Revista
Proceso
# 2052, 27 de febrero de 2016-02-28
El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se convirtió en juez y
parte en la investigación por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. A él se le
escapó y los suyos investigaron. El resultado: sólo exfuncionarios de medio y
bajo nivel fueron responsables administrativamente de esa evasión.
Excepto
una alta exfuncionaria, Celina Oseguera Parra –entonces coordinadora general de
penales federales–, quien estaba fuera de su círculo de confianza, sólo se
culpó al director del penal, su encargada jurídica, dos supervisores
penitenciarios y un oficial de prevención.
A
decir del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio
Andrade, fueron negligentes: los empleados menores, por no activar a tiempo las
alertas, y los exfuncionarios, por darle a Guzmán beneficios que no le
correspondían y dejar de revisar la seguridad en el Cefereso número 1, El
Altiplano.
Algunas
facultades de Oseguera eran proponer los beneficios a los presos, los
lineamientos de seguridad de los penales federales y los cambios de los
internos a centros de mediana o alta seguridad. Según confirmó el Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS),
dependiente de la Secretaría de Gobernación, ante otro requerimiento de
información de este semanario, Oseguera jamás pidió cambio de penal o de
dormitorio para El Chapo, quien siempre estuvo en la celda 20 del área de
Tratamientos Especiales, donde desembocó el túnel por el cual escapó.
El
otro es el que fuera director de Desarrollo Tecnológico de los penales
federales, Enrique Angulo Cervera, encargado del sistema Sicife, que concentra
la información jurídica y técnica de todos los internos federales. Fue además
responsable de contratar a la empresa que le colocó al Chapo un brazalete de
localización que nunca funcionó.
Angulo
Cervera trabajaba con el director general de administración del OADPRS, Paulo
Uribe Arriaga, otro excolaborador de Osorio Chong: fue coordinador de
Planeación y Finanzas del gobierno de Hidalgo entre 2005 y 2011.
Uribe,
quien trabajó con Osorio Chong cuando éste era oficial mayor en la Presidencia
Municipal de Pachuca en los noventa, es también cercano al oficial mayor de
Gobernación, Jorge Francisco Márquez Montes, quien fue coordinador de asesores
del entonces gobernador de Hidalgo.
Andrade
sólo se hizo eco de la investigación sobre la fuga hecha por otra antigua
colaboradora de Osorio Chong, María del Carmen Archundia Escutia, titular del
Órgano Interno de Control (OIC) del OADPRS.
Archundia,
titular del OIC a partir de septiembre de 2013, ha sido colaboradora de Osorio
desde que éste era gobernador de Hidalgo.
Equipo
compacto
Desde
antes que Guzmán se fugara, el 11 de julio de 2015, el OIC y el OADPRS han
tenido enroques de personal en áreas sustantivas, en un intercambio de espacios
entre vigilantes y vigilados.
El
más reciente y significativo ha sido el de Cristina Reséndiz Durruty, quien
hasta octubre pasado era directora de Ejecución de Sanciones del OADPRS, una de
las áreas más sensibles del sistema penal federal. Entre otras funciones, está
a cargo del Archivo Nacional de Sentenciados, la designación de los penales en
los que deben cumplir sus penas los reos, los operativos para el traslado
nacional o internacional de los sentenciados y proponer los beneficios de
libertad anticipada o la adecuación de las penas.
Reséndiz
Durruty es secretaria ejecutiva del OIC. Además de que ese cargo no existe en
el organigrama de la SFP, ahora es responsable de revisar las anomalías que
pudo haber durante su gestión.
Adscritos
a la SFP, los OIC son los encargados de prevenir y sancionar las prácticas
corruptas en la administración federal, controlar que los actos de los
funcionarios sean legales y atender las quejas de presuntas irregularidades
cometidas por los servidores públicos.
Reséndiz
Durruty asumió su nuevo encargo con el inicio de año. Su salida del OADPRS
ocurrió el 31 octubre pasado, dos meses después de la renuncia de Monte
Alejandro Rubido García como comisionado nacional de Seguridad. Reséndiz
trabajó con Rubido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública al principio del
actual gobierno.
El
sexenio pasado, la nueva secretaria ejecutiva del OIC trabajó en Servicios
Generales de la Policía Federal, cuando el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública era Genaro García Luna, para quien también laboró Rubido
García.
Confrontada
en el OADPRS con Oseguera, Reséndiz Durruty se quedó encargada del área después
de que aquella fue cesada por la evasión del Chapo. Ahora, como secretaria
ejecutiva del OIC, mantiene una presencia importante en el OADPRS.
Junto
con Omar Javier Santillán Cervantes, secretario particular del anterior titular
del OADPRS, Juan Ignacio Hernández Mora, tuvo el control de la entidad.
Hernández Mora fue cesado por la fuga, pero no procesado. Su sustituto, Eduardo
Guerrero Durán, mantuvo a Santillán Cervantes y lo hizo su coordinador de
asesores.
En
su nuevo encargo, Reséndiz Durruty ha protegido a dos de sus más importantes
colaboradores en el OADPRS: los subdirectores Nadia Sánchez de la Fuente,
encargada de dictaminar ejecuciones, y Juan Manuel García Moreno, exoficial de
contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Reséndiz
es ahora una pieza más del OADPRS en el órgano encargado de su vigilancia.
Despacha al lado de Archundia, integrante del llamado Grupo Hidalgo. Con Osorio
como gobernador de ese estado, ésta fue subprocuradora de Justicia (2008-2011).
Fue nombrada por el entonces procurador estatal José Alberto Rodríguez
Calderón, ahora subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Exdelegada
de la Procuraduría en Morelos e Hidalgo, Archundia ha sido también funcionaria
de seguridad pública de la segunda entidad, donde fue acusada de maltrato y
abuso de autoridad por policías estatales.
Reséndiz
fue objeto de varias denuncias. Entre las anomalías que personal de la prisión
denunció, de acuerdo con testimonios obtenidos por este semanario, estuvieron
los ruidos extraños que se escucharon en el penal en los días previos a la
evasión, los privilegios que tenía Guzmán más allá del reglamento carcelario y
el relajamiento de las medidas de seguridad. Pero las denuncias fueron
desatendidas y quienes las hicieron, fueron obligados a renunciar (Proceso
2030).
Según
ellos, fueron amenazados con ser presentados ante el Ministerio Público federal
para mantener sus dichos y en algunos casos se les pidió que renunciaran para
no emprender acciones contra ellos. Señalaron como encargado de presionarlos a
uno de los colaboradores más cercanos de Archundia desde la procuraduría de
Hidalgo, Gregorio García López, actual titular del Área de Responsabilidades
del OIC.
A
una solicitud de información pública, el OADPRS informó a este semanario que el
año pasado se registraron 25 bajas en el Altiplano, 16 de ellas por renuncia.
Entre los que se fueron estaban un comandante, un supervisor de seguridad
penitenciaria, tres guardias y un oficial en prevención penitenciaria, todos
con funciones operativas en el penal de máxima seguridad.
El
organismo evitó proporcionar los motivos y fechas de las renuncias pero aseguró
que éstas fueron voluntarias.
Otro
enroque es el de Juan Manuel Hernández Moreno, quien en agosto de 2014, cuando
Guzmán Loera tenía medio año en prisión, pasó de la subdirección del OIC a la
dirección general de Ejecución de Sanciones.
Hernández
Moreno fue designado para llevar el caso del Chapo, pese a su inexperiencia en
el manejo de uno de los expedientes más importantes del sistema penitenciario
federal.
El
OADPRS fue requerido por Proceso para que entregara copia del registro de los
funcionarios que manejaron el expediente de Guzmán Loera durante 2015. El
Comité de Información del Órgano, en el que participa Archundia, respondió que
se trata de información reservada.
El
cambio de Hernández Moreno al OADPRS y su manejo del expediente de Guzmán no
formó parte de las investigaciones del OIC de su exjefa Archundia, cuyos
resultados fueron dados a conocer por el secretario de la Función Pública.
Tampoco
entró el caso del director de administración del Cefereso número 1, Jesús
Martín Grajeda Mejía, quien después de la fuga se convirtió en coordinador
administrativo de la Dirección General de Ejecución de Sanciones, a cargo
entonces de Reséndiz Durruty.
El
pasado 12 de enero, poco después de que El Chapo fue reaprehendido, Andrade
adelantó que se había abierto una investigación contra 13 servidores públicos,
pero que sólo a seis se les fincaría responsabilidad administrativa. El pasado
martes 2 de febrero convocó a la prensa para dar avances de su investigación.
Aunque
insistió en que se trataba sólo de la investigación administrativa y que la PGR
se encarga de las responsabilidades penales, Andrade aplicó la mayoría de las
sanciones a empleados sin jerarquía en el sistema penitenciario federal, a
excepción de Oseguera. Todos fueron inhabilitados una década en el servicio
público, aunque pueden impugnar la medida.
A
Oseguera le imputó no haber presentado el proyecto de presupuesto de 2014 y
2015 para mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad, no haber
“optimizado la seguridad” del Cefereso 1 y haber celebrado una sesión
extraordinaria el 31 de diciembre de 2014 para autorizar la entrega de bienes
al Chapo Guzmán fuera del reglamento del penal.
Las
sanciones no llegaron más arriba. El entonces jefe de Oseguera, Juan Hernández
Mora, sólo fue despedido, y el superior de ambos, Rubido García, renunció.
Contra ninguno hubo sanción administrativa. l
1 comentario:
Gracias Fred. Tú siempre al pendiente del tema carcelario. Saludo se...
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