En Michoacán, todos los candidatos bajo sospecha/José Gil Olmos

Revista Proceso No. 2013, 30 de mayo de 2015...

En Michoacán, todos los candidatos bajo sospecha/José Gil Olmos

Sobre los tres principales contendientes a la gubernatura michoacana pesan graves acusaciones de corrupción. Las denuncias más delicadas recaen en el perredista Silvano Aureoles y el priista Ascención Orihuela. El primero ha aparecido en fotografías con una presunta secuestradora y está señalado de desviar millones de pesos del erario a su campaña y favorecer con contratos a su camarilla. A la familia del segundo “le han encontrado” más de 60 casas y frecuentemente se le vincula con el narcotráfico. Así, igual que en 2011, los comicios en Michoacán se realizarán en un clima de violencia y operación electoral del crimen organizado.

A unos días de que se elija un nuevo gobernador en Michoacán, los tres aspirantes más fuertes –Luisa María Calderón, Cocoa, del PAN; el priista Ascención Chon Orihuela, y el perredista Silvano Aureoles– llevan una carrera muy pareja. Sin embargo, y más importante que eso, los comicios michoacanos vuelven a enfrentar la violencia, denuncias de corrupción y la acechanza del crimen organizado.

Al cierre de las campañas, la violencia se desató en Michoacán con la muerte de 42 civiles, presumiblemente miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y un policía en el Rancho del Sol el pasado viernes 22. Cuatro días después, en la Sierra de Ostula, ocurrió un enfrentamiento entre autodefensas de la costa contra remanentes de Los Caballeros Templarios, lo que dejó seis muertos, entre ellos el comandante de la policía comunitaria Reginaldo Rodríguez Flores.

También arreciaron las denuncias de injerencia de grupos criminales en las campañas y las acusaciones de corrupción contra los candidatos a gobernador, principalmente Orihuela y Aureoles.

 El pasado 16 de abril, Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del Comité Estatal del PAN, denunció la presencia de grupos criminales en el municipio de Purépero, que amenazaron e intimidaron a sus candidatos a regidor y síndico municipal y a sus familias.

 “Es inaceptable que de nueva cuenta la delincuencia organizada pretenda incidir activamente en el proceso electoral para colocar autoridades municipales a modo y en complicidad para conservar el control y el desarrollo de sus actividades ilícitas”, dijo.

 Paralelamente, en la zona de Tierra Caliente la situación es muy difícil, sostienen el exautodefensa Domingo Barajas y el padre Gregorio López, exvicario de la catedral de Apatzingán.

 “En plena carrera electoral estamos observando una situación muy crítica y casi de alarma en Tierra Caliente, pues es tanta la voracidad de parte de algunos malos políticos por alcanzar el poder que, según ellos, darían la garantía para que los criminales sigan con impunidad”, sostiene el sacerdote.

 En entrevista, asevera que en Apatzingán sigue operando la delincuencia organizada. Un ejemplo es el municipio de Múgica. López asienta que el actual alcalde, Casimiro Quezada Casillas, pertenece a Los Caballeros Templarios y hace campaña por el PRI.

 “Trae casa por casa a sus gatilleros, amenazando con pistola en mano a quien no vote por su partido, que ‘se va a arrepentir’, y quitando publicidad de la oposición e imponiendo la suya. Pero aún más grave es que la autoridad estatal no quiere ver la realidad o vive en otro mundo, y dice que ‘están dadas las condiciones para una elección democrática’. Aquí las cosas no están bien y se avecina un momento desolador”, advierte el padre Goyo.

 Barajas confirma el despliegue electoral del crimen organizado: “Lo que sabemos es que están metidos en todos lados. Los Caballeros Templarios se están reagrupando y se aliaron con el CJNG, que son los que tienen todo el dinero para imponerse. Muchos de ellos, que son empresarios, hoteleros, aguacateros y comerciantes, están apoyando al PRI. Es un cochinero”.

