Hicieron trampa con IA?….¡Qué diablos pasó, señor rector, Leonardo Lomelí Vanegas ?
La ilusión de más de 21 mil jóvenes que apenas celebraban su ingreso a la UNAM se ha desmoronado ante lo que ya se califica como el "cochinero" del examen virtual. Ante las fuertes evidencias de una filtración masiva de reactivos y el presunto uso de Inteligencia Artificial para hacer trampa, la Máxima Casa de Estudios se ha visto obligada a frenar las inscripciones y suspender el proceso.
La tecnología, que prometía modernizar la evaluación, terminó convirtiéndose en el caballo de Troya de una vulneración orquestada que hoy tiene a la universidad sumida en una severa crisis de credibilidad y legitimidad.
Como salida a este laberinto, la institución perfila la inminente repetición de la prueba en formato presencial, obligada a rediseñar de urgencia sus instrumentos de evaluación. Sin embargo, el daño colateral será profundo: obligar a quienes ganaron su lugar a pulso y sin trampas a repetir el examen desatará una inevitable ola de inconformidad y amparos legales.
La UNAM tiene ahora el enorme reto de limpiar el proceso con absoluta transparencia y sancionar a los responsables, demostrando que para garantizar la verdadera honestidad académica, a veces es necesario volver al papel, al lápiz y a la vigilancia frente a frente.Cochinero en los exames, muchos hicieron trampa…
La columna Bajo Reserva de El Universal, pregunta..;
Quedan varias preguntas en el aire: ¿Quién está revisando el proceso? ¿Fue realmente un problema en el algoritmo, un hackeo, o un error humano? Y la más importante ¿Habrá una auditoría externa e independiente? Lo cierto es que ahora, la UNAM mantiene la sospecha de trampas de los aspirantes usando IA. ¿Cómo resolverá este conflicto la máxima casa de estudios? Ojalá no se lo pregunten a Chat GPT.
El cartón de OBI de Reforma hoy es elocuente..
#
La gobernadora miente, con todo respeto...
Imaginemos la tensión en el despacho de la gobernadora de Baja California: mensajes urgentes cruzando la frontera y el fantasma de una investigación estadounidense acechando. En la columna de hoy de Héctor De Mauleón en El Universal, nos sumergimos en un nuevo capítulo del drama político y personal que envuelve a la mandataria Marina del Pilar.
Ya no hablamos de sombras o intermediarios anónimos. Ahora hay nombres, apellidos y honorarios de seis cifras. Entra a escena Juan Sandoval, un exagente del FBI afincado en San Diego, contratado por cerca de 300 mil dólares. Su misión era clara: blindar a la gobernadora tras la cancelación de su visa y frenar posibles pesquisas en su contra.
Pero, como sabemos, la señora Marina del Pilar se empeña en presentarse como la víctima de una trampa tendida por su antecesor y enemigo político, Jaime Bonilla. Y hago un paréntesis aquí, porque hay otra versión que simplemente se cae por su propio peso: la de Simón Levy. El pasado 19 de julio, Levy se sentó con Carlos Alazraki en Atypical TV y le soltó que él había operado todo el asunto. "Yo grabé a Marina; fue una trampa", presumió.
Cerrando el paréntesis, la gobernadora afirma que los supuestos agentes ante los que ofreció cooperar eran simples impostores. Sin embargo, las capturas de chat que nos comparte Héctor revelan una operación fría y mucho más calculada. Nos muestran a una mandataria coordinando a Sandoval con su defensa formal: Michael Nadler, un abogado especialista en delitos de cuello blanco... y que, por supuesto, cobra en dólares.
La realidad documentada es que hubo tres reuniones presenciales con investigadores de la Unión Americana y una "proffer letter" sobre la mesa; un acuerdo para entregar información a cambio de no usarla en su contra.
El relato que hoy nos presenta De Mauleón nos deja una reflexión inevitable: si todo fue un simple engaño de sus adversarios, ¿por qué la maquinaria de inteligencia y defensa legal ya operaba a toda marcha al otro lado de la frontera?
La respuesta no está en el viento, como diría Dylan, sino que, al parecer, se asoma entre esos mensajes que no se pudieron borrar.
Recomiendo mucho leer a Héctor.
#
Qué hay detrás del tibio apoyo panista Ruffo
Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL
Nos cuentan que la tibia defensa que ha hecho el PAN de su primer gobernador electo a finales de la década de los 80, Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal, tiene una razón. Nos explican que hay un sector del PAN que acepta que debe defenderse con todo a uno de sus líderes históricos, pero otros no dejan de tener molestia porque don Ernesto se acercó y operó para la creación del nuevo partido SomosMX. Nos recuerdan que el exgobernador de Baja California es miembro del Consejo Consultivo del partido que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo. Algunos panistas aseguran que, aunque consideran que el caso de Ruffo es más político que criminal, hoy los más indicados en apoyar la defensa legal y política es el nuevo partido. En la cama y en la cárcel se conocen a los amigos, pero en la política, al parecer no.
Freno de mano a los aspirantes de Guerrero
Llamó la atención que ayer, durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Guerrero, brillaron por su ausencia los aspirantes a la coordinación estatal de Morena rumbo a 2027. Nada de porras, mantas, grupos de apoyo o actos de presencia que pudieran interpretarse como una demostración de fuerza frente a la mandataria. Nos cuentan que la ausencia no fue casual. Desde la dirigencia morenista se pidió a los contendientes no “manchar” el proceso interno ni convertir el acto presidencial en una pasarela de aspirantes. El objetivo era evitar cualquier señal que pudiera generar la percepción de favoritismos o, peor aún, provocar una inconformidad de la Presidenta. ¿Será así en otros estados del país que recorra la mandataria?
El premio de consolación para Salgado Macedonio
Nos comentan que luego de que tuvo que aceptar que él no podía ser candidato al gobierno del estado de Guerrero, ya que violaría las reglas antinepotismo de Morena, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, ya se resignó a que no puede suceder en el cargo a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, y que si quiere buscar ese cargo deberá esperar a la siguiente elección, cuando él ya tenga 76 años. Sin embargo, nos señalan, busca incidir en la decisión de quién obtendrá la candidatura a la gubernatura y garantizar que otra de sus hijas, Celeste Salgado, sea candidata a la presidencia municipal de Iguala. Ya se verá si le otorgan ese premio de consolación a don Félix.
