l Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió por dos semanas las deportaciones anunciadas para el domingo en el país a petición de la bancada demócrata y pidió a Congreso soluciones en migración.
"A petición de los demócratas, he demorado el proceso de deportación a migrantes ilegales durante dos semanas para ver si los demócrata y republicanos pueden reunirse y hallar una solución a los problemas de asilo y escapes en la frontera sur", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.
"Si no, ¡comenzarán las deportaciones!", agregó.
El diario The Washington Post reveló ayer que el Gobierno de Trump tenía prevista llevar a cabo una redada masiva el domingo 23 de junio contra 2 mil familias migrantes con órdenes de deportación.
El operativo se llevaría a cabo en al menos 10 ciudades de EU, entre las que destacan Chicago, Los Ángeles y Houston.
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Renuncia subsecretario de SSP-Michoacán
Lo anterior luego de la difusión de un video donde un hombre, presuntamente detenido por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue torturado durante interrogatorio.
"Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven", informó la dependencia en su cuenta de Twitter.
"Reiteramos nuestra disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en la indagatoria, relacionada con los lamentables hechos ocurridos en el año 2014 en el estado de Guerrero".
Durante las investigaciones de este caso, Gómez Arrieta se desempeñaba como jefe de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR...
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Las columnas políticas hoy, 22 de junio de 2019
Templo Mayor/ Reforma
MIENTRAS Enrique Peña Nieto baila feliz al ritmo de "17 años", de Los Ángeles Azules, el PRI ha estado bailando... y no precisamente las calmadas.
DISTINGUIDOS tricolores, encabezados por Miguel Ángel Osorio y Claudia Ruiz Massieu, acudieron hace algunas semanas a visitar al ex Presidente para pedirle que interviniera como árbitro en la contienda interna. Y cuentan que Peña se negó diciéndoles que él ya nada tenía que ver con el asunto y estaba retirado.
NO PASÓ ni un mes para que José Narro se fuera del partido dando portazo y le diera un repasón en su despedida al "jefe político del PRI" por no hacer nada. ¿Cómo iba la canción? Ah, sí... "amo su inocencia, amo sus errores”.
EN LA TABLITA está el superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, quien lleva meses dando de qué hablar por sus excesos como representante federal.
LO QUE colmó el plato fue la revelación de todos sus nudos de interés en asuntos farmacéuticos y contratos millonarios con distintos gobiernos, los cuales quería apretar aún más aprovechando su posición.
SEGÚN se supo, la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval ya prepara un informe sobre su historial. A ver qué sale.
PELIGROSA se está poniendo la situación en Tabasco en donde el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, dijo que analizan aplicar la extinción de dominio a negocios que "apoyen" la migración ilegal.
EL ASUNTO es que esa medida iría contra hoteleros, transportistas, restauranteros y cualquier empresario que brindara servicios a extranjeros sin papeles.
MÁS ALLÁ de que el asunto no debe proceder porque en el catálogo de delitos para la aplicación de esa figura jurídica no aparece la migración ilegal, el solo anuncio tiene un tufo a esa palabra que nadie quiere decir pero que comienza con "X" y termina con "enofobia".
PRIMER ACTO: la senadora y teatrera Jesusa Rodríguez pide eliminar las becas para creadores que otorga el gobierno federal.
EGUNDO ACTO: la agencia Notimex, dirigida por Sanjuana Martínez, lanza un polémico reportaje en el que acusa a becarios del Fonca de recibir 32 mil pesos mensuales. Ellos se defienden en Twitter enlistando las obras publicadas y los premios ganados gracias a esas becas.
TERCER ACTO: se revela que el Canal Once les paga a sus conductores Sabina Berman y John Ackerman un salario de 73 mil pesos al mes por hacer cuatro programas de propagand... perdón, de análisis. ¿Cómo se llamó la obra? "Amigos con beneficios”.
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Norberto y 17 mil muertos más/Jorge Ramos Ávalos
Reforma, 22 Jun. 2019
No hay otros datos. Las cifras a las que tiene acceso el presidente Andrés Manuel López Obrador son exactamente las mismas que tengo yo y las que puede ver cualquier ciudadano mexicano. Y los números indican que el 2019 podría convertirse en el año más violento en la historia moderna de México.
