Más sobre Wallace/ Anabel Hernández

 Caso Wallace La misteriosa gota de sangre/ANABEL HERNÁNDEZ

Revista Proceso # 1962, 7 de junio de 2014

Como todo el caso Wallace, la versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto también es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues empata con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre –tal vez perteneciente a una mujer– a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.

 La gota de sangre que fue la prueba pericial clave en el caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y la cual se dio por buena pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, es ahora la misma que podría sepultar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”. Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.

En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.

Pero la declaración de Miranda Torres difiere de la registrada en documentos oficiales, y eso echa por tierra la prueba pericial del supuesto delito.

Según el acta de matrimonio número 76, asentada en el libro 16, en el Juzgado 20 correspondiente a la delegación Coyoacán, Miranda Torres y Wallace Díaz se casaron en septiembre de 1978, no en 1968. En el acta quedó registrado que vivían en lugares distintos; él comerciante, ella dedicada al hogar. Firmaron como testigos Miriam Wallace, hermana de José Enrique, y Roberto, Guadalupe y Fausto Miranda, hermanos de María Isabel.

De acuerdo con la propia acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres y la primera acta de nacimiento de su hijo, ella es pariente de Jacinto Miranda Jaimez, quien se halla anotado como padre de Hugo Alberto.

Al comparar estos datos, incongruentes unos con otros, la paternidad de la supuesta víctima aparece como falseada; en consecuencia, el resultado de la prueba de ADN no podría demostrar el homicidio de Hugo Alberto.

Según los documentos publicados en este semanario (Proceso 1961), Hugo Alberto, nacido el 12 de octubre de 1969, tenía dos actas de nacimiento cuando supuestamente ocurrió su asesinato: la primera, de enero de 1970, emitida en el Distrito Federal con los apellidos Miranda Torres; la segunda, de noviembre de 1975, expedida en Texcoco, Estado de México, con los apellidos Wallace Miranda.

En los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres fue utilizada en 2010 para tramitar una Clave Única de Registro de Población.

Esa información no ha sido desmentida por la Segob.

Una “pequeña trampa”

Proceso obtuvo nueva información relacionada con el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres –quien es la misma persona que Hugo Alberto Wallace Miranda– expedida en la delegación Milpa Alta el 15 de enero de 1970.

Jacinto Miranda Jaimez quedó registrado como padre de Hugo Alberto y María Isabel Miranda Torres aparece usando el nombre de Isabel Torres Romero y aumentándose la edad (declaró tener 21 años, pero tenía 18).

El de Isabel Torres Romero se armó a partir del nombre de su abuela paterna, Isabel. El primer apellido es el de su abuelo materno, Torres. Romero es el primer apellido de su abuela paterna.

No era la primera vez que Miranda Torres hacía una “pequeña trampa”, como dice Martín Moreno en su libro Caso Wallace, con prólogo de la propia Miranda Torres: en el capítulo “Isabel” narra cómo hizo para hacerse pasar por una persona de 18 años y no de 14, que tenía realmente, para conseguir empleo:

“En la Universidad Motolinía estudió Comercio. Gracias a la mecanografía y a una pequeña trampa en sus documentos oficiales, tuvo su primer trabajo a los 14 años en la aseguradora La Territorial. En sólo tres meses ya era secretaria del director general”, dice el libro, el cual no especifica en qué consistió la “trampa en sus documentos oficiales”.

En el acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres –expedida el 27 de diciembre de 1951 y de la cual este semanario tiene copia– se señala que nació el 27 de mayo de 1951 en Huasteca 319, Distrito Federal; en este documento se refleja su edad real y no pudo ser el que presentó para conseguir empleo siendo menor de edad.

 Pero con el nombre de Isabel Torres Romero, María Isabel Miranda Torres sí pudo simular que tenía cuatro años más. De ahí la diferencia de edades entre Miranda Torres y Torres Romero, la madre de Hugo Alberto según una de sus actas de nacimiento.

Hugo Alberto no fue registrado con el apellido Wallace Miranda hasta los seis años, el 19 de noviembre de 1975, siete meses después del nacimiento de su hermana Claudia; ella nació en abril de ese año y fue registrada de inmediato.

Enrique Wallace estuvo casado con María Guadalupe Magallanes. Cuando conoció a Miranda Torres, Hugo Alberto ya había nacido.