Las preguntas para la UNAM
Hasta ahora, la UNAM no ha detallado si la suspensión en el proceso de inscripción para el próximo ciclo escolar se debe a un hackeo, una falla en el algoritmo de calificación o una filtración de las hojas de respuestas. Quedan varias preguntas en el aire: ¿Quién está revisando el proceso? ¿Fue realmente un problema en el algoritmo, un hackeo, o un error humano? Y la más importante ¿Habrá una auditoría externa e independiente? Lo cierto es que ahora, la UNAM mantiene la sospecha de trampas de los aspirantes usando IA. ¿Cómo resolverá este conflicto la máxima casa de estudios? Ojalá no se lo pregunten a Chat GPT.
##
Las columnas políticas hoy, lunes 27 de julio de 2026
Templo Mayor de Reforma
TREMENDO LÍO se está viviendo en la UNAM a tan sólo 14 días de que empiecen las clases del nuevo ciclo escolar. Las trampas descubiertas en la aplicación del examen de ingreso obligaron a las autoridades universitarias, que tardaron en decidirse, a suspender el proceso de inscripciones.
Y ES QUE si algo tienen claro en la universidad nacional es que miles de estudiantes hicieron trampa en el examen aplicado vía remota, pero no pueden saber realmente cuántos y quiénes fueron.
SIN EMBARGO, las matemáticas no mienten y el análisis de los resultados arroja comportamientos anormales en los aciertos obtenidos, especialmente comparándolos con años anteriores. El uso de trucos tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, habría dado al traste con la idea de la aplicación en línea.
PARA COLMO, la decisión de suspender las inscripciones le pega lo mismo a quienes hicieron trampa, como a quienes pasaron en buena ley el examen. Y lo que es peor: no resuelve el problema de fondo que es saber quién es quién.
MUY SIGNIFICATIVO lo que ocurrió ayer en Acapulco durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria anunció que el proyecto de la Presa La Parota que pretendía generar electricidad y dotar de agua a Acapulco ya fue cancelado.
LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA hidroeléctrica a cargo de la Comisión Federal de Electricidad había iniciado desde 2003, pero generó mucha inconformidad en comunidades de la región. La alternativa que encontró el gobierno federal fue la de generar un sistema de pozos de extracción y tanques elevados que permitan distribuir el agua por gravedad hacia distintas colonias.
EL ANUNCIO LO HIZO la Presidenta aprovechando que Abelina López, la alcaldesa del puerto, pidió licencia para hacer precampaña para la candidatura a gobernadora de Guerrero. Lo que quiso dejar en claro Sheinbaum es que Abelina nada tuvo que ver con la decisión y, para quien quiera entenderlo, que para nada es la preferida de Palacio Nacional.
MAL DOMINGO tuvo Clara Brugada por los rumbos de Tlalpan, pues resulta que acudió a inaugurar la Utopía Topilejo y lo que encontró fue los reclamos de los vecinos. Y los motivos eran variados.
EL PRIMERO, que ese centro de atención urbana fue entregado nomás con ¡siete meses de retraso! Pero también le reclamaron porque en la zona hay serios problemas de alumbrado, drenaje y bacheo, además de la conocida inseguridad y la falta de opciones para la movilidad.
UN DETALLE CURIOSO fue que Brugada se hizo acompañar por dos funcionarias federales: la fiscal, Ernestina Godoy, y la consejera jurídica del Gobierno federal, Luisa María Alcalde. Eso sí, la autonomía de la Fiscalía seguramente quedó bien resguardada. ¿Acaso andarán futureando hacia el 2030? Es pregunta que incluye campaña adelantada.
#
Marina del Pilar revela el nombre del exagente del FBI que contrató/Héctor De Mauleón
El Universal, | 27/07/2026 |
En nuevo audio, vinculado con su búsqueda de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos a través de los “agentes o intermediarios” de autoridades de aquel país, como ella misma los calificó, la gobernadora de Baja California introduce el nombre de un nuevo personaje: Juan Sandoval, exagente del FBI, al que antes de entrar en contacto con los “intermediarios” con los que buscó resolver el tema de la cancelación de su visa y detener posibles investigaciones en su contra, contrató como consultor.
Sandoval es un consultor con base en San Diego, bien conocido en la frontera norte. Sus asesorías rondan los 300 mil dólares.
La gobernadora ha declarado que cayó en una trampa tendida por su antecesor y enemigo político, Jaime Bonilla: que los “agentes o intermediarios” con los que habló en los cuatro audios dados a conocer en este espacio, y ante los que confesó estar dispuesta a cooperar con el gobierno de Estados Unidos y entregar información de lo que se hablara en las mesas de seguridad que ella encabeza, eran impostores.
En capturas de pantalla de una conversación con uno de los “intermediarios”, la gobernadora pregunta:
“¿Le puedo dar tu teléfono a uno de mis asesores?”
Intermediario: Voy a consultarlo, deme unos momentos. ¿Quién es su asesor?
Marina del Pilar Ávila: Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego) por eso lo contraté.
En el mismo chat, la gobernadora protesta porque alguien más, no queda claro quién, “vio este tema” con el “intermediario”. Y aclara: “Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados”.
Agrega Ávila:
“Ya una de las personas que me está asesorando se puso en contacto con él porque se conocen del FBI. Pero pues todo esto debió hacerse de manera formal con los abogados para que no parezca que estoy buscando otras vías”.
Marina del Pilar admite que se ha reunido con agentes estadounidenses. Escribe en la conversación:
“A mí ningún agente de los que hemos visto me había hablado de lo que salió hoy. Y ahora aparece una nueva persona”.
Le responde el “intermediario”:
“Lo único que se hizo es ofrecerle la información para que usted actúe con sus abogados, me da gusto que ellos se conocen, por lo tanto no sé por qué no le habían comentado eso, estoy para ayudarla en lo que pueda ayudar”.
La conversación es de diciembre de 2025, según las fuentes consultadas.
Hay información que revela que Sandoval se coordinó con el costoso abogado de la gobernadora, Michael Nadler, especialista en delitos de cuello blanco, y que se llevaron a cabo tres reuniones presenciales con agentes estadounidenses “para tratar el asunto” e iniciar el proceso de cooperación de Ávila Olmeda.
Durante uno de esos contactos, a la mandataria se le propuso que entregara al gobierno de Estados Unidos una “proffer letter”: un acuerdo escrito en el que se comprometiera a entregar información que las autoridades estadounidenses no usarían directamente en su contra.
El 20 de julio pasado, el semanario Zeta confirmó que un investigador de la Unión Americana sostuvo reuniones en tres ocasiones con Marina del Pilar. De acuerdo con el semanario, “la gobernadora no les ha dado lo que ellos quieren que les dé”.
