Tras el huracán legislativo, orfandad institucional... e impunidad/JENARO VILLAMIL
Durante una semana –entre el 20 y el 27 de octubre– el caso Odebrecht provocó una crisis legislativo-institucional. Primero vino la súbita remoción de Santiago Nieto como titular de la FEPADE, luego la escaramuza en el Senado, donde el bloque PRD, PT-Morena-PAN exigía su reinstalación. Nieto acabó anunciando que “no existen condiciones” para ejercer su función. Lo cierto es que ahora el país no tiene procurador ni fiscal general; tampoco fiscal anticorrupción ni electoral. Más aún, los implicados en los sobornos multimillonarios de Odebrecht siguen impunes.
“Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, comentó Emilio Lozoya Austin a un grupo de reporteros que lo abordaron a la salida de la Academia Mexicana de Derecho Internacional el jueves 26 por la noche. El exdirector de Pemex acudió como invitado a la ceremonia y conferencia de su abogado Javier Coello Trejo.
Horas antes de ese acto, cuando acudió con el exfiscal anticorrupción y exsubprocurador de la lucha contra el narcotráfico a una comparecencia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se declaró “completamente inocente” de las imputaciones del PRD, que lo acusa de haber recibido sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht y destinar parte de estos recursos a la campaña presidencial priista de 2012.
Coello Trejo declaró que debían revisar “con calma” los 14 tomos de la carpeta de investigación que abrió el extitular de la FEPADE Santiago Nieto Castillo, cesado de manera fulminante el viernes 20 por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
La Fepade había obtenido información relacionada con declaraciones del exdirector de Odebrecht Carlos Fadigas a autoridades brasileñas. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó parte del expediente del caso Java Lato (Manos Limpias) de Brasil que da cuenta de sobornos por 500 mil, 400 mil y 510 mil dólares entre el 23 de mayo y el 8 de junio de 2012 a una cuenta off shore denominada Latin America Asia Central, vinculada presuntamente a Lozoya. El exdirector de Pemex ha negado tener relación con esos depósitos.
La contraofensiva mediática y legal de Lozoya en el caso Odebrecht dio resultado en menos de 15 días: renunció Raúl Cervantes a la titularidad de la Procuraduría General de la República; removieron al titular de la FEPADE y quedó en el limbo la investigación del caso Odebrecht o reducido a funcionarios menores, según información de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez.
Renuncias y remociones
El lunes 16, Raúl Cervantes Andrade anunció ante el Senado que renunciaba a la PGR y a la posibilidad de contender como fiscal general de la República para un periodo de nueve años.
El dimitente entregó un informe de 16 cuartillas al Senado y reiteró que la dependencia “está desarrollando la investigación de un buen número de los casos de corrupción más importantes como el de la empresa Odebrecht”, pero no dio más detalles.
Cuatro días después, viernes 20, fue cesado Nieto Castillo bajo el argumento de que violó el Código de Conducta de la PGR, al revelar partes de un proceso de investigación en curso, presuntamente en el caso de Odebrecht.
El miércoles 25, Nieto sorprendió a sus propios defensores en el Senado cuando negó en entrevista con Carlos Loret de Mola haber recibido presiones de Lozoya y culpó al reportero del periódico Reforma de haber tergiversado unas declaraciones suyas al respecto.
“ –¿Recibió usted presiones por el caso Odebrecht? –le preguntó el conductor de Televisa.
“–La presión que puede generar algún tipo de caso, siempre hay algún tipo de condiciones que pueden ser complicadas… Una carta como la que presentó el señor Lozoya no presiona a ninguna persona. Inclusive, yo se la contesté en sentido negativo, rechazando los tres planteamientos que él me hacía.”
Nieto desmintió así la nota publicada en primera plana del diario Reforma con el título “Presiona al fiscal por PRI-Odebrechet”. De golpe, el extitular de la Fepade negaba el contenido fundamental de esa nota informativa y, por tanto, el presunto origen de su destitución dos días después.
