Un gobierno de pesadilla/

Semanario Proceso # 2023, 8 de agosto de 2015...

 Un gobierno de pesadilla/NOÉ ZAVALETA

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se ha ganado a pulso la animadversión de activistas sociales, del gremio periodístico –uno de los más agraviados en su desastrosa gestión– y de los legisladores de oposición. Estos últimos son implacables en sus juicios contra el priista, cuyas actuaciones y declaraciones no guardan la más mínima correspondencia con la estatura política y académica de quien presume un doctorado en el extranjero. Duarte tiene sumido a Veracruz en la inseguridad y con una deuda superior a los 40 mil millones de pesos. Y aún le quedan 16 meses de gestión…

 XALAPA, VER.- “El estado se le  fue de las manos… pero ya tiene rato”. Así resumen los legisladores consultados por Proceso la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien todavía le quedan 16 meses de gestión.

 Y enumeran los problemas acumulados desde que llegó al poder, en diciembre de 2010: crisis económica, deudas impagables, pasivos con sus programas de pensiones y del DIF estatal, reclamos de contratistas y proveedores, venta de terrenos para pagar sus adeudos a los contratistas –medida que incluso ya fue autorizada por el Congreso local–…

 Lo más grave, sin embargo, es la espiral de violencia que envuelve a Veracruz, donde los secuestros y cadáveres tirados en los municipios del norte y el sur son constantes, a la par de los asesinatos de comunicadores y activistas sociales.

 Dos de ellos, los más recientes, son los del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso, y la activista Nadia Vera, del Movimiento #YoSoy132, quienes, aun cuando no eran veracruzanos, ejercían su profesión en la entidad. Sus cuerpos fueron hallados el 31 de julio pasado en una casa de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, junto con los de otras tres mujeres.

 El asesinato conmocionó al país y la noticia se esparció por todo el mundo a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

 Ferviente usuario de las redes sociales, según lo admitió, Duarte ha tenido que soportar cuatro hashtags durante su administración que han trascendido las fronteras:

 #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas, puesto en circulación tras el asesinato de la corresponsal de este semanario Regina Martínez Pérez; #HastaQueRenuncieDuarte, provocado por la muerte de Gregorio Goyo Jiménez; #MeDuelesVeracruz, por los feminicidios y el aumento de secuestros, y ahora #JusticiaParaRuben, por el asesinato de  Espinosa Becerril, quien salió de Veracruz en junio último debido a las amenazas que recibió.

 Uno de los entrevistados, el senador panista Fernando Yunes Márquez, sostiene: “Vamos de mal en peor… Desde hace dos años venimos diciendo, mes con mes, que es la peor crisis en la administración de Javier Duarte. ¡Ojalá este fuera el peor y ahí quedara! Pero puedo apostar que dentro de dos meses algo pasará, que volveremos a indignarnos como sociedad civil”.

 Yunes Márquez, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado, sostiene que la ola de violencia e inseguridad es producto de la “incompetencia” de quienes dirigen la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

 “Es una responsabilidad compartida”, dice, pues desde el principio Duarte ha mantenido al frente de la SSP a Arturo Bermúdez Zurita, pese a múltiples señalamientos en su contra.

 El Colectivo por la Paz Xalapa y familiares de Coatzacoalcos afectados por la violencia lo critican porque, dicen, es permisivo con las “desapariciones forzadas” de jóvenes y de policías municipales en Úrsulo Galván. Parientes  de los uniformados enviaron incluso una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabilizaban de esas acciones a la SSP.

 Hubo un caso que indignó al mundo del espectáculo: el levantón y posterior homicidio del cantante Gibrán Martiz Díaz, quien había participado en el programa de TV Azteca “La Voz México”. El cadáver del joven fue localizado a mediados de enero de 2014.

 Meses después, su padre, Efraín Martiz, llevó el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que incluso emitió una recomendación al gobierno de Duarte (la 14/2015) en la que pedía una indemnización para la familia del cantante, así como ayuda psicológica y la recaptura de los policías implicados en el secuestro y asesinato de Martiz Díaz, quienes habían sido liberados en diciembre de 2014.

