Revista Proceso No. 1867, 12 de agosto de 2012:
“Ofensa”. Esa es la palabra que les viene a la mente a los familiares y representantes de las víctimas de la violencia que este sexenio vieron cómo el gobierno levantaba un memorial para honrar la memoria de sus muertos. También piensan en otra palabra: simulación.
Los monumentos construidos con fondos del erario –ya sea en Creel, en recuerdo de los 12 jóvenes y el bebé rafagueados en 2008; en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, por los 15 estudiantes asesinados durante una fiesta de barrio, o en el Campo Algodonero, por las jovencitas víctimas del feminicidio en Juárez, todos en Chihuahua– tienen ingredientes comunes: quedaron incompletos, se regatearon costos, los elementos simbólicos que pedían los deudos fueron excluidos, omiten la explicación sobre lo ocurrido, padecen deterioro y no cumplen con su objetivo de reparación.
Así ha respondido el calderonismo a las víctimas. Así parece que será el Memorial para las Víctimas de la Violencia, próximo a construirse, que ya tiene enfrentado a Felipe Calderón con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y organizaciones de derechos humanos. Javier Sicilia, líder del movimiento, ha señalado que la obra será una “escultura a la guerra”.
Basta con hacer un recorrido por los memoriales para percibir la insatisfacción de las víctimas con las medidas simbólicas reparatorias emprendidas por el Estado durante el actual sexenio.
La primera parada es en una placita de Ciudad Juárez, a un costado de un hotel de lujo, sobre una importante avenida. Ese pasaje encementado con nichos en las paredes es el monumento a las víctimas de la violencia de género en la ciudad, y fue construido por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En el memorial sólo ves una barda ante tres arbolitos plantados. Mucha gente cree que es un parque perteneciente al hotel porque no hay ninguna seña que diga que ese es un monumento por la memoria. Las familias pidieron que se construyera un museo de sitio con documentos sobre la historia del feminicidio y fotos que rememoraran la lucha que han dado las madres por la justicia. No hay nada.”
Así lo expone Ivonne Mendoza, representante de dos de las tres familias que demandaron al Estado por negligencia en las investigaciones de los asesinatos de mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero.
Desde diciembre de 2009, cuando la Corte dictó la sentencia y hasta el último trienio de 2011, las familias de ellas y otras víctimas se reunieron con funcionarios de gobierno para diseñar el monumento. Para las madres era esencial que se incluyera el nombre de sus hijas, sus historias, el contexto de la ciudad y la explicación de por qué fueron asesinadas, a fin de limpiar su imagen manchada por la estigmatización de los gobiernos hacia las asesinadas. En el último tramo de las negociaciones se dieron cuenta de que habían sido traicionadas.
“El gobierno rompió el acuerdo más significativo que tenía con las familias. No quiso cumplir el espíritu de la sentencia de la Corte de que la obra fuera dedicada a las cientos de víctimas por razones de género en la ciudad y sólo quería incluir los nombres de Esmeralda (Herrera Monreal), Claudia Ivette (González) y Laura Berenice (Ramos Monárrez). Las madres dijeron que si el monumento no era también para las hijas de sus compañeras en desgracia no recibirían el memorial”, dice la abogada, integrante del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer.
Agrega que la inauguración fue un “absurdo acto de simulación” al que sólo acudieron funcionarios federales y estatales para entregarse a la obra a ellos mismos. Las únicas familias presentes eran de otras muchachas desaparecidas que protestaban exigiendo justicia.
“Entregaron un memorial no terminado; no sólo no traía los nombres, le faltaban detalles de la obra física. Por falta de dinero cancelaron la escultura que eligieron las señoras para que representara el problema social que ha sufrido la ciudad. Siempre hubo una actitud de regateo y de simulación hacia el cumplimiento de la sentencia. El gobierno de Calderón sólo exhibe su falta de respeto a los derechos de las víctimas”, dice.
Ahora que existen señales de que la historia del monumento juarense se repetirá a gran escala en el Memorial de las Víctimas de la Violencia al que el gobierno federal destinará 22 millones de pesos, apunta Mendoza. Y añade: “Un memorial es importante si se hace tomando en cuenta a las víctimas y si tiene carácter de reparador, si no es un cúmulo de ladrillos y cementos. Pero el mejor memorial que pueden hacer es aclarar los homicidios”.
Impunidad
La segunda parada es en la colonia Villas de Salvárcar. En este lugar, junto a un extenso deportivo, se alcanza a ver un árbol con las puntas secas, una fuente sin agua, rodeada de unas bardas con placas conmemorativas por cada uno de los estudiantes asesinados en enero de 2010.
Este monumento tuvo que ser remodelado, ya que en su primera versión se hizo con placas de plástico corriente, una por cada muchacho asesinado, pegadas a un escalón de cemento sin pulir, que fueron arrancadas por transeúntes o por las mismas familias disgustadas.
Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes fallecidos, quien reclamó airadamente a Calderón por haber dicho que los muchachos eran pandilleros asesinados en una riña, dice a Proceso:
“Al memorial lo dejaron a medias, lo hicieron rápido porque venía el presidente. El piso iba a ser de mosaiquitos, letras, alumbrado y canastitas para de perdida ponerles flores. No me gustó pero quedó mejor que el otro con las plaquitas sobrepuestas, en el piso, sobre las que se orinaban los perros.”
No considera que esa pequeña plaza ubicada a la entrada del deportivo construido también por órdenes del presidente sea compensatoria de nada. En las noches ni se asoman porque carece de iluminación. Dice que el gobierno tiene pendiente remozar una escuela.
“No entiendo por qué cuando Calderón vino a inaugurarla lo hizo a escondidas. Estaba el alambrado rodeado de plásticos negros para que nadie se le acercara y lo viera. Estaba rodeado de guaruras. Ni siquiera a los periodistas los dejaron entrar. ¿A qué le tenía miedo el señor?”, pregunta esta obrera al ser entrevistada en su casa.
La tercera parada es en Creel, pueblo turístico de la Sierra Tarahumara, donde el 16 de agosto de 2008 se cometió la primera masacre del sexenio. En la explanada de la bodega ejidal donde quedaron tendidos los 13 cuerpos jóvenes –y donde la gente colocó espontáneamente cruces con flores– se convirtió en la Plaza por la Paz, que rememora a cada una de las víctimas.
“Los focos están fundidos, están rotos, no terminaron de poner la instalación del agua para la fuente, no hicieron un mural que está proyectado donde fue la masacre. Nosotros el año pasado hicimos lo que el gobierno iba a hacer y construimos en medio una columna y mandamos a hacer una placa por nuestra cuenta, con una frase que escribieron las familias, porque si la mandaba a hacer el gobierno seguramente iba a autoelogiarse y a ponerse como protagonista”, explica el jesuita Javier Ávila.
Este sacerdote preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), y desde que ocurrió la matanza ha acompañado a los deudos. Al principio, dice el religioso, el memorial iba a ser construido por los deudos de las víctimas, con su dinero, pero obtuvieron ayuda a medias del gobierno estatal. El federal siempre se desentendió.
“Para Calderón nunca existió la masacre de Creel, no hizo ninguna mención, no mandó condolencias y ni siquiera acuse de recibo de la carta que le enviamos para invitarlo al aniversario”, lamenta el responsable de pastoral social de la Diócesis de La Tarahumara.
Traición presidencial
El lunes 30 de julio, el Colegio de Arquitectos de México dio a conocer que el arquitecto Ricardo López Martín ganó la convocatoria para crear el Monumento Nacional a las Víctimas, al que el gobierno destinará 22 millones y lo construirá junto al Campo Militar número 1. La edificación de 15 muros de acero alrededor de una laguna plantea –según el jurado– “una secuencia de muros simbólicos con el que se obtiene con claridad el sentido de remembranza y renovación emocional, solicitados como temas sustantivos del concurso”.
De inmediato, Sicilia señaló que sería una estatua de exaltación de la guerra y no un memorial porque no contendrá los nombres de las víctimas de la narcoguerra desatada este sexenio. Señaló que las víctimas, quienes han sufrido los estragos de la política de seguridad, no participaron en la selección del proyecto y objetó que sea colocado en el Campo Militar y no en el bosque de Chapultepec, como se había acordado.
El también articulista de Proceso consideró este acto como la tercera traición presidencial a los Acuerdos del Castillo de Chapultepec, de abril del año pasado, donde las víctimas del movimiento pidieron una procuraduría de atención a víctimas (la cual fue creada pero sin consenso y sin presupuesto), una ley de atención a víctimas (actualmente en controversia constitucional promovida por el Ejecutivo) y un memorial por los miles de muertos (que no llevará nombres).
En defensa del gobierno salieron las organizaciones México SOS, Alto al Secuestro y Fundación Camino a Casa. La señora Isabel Miranda de Wallace, que fue candidata por el PAN a la jefatura del DF, defendió el proyecto ganador porque contó con la aprobación de esa facción de organizaciones de víctimas del secuestro y trata de personas que se caracteriza por avalar las políticas calderonistas.
Para Tania Ramírez, integrante de la asociación HIJOS (de descendientes de desaparecidos durante los años setenta), la elección del lugar es “una afrenta” a las víctimas del pasado y actuales que fueron asesinadas o desaparecidas a manos del Ejército.
La también directora de la carrera de derechos humanos y gestión de paz impartida por la Universidad del Claustro de Sor Juana explica que los memoriales sirven para mantener vivas “las historias, las conciencias y las demandas”, y deben ser lugares donde se recuerda a las víctimas, se recupera la memoria histórica y se explica qué pasó y por qué, para que no se vuelva a repetir
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