Voy a los gravísimos datos en un momento. Pero quiero empezar con la triste historia del estudiante Norberto Ronquillo, quien hace poco fue secuestrado y asesinado tras salir de su universidad en la Ciudad de México. La mamá de Norberto, Norelia Hernández, me contó en una entrevista que el día del secuestro ella estaba en el cine cuando recibió un texto de su hermana que decía "URGE". Poco después recibiría los detalles del secuestro: "Tienen a Junior (Norberto)".
Los secuestradores "hicieron muchas llamadas, no sé cuántas en total", me contó Norelia. "Era como de espanto. 'Aquí lo tenemos y junta dinero' (le decían los plagiarios por teléfono). Era una palabra y le colgaban, y luego dos palabras y le colgaban". Nada funcionó. El cuerpo de Norberto fue encontrado torturado y estrangulado.
"Yo no quiero que esto se haga político", me dijo Norelia. "En verdad créeme que yo solo pedí encontrar a mi hijo... Yo le pedí mucho a Dios que no quería que mi hijo fuera una cifra más de desaparecidos".
Y no lo fue. Pero la trágica muerte de Norberto sí terminará en las estadísticas oficiales de secuestros y asesinatos. Contrario a la versión gubernamental, los homicidios dolosos no van a la baja. Mayo es el mes más violento del sexenio de López Obrador con 2,903 muertes.
En los primeros seis meses de gobierno de AMLO han sido asesinados 17,010 mexicanos, según cifras oficiales de homicidios dolosos. (Aquí está la fuente: https://bit.ly/2VzjBsf).
Dic. 2018: 2,877 muertos
· Ene. 2019: 2,857
· Feb. 2019: 2,804
· Mar. 2019: 2,845
· Abr. 2019: 2,724
· May. 2019: 2,903
Total: 17,010 muertos
Más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio hace casi un año. El cambio, claro, tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción y la imperiosa necesidad de combatir la desigualdad en México. Pero también con controlar los altísimos niveles de criminalidad. Y ese es uno de los grandes retos de López Obrador. Es, todavía, la asignatura pendiente.
Entiendo que la creación de la Guardia Nacional es la principal apuesta para reducir el crimen y que, para eso, se necesita más tiempo. Pero claramente lo que el gobierno de López Obrador ha hecho hasta el momento es insuficiente. En lugar de perseguir a inmigrantes inocentes, la Guardia Nacional debería ir tras verdaderos criminales. La Guardia Nacional es un experimento. Además, su plan original nunca incluyó evitar el paso de centroamericanos por la frontera sur de México. Ese es un despropósito, y un desperdicio de recursos y esfuerzos que se necesitan urgentemente en otras partes del país.
Y no es que le exijamos a López Obrador cosas distintas. A Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón también les llevábamos la cuenta de los muertos. Más de 128 mil personas fueron asesinadas en el sexenio de Peña Nieto y 104 mil en el de Calderón. (Aquí está la última cuenta que le hice a EPN en noviembre del 2018: https://bit.ly/2WXgWsu).
Las preguntas son: ¿A partir de cuándo se va a hacer responsable López Obrador de la violencia en México? ¿A los seis meses? ¿Al año?
Todas las regiones del país están sufriendo. La Ciudad de México, que algunos creían blindada de la violencia de otras partes de la República, ha tenido seis meses terribles. De diciembre del 2018 a mayo del 2019 fueron asesinadas 923 personas. Esto es más que las 663 que murieron de junio a noviembre del 2018.
Urge hacer algo al respecto, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Pero, la verdad, nadie sabe cómo.
Aarón Ronquillo, hermano de Norberto, estaba acompañando a su mamá durante la entrevista. ¿Es peligroso ser joven en México?, le pregunté. "Lamentablemente -hablo por mí y por todos los jóvenes- sí nos da un poco de inseguridad salir por salir a cualquier lado; a cines, a cafés, a bares", me dijo Aarón. "Hay demasiados casos de violencia aquí en nuestro país y, lamentablemente, le tocó vivir uno de los peores a la persona que más quería".
