en dos autobuses en los que se transportaban los normalistas la
noche del 26 de septiembre en Iguala.Detalló que durante la investigación se encontraron 19 prendas de vestir de los estudiantes sin rasgos de sangre, pero la PGR nunca reportó esta información a las familias de los jóvenes desaparecidos. Paz refirió que se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho grave desde el punto de vista de la investigación.
Actualmente, los especialistas preparan a
los padres de los normalistas para la identificación de esas prendas.
Francisco Cox Vial, abogado chileno, informó
que el gobierno mexicano ha impedido que este grupo se entreviste con el
personal militar del 27 Batallón del Ejército, a pesar de que se les propuso la
realización de una entrevista por escrito y sin la presencia de los elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual rechazaron.
Por
otro lado, el equipo de expertos de la CIDH solicitó una necropsia al cuerpo de Julio César Mondragón, quien
fue desollado, luego de determinar que la primera autopsia no incluyó todas
las lesiones, debido a que se omite la dinámica de lesiones y tampoco se
evalúan heridas.
Explicaron
que de acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, personal del
Palacio de Justicia de Guerrero confirmó al grupo de expertos que se captó un
video del secuestro de entre 10 a 16 normalistas, sin embargo, el Poder
Judicial de la entidad niega la existencia de esa evidencia.
Adelantaron
que otros videos pudieron haber sido destruidos y son clave pues evidencian lo
ocurrido el día en el que desaparecieron los 43 estudiantes, uno de estos
videos es de la cámara ubicada en el Palacio de Justicia del municipio.
El
Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas de la CIDH fueron elegidos para elaborar una investigación de lo que
pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.
Las
acciones del grupo abarcan la elaboración de planes de búsqueda en vida de los
desaparecidos; el análisis de líneas de investigación para determinar
responsabilidades penales y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a
las Víctimas.
El
Grupo fue designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado -en
noviembre de 2014- con el Estado mexicano y los representantes de los 43
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro
Burgos" de Ayotzinapa.
Actuará
"con autonomía e independencia" y su trabajo tendrá en cuenta
"los estándares internacionales en los diferentes aspectos del
mandato".
Su
mandato inicial será de seis meses prorrogables y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
El Estado mexicano está financiando las actividades del grupo. De entrada depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto..
El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH
El Estado mexicano está financiando las actividades del grupo. De entrada depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto..
El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH
Lo
componen Carlos Martín Beristain, Angela
Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
Carlos
Martín Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología,
trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y
familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador
del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con
víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en
el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene experiencia en
atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones
de derechos humanos, y en peritajes para la evaluación psicosocial e
investigaciones sobre la reparación.
Angela
Buitrago, colombiana, es abogada y Doctora en Derecho y Sociología, con
especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una
Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de
Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de
Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de
Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato
de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento
ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje
telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios
otros.
Francisco
Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad
de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitutional de la
Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y
derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en
casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros). Trabajó igualmente en apoyo de la extradición
del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en
los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra
Perú.
Claudia
Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer
Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue
jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del
crimen organizado en Guatemala. Durante
su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos
avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores,
en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en
el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y
actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.
Alejandro
Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los
derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor
independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia
transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en
Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de
Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington.
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Comunicado
conjunto SEGOB-SRE-PGR: se nombra a grupos de expertos
Viernes
16.01.15|México, D. F. | Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de
nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos
independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo
de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los
beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de
noviembre de 2014.
En
el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los
beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración
del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el
desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las
acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43
estudiantes.
Conforme
a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado
por las siguientes personas:
•
Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional
•
Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y
derechos humanos
•
Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias
criminológicas
•
Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud
•
Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y
defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario
A
la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes
atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas
desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar
responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a
las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y
reparación integral necesaria.
En
cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular
recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado
reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan
fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de
personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El
mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá
extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Conforme
al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las
actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será
administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.
El
Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas
para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a
cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3
de octubre de 2014. Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de
justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia,
con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención
estructural de estos asuntos.
'@SRE_mx, 16 de Enero de 2015 18:33
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