31 ago. 2009

La Guardería ABC

El Pleno del Alto Tribunal aprobó, en sesión pública, el protocolo de investigación presentado por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio pasado, para que los padres y familiares de los menores afectados queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad, no exista impunidad y se haga justicia.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla plantearon que en sus investigaciones se establecerá si en esos acontecimientos hubo violación grave de las garantías individuales, y se analizará el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan bajo el mismo o similar esquema, con el propósito de evitar, o por lo menos minimizar, la posibilidad de que ocurra otro suceso similar al de la Guardería ABC.
Indicaron que en el contexto de la investigación se analizará y verificará el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país, y se buscará coadyuvar a que las comunidades local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió, así como de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades.
Los magistrados plantearon los diez objetivos de investigación establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
1 - Identificar a las personas que participaron en los hechos que pudieran ser violaciones graves a las garantías individuales --del IMSS, del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, además de las que resulten;
2- Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones de funcionamiento de la Guardería ABC, y en caso de hacer observaciones, si vigilaban su cumplimiento;
3- Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados entre el IMSS con particulares no patrones, para la prestación del servicio;
4- Investigar el origen y situación de los convenios de subrogación entre el IMSS con patrones que tienen guarderías instaladas en sus establecimientos;
5 - Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC;
6 - Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron el convenio con los representantes de la Guardería ABC, así como el procedimiento con la normatividad que se observó para su otorgamiento;
7 - Analizar si con la conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente en la Guardería ABC pudieron evitarse y con ello se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el establecimiento;
8 -Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso;
9 - Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento de permiso de uso del suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del inmueble correlativo y los demás aledaños, y
10 - Analizar el marco jurídico --federal, estatal y municipal-- relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y estudiar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de las niñas y niños, en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.
Los magistrados indicaron que en su investigación, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se tiene la hipótesis de si los hechos en la Guardería ABC fueron resultado o están relacionados con la existencia de un desorden generalizado en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS que tienen un esquema similar a la guardería del siniestro.
En su metodología de investigación, los magistrados informaron que se revisará la legislación relativa al funcionamiento, vigilancia y supervisión de las guarderías públicas en general, con el propósito de dar a conocer si el Estado mexicano ha o no cumplido con los compromisos adquiridos en convenios internacionales relativos a la seguridad social y a la protección de los infantes.
El examen normativo también concluirá, precisaron, con un diagnóstico destinado a revelar si la posibilidad de que particulares presten el servicio de guarderías se encuentra prevista en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico; y hasta qué punto es factible que el Estado delegue a particulares una obligación que tiene constitucionalmente establecida.
Luego de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar ante en Pleno del Alto Tribunal, en el que incluirá descripción y grado de responsabilidad de las autoridades en la implementación del régimen de guarderías; esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el accidente en la Guardería ABC, y si existen actos de negligencia posteriores al suceso.

