Reforma, 17 Feb. 11
En estos días que tanto se discute sobre la justicia penal en México y los estragos que el caso Cassez ha creado en las relaciones franco-mexicanas, quizás es una buena idea para tomar distancia, respirar y entender mejor las cosas ver Presunto culpable, el gran documental de Roberto Hernández y Layda Negrete -premiado dentro y fuera de México- y que se estrena esta semana en las salas de Cinépolis gracias a la audacia y generosidad de Alejandro Ramírez, su director general.
La historia es sencilla. Debido a la posibilidad que tuvieron los realizadores de filmar un juicio por homicidio en la Ciudad de México, vemos el verdadero horror que es esa justicia penal mexicana que diputados, senadores, intelectuales y comentócratas defienden a capa y espada contra la ahora pérfida gala, encarnada en Nicolas Sarkozy. José Antonio Zúñiga, un joven de 26 años fue acusado de haber asesinado a alguien en Iztapalapa porque un dizque testigo dizque dijo que dizque lo vio cometiendo el homicidio. Antes de ser absuelto -gracias a la perseverancia de los cineastas, de sus abogados, de su familia, amigos y de su propia tenacidad- fue condenado dos veces en primera instancia.
Afortunadamente, la primera vez hubo un vicio de procedimiento, aparentemente de escasa importancia: la cédula profesional del defensor de oficio había sido falsificada. Gracias a este atropello, aparentemente menor en la administración de justicia, Zúñiga pudo con quien sería su abogado defensor pro bono y combativo, interponer un recurso de nulidad del primer juicio. Muchos hubieran dicho en ese momento que tal vez el abogado defensor de oficio sí falsificó su cédula, pero ¿y qué?, si de todos modos Zúñiga ya había sido declarado culpable por un juez. Quienes lo hubieran afirmado habrían hecho caso omiso de un principio fundamental del debido proceso: los vicios de procedimiento o de forma invalidan el fondo, justamente porque merman el debido proceso.
En el segundo juicio de primera instancia Zúñiga volvió a ser condenado, por el mismo juez, basándose en la misma declaración del mismo testigo. Y todo esto ocurre en la obscuridad, salvo por la cámara de Hernández y Negrete: es un clásico juicio escrito donde se acumulan montones de papeles pero donde nunca entra la luz del día, como sigue siendo el caso en la mayoría de los estados de la República, y como es el caso del juicio a Florence Cassez. Después de esa segunda condena, Zúñiga apeló. Ahora ya bajo la mirada implacable del lente de los cineastas, su abogado destruyó la credibilidad del testigo que terminó aceptando que no había visto a Zúñiga, que no lo conocía, que no tenía la más remota idea si era él o no, pero que de un modo u otro le habían dicho unos policías que insistiera en que Zúñiga era el culpable del asesinato.
La moraleja del espléndido documental es sencilla. Primero, demuestra que la justicia penal en México fabrica culpables, los agentes del Ministerio Público, los jueces, los directores de reclusorios, parece que cobran por culpable con independencia de la veracidad de la acusación. Segundo, demuestra que el sistema de justicia escrita es infame, pues esconde todo lo que la cámara ve e ilumina. Tercero, el film subraya lo que muchos mexicanos por desgracia saben: que la administración de justicia en México es un verdadero desastre porque nunca se sabe dónde quedó la bolita. Y por último, quizás lo menos importante pero también lo más trágico, ilustra las siniestras condiciones de vida en las cárceles mexicanas, donde todo se revuelve con todo. En estas condiciones ¿hay manera de saber quién es culpable?, ¿podemos seriamente invocar la vigencia de un Estado de derecho en México frente a la sociedad mexicana y frente al resto del mundo? Ojalá antes de envolverse de nuevo en la desarrapada bandera de la justicia mexicana, nuestros patriotas antigálicos vayan a ver Presunto culpable (al menos así contribuirán al bien merecido éxito de la película).
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