 Cadáveres de norte a sur

 En el sexenio de Fidel Herrera (2004-2010), Arturo Bermúdez Zurita fue director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4). Ya como titular de la SSP, en agosto de 2014 fue vapuleado en las redes sociales de Veracruz cuando declaró que la ciudadanía debería colaborar para “reducir los índices de inseguridad”. Recomendaba que se compraran un perro, un candado o una alarma para protegerse. El funcionario reaccionó iracundo y envió un boletín en el que afirmaba que ya no daría entrevistas.

 La violencia se recrudeció del 25 de julio al sábado 1 de este año, periodo en el que se contabilizaron más de 30 ejecuciones de norte a sur: cinco atrás de la zona industrial Tamsa, cuatro en el municipio de Emiliano Zapata –conurbado con la capital del Estado–, tres balaceados en un taxi en Yanga, siete en la carretera estatal Isla-Playa Vicente (en dos eventos), dos en Puente Nacional, dos más en Xalapa y siete en diversos municipios.

 En Veracruz, la propia Procuraduría General de la República (PGR) admite la presencia de células de Los Zetas en el norte y sur de la entidad, así como del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y del Cártel del Golfo en las zonas limítrofes con Tamaulipas.

 Ello ha obligado al gobierno de Duarte a depurar los cuerpos policiacos. En sus últimas entrevistas, Bermúdez aseguró que la mitad de la corporación – 4 mil elementos– fueron removidos. Sin embargo, en la solicitud de información número 00299515, obtenida en la plataforma Infomex-Veracruz, la SSP cataloga como “confidenciales” y “restringidas” las causales por las que se daba de baja a los elementos.

 En una entrevista Bermúdez dijo que los oficiales y comandantes dejaban de pertenecer a la corporación por “gorditos”, “diabéticos” y “por tener tatuajes”; la excusa fue que los exámenes de evaluación, control y confianza eran muy “rigurosos”.

 No obstante, en la solicitud 00160415 presentada por el reportero, la SSP no contestó cuántos elementos de la dependencia fueron puestos a disposición de la Semar, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o Sedena por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o por delitos contra la salud.

 La purga alcanzó incluso a la FGE, donde hubo 370 bajas, entre policías ministeriales, comandantes de la Agencia Veracruzana de Investigación, peritos forenses, agentes del Ministerio Público y subprocuradores generales de Justicia, entre marzo de  2013 y marzo último, según el oficio FGE/UAI/210/2015 consultado por el corresponsal.

 De acuerdo con ese documento, 80 fueron removidos por “irregularidades” en el desempeño de sus funciones, cinco causaron baja por presentar documentos falsos, dos más por incumplimiento de un deber legal y 17 porque dieron positivo en un examen antidoping.

 Ni para las pensiones de los abuelos…

 La administración de Javier Duarte atraviesa por una severa crisis económica. (Proceso 2004 y 2018). Aún no resuelve, por ejemplo, los reclamos de los adultos mayores relativos a su pensión aprobada en 2005 por un decreto emitido por Fidel Herrera, su predecesor en el cargo.

 La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ya emitió un comunicado en el cual asegura que “depuraran el padrón (sic) para quitar a los seniles que tienen alguna otra prestación”, siendo que la Gaceta Oficial del Estado emitida en 2005 tiene lineamientos muy claros: sólo serán acreedores los adultos mayores que no sean beneficiarios de alguna pensión del Estado, del IMSS, el ISSSTE o alguna institución privada.

El diputado panista Hugo Fernández ya lanzó un exhorto desde el Congreso local para “liberar” esa partida presupuestal destinada a la compra de medicinas y alimentos de los “abuelitos”.

En el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) es común que miles de jubilados tomen las instalaciones o acudan a los cajeros automáticos de varios municipios que tienen convenios con el gobierno estatal para comprobar que sus cheques tengan fondos.

Apenas el miércoles 5, en la correspondencia legislativa Duarte pidió autorización al Congreso para “enajenar” diversos predios de los municipios de La Antigua, Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba a fin de cumplir unos “pasivos” con diversos contratistas, quienes aceptarían terrenos a cambio de amortizar la deuda que el gobierno tiene con ellos.

En su edición 2019, Proceso informó que Rafael Fentanes Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), a la que están afiliados 97 municipios, se quejó de que la mitad de sus agremiados sigue reclamando un pago global de 220 millones de pesos por obras concluidas, entregadas e inauguradas.

Algunos pasivos –expuso– datan de 2011, primer año de gobierno de Duarte. El último “abono” que recibió la cámara fue en abril. Desde entonces la Tesorería no responde. Ante esta situación, contratistas de la CMIC y proveedores de otras cámaras decidieron: “si no hay anticipo de obra, no arrancamos”.

El pasado 20 de julio, el empresario Víctor Arcos Suárez, quien es priista como Duarte, demandó por la vía mercantil y administrativa a la SSP y al gobierno estatal por incumplimiento de contrato en la realización del Festival por la Paz efectuado hace un año. Son casi 4 millones de pesos que la Tesorería no liquidó, según el contrato SSP-UA-142/14.

El diputado panista Julen Rementería, de la Comisión de Vigilancia de Hacienda, mostró a Proceso los estados de cuenta de Banorte correspondientes al Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Todos en “importe cero”.

Sostiene que aun cuando empresarios, docentes y burócratas, entre otros, pagaban puntualmente su 2% de la nómina –descontado por sistema–, la Tesorería dejó de percibir 3 mil millones de pesos en 2010-2014 porque la Sefiplan nunca ingresó los recursos, pese a que sí los cobró: “Es un dinero que se chingaron, lo hicieron licuadora y quién sabe a dónde o a manos de quién fue a dar”, dice Rementería.

Por desvío de recursos y “ataque sistemático” a las partidas presupuestales del estado, el diputado petista Fidel Robles presentó dos de las cuatro fases para llevar a Duarte a “juicio político”. Él asegura que la entidad está sumida en una severa crisis en el campo, sin obra pública qué rescatar, con pasivos ambientales y con los programas sociales detenidos por falta de liquidez.

El hombre polémico

A sus 40 años, 15 de los cuales los vivió a la  sombra de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte es uno de los gobernadores más cuestionado de la historia de Veracruz por sus escándalos. Entre ellos, el asesinato de 14 comunicadores, el incontenible crimen organizado, una abultada deuda pública de más de 40 mil millones de pesos.

Con una licenciatura en derecho, una maestría en derecho, economía y políticas públicas cursada en la Fundación José Ortega y Gasset de España, y un doctorado en economía por la Universidad Complutense de Madrid, Duarte comenzó su carrera en el servicio público elaborando la síntesis de prensa para Herrera Beltrán cuando éste era delegado fiduciario del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Su primer trabajo consistía en “recortar y pegar” todos los días las notas de periódicos nacionales que aludieran a su jefe, al presidente de la República y a Veracruz, según contó el propio Duarte a sus reporteros afines; asimismo, telefoneaba a sus amigos en Veracruz y Xalapa para que le dictaran las portadas de los principales periódicos de la entidad (Dictamen, Diario de Xalapa, Notiver, Gráfico de Xalapa y Sur), y hacia resúmenes de las cabezas y portadas que aludían Herrera Beltrán.

Sin embargo, ya como gobernador, Duarte ha tenido encuentros ríspidos con los reporteros veracruzanos. El 30 de junio pasado, en Poza Rica, en un mensaje de 15 minutos expuso:

“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones.”

Los asistentes al evento, una comida, quedaron atónitos. Algunos reporteros se indignaron; otros comenzaron a reír mientras veían a Juan Octavio Pavón, el tercer vocero duartista, quien flanqueaba al gobernador.

El gobernador continuó su letanía:

“Hay momentos difíciles… Bajo advertencia no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos (sic). Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre”.

El “pórtense bien, por favor” se repitió cuatro veces más. La última, acompañado de un chascarrillo: “No se hagan como que la virgen les habla”.