Revista Proceso #2115, 14 de mayo de 2017
El hombre fuerte de Peña fracasa en la defensa de los ductos/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El funcionario de Pemex encargado de cuidar los ductos, el general Eduardo León Trauwitz, dispone de cuantiosos recursos y del apoyo absoluto de la Sedena; por eso llama la atención que en este sexenio haya crecido tanto el delito de robo de combustible en distintos puntos del país, soslayado por años pese a su escandalosa flagrancia. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación muestra serias anomalías en el manejo del presupuesto y la infraestructura para vigilancia en este rubro, pero el gobierno pretende usar los enfrentamientos con las bandas de huachicoleros para promover la nueva ley que respalde sus funciones de seguridad pública.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto puso al militar de sus confianzas, Eduardo León Trauwitz, al frente de la seguridad de Pemex. Jefe de escoltas de Peña desde el Estado de México, el ahora general ha tenido grandes beneficios en este sexenio: ascendió de grado militar más pronto que sus contemporáneos, amplió la influencia de su oficina en la empresa pública y obtuvo una fuerza de 2 mil 500 elementos del Ejército y la Marina para su principal tarea, la vigilancia de los ductos de gasolina.
Aunque no es el primer jefe castrense a cargo de la seguridad de las instalaciones de Pemex, el general León Trauwitz ha sido el principal encargado de combatir la “ordeña” de combustible, que viene desde el gobierno de Felipe Calderón pero que se ha agravado en el de Peña Nieto.
El Ejército ha sido el principal apoyo del general de Infantería para esta tarea. Pero también ha contado con cuantiosos recursos materiales y económicos, incluidos dos aviones que según los legisladores del PAN terminaron destinados al uso de la Presidencia de la República.
Además, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), otros aparatos aéreos comprados para el combate del robo de combustible fueron usados por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sin que se haya comprobado que fue para la “movilidad táctica y estratégica” de funcionarios para la toma de decisiones de “seguridad nacional”, según reportó la reportera Jesusa Cervantes (Proceso 2107).
Aunque el nombre del general León Trauwitz ya se había hecho visible a principios del sexenio, ya que el 31 de enero de 2013 una poderosa explosión destruyó tres niveles de la torre B-2 de Pemex, en la Ciudad de México, el cargo del jefe miltar surgió de nuevo en medio de las revelaciones de una probable ejecución extrajudicial de un civil a manos de la Policía Militar (PM), durante una confrontación armada con presuntas bandas dedicadas al robo de gasolina, el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla.
La PM se ha convertido en la apuesta del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Salvador Cienfuegos, para mantener la participación de los militares en tareas de seguridad pública, a pesar de su escasa experiencia. Por ello, de la mano del Congreso busca reformar la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que vayan más allá de las funciones de vigilancia que ahora realizan.
Del choque ocurrido en el llamado Triángulo Rojo del robo de gasolina en Puebla, sólo se conocía la versión del Ejército de que efectivos de la PM fueron atacados en dos ocasiones. En la primera, según dijo, con niños y mujeres como escudos huamanos. Pero una semana después, el miércoles 10, el periódico Cambio de Puebla dio a conocer un video en el que se ve la ejecución de un civil cuando estaba sometido por los policías castrenses.
El general León Trauwitz pertenece al arma de Infantería. Pero sus posiciones más importantes las ha logrado fuera de la Sedena, al lado de Peña Nieto. Comandante de tropa en sólo dos ocasiones y asesor de mando en dos zonas militares y en una región militar, es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina.
Su carrera militar dio un giro cuando logró integrarse al Estado Mayor Presidencial (EMP) como coordinador de seguridad presidencial cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos. Con Felipe Calderón estuvo a cargo de la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno visitantes hasta que en 2010 pidió licencia al Ejército para irse al Estado de México a cuidar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, a quien después también resguardó durante la campaña presidencial.
Como escolta del entonces gobernador, cobró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, según su propia declaración de servidor público ante la Secretaría de la Función Pública, en la que sin embargo evitó dar a conocer su patrimonio.
Cuando Peña ganó la República de la República promovió a León Trauwitz, que apenas tenía dos años como coronel, a general brigadier. El nombramiento, que recibió en noviembre de 2012 con el aval del mandatario saliente Felipe Calderón, generó molestia en varios mandos militares, ya que no cumplía con los cuatro años requeridos para el ascenso.
