Revista Proceso # 1874, a 30 de septiembre de 2012
El trágico aumento de las personas desaparecidas en su viaje a Estados Unidos motivó a gobiernos y organizaciones de Centroamérica a crear el Proyecto Frontera: una red de bases de datos que ya se comparan con los cuerpos exhumados o hallados en las peligrosas rutas de migración, a fin de identificar a las víctimas. Inmerso en ese problema, Chiapas está colaborando en esta iniciativa, pero el gobierno de Felipe Calderón –en especial la PGR– se dedicó a bloquearla, contraviniendo compromisos firmados y repatriando ataúdes llenos de piedras o de restos ajenos.
Las familias salieron de madrugada desde los pueblitos en la selva, en las montañas, en el olvido, hasta la capital. Se establecieron en un albergue. Una por una, fueron pasando a las entrevistas. ¿Nombre del familiar que busca en México? ¿Tenía el diente cariado? ¿Cómo se luxó el hueso de cuando se enterró el machete? ¿Cómo es la cicatriz de la cesárea?
El padre, la madre, los hermanos desgranan los recuerdos, lo ocurrido en vida al ausente, lo que pudo haberse grabado en sus huesos. Muestran aquella última foto. Describen el día que les dijo que iría a Estados Unidos a buscar trabajo para poner piso de cemento a la casa, dar estudio al niño. Las preguntas siguen: ¿Cuándo fue la última vez que llamó, dónde estaba, qué más han sabido? Se preparan para dejar la muestra de sangre. La del papá, la mamá, el hermano, la niña que dejó chiquita cuando emprendió el viaje.
En Guatemala, Honduras y El Salvador desde el año pasado se vivió este episodio cientos de veces. Forma parte de una operación masiva de toma de muestras sanguíneas y armado de carpetas forenses para crear un banco de datos regional que permita identificar al mayor número de personas enterradas en el camino. Para este año tendrán su historial genético 447 migrantes no localizados (25 procedentes de Chiapas, 167 de El Salvador, 174 de Honduras y 80 de Guatemala) gracias a las muestras de más de mil 100 familiares.
La información será contrastada con la de los restos que nadie reclama. Permitirá saber si ese esqueleto enterrado en una fosa o ese torso abandonado en una morgue corresponden a algún migrante.
Es un esfuerzo de la sociedad civil y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el apoyo de los gobiernos centroamericanos y el chiapaneco. “Es inédito. Antes no se han recuperado restos no identificados donde no hay presunción de identidad”, recalca Mercedes Doretti, cabeza de la misión por parte del organismo sudamericano.
El cotejo masivo de los datos recopilados en Centroamérica con restos de personas no identificadas está en proceso en morgues de Arizona y de Texas, en Estados Unidos, y desde la semana pasada también en Tapachula, Chiapas: tres de los sitios más peligrosos para los migrantes. Cada vez que llegue una nueva osamenta será comparada de nuevo. Aún falta que el método se aplique en Tamaulipas.
Es el Proyecto Frontera. La idea era cotejar información genética de varios países con restos de migrantes hallados en tierra extranjera, hasta que el gobierno mexicano se rehusó a que esa sangre se compare con los restos de las fosas de Tamaulipas. No quiso a expertos internacionales mirando los hallazgos en esas fosas ni a organismos ciudadanos vigilando. Ni siquiera porque el programa no le costaría un peso al gobierno mexicano. Ni porque los afamados expertos del equipo argentino se ofrecieron como peritos coadyuvantes de los forenses mexicanos. Ni aunque organizaciones como la Relatoría de Migrantes de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos o Human Rights Watch se anotaron como asesores externos del proyecto.
“Hubo una cerrazón del gobierno mexicano, que mostró una ausencia absoluta de voluntad de atender a las víctimas. No entendemos por qué, a menos que haya algo ahí que no quieran mostrar”, comenta la directora de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena Delgadillo.
“No hay ninguna voluntad política ni comprensión del dolor de la gente ni medición del holocausto de la población migrante masacrada, tampoco investigación de los criminales. Como este gobierno ya está de retirada, le vale madre”, critica el jesuita Pedro Pantoja, director del albergue Posada del Migrante, de la diócesis de Saltillo, integrante de la iniciativa.
Las otras organizaciones involucradas son el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (Fonamih), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (Cofamipro) y las mexicanas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Fundación para la Justicia, Frontera con Justicia, Humanidad Sin Fronteras, y Voces mesoamericanas, además del EAAF.
Bloqueo mexicano
La idea del Proyecto Frontera surgió después de la masacre de los 72 migrantes que cometieron Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, entre el 22 y el 23 de agosto de 2010. Tomó fuerza con la exhumación de 193 personas –la mayoría pasajeros de autobuses interceptados– en abril de 2011. El primer cuerpo identificado era de un guatemalteco. La activista Isabel Miranda de Wallace señaló que encontrarían hasta 500 cuerpos.
