La Conexión México-Africa
A mediados de julio los gobiernos de Guinea Bissau y de Sierra Leona decomisaron aviones con droga y detuvieron a sus tripulantes. Estas acciones provocaron conflictos internos en esos países de África occidental. Pero un hecho llamó la atención de Interpol, la DEA y la Policía Nacional de España: en Guinea Bissau fue detenido un venezolano que participó en el transporte de cinco toneladas y media de cocaína en un avión DC-9 asegurado en Campeche, México, en abril de 2006; y en Sierra Leona fueron arrestados dos presuntos narcotraficantes mexicanos.
Dos operaciones recientes para el transporte de droga hacia Europa a través de África provocaron que la Policía Internacional (Interpol), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Nacional de España enfocaran su atención en México.
Ello se debe a que en una de esas operaciones la policía de Guinea Bissau detuvo a Carmelo Vásquez Guerra, ciudadano venezolano que presuntamente fue parte de la tripulación del avión DC-9 que transportaba cinco toneladas y media de cocaína, el cual fue asegurado en abril de 2006 en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.
En la otra operación, dos ciudadanos mexicanos -que dijeron llamarse Gerardo Pérez y Leonardo Fernández- fueron detenidos en Sierra Leona después de que, junto con seis individuos de distintas nacionalidades, intentaron introducir a este país unos 700 kilos de cocaína.
Aunque Interpol, la DEA y la policía española atribuyen esas operaciones a bandas sudamericanas del narcotráfico, en especial de Colombia, les llama la atención que una de esas acciones de trasiego tenga vínculos con el narcoavión detenido en Campeche y que en la otra estén involucrados ciudadanos mexicanos.
El pasado 12 de julio, un avión tipo Gulfstream 2 con matrícula N351SE aterrizó en el aeropuerto internacional de Guinea Bissau, en la costa occidental de África. Transportaba media tonelada de cocaína procedente de Venezuela, según se desprende de una ficha informativa de la Policía Nacional de España basada en datos de la DEA, cuya copia posee Proceso.
La aeronave fue acordonada por militares de ese país, quienes protagonizaron un violento altercado con un grupo de policías que tenía órdenes de asegurar el avión.
Tres tripulantes venezolanos fueron detenidos, al igual que dos funcionarios de la torre de control del aeropuerto y tres policías, quienes, al parecer, eran cómplices de los narcotraficantes.
Un día después, el 13 de julio, otro avión bimotor procedente de Venezuela arribó al mismo aeropuerto. Supuestamente transportaba a miembros de la organización de narcotráfico que había enviado el primer embarque. Su objetivo: "apoyar la liberación de la droga y de los detenidos", según explicó a Proceso una fuente enterada de la investigación, la cual añadió que la policía de Guinea Bissau también aseguró este avión y detuvo a sus ocupantes, cuyo número no precisó.
Sin embargo, poco tiempo después la droga desapareció.
La oficina de la ministra de Justicia de Guinea Bissau, Carmelita Pires, "apoyada por Interpol, la DEA y el FBI, revisó el avión que había aterrizado el 12 de julio. Un perro detector de Interpol indicó que en el jet privado hubo droga, pero ya no la encontraron ahí cinco días después de que el avión aterrizó". Así lo declaró el pasado 2 de agosto a la agencia Associated Press Antonio Mazzitelli, director para África Occidental de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés).
El caso de México
En un artículo titulado Barones de la droga moviéndose hacia África Occidental, publicado por el diario The Washington Post el pasado 30 de julio, Antonio María Costa, director ejecutivo de la UNODC, confirmó: "cientos de cajas (con cocaína) fueron extraídas del jet".
La fiscalía de Guinea Bissau inició la investigación sobre los hechos. Contó con el apoyo de Interpol, la DEA y el FBI de Estados Unidos, así como de la Policía Nacional de España.
De acuerdo con los resultados de las pesquisas, los tres venezolanos detenidos fueron identificados como Carmelo Vásquez Guerra, Carlos Luis Justiniano Núñez y Daniel Aguedelo Acevedo. Hay un dato que llamó la atención de las agencias policiacas: al piloto Carmelo Vásquez Guerra se le menciona en una averiguación previa abierta en México.
Se trata de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/117/2006 que las autoridades judiciales mexicanas iniciaron por el cargamento de cinco toneladas y media de cocaína que fue asegurado en un avión DC-9 proveniente de Venezuela, luego de que aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, el 10 de abril de 2006 (Proceso 1537, 1539, 1541, 1550, 1552 y 1555).
Según la ficha del caso de Guinea Bissau, Carmelo Vásquez Guerra habría participado como tripulante en aquel vuelo que arribó a Campeche. Señala que en abril de 2006 "piloteaba una aeronave con matrícula americana número N900SA, que provenía de Venezuela y aterrizó en Ciudad de (sic) Carmen, Campeche (...) En este operativo detuvieron a su hermano Miguel Vásquez Guerra y a cinco personas más", a quienes se señala como "parte de la organización criminal de El Chapo Guzmán".
En la averiguación previa iniciada en México, Miguel Vásquez Guerra declaró que fue contratado en Venezuela por José López, capitán del DC-9, quien logró evadir al Ejército y a la policía mexicanos cuando la nave aterrizó en Campeche.
Hasta la fecha no se sabía que Carmelo, hermano de Miguel Vásquez Guerra, hubiese participado en el vuelo del DC-9. Una fuente en México confirmó a Proceso que la PGR evalúa la posible solicitud de extradición de Carmelo Vásquez para que enfrente los delitos relacionados con el tráfico de las cinco toneladas y media de cocaína incautadas en Campeche.
La noche del 13 de julio -casi al mismo tiempo que sucedía el caso de Guinea Bissau, aunque sin aparente relación con éste- llegó al aeropuerto Lungi, en Freetown, capital de Sierra Leona, una avioneta Cessna Conquest. Transportaba alrededor de 700 kilos de cocaína que, según una nota de France Press fechada el 14 de julio, habría partido de Venezuela.
Sin explicación alguna, el personal de la torre de control apagó el sistema de iluminación de una pista del aeropuerto para que la aeronave -que incluso portaba un emblema de la Cruz Roja- pudiera aterrizar sin contratiempos, según explica otra ficha informativa de la policía española, cuya copia pudo conocer este semanario.
Policías de Sierra Leona revisaron el avión debido a que carecía de autorización para aterrizar, pero los ocupantes habían huido. Sólo hallaron la droga y algunas metralletas AK-47. Después descubrieron que una de las vallas de protección del perímetro del aeropuerto estaba dañada.
Con apoyo de la DEA, el FBI e Interpol, la policía de Sierra Leona inició la búsqueda de los ocupantes de la avioneta. Cateó dos casas de seguridad de narcotraficantes colombianos asentados en Sierra Leona, donde aseguró computadoras, armas y teléfonos celulares.
De acuerdo con una nota de la agencia France Press, la policía detuvo a 58 personas. La ficha informativa señala que ocho de ellas tripulaban la aeronave con la cocaína: tres colombianos, un venezolano, un guineano, un colombiano-estadunidense y dos mexicanos. Fueron capturados cuando intentaban salir del país en autobús hacia Guinea Conakry. Los mexicanos dijeron llamarse Gerardo Pérez y Leonardo Fernández, y el grupo era aparentemente encabezado por el colombiano Jorge Aristizabal.
Narco-Estados
Tanto Guinea Bissau como Sierra Leona se han convertido en importantes centros de operaciones para introducir la droga en el lucrativo mercado europeo.
No son los únicos. En lista están también otros países de la costa occidental de África: Gambia, Cabo Verde y Mauritania, desde cuyos territorios la droga ingresa a Europa a través de España, Portugal, Italia y Reino Unido, principalmente, según declaró Michael A. Braun, jefe de Operaciones de la DEA, durante una comparecencia ante el Congreso estadunidense realizada el 21 de septiembre de 2006.
Y explicó la razón de esa "agresiva expansión": en ese año un kilogramo de cocaína en Europa tenía un valor de entre 38 mil y 77 mil dólares, mientras que en Estados Unidos las cifras oscilaban de 9 mil a 40 mil dólares.
En su artículo publicado por The Washington Post, Costa estima que al menos 50 toneladas de cocaína son enviadas cada año a Europa a través de la región de África Occidental.
Tanto en Guinea Bissau como en Sierra Leona estos dos golpes al narcotráfico provocaron convulsiones internas.
En Guinea Bissau -país de cerca de 1 millón 500 mil habitantes, uno de los cinco más pobres del planeta y que padece de una crónica inestabilidad política- el Ministerio de Justicia solicitó a Interpol el envió de una unidad de gestión de crisis. El pasado 21 de julio llegaron tres especialistas de esta organización internacional para ayudar en la investigación.
El representante especial del secretario general de la ONU para Guinea Bissau, Shola Omoregie, instó a la comunidad internacional a colaborar con ese país en el combate al narcotráfico. Y advirtió que la incautación de los dos aviones que arribaron los días 12 y 13 de julio pasado a ese país era un "signo preocupante", según difundió la agencia africana de noticias (Afrol News), el 24 de julio. Su advertencia no era gratuita:
Pese al blindaje de estos organismos internacionales, los principales responsables de la investigación -el fiscal general Luis Manuel Cabral y la ministra de Justicia Carmelita Pires- recibieron amenazas de muerte.
Cabral aseguró que personajes de la política, así como personal de alto rango del ejército y las fuerzas de seguridad, se oponen a que avance en sus investigaciones. "Nos encontramos ante una obstrucción total, con amenazas de muerte para tratar de detener la investigación", declaró el 31 de julio a la agencia France Press.
En una conferencia de prensa Carmelita Pires relató que un hombre le llamó por teléfono en horas de la madrugada para advertirle: "¡Basta ya! Ya está bien. Ha hablado demasiado. Tenga cuidado o su vida estará en peligro".
Unas horas después, en una segunda llamada telefónica, otro hombre la amenazó: "¿Piensa que estamos jugando? Cuidado con quemarse con fuego, porque está cavando su propia tumba. No diga que no está advertida".
La investigación sobre este caso coincidió con un intento de golpe de Estado encabezado por el jefe de la armada, el contralmirante Americo Bubo Na Tchute, quien ha sido "insistentemente citado por los medios de comunicación locales como supuesto implicado en el tráfico hacia Europa de cocaína procedente de Sudamérica", aseguró la agencia española EFE.
El militar, sin embargo, fue detenido en el vecino país de Gambia, después de que escapó del arresto al que estaba sometido, según informó el gobierno de Guinea Bissau en un comunicado fechado el pasado 13 de agosto.
Vladimir Monteiro, directivo de la Oficina de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea Bissau, señaló a la agencia Afrol News que ese país es vulnerable a los traficantes debido a que "las autoridades no tienen muchos recursos. Es un país que ofrece las condiciones geográficas que facilitan la presencia de estupefacientes, y un archipiélago de más o menos 50 islas abandonadas, que son las islas Bijagós".
Costa, el director ejecutivo de UNODC, explicó en su artículo publicado por The Washington Post que "los vuelos que transportan droga no tienen necesidad de volar por debajo de los radares, porque en la mayoría de los casos no hay radares o no hay electricidad". Además, señaló, los militares algunas veces ayudan a los traficantes a cerrar los aeropuertos y a bajar la carga de los aviones.
Y advirtió que existe "el grave riesgo de que Guinea Bissau y Guinea Conakry sean tomadas por los traficantes de drogas en complicidad con sectores corruptos que se encuentran dentro del gobierno o del ejército".
Ya desde el 18 de julio de 2007 el diario británico The Independent calificó a Guinea Bissau como un verdadero "narco-Estado".
En el caso de Sierra Leona -país devastado luego de una década de guerra civil (1991-2001)-, el aseguramiento de 700 kilos de cocaína y el arresto de 45 personas provocó una crisis en el gabinete del presidente del país, Ernest Komora.
En un comunicado del 5 de agosto, Komora anunció la suspensión temporal de las funciones del ministro de Transporte, Kemoh Sasey, "en espera de la conclusión de la investigación" sobre el cargamento de droga. Sostuvo que la decisión fue "necesaria para facilitar las investigaciones". Y afirmó que su gobierno "proporcionará (a las instancias judiciales y policiacas) un acceso sin trabas a cualquier persona y en cualquier parte".
El pasado 6 de agosto, la agencia France Press reveló la razón de ese cese: Mohamed Sasey, uno de los principales sospechosos en el tráfico de los 600 kilogramos de droga, es hermano del ministro de Transporte.
El portavoz de la policía, Ibrahim Samura, explicó a la agencia francesa que su gobierno ofreció una recompensa de 5 mil 140 euros (unos 80 mil pesos) por la captura de Gbassay Kamara, presunto jefe del grupo de narcotraficantes. Kamara fue directivo del equipo nacional de futbol de Sierra Leona y la policía lo busca por tráfico de cocaína.
El Ministerio de Defensa de Sierra Leona incluso decretó como "zona de no vuelos" los alrededores de las prisiones en las que se encuentran los indiciados e instaló armamento pesado ante la sospecha de un eventual intento por liberarlos, informó la misma agencia.
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Mariguana sobre rieles/Emilio Godoy
Publicado en Proceso (http://www.proceso.com.mx/) no. 1662, 7 de septiembre de 2008;
La Oficina estadunidense de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) descubrió en 42 ocasiones cargamentos de mariguana y cocaína ocultos en trenes de Union Pacific Railroad (UP) procedentes de México.
Por esta razón, CBP impuso multas por 37 millones 700 mil dólares a esa compañía beneficiaria de la privatización ferrocarrilera en México realizada en la década pasada y subsidiaria de Union Pacific Corporation, una de las empresas de transporte más grandes de Estados Unidos.
Sin embargo, UP se inconformó con las sanciones y el pasado 31 de julio presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Nebraska contra el Departamento de Seguridad Interior -al que pertenece CBP- y su titular, Michael Chertoff. Desde entonces, la dependencia gubernamental y UP sostienen un duro litigio.
La demanda -cuya copia tiene Proceso- está marcada con la clave 08CV336 y fue presentada por William Barr, abogado de UP; por William Lamson, Jr., de la firma Lamson Dugan and Murray, LLP, y por David Grace, del despacho Covington & Burling LLP.
De acuerdo con ese documento legal, CBP encontró mariguana en 37 inspecciones realizadas a trenes de UP en la aduana de Calexico, California, y en cuatro realizadas en la aduana de Nogales, Arizona. Además, descubrió cocaína en un tren que sus agentes revisaron en Brownsville, Texas.
En todos los casos, los trenes venían de México, donde fueron operados por la compañía Ferrocarril Mexicano (Ferromex). La demanda sostiene que CBP descubrió los cargamentos de droga cuando los trenes estaban aún bajo custodia de Ferromex y antes de que los entregara a UP, empresa que maneja el ferrocarril más extenso de Estados Unidos: su recorrido abarca 23 estados (60% del territorio de ese país).
Afirma que UP sólo tiene "control" sobre los trenes y sus vagones después de que la oficina aduanal los libera. Sin embargo, "CBP ha impuesto multas a la compañía por estas drogas", se indica en la querella, de 40 páginas de extensión.
El primer incidente data del 29 de noviembre de 2001, cuando agentes aduanales estadunidenses descubrieron casi 61 kilogramos de mariguana en un tren en Calexico. CBP aplicó a UP una multa por 1 millón 72 mil dólares.
En 2002, la agencia gubernamental no registró incautaciones, pero al año siguiente fueron 11. Los intentos de tráfico de drogas se intensificaron en 2004, cuando el organismo detectó 17 cargamentos. En 2005, la cifra volvió a caer: ocho incautaciones. El más reciente hallazgo se escenificó también en Calexico el 18 de octubre de 2006: se decomisó un kilo 44 gramos de mariguana.
El mayor decomiso ocurrió el 30 de julio de 2004 en Calexico, cuando CBP encontró 468 kilos de la yerba, por lo que UP pagó una multa de más de 8 millones de dólares.
En cada caso, CBP asegura que UP es la institución "a cargo de un vehículo destinado a Estados Unidos con narcóticos ilegales", además de que, en calidad de propietario de tal transporte, es "directa o indirectamente responsable" de la presencia de esos narcóticos.
La mano de Zedillo
Esta disputa legal en Estados Unidos refleja la pobre supervisión aduanal que México aplica en el sistema de ferrocarriles desde que éste pasó a manos privadas durante la administración de Ernesto Zedillo.
Desde el principio de su mandato, el entonces presidente Zedillo envió al Congreso mexicano una iniciativa para reformar el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional con el propósito de crear un marco de concesiones y permisos en el sistema ferroviario. El 2 de marzo de 1995 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto en el que se establece que los ferrocarriles dejaron de ser estratégicos y reservados para el Estado, para ser ahora sólo "prioritarios".
En virtud de ello, las compañías Ferromex, Kansas City Southern-México, Ferrosur, Ferrovalle y los ferrocarriles Chiapas-Mayab, del Istmo y Coahuila-Durango tomaron el control de los tramos ferroviarios del país.
Ferromex es fruto de la asociación de UP con Grupo México, empresa minera cuyo principal accionista es Germán Larrea Mota. La ferrocarrilera estadunidense posee 24% de las acciones y Grupo México 76%. En 1998, Ferromex obtuvo la concesión por 100 años de la ruta que conecta la Ciudad de México con todo el norte del país. Esta empresa cuenta con 15 mil vagones y opera la red ferroviaria más extensa de México: 8 mil 500 kilómetros. Además, transporta 40% de la carga ferrocarrilera de la nación.
UP intercambia trenes con Ferromex entre Calexico y Mexicali (Baja California); Nogales (Arizona) y Nogales (Sonora); El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua), y entre Eagle Pass (Texas) y Piedras Negras (Coahuila).
En 2001, pocos meses después de dejar la Presidencia de México, Zedillo se incorporó al comité de directores de Union Pacific Corporation.
En el texto de la demanda, UP niega que, como señala CBP, tenga control sobre la carga de los trenes procedentes de México. "En todo momento antes del descubrimiento (de las cargas de droga), tanto la compañía mexicana (Ferromex) como CBP tuvieron control exclusivo de los trenes", aduce.
Por su parte, el CBP argumenta que UP no tuvo el "más alto grado de cuidado y diligencia" para garantizar que no hubiera drogas ilegales en los trenes, por lo que -afirma- no cumplió con el parámetro requerido de realizar "inspecciones básicas de vagones en México".
"Al hacer a UP responsable bajo la Ley de Tarifas, CBP parece creer que esta empresa puede obligar a Ferromex a emprender acciones antidrogas, y también sugiere que la corporación trabaja en coordinación con Ferromex o un contratista para realizar inspecciones básicas de vagones en México", argumenta UP en dicho texto legal.
En su querella, UP sostiene que Ferromex se resiste a "cualquier control operativo" por parte de la empresa estadunidense. Asegura que carece de "control sobre las operaciones diarias" de la empresa que opera en México y que no tiene capacidad para obligarle a actuar y tomar medidas adicionales con el propósito de controlar el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.
La compañía estadunidense asegura que ha instado de manera repetida a Ferromex a que adopte medidas para impedir que haya drogas en sus trenes. "El presidente y el director ejecutivo de UP han tocado el tema con el Consejo de Directores de Ferromex, que es la instancia más alta a donde UP puede llevar el tema dentro de esa empresa", afirma el documento.
El consejo de Ferromex está integrado por Alfredo Casar Pérez, Alberto de la Parra Zavala, Genaro Larrea Mota, Jaime Serra Puche -secretario de Comercio durante el gobierno de Carlos Salinas-, Jaime Corredor Esnaola, Xavier García de Quevedo Topete, Agustín Santamarina Vázquez. Por UP figuran Robert Naro, Robert Knight Jr. y James R. Young, quien es presidente de la compañía estadunidense.
Ferromex no respondió a las solicitudes del reportero para hablar sobre este tema.
En su demanda, UP argumenta que existen riesgos de seguridad y que podría violar leyes mexicanas si procediera a inspeccionar los trenes en México. "UP es consciente de que empleados de los operadores de ferrocarriles mexicanos y sus familias han sido amenazados por los cárteles de la droga mexicanos", enfatiza el texto legal.
Por esta razón, CBP impuso multas por 37 millones 700 mil dólares a esa compañía beneficiaria de la privatización ferrocarrilera en México realizada en la década pasada y subsidiaria de Union Pacific Corporation, una de las empresas de transporte más grandes de Estados Unidos.
Sin embargo, UP se inconformó con las sanciones y el pasado 31 de julio presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Nebraska contra el Departamento de Seguridad Interior -al que pertenece CBP- y su titular, Michael Chertoff. Desde entonces, la dependencia gubernamental y UP sostienen un duro litigio.
La demanda -cuya copia tiene Proceso- está marcada con la clave 08CV336 y fue presentada por William Barr, abogado de UP; por William Lamson, Jr., de la firma Lamson Dugan and Murray, LLP, y por David Grace, del despacho Covington & Burling LLP.
De acuerdo con ese documento legal, CBP encontró mariguana en 37 inspecciones realizadas a trenes de UP en la aduana de Calexico, California, y en cuatro realizadas en la aduana de Nogales, Arizona. Además, descubrió cocaína en un tren que sus agentes revisaron en Brownsville, Texas.
En todos los casos, los trenes venían de México, donde fueron operados por la compañía Ferrocarril Mexicano (Ferromex). La demanda sostiene que CBP descubrió los cargamentos de droga cuando los trenes estaban aún bajo custodia de Ferromex y antes de que los entregara a UP, empresa que maneja el ferrocarril más extenso de Estados Unidos: su recorrido abarca 23 estados (60% del territorio de ese país).
Afirma que UP sólo tiene "control" sobre los trenes y sus vagones después de que la oficina aduanal los libera. Sin embargo, "CBP ha impuesto multas a la compañía por estas drogas", se indica en la querella, de 40 páginas de extensión.
El primer incidente data del 29 de noviembre de 2001, cuando agentes aduanales estadunidenses descubrieron casi 61 kilogramos de mariguana en un tren en Calexico. CBP aplicó a UP una multa por 1 millón 72 mil dólares.
En 2002, la agencia gubernamental no registró incautaciones, pero al año siguiente fueron 11. Los intentos de tráfico de drogas se intensificaron en 2004, cuando el organismo detectó 17 cargamentos. En 2005, la cifra volvió a caer: ocho incautaciones. El más reciente hallazgo se escenificó también en Calexico el 18 de octubre de 2006: se decomisó un kilo 44 gramos de mariguana.
El mayor decomiso ocurrió el 30 de julio de 2004 en Calexico, cuando CBP encontró 468 kilos de la yerba, por lo que UP pagó una multa de más de 8 millones de dólares.
En cada caso, CBP asegura que UP es la institución "a cargo de un vehículo destinado a Estados Unidos con narcóticos ilegales", además de que, en calidad de propietario de tal transporte, es "directa o indirectamente responsable" de la presencia de esos narcóticos.
La mano de Zedillo
Esta disputa legal en Estados Unidos refleja la pobre supervisión aduanal que México aplica en el sistema de ferrocarriles desde que éste pasó a manos privadas durante la administración de Ernesto Zedillo.
Desde el principio de su mandato, el entonces presidente Zedillo envió al Congreso mexicano una iniciativa para reformar el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional con el propósito de crear un marco de concesiones y permisos en el sistema ferroviario. El 2 de marzo de 1995 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto en el que se establece que los ferrocarriles dejaron de ser estratégicos y reservados para el Estado, para ser ahora sólo "prioritarios".
En virtud de ello, las compañías Ferromex, Kansas City Southern-México, Ferrosur, Ferrovalle y los ferrocarriles Chiapas-Mayab, del Istmo y Coahuila-Durango tomaron el control de los tramos ferroviarios del país.
Ferromex es fruto de la asociación de UP con Grupo México, empresa minera cuyo principal accionista es Germán Larrea Mota. La ferrocarrilera estadunidense posee 24% de las acciones y Grupo México 76%. En 1998, Ferromex obtuvo la concesión por 100 años de la ruta que conecta la Ciudad de México con todo el norte del país. Esta empresa cuenta con 15 mil vagones y opera la red ferroviaria más extensa de México: 8 mil 500 kilómetros. Además, transporta 40% de la carga ferrocarrilera de la nación.
UP intercambia trenes con Ferromex entre Calexico y Mexicali (Baja California); Nogales (Arizona) y Nogales (Sonora); El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua), y entre Eagle Pass (Texas) y Piedras Negras (Coahuila).
En 2001, pocos meses después de dejar la Presidencia de México, Zedillo se incorporó al comité de directores de Union Pacific Corporation.
En el texto de la demanda, UP niega que, como señala CBP, tenga control sobre la carga de los trenes procedentes de México. "En todo momento antes del descubrimiento (de las cargas de droga), tanto la compañía mexicana (Ferromex) como CBP tuvieron control exclusivo de los trenes", aduce.
Por su parte, el CBP argumenta que UP no tuvo el "más alto grado de cuidado y diligencia" para garantizar que no hubiera drogas ilegales en los trenes, por lo que -afirma- no cumplió con el parámetro requerido de realizar "inspecciones básicas de vagones en México".
"Al hacer a UP responsable bajo la Ley de Tarifas, CBP parece creer que esta empresa puede obligar a Ferromex a emprender acciones antidrogas, y también sugiere que la corporación trabaja en coordinación con Ferromex o un contratista para realizar inspecciones básicas de vagones en México", argumenta UP en dicho texto legal.
En su querella, UP sostiene que Ferromex se resiste a "cualquier control operativo" por parte de la empresa estadunidense. Asegura que carece de "control sobre las operaciones diarias" de la empresa que opera en México y que no tiene capacidad para obligarle a actuar y tomar medidas adicionales con el propósito de controlar el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.
La compañía estadunidense asegura que ha instado de manera repetida a Ferromex a que adopte medidas para impedir que haya drogas en sus trenes. "El presidente y el director ejecutivo de UP han tocado el tema con el Consejo de Directores de Ferromex, que es la instancia más alta a donde UP puede llevar el tema dentro de esa empresa", afirma el documento.
El consejo de Ferromex está integrado por Alfredo Casar Pérez, Alberto de la Parra Zavala, Genaro Larrea Mota, Jaime Serra Puche -secretario de Comercio durante el gobierno de Carlos Salinas-, Jaime Corredor Esnaola, Xavier García de Quevedo Topete, Agustín Santamarina Vázquez. Por UP figuran Robert Naro, Robert Knight Jr. y James R. Young, quien es presidente de la compañía estadunidense.
Ferromex no respondió a las solicitudes del reportero para hablar sobre este tema.
En su demanda, UP argumenta que existen riesgos de seguridad y que podría violar leyes mexicanas si procediera a inspeccionar los trenes en México. "UP es consciente de que empleados de los operadores de ferrocarriles mexicanos y sus familias han sido amenazados por los cárteles de la droga mexicanos", enfatiza el texto legal.
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De Colombia a Yucatán
Edgar Téllez,
BOGOTÁ.- Desde Colombia, Aníbal preguntó:
-¿Y fué fue lo que pasó ahí hombre?
-Un accidentito -respondió Ricardo, quien se encontraba en México.
-¿Se... se... se despaturró esa vaina? -volvió a preguntar Aníbal, alarmado.
-Sí -contestó Ricardo-, ahora somos un poco más pobres.
Hablaron por teléfono durante 2 minutos con 17 segundos el 25 de septiembre de 2007 por la mañana. Su conversación se refiere al accidente que un día antes había sufrido el avión Grumman Gulfstream con matrícula estadunidense N987SA, que transportaba 3 toneladas y 200 kilos de cocaína y que se estrelló en una zona agreste del municipio de Tixkobob, en el estado de Yucatán, México.
La trascripción de esa conversación se encuentra en un informe presentado el pasado 29 de julio por Rafael Quiroga Cetina, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia.
El informe, de 11 páginas, establece que los responsables del envío de ese cargamento de cocaína a México pertenecen a una organización colombiana que opera en la región de Urabá, en la frontera con Panamá, cuyo líder es Daniel Rendón, alias Don Mario, dirigente de los paramilitares en esa región.
"Miembros de esta organización lograron sacar un embarque de aproximadamente 3.7 toneladas de cocaína el 23 de septiembre de 2007, enviada a México en un avión que fue interceptado por fuerzas militares en Yucatán (México)", dice el informe del investigador Quiroga.
Y anota que un hombre identificado con el alias de Miguel Ángel o Kiko "tiene contactos en Panamá y Honduras y, de acuerdo con sus movimientos, se infiere que es la persona que coordina los embarques que tienen como destino a México", incluido "el realizado en el avión interceptado en Yucatán".
Cuando el avión se estrelló, soldados de la X Región Militar y agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al lugar y encontraron 132 bultos de cocaína cubiertos con bolsas de plástico negras. También encontraron documentos que probaban que el avión había salido del aeropuerto José María Córdoba, situado a 45 kilómetros de Medellín, Colombia. Tres días después, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que dos miembros de la tripulación -Dante Pat Caamal y Leonel Ayala López- fueron detenidos en el rancho Santa Rosa, cerca del lugar del accidente.
El informe del investigador Quiroga forma parte de un expediente más amplio radicado en la oficina de Elsa Moyano Galvis, fiscal especializada número 22 de la Unidad de Interdicción Marítima y Terrestre (Unaim), perteneciente a la Fiscalía General de Colombia.
Dicho expediente -clasificado con el número 74.634, y al que este semanario tuvo acceso- da cuenta de la investigación que, con apoyo de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, realizaron las autoridades colombianas para desmantelar una vasta red de narcotraficantes que enviaban droga a Europa y Estados Unidos a través de Panamá, Honduras y México.
Además, dicha investigación puso al descubierto la corrupción en áreas judiciales y policiacas de Colombia, lo que provocó la renuncia de dos importantes funcionarios de la Fiscalía General y de un general de la policía. Además, tiene en vilo la permanencia en el gobierno del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.
La red de "Don Mario"
La investigación a cargo de la fiscal Moyano inició en junio de 2006. Al principio se enfocó en las actividades de una organización que traficaba narcóticos del puerto de Turbo, en la región colombiana de Urabá, al puerto de Hamburgo, en Alemania.
El 26 de abril de ese año la policía de este último país detuvo a siete personas -cuatro colombianos, dos españoles y un alemán- y les incautó diversos documentos, que envió a las autoridades colombianas. Entre esos papeles iba la agenda de uno de los detenidos, con nombres cifrados y números telefónicos.
Los investigadores de la fiscalía colombiana monitorearon las llamadas a esos números y en agosto de 2006 descubrieron la identidad de Camilo Torres, alias Fritanga, quien -según el expediente- era uno de los operadores más importantes del líder de la red: Daniel Rendón, alias Don Mario.
Éste encabeza un pequeño ejército de 3 mil hombres y controla las operaciones del tráfico de drogas desde esa región hacia Centroamérica, Europa y Estados Unidos. En junio pasado envió un mensaje al gobierno de Álvaro Uribe, en el que ofreció entregarse a cambio de que no lo extraditaran a Estados Unidos, pero la Casa de Nariño rechazó la propuesta.
A partir de la identificación de Fritanga, los investigadores de la fiscalía colombiana vigilaron sus movimientos y monitorearon sus llamadas. Lograron ubicar a John Mario Manco Torres, alias El Indio, quien resultó ser el número dos en la red de Don Mario. La fiscalía empezó a armar un complejo organigrama en el aparecieron más de 50 personas relacionadas con Don Mario en Colombia, Panamá y México, entre otros países.
Debido a que los narcotraficantes cambiaban de teléfono celular cada tercer día, la fiscal Moyano expidió órdenes de intercepción de llamadas para más de mil 200 líneas en seis meses.
Durante el monitoreo de éstas, los investigadores grabaron la llamada que Aníbal, desde Colombia, hizo a Ricardo, en México, la cual revela que esa organización envió las 3 toneladas con 200 kilos de cocaína que transportaba el avión accidentado en Yucatán.
Información privilegiada
El expediente del caso revela que miembros de la red de Don Mario sobornaron a tripulantes de guardacostas estadunidenses para obtener sus cartas de navegación. Además, poseían "información secreta" sobre embarcaciones europeas.
Describe: "Miguel Ángel, Camilo y El Indio, junto con otros miembros de la organización, utilizan un lenguaje cifrado, retrasmiten mensajes de texto con las cantidades (de droga y dinero) y los alias de los dueños del embarque, obtienen información privilegiada y secreta que revela el posicionamiento de buques británicos, holandeses y franceses con estupefacientes hacia Europa. De esta manera obtienen el posicionamiento de los helicópteros y submarinos de Estados Unidos. Esa información la trasmitían a través de correos electrónicos".
En uno de los apartados del expediente se dice que el pasado 22 de mayo la policía de Panamá incautó una carga de 998 kilos de cocaína, perteneciente a la organización, y que le fue devuelta.
"Miguel Ángel fue quien influyó en la devolución de la droga incautada por la policía local de Panamá en el sitio conocido como Veraguas, coordenadas que gracias al control técnico fueron interceptadas, interpretadas y obtenidas por comunicaciones suscritas entre alias Camilo, alias Messi y alias Monstruo; los dos últimos están en Panamá y tienen la misión de recibir los embarques que desde Colombia envía alias Camilo", señala el reporte.
Las intercepciones a los miembros de la red de Don Mario revelaron además que su organización infiltró a la administración de justicia de la ciudad de Medellín, y eso provocó un escándalo en Colombia. Propició la destitución del director de la fiscalía en el departamento de Antoquia, Guillermo Valencia Cossío, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.
El descubrimiento también provocó la renuncia del comandante de la policía de Medellín, Antonio Pedreros; de las fiscales Perla Dávila y Leslie Burgos, y del director de los Juegos Suramericanos Medellín 2010, Gustavo Villegas.
En varias de las llamadas interceptadas entre los dirigentes de esta organización y el entonces fiscal Valencia se hacen alusiones a la toma de posesión Fabio Valencia como ministro del Interior y Justicia, a quien los partidos de oposición en el Congreso conminaron a renunciar.
-¿Y fué fue lo que pasó ahí hombre?
-Un accidentito -respondió Ricardo, quien se encontraba en México.
-¿Se... se... se despaturró esa vaina? -volvió a preguntar Aníbal, alarmado.
-Sí -contestó Ricardo-, ahora somos un poco más pobres.
Hablaron por teléfono durante 2 minutos con 17 segundos el 25 de septiembre de 2007 por la mañana. Su conversación se refiere al accidente que un día antes había sufrido el avión Grumman Gulfstream con matrícula estadunidense N987SA, que transportaba 3 toneladas y 200 kilos de cocaína y que se estrelló en una zona agreste del municipio de Tixkobob, en el estado de Yucatán, México.
La trascripción de esa conversación se encuentra en un informe presentado el pasado 29 de julio por Rafael Quiroga Cetina, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia.
El informe, de 11 páginas, establece que los responsables del envío de ese cargamento de cocaína a México pertenecen a una organización colombiana que opera en la región de Urabá, en la frontera con Panamá, cuyo líder es Daniel Rendón, alias Don Mario, dirigente de los paramilitares en esa región.
"Miembros de esta organización lograron sacar un embarque de aproximadamente 3.7 toneladas de cocaína el 23 de septiembre de 2007, enviada a México en un avión que fue interceptado por fuerzas militares en Yucatán (México)", dice el informe del investigador Quiroga.
Y anota que un hombre identificado con el alias de Miguel Ángel o Kiko "tiene contactos en Panamá y Honduras y, de acuerdo con sus movimientos, se infiere que es la persona que coordina los embarques que tienen como destino a México", incluido "el realizado en el avión interceptado en Yucatán".
Cuando el avión se estrelló, soldados de la X Región Militar y agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al lugar y encontraron 132 bultos de cocaína cubiertos con bolsas de plástico negras. También encontraron documentos que probaban que el avión había salido del aeropuerto José María Córdoba, situado a 45 kilómetros de Medellín, Colombia. Tres días después, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que dos miembros de la tripulación -Dante Pat Caamal y Leonel Ayala López- fueron detenidos en el rancho Santa Rosa, cerca del lugar del accidente.
El informe del investigador Quiroga forma parte de un expediente más amplio radicado en la oficina de Elsa Moyano Galvis, fiscal especializada número 22 de la Unidad de Interdicción Marítima y Terrestre (Unaim), perteneciente a la Fiscalía General de Colombia.
Dicho expediente -clasificado con el número 74.634, y al que este semanario tuvo acceso- da cuenta de la investigación que, con apoyo de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, realizaron las autoridades colombianas para desmantelar una vasta red de narcotraficantes que enviaban droga a Europa y Estados Unidos a través de Panamá, Honduras y México.
Además, dicha investigación puso al descubierto la corrupción en áreas judiciales y policiacas de Colombia, lo que provocó la renuncia de dos importantes funcionarios de la Fiscalía General y de un general de la policía. Además, tiene en vilo la permanencia en el gobierno del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.
La red de "Don Mario"
La investigación a cargo de la fiscal Moyano inició en junio de 2006. Al principio se enfocó en las actividades de una organización que traficaba narcóticos del puerto de Turbo, en la región colombiana de Urabá, al puerto de Hamburgo, en Alemania.
El 26 de abril de ese año la policía de este último país detuvo a siete personas -cuatro colombianos, dos españoles y un alemán- y les incautó diversos documentos, que envió a las autoridades colombianas. Entre esos papeles iba la agenda de uno de los detenidos, con nombres cifrados y números telefónicos.
Los investigadores de la fiscalía colombiana monitorearon las llamadas a esos números y en agosto de 2006 descubrieron la identidad de Camilo Torres, alias Fritanga, quien -según el expediente- era uno de los operadores más importantes del líder de la red: Daniel Rendón, alias Don Mario.
Éste encabeza un pequeño ejército de 3 mil hombres y controla las operaciones del tráfico de drogas desde esa región hacia Centroamérica, Europa y Estados Unidos. En junio pasado envió un mensaje al gobierno de Álvaro Uribe, en el que ofreció entregarse a cambio de que no lo extraditaran a Estados Unidos, pero la Casa de Nariño rechazó la propuesta.
A partir de la identificación de Fritanga, los investigadores de la fiscalía colombiana vigilaron sus movimientos y monitorearon sus llamadas. Lograron ubicar a John Mario Manco Torres, alias El Indio, quien resultó ser el número dos en la red de Don Mario. La fiscalía empezó a armar un complejo organigrama en el aparecieron más de 50 personas relacionadas con Don Mario en Colombia, Panamá y México, entre otros países.
Debido a que los narcotraficantes cambiaban de teléfono celular cada tercer día, la fiscal Moyano expidió órdenes de intercepción de llamadas para más de mil 200 líneas en seis meses.
Durante el monitoreo de éstas, los investigadores grabaron la llamada que Aníbal, desde Colombia, hizo a Ricardo, en México, la cual revela que esa organización envió las 3 toneladas con 200 kilos de cocaína que transportaba el avión accidentado en Yucatán.
Información privilegiada
El expediente del caso revela que miembros de la red de Don Mario sobornaron a tripulantes de guardacostas estadunidenses para obtener sus cartas de navegación. Además, poseían "información secreta" sobre embarcaciones europeas.
Describe: "Miguel Ángel, Camilo y El Indio, junto con otros miembros de la organización, utilizan un lenguaje cifrado, retrasmiten mensajes de texto con las cantidades (de droga y dinero) y los alias de los dueños del embarque, obtienen información privilegiada y secreta que revela el posicionamiento de buques británicos, holandeses y franceses con estupefacientes hacia Europa. De esta manera obtienen el posicionamiento de los helicópteros y submarinos de Estados Unidos. Esa información la trasmitían a través de correos electrónicos".
En uno de los apartados del expediente se dice que el pasado 22 de mayo la policía de Panamá incautó una carga de 998 kilos de cocaína, perteneciente a la organización, y que le fue devuelta.
"Miguel Ángel fue quien influyó en la devolución de la droga incautada por la policía local de Panamá en el sitio conocido como Veraguas, coordenadas que gracias al control técnico fueron interceptadas, interpretadas y obtenidas por comunicaciones suscritas entre alias Camilo, alias Messi y alias Monstruo; los dos últimos están en Panamá y tienen la misión de recibir los embarques que desde Colombia envía alias Camilo", señala el reporte.
Las intercepciones a los miembros de la red de Don Mario revelaron además que su organización infiltró a la administración de justicia de la ciudad de Medellín, y eso provocó un escándalo en Colombia. Propició la destitución del director de la fiscalía en el departamento de Antoquia, Guillermo Valencia Cossío, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.
El descubrimiento también provocó la renuncia del comandante de la policía de Medellín, Antonio Pedreros; de las fiscales Perla Dávila y Leslie Burgos, y del director de los Juegos Suramericanos Medellín 2010, Gustavo Villegas.
En varias de las llamadas interceptadas entre los dirigentes de esta organización y el entonces fiscal Valencia se hacen alusiones a la toma de posesión Fabio Valencia como ministro del Interior y Justicia, a quien los partidos de oposición en el Congreso conminaron a renunciar.
Sobre Don Mario, ver en mi bitácora:
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