@jorgeramosnews
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Nuevas miradas/Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma, 22 Jun. 2019
Llevamos tiempo con el mismo diagnóstico: en México, a nivel nacional, sólo se denuncia 1 de cada 10 delitos y de esas denuncias, sólo en 1.3% las procuradurías/fiscalías logran vincular a proceso a un presunto responsable. Ello no ha cambiado en dos décadas. Quizá es momento de mirar de nuevo los viejos problemas.
Veamos el problema a ras de tierra. La Unidad Habitacional Ermita Zaragoza (UHEZ) es un barrio en Iztapalapa de 28 mil habitantes. Es una de las colonias más violentas de la CDMX. Todos los días suceden delitos graves: asaltos, violaciones, homicidios, heridos de bala, etcétera. En ese barrio existen muchas pandillas que realizan actividades ilegales: drogarse en el espacio público, vender cosas robadas, acosar a las chavas, pero sólo algunas de esas pandillas son realmente peligrosas. Unos cuantos son los que venden armas, secuestran, matan, venden droga al mayoreo y tienen a todos los habitantes de la UHEZ asolados por el miedo. Todos en la UHEZ saben quién es quién, de ello depende en buena medida su precaria seguridad. También saben, muchas veces, quién mato a quién y por qué. Sin embargo, esa información no se la dan a la policía: temen a las represalias de los grupos violentos y no confían de qué lado está la policía. Por la misma razón, tampoco denuncian los delitos que padecen. Por su parte, la policía del cuadrante también conoce bastante bien lo que sucede en la UHEZ, pero su trabajo no es perseguir a los delincuentes. Ello le toca a la Procuraduría. Me queda claro que los canales de comunicación entre la ciudadanía, la policía y la PGJ están rotos. Ello explica una parte importante de la tasa de impunidad.
La segunda parte del rompecabezas de la impunidad tiene que ver con los métodos de investigación que existen en nuestras procuradurías. El método de "integración de averiguaciones previas" del viejo sistema penal quedó prácticamente intacto en el nuevo sistema. Las carpetas de investigación se "integran" con un método en donde el MP solicita una lista de diligencias, más o menos igual según tipo de delito, y las anexa a la carpeta. Es un trabajo centralmente administrativo. Nada tiene que ver con armar un rompecabezas delictivo. ¿Cómo el MP desde su escritorio, solicitando diligencias, va a tener una idea de lo que sucede en la UHEZ? Me queda claro que uno de los problemas clave de nuestro diseño institucional es que el trabajo de los detectives y el de los fiscales no está claramente diferenciado y ello explica una buena parte de la baja eficacia institucional.
Para que en la UHEZ se lograra acusar y sancionar a los grupos delictivos más violentos, lo primero que tendría que suceder es que ello no dependiera de que exista una denuncia, porque nadie la va a presentar. Se deberían poder iniciar investigaciones de oficio. Este es un tema controvertido en términos jurídicos, pero las normas y sus interpretaciones pueden cambiar. Lo más complejo es lograr que se haga un trabajo conjunto entre Policía Preventiva, Policía de Investigación y MPs para tener los elementos fácticos y probatorios para proceder contra los más violentos de la UHEZ. El MP debería ser quien supervise que el trabajo de las policías no viole derechos humanos y sea sólido en términos probatorios y jurídicos, para que no se le caiga el juicio.
Estoy convencida de que para mejorar el desempeño de nuestro sistema de procuración de justicia se necesita redefinir los roles y responsabilidades de todos los actores del sistema, particularmente de Policía Preventiva, Policía de Investigación y MP y, a la vez, utilizar los recursos de las dos instituciones (Policía y Procuraduría) de forma estratégica y proactiva. Primero hay que detectar a los grupos delictivos más violentos, recabar toda la información y evidencia, y acusarlos ante un juez. Sólo así, me parece, los habitantes de la UHEZ podrán sentirse protegidos por sus autoridades. Y ello, posiblemente, no se mida con el número total de denuncias y de judicializaciones, sino con la relevancia e impacto de los casos resueltos.
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