Michoacán/Jorge Fernández

Columna RAZONES/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excélsior, 5 de agosto de 2013;

Muchas cosas se ven diferentes desde la oposición que desde el poder. De los ajustes al precio de la gasolina hasta la urgencia de las reformas estructurales pasando, obviamente, por la política y la seguridad. No hay soluciones sencillas desde el ejercicio del poder. Lo que está ocurriendo en Michoacán es una buena demostración de ello. Lo escribimos hace casi seis meses, el 18 de febrero pasado. Decíamos en este espacio que hacía seis años, el entonces presidente Calderón había anunciado el primer operativo de su administración contra el narcotráfico. "Era en Michoacán, decíamos entonces, su tierra natal, azotada desde dos años atrás (1998) por una cruenta guerra entre distintos cárteles, uno de los cuales, de relativamente reciente aparición, La Familia Michoacana, trastocaba, como sus originales socios y luego enemigos de Los Zetas, todas las normas y lógicas de la violencia del crimen organizado conocidas hasta entonces".

"Han pasado seis años, continuaba aquel texto, La Familia Michoacana sigue existiendo, pero la mayoría de sus mandos y dirigentes se enfrentaron entre sí y conformaron otro cártel, Los Caballeros Templarios... El número de muertos y desaparecidos en Michoacán después de seis años se cuenta por miles y la situación de seguridad no ha mejorado, al contrario, muy probablemente es, junto con buena parte de Guerrero y la Comarca Lagunera, la región del país donde menos control existe contra los grupos delincuenciales... El gobierno de Peña Nieto ha decidido, en una acción que no tiene nada de casual, lanzar su primer operativo con la nueva política de seguridad, en Michoacán... No es un desafío menor: pese a los enormes recursos y golpes notables que se dieron a los cárteles, Michoacán, en el terreno de la lucha contra las drogas, debe ser el lugar del país en que menos fructificaron los esfuerzos de la estrategia de Felipe Calderón".

Seguramente hubo errores en la estrategia seguida por el gobierno de Calderón en Michoacán, decíamos en febrero pasado, "pero también un ambiente que induce a la violencia. El gobierno de Leonel Godoy, no sólo no colaboró sino que fue penetrado hasta lo más profundo por el crimen. Cuando se implementaron medidas tan drásticas como el michoacanazo, los jueces locales y las autoridades conspiraron para dejar en libertad a todo el mundo: el único que continúa prófugo, y es una suerte de paradigma de lo ocurrido en Michoacán, es el medio hermano del ex gobernador, Julio César Godoy Toscano, el mismo legislador que fue ingresado ilegalmente por un grupo de diputados a San Lázaro para que rindiera protesta como diputado, obtener así el fuero y librar la orden de aprehensión que existía en su contra. Los grupos criminales se han enraizado en distintas organizaciones sociales, actúan en muchas ocasiones de forma militante (con un discurso que mezcla conceptos cristianos, de izquierda, muy conservadores y al mismo tiempo populistas); hay otros grupos armados que están a mitad de camino entre la política y el crimen; y existen movimientos como el de la Coordinadora y las normales rurales que terminan participando, también, en el juego de la violencia, convertidos en aliados, por lo menos tácitos, de esos grupos criminales".

Algunas, pocas cosas, han cambiado en Michoacán, concluíamos entonces, "pero ese es el escenario que ha decidido confrontar la administración Peña y que deberá superar para demostrar que sus políticas de seguridad son mejores que las de sus antecesores. No será objeto de interpretaciones: habrá que confrontar, simplemente, los resultados".

Esos resultados, en Michoacán, hasta ahora, no han sido mejores que en el pasado a pesar del esfuerzo realizado. No lo han sido a pesar de que existe una mucho mejor coordinación entre las distintas dependencias y de que se ha tratado de apostar mucho al trabajo social, pero tampoco en el estrictamente político: Fausto Vallejo no gobierna: su salud no se lo permite. Un gobierno interino y débil no es el mejor para llevar un estado en el que se ha perdido el control y donde tampoco se ha castigado la complicidad con el crimen ni la corrupción de la pasada administración. La demanda opositora de que exista un gobierno estable y con consenso en la entidad no debería ser desatendida, aunque no puede pensarse en elecciones extraordinarias en un estado en una crisis de seguridad. En ese escenario pensar en una desaparición de poderes no sería descabellado.

Hace bien el gobierno federal en volver al tema Michoacán a partir de un esfuerzo global que implica prácticamente una intervención federal en el estado, aunque quizá serán necesarias medidas institucionales de mayor calado. Pero también hace bien en comprender que existen espacios, estrategias, que no admiten interpretaciones ni juegos partidarios. Nadie inventa el hilo negro cuando se lucha por la seguridad.