 Muestra de esto es que el candidato suplente del PRI para el Distrito XXI, basado en Coalcomán, es Uriel Farías Álvarez, El Paisa, quien fue detenido durante El Michoacanazo de 2009, acusado de tener vínculos con el Cártel del Milenio, ligado al de Sinaloa, que es el antecedente del CJNG.

 El hermano del Paisa es Juan José Farías, El Abuelo, acusado de haber sido lugarteniente de Los Valencia y, luego, integrante del CJNG.

 En otra zona de Michoacán, hacia Jalisco, la situación se tensó tras el asesinato de Enrique Hernández, candidato a alcalde de Yurécuaro por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Fue baleado cuando celebraba un mitin, el viernes 15, y a la fecha sólo han sido detenidos tres policías municipales que supuestamente recibieron dinero por permitir la ejecución de Hernández, quien en 2014 organizó un grupo de autodefensa.

 El pasado de Silvano

 Seis días antes de este homicidio, Cocoa pidió que se investigara a Aureoles por supuestos vínculos con grupos criminales.

 Calderón se refirió a imágenes difundidas en redes sociales, en las que Aureoles aparece abrazando a la joven Brenda Landa Ruiz, quien tiene abierta una investigación por formar parte de una banda de secuestradores que presuntamente opera desde 2012 en Jalisco, Estado de México y Nuevo León. La panista dijo que había más fotografías y afirmó que Landa fue puesta en libertad pocas horas después de ser detenida “gracias a la intervención directa de Silvano”.

 El perredista rechazó tener relación con la joven y argumentó que suele “saludar a todo el mundo y no sólo a las muchachas guapas”. Afirmó que dichas fotografías no reflejan una situación personal, sino que más bien fueron producto de su actividad como político.

 El 14 de mayo Aureoles enfrentó otro escándalo de mayores alcances. Ese día, el senador priista Agustín Trujillo Íñiguez anunció que pedirían al Instituto Electoral de Michoacán la inhabilitación de la candidatura del perredista por no haber comprobado un gasto de 21 millones de pesos de su pasada campaña electoral en 2011, cuando también compitió por la gubernatura. Se difundió, además, un audio en el que se comenta que Los Templarios entregaron a la campaña del perredista 2 millones de dólares.

 Aureoles guardó silencio. La respuesta la dio Jesús Zambrano, delegado del PRD para Michoacán. Dijo que ese señalamiento era parte de la guerra sucia en contra de su compañero, porque aventaja a Orihuela, quien frecuentemente ha sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico.

 Aureoles –a quien una encuestadora estatal coloca seis puntos porcentuales por arriba de Cocoa– enfrentó un tercer round: Jesús Casillas, delegado priista para Michoacán, y el presidente del PRI en el estado, Agustín Trujillo, denunciaron que, desde el Congreso de la Unión, Aureoles favoreció a empresas de candidatos del PRD con proyectos de obra estimados en 5 mil 333 millones de pesos en 25 municipios, durante 2013, y 264 millones de pesos en 2014.

 “Yo lo interpreto como una acción desesperada del PRI y eso es un poco ridículo, llevarse a los medios estatales, medios extranjeros para denunciar una ‘complejísima red de corrupción’ que he tejido y armado. Es fantasioso”, respondió el diputado con licencia.

 Ahora bien, no es la primera vez que Aureoles es denunciado por tráfico de influencias. Habitantes de Zitácuaro, municipio que gobernó el perredista en 2002, hicieron llegar al reportero documentos donde revelan que el perredista hizo negocios inmobiliarios millonarios junto con un grupo de socios, entre los que destacan Pascual Cigala Páez, Donaldo Ortiz, Carlos Herrera Tello, Saúl Rodríguez y Carlos Maldonado, entre otros.

 A Cigala lo señalan como el principal operador político de Aureoles, pues fue quien supuestamente –y por órdenes del aspirante a gobernador– orquestó en 2011 una campaña en contra del también perredista Mario Vallejo, candidato a alcalde de Zitácuaro. En esa elección, Cigala presuntamente operó desde la casa de Ricardo Osorio, El Tapa, jefe de la plaza de Los Templarios.

