Los
parias del Caribe/ Mario Vargas LLosa
El
País | Reforma, y muchos medios más...3 de noviembre de 2012
Juliana
Deguis Pierre nació hace 29 años, de padres haitianos, en la República
Dominicana y nunca ha salido de su tierra natal. Jamás aprendió francés ni
créole y su única lengua es el bello y musical español de sabor dominicano. Con
su certificado de nacimiento, Juliana pidió su carnet de identidad a la Junta Central
Electoral (responsable del registro civil), pero este organismo se negó a
dárselo y le decomisó su certificado alegando que sus ” apellidos eran
sospechosos “. Juliana apeló y el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal
Constitucional dominicano dictó una sentencia negando la nacionalidad
dominicana a todos quienes, como aquella joven, sean hijos o descendientes de ”
migrantes ” irregulares. La disposición del Tribunal ha puesto a la República
Dominicana en la picota de la opinión pública internacional y ha hecho de
Juliana Deguis Pierre un símbolo de la tragedia de cerca de 200.000 dominicanos
de origen haitiano (según Laura Bingham, de la Open Society Justice Initiative)
que, de este modo, la mayoría de ellos de manera retroactiva, pierden su
nacionalidad y se convierten en apátridas.
La
sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es una aberración jurídica y
parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años
treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad
alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avecindados en
ese país y eran parte constitutiva de su sociedad. Por lo pronto, se
insubordina contra una disposición legal de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (de la que la República Dominicana forma parte) que, en septiembre de
2005, condenó a este país por negar su derecho a la nacionalidad a las niñas
Dilcia Yean y Violeta Bosico, dominicanas como Juliana, e igual que ella hijas
de haitianos. Con este precedente, es obvio que, si es consultada, la Corte
Interamericana volverá a reafirmar aquel derecho y la República Dominicana
tendrá que acatar esta decisión, a menos que decida —algo muy improbable—
retirarse del sistema legal interamericano y convertirse a su vez en un país
paria.
Hay
que señalar, como lo hace The New York Times el 24 de Octubre, que dos miembros
del Tribunal Constitucional dominicano dieron un voto disidente y salvaron el
honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente
racista y discriminatoria. El argumento utilizado por los miembros del Tribunal
para negar la nacionalidad a personas como Juliana Deguis Pierre es que sus
padres tienen una ” situación irregular “. Es decir, hay que hacer pagar a los
hijos (o a los nietos y bisnietos) un supuesto delito que habrían cometido sus
antepasados. Como en la Edad Media y en los tribunales de la Inquisición, según
esta sentencia, los delitos son hereditarios y se transmiten de padres a hijos
con la sangre.
A
la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía. Ellos
saben muy bien que la migración ” irregular ” o ilegal de haitianos a la
República Dominicana que comenzó a principios del siglo veinte es un fenómeno
social y económico complejo, que en muchos períodos —los de mayor bonanza,
precisamente— ha sido alentado por hacendados y empresarios dominicanos a fin
de disponer de una mano de obra barata para las zafras de la caña de azúcar, la
construcción o los trabajos domésticos, con pleno conocimiento y tolerancia de
las autoridades, conscientes del provecho económico que obtenía el país —bueno,
sus clases medias y altas— con la existencia de una masa de inmigrantes en
situación irregular y que, por lo mismo, vivían en condiciones sumamente
precarias, la gran mayoría de ellos sin contratos de trabajo, ni seguridad
social ni protección legal alguna.
Uno
de los mayores crímenes cometidos durante la tiranía de Generalísimo Trujillo
fue la matanza indiscriminada de haitianos de 1937 en la que, se dice, varias
decenas de miles de estos miserables inmigrantes fueron asesinados por una masa
enardecida con las fabricaciones apocalípticas de grupos nacionalistas
fanáticos. No menos grave es, desde el punto de vista moral y cívico, la
escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional. Mi esperanza es que la
oposición a ella, tanto interna como internacional, libre al Caribe de una
injusticia tan bárbara y flagrante. Porque el fallo del Tribunal no se limita a
pronunciarse sobre el caso de Juliana Deguis Pierre. Además, para que no quede
duda de que quiere establecer jurisprudencia con el fallo, ordena a las
autoridades someter a un escrutinio riguroso todos los registros de nacimientos
en el país desde el año 1929 a fin de determinar retroactivamente quiénes no
tenían derecho a obtener la nacionalidad dominicana y por lo tanto pueden ser
ahora privados de ella.
Si
semejante paralogismo jurídico prevaleciera, decenas de miles de familias
dominicanas de origen haitiano (próximo o remoto) quedarían convertidas en
zombies, en no personas, seres incapacitados para obtener un trabajo legal,
inscribirse en una escuela o universidad pública, recibir un seguro de salud,
una jubilación, salir del país, y víctimas potenciales por lo tanto de todos
los abusos y atropellos. ¿Por qué delito? Por el mismo de los judíos a los que
Hitler privó de existencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio:
por pertenecer a una raza despreciada. Sé muy bien que el racismo es una
enfermedad muy extendida y que no hay sociedad ni país, por civilizado y democrático
que sea, que esté totalmente vacunado contra él. Siempre aparece, sobre todo
cuando hacen falta chivos expiatorios que distraigan a la gente de los
verdaderos problemas y de los verdaderos culpables de que los problemas no se
resuelvan, pero, hemos vivido ya demasiados horrores a consecuencias del
nacionalismo cerril (siempre máscara del racismo) como para que no salgamos a
enfrentarnos a él apenas asoma, a fin de evitar las tragedias que causa a la
corta o a la larga.
Afortunadamente
hay en la sociedad civil dominicana muchas voces valientes y democráticas —de
intelectuales, asociaciones de derechos humanos, periodistas— que, al igual que
los dos jueces disidentes del Tribunal Constitucional, han denunciado la medida
y se movilizan contra ella. Es penoso, eso sí, el silencio cómplice de tantos
partidos políticos o líderes de opinión que callan ante la iniquidad o, como el
prehistórico cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López
Rodríguez, que la apoya, sazonándola de insultos contra quienes la condenan. Yo
creía que los peruanos teníamos, con el Cardenal Juan Luis Cipriani, el triste
privilegio de contar con el arzobispo más reaccionario y antidemocrático de
América Latina, pero veo que su colega dominicano le disputa el cetro.
Quiero
mucho a la República Dominicana, desde que visité ese país por primera vez, en
1974, para hacer un documental televisivo. Desde entonces he vuelto muchas
veces y con alegría lo he visto democratizarse, modernizarse, en todos estos
años, a un ritmo más veloz que el de muchos otros países latinoamericanos sin
que se reconozca siempre su transformación como merecería. El segundo de mis
hijos vive y trabaja allá y entrega todos sus esfuerzos a apoyar los derechos
humanos en ese país, secundado por muchos admirables dominicanos. Por eso me
apena profundamente ver la tempestad de críticas que llueven sobre el Tribunal
Constitucional y su insensata sentencia. Éste es uno de esos momentos críticos
que viven todos los países en su historia. Lo fue también cuando ocurrió el
terrible terremoto que devastó a su país vecino, Haití, en enero de 2010. ¿Cómo
actuó la República Dominicana en esa ocasión ? El Presidente Leonel Fernández
voló de inmediato a Puerto Príncipe a ofrecer ayuda y ésta se volcó con una
abundancia y generosidad formidables. Yo recuerdo todavía los hospitales
dominicanos repletos de víctimas haitianas y los médicos y enfermeras
dominicanos que volaron a Haití a prestar sus servicios. Esa es la verdadera
cara de la República Dominicana que no puede verse desnaturalizada por las
malandanzas de su Tribunal Constitucional.
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