Dos
años del homicidio de Regina Martínez,
Duarte maniobra para imponer su versión
LA
REDACCIÓN
Proceso # 1955, 19 de abril de 2014
El
futuro del juicio por el asesinato de Regina Martínez, quien fuera corresponsal
de Proceso en Veracruz, depende de lo que recomiende un magistrado de aquel
estado, Agustín Romero Montalvo. El problema es que la esposa de ese juez
recibió un magnífico puesto gracias al gobernador veracruzano. El juzgador
enfrenta un conflicto de interés: ¿Tendrá verdadera libertad para contradecir
la versión del benefactor de su mujer?
El
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca que la justicia federal
avale su versión del asesinato de Regina Martínez Pérez, quien fue corresponsal
de Proceso en aquella entidad. Luego del revés que sufrió por parte de la
propia justicia estatal, Duarte utilizó su autoridad para congraciarse con el
magistrado encargado de proponer la resolución del caso.
Con
el conocimiento de que el expediente judicial está radicado desde agosto de
2013 en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo
Distrito, con sede en Xalapa, Javier Duarte logró en diciembre pasado que el
Congreso de Veracruz designara a María Dolores Silva Obando como integrante del
Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, puesto importante
en la estructura judicial veracruzana.
Silva
Obando es esposa del magistrado Agustín Romero Montalvo, el encargado de
elaborar el proyecto de resolución del amparo con el que se pretende revocar la
liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, acusado por el gobierno
de Duarte de participar en el homicidio de Regina Martínez.
El
27 de diciembre de 2013 el pleno de la LXIII Legislatura de Veracruz, “por
obvia resolución”, avaló con 43 votos a favor, cero en contra y dos
abstenciones la propuesta de Duarte para designar a Jesús Alvízar Guerrero,
María Dolores Silva Obando y Héctor Solorio Almazán como integrantes del
Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que sustituyó al
Centro Estatal de Mediación.
Los
favorecidos, designados para un periodo de seis años, rindieron protesta ante
el pleno del Legislativo ese mismo día. Su labor consistirá en buscar la
conciliación para que casos penales, civiles y mercantiles menores no lleguen a
tribunales.
Conflicto
de interés
El
lunes 28 se cumplirán dos años del asesinato de Regina Martínez Pérez sin que
hasta la fecha haya claridad sobre los móviles y los autores. Así lo estableció
en forma definitiva la justicia del estado y ahora le corresponde a la justicia
federal emitir un fallo, basada en la información que le mande el Poder
Judicial veracruzano.
La
decisión saldrá de la propuesta que elabore el magistrado Agustín Romero
Montalvo, quien entró en conflicto de intereses tras el beneficio que el
gobernador le otorgó a su esposa para los próximos seis años.
Así
lo hizo ver la defensa del Silva en un escrito entregado el jueves 3 al
presidente del Cuarto Tribunal Colegiado, Héctor Riveros Caraza. Los abogados
piden que el magistrado Romero Montalvo se excuse de conocer el caso. El
Tribunal Colegiado también está integrado por el magistrado Jorge Sebastián
Martínez García.
Romero
debió haber actuado con justicia y responsabilidad desde el momento en que le
fue turnado el caso y excusarse de conocerlo debido a que su esposa fue
favorecida con la propuesta del gobernador, dice el escrito dirigido también al
Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración
de los juzgados y tribunales federales.
Hernández
Silva pide que su caso se resuelva sólo con criterios jurídicos “y no por
compromisos políticos”. Además, solicita que aún no se emita sentencia, sobre
todo porque el expediente fue turnado hace apenas algunas semanas al magistrado
Romero Montalvo.
El
expediente, con el número 673/13-SC, estuvo meses sin ser turnado a ningún
magistrado, a pesar de que llegó al Tribunal Colegiado desde agosto del año
pasado, cuando Ángel Alfonso Martínez –hermano de la periodista– tramitó el
amparo.
La
entrega del caso al magistrado Romero Montalvo se conoció dentro del Poder
Judicial antes de que se hiciera pública el pasado jueves 10, cuando la página
del Consejo de la Judicatura Federal anunció que el expediente había sido
turnado a la ponencia del magistrado. Según esa información, la solicitud de
amparo se admitió el 25 de octubre del año pasado, dos meses después de que la
presentara Ángel Alfonso Martínez, quien mediante ese recurso pretende revocar
la libertad del Silva, decretada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) del estado.
Ángel
Martínez está convencido de la culpabilidad de Hernández Silva. En contraparte,
la Séptima Sala determinó, por dos votos a uno, que en el caso del Silva la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado violó el procedimiento
judicial y no fue capaz de acreditar su responsabilidad.
Según
los magistrados que concretaron la mayoría para tomar esa resolución –Edel H.
Álvarez Peña, ponente, y Andrés Cruz Ibarra–, la procuraduría estatal y la juez
de primera instancia Beatriz Rivera Hernández violaron los derechos humanos del
acusado porque fue detenido sin orden de aprehensión, no contó con una defensa
adecuada y fue torturado por los agentes judiciales que lo detuvieron. En su
declaración preparatoria ante la juez de primera instancia, Hernández Silva
denunció que lo habían torturado, además de que habían amenazado a su familia
para que él se inculpara.
Hernández
Silva declaró también que fue detenido varias semanas en una casa de seguridad
antes de ser presentado públicamente por la procuraduría del estado como
presunto responsable, el 30 de octubre de 2012.
Los
magistrados dijeron que la juez no actuó ante las acusaciones de tortura y en
cambio sentenció a 38 años y dos meses de prisión a Hernández Silva, quien en
su escrito a la justicia federal se queja de que durante los 10 meses que
estuvo en el penal de Pacho Viejo por el caso de Regina Martínez no recibió la
atención médica que requiere como portador de VIH.
Además,
los magistrados del TSJ dijeron que no hay ningún señalamiento firme ni pruebas
periciales contundentes sobre su responsabilidad, por lo que su “confesión”
resulta “inverosímil”, además de que las pruebas presentadas por el gobierno de
Duarte para acusarlo fueron “contradictorias” y “manipuladas” (Proceso 1946).
De
la mano del magistrado Romero Montalvo, el Cuarto Tribunal Colegiado también
valorará las actuaciones judiciales del gobierno de Duarte en el caso de la
periodista de este semanario.
La
PGJ veracruzana asegura también que Hernández Silva tuvo un cómplice, José
Adrián Domínguez Hernández, El Jarocho, quien está prófugo.
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