El caso del informe de “avances” de los 43 en columnas

ESTRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio / 

El Financiero, 28 de septiembre de 2020

Ayotzinapa: la verdad histórica sigue

Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no había sido cometido sólo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que era consecuencia de una conducta “delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los niveles de corrupción de un régimen”, donde, desde lo más alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.

Apenas podía uno respirar con ese arranque, pero, al terminar de oír las mil 613 palabras de su discurso el sábado, la “verdad histórica” de ese régimen que marcó con fuego seguía en pie.

Gertz Manero dejó mucho que desear después de tantas cosas prometidas. Recicló las investigaciones del gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva cronología de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala que prometió, no existió.

No hubo explicación de nada, como la investigación que lo llevó a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos de un tercer normalista, Christian Alfonso Rodríguez. La verdad auténtica de Gertz Manero es igual a la verdad histórica del exprocurador general Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. Para este, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula; para el fiscal "fue una matanza”, pero no precisó dónde.

Gertz Manero informó que “hay acusaciones” de que no fueron 43, sino 80 personas las asesinadas por “diferentes grupos delictivos”. No se sabe de dónde salió ese número, salvo que haya sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la desaparición de los normalistas, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense, que revisó varios de los restos humanos, dijo que no pertenecían a los normalistas.

Tampoco se tiene conocimiento de que otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que está documentado en grabaciones que tiene la DEA –no solicitadas por la Fiscalía–, fuera el responsable de la desaparición, o participara en el crimen, como afirmó Gertz Manero.

Así de vociferante en sus acusaciones sin pruebas, calló sus nuevas acciones, o dejó los reflectores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó lo único nuevo, las órdenes de aprehensión contra policías federales –en ese entonces bajo el mando en Guerrero de Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad en la Ciudad de México–, y militares que probablemente pertenecían al Batallón 27º de Infantería, que se encuentra en Iguala, y sobre quienes, desde el principio, cercanos al Presidente han querido sentar en el banquillo de los acusados, acusándolos de haber participado en las acciones de la desaparición y del crimen.

El Ejército siempre lo ha negado. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una bitácora de lo que sucedió esa noche, donde una tercera parte de sus elementos estaba en comisión en la zona de Taxco, en un operativo contra criminales, otra tercera parte estaba franca, y el resto, compuesta básicamente por personal administrativo, de cocina y mantenimiento, fue enviada a las calles de Iguala para que reportaran qué estaba sucediendo.

De hecho, gracias a la información de uno de ellos, que abandonó su bicicleta para huir corriendo cuando lo descubrieron los criminales, se supo que un grupo de normalistas había sido entregado a delincuentes en la zona del Palacio de Justicia local.

Gertz Manero nunca explicó el móvil por el cual el gobierno federal desapareció a los normalistas y encubrió el crimen, pero omitió culpar de nada al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien apoyó López Obrador para que llegara al cargo, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores y jefes iniciales de Guerreros Unidos, pese a que figuran de manera prominente en las grabaciones de la DEA.

Básicamente todos los hallazgos que informó se encuentran contenidos en el informe especial que realizó el fiscal Blanco cuando entregó la investigación a la entonces PGR, y en la Recomendación y Ampliación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 y 2018.

El 11 de abril de 2016, se preguntó en este espacio: ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de sucedido?.

La noche del 26 de septiembre de 2014, la Secretaría de Gobernación no reaccionó con celeridad. La 35ª Zona Militar en Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería, dijo no tener información. Murillo Karam dijo el 28 de septiembre en Los Pinos que se trataba de una “depuración” de narcotraficantes, por lo que se decidió que el gobierno no interviniera, pese a que el delito era desaparición forzada. Ya sabemos cómo quedó, acusado de un “crimen de Estado”. ¿Cómo quedará López Obrador después de este informe?

El gobierno salió con una narrativa pendenciera, pero sin novedades. Usó el trabajo de quienes denunció de corruptos y criminales. Lo único que cambió radicalmente es el tono acusatorio contra el anterior gobierno, y el reconocimiento del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que la única verdad es que no hay verdad.

Ni la histórica de Murillo Karam, ni la auténtica de Gertz Manero. Seguimos como hace seis años, sin saber dónde están los normalistas, pero hay un cambio importante: hoy son todas las autoridades federales y estatales quienes están formalmente en el banquillo de acusados, mientras los criminales están libres o son “testigos protegidos”, y Guerreros Unidos obtuvo las indulgencias del lopezobradorismo por este crimen que cometió.