 En cuanto al negocio inmobiliario, las fuentes consultadas aseveran que Silvano, junto con Donaldo Ortiz, exedil de Susupuato y suplente del perredista cuando era diputado federal, se hicieron de propiedades y edificios que rentan al gobierno estatal, como el ubicado en la calle de Cuauhtémoc Oriente 11, en Zitácuaro, donde está la sede de los juzgados civiles. Operaron de manera similar con el edificio que se encuentra en la calle de Salazar Norte 47 de esa ciudad, donde están las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria Número 3. Mientras, en Morelia, construyeron casas en la exclusiva zona de Altozano.

 Otro socio de Aureoles es Carlos Herrera Tello, actual candidato perredista a Zitácuaro, con quien supuestamente tiene seis empresas constructoras que operan en Tabasco, Distrito Federal y Michoacán.

 Según la denuncia ciudadana, con el papá de Carlos Herrera, Roberto Herrera, Aureoles desvió cerca de 60 millones de pesos de la construcción de un teatro municipal hacia su campaña a gobernador de hace cuatro años.

 En 2011 su compañero de partido Enrique Bautista denunció el derroche en que incurrió Silvano durante su precampaña.

 En un solo acto realizado en Morelia, por ejemplo, Aureoles erogó 3 millones de pesos aproximadamente en la renta de 250 autobuses, comida para 10 mil personas, gorras, playeras, renta de escenario y equipo de sonido. El tope para la contienda interna era de 750 mil pesos.

 El clan de Los Orihuela

 La familia Orihuela es una de las más conocidas en Michoacán. Tiene una larga historia política y también de acusaciones de desvío de recursos y vínculos con la delincuencia. El martes 12 el delegado del PRD, Jesús Zambrano, difundió que Orihuela tiene 31 propiedades en Morelia, Pátzcuaro, Zitácuaro y otras localidades del oriente michoacano, las cuales no han sido reportadas ante las instituciones correspondientes.

 Y abundó: toda la familia Orihuela posee 61 inmuebles: 22 a nombre de Ignacio Orihuela Bárcenas, hermano de Chon; cinco de su hijo Eduardo Orihuela y tres más de Juan Carlos Orihuela, su otro hijo. Según el perredista, sólo una propiedad del aspirante priista en la avenida Camelinas de Morelia cuesta 6 millones y medio de pesos.

 Manifestó que muchas de esas propiedades fueron financiadas irregularmente. Citó una investigación del diario El Financiero, que el miércoles 20 reveló presuntos nexos del candidato priista con el capo Héctor El Güero Palma Salazar, Joaquín El Chapo Guzmán y La Familia Michoacana.

 El diario retomó las declaraciones de un testigo protegido de la PGR –Emilio– que forman parte del expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/131/2010, integrado por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). El testigo señaló que el senador del PRI colaboraba con El Chapo Guzmán y que posteriormente se “alineó” con La Familia Michoacana e incluso se hizo compadre del jefe de plaza de Zitácuaro, Hilario López Morales, El Gato.

 Una acusación más en contra de Orihuela fue la mención que el año pasado hizo La Tuta en uno de sus videos.

 “(Un) video aparecerá posteriormente en un medio televisivo, para que conozcan a la familia del senador Ascención Orihuela Bárcenas, de sus hijos Eduardo Orihuela Estefan, diputado local, y Juan Carlos Orihuela Estefan, diputado local por Zitácuaro, así como al sobrino de este político priista, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, expresidente municipal de Zitácuaro, a quienes en esta región conocemos como el Cártel de los Orihuela”, dijo La Tuta en una grabación.

 Antonio Ixtláhuac Orihuela, sobrino de Chon, es candidato a diputado federal por el PRI. En 2009 fue detenido por la PGR durante El Michoacanazo e investigado por su presunta relación con La Familia Michoacana.

 Ixtláhuac, abanderado de la coalición PRI-PVEM, es señalado como integrante del “Cártel de los Orihuela” y participante en la supuesta repartición de la herencia del empresario Miguel Estefan, hermano de Carmela Estefan, la esposa de Chon Orihuela.