Las capturas de pantalla prueban que, antes de “caer en la trampa” que asegura que Bonilla le tendió, la gobernadora de Baja California ya había tocado puertas para negociar con Estados Unidos y mantuvo abiertas para opciones para alcanzar un acuerdo.
@hdemauleon
##
Las encuestas del gobierno de EU sobre la seguridad en México/Mario Maldonad
El UniveRSal, | 27/07/2026 |
El gobierno de Estados Unidos habría mandado realizar varias encuestas para conocer qué piensan los mexicanos sobre algunos de los temas que hoy dominan la relación bilateral en materia de seguridad, según una fuente del gobierno federal, cuya información fue corroborada con una encuestadora.
Los resultados llegaron hace un par de semanas a las manos de Donald Trump y ofrecen una radiografía poco común sobre el estado de la opinión pública mexicana frente al crimen organizado, la cooperación con Washington y uno de los asuntos políticos más espinosos para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El dato más llamativo fue el relacionado con una eventual intervención del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales en México. En promedio, cuatro de cada diez personas consultadas dijeron estar de acuerdo con una acción de ese tipo. No es una mayoría, pero sí representa un porcentaje significativo en un país donde la defensa de la soberanía ha sido, durante décadas, uno de los principales argumentos para rechazar cualquier participación directa de autoridades extranjeras en asuntos de seguridad.
Las mismas mediciones incluyeron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. El resultado fue todavía más contundente. Ocho de cada diez entrevistados consideraron que el exgobernador de Sinaloa debería ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.
Ese porcentaje coincide con algunas encuestas privadas publicadas en los últimos meses, aunque los estudios encargados por el gobierno estadounidense habrían tenido un propósito distinto, ya que no buscaban alimentar el debate público ni formar parte de una estrategia de comunicación. Su objetivo era ofrecer información para la toma de decisiones de la Casa Blanca en uno de los temas que Donald Trump ha colocado como prioridad desde el inicio de su administración.
La información fue procesada mientras desde Estados Unidos incrementaba la presión sobre el gobierno mexicano en distintos frentes. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, las investigaciones del Departamento de Justicia contra presuntos colaboradores del crimen organizado, las amenazas de nuevas acciones unilaterales y el endurecimiento del discurso de altos funcionarios de ese país forman parte de una misma estrategia que busca aumentar el costo político para quienes, desde la óptica de Washington, han permitido la expansión de los grupos criminales.
En ese contexto, los resultados adquieren una relevancia política, porque si casi la mitad de los mexicanos no rechaza de entrada una intervención estadounidense para combatir a los cárteles, la narrativa tradicional sobre la defensa irrestricta de la soberanía comienza a mostrarse vulnerable. La violencia, la extorsión, el control territorial del crimen organizado y la percepción de impunidad parecen estar modificando la manera en que una parte de la sociedad entiende la cooperación con Estados Unidos.
Más revelador todavía resulta el caso de Rocha Moya. El respaldo mayoritario a una eventual extradición refleja que la discusión pública ya no gira solamente en torno a la jurisdicción o la soberanía, sino sobre la confianza en que las instituciones mexicanas sean capaces de investigar y sancionar a personajes políticos vinculados con el crimen organizado. Cuando ocho de cada diez personas consideran que un gobernador debe responder ante la justicia estadounidense, el mensaje trasciende al personaje y alcanza a todo el sistema de procuración de justicia mexicano.
Las encuestas llegaron a la Casa Blanca prácticamente al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la invitación de Donald Trump para asistir a la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Oficialmente ambos gobiernos presentaron el encuentro como parte de una agenda diplomática alrededor del evento deportivo. Sin embargo, al parecer no fue casualidad que la mandataria mexicana aceptara la invitación en la coyuntura de tensiones en la relación bilateral.
Todo indica que el gobierno de Estados Unidos está construyendo su estrategia con información de inteligencia, reportes militares e investigaciones judiciales. Pero también quiere entender cómo está cambiando la opinión de los mexicanos frente a un problema que dejó de ser exclusivamente de política exterior para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
Esa quizá sea la conclusión más importante. Mientras en México el debate sigue centrado en la soberanía, del otro lado de la frontera ya comenzaron a medir algo distinto. Están tratando de responder una pregunta mucho más estratégica: ¿Hasta dónde estaría dispuesta la sociedad mexicana a aceptar una participación más activa de Estados Unidos en el combate a los grupos criminales? Si las encuestas reflejan correctamente ese cambio de ánimo, la respuesta podría sorprender a más de un integrante del gobierno mexicano. En principio, a la presidenta Sheinbaum, quien ya tiene esas encuestas en su escritorio.
Posdata 1
La investigación sobre la presunta red de huachicol fiscal atribuida al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel sigue abriendo frentes que van más allá de las órdenes de aprehensión y las audiencias judiciales. Un reportaje de EL CEO documentó que empresas y personas vinculadas al exmandatario realizaron más de mil 400 transferencias por hasta 5 mil 432 millones de pesos a través de instituciones como Intercam, Banco Base, Banorte, Banamex, BBVA, Monex e incluso Bank of America.
El dato no implica, por sí mismo, responsabilidad para las instituciones financieras involucradas, pero sí exhibe la magnitud de una operación que hoy forma parte de una investigación federal por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y huachicol fiscal. De acuerdo con la información publicada, los recursos circularon principalmente entre las cuentas de empresas como Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Derivados y Mapror Hidrocarburos, además de cuentas personales de Ruffo y algunos de sus presuntos socios. La transferencia individual más elevada alcanzó los 245 millones de pesos.
Si las autoridades sostienen que se trató de una de las mayores estructuras de contrabando de combustibles detectadas en los últimos años, también tendrán que explicar con precisión cómo fluyeron esos recursos, qué controles funcionaron y cuáles fallaron, así como el papel que desempeñó cada participante de la red. La solidez del expediente dependerá de la capacidad de acreditar el origen, destino y propósito de cada operación.
Al final, el proceso contra Ruffo será una prueba para el gobierno de Sheinbaum, pero especialmente para la FGR a cargo de Ernestina Godoy, sobre todo tras las suspicacias generadas a partir de la repentina separación del cargo de su otrora mano derecha, Ulises Lara. No bastará con exhibir montos millonarios ni con recordar el peso político del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país. Lo que definirá el caso será si el rastro del dinero logra sostener, ante los tribunales, las acusaciones que hoy mantienen al exmandatario en prisión preventiva y colocan bajo la lupa una red empresarial de dimensiones poco comunes. Si no se acreditan plenamente los delitos el caso se tornará eminentemente político, tal cual lo han sugerido los familiares de Ruffo Appel, los exgobernadores de oposición y el entorno panista.
Posdata 2
La eventual venta de La Casa de Toño se perfila como una de las operaciones más relevantes del sector restaurantero mexicano en los últimos años. El proceso, encabezado por BBVA México, ya atrajo el interés de varios grupos y uno de los que confirmó públicamente que analiza la oportunidad es Grupo Gigante, de la familia Losada. Aunque no existe un acuerdo firmado ni un comprador definido, el mercado ya trabaja sobre una referencia superior a los 400 millones de dólares para una cadena de 81 restaurantes que durante décadas creció sin franquicias y con un modelo de operación altamente estandarizado.
Más allá del nombre del posible comprador, la discusión se ha centrado en si ese precio refleja el verdadero valor de la empresa. Los múltiplos conocidos apuntan a una valuación cercana a ocho veces el EBITDA ajustado, un rango que no luce fuera de mercado. De hecho, se encuentra muy cerca de operaciones emblemáticas como la adquisición de Vips México por parte de Alsea, de la familia Torrado, realizada con múltiplos similares. Algunos analistas e inversionistas calculan que La Casa de Toño vale entre 800 y mil 200 millones de dólares, pero para justificar esa cifra sería necesario asumir tasas de crecimiento y una expansión internacional que, por ahora, forman parte del potencial del negocio, no de sus resultados.
En esa discusión llamó la atención el análisis de Patricia Armendáriz, exdiputada federal de Morena, quien sostuvo que la empresa estaría siendo vendida muy por debajo de su valor. Sin embargo, sus cálculos contienen inconsistencias aritméticas al estimar las ventas promedio por restaurante y, además, utilizan múltiplos que terminan siendo superiores a los que ella misma cita como referencia para transacciones comparables en América Latina. Más que demostrar una subvaluación, los datos disponibles apuntan a una valuación alineada con operaciones recientes del sector.
Las estimaciones financieras permiten inferir un EBITDA cercano a los 50 millones de dólares y ventas anuales superiores a los 5 mil millones de pesos, cifras consistentes con una cadena que registra una de las mayores productividades por restaurante en el segmento de comida mexicana de servicio rápido. Esa eficiencia explica el interés de compradores estratégicos como Grupo Gigante, que podría capturar sinergias en compras, logística, distribución y desarrollo inmobiliario, además de complementar su portafolio de marcas con un concepto de alta rotación y reconocimiento entre los consumidores.
Si la puja escala, el precio difícilmente permanecerá en los 400 millones de dólares. Una negociación entre grupos estratégicos podría llevar la valuación hacia un rango de entre 500 y 600 millones de dólares sin romper los parámetros observados en la industria. Lo que parece menos sostenible, con la información disponible hasta ahora, es la narrativa de que la cadena está siendo “regalada”. El mercado suele premiar los negocios con crecimiento probado, no las expectativas. Y, en este caso, la internacionalización de La Casa de Toño sigue siendo una promesa atractiva, pero todavía no reflejada en sus estados financieros.
Posdata 3
La ratificación de la calificación AAA.mx por parte de Moody’s México para la deuda de largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representa un respaldo relevante para la empresa, ahora que el gobierno federal busca acelerar las inversiones en infraestructura eléctrica. La calificadora mantuvo también la nota ML A-1.mx para la deuda de corto plazo, al considerar que la empresa conserva una posición financiera sólida, una amplia liquidez y un papel estratégico dentro del Sistema Eléctrico Nacional.
Los números ayudan a explicar la decisión. En el primer trimestre de 2026, la CFE reportó una utilidad de 32.8 mil millones de pesos, un crecimiento de 130% frente al mismo periodo del año anterior; un EBITDA de 55.8 mil millones, 52% superior al de 2025; una liquidez superior a 136 mil millones de pesos y una mejora en la cobertura de intereses de 1.0 a 2.5 veces. Son indicadores que fortalecen su perfil crediticio y le permiten acceder a financiamiento en mejores condiciones para ejecutar proyectos de transmisión, distribución y generación.
La lectura financiera, sin embargo, no elimina los retos estructurales de la empresa. Moody’s valida la capacidad de pago y la fortaleza de su balance, no necesariamente la eficiencia operativa de largo plazo ni los desafíos derivados de las crecientes necesidades de inversión del sistema eléctrico. La verdadera prueba para la administración de Emilia Esther Calleja será convertir esa fortaleza financiera en mayor capacidad de generación, redes más robustas y un servicio capaz de responder al crecimiento de la demanda sin que vuelvan los episodios de saturación del sistema.
@MarioMal
#
Sinaloa: reino de impunidad y violencia/ Jorge Fernández Menéndez
Excelsior,
Desde la caída de Ismael El Mayo Zambada, de la que se cumplieron dos años el sábado pasado, ha habido en Sinaloa tres mil 45 homicidios dolosos y cuatro mil 635 desapariciones, lo que representa un promedio de 4.2 homicidios diarios a lo largo del periodo. El mes más violento fue junio de 2025, cuando hubo 207 homicidios (6.9 casos al día). Unas 80 mil personas se han visto desplazadas de sus viviendas de zonas rurales y urbanas. Hay 14 mil elementos de las fuerzas armadas asesntados en Sinaloa, pero la violencia y la operación criminal continúan.
La afectación económica ha sido brutal: han cerrado o han sido seriamente afectadas cuatro mil 500 unidades de negocio en todo el estado. La Coparmex ha advertido sobre la posibilidad de una quiebra masiva tanto en el sector formal como informal. Unas 40 mil personas han perdido su empleo. Tanto Culiacán como Mazatlán, son ciudades muertas, donde existe una suerte de estado de sitio virtual, a las 6 de la tarde se frena casi toda la actividad (Mazatlán, además, desde hace 15 días está viviendo enfrentamientos violentos constantes que se interpretan como un intento de la mayiza de apoderarse de un territorio que tradicionalmente fue de los chapitos).
Los robos de vehículos con violencia aumentaron en forma geométrica: son más de cuatro mil los coches robados en estos dos años. El bloqueo de carreteras, las balaceras en rutas rurales y la quema de camiones de carga paralizaron el flujo logístico de mercancías y de pasajeros hacia el norte y sur del país.
Todo ello ha provocado una fuerte distorsión en los precios, afectados no sólo por la contracción de las actividades legales sino también por la falta de flujo del dinero ilícito.
Mientras ese desastre cotidiano se vive en el estado, su gobernador Rubén Rocha Moya, acusado abiertamente por Estados Unidos de complicidad con el narcotráfico, lo mismo que el senador Enrique Inzunza, lleva tres meses de licencia con goce de sueldo y ahí están, uno apareció bailando el mismo día del aniversario del secuestro del Mayo, y el otro se pavonea en redes y juega golf.
La decisión del gobierno federal de no tocar a ningún funcionario del estado por su complicidad con el crimen organizado tiene como consecuencias una la prolongación de los enfrentamientos, por la decisión de no realizar una estrategia de depuración del virtual narcoestado, donde los grupos criminales se apoderaron del ejecutivo, de las fiscalías, de las fuerzas de seguridad, de la economía y de buena parte de las dirigencias partidarias, donde la convivencia con los criminales se había vuelto tan cotidiana como lo son ahora los asesinatos y desapariciones.
Decía López Obrador, y a veces repite la presidenta Sheinbaum, que la captura del Mayo fue lo que disparó la violencia. En realidad lo que la generó fue el empoderamiento criminal que propició la política de abrazos y no balazos, la complicidad para permitir que personajes como Rocha o Inzunza (y muchos otros) terminaran en el poder en abierta colusión con los grupos criminales. Y que una vez exhibido todo ese entramado, el gobierno simplemente se niege a desmantelarlo.
Lo ocurrido con la extracción del Mayo es una muestra evidente de esa complicidad y negligencia: Zambada fue secuestrado cuando llegó a una reunión con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, convocada por su ahijado e hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. La reunión era para tratar de componener las divisiones internas, porque Rocha estaba apoyando a los Chapitos en su ya iniciada confrotnación con Zambada, mientras que Melesio Cuén apoyaba a su amigo de toda la vida, el propio Mayo. Rocha y Cuén habían sido cercanísimos hasta la división en el cártel de Sinaloa. Ambos apoyaron las aspiraciones de Adán Augusto López en la precampaña de 2023.
Según las versiones más o menos oficiales de lo sucedido ese 25 de julio en la finca Huertos del Pedregal, los guardaespaldas de Zambada (dos integrantes de la policía judicial del estado, uno de ellos comandante) fueron eliminados al llegar, lo mismo que Héctor Melesio Cuén, en ese momento diputado electo, y el Mayo fue reducido, trasladado a un aeropuerto semiclandestino cercano y desde allí trasladado junto con Joaquín a Estados Unidos. Esa misma noche la Fiscalía General del Estado realizó un montaje en video para intentar mostrar que Cuén había sido asesinado en una gasolinera, durante un intento de robo de vehículo. Era falso, pero no tuvo costo alguno, la fiscal, Sara Bruna Quiñones, una mujer muy cercana a Inzunza, renunció con el público agradecimiento de Rocha y nadie volvió a molestarla. Después de una corta investigación de la FGR, que comprobó que todo fue un montaje y que Cuen y los guardapespaldas fueron asesinados en la finca, no volvió a pasar nada. Esta semana se informó que la información sobre el caso queda embargada hasta 2031.
Por cierto, sólo para ejemplificar hasta dónde llegan el cinismo y la complicidad, el líder del Partido Sinaloense (PAS), Robespierre Lizárraga, el hombre que sucedió a Cuén al frente del partido que fundó el propio ex rector, declaró el sábado que el PAS estaba analizando aliarse con Morena (donde están los asesinos de su líder histórico) para las elcciones del 2027, en un escenario donde lo único que ha cambiado es que todo indica que la mayiza se está imponiendo en la guerra interna a los chapitos. Sinaloa es el reino de la impunidad.
#
No cumplas la norma/Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA, 27 julio 2026
La frase de Juárez aparece con letras doradas en edificios de gobierno, en congresos y en tribunales. "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz." En las escuelas se repite como la fórmula esencial de la educación cívica. Se conoce menos el lema de José María Iglesias con el que cierra su manifiesto de 1876: "Sobre la Constitución nada. Nadie sobre la Constitución." Se recuerda el argumento del último discurso presidencial de Plutarco Elías Calles, tras el asesinato de Obregón. "La misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota dominante es la falta de caudillos, debe permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un hombre a la de Nación de instituciones y de leyes." A esas cápsulas habrá que agregar la frase que la presidenta Sheinbaum acaba de pronunciar exaltadamente: "Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común está mal. No cumplas la norma. Eso es lo que te estoy diciendo."
La orden que dio la presidenta de la República en un espacio público puede entenderse como un decreto obligatorio para toda la administración pública. Colocar la idea que cada funcionario tenga del "sentido común" por encima del deber de cumplir con las reglas jurídicas que norman su actuación. En lugar de detenerse ante normas y procedimientos que entorpecen la acción de gobierno, romper esas barreras si se beneficia a "la gente." La voz del Ejecutivo marca el rumbo del gobierno, y por eso su palabra tiene dimensión imperativa: la directriz de la administración se clarifica en el discurso de la Presidencia. Los servidores públicos, en consecuencia, han de actuar de acuerdo a las instrucciones de quien define la agenda y la filosofía del gobierno. Cuando el jefe del Estado mexicano da una orden a un subordinado, no expresa una opinión personal: instruye. Y cuando lo hace frente a los micrófonos y las cámaras puede entenderse que su dictado es general.
La Presidenta ordena violar las normas. Sobre cualquier regla, el sentido común. Para violar la ley, basta invocar una buena intención. El autoritarismo del nuevo régimen ha acuñado una máxima a la altura de su soberbia. En todas las oficinas públicas debe colocarse la instrucción sheinbáumica: "No cumplas la norma." Con esas cuatro palabras, los servidores públicos sabrán que deberán guiar su conducta por la idea que cada quien tenga del sentido común y lo que a ellos parezca que beneficia a la gente. Si la Jefa del Estado mexicano ordena que todos los funcionarios de su gobierno coloquen su intuición por encima del derecho es porque tiene la tranquilidad de que han desaparecido todas las instancias que podrían exigir el cumplimiento de la ley. Sin jueces independientes, la ley no llega a ser siquiera un consejo.
Resulta curioso que la "científica" invoque el conocimiento sin fundamento racional como parámetro de lo moralmente incuestionable. El sentido común, que ella idealiza como criterio antielitista de decisión, convierte lo familiar en lo correcto. No hace falta decir lo obvio: lo que se invoca como sentido común no es nunca sitio de consenso, sino un lugar en disputa. No es conocimiento natural, sino invento ideológico. Lo que vale la pena subrayar es que la idea del sentido común se ha usado a lo largo de la historia como una autoridad alternativa que puede disfrazar un poder arbitrario. Es el caso evidente del argumento de Sheinbaum: un poder que no se sujeta a norma alguna disfraza su arbitrariedad de nobles intuiciones.
Como lo advirtió José Ramón Cossío en un artículo reciente, la máxima de Sheinbaum lleva la convicción antijurídica a niveles que superan, incluso, a su tutor porque dispersa la arbitrariedad a todos los niveles de la administración pública. No se trata de un poder exclusivo de quien encabeza al Estado, sino de una pauta a la que ha de sujetarse toda la administración. El sentido común por encima de la ley.
#
Fresnillo, epicentro de la masacre de Zacatecas/Salvador García Soto
El UniveRSal, | 27/07/2026 |
El municipio de Fresnillo, tierra del clan político de los Monreal, es actualmente el ojo del huracán del narcotráfico en Zacatecas y el lugar donde se gestó y planeó la masacre de 10 políticos y empresarios zacatecanos asesinados, cuyos cuerpos fueron colgados de puentes vehiculares y esparcidos en el estado. La extorsión y la colusión de autoridades con el crimen organizado son las dos líneas que investiga la Fiscalía de Zacatecas en torno a esa masacre que conmocionó a nivel nacional.
El multihomicidio que le dio la vuelta al mundo través de medios y redes sociales ocurrió justo una semana después de que la presidenta Sheinbaum estuviera de gira en Zacatecas y, según fuentes cercanas a la investigación, el brutal ataque contra los empresarios y políticos tuvo que ver con denuncias que algunos de ellos le hicieron personalmente a la mandataria sobre la extorsión y derecho de piso al que estaban siendo sometidos por el Cártel de Sinaloa. Eso ha hecho que la investigación del crimen y el reforzamiento de la seguridad sean una prioridad para el gabinete de seguridad federal que envió de inmediato a 100 soldados de células de élite del Ejército mexicano, que ya están en territorio zacatecano junto con 300 militares más.
Y todos los caminos de esta masacre llevan a Fresnillo, porque desde la época en que la experredista Amalia García gobernó Zacatecas (2004-2010) justo cuando ocurrió la ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con el Chapo Guzmán, los Beltrán hicieron una alianza con Miguel Treviño Morales, alias el Z40, y como resultado de ese acercamiento, ese municipio se convirtió en la frontera que dividía el territorio zacatecano en dos partes, la que controlaba el Cártel de Sinaloa, comandado entonces por Joaquín Guzmán Loera y por Ismael “El Mayo” Zambada, y la otra parte controlada por la alianza Beltrán-Zetas.
El eje formado por Fresnillo-Saltillo-Monterrey y Nuevo Laredo se convirtió en aquellos años en la ruta para el tráfico de drogas y de personas hacia el noreste hasta la frontera tamaulipeca, mientras que otra ruta hacia el norte del país partía de Fresnillo hacia La Laguna para mover la droga. Los Treviño pusieron como jefe de plaza de Zacatecas a Iván Velázquez Treviño, alias “El Talibán” o Z50, y era él quien en aquellos años ponía y quitaba jefes de la policía municipal, encargándose de la seguridad del municipio zacatecano.
Una de las líneas de investigación de la masacre de los 10 que actualmente sigue la Fiscalía de Justicia de Zacatecas apunta directamente al gobierno municipal de Fresnillo, concretamente a la oficina de Desarrollo Social, cuyo titular, Fidel Alvarado de la Torre está entre las víctimas. Fue justamente él quien citó a una reunión a cinco de los ejecutados; los invitó a encontrarse en una discoteca del municipio donde estuvieron varias horas para después trasladarse juntos a otro antro donde ya los esperaban los sicarios del cártel sinaloense.
Por esa razón el actual alcalde de Fresnillo, Javier Torres, de la alianza PRI-PAN-PRD fue citado a declarar el pasado sábado y su interrogado se extendió por casi tres horas. Fuentes de la Fiscalía zacatecana aseguran que el alcalde Torres trae “antecedentes delicados”. En el 2021 le robaron su camioneta, una Grand Cherokee, y al día siguiente en ese vehículo aparecieron dos cuerpos asesinados. Hace tres años al alcalde le ejecutaron un hermano y actualmente tiene en la cárcel, por delitos, a otro hermano.
A Javier Torres lo cuestionaron en su comparecencia sobre sus vínculos comerciales, con el acalde panista de Sombrerete, Ignacio Castrejón, que fue uno de los 10 ejecutados. Y es que la ruta Fresnillo-Sombrerete-Durango es codiciada por el crimen organizado porque es la vía para el manejo de la ganadería y de la minería en la región y es justo zona de influencia del Cártel de los Cabrera, ahora sumados también a los Mayitos Flacos, que controlan el estado de Durango, y con los cuales Estados Unidos vincula al gobernador priista, Esteban Villegas.
Uno de los principales proyectos de gobierno del actual alcalde de Fresnillo era restaurar la Policía de Tránsito municipal, que fue desaparecida por el gobernador David Monreal cuando tomó posesión en 2021, precisamente porque era un cuerpo policiaco controlado por el narco, desde la época en que El Talibán la utilizaba como cuerpo de halcones y vigilancia para el crimen organizado. Javier Torres ha intentado restablecerla, pero no se le ha permitido porque desde el gobierno estatal afirman que se trataba de “halcones con uniforme”.
Las investigaciones de la Fiscalía también apuntan hacia la Feria Regional de Fresnillo, el principal evento del municipio, que es controlada por los grupos del narcotráfico. Apenas el 7 de julio pasado, 11 días antes de la masacre zacatecana, asesinaron en Guadalajara a Benjamín Medrano Quezada, director del Patronato de la Feria, y quien era también exalcalde fresnillense y exdiputado local del PRI. Medrano había huido a la capital jalisciense donde se escondía, pero el pasado 7 de julio sicarios armados lo ultimaron a balazos en una paletería de la colonia Santa Elena de la Cruz.
Hoy Fresnillo y Zacatecas están en el ojo del huracán. El reforzamiento de la seguridad en el estado, con los 100 soldados de élite que llegaron tras la masacre, habla del impacto que tuvo el hecho, justo en momentos en que Estados Unidos presiona a la presidenta Sheinbaum para escalar la guerra contra los cárteles y el que aparecieran cuerpos de políticos y empresarios colgados en puentes, como si se tratara de aparadores, parece abonar al discurso de Donald Trump sobre el dominio y control de los cárteles en territorio mexicano.