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EN TERCERA PERSONA/Héctor De Mauleón /

 El Universal

De la “histórica” a la verdad “auténtica”

Lo extraño de la “verdad auténtica” dada a conocer el sábado, es que está enteramente basada en información “vieja".

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 manifestaron su desaliento al salir del larguísimo informe que, sobre el caso, se presentó el sábado pasado en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente del presidente de la República.

Según el señor Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, fue “solamente un recuento de lo que se ha informado en las reuniones de la Comisión Ayotzinapa”.

El presidente dijo que muerta la “verdad histórica” tendremos la “verdad auténtica”. El subsecretario Alejandro Encinas, comisionado del caso, dijo que, con los nuevos hallazgos de la investigación, que demuestra que los 43 nunca estuvieron juntos, la “verdad histórica” ha colapsado.

El fiscal del caso Iguala, Omar Gómez Trejo señaló, entre otras cosas, que se han girado órdenes de aprehensión contra varios militares por su probable participación en los hechos, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, acusó al gobierno anterior de mentir, encubrir y realizar falsas diligencias, y al antiguo encargado de la investigación, Tomás Zerón, de robarse mil millones de pesos: su supuesto pago por encubrir la verdad.

Ninguno de los funcionarios aportó pruebas. De hecho, en el informe escasearon los datos y, de manera sintomática, no se permitieron preguntas de los reporteros.

Lo extraño de la “verdad auténtica” dada a conocer el sábado, es que está enteramente basada en información “vieja”, que obra en el expediente del caso desde 2014 y que de manera contundente fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de 2016 —y sobre todo en su recomendación de fines de 2018, tras una investigación de más de cuatro años.

Desde 2018 la CNDH indicó que los estudiantes fueron separados y planteó al menos dos rutas de desaparición en las que habrían participado policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos federales.

El fiscal Gómez anunció como novedad la búsqueda de los estudiantes en Carrizalillo y otros lugares de la región. La CNDH había señalado ya a Carrizalillo (apartado 10) como uno de los diez lugares de posible destino de los normalistas.

Por otra parte, el “descubrimiento” de las irregularidades cometidas por la exagente del ministerio público Blanca Alicia Bernal Castilla, a la que se acusa de haber encubierto delitos cometidos por Tomás Zerón, el antiguo encargado de la investigación, estuvieron desde siempre agregadas al expediente y fueron denunciadas en los apartados 20, 31 y 34 de la Recomendación.

El fiscal Gómez mencionó dos veces que un resto óseo “sembrado” por la PGR permitió la identificación del alumno Alexander Mora Venancio. La identificación, sin embargo, se llevó a cabo gracias al hallazgo de DOS restos óseos: uno se halló en la famosa bolsa del río San Juan, cuya autenticidad el Equipo Argentino de Antropología Forense puso en duda de inmediato, pero otro resto se encontró incrustado en una de las paredes del río San Juan (lo que echa por tierra la versión de la “siembra” en la bolsa).

La CNDH demostró que en dicha bolsa se halló también un resto óseo de otro alumno, Jhoshivani Guerrero de la Cruz, de quien apareció un segundo resto en el basurero de Cocula. Para la Comisión, esto “sin lugar a dudas liga la bolsa con el basurero” y confirma la coincidencia entre los elementos “físicos, químicos y biológicos”, encontrados tanto en la bolsa como en el basurero.

El análisis del resto de Jhoshivani hallado en el basurero, realizado en la Universidad de Innsbruck, fue ocultado de manera dolosa por todos lo que se oponen a conocer la “verdad a secas” de lo acontecido, hasta que la CNDH lo dio a conocer en su informe.

El fiscal Trejo insiste en que el resto óseo de Alexander Mora Venancio es el único indicio material que sustenta la quema de los alumnos en el basurero. Pero no es así. Basta con revisar la recomendación de 2018 para constatarlo.

En cambio, los promotores de la nueva “verdad auténtica” no dedicaron un solo segundo a los 114 restos óseos hallados en el basurero, que desde 2018 fueron propuestos para su análisis genético en Innsbruck, y que serían cruciales para determinar de una vez por todas si corresponden o no a un grupo de normalistas. ¿Por qué la negativa a enviarlos y por qué el silencio alrededor de estos?

Uno de los miembros del GIEI, Francisco Cox, señaló que la versión de la incineración de los normalistas en el basurero no es verosímil porque quienes la dieron fueron torturados. Olvidó mencionar que de los ocho sicarios que narraron de la quema en el basurero, solo en dos casos el Protocolo de Estambul confirmó actos de tortura, por lo que las declaraciones de los otros seis, congruentes y coincidentes entre sí, son totalmente válidas.

Cox olvidó mencionar, también, que en dos de esas declaraciones estuvieron presentes sus compañeras del GIEI, Ángela Buitrago y Claudia Paz. En estas, los hermanos Sotelo Salinas relataron cómo el destino final de un alto número de alumnos había sido el basurero.

Los padres de los alumnos tienen razón. No parece haber nada nuevo para ellos. Las novedades sobre Tomás Zerón, las órdenes de aprehensiones contra militares presuntamente involucrados (la CNDH había detallado su actuación aquella noche), el hallazgo de los restos de otro alumno (realizado desde 2014) en la barranca de “La Carnicería”, a 800 metros de distancia del basurero, no cambian de manera esencial la narrativa de los hechos. Aún más: no hay nueva narrativa de los hechos.

Un toque más de rareza lo aporta el que los funcionarios de la “verdad auténtica” se duelan de la liberación de inculpados… que fueron detenidos por razones de la “verdad histórica” que rechazan.

Hasta el momento, los voceros de la nueva verdad no han podido desmontar el relato central de esa noche.

Muy pronto veremos que, a falta de hechos, ofrecerán cabezas.

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Ayotzinapa: cada vez más lejos de la verdad

RAZONES/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Excelsior,  28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El informe presentado por la fiscalía especial del caso Ayotzinapa resulta vergonzosamente vago y está empeñado en desmentir la llamada verdad histórica, pero no logra ni siquiera establecer una narrativa alternativa a los hechos. Al contrario, en sus puntos centrales, la actual investigación sigue estando a años luz de la realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando la encabezaba Luis Raúl González Pérez, he incluso de la que realizamos en el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018).

Ayer mismo el presidente López Obrador volvió a reiterar que fue un crimen de Estado. No es verdad. Fue un crimen cometido por bandas de narcotraficantes coludidos con autoridades municipales. Anunció que libró orden de aprehensión contra 24 militares. No tiene sentido, es simplemente una injusticia destinada a alimentar la tesis, que no ha tenido en seis años una sola prueba que la sustente, de que hubo participación militar esa noche.

En el batallón de Iguala el 26 de septiembre del 2014 había en total 89 elementos. De esos, 20 salieron a atender un incidente a varios kilómetros de la ciudad, de un incendio en un tráiler, y regresaron hasta bien entrada la noche al cuartel. Quedaron 69 elementos, de los cuales por lo menos la mitad siempre deben quedar dentro del cuartel para garantizar medidas de seguridad. Luego de que se dieron los enfrentamientos en Iguala, un grupo de unos 20 hizo recorridos por la ciudad. Fueron los que se encontraron a varios de los muchachos en un hospital privado. Pidieron para ellos dos ambulancias y constataron que había a pocos metros de allí unos cuerpos. Conocían de los incidentes, en parte porque la policía municipal había decomisado la motocicleta de uno de sus integrantes y la reclamaron a las autoridades locales.

Hay que recordar que, hasta ese momento, los jóvenes estaban detenidos por la Policía Municipal en las instalaciones municipales. Algo que no escapaba a las atribuciones de esa fuerza pública porque efectivamente había habido robos, desmanes y enfrentamientos, incluso con muertos, esa misma noche. El ejército o la policía federal no se encargan de casos de seguridad pública salvo que les sea ordenado específicamente y eso no ocurrió, como no había ocurrido en los muchos incidentes previos entre estudiantes de Ayotzinapa y las autoridades de Iguala, incluyendo el incendio del palacio municipal meses antes.

A esa hora está comprobado, tanto por el testimonio de los sicarios detenidos como por las comunicaciones intervenidas por la DEA entre los integrantes de Guerreros Unidos en Chicago con sus líderes en Chilpancingo e Iguala, que los narcotraficantes (y por ende sus empleados, los policías municipales de Iguala y otro municipios cercanos) estaban convencidos de que lo que había era un ataque de los Rojos, encubierto en la movilización de los jóvenes contra los jefes de plaza de Guerreros Unidos (un ataque que efectivamente se produjo en un taller mecánico de Iguala esa misma noche).

