Chávez Chávez

PALABRAS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ, DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA DE PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LA REGIoN CENTRO

Viernes, 11 de Marzo de 2011

Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del estado de Morelos;

Distinguidos integrantes del presídium;

Amiga y amigos procuradores generales de Justicia de la zona centro;

Estimados compañeros y compañeras delegados de la Procuraduría General de la República

Señoras y señores:

Me da mucho gusto tener la oportunidad de reunirme con ustedes en el bello estado de Morelos, en donde la primavera es eterna.

Por ello, comienzo por agradecer la hospitalidad del Gobernador Adame para llevar a cabo esta Primera Sesión de la Conferencia de Procuradores de la Zona Centro del país.

Saludo también a nuestro anfitrión, Miguel Ángel Rabadán Calderón, Presidente Municipal de Jiutepec, así como a nuestro amigo, el Procurador Pedro Luis Benítez Vélez, con cuyo apoyo seguramente alcanzaremos los ambiciosos objetivos que hemos planteado para esta reunión.

El Gobierno de Morelos se ha sumado a la estrategia que encabeza el señor Presidente de la República para consolidar la vigencia plena del Estado de derecho en todo el país.

Se trata de una estrategia integral, con objetivos y metas claras, que todos los días produce resultados en beneficio de la seguridad de los mexicanos.

A la luz de esos resultados, hoy, más que nunca, los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y los ciudadanos, debemos sumar capacidades y afanes, de manera corresponsable, para prevalecer en este esfuerzo por la legalidad, por las instituciones democráticas, por la seguridad y por la justicia.

La aplicación de la fuerza para contener a los delincuentes ha sido, y sigue resultando, indispensable. Sin embargo, para continuar por el camino de la estrategia, para contribuir al fortalecimiento institucional, es necesario transitar hacia una solución de ley que descanse, en buena medida, en la eficaz procuración de justicia.

De ahí la importancia medular de consolidar el papel del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, particularmente en la transición entre un sistema penal inquisitivo mixto y una justicia penal acusatoria y adversarial.

Los procuradores y fiscales del país hemos abordado el tema en distintas ocasiones, particularmente durante la Vigésimo Cuarta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que celebramos en noviembre pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Ahí también, por primera vez, aprobamos una agenda temática para este 2011 que incluye el análisis y seguimiento puntual, entre otros aspectos, del combate al secuestro, al narcomenudeo, a la trata de personas y al lavado de dinero, así como la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal en el fuero común y en la Federación.

Me referiré a ellos en ese mismo orden.

Secuestro: comienzo señor Gobernador por reconocer la indeclinable decisión de su gobierno por fortalecer las instituciones y en particular la Unidad Especializada en combate al secuestro con el objeto de abatir este lacerante delito.

Revisando los indicadores que concentra la Secretaría de Seguridad Pública, en la materia puede advertirse importantes avances en varias entidades, entre las que destacan precisamente la de Morelos.

Conviene puntualizar que posteriormente estos resultados habrán de conjuntarse con los que en breve emitirá la Procuraduría General de la República para obtener una evaluación integral, clara y objetiva en dichas unidades especializadas. Enhorabuena al Procurador Benítez Vélez por estos importantes avances.

Ahora bien, con motivo del inicio de la vigencia de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro el pasado 28 de febrero nuestra Conferencia habrá de orientar sus esfuerzos hacia la definición de las acciones necesarias para cumplir las nuevas obligaciones que esa ley nos impone, tales como la construcción, en un plazo máximo de 6 meses, del Programa Nacional contra el secuestro.

También, en el marco de la nueva distribución de competencias, será necesario conformar, juntos, protocolos de colaboración, disposiciones para la protección de personas y para el Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos.

Narcomenudeo: a la fecha, 10 estados del país, entre ellos, Hidalgo y Puebla, al igual que el estado de México, cuentan ya con leyes para atender esta problemática, y en otros más se han creado tribunales especializados con personal calificado, lo que sin duda, incrementará sus capacidades para atender y procesar los casos de narcomenudeo en sus propios ámbitos territoriales.

