Caso
Regina Sin avances, sin explicaciones, sin credibilidad.../ JORGE CARRASCO
ARAIZAGA
Revista
Proceso
No. 1897, 10 de marzo de 2013
La
investigación del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina
Martínez, derivó en un enredo en que, por consigna, aparece un presunto
responsable, mientras un supuesto cómplice sigue prófugo. A la coadyuvancia de
este semanario en el caso, que fue aceptada por el gobernador de Veracruz hace
un año, se le ponen todas las trabas: las diligencias ministeriales se frenan
inexplicablemente y, por si fuera poco, de la nada aparece un nuevo personaje
cuya presencia no se ha podido explicar.
El
gobierno de Javier Duarte de Ochoa y el Poder Judicial de Veracruz no encuentran
la manera de justificar la versión de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
sobre la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez,
corresponsal de la revista Proceso en esa entidad.
Hace
cuatro meses que la juez Beatriz Rivera Hernández tiene la consigna de condenar
a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, el único detenido que supuestamente
confesó su participación en el asesinato cometido hace casi un año, la
madrugada del 28 de abril, en el domicilio de la periodista en Xalapa, capital
del estado.
Pero
la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito
con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, apenas ha seguido la instrucción del
caso, mientras que la PGJ no ha encontrado al otro presunto responsable, José
Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien supuestamente tenía localizado
desde octubre pasado, cuando el gobierno de Duarte aseguró que el caso estaba
prácticamente resuelto.
El
martes 5 la PGJ y la juez expresaron sorpresa cuando la revista acreditó ante
el juzgado a la abogada Diana Coq Toscanini como coadyuvante y solicitó a la
juez diversas actuaciones ante la versión oficial de que el móvil del asesinato
fue un robo que implica una supuesta doble vida de la periodista.
A
pesar de tener 24 horas para responder, la juez no había emitido ningún acuerdo
hasta el cierre de esta edición, ignorando la gestión de la revista y en la
práctica desconociendo su coadyuvancia, reconocida por la procuraduría estatal
y por la Procuraduría General de la República, que también ha estado marginada
de las investigaciones de la PGJ.
La
directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez,
se dio por enterada de la actuación judicial de la revista para reiterar lo que
ha dicho durante todo el proceso judicial: Que si tiene pruebas, que las
presente. Sólo así la procuraduría podría investigar más allá de su versión.
En
su escrito Proceso pidió a la juez que ampliara y ratificara las declaraciones
de las personas referidas por la PGJ para “el esclarecimiento” del caso,
incluidos los agentes investigadores y los peritos que intervinieron la escena
del crimen, así como otras actuaciones judiciales.
Pidió
también copia del video y las fotografías tomados en la casa de la periodista y
reiteró su solicitud de acceder al expediente completo del caso. La primera
petición se hizo en noviembre pasado, pero la PGJ y la juez la ignoraron,
contrario al compromiso público de Duarte de facilitar la participación de la
revista en las investigaciones.
Culpables
al vapor
El
30 de octubre de 2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención
del Silva y que su oficina estaba en busca del Jarocho, un delincuente y
sexoservidor a quien presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo
día los consignó ante la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez
Rivera dictó el auto de formal prisión contra El Silva.
La
juez desechó por completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien
negó su responsabilidad y acusó a la PGJ de tortura y retención ilegal durante
varias semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre,
su único lazo afectivo, si no lo hacía.
Analfabeto
y portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, de 34 años, firmó
su declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su
comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y
detallada como la de una persona con preparación, según consta en la
investigación ministerial 019/2012/PC.
Desde
que fue llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la
población del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios
recogidos en el centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y
noche. Su encarcelamiento es muy distinto al de la primera vez, cuando fue
condenado por robo. En ese entonces trabajaba en la misma prisión para obtener
dinero.
Ahora
teme que lo maten. Está en permanente tensión. Ante quienes puede hablar
insiste en su inocencia: “Sí he robado pero nunca he matado a nadie”. Internos
procesados por delincuencia organizada dudan también de su participación en el
homicidio de la reportera.
Sin
recursos para su defensa, por lo que había tenido dos abogados de oficio, le
apareció repentinamente un litigante particular (no se sabe quién lo contrató),
Adair Gasca Hernández, quien se presentó después de que la juez Rivera ya había
cerrado la instrucción de la causa penal 358/2012 el pasado 15 de enero.
La
juez consideró que ya no había más pruebas que aportar a favor del acusado,
pese a que la PGJ no ha aprehendido al Jarocho, quien ya había sido detenido en
junio del año pasado y luego fue puesto en libertad no obstante que para
entonces la procuraduría ya había incluido su nombre en las investigaciones del
asesinato de Regina Martínez. En aquella detención, lo fichó y en la fotografía
aparece con la cara golpeada.
Según
Consuelo Lagunas, el prófugo es un halcón, como se conoce a quienes hacen
trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada. La funcionaria dijo que
lo tenían ubicado.
La
juez tampoco consideró las declaraciones de un operador de Los Zetas en
Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011 aseguró que en el asesinato
estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa, según dio a conocer Proceso en
su número 1879.
En
los 26 meses de gobierno de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en
Veracruz. De esos casos el gobierno asegura haber “esclarecido” seis, pero
evitó procesar a los culpables porque al parecer estaban vinculados con la
delincuencia organizada, un delito del fuero federal.
