Anabel Hernández denuncia nuevas agresiones en su contra

“Me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE (…) Con una actitud lejana a la de un funcionario responsable de atender a víctimas del delito, el fiscal me advirtió que yo debía confiar en que estaban haciendo su trabajo, lo cual él mismo aceptó no haber hecho, y sentenció que me darán la “verdad histórica” de lo que pasó en mi casa….“

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Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015

Anabel Hernández denuncia nuevas agresiones en su contra

Señor director:

A través de esta carta quiero hacer pública la agresión que sufrí el pasado miércoles 4 en mi domicilio de la Ciudad de México en el contexto de mi actividad como periodista de investigación.

 Tengo 20 años ejerciendo el periodismo y durante los últimos cinco, en represalia por mi trabajo –enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado–, yo y mi familia hemos sido blanco de agresiones y actos de intimidación. En al menos tres ocasiones han  participado personas ­armadas.

 Todos estos hechos los he denunciado formal y oportunamente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).

 En ninguno de los expedientes abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables, pese a la Recomendación General No. 20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso específico, marcado con la clave V 146, este organismo señaló la ineficiencia y negligencia de las autoridades en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a consecuencia de mi trabajo de periodismo de investigación.

Mucho más que abogados/Jesusa Cervantes

Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015

 Mucho más que abogados/Jesusa Cervantes

Ante la posibilidad de ser detenidos como presuntos participantes en la fuga del Chapo Guzmán Loera, dos de sus abogados solicitaron amparo de la justicia federal.

 Se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez y Andrés Granados Flores, parte del equipo de siete litigantes que desde el 22 de febrero de 2014 –cuando el capo fue detenido por segunda vez– presentaron recursos jurídicos para que no lo cambiaran de celda ni de penal, además de que la autoridad no le confiscara sus bienes ni lo extraditara a Estados Unidos.

 El 11 de julio pasado, el líder del Cártel de Sinaloa se fugó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. Tres meses después, el 21 de octubre de 2015, el coordinador de sus defensores, Gómez Núñez, fue detenido como presunto organizador de la evasión.

 Ante ello, Granados Flores decidió protegerse. El 22 de octubre tramitó el “amparo indirecto” 1649/2015 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Alegó violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución.

 El Consejo de la Judicatura Federal refirió que Granados Flores pidió protección para evitar la “orden de búsqueda y localización”. El 27 de octubre se le pidió que ratificara la solicitud pero no acudió, por lo que el jueves 12 el juez determinó “no tener por presentada la demanda”. El miércoles 17, el Consejo de la Judicatura decidió subir a la red el documento correspondiente.

Todos lo sabían, nadie hizo nada/

Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015

Todos lo sabían, nadie hizo nada/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Muchas señales de alerta fueron enviadas por los policías federales encargados de vigilar a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba preso en El Altiplano. Todas apuntaban a una posible fuga del narcotraficante, según revela información obtenida por este semanario gracias a la plataforma Méxicoleaks, misma que fue verificada con funcionarios del gabinete de seguridad. Pero todo lo informado por los agentes a sus entonces jefes, Ramón Eduardo Pequeño, de la División de Inteligencia de la PF, y Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad –ambos subordinados del secretario de Gobernación, y antes parte del equipo de Genaro García Luna–, cayó en el vacío. Nadie se dio por enterado. Nadie evitó el escape.

 'La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera era un escenario posible que advirtieron en distintas ocasiones los policías federales encargados de su vigilancia. A través de las escuchas de sus conversaciones supieron que con la ayuda de sus abogados, de otros internos del Altiplano y contactos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación estaba tras los planos de ese penal.

 También interesados en obtenerlos se mostraron los representantes de la empresa Systemtech, responsable de colocarle a Guzmán el brazalete que lo ubicaba en el área de Tratamientos Especiales, de donde nunca fue movido.

Guzmán Loera... Su larga cauda de hijos.../

Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015

Su larga cauda de hijos.../ JORGE CARRASCO ARAIZAGA

De Joaquín El Chapo Guzmán, las autoridades policiales y penitenciarias lo supieron todo mientras estuvo preso en El Altiplano. Sus contactos con el exterior y las negociaciones con otros internos no fue lo único de lo que estuvieron al tanto. Su expediente carcelario, el 3578, contiene parte de su historia personal, que lo revela como padre de 18 hijos.

 Identificado con la clave R-5 en este expediente, Guzmán Loera, de 58 años, procreó a su descendencia con siete mujeres. Una de ellas es Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local panista por el distrito XVI de Sinaloa (quien presuntamente usó el nombre de Devany Vianey Villatoro López), según información obtenida por Proceso mediante la plataforma Méxicoleaks.

 Ese distrito electoral corresponde a Cosalá, municipio que en semanas recientes ha visto la llegada de decenas de desplazados de las comunidades ubicadas en la frontera serrana de Sinaloa y Durango, donde infantes de marina han concentrado su búsqueda del Chapo (Proceso 2033 y 2035).

Fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos indicaron al corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, que después de haber ubicado al Chapo –unas semanas después de su fuga– en la Sierra Madre Occidental, en las últimas dos semanas no han podido reubicar el paradero del líder del Cártel de Sinaloa. “Se nos ha dificultado la reubicación de Guzmán y sus guardaespaldas” a quienes poco después de que se fugara los habíamos localizado en la sierra.

El martes 17, en una audiencia ante el caucus para asuntos internacionales sobre narcóticos del Senado estadunidense, Jack Riley, subadministrador interino y jefe de operaciones de la DEA, admitió ante los legisladores “que El Chapo y otros líderes del Cártel de Sinaloa utilizan sistemas de comunicación encriptados”, lo cual dificulta la localización de los narcotraficantes pese a la buena comunicación e intercambio de información de inteligencia que se tiene con la Marina y el Ejército de México.

Complicidades en Gobernación detrás de la fuga del “Chapo”

Revista Proceso # 2038, 21 de noviembre de 2015

Complicidades en Gobernación detrás de la fuga del “Chapo”/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Con la “disciplina del silencio”, como la describió a Proceso un alto representante del gabinete de seguridad, Joaquín Guzmán Loera operó su fuga sin descuidar el control de su negocio. En la cárcel de El Altiplano se sabía de sus relaciones y negociaciones internas y externas y, de acuerdo con información obtenida mediante la plataforma de Méxicoleaks, se conocieron también los contactos de sus abogados con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades estaban al tanto de sus planes a detalle, pero dejaron actuar al líder del Cártel de Sinaloa. Proceso buscó el punto de vista de la Segob, a través de su Dirección de Comunicación Social, pero hasta el cierre de la edición no había contestado.

Un día después de la segunda detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el domingo 23 de febrero de 2014, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, le hizo saber que en el departamento donde fue aprehendido, en Mazatlán, se habían encontrado documentos del Ejército y la Marina sobre su persecución.

El Chapo dijo que nadie lo ayudaba. Zerón le aseguró que la documentación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se refería a las actividades de él, los vehículos que usaba y mapas militares de la sierra de Sinaloa. Guzmán insistió en negar cualquier protección oficial.

El diálogo fue referido como “información de inteligencia” por los agentes de la Policía Federal encargados de vigilar al capo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano. Los policías federales dijeron que sólo era una parte de la conversación entre el jefe policial y el interno, identificado en su expediente penitenciario y policial como Benito.