Además, Peña lo colocó al frente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, cargo que a un año de haber llegado transformó y elevó a Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), responsable de la vigilancia, supervisión y la seguridad física de las instalaciones de la ahora denominada empresa productiva del Estado.
Desde ahí, ha tenido el control de cuantiosos recursos para enfrentar a los llamados huachicoleros, dedicados al robo de gasolina en la red de ductos de Pemex.
De acuerdo con una entrevista publicada por en el número 488 de la revista Armas, del bimestre marzo-abril del año pasado, para esa tarea siempre ha tenido el apoyo de militares: “El espíritu de esta subdirección a mi cargo es recibir persona militar que se haya retirado dignamente, ya sea del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada de México, o personal que haya causado bja también de las Fuerzas Armadas”.
Explicó: “Hoy tenemos desplegados permanentemente más de 2 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas y de Pemex a lo largo de 60 kilómetros de ductos, quienes se encuentran permanentemente combatiendo este ilícito”, que según sus propias estimaciones pasó de 19 mil millones de pesos a 30 mil millones al año.
Quién vigila al vigilante
Por recursos, el encargado de vigilar las instalaciones e infraestructura de Pemex tampoco ha parado. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, confirmó que la SSE de Pemex, a cargo del general León Trauwitz, no sólo tiene el respaldo de la Sedena sino que ha contado con millonarios recursos para combatir el robo de gasolina.
En su reporte de la cuenta pública de 2015, que publicó apenas en febrero pasado, la ASF verificó que la SSE puso un marcha un proyecto de inversión por 2 mil 521 millones 48 mil 800 pesos para el “fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex” de 2013 a 2015.
De acuerdo con lo que informó la oficina del general León Trauwitz a la ASF, ese proyecto fue para “mejorar la protección de las instalaciones estratégicas de Pemex, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de primera generación” y mejorar la eficiencia del personal “para actuar de manera contundente y oportuna en aquellos lugares donde se registre la presencia de un ilícito”.
Según añadió la oficina al mando del general, ese proyecto “permitirá abatir el mercado ilícito de combustibles y demás actividades relacionadas con el crimen organizado que afecten el desempeño operativo y económicio de la Empresa Productiva del Estado”.
Para lograrlo, Pemex firmó un convenio con la Sedena en el que se comprometió a adquirir el equipo aéreo y terrestre necesario a favor de la segunda para que vigile y patrulle las instalaciones estratégicas que están bajo la responsabilidad del excolta de Peña Nieto, intercepte e interrumpa rápida y efectivamente las acciones del crimen organizado y cree un Centro de Mando de Control sólo para el conocimiento de Pemex y la Sedena.
El reporte de la ASF indica que en esos dos años el dinero del proyecto se gastó en la adquisición de 41 vehículos terrestres, nueve aeronaves, un cuartel general y en “revisiones del diseño y requisitos del sistema”.
La mayor parte de los más de 2 mil 500 millones de pesos fue para la adquisición de las aeronaves: cinco aviones y cuatro helicópteros. En total se reportó un costo de mil 748 millones 875 mil 600 pesos. Pero la SSE dejó de registrar 94 millones 690 mil pesos como activo fijo de su oficina en la compra de cinco de esas aeronaves, según observó la ASF.
Además, el monto de 2 mil 521 millones 48 mil 800 pesos es inferior en 63 millones 176 mil 100 pesos al que la subdirección de Pemex a cargo de León Trauwitz reportó en la cuenta pública 2015; es decir, 2 mil 584 millones 224 mil 900 pesos. La ASF estableció que la diferencia “no fue aclarada ni justificada por la SSE”.
La ASF también reportó que la SSE se negó a entregar las bitácoras de vuelo de esas aeronaves, por lo que tuvo que recurrir a la Sedena, ejecutora del proyecto de inversión de Pemex, para obtenerlas. Los auditores encontraron que en el caso de dos aparatos –un helicóptero Eurocopter EC-145 y un avión Cessna Sovereign– no se pudo acreditar su uso “para brindar movilidad táctica y estratégica a funcionarios de alto nivel para la toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional”.
Quien utilizó el helicóptero Eurocopter EC-145 fue el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. Pero la Sedena no dio el nombre de sus acompañantes y dijo que éstos y los destinos eran responsabilidad de Pemex.
Ante ese vacío, la oficina del general León Trauwitz aseguró en una nota informativa a la ASF que no genera información sobre el motivo ni el nombre de los pasajeros, “a pesar –observó la ASF– de ser quien salvaguarda y custodia la seguridad de las operaciones de Pemex y de sus funcionarios; administra los recursos tecnológicos (helicóptero) y coordina la transportación aérea de persona”, de acuerdo con al estatuto orgánico de Pemex.
El órgano fiscalizador detectó 727 traslados en 2015 en ese helicóptero; es decir, dos por día, con una duración promedio de 16 minutos, lo que significa que Lozoya usó un helicóptero comprado para la seguridad de los ductos de Pemex para sus traslados en la Ciudad de México.
La ASF también fue contundente al señalar que después de dos años, al momento en que se hizo la auditoría, la SSE de Pemex “no ha elaborado ni formalizado el contrato para la entrega de vehículos a la Sedena”.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, ha acusado a Lozoya de utilizar algunos de esos aviones para fines personales y el 28 de febrero pasado pidió la intevención de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública. Pero desde el 4 de abril del año pasado el columnista Darío Celis publicó en el periódico Excélsior que dos de esos aviones, un Gulfstream G550 y un Cessna Citation Soveregin, están al servicio de la Presidencia de la República.
El Gulstream G550, modelo 2010, usado, tuvo un costo de 733 millones 636 mil pesos y es el más caro de los comprados para la vigilancia de la infraestructura de Pemex. Tiene capacidad para 19 personas y es capaz de hacer vuelos de hasta 12 horas; es decir, capaz de volar sin escalas de Seúl, Corea del Sur, a Florida, Estados Unidos.
El Citation Sovereign es modelo 2009, también usado, y su costo fue de 203 millones 614 mil pesos. Es un jet mediano con capacidad de 12 pasajeros y fue el segundo más caro adquirido por la oficina del general de confianza del presidente.
Fortalecen la Policía Militar
Además del acuerdo con Pemex, la Sedena ha desplegado elementos de la PM a los estados con alto índice de robo de combustible, como Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. En Puebla, los policías militares que fueron ubicados en la XXV Zona Militar, con sede en la capital del estado, fueron los que el 3 de mayo se enfrentaron con grupos de la delincuencia organizada dedicados a la extracción de gasolina de los ductos de Pemex.
El general secretario Salvador Cienfuegos ha echado mano de ese cuerpo especial del Ejército, a pesar del escaso entrenamiento que tiene en labores de seguridad pública. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, primordialmente da el servicio de vigilancia.
Entre sus funciones se cuenta custodiar y proteger los cuarteles generales, instalaciones y otras dependencias del Ejército y Fuerza Aérea, organizar el tránsito de vehículos y personas, custodiar las prisiones militares, prevenir espionaje, sabotaje y actividades subversivas, y prevenir el pillaje y el saqueo en situaciones de emergencia.
La PM depende directamente de la ayudantía del general secretario en la Ciudad de México y, cuando es desplegada, depende directamente del comandante de la región militar. El general Cienfuegos se ha propuesto la creación de una brigada de policía militar en cada una de las 12 regiones en las que el Ejército tiene dividido el territorio nacional. Cada brigada está integrada por tres batallones, de unos 500 hombres cada uno. De concretarse el plan del general Cienfuegos, la PM podría tener hasta 18 mil efectivos, cuando al inicio del sexenio tenía poco más de 6 mil.
Los policías militares no tienen armas de apoyo como ametralladoras, morteros o armas antitanque y se transportan en camiones. En los disturbios, usan equipo antimotines, pero en el caso de Palmarito, Puebla, fueron enviados como fusileros; es decir, como efectivos de alguna de las armas del Ejército, según dijeron oficiales militares a este medio.
El exsubsecretario de la Defensa Nacional y ahora diputado federal por el PRI, el general en retiro Daniel Méndez Bazán, busca que el Congreso reforme la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea para que el comandante de la PM sea un general de ese servicio y no uno de arma, como hasta ahora sucede, además de ampliar su escalafón desde soldado hasta general.
La propuesta ya fue dictaminada por la Comisión de Defensa que él mismo preside y deberá ser aprobada por el pleno en lo que puede ser el inicio para darle más capacidades operativas a ese cuerpo militar, limitado ahora para enfrentar hechos violentos como el de Palmarito. El choque armado también ha incentivado a quienes pretenden que el Legislativo apruebe ya la Ley de Seguridad Interior que buscan las Fuerzas Armadas para respaldar sus acciones de seguridad pública.
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