Desaseo
judicial
Al
igual que la PGJ, la juez Rivera desestimó la petición del semanario para que se
investigara la posible relación del homicidio con la cobertura periodística de
su corresponsal. En las actuaciones judiciales no hay ningún peritaje al
respecto ni durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ni en el de Duarte.
A
casi dos meses de haber cerrado la instrucción, la juez no ha emitido sentencia
contra El Silva y en cambio ha seguido realizando diligencias judiciales, como
la del 19 de febrero pasado, cuando se evidenció el desaseo judicial y la
complicidad de la PGJ y de la juez en el caso.
Ese
día debían comparecer los policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones
(AVI), Ángel Pérez Martínez y Jorge Luis Téllez Ruiz, quienes detuvieron al
Silva.
Los
agentes de la AVI, dependiente de la PGJ, sí llegaron, pero no fue posible el
careo entre ellos, el acusado y el abogado defensor en la mesa 9 de la rejilla
de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia, donde está radicado el
expediente judicial.
La
audiencia se suspendió porque no se esperaba la presencia de la prensa.
–¿Por
qué no hubo diligencia? –preguntaron los reporteros al comandante Braulio,
encargado de presentar a los oficiales de la AVI en el juzgado.
–No
sé. No se presentó el abogado defensor del Silva, quien solicitó la diligencia.
Se tendrá que acordar y volver a agendar. Ya me voy –respondió.
Sin
embargo la juez dio otra versión: “Que no vengan a decir mentiras. Aquí está el
acta. Se abrió a las 10:05 AM. No se presentaron los policías y se tuvo que
cerrar. Se llevará a cabo la próxima semana, probablemente el martes”.
La
juez mostró un acta con las rúbricas de la agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado, Blanca Estela Gómez Ruiz, y del abogado defensor, Adair
Gasca Hernández.
Aunque
la diligencia estaba programada para las 10 de la mañana no fue sino hasta las
dos de la tarde cuando el comandante Braulio se retiró del juzgado junto con
los dos agentes de la AVI. Sorprendidos por la presencia de la prensa, los
policías esperaron cuatro horas para ser llamados a la rejilla de prácticas,
mientras el encargado de la mesa 9 del juzgado, Noé Rojas, no ocultaba su
nerviosismo mirando a los periodistas. Se encerró en dos ocasiones con la juez.
No dijo ni una sola palabra.
–¿Quién
mintió? –preguntaron los reporteros a la juez Rivera.
–Nosotros
no. Aquí está la firma del abogado, Adair Gasca.
Insistió:
“Sí vino, lo tienen que haber visto afuera, un chaparrito, con los pelos
parados, ni prieto ni blanco”.
–¿Por
qué el comisionado de la AVI dijo que no se presentó el abogado?
–A
mí pregúntenme de lo mío. Aquí ha venido a declarar la esposa del Silva, el que
vende papitas y conocía al Silva y al Jarocho, La Mafer, el que vio la
compra-venta de los artículos de Regina y el que bebía licor por la casa de la
difunta el día del asesinato.
La
juez replicó la versión difundida por la PGJ el 12 de noviembre, dos semanas
después de consignar al Silva, según la cual encontró en posesión de Sergio
Hernández Martínez, un travesti conocido como La Mafer, el reloj de la
periodista. Según la procuraduría, El Jarocho y El Silva fueron quienes le
vendieron el reloj.
En
su comunicado 4921 la PGJ reiteró que el único móvil del crimen fue el robo y
que lo dicho por La Mafer “fortalece la imputación en contra del procesado,
pues los familiares de la periodista Regina Martínez reconocieron el objeto
robado por los homicidas y que éstos tenían en posesión”.
El
pasado martes 5, un día después de que la abogada Coq Toscanini declarara “el
nulo avance, inconsistencias e irregularidades” en el proceso judicial, la
directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas, acudió
al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado para reunirse con su
presidente, Alberto Sosa Hernández.
Ambos
negaron que el caso estuviera cerrado y, contrario a lo acordado por la juez
cuando el 15 de enero cerró la instrucción contra Hernández Silva, el
presidente del TSJ declaró: “No se ha dado por concluida la instrucción… Si
existe un recurso, nosotros tendremos que esperar para que se envíen de nueva
cuenta al juzgador. No hay responsabilidad (de irregularidades o
inconsistencias), son los tiempos que se llevan para la resolución”, declaró.
Sosa
salió en defensa de la juez Rivera, quien es cercana a Alejandro Dávila Vera,
su secretario particular. El presidente del TSJ responsabilizó a la PGJ: Hay
diligencias e interrogatorios que no se han llevado a cabo. Sin embargo “no es
relativo al Poder Judicial, sino al Ministerio Público. El juzgador, al ir,
cumple con su cargo, con la fecha acordada. Si no se llevan a cabo (las
diligencias), el juzgador tendrá que hacer uso de los medios de apremio; es el
Ministerio Público el que debe impulsar ese procedimiento”.
Lagunas
se deslindó y señaló a la Dirección General de Control de Procesos, “y eso no
es de mi competencia”, cortó. (Con información de Noé Zavaleta, en Xalapa.)
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