Mariclaire

Mi postulación a la CDHDF/Mariclaire Acosta
Enfoque de Reforma, 29 de agosto de 2009;
Candidata a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Nací en la Ciudad de México y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Soy licenciada en sociología por la UNAM. Al volver de mis estudios de posgrado ingresé a Amnistía Internacional en 1974, motivada por su vocación humanista, más allá de partidos e ideologías. Desde entonces he dedicado prácticamente toda mi vida a la defensa y promoción de los derechos humanos.
En la década de los setenta éstos eran prácticamente desconocidos en México y el gobierno los miraba con recelo, como una amenaza a la seguridad nacional. Fui electa presidenta de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional y logré su registro como asociación civil, empresa difícil en esa época de aguda represión política. Mi relato ilustra el largo recorrido de los derechos humanos en nuestro proceso de transición política. Más tarde fundé y dirigí la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre las primeras organizaciones dedicadas a estos temas. Ambas, junto con otras, me postularon para ocupar el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
He complementado esta experiencia con el servicio público y la actividad en foros y organismos internacionales, como la ONU y OEA. Como embajadora especial para los Derechos Humanos y la Democracia, y después subsecretaria en la materia, constaté desde la función pública que, a pesar del largo recorrido de la sociedad mexicana en la conquista de sus derechos, falta mucho por hacer. Emprendimos entonces varias iniciativas al respecto, con el apoyo permanente de la sociedad civil y la comunidad internacional. De sustancial importancia fue suscribir un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que sentó las bases para un programa nacional destinado a remover los obstáculos para el ejercicio de estos derechos y elevarlos al rango de política de Estado.
Después de muchos años de lucha hemos logrado establecer un régimen de partidos, pero aún falta construir un Estado democrático de derecho que le dé verdadera sustancia a nuestra incipiente y aún precaria democracia. En México no existe igualdad ante la ley y la ley todavía no es igual para todos. La inseguridad, la violencia, el abuso y la injusticia son endémicos. La impunidad y la corrupción han invadido las instituciones, especialmente -pero no sólo- a las encargadas de ofrecer seguridad y acceso a la justicia.
Mientras prevalezca esta situación, el disfrute de los derechos humanos será ilusorio y nuestros magros logros democráticos se irán perdiendo al no estar sustentados en una ciudadanía capaz de ejercer todos sus derechos. Es urgente encarar este problema y desmantelar los impedimentos jurídicos, institucionales y culturales que nos impiden hacerlo.
La CDHDF ha asumido el liderazgo en este cometido. A través de su quehacer cotidiano logró establecer una interlocución importante con la población que acude a ella. Su eficacia le ha ganado respeto y generó la confianza de la ciudadanía en la institución, un bien público de incalculable valor. En estos tiempos, este logro no es menor.
La Comisión ha perfilado un modelo de gestión basado en su autonomía, en la profesionalización de su personal, la adopción de un enfoque integral sustentado en estándares internacionales, la ciudadanización, y la transparencia y rendición de cuentas. Estos activos la sitúan a la vanguardia del esfuerzo, emprendido por los principales actores políticos e institucionales de la ciudad, para instrumentar un ambicioso programa de derechos humanos que deberá funcionar como ariete en la transformación de las instituciones de gobierno.
Como toda iniciativa de esa índole, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal exige un esfuerzo y una atención constantes y sostenidos. Convertirlo en una efectiva política de gobierno requiere de un marco normativo adecuado, un sólido ejercicio de elaboración presupuestal y mecanismos viables de evaluación y seguimiento. La CDHDF deberá jugar un papel central en este proceso, conducido por un comité coordinador de integración amplia y representativa.
Estoy convencida de que mi perfil y trayectoria, y un largo y sólido compromiso con los derechos humanos, me han capacitado para conducir esta misión a buen puerto.

La excomunión de Hidalgo

Iglesia quiere “limpiar” a Hidalgo y Morelos
Nurit Martínez
El Universal, 31 de agosto de 2009;
La Iglesia católica en México pidió una “corrección de actas”, es decir, una “corrección a libros de texto” para difundir que los llamados padres de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, no murieron excomulgados como se ha afirmado, ya que al acudir a un confesor católico antes de su ejecución se “reconciliaron con la Iglesia”.
Después de elaborar un estudio de los archivos históricos del proceso que juzgó a ambos héroes de la Independencia, a petición de la Cámara de Diputados, Gustavo Watson Marrón, director del Archivo Histórico del Arzobispado y de la Basílica de Guadalupe, asegura que “no hay razón para levantar la excomunión” contra los sacerdotes.
Puesto que previo a su ejecución y muerte, aseguró, ambos se sometieron a confesión para “prepararse a morir cristianamente”, y con eso quedó sin efecto la excomunión decretada por el obispo de Michoacán.
De acuerdo con los estudios de la Iglesia, ocho días después del inicio de la lucha de independencia (24 de septiembre de 1810) el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad Queipo promulgó el edicto que declaraba que Hidalgo había incurrido en excomunión por “haber atentado contra la persona y libertad del sacristán de Dolores, del cura de Chamacuero y de varios religiosos del convento del Carmen de Celaya, aprisionándolos y manteniéndolos arrestados”.
En tanto que en el caso de José María Morelos la excomunión la dictó el mismo abad sólo que el 22 de julio de 1814.
Recibieron apoyo religioso
En ambos casos, dice el estudio, previo a su muerte se les dio ayuda de confesor para “reconciliarse” y poder recibir servicios mortales para católicos.
Luego en el proceso que juzgó en términos civiles y eclesiásticos a Hidalgo en Chihuahua, previo a su fusilamiento, el propio padre de la patria reconoció participar en la ejecución de “europeos y criollos” en Valladolid (60) y en Guadalajara (350).
Aunque en el caso de Morelos, el documento no detalla los argumentos bajo los que recibió sentencia de muerte, dice, al igual que en el caso de Hidalgo, que recibió apoyo religioso.
Mientras que la excomunión en el caso de Hidalgo fue retirada mediante la confesión, en el caso de Morelos, esta sanción de la Iglesia fue retirada al declarar testigos que lo vieron rezar durante su traslado hacia San Cristóbal Ecatepec —donde fue fusilado—, pero también por su visita a la iglesia del Pocito, en la Villa de Guadalupe, en donde incluso hoy hay una placa.
Watson Marrón también dijo que a pesar de que en el Tribunal de la Santa Inquisición había acusaciones contra Hidalgo por sus opiniones, el proceso se sobreselló con la muerte del cura. Por lo tanto, afirmó Hidalgo y Morelos, “murieron dentro de la Iglesia católica y murieron como sacerdotes; por lo tanto, no hay razón para pedir que se les levante la excomunión”, señaló.
Ante la petición de los diputados del PRI y PRD en octubre de 2008 a través de un punto de acuerdo, el sacerdote Watson Marrón descartó que se pueda entregar un documento que solicite retirar algo que no existe.
Aunque dice que hay “versiones populares sin sustento” para sostener que ello implicaba raspar manos y cabeza, lo único que hay es una sentencia en el caso de Morelos que consistió en retirarle “beneficios, oficios y ejercicio del orden”.
Watson informó que necesitan difundir este dato y aclarar lo que ya está publicado. Agregó, que retirar la “degradación” por parte de la Iglesia no corresponde pues esa práctica desapareció a inicios del siglo XIX.
Al dar a conocer el estudio Consideraciones sobre las excomuniones de Hidalgo y Morelos, publicadas por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, vocero de la jerarquía católica, afirmó que hasta ahora en la historia se enseña desde primaria, ambos sacerdotes quedan excomulgados.
“Sería importante que la CEM solicitara, en su momento, una corrección de actas (...) de los libros de texto”, dijo.
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Recomiendo el siguiente texto de Guadalupe Jiménez Codinach publicado en La Jornada, 22 de octubre de 2007
La “excomunión” de Hidalgo/Guadalupe Jiménez Codinach*
En días recientes, han aparecido en la prensa escrita comentarios de periodistas y políticos en el sentido de solicitar al Vaticano o a las autoridades eclesiásticas correspondientes en nuestro país que se “levante la excomunión” a Miguel Hidalgo y Costilla. Esto con motivo de la proximidad del bicentenario del inicio de la lucha que más tarde desembocaría en la Independencia de México.