Las organizaciones que posteriormente formaron el Proyecto Frontera pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictara medidas cautelares para preservar evidencias y manejar los cuerpos correctamente, a fin de evitar los errores cometidos en Ciudad Juárez con las víctimas de feminicidios, o en Durango, donde se usó una retroexcavadora para exhumar 200 cuerpos, que la máquina desmembró.
El grupo solicitó una audiencia ante la CIDH para exponer las deficiencias del Estado mexicano en la búsqueda de migrantes y el manejo de los restos; en ella pidió la formación de una comisión forense multidisciplinaria con peritos independientes que coadyuve con la PGR en esas tareas.
Asimismo denunció que casi 10 mil víctimas de la violencia no han sido identificadas en el sexenio; a más de mil 200 de ellas corresponden los cadáveres que han sido recuperados en fosas clandestinas, muchos de los cuales pueden ser de centroamericanos.
“Ante nuestros argumentos sobre las fosas clandestinas, las malas investigaciones y el dolor de las familias, ellos (los funcionarios) argüían que tienen los mejores laboratorios para investigar, que tienen la preparación del primer mundo latinoamericano y mandaron a una triste bióloga a que diera un discurso sobre el ADN. ¡Una respuesta tonta! Y al final, la negación total: que no estaban capacitados para el diálogo”, señala Pantoja.
Simultáneamente, las organizaciones centroamericanas comenzaban a crear sus bancos de datos genéticos. El 13 de abril de 2012 las organizaciones enviaron un oficio –al que este semanario tuvo acceso– al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Alberto Diener, para tratar el tema de la comisión forense. Igualmente iniciaron negociaciones con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Miguel Ontiveros, quien confirmó que la propuesta era viable.
El 11 de mayo, un día después de que madres con hijos desaparecidos marcharan en el Distrito Federal, la procuradora Marisela Morales se reunió con las familias de la organización Fundem y aceptó tanto la participación de expertos internacionales como los siete puntos para las búsquedas que plantea la agrupación.
El 31 de mayo, en una junta con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la procuradora Morales, el subsecretario Diener firmó una carta compromiso con las organizaciones en las que –en el quinto inciso– se compromete a retomar los puntos planteados en la audiencia de la CIDH.
“Tuvimos muchas reuniones, mínimo 10, con personal de la PGR, con el área de derechos humanos y de la Subprocuraduría Jurídica dirigida por Alejandro Ramos. Entregamos una propuesta de convenio con un punto principal: la comisión para que expertos apoyaran y acompañaran al gobierno mexicano como peritos, que pudieran tener acceso a la información de los restos para que se hiciera la comparación.
“Las organizaciones proporcionaríamos la información de las familias que creemos podrían estar relacionadas (con las fosas) y que hemos ido documentando. De por sí es un derecho procesal de las víctimas nombrar a un perito independiente en la averiguación previa, pero la PGR no lo reconoce”,dice la abogada Delgadillo.
Mientras tanto, el 29 de mayo, en Honduras, el Fonamih firmaba con la cancillería, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y el Centro de Investigación y Documentación (Ciprodeh) un convenio para compartir el banco de datos que ya tenían las organizaciones y ampliarlo. Desde 2011 El Salvador había puesto el ejemplo y, con el cruce de datos, comenzó a encontrar a varios paisanos en morgues de Arizona.
Según la abogada, “la contrapropuesta de la PGR era que le diéramos toda la información de las familias, lo que hay en los bancos, que la apoyáramos en el proceso de documentación, que pagáramos los gastos de todas las personas para que ellos las entrevistaran aquí y les sacaran muestras, pero la PGR no se compromete a dar acceso a la información ni acepta otros peritos. Con esas condiciones, nosotros dijimos que no”.
A falta del gobierno, la CNDH
En 2010, un mes antes de que se conociera la masacre de los 72, doña Teresa, una mujer de Olanchito, Honduras, recibió el ataúd con el cuerpo de su hijo recientemente asesinado en México. “Aunque le prohibieron abrirlo, la mamá dijo que no le importaba que la metieran presa pero que quería despedirse de su hijo, y en el cementerio, cuando abrieron la caja, encontraron bolsas de arena y un pedazo de carne no humana. Eso lo documentamos ante la CIDH”, relata Rosa Nelly Santos, una de las coordinadoras de Cofamiproh.
Una hondureña de Francisco Morazán asegura que enterró a alguien que no era su marido. Juan José Alvarenga, de la arquidiócesis de Tegucigalpa, dice a Proceso que la familia de “Miguel Ángel” encontró “cal y arena” al abrir el féretro.
“Mucha gente está inconforme, cree que a quien enterraron no es su familiar. Cuando entregaron el cuerpo la policía estuvo vigilando para que no abrieran los féretros, o cuando los repatrian les dicen que no pueden abrirlos porque tienen virus”, narra Karen Valladares, de Fonamih.
Ella considera que el EAAF les daría más certeza por su neutralidad, ya que “no tiene que tapar nada”. Además, “es cosa de credibilidad porque, independientemente de que entreguen huesitos, la gente quiere estar segura de que es su pariente”, explica Valladares por teléfono.
Telma Yanira Acevedo, coordinadora del Cofamide, de El Salvador, señala que en su país el EAAF ganó respeto tras las investigaciones de la masacre de El Mozote. “A ellos sí les damos nuestro ADN, son los más indicados para este trabajo, no es que no creamos (en el gobierno mexicano) pero queremos respuestas”, aclara.
El desaseo del gobierno mexicano en los dos episodios de San Fernando quedó plasmado en notas de prensa. Ahí está el error de haber mandado los cadáveres de cuatro brasileños a Honduras. Ahí, la denuncia de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo que investiga los abusos contra los cuatro brasileños masacrados y la insensibilidad del gobierno mexicano.
“Además de Arizona y Texas, las otras zonas fuertes de desaparición son Chiapas y Tamaulipas. Las noticias de las fosas de San Fernando nos preocupan por la alta cantidad de restos sin identificar. Quedaron entre 140 y 150 personas, de los dos hechos, sin identificar. Y en los cuatro bancos de datos tenemos datos de grupos que pudieron haberse perdido en Tamaulipas, nos preocupa mucho estar realmente seguros si están o no entre ellos. Por eso solicitamos una comisión forense que trabajara conjuntamente”, explica Doretti.
Todo indica que la fosa común será el destino de los 49 torsos encontrados en Cadereyta. En un comunicado de agosto de 2011, la cancillería guatemalteca revela que “solicitó en tres ocasiones la postergación de la inhumación de los cuerpos pendientes de identificar, lo que permitió determinar la identidad del cuerpo de la señorita Nancy Pineda en marzo pasado. Lamentablemente, a pesar de la solicitud de la cancillería, los 13 cuerpos pendientes de identificar fueron enterrados en junio pasado”.
En febrero de 2012, el gobierno mexicano anunció el hallazgo de los restos de 10 guatemaltecos entre los 193 cuerpos exhumados en abril de 2011 en San Fernando.
“El 26 de julio (de 2011) se solicitó una asistencia legal mutua a México y la respuesta la recibimos el 6 de febrero”, declaró la fiscal general Claudia Paz, según la nota de prensa de AP, donde señala que Guatemala mandó a México 53 muestras de migrantes que viajaban en el mismo autobús. Las fechas evidencian que la PGR tardó medio año en procesar el material genético, cuando puede hacerse de una semana para otra.
En cuanto a Honduras, se rehusó a recibir más cadáveres por las pifias de la PGR. El viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Alden Rivera, declaró que siete de los 14 cuerpos enviados a fosas pudieron corresponder a hondureños, pero México no pudo confirmarlo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala explicó al diario Plaza Pública que, aunque pidió apoyo de las instituciones mexicanas sobre los desaparecidos, “no se tiene respuesta a la mayoría de las solicitudes”. Ante la negativa de la PGR y la carencia de facultades de Províctima, el grupo de organizaciones civiles buscó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para continuar el proyecto.
“Por ser un organismo autónomo, independiente y protector de los derechos humanos, la CNDH representa un espacio de oportunidad y esperanza para que las familias puedan tener respuesta a su exigencia de derecho a la verdad y a la justicia. Y ha mostrado apertura en las negociaciones”, dice Delgadillo.
El jesuita Pantoja interviene: “Este gobierno se portó como un enano. Le apostamos a ver si en la CNDH se abre un caminito y al mismo tiempo se refuerza la sociedad civil”.
En agosto comenzaron los desentierros en Tapachula. Bajo el sol pueden verse trabajando a los argentinos con peritos de la procuraduría de justicia de Chiapas, el Consejo Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Salud. Se esperan que para diciembre hayan sido identificados 100 cadáveres. El gobierno de Chiapas aceptó lo que el federal no.
“El objetivo final con todos estos casos es ir armando una telaraña, un sistema regional de comparación de datos de personas no desaparecidas con datos de restos no identificados. Nos va a llevar varios años hacerlo, mejorándolo, ampliándolo con calidad de información”, insiste Doretti.
Doña Rosa Nelly Santos, quien buscó por 17 años a un sobrino y lo encontró, agrega: “El gobierno de México le pide clemencia por su gente a Estados Unidos, pero no tiene clemencia con los nuestros. Tenemos muchas esperanzas de que en esas fosas hagan peritaje los forenses. Y si no están ahí, en algún rinconcito de México tienen que estar”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario