Revista Proceso #2233, 18 de agosto de 2019
El hecho de que no coincidiera el domicilio de su identificación con el proporcionado al juez no fue lo único que influyó en el dictado de prisión preventiva para Rosario Robles, pero hizo aflorar la falsedad en su declaración de que vivió los últimos 24 años en Coyoacán. Un seguimiento de Proceso revela que la exjefa de gobierno capitalina y extitular de Sedesol y Sedatu ha arrendado, habitado o declarado como suyos otros cuatro domicilios. Entre ellos destaca uno en Coahuila, el cual la vincula con dos empresas que, según la Auditoría Superior de la Federación, recibieron pagos irregulares de la Sedesol por más de 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015
El Código Postal definitivo de María del Rosario Robles Berlanga es una incógnita. Si la identificación de un domicilio distinto al que proporcionó pesó en la decición del juez que le dictó prisión preventiva, la localización de tres direcciones adicionales terminan por desbaratar su presunción de que habitó durante los últimos 24 años sólo la casa que posee en el Pueblo de Los Reyes, en Coyoacán.
Aún más: la ubicación de una de esas direcciones la relaciona con empresas favorecidas con cientos de millones de pesos asignados de manera irregular, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y según se desprende de un seguimiento realizado por Proceso.A partir de documentos, testimonios y registros periodísticos pueden identificarse cinco domicilios que habitó o regitró en distintos momentos; destaca uno en Torreón, Coahuila. Es una residencia en un exclusivo fraccionamiento, propiedad de familiares lejanos que a su vez son accionistas de empresas implicadas por la ASF en un esquema de presunto desvío de recursos como parte de la revisión de la cuenta pública de 2015.
Está ubicado en la calle Puerta Antigua, colonia Rincón de San Ángel, un exclusivo sector bardeado y con seguridad privada que hace infranqueables los accesos. Fue asentado como suyo por Robles Berlanga en el contrato de arrendamiento que suscribió personalmente por otro domicilio localizado en el complejo de Reforma 222, donde vivió al menos de 2015 a 2018.
La residencia de Puerta Antigua es propiedad de Susana Islas González, quien fue esposa y asumió la sucesión patrimonial del empresario Mauricio Berlanga Quintero, primo de Rosario Robles, y quien se presume desaparecido desde 2010. La familia Berlanga –familiar por vía materna de la exsecretaria– tiene su ascendente en Arteaga, Coahuila, donde en 2007 se le declaró “hija distinguida” de la comunidad de San Antonio de las Alazanas.
El 28 de enero de 2014, el Periódico Oficial del Estado de Coahuila publicó el edicto –disponible en línea– del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Torreón, mediante el cual se dictó el auto de declaración de ausencia de Mauricio Berlanga y la designación como representante legal de su cónyuge, Susana Islas. Vecinos del sector, consultados por Proceso, aseguran que ahí vive un jugador del equipo Santos Laguna (cuyos datos se omiten por ser irrelevantes para este reportaje) y confirmaron que la familia Berlanga –dedicada, entre otros negocios, al inmobiliario– desarrolló el fraccionamiento.
Más allá del parentesco, Susana Islas y su hermano Alejandro figuran en tres sociedades identificadas por la ASF por recibir depósitos millonarios de manera irregular, según se comprobó en una consulta al sistema Siger, del Registro Público del Comercio y cruzar los resultados con informes de la ASF disponibles en línea para consulta pública.
De acuerdo a la auditoría 285 DS, practicada por la ASF al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Baños Ecológicos, en relación con el ejercicio fiscal de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante ese año en el que fueron titulares Rosario Robles y José Antonio Meade, habría pagado 237 millones 285 mil pesos en exceso a un conjunto de empresas por la proveeduría de baños ecológicos.
Se trata de las empresas Muebles y Mudanzas (en la que, por cierto, tenía participación el expresidente Vicente Fox) y, entre otras, BPG Ingeniería, a la que pagó 579 millones 999 mil pesos para la adquisición, distribución e instalación de los sistemas de baños ecológicos que se habían contratado por 342 millones 714 mil pesos.
La ASF determinó que la Sedesol pagó 237 millones 285 mil pesos de más a la segunda y añadió:“Asimismo se constató que la empresa BPG Ingeniería realizó diversas transferencias de recursos por 206 millones 489 mil pesos a 21 empresas y siete personas físicas, ajenas y desvinculadas a los ser-vicios solicitados por la Sedesol, entre la que se encuentran Matchser, S.A. de C.V., por la cantidad de 15 millones de pesos; Factores y Servicios Humanos, S.A. de C.V., por 13 millones 360 mil pesos, y Srevint, S.A. de C.V., por la cantidad de 10 millones de pesos.”A continuación, el informe remite a la auditoría 1639-DS, Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México, para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.
En ese documento la ASF concluye:“Se determinó que los proveedores contratados por las universidades, por su-puestos conceptos de supervisión de obras en estados y municipios realizadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, también transfirieron recursos a las empresas mencionadas, como sigue: a la empresa Matchser por 74 millones 357 mil de pesos; a la empresa Srevint, por 163 millones 685 mil pesos y, a Factores y Servicios Humanos, por un total de 96 millones 13 mil peso
La irregularidad identificada fue por un total de 334 millones 55 mil pesos pa-ra esas empresas que llevaron a la ASF a promover responsabilidades: “Se presu-me un vínculo entre esas empresas y la Sedesol”.De acuerdo con registros disponibles para consulta en el mencionado Siger, esas empresas están dadas de alta en Torreón, Coahuila, y en ellas figuran como accionistas o ejecutivos los hermanos Susana y Alejandro Islas.
En Matchser, Susana Islas González es accionista y en 2017 asumió la gerencia de esa empresa, fundada el 22 de abril de 2014, dato relevante porque un día después, el 23 de abril, fue creada Srevint, donde Alejandro Islas aparece como titular del órgano de vigilancia. A su vez, es socio de Factores y Servicios Humanos, según el expediente registral mencionado.
“Sí, aquí vive...”
Una vez sorteado el tráfico que se acumula por la avenida Pacífico, Los Pinos o Pedro Henríquez Ureña, un inverosímil ambiente provinciano aparece en el Pueblo de Los Reyes, alcaldía de Coyoacán.
Entre caseríos de tejado y paredes de franjas rojizas con ámbar predominan-te, cada tanto se aprecian enormes bardas que apenas dejan asomar remates de casonas con jardines arbolados. La calle de Las Flores serpentea y por ella Josefina avanza apoyada en un bastón, pero se detiene para indicar el domicilio exacto, al fondo, poco antes de llegar a la Parroquia de los San-tos Reyes y el Señor de la Misericordia: “Ahí vivía cuando fue jefa de gobierno, ya no”
.De una acera a otra, en la tienda y afuera del consultorio médico, las versiones coinciden con la de la señora... Sólo el guardia del condominio horizontal, mucho color azul con acceso en rosa mexicano, repite a cada cuestionamiento: “Sí, aquí vive, es todo lo que le puedo decir”. Bajo el sol estival del 16 de agosto, el reportero se mueve 20 kilómetros hasta Polanco. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de imputación y vinculación a proceso, para el trámite de su licencia Robles Berlanga ofreció como domicilio el número 223 de la calle Tennyson
El paanorama es distinto de la estampa popular que se conserva identitaria pese a las mansiones en el Pueblo de Los Reyes, con sus tianguis adyacentes a la parroquia, mercerías, talleres y tiendas de abarrotes que en Polanco no se van a encontrar. Junto a la embajada de Ecuador, puro cemento, cristal y follaje decorativo, se yergue el edificio que, como todos los de esa cuadra desolada, no rebasa los tres pisos. En el inmueble, donde al menos se observan dos departamentos vacíos, la renta es de 58 mil pesos mensuales, según pudo constatarse en el portal de bienes raíces Inmuebles 24.
El sitio es infranqueable. Frente a un lente de seguridad y la bocina-micrófono, una voz de hombre sin mucho ánimo de entablar conversación escucha la pregunta: ¿Aquí vive Rosario Robles? Sólo dice: “Esa información no se la puedo proporcionar”.
A cinco kilómetros de ahí está el complejo de Reforma 222. Reportes periodísticos habían señalado desde 2015 que la entonces funcionaria habitaba en ese lugar, entre ellos una nota del diario Unomasuno que, el 12 de agosto de aquel año recogió testimonios entre empleados, quienes aseguraron que Robles ocupaba uno de los departamentos.
La clave en Reforma 222
Como a las 4:30 de la mañana del 13 de agosto, los alegatos de Rosario Robles comenzaron a caer. Habían pasado unas 10 horas desde que se inició la audiencia, cuando una súplica para evitar ir presa sería también la declaración que terminó por hundirla. Sucedió cuando el Ministerio Público le pidió al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que le dictara prisión preventiva para evitar que huyera. Entonces, la primera exsecretaria de Estado llevada a juicio en cuatro décadas aseguró que llevaba 24 años viviendo en el mismo domicilio de la calle de Las Flores, en el Pueblo de los Reyes, Coyoacán, apelando con cierto sentimentalismo y poca juricidad que ahí vio crecer a su hija.
