Respuestas a la marcha

Columna  PLAZA PÚBLICA / Miguel Ángel Granados Chapa

Respuestas a la marcha

Reforma, 11 mayo 2011.- El gobierno ofreció en menos de 24 horas, tres respuestas distintas a la Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad. El domingo mismo, apenas concluida la enorme manifestación en el Zócalo, la Secretaría de Gobernación expresó respeto por los participantes, pero insistió en la prevalencia de la estrategia nacional de seguridad. Lo hizo en un boletín apresurado, que contenía mentiras, como la de asegurar que las Fuerzas Armadas no generan violencia y construyen, en cambio, instituciones locales capaces de garantizar la tranquilidad ciudadana. A la mañana siguiente, el propio presidente Felipe Calderón manifestó compartir algunos planteamientos de la Marcha e invitó a sus organizadores a un diálogo en que le expresaran sus razones y oyeran las del gobierno.

En ninguna de esas respuestas se enfrentó, y ni se aludió siquiera a ella, la petición de Javier Sicilia de despedir al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En la tercera contestación gubernamental a la magna movilización del domingo, el vocero Alejandro Poiré defendió explícitamente a García Luna, y le prodigó elogios. Con esa triple respuesta quedó claro el sentido de la demanda específica de Sicilia. De no haberla formulado, el gobierno se habría quedado en el plano convencional, previsible, de admitir sin aceptar los móviles y los propósitos de la marcha. En cambio, con una exigencia que no podía ser eludida se forzaba al gobierno a no pretender la ambigüedad. Inequívocamente, el gobierno no envió a la sociedad reunida en la Plaza de la Constitución (y la que se manifestó también en el resto de la República y aun en el extranjero) un mensaje de insensibilidad.

García Luna se queda en su cargo. Y en esa función acudió a una reunión en Ciudad Juárez, el lunes mismo, no obstante que en ese punto se condensan buen número de las prácticas que hacen razonable la solicitud de que se le despida. El propio secretario y el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, tuvieron la oportunidad de encarar al presidente municipal juarense, Héctor Murguía, cuya guardia de seguridad ha perdido un elemento, asesinado por un agente de aquella corporación, y que la semana pasada, en un nuevo incidente, les espetó una verdad de a kilo: ¡por eso la gente los repudia! En declaraciones a los medios, el comisionado Rosas se había sentido autorizado a reprender a Murguía, con la insolencia de un funcionario federal designado que no entiende su diferencia con un alcalde cuyo mandato deriva del voto ciudadano.

Poiré habló de un García Luna y una Policía Federal diferentes de las que actúan en la realidad, cuya imagen es positiva sólo en los sectores de la información comprometidos con los esfuerzos de relaciones públicas del secretario. Según el vocero, "si alguien ha impulsado incansablemente la formación de una policía civil, profesional, apegada a la ley, bien equipada y con las capacidades de inteligencia que garanticen la seguridad de la población, es el ingeniero".

Durante 10 años, efectivamente, García Luna ha dirigido los procesos de organización de dos corporaciones policiacas. Ni a cuál ir de la Agencia Federal de Investigación, construida y destruida por él, y la Policía Federal. La AFI, su feudo durante el sexenio anterior, prolongó las prácticas que dieron atroz fama a la Policía Judicial Federal (la perjudicial por antonomasia). Los gobiernos de Francia y México mantienen en curso un conflicto nacido de un proceso judicial infectado en su origen por la detención, probablemente arbitraria y seguramente realizada con fines mediáticos, publicitarios, por la AFI. Ya en este sexenio, después de intentar arrebatarla a la Procuraduría General de la República para integrarla en un solo cuerpo con la PF, y ante el fracaso de su proyecto, procedió a desmantelarla. Hoy está en ruinas, aunque su rostro institucional, la Policía Federal Ministerial responde más a García Luna (sus dos últimos jefes son parte de su grupo) que a quienes encabezan la PGR.

Poiré alega que la "PF ha logrado la detención de muchos criminales, responsables algunos de ellos de los delitos que más nos duelen". El vocero debería hablarnos no sólo de las capturas, menos de las necesarias por muchas que sean, sino de la suerte judicial de esos detenidos. Porque valorar la acción policiaca sólo es posible a la luz de las sentencias que recaigan sobre los aprehendidos.

El control de confianza en esa magnífica policía (vista de ese modo por Poiré) ha mostrado de muchas maneras su falibilidad. Un ex comisionado de la propia Policía está en la cárcel por pretender apoderarse del botín de una banda a cuyos jefes debía aprehender. Otro fue asesinado por miembros de la propia corporación y fue sepultado con honores no obstante la evidencia de que mantenía ligas con el narcotráfico. Están sometidos a proceso la comandante Lorena González y otros miembros de la PF ejemplar (según Poiré) porque en un falso retén secuestraron a Fernando Martí, que luego fue asesinado. Dada la cercanía de la imputada con Rosas y el propio García Luna, la PF fabricó sus propios culpables, en un procedimiento paralelo destinado a librar a la señora González de las graves responsabilidades que se le atribuyen.

Es verdad que la PF ha pasado de tener sólo 6 mil 500 integrantes a más de 36 mil. Pero su crecimiento, y su costo, dista de ser proporcional a su eficacia. Si es verdad que todos esos agentes están "debidamente capacitados y certificados", falta aplicar esas calificaciones en la vida real.

Cajón de Sastre

Está en cartelera la película de Charles Ferguson Dinero sucio (Inside job). Aunque por momentos recuerda el tratamiento que da Michael Moore a problemas sociales y políticos de Estados Unidos, el abordamiento que hace Ferguson es menos sarcástico o el sarcasmo corresponde involuntariamente a los protagonistas. Se revelan, en entrevistas, las maniobras, prácticas e instituciones que en el gobierno de Estados Unidos (encabezado todavía por George Bush) y en Wall Street causaron la gran crisis financiera de fines de 2008 y 2009. El cinismo de las calificadoras, de las firmas bursátiles y bancarias, de los asesores que son al mismo tiempo líderes de la enseñanza de la economía y la vulnerabilidad del gobierno, el de Obama incluido, que recluta a los responsables financieros entre esa clase, todo está aquí expuesto.