Lamentablemente, la propuesta anterior refleja un desconocimiento de hechos anteriores a la muerte de Hidalgo y posteriores a ella. A continuación menciono los más significativos:
1. En octubre de 1810, casi un año antes de la muerte de los primeros caudillos insurgentes, el cabildo de la catedral de Valladolid (hoy Morelia) nulificó el edicto de excomunión promulgado por el obispo electo don Manuel Abad y Queipo, por cierto amigo de don Miguel Hidalgo y Costilla.
2. Por esa razón, Hidalgo y sus compañeros de lucha, aprehendidos en marzo de 1811 y encarcelados más tarde en el Real Hospital Militar de la Villa de San Felipe Real de Chihuahua, instalado en el edificio del ex colegio jesuita, no tuvieron problema alguno para confesarse y recibir la comunión varias veces antes de ser fusilados.
3. Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado a las siete de la mañana el 30 de julio de 1811. A su cadáver se le cercenó la cabeza para colocarla, junto con las cabezas de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato, lugar donde ocurrió la masacre del 28 de septiembre de 1810. Esto para escarmiento público.
4. El cuerpo decapitado de Hidalgo fue recogido por los religiosos franciscanos del convento de San Francisco, cercano al Real Hospital Militar, el mismo día del fusilamiento, con el propósito de velarlo esa noche y sepultarlo al día siguiente frente al altar de la capilla de San Antonio de dicho convento. Esto no hubiera sido posible de haber estado Hidalgo excomulgado.
5. En 1821, los trigarantes de Agustín de Iturbide quitaron las cabezas que habían sido colocadas en la Alhóndiga de Granaditas para celebrar honras fúnebres en honor de esos héroes patrios en la iglesia de San Roque en la ciudad de Guanajuato, algo que hubiera sido imposible si hubiera seguido vigente la excomunión de Hidalgo.
6. En 1823 se ordenó reunir las cabezas y los cuerpos de los cuatro principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para trasladarlos, con honores y responsos celebrados en diferentes iglesias situadas a lo largo del camino a la ciudad de México, para ser depositados, asimismo con honores y responsos, al pie del Altar de los Reyes en la Catedral de México. Estas acciones no hubieran podido ser realizadas de haber estado en vigor la excomunión de Hidalgo.
Los restos mortales de estos dirigentes permanecieron en la catedral metropolitana hasta su traslado a la Columna de la Independencia en 1926.
Es pertinente recordar que el cuerpo de una persona excomulgada no puede ser enterrado en terreno sagrado, como se hizo con el cuerpo de Hidalgo; tampoco podría haber sido objeto, como lo fueron los restos mortales de este caudillo, de honras fúnebres, de responsos y de misas celebrados en varias iglesias. Es por lo tanto innecesario solicitar al Vaticano la anulación de la excomunión de Miguel Hidalgo.
Más que preocuparnos por una excomunión inexistente, sería mejor centrar nuestra atención en la celebración de una fecha única y de gran significado histórico. El porfiriato preparó el centenario del inicio del movimiento de independencia con años de anticipación y procuró concentrar sus esfuerzos en la construcción de obras de trascendencia social, como escuelas, puentes, caminos y hospitales (La Castañeda es un ejemplo de esto último).
A nuestra generación le ha tocado celebrar el bicentenario de la gesta que llevó al país a su independencia. La celebración puede hacerse de tres maneras que no están reñidas entre sí: mediante actos y discursos públicos fundamentados en investigaciones recientes, cuyo objeto sería hacer conciencia de la trascendencia de un bicentenario; con la difusión en escuelas, museos, publicaciones y medios de comunicación masiva de los conocimientos históricos relativos a la lucha emancipadora que han sido acumulados mediante investigaciones más rigurosas, pero todavía desconocidas por la gran mayoría de los mexicanos; finalmente, siguiendo el ejemplo del porfiriato, a través de la creación de fuentes de trabajo y la realización de obras de beneficio social, tales como hospitales, viviendas dignas, escuelas, caminos, puentes, parques, etcétera, necesitados por las comunidades más marginadas del desarrollo económico del país. Las obras de relumbrón (estatuas y monumentos) salen sobrando.
* Doctora en Historia por la Universidad de Londres, Inglaterra.

