En
Tamaulipas, gobierno y economía supeditados al crimen/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 1968, 19 de julio de 2014
Varias
decenas de empresarios de Tamaulipas que se reunieron con el Gabinete de
Seguridad incomodaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
al señalarle que, en vez de hablar de logros, debiera reconocerse que la
situación de la entidad está peor que en el sexenio de Calderón. En un
minucioso reporte que elaboraron y que fue obtenido por Proceso, le advirtieron
que mientras los funcionarios públicos se han convertido en subordinados de los
delincuentes, las extorsiones y los crímenes aumentan porque, aseguran, nadie
se ha propuesto desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada.El encuentro desde el principio fue frío. Cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entró al salón, ninguno de los empresarios se levantó ni hubo aplausos. Agraviados por la delincuencia, escucharon con malestar el discurso que el encargado de la seguridad pública dedicó a los logros de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas.
Expoliados
como en ninguna otra parte del país por los grupos criminales, le dijeron que
no era momento de hablar de logros en el tema. El secretario estalló. Advirtió
que no permitiría que se acusara al gobierno de Enrique Peña Nieto de
“triunfalismo anticipado”.
La
cuarta reunión de la Estrategia acabó peor que como empezó, por más que el
procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tratara de rescatar el
encuentro, al que asistieron los demás integrantes del Gabinete de Seguridad:
el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el de
Marina, almirante Francisco Soberón Sanz; el comisionado nacional Monte Rubido
García, y el director general del Cisen, Eugenio Imaz.
El
miércoles 2 de julio, reunidos en el hotel Holiday Inn de la ciudad fronteriza
de Matamoros, los empresarios organizados en la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) y en la Industria Maquiladora de Exportación
(Index) hicieron un copioso recuento de las exacciones cometidas por la
delincuencia organizada.
Enfrente
también del gobernador Egidio Torre Cantú, los más de 60 hombres de negocios
presentes detallaron la manera en que los criminales se han superpuesto a las
autoridades estatal y municipales, a las cuales no sólo les disputan el
monopolio de la violencia, sino incluso la economía del estado y de sus
habitantes, disponiendo de sus bienes, su libertad y sus vidas, a la vez que
obligan al desplazamiento de poblaciones.
En
Tamaulipas, las instituciones estatales están capturadas por los grupos
criminales. Los funcionarios públicos pasaron de protectores a subordinados, y
el resultado es la doble tributación de sus habitantes, hacia el Estado y hacia
la delincuencia, escuchó Osorio Chong de los hombres de negocios.
Le
entregaron un detallado reporte sobre el sojuzgamiento de la sociedad por parte
de los dos principales grupos delictivos que operan en la entidad: Los Zetas y
el Cártel del Golfo (CDG). Se lo dieron asimismo a los demás miembros del
Gabinete de Seguridad. Abundante en cifras, descriptivo de los modus operandi,
con decenas de testimonios y mapas sobre las operaciones delictivas, el informe
fue elaborado por los propios empresarios en Tamaulipas y en la Ciudad de
México.
No
le gustó al secretario Osorio Chong escuchar que la actual intervención federal
se parece a la del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de algunos cambios, el
principio de actuación es el mismo: suponer que la sociedad es víctima de los
“daños colaterales” de la disputa entre las bandas delictivas, y no el objetivo
mismo de la delincuencia organizada.
El
reproche continuó: La Estrategia ha desdeñado la captura de las instituciones
públicas locales por los delincuentes. El refuerzo federal ha sido superficial
y poco eficaz para garantizar la seguridad pública, y no ha procedido a
desmantelar las estructuras criminales. Más molesto para el secretario de
Gobernación fue el hecho de que los hombres de negocios le dieran una lista de
lo que el gobierno de Peña Nieto debiera hacer.
Después
de cuatro años de presencia federal, le dijeron, la violencia y expoliación en
contra de los tamaulipecos es aún peor. La situación es la más grave que haya
sufrido algún otro estado del país en tiempos de paz, y de las más malas del
mundo en décadas recientes por lo que se refiere a delitos como el secuestro.
De
acuerdo con el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), Tamaulipas tuvo el año pasado la segunda tasa más alta del
país en secuestros, de 6.1 por cada 100 mil habitantes; casi como la de 6.42
que registró Colombia en 1999. La cifra oficial, sin embargo, se refiere a
denuncias, no al número de plagios. Los empresarios sostienen que la cantidad
real en 2013 sería de cuando menos mil 585, con una tasa de 46 por cada 100 mil
habitantes.
