La guerra del Fideicomiso/JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 2179, 2018-07-28..
La formación de un fideicomiso para ayudar a los damnificados del 19 de septiembre desató un escándalo mediático que, además, se tradujo en una multa millonaria para Morena. Algunos consejeros electorales acusaron a ese instituto político de ser titular del instrumento financiero y pusieron en duda el origen y destino del dinero que manejó. El administrador de ese instrumento ofrece su versión a Proceso y la respalda con documentos mediante los cuales busca demostrar que el partido que llevó a López Obrador a la Presidencia no tiene ninguna vinculación con el fideicomiso. A su vez, la parte acusadora expone a este semanario por qué insiste en los señalamientos contra Morena.
La mañana del martes 24 el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó inesperadamente a la Mesa de Consejeros. Habían transcurrido cinco días de enfrentamientos verbales entre integrantes del organismo y Andrés Manuel López Obrador, motivados por la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena, presuntamente por haber cometido “fraude a la ley”. Urgía parar el problema.
Visiblemente preocupado, Córdova soltó a sus compañeros: “Por el bien del país, a nadie le conviene que sigamos en la lógica de dimes y diretes”; luego les informó que leería ante los medios un boletín para rechazar que detrás de la sanción generada por la formación del fideicomiso para ayuda a los damnificados del sismo hubiera alguna motivación política.
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización y quien había sido el más activo en desgranar las violaciones en las que, según el INE, incurrió Morena, dijo que a nadie le conviene tener “el rencor de AMLO” o que “personalice” el diferendo.
De acuerdo con algunos de los consejeros presentes, Murayama expresó que era necesario darle la vuelta al tema; ofreció, de su parte, no dar más entrevistas.
La estrategia dio resultado. El escándalo mediático se despresurizó.
Sin embargo, sobre el papel oficial quedó la sanción a Morena por 197 millones de pesos, los señalamientos de que formó un fideicomiso para cometer “fraude a la ley”, que creó un financiamiento paralelo al partido y que no informó del origen y destino de por lo menos 40 millones de pesos.
Incluso Murayama sostuvo en medios electrónicos que la dirección de Morena y la del fideicomiso era la misma, prueba irrefutable para ellos de que había un vínculo entre el partido y el fideicomiso y que por lo tanto eran lo mismo.
Pero no es así. Lo cierto es que en los contratos de “fideicomitentes adherentes”, una decena de ellos dio la dirección de Morena, pero sólo para “ser notificados”.
En entrevista, Pedro Miguel, administrador del fideicomiso, sostiene que la dirección es claramente distinta y que la ofrecida por los adherentes no es jurídicamente la del contrato.
Para sostener su dicho presenta pruebas documentales: el contrato del fideicomiso constituido en Banca Afirme, que establece en su página 13 la dirección “Prado Sur 435, Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo”, como domicilio del fideicomitente y del comité técnico.
También hizo referencia a las llamadas cédulas que todo banco elabora y que se llaman “conoce a tu cliente”, donde se encuentran los datos de quienes depositaron dinero al fideicomiso y quienes estaban autorizados para hacer retiros.
Del otro lado, el INE presentó un dictamen de 173 páginas en el que asegura que de los 78.8 millones de pesos del fideicomiso, 44.4 millones ingresaron a través de depósitos en efectivo y que en algunos casos “no se acreditó el destino final de los recursos”.
En entrevista, el consejero del INE José Roberto Ruiz Saldaña, el único que votó contra la sanción por no encontrar elementos documentales fehacientes de que se cometió fraude a la ley, dice que pudieron haber existido “travesuras” en el proceso de investigación. Menciona, por ejemplo, la filtración del dictamen a los medios dos semanas antes de la jornada electoral.
Y aunque evita decir si había alguna intención de afectar política y electoralmente al candidato puntero, Proceso obtuvo por separado un documento, fechado el 29 de junio, donde se exigía al presidente de la Comisión de Fiscalización que de manera “extraordinaria y urgente” se votara el dictamen para someterlo de inmediato al consejo del INE.
El documento está firmado por los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Adriana M. Favela Herrera, quienes pedían, dos días antes de la elección presidencial, que se votara, pues según ellos se había respetado el derecho de audiencia de los involucrados y estaban agotadas “las fases del debido proceso”.
Camina como pato…
En cuanto al fideicomiso, cada una de las partes ofrece su versión: acusados y sancionadores. Los primeros se defienden con documentos. Los segundos, que son la autoridad, con dichos.
“Es una construcción de una verdad a medias”, denuncia Pedro Miguel, y sostiene que es “apenas el inicio de una ofensiva propagandística mediática”.
Para entender la sanción que derivó en un enfrentamiento entre el futuro presidente de México y el órgano electoral, hay que recordar el arranque de la historia y cómo fue que la indagatoria dio un vuelco, cambiando el “alcance” de la investigación cuando las encuestas daban una ventaja de 30 puntos porcentuales a López Obrador respecto al PRI.
El 27 de abril de 2018 ese partido presentó una queja contra Morena y su candidato presidencial, bajo el supuesto de que destinó recursos de sus prerrogativas al fideicomiso, lo cual está prohibido por la ley.
En el transcurso de la indagación se estableció que no fue así; sin embargo, la investigación continuó debido a que se encontraron “indicios” sobre posibles irregularidades en el manejo del fideicomiso; el principal: que todo apuntaba a que lo constituyó el partido y no lo reportó al INE, menos aún sus ingresos y egresos.
La Unidad Técnica de Fiscalización, que encabeza Lizandro Núñez Picazo, quien fue subalterno de José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la información del fideicomiso; de los datos recibidos encontró indicios que lo llevaron a considerar que había relación indisoluble entre el fideicomiso y sus militantes y que recibió recursos privados.
La consejera Pamela San Martín Ríos defiende el resolutivo del INE. En entrevista, dice que la discusión se centra justamente en si el fideicomiso es de Morena o es privado:
“Para mí se acredita (porque) el dirigente nacional de Morena dijo que se iba a constituir un fideicomiso (para apoyar a los damnificados del sismo)”.
–¿Se acredita por el dicho?
–Por el dicho y por las referencias al acuerdo del Consejo Nacional de Morena, y por la coincidencia que existe entre estos elementos y lo que de hecho pasó en ese fideicomiso y por la vinculación que existe entre todos los relacionados con el fideicomiso y Morena.
Recuerda que el 21 de septiembre López Obrador dijo que iban a formar el fideicomiso. El 23 de septiembre se realizó el Consejo Nacional de Morena y en el boletín informativo respectivo se hizo referencia al instrumento financiero.
El día 24 López Obrador dio cuenta de lo ocurrido en el Consejo y al día siguiente se creó el fideicomiso.
–¿Tienen las actas del Consejo donde se instruye crear el fideicomiso?
–Acta como tal, no. No nos la dio Morena.
–¿Se la pidieron?
–Se le pidió información correspondiente a esto.
–¿Específicamente se le pidió el acta?
–Según yo, no se le pidió en concreto el acta.
–¿No tienen que ser exhaustivos en las pruebas y presentar el acta?
–¿En manos de quién están los documentos?; pues de quien se está defendiendo.
–¿Entonces la carga de la prueba está en el acusado?
–No. El propio partido es el que sacó el boletín, el que dijo que tuvo ese Consejo….
–¿El fideicomiso se crea por Morena?
–Ciertamente no se crea por Morena como persona, como ente jurídico, con el nombre de Morena, pero se crea el fideicomiso con el objeto que había dicho el Consejo que se iba a crear, con las personas que lo iban a manejar. El contrato no señala a Morena.
San Martín insiste en que el 25 de septiembre López Obrador dijo que se constituyó el fideicomiso: “Digamos que es el primer momento, que es la parte más relevante para llegar a la decisión a la que llegamos”.
A partir de la consideración de que el fideicomiso es de Morena, el INE elaboró el argumento de las violaciones a la ley, como el de que sí está permitido a un partido formar el instrumento financiero, pero debe informar y decir quién y cómo aportó el dinero y a dónde fue a dar.
Pero Morena sostiene que el fideicomiso no es de él ni lo creó él, por lo que no está obligado a informar de algo que no es suyo.
–Camina como pato, hace cuac como pato, no está en documento que es un pato pero ustedes ven que es un pato por todos los elementos que lo integran; ¿algo así es su razonamiento? –se le pregunta a San Martín.