De manera paralela a estos avances, es necesario que las procuradurías continúen trabajando en el diseño de lineamientos homologados que regulen la actuación ministerial.

Trata de personas: a partir de que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó el Plan de Acción para la Prevención y el Combate del Delito de Trata de Personas y la Atención, Asistencia y Protección de sus Víctimas, debemos continuar el trabajo, redoblar esfuerzos y construir los mecanismos que nos permitan instrumentar adecuadamente nuestro plan de acción.

Además, como todos ustedes saben, el pasado 15 de febrero concluyó el primer paso, la aprobación por la Cámara de Diputados,  para que el Poder Constituyente Permanente reforme los artículos 19, 20 y 73 constitucionales, con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de trata de personas.

Hoy, la minuta se encuentra en la etapa de discusión en el Senado de la República y ello nos abre la gran oportunidad de tomar la iniciativa y prepararnos para la expedición de la ley de la materia, analizando y participando en la definición de los elementos jurídicos que deben contenerse en el o los tipos penales de este lacerante delito.

Nuevo sistema de justicia penal: la trascendencia del tema nos obliga a alinear la estrategia de nuestra Conferencia con la visión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma.

El objetivo debe ser lograr una transición ordenada y transparente y, sobre todo, garantizar que las instituciones ministeriales se fortalezcan, se profesionalicen y se reestructuren, para evitar que queden, como el eslabón más débil de la cadena de seguridad pública y justicia penal.

Afortunadamente, pronto tendremos una nueva guía, un nuevo punto de referencia, pues cada día está más próxima la presentación del proyecto de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que hoy estoy seguro, constituirá una invaluable fuente de orientación para todos.

En relación estrecha con el cambio de paradigma penal, hemos trabajado intensamente en materia de cadena de custodia.

Por ello, analizaremos el proyecto de convenio de adhesión, del cual ya hemos validado la propuesta de 5 entidades, con la intención de que se sumen las 32 que componen la República, y que busca llevar a cabo programas de capacitación y homologar criterios sobre la preservación del lugar de los hechos, así como de los indicios o huellas del delito.

Lavado de dinero: hemos reconocido , y hoy lo reitero, la importancia y la necesidad de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de manera coordinada y corresponsable.

Al día de hoy, la legislación de 12 entidades federativas tipifica y sanciona esta conducta delictiva, y la intención es impulsar las reformas o adiciones necesarias en el resto de los estados que aún no cuentan con descripciones típicas ni penas para quien cometa este ilícito.

Adicionalmente, sugiero que abordemos la propuesta para generar un mayor intercambio de información entre la Federación, a través del grupo de trabajo llamado GC Armas,  y las procuradurías y fiscalías estatales, en investigaciones del fuero común vinculadas con armas de fuego y explosivos. Con ello, podremos reducir los tiempos de respuesta en las solicitudes de rastreo y, en su caso, se incrementarán las capacidades para generar nuevas líneas de investigación.

Para concluir, es evidente que este 2011 ha estado y continuará marcado por una intensa actividad político-electoral. De ahí la importancia de que dediquemos tiempo a los programas que ha puesto en marcha la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y sobre todo, los mecanismos de coordinación entre instancias ministeriales, puesto que constituyen nuestra mejor contribución a la tranquilidad y la paz en las jornadas comiciales.

Debemos tener presente que la seguridad es razón primigenia que justifica la existencia del Estado y por ello, no debe en ningún momento verse afectada o influida por los procesos electorales

Señor Gobernador, señores Procuradores:

Con plena convicción, hoy ratifico el compromiso de continuar trabajando unidos para cumplir con el deber que la Constitución y la ley nos imponen.

Al investigar y perseguir eficazmente los delitos, estaremos contribuyendo al abatimiento de impunidad, a la consolidación del Estado de derecho y de las instituciones, y a la gobernabilidad democrática que todos deseamos.

Muchas gracias.