Según
el reporte, obtenido por Proceso en el Gabinete de Seguridad, el principal
motivo de la disputa entre grupos criminales desde 2010 ya no es el
narcotráfico, sino el botín que ven en los ingresos y patrimonio de los
tamaulipecos.
Las
cifras son contundentes: Tan sólo el año pasado, sus ganancias al margen del
tráfico de drogas, la trata de personas o la piratería fueron de al menos 3 mil
461 millones de pesos, tres veces más que las calculadas para la delincuencia
organizada en Michoacán.
Una
tercera parte fue a costa de Pemex, por el robo a gran escala de condensado de
gas en la Cuenca de Burgos, de gasolina y diésel de las instalaciones, y de
tomas clandestinas en los ductos. Dos terceras partes del saqueo las pusieron
las empresas privadas y los ciudadanos.
El
extenso informe Tamaulipas sometida al expolio de los grupos criminales fue
firmado apenas el 26 de mayo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal.
Asegura
que la extorsión es la principal forma de expolio y ocurre de forma
“sistemática, masiva y cada vez más generalizada”, parecida al sistema de cobro
de impuestos del Estado. Una estimación conservadora indica que de las
ganancias que los grupos criminales obtuvieron el año pasado, 784 millones de
pesos provinieron del cobro de “derecho de piso”.
A
partir de información del Inegi obtenida de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, al igual que de la
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012, calculan que después de
los ingresos por robos a Pemex y el derecho de piso, la delincuencia obtuvo 403
millones de pesos por el monopolio de la venta de carne de pollo, 273 por el
hurto de carga, 225 por el monopolio de reciclaje y 180 por atracos con
violencia a negocios.
Además,
159 por secuestro, 100 por ganancias de narcobares, 100 a través de la empresa
de espectáculos Viento Rodeo y venta de cerveza en estadios, 59 por secuestro
de migrantes, 53 por robo de vehículos, 52 por derecho de paso de migrantes, 44
por “derecho de paso” de transporte de carga, 23 por abigeato, 21 por asalto
con violencia a transeúntes, 21 por derecho de paso a automovilistas, y 17
millones de pesos por robo con violencia a casa-habitación.
En
el caso del derecho de piso, los principales afectados son el transporte urbano
de pasajeros, con 276 millones y medio de pesos; las industrias, con 151;
tiendas al menudeo de abarrotes, alimentos y bebidas, 95.5 millones; bares, 85;
restaurantes, 58.5; productores de sorgo, 20; consultorios médicos y dentales,
15; hoteles, 18, y pescadores, 11 millones de pesos.
Hay
también otras formas de extorsión, como el “derecho de vida” en las prisiones,
“cuotas de inscripción” a comerciantes o personas que empiezan a pagar
seguridad, y el “derecho de piso” que deben cubrir las personas por las casas
que habitan, una especie de impuesto predial; así como las exacciones a los
ciudadanos por parte de policías, agentes de tránsito, ministerios públicos e
inspectores que pagan a los jefes de los grupos criminales.
Los
empresarios aseguran que, desde mediados del año pasado, la extorsión alcanzó a
la industria maquiladora, a la que se le exige prescindir de los servicios de
las empresas de retiro de desechos industriales y contratar a otras ligadas a
la delincuencia. El objetivo es tener el monopolio de los desechos
industriales, una vez que ya controlan el reciclaje de desechos metálicos,
madera, papel, PET y otros polímeros. Al igual que a los gobiernos estatal y
municipales, les imponen proveedores de bienes y servicios, y los obligan a
proporcionar instalaciones para actividades criminales.
Los
monopolios
Las
zonas industriales de Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros enfrentan un
severo agravamiento de la inseguridad desde hace un año. Según el informe, el
hurto masivo se está dando con la participación de empleados coaccionados.
Aseguran
incluso que algunos sindicatos de las maquiladoras, afiliados a la CTM del PRI,
ya están controlados por la delincuencia, extrayéndoles millonarios recursos de
las cuotas de los trabajadores. Dicen que este saqueo se ha facilitado porque
los cambios en las dirigencias sindicales vinculadas a los grupos criminales
han sido avalados por el gobierno de Torre Cantú.