Jacinto Miranda Jaimez, quien aparece en la primera acta de nacimiento como padre de Hugo Alberto, y María Isabel Miranda Torres, eran parientes. Esa podría ser la razón por la cual ella se cambió el nombre y la edad.

Pese a que se ha citado en varias ocasiones a José Enrique Wallace a ampliar su declaración sobre el caso de Hugo Alberto, ya que él fue el primero en denunciar su desaparición ante la procuraduría capitalina, hasta la fecha no lo ha hecho aunque incluso se emitió una orden de arresto por desacato a los citatorios.

El 9 de noviembre de 2006, ante el juez y cuando le pidieron que revelara el paradero de Enrique Wallace, Miranda Torres afirmó que desconocía dónde se encontraba: “En virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”, dijo.

No obstante, en 2012, cuando estaba en campaña por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas del PAN, Miranda Torres se presentó en varios actos acompañada por Wallace.

Testimonios ignorados

La PGR dice haber recogido una muestra de sangre de Hugo Alberto Wallace Miranda en el departamento 4 de Perugino 6, en la colonia Extremadura Insurgentes, el 14 de febrero de 2006, meses después del supuesto secuestro y homicidio. Esa muestra fue examinada por peritos de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, y cuando se comparó con la muestra de ADN de Miranda Torres y el supuesto padre biológico José Enrique Wallace, resultó positiva.

Como María Isabel Miranda Torres había hecho creer que José Enrique Wallace era el padre biológico, la prueba se dio por buena para declarar que sí había ocurrido el homicidio, como la propia Miranda Torres había declarado a la PGR con base en una supuesta investigación que dice haber realizado ella misma ante la negligencia de las autoridades.

En el informe de la perito Yanet Rogel Montes, fechado el 20 de marzo de 2006, se señala que la muestra corresponde a un cromosoma de mujer (XX). Pero la misma perito declaró el 10 de julio de 2006 que había cometido un “error de dedo” y el cromosoma era XY (hombre). Y afirmó que la muestra tenía una seguridad casi de cien por ciento con los perfiles genéticos de Wallace y Miranda.

Por cierto, la pareja Wallace-Miranda tuvo una hija en 1975.

De acuerdo con la declaración de la perito, el documento de análisis de la muestra de sangre es un informe y no un dictamen, pues la muestra de sangre recogida en el departamento nunca fue confrontada con una muestra de ADN de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Rogel señaló en su declaración ministerial: “Un informe es un documento emitido por el perito donde se entregan resultados, pero no existe un análisis de comparación o de confronta con otras muestras biológicas, mientras que el dictamen es un documento que emite el perito donde también se entregan resultados pero existen elementos de confronta con otras muestras biológicas”.

Dentro de esta maraña de incongruencias e irregularidades, la pregunta es cómo la Procuraduría General de la República –responsable de la averiguación previa del supuesto homicidio de Hugo Alberto, la PGR/SIEDO/UEIS/146/2005– pudo haber permitido que en el caso se introdujera o sembrara una prueba falsa.

Además, la dependencia ignoró los testimonios que obran en la causa penal 35/2006-II, en la cual cuatro vecinos del edificio de Perugino 6 –Jesús Noel Montano Gainza, Emmanuel Sánchez Ledezma, Raúl Carvallo Thome y Karla Fabiola Sánchez Cadena– declararon ante el Ministerio Público que entre la noche del 11 de julio de 2005 y la mañana del día siguiente no escucharon ningún ruido extraño ni se percataron de ningún hecho violento en el inmueble.

La PGR tampoco hizo caso de las declaraciones ministeriales de cuatro personas allegadas a Hugo Alberto Wallace –Carlos Colorado Martínez, cuidador de la casa donde vivía; Rodolfo Munguía López, su empleado; Isabel Neri Lujano, empleada doméstica, y su exnovia Vanessa Bárcenas Díaz– quienes reconocieron que la voz grabada en un mensaje dejado en el teléfono 55 52 08 15 12, de José García Sepúlveda, el 1 de noviembre de 2005 a las 3:28 de la mañana, meses después de ocurrido el homicidio, correspondía a la de la presunta víctima.

El agente del Ministerio Público responsable del caso desde un inicio fue Braulio Robles Zúñiga, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, quien estuvo relacionado con el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza en 2002, por el cual la PGR fue condenada en 2006 a pagar una millonaria indemnización por haberlo torturado hasta la muerte tras acusarlo falsamente de cometer un secuestro.