Rumores
que se hacen realidad/JESÚS
CANTÚ
Revista
Proceso # 1955, 19 de abril de 2014;
Finalmente
el gobierno arraigaba, detenía o mataba en el intento de captura de todos los
que, desde antes del surgimiento de las autodefensas, eran señalados como
dirigentes, personeros o cómplices de Los Caballeros Templarios; los casos más
evidentes son los del exgobernador interino y exsecretario de Gobierno Jesús
Reyna, y del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez.
De
la lista, el único que parece estar a salvo es Guillermo Valencia, exalcalde de
Tepalcatepec, quien se presentó voluntariamente a declarar, por segunda
ocasión, ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada de la Procuraduría General de la República sobre su presunta
participación en la reunión de Reyna con los líderes visibles de Los Caballeros
Templarios en 2011, durante el proceso electoral para renovar la gubernatura de
dicha entidad.
En
este sentido las autodefensas pueden presumir resultados muy positivos:
continúan su expansión al controlar cada día más municipios, aunque sea de la mano
de las fuerzas federales; contribuyeron al abatimiento de Enrique Kike
Plancarte y a la captura de Nazario Moreno, El Chayo, señalados como dos de los
principales capos del cártel que azota Michoacán y las entidades vecinas;
lograron que las autoridades detuvieran e integren expedientes en contra de
Reyna y Chávez, y hasta ahora todo indica que imponen sus tiempos y reglas al
comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo.
En
el último punto, más allá de las diferencias en las versiones de los líderes de
las autodefensas y del comisionado, lo cierto es que los acuerdos dados a
conocer tras la reunión del pasado lunes 14 indican que, más que desarme de las
autodefensas, se procederá a su incorporación a dos instancias de seguridad:
Cuerpos de Defensa Rurales, dependientes de la Secretaría de la Defensa
Nacional, y Policía Rural Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.
Pero
incluso más importante que eso es el hecho de que el gobierno federal aceptó la
condición de que esto procederá siempre y cuando, para ese momento, se haya
sometido a Servando Gómez, La Tuta, considerado por las autodefensas como el
líder máximo del cártel. Así, aunque prevaleció la fecha del 10 de mayo
previamente señalada por el comisionado, ésta se halla condicionada y el
desenlace no será el desarme sino la conversión de las autodefensas en fuerzas
de seguridad.
Sin
embargo, los riesgos son mayores, ya que los rumores o señalamientos acerca de
los orígenes e intenciones de los integrantes de las autodefensas también son
abundantes… y muy preocupantes. Basta señalar que José Manuel Mireles fue
detenido en 1988 en posesión de droga y sentenciado en 1991 a siete años y tres
meses de cárcel, aunque al final únicamente cumplió tres años y ocho meses; que
Juan José Farías, El Abuelo, pasó seis años en prisión –el mismo titular de la
PGR, Jesús Murillo Karam, reconoció en febrero ante el periódico Reforma que
investigaban a este capo por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva
Generación–, y que Luis Antonio Torres, El Americano, según el mismo diario, es
incriminado por encabezar el cártel H3, en Buenavista, Michoacán.
De
acuerdo con la nota de Anabel Hernández publicada en la edición 1954 de
Proceso, Torres y Farías en realidad estarían vinculados a Miguel Ángel
Gallegos Godoy, El Migueladas, que tras ser líder máximo de Los Caballeros
Templarios se integró al Cártel de Jalisco Nueva Generación y cuya
participación en las autodefensas tendría el propósito precisamente de hacerse
con el control de la plaza.
Y
como hasta el momento las acciones de las autoridades confirman estos
señalamientos, en las próximas semanas o meses la situación en Michoacán podría
ser todavía mucho más complicada y violenta de lo que hoy es.
Si
efectivamente las autodefensas están muy infiltradas y controladas por cárteles
contrarios a Los Caballeros Templarios y la incorporación de los miembros de
aquéllas a los cuerpos de seguridad se hace en forma automática, simplemente
por formar parte de este pacto, en un futuro los integrantes del crimen
organizado tendrán pleno control de los cuerpos de seguridad.
También
son evidentes las diferencias entre diversos grupos de autodefensas, problema
que llevó incluso a que en la segunda semana de marzo dos ellos, el encabezado
por Hipólito Mora (actualmente detenido bajo la acusación de asesinar a Rafael
Sánchez Moreno, El Pollo, y a José Luis Nino Torres), cercano a Mireles, y el
de El Americano, se desafiarán en La Ruana.
Todos
estos ingredientes fomentarían las divisiones y enfrentamientos entre los
diferentes grupos del crimen organizado y autodefensas al interior de los
mismos cuerpos de seguridad, lo cual seguramente redundaría en una explosión de
la violencia, la criminalidad y la ingobernabilidad; en suma, de la inseguridad.
El
gobierno federal publicita como grandes logros el abatimiento de Kike
Plancarte, la detención del El Chayo, el arraigo de Jesús Reyna y el inicio de
una averiguación previa contra Chávez, además de que el comisionado Castillo
pretende establecer condiciones y tiempos a las autodefensas. Sin embargo, todo
indica que no logran retomar el control de la situación en Michoacán, y los
pasos que están dando pueden incluso complicarla más.
Como
reiteradamente se ha hecho notar, el reconocimiento legal de las autodefensas
(así sean una expresión ciudadana genuina ante el fracaso del Estado por
brindarles seguridad) es muy riesgoso, pues todas las experiencias
internacionales de este tipo han terminado siempre por convertirse en grupos
delincuenciales. Obviamente su surgimiento podría obedecer a una estrategia de
las distintas facciones del crimen organizado –como, de acuerdo con los
señalamientos, sucede en Michoacán–, lo que en algunos casos es ya una realidad
tangible, excepto para la autoridad, que sigue sin dar crédito a las denuncias
en este sentido.
Así,
aunque los golpes asestados a Los Caballeros Templarios parecerían indicar que
se va en el camino correcto, lo turbio de la situación en Michoacán apunta
exactamente en la dirección contraria. La intervención del gobierno federal
puede contribuir a un deterioro todavía mayor de la vida en el estado y sus
alrededores, como de hecho ya ocurre en el Estado de México.
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