La fiscalía acreditó que Robles Berlanga había ofrecido una dirección distinta a la de Coyoacán al tramitar su licencia de conducir –la de Tennyson 223– y eso, además de un boleto de avión adquirido para viajar a Costa Rica, fueron las pruebas que evidenciaron la mentira.No obstante, un poco de memoria derrumbaba el alegato: tras su renuncia a la dirigencia y militancia en el PRD, en me-dio de los videoescándalos y expuesta su relación sentimental con Carlos Ahumada, diferentes declaraciones habían identificado otro domicilio de Robles.
En la edición 1440 de Proceso, correspondiente al 6 de junio de 2004, el reportero Raúl Monge describió el contenido de la averiguación previa FASI50T1/348/04-04, en la que se incluyó el contrato de renta de un domicilio en el sector de San Ángel. Antes de la audiencia del pasado martes 13, los abogados de quien fuera titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio peñista afirmaban que la Unidad de Inteligencia Financiera le aseguró una cuenta de apenas 20 mil pesos, que eran para su manutención; en el tiempo de los videoescándalos Robles también aseguró no tener dinero y mostraba un estado de cuenta con 3 mil pesos. Monge escribió en el mencionado reportaje: “El expediente penal contra la expresidenta nacional del PRD contiene estados de cuenta que demuestran que Robles tiene, no millones de pesos, pero sí mucho más dinero que el consignado en los reportes financieros que exhibió el pasado 12 de abril ante las cámaras de Televisa (un monto de 3 mil pesos).
“También incluye el contrato de arrendamiento que firmó el 1 de noviembre de 2001 con Cecilia Gurza González, esposa de Carlos Ahumada, de la casona que ocupaba antes de que estallara el escándalo de los videos de corrupción, ubicada en la calle de Reforma número 9, colonia Tizapán, delegación Álvaro Obregón.”
El domicilio fue ampliamente citado por indiciados en aquel caso, pues ahí se celebraron reuniones y presuntamente se entregaron los sobornos... pero a efecto de la declaración en la reciente audiencia de vinculación, resultaba ser falso que llevara 24 años viviendo en Coyoacán, pues en Reforma 9 vivió al menos de 2001 a 2004, es decir, hace 15 años.
En la audiencia del martes 13 nunca se mencionó el domicilio de Reforma 9, como tampoco el de Reforma 222, donde fue inquilina de abril de 2015 a enero de 2018.
En la visita al complejo, trabajadores del lugar confirmaron que Rosario Robles vivió ahí, en la Torre 2. El reportero pudo consultar el contrato de arrendamiento. Dicho contrato tiene omisiones inusuales en un instrumento jurídico. Por ejemplo, establece que es una renovación en enero de 2017 (sin precisar el día) de un contrato original celebrado el 15 de febrero de 2015. No establece aval como corresponde a prácticamente todo contrato de arrendamiento ni documento de propiedad que respalde la operación pactada.Además, aunque en el contrato aparece la dirección y credencial de elector del propietario, no existe copia de algún documento de identidad anexo de Rosario Robles que, antes de rubricar, establece como domicilio el ya mencionado de Puerta Antigua en Torreón, Coahuila. Eso sí, conforme a la cláusula 4, el inmueble era para uso estrictamente habitacional.R
Robles habitó el departamento 16-GH en la Torre 2 que, colocándose de frente al complejo, es la que se ubica en el acceso por Reforma al lado izquierdo. Ahí vivía, de acuerdo al contrato y a los testimonios recabados, cuando transitó de titular de la Sedesol a secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.Pagaba por ese departamento 35 mil 948 pesos mensuales, para usufructo de 134 metros cuadrados, con un solo cajón de estacionamiento y, de hecho, la Suburban blanca en la que solía transportarse, seguida de otra escolta del Estado Mayor Presidencial, se detenía sobre Reforma por la mañana y por la noche, según trabajadores del complejo.
Al consultar el portal inmobiliario Metros Cúbicos, las rentas en Reforma 222 oscilan entre los 43 mil y los 50 mil pesos en la actualidad.
Los empleados del inmueble afirman que, días después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Robles empezó a llevarse sus pertenencias poco a poco, hasta que en enero siguiente dejó de llegar.
Reforma 222 quedaba cerca del inmueble de la Sedatu, localizado a seis cuadras. Y fue después del sismo cuando Robles empezó a despachar en la avenida Presidente Mazaryk 214, en Polanco, uno de los sectores más costosos del país, domicilio que se dejó de rentar con el inicio de la nueva administración y fue objeto de alguna mención presidencial.
Coincidentemente, dicho edificio está a 850 metros del domicilio de Tennyson 223, el de la licencia de conducir que pretendió ocultar en la audiencia de imputación.
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