–Exactamente. Y si yo dijera que no es un pato, ¡perfecto! Pero entonces hagámonos cargo de que lo único que tiene que hacer un partido para que yo no lo vincule con nada, es no aparecer formalmente. ¿Qué pasa si yo permito estos hechos? Lo único que necesitaría un partido para abrir una cuenta de financiamiento paralelo es no aparecer físicamente.
–¿A esto se le puede llamar financiamiento paralelo?
–Es que es un financiamiento paralelo de un partido. Es una forma de financiar, recabar ingresos y erogar gastos al margen de las reglas de fiscalización y rendición de cuentas –responde.
Su preocupación y el sentido de su voto, dice San Martín, es poner diques a conductas nocivas que puedan tener efectos nocivos: “Permitir esto es abrir puertas a que un partido político pueda dar dádivas, entregar bienes o servicios a la ciudadanía, y ese no es el fin de los partidos. Si se permite abrir un fideicomiso a un partido, sin que aparezca su nombre, cuando todos los elementos lo vinculan, y lo convierte en instrumento privado, significa que cualquiera lo puede hacer y recibir recursos que no van a ser fiscalizados. Tendría recursos de quién sabe dónde y podría ser de origen ilícito. No digo que éste sea el caso, digo que esa es la puerta que se abre”.
La consejera dice algo más: estuvo de acuerdo en que no se buscara a los beneficiarios, porque “si el dinero llegó a ellos es ilegal; y si no llegó, también es ilegal, porque los partidos no pueden darlo. Si sí dice que les llegaron, como dicen las actas del fideicomiso, también es ilegal”.
Dictamen “sesgado”
Uno de los argumentos por los cuales Ruiz Saldaña votó en contra es “porque no se cumplió con el principio de exhaustividad. Era necesario preguntar a los miembros del Comité Técnico e ir con quienes recibieron el dinero y saber si se les condicionó, si les dijeron que era de parte del partido Morena”.
Añade: “Se dice que Morena cometió ‘fraude a la ley’ y se sanciona el entramado financiero. Para sostener esa vertiente era necesario ir con cada uno de los involucrados.
“El dictamen se queda con una parte (de la información), no le importa a dónde se fue el dinero. Lo que castiga es haber creado el fideicomiso; pero además no está comprobado fehacientemente, con documentos, que Morena lo creó.
“La Comisión de Fiscalización sostiene que hubo dolo por querer engañar a la autoridad al hacer este esquema, pero si no hubo fin electoral, se puede ver la vertiente de que esto es culposo. Esto es: la regaste Morena y no debiste hacerlo así. No hay dolo pero sí culpa. Se puede calificar y sancionar como ‘error de prohibición’, ya lo hicimos con las televisoras.”
Además, dice, la hipótesis de financiamiento paralelo es inverosímil: “¿Quién que quiere engañar deja huella en el sistema financiero?”.
Pedro Miguel asegura que nunca los llamó el INE a declarar, no fueron requeridos, no fueron oídos; se violentó, afirma, su debido proceso pues son parte interesada. “Nunca recibió el comité o alguien más del fideicomiso notificación del INE”.
Y agrega que en la lógica de ellos (del INE) tiene sentido, porque para ellos el fideicomiso es parte de Morena, “pero en el fideicomiso Morena no está mencionado, referenciado; no existe ningún vínculo orgánico y en el acta constitutiva jamás se hace mención a Morena”.
Para no afectar a Morena, insiste Pedro Miguel, “nosotros decidimos formar un fideicomiso privado”.
Explica: “En cuanto a los depósitos, cada uno de ellos tiene un respaldo de quién fue, a dónde fue a dar el dinero. No hubo tal carrusel y no es ilegal depositar 50 mil pesos varias veces; se hizo así por práctico, y quienes lo hicieron fueron los propios legisladores. Se entregó el dinero en efectivo porque en las comunidades afectadas no hay cajero automático, ya no se diga banco. Todo está documentado y todo lo tiene el INE.”
En el Comité Técnico, que nunca fue requerido por el INE, participan Julio Scherer Ibarra, Laura Esquivel, Bernardo Bátiz, Austreberta Maldonado, Jesusa Rodríguez… y ninguno fue llamado por el INE.
Hoy el fideicomiso analiza si se amparará, si se presentará como tercero interesado o cuál será la vía para buscar descongelar los recursos y seguir entregándolo a los damnificados.
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