En
el caso de Reynosa, aseveran que la delincuencia ha impuesto a los proveedores
del servicio de comedor en las maquiladoras una cuota de 2.66 pesos por comida
servida. Hasta febrero pasado, había 94 mil 200 empleados en las maquiladoras
de la ciudad. También han determinado a cuáles firmas se deben comprar los
uniformes del personal.
En
el robo al transporte de carga han sido afectados bienes como el azúcar,
pañales, Pinol, pasta de dientes y hasta medicamentos, que después se venden en
las calles y tiendas de las colonias.
También
se han registrado hurtos a huertas de naranja, adonde llegan los delincuentes
provistos de camiones y cuadrillas de picadores de la fruta, así como el robo
masivo de ganado, con el propósito de “extender el monopolio que ya tienen de
la carne de pollo a otros cárnicos”, obligando a las cadenas comerciales a
comprarles. Igualmente, están buscando hacer monopolios de tortillerías, la
venta de carros usados y agua purificada, así como de la distribución de
cigarros.
Por
lo que hace a los bares, además de apoderarse de ellos, se han hecho de la
distribución del alcohol, genuino o adulterado, y del monopolio de la
distribución e imposición de una sola marca de cerveza. Es el caso de los
estadios de beisbol y futbol, en donde se vende cerveza de una sola marca,
según sea el grupo delictivo que controle la distribución, como informó Proceso
(edición 1943) en enero pasado. También tienen el control de la venta de
boletos de los conciertos y espectáculos, lo mismo que de las apuestas.
Pero
el informe replica: La supuesta baja de algunos delitos en ese periodo responde
a la convicción de las víctimas de que denunciar implica un considerable riesgo
de sufrir represalias de los victimarios, pues la procuraduría del estado, al
igual que otras dependencias, está capturada por los grupos criminales.
“Agentes del Ministerio Público y policías ministeriales delatan a los
denunciantes”.
De
la gravedad de la incidencia de homicidios, destaca que las propias cifras
federales revelan el incremento de las víctimas menores de edad y personas de
la tercera edad en años recientes. Si entre 2007 y 2009 hubo 19 víctimas de
homicidio de menores de 16 años, el número se elevó a 193 (916% más) entre 2010
y 2012. Lo mismo pasó con las personas de 60 a 79 años. De 47 homicidios, la
cifra saltó a 135; es decir, 187% más.
En
2012, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado reportó al SESNSP
mil 16 homicidios dolosos, pero para ese mismo año el Inegi registró mil 557;
es decir, 53% más. Según el gobierno estatal, en Nuevo Laredo hubo ese año 288
homicidios, pero el instituto asentó que fueron 544: 89% más. Las cifras reales
de homicidios en Tamaulipas deben ser, cuando menos, del doble de las
oficiales. Y eso sin considerar el problema de los desaparecidos, advierten los
empresarios.
Según
el gobierno de Peña Nieto, entre 2006 y 2012 se registraron en todo el país 26
mil 121 personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con el Registro
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas dado a conocer en febrero
pasado, 2 mil 702 casos corresponden a Tamaulipas.
La
cifra no incluye a los 72 migrantes internacionales, en su mayoría
centroamericanos, encontrados en una fosa clandestina de San Fernando en 2010,
pero abarca a casi 200 cuerpos encontrados en ese mismo municipio al siguiente
año.
Las
matanzas y desapariciones pudieran no ser hechos aislados. El 16 de mayo de
este año, Valor por Tamaulipas publicó que matanzas como las de San Fernando
han ocurrido en otras partes de Tamaulipas: Cantidades similares de personas
son ejecutadas anualmente en los Triángulos de las Bermudas de Los Zetas de
Ciudad Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, y del CDG de González, Aldama y Soto
la Marina.
La
información entregada al gobierno de Peña Nieto sostiene que, a partir de 2011,
los grupos criminales hicieron evidente su control territorial por encima de
las autoridades policiacas, incluyendo las federales, al colocar retenes en las
entradas de las ciudades, carreteras, caminos rurales, brechas y calles. Las
revisiones se extendieron a terminales de autobuses, paraderos de transporte
urbano y aeropuertos, domicilios particulares y centros de trabajo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario