Democracia e indigenismo en América/Álvaro Pop, antropólogo guatemalteco
Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com) 02/09/2008;
Bolivia consolida la necesidad del debate sobre la democracia y los pueblos indígenas en América Latina. El poderoso movimiento que instaló en el poder a Evo Morales, es la muestra de cómo los pueblos indígenas están usando la democracia para la conquista del Poder Ejecutivo. De base sindical, obrera y campesina, pero al final con un planteamiento indigenista.
Junto con esta emergencia, es necesario considerar el informe sobre la Democracia en América Latina, elaborado por el ex canciller Dante Caputo, que demuestra que las poblaciones no ven resultados concretos en su vida cotidiana a partir de la democracia.
En cada elección aumenta la participación ciudadana rural, en Guatemala por ejemplo, previo a la última elección el empadronamiento rural aumentó al 119% en el 2007 (ASIES 2008). Una paradoja que invoca una reflexión estructural de los sistemas políticos en la región y que de alguna manera explica la llegada al poder de propuestas partidarias que proponen cambios significativos en los sistemas económicos imperantes. Es decir, la democracia no ha llegado a nuestros estómagos, a pesar de nuestra mayor participación política…
Este tema es particularmente significativo en Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala, dada sus historias, sus densidades poblacionales y las incapacidades de los Estados para manejar sus realidades multiculturales. Los casos de estos países son igualmente importantes por las estructuras de organización de los pueblos indígenas, el avance en sus planteamientos de reforma del Estado y la evolución histórica de sus luchas de reivindicación manejadas por planteamientos de identidad cultural.
Las propuestas contemporáneas de los pueblos indígenas se centran en el reconocimiento de sus identidades culturales, el respeto al ejercicio de sus derechos colectivos, la eliminación del racismo y la discriminación, la superación de la pobreza y el ejercicio pleno de derechos de ciudadanía. Es decir, toda una búsqueda del fortalecimiento de la democracia moderna.
Los pueblos que constituyen minorías de población en sus países, en muchos casos reclaman autonomías para proteger sus territorios y recursos naturales; los pueblos que son mayorías en sus Estados buscan transformaciones estatales y han puesto a discusión los regímenes democráticos. Importantes estudios demuestran que América Latina es la única región del mundo donde los movimientos sociales de base indígena no han sido secesionistas. Es proporcionalmente inversa la magnitud de la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas y su rebelión y movilización. Son gigantes que sobreviven y hoy han apostado por la democracia.
En el documento del National Intelligence Council (NIC) Latinoamérica 2020: pensando los escenarios de largo plazo, reconoce que “comparada con el escenario que enfrentan otras áreas del mundo, Latinoamérica será una región relativamente pacífica en los próximos años. Existirán conflictos fronterizos y reclamos territoriales… pero el escenario de enfrentamientos armados es de baja probabilidad”. Al referirse a los movimientos sociales en el interior de los países, plantea que “la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados también puede representar un riesgo para la seguridad regional. Si en los próximos años los movimientos de reivindicación indigenista no logran inserción en el sistema político, ni determinados niveles de inclusión social, existe la probabilidad que muchos movimientos evolucionen hacia reivindicaciones de tipo autonómico territorial… reivindicaciones territoriales impulsadas por grupos irredentistas podrían incluir el escenario de insurgencia armada y violencia política”. Las participaciones indígenas en partidos políticos y en la estructura de gobierno, las experiencias de alianzas de dirigentes e intelectuales con gobiernos nacionales, las reformas jurídicas y las cosmovisiones pacíficas de estos movimientos hacen poco probable esta posibilidad en países con mayoría indígena en su población. Sin embargo, esta posibilidad puede existir en Estados con poblaciones indígenas minoritarias que priorizan sus demandas territoriales, arrinconadas por decisiones unilaterales de los Gobiernos, bajo influencias económicas nacionales e internacionales injustas, violatorias de mandatos constitucionales y del derecho internacional.
Son cuestionables las estadísticas sobre los porcentajes de población indígena en América Latina. Sin embargo, en Guatemala la población indígena supera el 50%, en Ecuador y Perú igualmente el 40%, y en Bolivia alrededor del 70%. La paradoja es que a mayor población indígena, menor atención del Estado, menor cobertura en educación, salud, seguridad ciudadana, administración de justicia e infraestructura.
En estos países se tienen democracias formales con un manejo de la ciudadanía de manera diferenciada. En consecuencia, se tienen ciudadanos de primera categoría, capaces de participar en la toma de decisiones nacionales, de hacer valer su ciudadanía ante el mundo, tienen disfrute de vida similar a las poblaciones con renta alta en el primer mundo y con capacidad de acceso a la educación superior; como segunda categoría se tienen poblaciones de renta media y baja, que con dificultad acceden al cumplimiento de sus derechos políticos nacionales, urbanas en el interior de sus países y en el mejor de los casos con educación de nivel medio; finalmente, las poblaciones que sobreviven con menos de un dólar al día, rurales, analfabetas, con cierta participación política local, desinformadas del sistema político imperante y sin influencia en la toma de decisiones nacionales de manera consciente y sabida.
En este contexto, los pueblos indígenas en América Latina (más de 600), a través de su reivindicación histórica han logrado poner, con diferente intensidad, el tema de la multiculturalidad, en las agendas de discusión política nacional. Éste quizá sea su gran logro a inicios del siglo XXI, pero que aún no llega a la cotidianidad de las poblaciones rurales.
Es de reconocer que se han dado cambios jurídicos en la mayoría de países de la región. Sin embargo, el Índice de Calidad Legislativa Indígena en América Latina 2004, del Banco Interamericano de Desarrollo, con datos indica que los tres países de mayor calidad legislativa son Colombia, Venezuela y Bolivia, con un 70%. Perú y Ecuador, en el cuarto y quinto lugar, con un poco más del 60%. Llama la atención el caso de Guatemala en el decimotercer lugar, con el 40% de calidad legislativa y el 42% de población indígena.
El mayor desafío para los Estados, la comunidad internacional y los pueblos indígenas es la implementación de este nuevo escenario jurídico; se tendrá que reflejar en legislación secundaria, en reformas ejecutivas de Estado y en la designación significativa de recursos financieros.
Es innegable que los más de 25 años de democracia en la región han permitido la generación de movimientos sociales que plantean y exigen la reforma de los regímenes políticos. Buscan que los sistemas de partidos políticos puedan construir Estados sólidos, con visiones nacionales plurales, capaces de operar con autonomía de los poderes fácticos venidos del capital nacional o transnacional, del crimen organizado y las fuerzas armadas de cada país. En este sentido, hay que valorar que “en los próximos 15 años se producirá un crecimiento de las contradicciones culturales en la sociedad latinoamericana, como consecuencia del surgimiento de particularismos étnicos y regionales. La expresión más fuerte de estas contradicciones culturales será el movimiento indigenista, cuya influencia crecerá a lo largo de los próximos 15 años en toda la región, particularmente en la región Andina, Centroamérica y el sur de México”. (NIC 2004).
Los movimientos indígenas en América Latina, especialmente en Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia traen consigo el desafío de enriquecer sus democracias, el cumplimiento constitucional y aportar a la construcción de Estados capaces de servir a los ciudadanos en general, reconociendo sus diferencias culturales, superando los altos niveles de desigualdad y haciendo efectivos sus derechos políticos. En todos los países, además, reconociendo y apreciando su valía en términos del respeto, el manejo sustentable al medio ambiente y eliminando el clientelismo del sistema político. Esto permitirá empezar a construir el futuro de la región.
Junto con esta emergencia, es necesario considerar el informe sobre la Democracia en América Latina, elaborado por el ex canciller Dante Caputo, que demuestra que las poblaciones no ven resultados concretos en su vida cotidiana a partir de la democracia.
En cada elección aumenta la participación ciudadana rural, en Guatemala por ejemplo, previo a la última elección el empadronamiento rural aumentó al 119% en el 2007 (ASIES 2008). Una paradoja que invoca una reflexión estructural de los sistemas políticos en la región y que de alguna manera explica la llegada al poder de propuestas partidarias que proponen cambios significativos en los sistemas económicos imperantes. Es decir, la democracia no ha llegado a nuestros estómagos, a pesar de nuestra mayor participación política…
Este tema es particularmente significativo en Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala, dada sus historias, sus densidades poblacionales y las incapacidades de los Estados para manejar sus realidades multiculturales. Los casos de estos países son igualmente importantes por las estructuras de organización de los pueblos indígenas, el avance en sus planteamientos de reforma del Estado y la evolución histórica de sus luchas de reivindicación manejadas por planteamientos de identidad cultural.
Las propuestas contemporáneas de los pueblos indígenas se centran en el reconocimiento de sus identidades culturales, el respeto al ejercicio de sus derechos colectivos, la eliminación del racismo y la discriminación, la superación de la pobreza y el ejercicio pleno de derechos de ciudadanía. Es decir, toda una búsqueda del fortalecimiento de la democracia moderna.
Los pueblos que constituyen minorías de población en sus países, en muchos casos reclaman autonomías para proteger sus territorios y recursos naturales; los pueblos que son mayorías en sus Estados buscan transformaciones estatales y han puesto a discusión los regímenes democráticos. Importantes estudios demuestran que América Latina es la única región del mundo donde los movimientos sociales de base indígena no han sido secesionistas. Es proporcionalmente inversa la magnitud de la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas y su rebelión y movilización. Son gigantes que sobreviven y hoy han apostado por la democracia.
En el documento del National Intelligence Council (NIC) Latinoamérica 2020: pensando los escenarios de largo plazo, reconoce que “comparada con el escenario que enfrentan otras áreas del mundo, Latinoamérica será una región relativamente pacífica en los próximos años. Existirán conflictos fronterizos y reclamos territoriales… pero el escenario de enfrentamientos armados es de baja probabilidad”. Al referirse a los movimientos sociales en el interior de los países, plantea que “la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados también puede representar un riesgo para la seguridad regional. Si en los próximos años los movimientos de reivindicación indigenista no logran inserción en el sistema político, ni determinados niveles de inclusión social, existe la probabilidad que muchos movimientos evolucionen hacia reivindicaciones de tipo autonómico territorial… reivindicaciones territoriales impulsadas por grupos irredentistas podrían incluir el escenario de insurgencia armada y violencia política”. Las participaciones indígenas en partidos políticos y en la estructura de gobierno, las experiencias de alianzas de dirigentes e intelectuales con gobiernos nacionales, las reformas jurídicas y las cosmovisiones pacíficas de estos movimientos hacen poco probable esta posibilidad en países con mayoría indígena en su población. Sin embargo, esta posibilidad puede existir en Estados con poblaciones indígenas minoritarias que priorizan sus demandas territoriales, arrinconadas por decisiones unilaterales de los Gobiernos, bajo influencias económicas nacionales e internacionales injustas, violatorias de mandatos constitucionales y del derecho internacional.
Son cuestionables las estadísticas sobre los porcentajes de población indígena en América Latina. Sin embargo, en Guatemala la población indígena supera el 50%, en Ecuador y Perú igualmente el 40%, y en Bolivia alrededor del 70%. La paradoja es que a mayor población indígena, menor atención del Estado, menor cobertura en educación, salud, seguridad ciudadana, administración de justicia e infraestructura.
En estos países se tienen democracias formales con un manejo de la ciudadanía de manera diferenciada. En consecuencia, se tienen ciudadanos de primera categoría, capaces de participar en la toma de decisiones nacionales, de hacer valer su ciudadanía ante el mundo, tienen disfrute de vida similar a las poblaciones con renta alta en el primer mundo y con capacidad de acceso a la educación superior; como segunda categoría se tienen poblaciones de renta media y baja, que con dificultad acceden al cumplimiento de sus derechos políticos nacionales, urbanas en el interior de sus países y en el mejor de los casos con educación de nivel medio; finalmente, las poblaciones que sobreviven con menos de un dólar al día, rurales, analfabetas, con cierta participación política local, desinformadas del sistema político imperante y sin influencia en la toma de decisiones nacionales de manera consciente y sabida.
En este contexto, los pueblos indígenas en América Latina (más de 600), a través de su reivindicación histórica han logrado poner, con diferente intensidad, el tema de la multiculturalidad, en las agendas de discusión política nacional. Éste quizá sea su gran logro a inicios del siglo XXI, pero que aún no llega a la cotidianidad de las poblaciones rurales.
Es de reconocer que se han dado cambios jurídicos en la mayoría de países de la región. Sin embargo, el Índice de Calidad Legislativa Indígena en América Latina 2004, del Banco Interamericano de Desarrollo, con datos indica que los tres países de mayor calidad legislativa son Colombia, Venezuela y Bolivia, con un 70%. Perú y Ecuador, en el cuarto y quinto lugar, con un poco más del 60%. Llama la atención el caso de Guatemala en el decimotercer lugar, con el 40% de calidad legislativa y el 42% de población indígena.
El mayor desafío para los Estados, la comunidad internacional y los pueblos indígenas es la implementación de este nuevo escenario jurídico; se tendrá que reflejar en legislación secundaria, en reformas ejecutivas de Estado y en la designación significativa de recursos financieros.
Es innegable que los más de 25 años de democracia en la región han permitido la generación de movimientos sociales que plantean y exigen la reforma de los regímenes políticos. Buscan que los sistemas de partidos políticos puedan construir Estados sólidos, con visiones nacionales plurales, capaces de operar con autonomía de los poderes fácticos venidos del capital nacional o transnacional, del crimen organizado y las fuerzas armadas de cada país. En este sentido, hay que valorar que “en los próximos 15 años se producirá un crecimiento de las contradicciones culturales en la sociedad latinoamericana, como consecuencia del surgimiento de particularismos étnicos y regionales. La expresión más fuerte de estas contradicciones culturales será el movimiento indigenista, cuya influencia crecerá a lo largo de los próximos 15 años en toda la región, particularmente en la región Andina, Centroamérica y el sur de México”. (NIC 2004).
Los movimientos indígenas en América Latina, especialmente en Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia traen consigo el desafío de enriquecer sus democracias, el cumplimiento constitucional y aportar a la construcción de Estados capaces de servir a los ciudadanos en general, reconociendo sus diferencias culturales, superando los altos niveles de desigualdad y haciendo efectivos sus derechos políticos. En todos los países, además, reconociendo y apreciando su valía en términos del respeto, el manejo sustentable al medio ambiente y eliminando el clientelismo del sistema político. Esto permitirá empezar a construir el futuro de la región.
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