Pedirán senadores a estados que regulen uso de la fuerza pública.

Pedirán senadores a estados que regulen uso de la fuerza pública.
¡Hace falta una Ley de Uso de la fuerza!
La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la república aprobó un dictamen para pedir a los congresos de los estados, que aún no cuentan con una ley encargada de regular el uso de la fuerza policial, que legislen al respecto y establezcan un ordenamiento ajustado a los estándares internacionales.
Asimismo, a las legislaturas que ya cuentan con una ley en esa materia, les solicitó revisar sus contenidos, a fin de verificar si las mismas se encuentran ajustadas a los estándares internacionales, y en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes.
 En el documento aprobado se hace notar la necesidad de avanzar en la construcción de una legislación especializada en el uso de la fuerza, “en estricto apego al artículo 21 constitucional que establece que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
 Además, se subraya que ese ordenamiento se debe basar en tratados internacionales y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de tal suerte que las regulaciones sobre el uso de la fuerza protejan esas garantías.
En este sentido, los legisladores integrantes de dicha Comisión, que preside el senador priista Omar Fayad Meneses, insistieron en la necesidad de que las autoridades encargadas de la seguridad prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos que se deriven de los operativos en los que se justifique el uso de la fuerza.
 Del mismo modo --destacaron-- dicha reforma obliga a que en la legislación especializada en el uso de la fuerza pública se redacten los debidos procedimientos de actuación policial en los centros penitenciarios del país, tanto los federales como los que están a cargo de las entidades federativas.
 Enfatizaron que el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales “debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos y utilizar ésta sólo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho”.