¿Conflicto de interés de Álvarez Icaza? Cuestión de interpretaciones

 ¿Conflicto de interés de Álvarez Icaza? Cuestión de interpretaciones

La Otra Opinión, 30 sep, 2015 //

Hace días, en este espacio, el Doctor Samuel González Ruiz —ex asesor de la ONU—, comentó que Emilio Álvarez Icaza –el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, caería en un conflicto de interés al opinar sobre el caso Iguala y sobre la investigación que realizaron peritos patrocinados por la misma CIDH.

 De acuerdo con González Ruiz, el artículo 17, párrafo 2, inciso A del Reglamento de la CIDH dice que “los miembros de la comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la comisión en los siguientes casos: a) si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado”.

 Además, González Ruiz sostiene que los vínculos de Álvarez Icaza con organizaciones sociales de Guerrero lo inhabilitarían para pronunciarse al respecto.

 En respuesta, el propio Emilio Álvarez Icaza aseguró que no existe conflicto de interés. El titular de la CIDH explicó que el impedimento aplica para comisionados de la OEA y no para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Por su parte, James Cavallaro, relator para México y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldó a Álvarez Icaza. Según Cavallaro, existiría un mal manejo mediático de la participación de Emilio Álvarez en el caso Iguala. Y concluyó con que “el reglamento de la Comisión es muy claro en el sentido de que nacionales, cuando son comisionados, no podemos participar en los asuntos de nuestros propios países”.

 ¿Quién tiene razón?

 En entrevista para La Otra Opinión, la Maestra Arlene Ramírez Uresti –académica del Tec de Monterrey–, explicó que el posible conflicto de interés se reduce a un tema de interpretación.

 Por un lado, el reglamento de la OEA no fija limitantes específicas al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que como bien señala Álvarez Icaza, la prohibición explícita es para los comisionados. La figura del titular de la dependencia cae en un vacío legal.

 Aun así, tomando en cuenta el activismo social de Emilio Álvarez, la Maestra Ramírez Uresti reconoció que él no era la mejor opción para investigar el caso.

 No obstante, la Presidencia de la República avaló a los peritos de la CIDH y ese reconocimiento basta para que los análisis del grupo de expertos –así como sus conclusiones– tengan validez.

 Finalmente, la especialista expuso que el organismo responsable de validar o invalidar la labor de Álvarez Icaza es la OEA. En otras palabras, que la denuncia de una organización civil o del propio gobierno federal obligaría a la Organización de Estados Americanos a evaluar el escenario y a emitir una opinión. Sin embargo, concluyó la profesora Ramírez Uresti, debido al costo político que esto implicaría, es poco probable que la administración de Enrique Peña decida cuestionar el trabajo de la Comisión.

 En este espacio creemos que si bien la ley no menciona –explícitamente– al secretario ejecutivo, la prohibición a los comisionados debería alcanzar al titular de la organización.

 Después de todo, los vínculos de Álvarez Icaza con organizaciones civiles, su activismo y la cercanía que mantiene con instituciones directamente relacionadas con el caso Iguala, perfilan un grave conflicto de interés.

 Y eso no es todo. Emilio Álvarez Icaza es un mexicano con derechos plenos. O si lo prefiere, que puede votar y ser votado. Por ello, no sería extraño que el titular de la CIDH tenga aspiraciones políticas y aproveche el descrédito del caso Iguala para construir una campaña a algún cargo de elección popular.

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Álvarez Icaza y González Ruiz, ¿quién tiene razón?

La Otra Opinión, 28 sep, 2015 //

Hace días, el ex asesor de la ONU, Samuel González Ruiz, aseguró que existe un conflicto de interés entre el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Emilio Álvarez Icaza–, y el caso Iguala.

Como sabe, un grupo de expertos de la CIDH realizaron una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, en Guerrero.

Sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la OEA, los funcionarios de la Organización estarían obligados a excusarse de participar en todos los casos que mantengan relación con sus lugares de origen.

Por lo anterior, González Ruiz asegura que Emilio Álvarez Icaza cometía una falta al involucrarse –directa o indirectamente– con las investigaciones del caso Iguala.

En respuesta –en entrevista para televisión–, Álvarez Icaza negó la acusación. Según el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe conflicto de interés y el reglamento de la OEA aplicaría para los comisionados pero no para el secretario ejecutivo de la Organización. Es decir, que no habría falta.

A raíz de esta explicación, Samuel González Ruiz insistió. En su opinión, Álvarez Icaza tiene intereses concretos y tiene impedido involucrarse en el caso. Además, el ex asesor de la ONU aseguró que el titular de la CIDH colabora con organizaciones de Guerrero y eso lo obliga a dejar el caso.

Sin duda, el debate debe ampliarse. Sin duda, otros expertos tienen que intervenir. Sin duda, alguien tiene que aclarar esta controversia. Y es que, sin duda, alguien tiene la razón y alguien no.

Álvarez Icaza no debe declarar sobre Ayotzinapa: González Ruiz

En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Samuel González Ruiz –ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR–, explicó que de acuerdo a las normas de ONU y OEA, el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Emilio Álvarez Icaza– está impedido para participar en todo lo que tenga que ver con México y su política interna.

González Ruiz señaló que las organizaciones –como la ONU y OEA–, cuentan con normas muy claras que previenen el conflicto de interés. Por ello, Álvarez Icaza no puede –y no debe– hablar sobre México.

Lo anterior viene a cuenta luego de las investigaciones del grupo de peritos de la CIDH y de las declaraciones del titular de la CIDH al respecto de la crisis de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.

En esta lógica, Samuel González Ruiz preguntó si Álvarez Icaza compartió –con las autoridades de la OEA– los posibles conflictos de interés en que incurriría de participar en la investigación de lo ocurrido en Iguala el pasado 26 de septiembre.

Lo anterior cobra relevancia cuando se considera que –según González Ruiz–, Álvarez Icaza ha fundado todo tipo de organizaciones en materia de defensa de derechos humanos y muchos de estos grupos tendrían financiamientos coincidentes. Es decir, que operan con base en el financiamiento que reciben. Por ello, en opinión del ex funcionario de la PGR, el secretario general de la CIDH debió hacer pública una declaración de conflicto de interés que, eventualmente, lo habría inhabilitado para estar presente en todo lo que tenga que ver con el caso Ayotzinapa.

De hecho, concluyó Samuel González Ruiz –según el Artículo 101.7 del reglamento de la OEA– Emilio Álvarez Icaza debió excusarse incluso de opinar al respecto de las investigaciones del grupo de peritos de la CIDH.