Ni el ejército ni la policía federal intervinieron en los hechos de esa noche porque no era su atribución y legalmente, si le hubiera sido solicitada tendrían que haber apoyado a las policías municipales, la fuerza pública responsable. Pero no intervinieron porque no se les solicitó.

Insistimos, los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales y entregados por estos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Fueron asesinados y unos 19 de ellos incinerados en el basurero de Cocula, otros restos fueron encontrados a apenas unos centenares de metros de allí. Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte de un ataque del cártel de Los Rojos contra su plaza. Las autoridades de Iguala, Cocula y otros municipios estaban coludidas con el narcotráfico. También algunas autoridades estatales, así como algunos estudiantes y dirigentes de la propia Normal, algo que la investigación de la fiscalía especial se niega sistemáticamente a asumir. La gran mayoría de los jóvenes asesinados, de primer ingreso, fueron sacrificados sin siquiera saber por qué perdían la vida. El exterminio de los jóvenes no fue diferente a la forma en que han actuados estos grupos criminales antes y después de la noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014. Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su crimen, la forma y las circunstancias en que se cometió, aunque han sido absurdamente dejados en libertad.

El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los eventos más crueles que hemos sufrido, consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades municipales y estatales.

Alegar que fue “el Estado” el responsable de esos crímenes injustificables es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar, cada día más, la posibilidad de hacer justicia. Una justicia que esos jóvenes sacrificados por el crimen merecen y que no se les puede negar.

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A seis años, omiso y mañoso informe

EL ASALTO A LA RAZÓN/CARLOS MARÍN 

Milenio,  28 DE SEPTIEMBRE DE 2020;

En el sexto año de la desaparición de Los 43, el gobierno federal escenificó una tomadura de pelo, ya no solo a los deudos de los normalistas, sino a la sociedad mexicana.

De lo declarado por quienes se comprometieron a encontrar una distinta verdad a la “histórica” sobresale que su hoja de ruta es la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la de Rosario Piedra de noviembre de 2018, pero manejada vergonzantemente sin acreditarla y usada nada más para enfatizar los puntos que convienen al acomodo de datos para obsequiar una desaseada narrativa que atempere los reclamos de los padres y sus facciosos representantes.

El presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia y subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la recomendación aludida está siendo tomada en cuenta, pero no especificó en qué o para qué ni asumió que de hecho nada nuevo tenía por informar.

Ni él ni quienes le sucedieron en la palabra hicieron la menor alusión a los 114 restos óseos que la extinta Oficina Especial del caso Iguala recomendó hace casi dos años se enviaran a Innsbruck para su estudio genético, omisión que atenta contra la memoria de los asesinados y la dignidad de los deudos, sino contra el derecho a la justicia y la información de quienes buscan, entre 60 o 70 mil desaparecidos que hay en México, a sus familiares.

Paradójicamente, el subsecretario reclama a los jueces las liberaciones de decenas de inculpados detenidos por la ex PGR conforme a las pruebas de la verdad histórica… ¡que rechaza! Recrimina que no pidan sanción contra “torturadores” y se limitan a decretar liberaciones indebidas, y les reprocha que no hayan pedido únicamente la reposición del procedimiento.

Dio por hecho la tortura pretextada por esos jueces, cuando lo cierto es que en la mayoría de los casos nunca fue demostrada.

Con excepción del hueso que resultó pertenecer a un tercer normalista que ya fue identificado, las “acciones de búsqueda” de las nuevas autoridades no han dado resultado que valga y difícilmente lo darán, excepto confirmar oficialmente que aquellos desaparecidos fueron asesinados.

Afirmó la mentira de que “la verdad es que no hay verdad”, pasando por alto que cualquiera que sea o haya sido esa “verdad” indiscutiblemente lo fue, y que la única que no ha sido rebatida por nadie es la que dejaron las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Guerrero, seguidas por la Procuraduría General de la República, y que fue revisada, corregida y aumentada como ninguna otra en la historia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si grave es que el subsecretario no haya reportado nada esencial pero sí omitido información tan importante como los 114 fragmentos que siguen sin enviarse a la universidad austriaca, otros que hablaron el sábado reciente se pasaron de bribones.

Y ojo: sin proponérselo, el presidente López Obrador le dio una buena coartada al perseguido Tomás Zerón…

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