La masacre tiene que ver también con los reacomodos con miras a la próxima elección estatal, pero sobre todo, nos dicen las fuentes zacatecanas, con la reciente visita de la presidenta, una semana antes de los hechos, cuando la doctora estuvo justo en esa zona donde recibió quejas de extorsión de ganaderos y de empresarios mineros, a lo que se atribuye la violenta reacción del Cártel de Sinaloa. Los asesinatos y la burda exposición y exhibición de los cuerpos, nos dicen, “fue para acusar a los políticos y empresarios que colgaron como los verdaderos extorsionadores” y tratar de deslindar así al Cártel de Sinaloa.
NOTAS INDISCRETAS… El caso de la adolescente Dafne Zapata, de 13 años, quien murió en un campamento de verano de una escuela militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que las autoridades de todos los niveles regulen y supervisen a las llamadas “escuelas o academias militarizadas” que proliferan por toda la República y que ya han sido acusadas y señaladas de abusos, maltratos y hasta asesinatos de niños y adolescentes. La madre de Dafne, Alejandra Quintos, denunció la semana pasada que su hija le fue entregada muerta y con evidencias de lesiones y tortura por los directivos de la escuela militarizada “Marina Doenitz”, luego de que la adolescente fuera inscrita e internada en dicho establecimiento para tomar un curso de verano. Las denuncias de la indignada y dolida madre y las movilizaciones de sus amigos y familiares presionaron para que la Fiscalía de Tamaulipas iniciara las investigaciones que hasta ayer ya habían dado como resultado la detención de tres implicados: el director de la escuela militarizada “Marina Doenitz”, Jorge Luis N, un arquitecto que en sus primeras declaraciones había dicho que no había problema porque le regresaría el dinero que pagó a la madre de Dafne y quien fue detenido el sábado pasado, mientras que ayer detuvieron a Estrella Mora, conocida como la “Sargento Estrellita”, y el miércoles pasado habían detenido a Danna Yanina “N”, joven de 18 años formada en esa misma escuela y quien colaboraba con el campamento. Este caso que despertó indignación a nivel nacional, recuerda el del niño Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años, quien también murió el 25 de abril de 2025 durante una actividad organizada por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc en un predio ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Morelos. En su momento los instructores de ese campamento llamaron a la madre para avisarle que el menor tenía una alteración en sus signos vitales por un supuesto "golpe de calor", pero al llegar al hospital ya había fallecido, pero la necropsia reveló que la causa real del deceso fue un estallamiento de vísceras y hemorragia interna provocada por una brutal golpiza. La madre también denunció en su momento. ¿Cuántos niños y adolescentes más deben morir para que las autoridades y los Congresos federal y locales actúen con legislación y vigilancia para las famosas escuelas “militarizadas”?. La madre de Dafne anunció que, una vez que lograra meter a la cárcel a los asesinos de su hija, propondría una iniciativa al Congreso de Tamaulipas para regular y vigilar el funcionamiento de las academias militarizadas. Ojalá las muertes de Dafne y de Erick, y de muchos otros niños y adolescentes que han sido abusados, maltratados y asesinados en ese tipo de instalaciones, no sea en vano… Los dados mandaron Escalera Doble. Buena semana para los amables lectores.
#
Periodismo: oficio de alto riesgo/Paola Rojas
El Universal, 27/07/2026
El asesinato de Alejandro Leyva volvió a exhibir la vulnerabilidad de quienes nos dedicamos a informar. Ya había denunciado amenazas desde 2025. La organización Reporteros Sin Fronteras reportó que era además víctima de acoso judicial y de campañas de desprestigio. Sin embargo, nunca recibió medidas de protección. Lo atacaron a balazos mientras desayunaba en San Pablo Etla, Oaxaca.
Llevaba más de tres décadas como comunicador. Su postura fue siempre crítica, pero en los años recientes denunció presuntos vínculos entre funcionarios y delincuentes. Esa fue su sentencia de muerte.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan solo en lo que va de este año, han ultimado a Juan David Gámez en Nuevo León, a Manuel Alejandro Moreno Serna en Guerrero, a Josué Martínez en Puebla y a Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López en Veracruz.
A nivel mundial, el Comité para la Protección de Periodistas documentó 129 casos de trabajadores de medios asesinados en 2025. Se trata de la cifra más alta en tres décadas. México apareció en tercer lugar, solo detrás de Israel y Sudán. El organismo consideró que el programa federal de protección ha demostrado ser insuficiente, pues varios periodistas incorporados a él fueron asesinados.
A la violencia e impunidad que afectan al gremio, hay que sumar el acoso recurrente de las autoridades. Y ni cómo esperar que los gobiernos estatales y municipales respeten a la prensa, si incluso en la conferencia mañanera se confronta y descalifica a quienes opinan distinto a la presidenta Sheinbaum.
Aquellos que se atreven a investigar y exhibir al crimen organizado son especialmente vulnerables. La crucial tarea de documentar los vínculos entre autoridades y criminales es toda una osadía, porque no se puede contar con la protección de un Estado que muchas veces es cómplice.
Si a eso sumamos la desinformación que pueden generar los medios digitales y la dificultad para distinguir lo que es verdad y lo que no con la incursión de la inteligencia artificial, nos topamos con una precariedad sin precedente para la prensa.
Toca recordar con urgencia que cuando la verdad se vulnera, lo hace también la democracia. Si todavía a alguien le importa defenderla, que empiece por cuidar a la libertad de expresión y a quienes todos los días se arriesgan por ejercerla sin censura.
@PaolaRojas
##
Codicia, riqueza, bienestar y la historia
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio.,
Veo en redes (@jota_snchez), una entrevista a Milton Friedman, grabada en el prehistórico año de 1979. Tiene una frescura y una actualidad extraordinarias.
Friedman devasta con unas cuantas palabras y con unas cuantas preguntas, muy viejos y muy tercos lugares comunes sobre la perversidad del capitalismo y sobre su responsabilidad en la inicua distribución de la riqueza en el mundo.
El entrevistador pregunta a Friedman si no le da vergüenza defender un sistema basado en la codicia: “Cuando ves la mala distribución de la riqueza, tan pocos que tienen tanto y tantos que no tienen nada… ¿nunca has dudado del capitalismo, de si la codicia es una buena idea?
Friedman responde: “Primero, dime: ¿conoces alguna sociedad que no funcione con codicia?, ¿crees que Rusia no funciona con codicia?, ¿que China no?, ¿y qué es la codicia?, ninguno de nosotros es codicioso, claro. El codicioso siempre es el otro”.
La gente en el estudio ríe, y Friedman asalta entonces el supuesto justiciero del que parten las preguntas de su entrevistador, a saber: que el gobierno podría corregir la pobreza y la mala distribución de la riqueza creada por la codicia del capitalismo.
Friedman: “Los grandes logros de la civilización no salieron de oficinas del gobierno. Einstein no construyó su teoría por orden de un burócrata. Tampoco Ford revolucionó así el automóvil”.
Sigue entonces la nuez histórica del argumento de Friedman.
Friedman: “Los únicos casos registrados en la historia en que las masas pudieron escapar de la pobreza, son los casos donde hubo capitalismo y libre comercio”.
El entrevistador replica: “Lo que dice parece premiar la habilidad de manipular el sistema, no la virtud”.
Friedman: “Pero dónde se premia la virtud?, ¿crees que un comisario comunista premia la virtud?, ¿un Hitler premia la virtud?, ¿crees que los presidentes estadunidenses eligen a sus colaboradores por su virtud o por su peso político?, dime: ¿dónde están esos ángeles virtuosos que van a organizar la sociedad para nosotros?”.
El público ríe de nuevo. Friedman ha establecido dos hechos:
En la historia que conocemos, sólo el capitalismo ha creado riqueza y bienestar.
No hay en el Estado virtudes filantrópicas superiores para crear bienestar. Las razones codiciosas del capitalismo han sido más eficaces.
#
Sapos rumbo a 2027
Contraseña/Oscar Cedillo
Milenio.
Luego de que se revelara hace unos días que algunos morenistas —entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila— también están bajo sospecha por colaborar y compartir información extraoficial con las autoridades estadunidenses, la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, se sintió en libertad para reactivar abiertamente la relación de su gobierno con las agencias de inteligencia del vecino país.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Gilberto Loya Chávez, convocó el pasado fin de semana en Ciudad Juárez a una reunión de coordinación de seguridad transfronteriza; esto como una estrategia para mantener sus alianzas con Estados Unidos y sobre todo para posicionar al funcionario —de ser posible de ambos lados— como el principal aspirante para tener continuidad en la gubernatura.
El problema para la mandataria y su secretario Loya es que la convocatoria extendida a las agencias de inteligencia estadunidenses fue prácticamente desairada, pues la mencionada reunión tan solo contó con la participación de un par de agentes de la Patrulla Fronteriza (la Chief Patrol Agent) y representantes de bajo nivel de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las autoridades de Chihuahua decidieron finalmente no hacer mucho ruido de ese fallido encuentro, pero insisten en mantener ligas con el gobierno estadunidense, más allá de las que podrían a tener a través del gobierno federal. Están al parecer convencidos de que, sin importar la nueva legislación para evitar el intervencionismo electoral, los estadunidenses tendrán mucha influencia respecto a los candidatos que se postulen en 2027 para las entidades de la frontera; incluso para los que resulten vencedores.
Mientras tanto en el gobierno federal también se ha dado la orden para reforzar la comunicación y coordinación con Estados Unidos, aunque en este caso dentro del marco oficial y constitucional. Si bien la oposición ve la relación con EU como una carrera para tener una mejor posición política interna, en el gobierno de Claudia Sheinbaum no se pierde de vista que, en realidad, se trata de un asunto de seguridad nacional y soberanía.
Efectivamente, es temporada de sapos y muchos quieren cantar antes de saltar al estanque.
#
Opción fiscal: el ISR
Otros ángulos/Gerardo Esquivel
Milenio.
Es ampliamente sabido que México es el país de la OCDE que menos recauda como porcentaje del PIB: apenas 18 por ciento vs. un promedio de 34 por ciento en los otros países de la organización. Esto ocurre a pesar de que no tenemos las menores tasas impositivas, lo que a su vez implica que nuestro problema no se debe que nuestras tasas sean bajas, sino a una baja efectividad recaudatoria. Por lo mismo, la solución a nuestro problema recaudatorio no necesariamente pasa por aumentar más las tasas impositivas, sino que pasa por mejorar la eficiencia recaudatoria.
De todos los impuestos que se cobran en México, el Impuesto sobre la Renta (ISR) es posiblemente en el que existen mayores oportunidades de mejora. Ya lo dije en otra columna, el ISR que se aplica sobre los asalariados formales es inmediato y con alta efectividad recaudatoria. Aquellos que pertenecemos a este régimen ni siquiera vemos esa parte de nuestro ingreso, ya que esta es retenida y enterada por los patrones. Las tasas que pagamos los asalariados son muy variables, pero en la parte media y alta de la distribución la tasa de ISR fluctúa entre 15 y 30 por ciento del ingreso. Una tasa muy elevada comparada con la que pagan en promedio otro tipo de contribuyentes, ya sean personas físicas (profesionistas, por ejemplo) o morales (empresas).
El ISR ha sido históricamente mal cobrado en México. A principios de los años noventa, apenas se recaudaba el 4 por ciento del PIB con este impuesto. Este porcentaje se mantuvo prácticamente constante hasta 2006. Sin embargo, entre 2006 y 2012 el ISR aumentó su participación hasta llegar a 5 por ciento del PIB. De 2012 a la fecha, la recaudación por esta vía ha seguido aumentado hasta llegar a 8 por ciento del PIB. Una parte significativa de este aumento se debe a la introducción de la factura electrónica (que comenzó en 2004 y se hizo obligatoria en 2014) y por distintos ajustes en el diseño tributario del ISR (como la eliminación de la consolidación fiscal, por ejemplo).
A pesar de estos incrementos en la recaudación del ISR, es evidente que aún hay espacio de mejora. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, si consideramos que aproximadamente el 75 por ciento del PIB corresponde a la economía formal, una recaudación del 8 por ciento del PIB equivale a una tasa efectiva de ISR de apenas poco más del 10 por ciento. Esta tasa contrasta notablemente con las tasas de ISR que pagan muchos asalariados y con las tasas de ISR que supuestamente deberían pagar las personas morales o los profesionistas independientes. Es más que evidente que existe todavía una gran elusión y evasión fiscal en el pago de este impuesto.
Ya lo he dicho en otro momento, en México hay una enorme cantidad de empresas y personas físicas que prácticamente no pagan ISR. Realizan tantas deducciones o incluyen tantos gastos en su declaración fiscal, que sorprendentemente nunca obtienen utilidades o ingresos gravables. Una parte de este comportamiento es ilegal (uso de empresas factureras), pero otra parte es un uso legal, aunque probablemente abusivo, de nuestro esquema tributario. Es necesario cerrar estos agujeros fiscales para mejorar la recaudación en México. El ISR ofrece esa oportunidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario