Recursos de Merida para el sistema de justicia penal en México?
Gestionan
fondos para juicios orales
María
de los Ángeles Fromow señaló que el gasto para la oralidad será destinado a
infraestructura y equipamiento.
Nota de Abel
Barajas
Reforma, 3 noviembre 2013.- La
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (Setec) estima que la reforma que implantará los
juicios orales costará al menos 35 mil millones de pesos.
Para
lograr tener estos fondos, María de los Ángeles Fromow, titular de la Setec,
explicó que se busca en seis fuentes alternas recursos financieros.
Además,
señaló que con el cambio de Administración federal se incluyó a la Secretaría
de Hacienda en el Consejo Coordinador y se reestructuraron los planes para
buscar el dinero para el nuevo sistema de justicia oral acusatorio.
Este
año el borrador del presupuesto que la Setec subsidiará a las entidades
federativas subió de 458 a 970 millones de pesos, pero la suma representa apenas
el 2.8 por ciento del costo mínimo de la implementación, motivo por el que se
exploran otras fuentes de financiamiento.
Los
recursos que se pretenden allegar son de la Iniciativa Mérida, el Fondo
Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras, los bienes decomisados del
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y de inmuebles donados
por los gobernadores.
Al
mismo tiempo, la Setec planteó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo incluir un
artículo transitorio en el futuro Código de Procedimientos Penales Único, para
que una parte de los bienes decomisados en sentencia definitiva sean destinados
para financiar la reforma.
Fromow
explicó que otra puerta que han tocado en busca de financiamiento es el
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, el cual cuenta con distintos
fondos que pueden ser útiles con la implantación del nuevo régimen jurídico.
Explicó
que si bien los 35 mil millones de pesos constituyen una estimación mínima y
puede variar -hubo presupuestos iniciales de 200 mil y 60 mil millones de
pesos-, lo que no se ha modificado es que el 90 por ciento del gasto será
destinado a infraestructura y equipamiento.
El
objetivo, aseguró, es que se cumpla con la obligación de echar a andar en todo
el País este nuevo sistema, el cual tiene como límite de cumplimiento el 2016,
fecha en la que ya deberán estar reformadas 21 leyes y construidos 44 centros
de justicia penal.
"Esta
reforma tendrá que implementarse en el periodo constitucionalmente establecido
y se están haciendo los esfuerzos y las acciones necesarias para ello",
dijo.
"Si
empezamos a sumar un rompecabezas, estamos ciertos de que al final vamos a
tener una estructura que nos soporte esta transformación, pero es
verdaderamente un trabajo titánico el estar articulando todo este esfuerzo
hacia una misma ruta", afirmó.
En
agosto se informó que el Gobierno Federal entregó a las 32 entidades
federativas la primera parte de los 458 millones de pesos que este año fueron
presupuestados para apoyar la operación del nuevo sistema de justicia penal.
De
acuerdo con José Ramón Amieva, consejero jurídico del DF, sólo para implementar
los juicios orales en la Ciudad de México, se requieren entre 4 mil millones y
5 mil millones de pesos en 2014, aunque el costo total de la reforma penal en
la Ciudad, según proyecciones oficiales, es de poco más de 7 mil 640 millones.
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Buscan
ayuda en Iniciativa Mérida
Abel
Barajas
Ciudad
de México (3 noviembre 2013).- La responsable de la Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
(Setec), María de los Ángeles Fromow, informó que se han presentado diversos
proyectos para financiar la reforma con recursos de la Iniciativa Mérida.
Esta
cartera, que debe autorizar el Congreso estadounidense, nació principalmente
para equipar y capacitar a corporaciones mexicanas en el combate al
narcotráfico.
La
nueva administración pidió redireccionar más recursos a un propósito diverso.
"En
la Iniciativa Mérida se puso como prioridad el tema de la implementación del
nuevo sistema para bajar proyectos relacionados con ellos, ya se presentaron
todos estos proyectos, a través de Gobernación y la Cancillería, a la Embajada,
y estamos a la espera de la decisión final de cuántos recursos y con qué tipo
de recursos pudieran apoyarnos para la implementación.
"Lo
que se está potenciando en estos proyectos es equipamiento, sobre todo para
investigaciones científicas, capacitación y profesionalización, temas de
planeación, es donde los proyectos fuertes están ahorita", explicó
Comentó
que, luego de que Hacienda les requiriera un diagnóstico de infraestructura y
equipamiento para contar una base presupuestal más cercana a la realidad, la
Setec planteó financiar ese estudio con dinero del Fonadin de Banobras.
"Estamos
por sacar este proyecto con un presupuesto que pudiera salir de un fondo que
existe en Banobras y con eso poder hacer este inventario", agregó.
La
Setec también pretende que en el código procesal único se obligue a destinar
decomisos al nuevo sistema.
En
julio pasado el Gobierno de Tlaxcala donó un terreno de 23 mil metros cuadrados
al Consejo de la Judicatura Federal, donde será construido uno de los 44
centros de justicia penal que habrá en el País en los próximos tres años.
Fromow
dijo que pedirán a otros gobernadores hacer lo propio.
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