El viernes 27, en medio del atorón legislativo en el Senado por su comparecencia, Nieto se retiró del proceso de objeción de su remoción: argumentó que “no existen condiciones” para desarrollar su función y adujo también que su caso había generado una “polarización” en el Senado de la República.
“No existen los consensos necesarios para que pueda desarrollarse dicha comparecencia”, sentenció en su mensaje a medios de comunicación leído en un hotel de Paseo de la Reforma.
“De hecho, no hay acuerdo ni se visualiza en un futuro inmediato que puedan existir los consensos en torno al procedimiento. Mientras tanto, las posiciones se polarizan y los días pasan. Mi planteamiento ha derivado en una rispidez política”, abundó.
Rechazó contestar si él o su familia habían recibido amenazas; tampoco se refirió a su destitución, que provocó crisis institucional y tensión política en el Senado por el caso Odebrecht. Sólo anunció que se retiraba para preparar su “defensa jurídica tanto en las denuncias penales como en los procedimientos administrativos por venir”.
“En cuanto me sea posible retornaré a mis actividades como académico”, puntualizó.
El equipo jurídico de Lozoya interpuso en esta semana dos denuncias contra Nieto por su presunta omisión para citar a su cliente a fin de que conociera las acusaciones en su contra relativas al expediente Odebrecht y por uso indebido del servicio público al revelar información confidencial de una carpeta de investigación.
Es el mismo argumento utilizado por Elías Beltrán para destituir a Nieto y por los senadores del PRI y del Partido Verde para acusarlo de alterar el “debido proceso”.
El trasfondo es Odebrecht:
senadores
Sin embargo, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, afirmó que “el fondo del asunto es la investigación de Odebrecht en México y los delitos electorales que se llevaron a cabo mediante sobornos en campañas del PRI” en 2012.
“Ahora –advirtió Sánchez–, el reto es nombrar a un nuevo fiscal, pero tenemos una situación inédita en el país: no hay procurador; no hay fiscal general; no hay fiscal anticorrupción y no hay fiscal electoral.”
A su vez, el líder de la bancada del PAN, Fernando Herrera, indicó que su partido mantendrá su posición en contra de la “decisión arbitraria” de remover a Nieto “y que deja dudas sobre investigaciones de casos graves de corrupción como el de Odebrecht”.
Herrera acusó a las bancadas del PRI y del Partido Verde en el Senado de “montar una estrategia para fracturar los acuerdos, el diálogo y las prácticas parlamentarias, con el propósito de forzar una decisión encaminada a ratificar la remoción de Nieto, con un procedimiento cobijado en la secrecía”.
Durante la toma de la tribuna del Senado el martes 24, el coordinador de la bandada del PT-Morena, Manuel Bartlett, mencionó en varias ocasiones que “están corriendo a un fiscal que investigaba el caso Odebrecht”.
A su vez, Miguel Barbosa, vicecoordinador de ese bloque de legisladores, declaró que el principal afectado era el PRI “porque la opinión pública que se formó es la de haber sido un abuso de autoridad, un acto autoritario a propósito de mantener encubierto el caso Odebrecht y una señal de que el que se meta con el PRI se va”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, advirtió que lo más difícil será lograr las dos terceras partes de los votos para nombrar a un nuevo titular de la FEPADE, frente a un escenario de franca polarización de las dos fuerzas que se articularon esta semana: el bloque PAN, PRD, PT-Morena, frente a la coalición PRI-Verde, que buscaba tener una mayoría con alguno de los independientes o de los seis legisladores “rebeldes” de la bancada del PAN.
El líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, insistió durante toda la semana que su partido no busca “un fiscal a modo” porque “no podemos, necesitamos de las dos terceras partes” para nombrarlo, según lo establecido en el artículo 102 constitucional.
Gamboa Patrón citó en su conferencia del miércoles 25 unas declaraciones de Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN, quien afirmó que Nieto había “cometido un error” al revelar parte de una comunicación que recibió del exdirector de Pemex.
“En el caso concreto de un fiscal que tenía bajo su responsabilidad un expediente de alta trascendencia para la vida de México, se generó una sospecha fundada o un cuestionamiento válido”, afirmó Fernández de Cevallos, quien antes apoyó a Nieto en los inicios de su carrera como abogado.
Versiones recabadas por Proceso dentro de la bancada del PRI indican que Fernández de Cevallos está en la negociación para nombrar al nuevo titular de la FEPADE.
La trama internacional
México es el único de los 12 países involucrados en las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía General de Brasil donde no hay ningún detenido o procesado ante los tribunales por el escándalo del pago de sobornos de la constructora Odebrecht, que presuntamente destinó 780 millones de dólares entre 2001 y 2014 para financiar campañas, corromper funcionarios y obtener importantes contratos de obra pública.
La investigación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos se dio a conocer el 21 de diciembre de 2016. La subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, afirmó que tanto Odebrecht como su filial Braskem utilizaron una red de negocios oculta y funcional denominada Departamento de Operaciones Estructuradas.
“Podríamos llamar Departamento de Sobornos” que pagó “sistemáticamente” millones de dólares a funcionarios de 28 países en tres continentes, dijo la funcionaria.
Odebrecht y Braskem acordaron pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares en Estados Unidos, Suiza y Brasil para seguir cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York y colaborar con las investigaciones de la triangulación de estos sobornos. Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, fue detenido en febrero de 2015 y redujo su pena a 19 años de prisión a cambio de dar información sobre la red de corrupción trasnacional.
En Argentina, donde presuntamente pagó 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014, está detenido Gustavo Arribas, exjefe de los servicios de inteligencia y amigo del actual presidente, Mauricio Macri, acusado de recibir en septiembre de 2013 medio millón de dólares. También está siendo investigado el exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota.
En Colombia, el fiscal Néstor Humberto Martínez creó un grupo de trabajo especializado con tres fiscales y 20 investigadores para coordinarse con el Departamento de Estado estadunidense. Dicho grupo detuvo al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito al darle contratos a Odebrecht, en enero pasado capturó al exsenador colombiano Otto Nicolás Bula, intermediario de una de las filiales de la compañía brasileña.
En Ecuador, la red de corrupción de Odebrecht involucra a varios colaboradores de Rafael Correa cuando éste fue presidente. El escándalo en ese país estalló en plenas elecciones presidenciales de este año e involucran al vicepresidente Jorge Glas y al propio mandatario Lenin Moreno.
En Perú, las acusaciones de pago de 29 millones de dólares de sobornos entre 2005 y 2014 implican a personajes de los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Han sido detenidos Edwin Layo, exfuncionario de García, acusado de recibir 7 millones de dólares a cambio de otorgarle un contrato a Odebrecht para el Metro de Lima en 2009; Miguel Navarro, exfuncionario de Transportes y Comunicaciones, y Mariela Huerta, expresidenta del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
En Brasil, el escándalo inició con las investigaciones en torno a la corrupción de Petrobras y ha involucrado a varios funcionarios de los gobiernos de Luis Inacio Lula da Silva y de Dilma Roussef, pero también al propio mandatario Michel Temer. El expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha está preso en espera de ser procesado por recibir parte de la millonaria red de sobornos que Odebrecht repartió entre varios partidos políticos para financiar sus campañas y conseguir jugosos contratos de obras públicas.
Sólo en México no hay detenidos por el escándalo. En abril pasado, la PGR citó a declarar a Lozoya Austin y a otros 17 empleados de Pemex. En agosto, la FEPADE abrió una carpeta de investigaciones sobre presuntos fondos que fueron a dar a la campaña del PRI en 2012.
Ahora, ni Cervantes Andrade ni Nieto, los dos funcionarios que iniciaron las investigaciones de Odebrecht, están al frente de sus dependencias.
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