La ruta de la CNDH

El Senado analiza plan para elegir ombudsman
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado busca no dejar sólo en la Comisión de Derechos Humanos la decisión de elegir al nuevo presidente de la CNDH
Ricardo Gómez
El Universal, 31 de agosto de 2009;
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado busca no dejar sólo en la Comisión de Derechos Humanos la decisión de elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Un primer acuerdo de la Jucopo para sustituir a José Luis Soberanes, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, revela la intención formal de adicionar otras dos comisiones para dictaminar.
El texto plantea que sean las comisiones unidas de Justicia, presidida por Alejandro González Alcocer (PAN) y de Estudios Legislativos primera, encabezada por Fernando Castro Trenti (PRI), además de la de Derechos Humanos, cuya presidenta es Rosario Ibarra (PT), las que dictaminen y decidan quién será el próximo ombudsman nacional.
Esto, a contracorriente de la postura de Ibarra en una carta dada a conocer el 13 de agosto, quien opina que el tema debe ventilarse de forma transparente en la comisión que preside.
El acuerdo previo dado a conocer en la Jucopo el 17 de agosto, y que debe ser aprobado todavía, señala que las tres comisiones deberán enviar a la Junta un proyecto de convocatoria abierta que atienda las disposiciones constitucionales y legales que regulan dicha elección, y que será sometido a consideración a más tardar el 21 de septiembre.
La convocatoria debe aprobarse el próximo 28 de septiembre, para que sea publicada el día 30, y los interesados se registren a más tardar el 9 de octubre.
En cuanto a la “pasarela”, los aspirantes que cumplan los requisitos tendrán una intervención de 15 minutos máximo, para exponer sus ideas y argumentos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos y respondan a los cuestionamientos de los integrantes de dichas comisiones unidas.
De ahí saldrá la terna final para que el pleno elija al próximo ombudsman, según el documento al que tuvo acceso este diario, por mayoría calificada de los miembros es decir dos terceras partes de los presentes, pero si no se alcanza el voto necesario, la Mesa Directiva —para entonces ya encabezada por Carlos Navarrete (PRD)— ordenará una segunda votación de la terna.
Si no se logra la votación requerida en el segundo intento, el dictamen será devuelto a las comisiones unidas para un nuevo dictamen con una nueva terna.
En octubre de 2004, el Senado aprobó el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que propuso a Soberanes para un segundo periodo en la CNDH entre el 16 de noviembre de 2004 y el 15 de noviembre de 2009.

LXI Legislatura

El Senador perredista Carlos Navarrete, fue electo como presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura. A la sesión de esta tarde acudieron 112 senadores, quienes votaron a través de cédula en una urna transparente par elegir a la nueva Mesa Directiva.
Junto con Navarrete, también fueron electos, Ricardo García Cervantes del PAN como vicepresidente y Arturo Núñez del PRD, también como vicepresidente, mientras que se mantiene Francisco Arroyo Vieyra, la senadora Martha Leticia Sosa Govea del PAN, Ludivina Menchaca Menchaca, del Partido Verde y Adrián Rivera del PAN, así como Cleominio Renal Zoreda como secretario por el PRI. La Junta de Coordinación Política será presidida por el panista Gustavo Madero.
La colegisladora por su parte, aprobó el fin de semana con 483 votos al diputado Francisco Ramírez Acuña (PAN) como presidente, y como vicepresidentes a Francisco Javier Salazar Sáenz, (PAN), Felipe Solís Acero (PRI), José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD).
Los legisladores que fungirán como secretarios de la Mesa Directiva serán: María Dolores del Río Sánchez (PAN), Georgina Trujillo Zentella (PRI), Balfre Vargas Cortés (PRD), Carlos Samuel Moreno Terán (PVEM), José Fernández Noroña (PT), Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza), María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia).
Antes de iniciar la sesión de instalación de la LXI Legislatura, Ramírez Acuña, aseguró que este espacio parlamentario será un escenario importante para la próxima elección presidencial del 2012, ya que de la Cámara de Diputados saldrán nombres importantes para aspirar al máximo cargo de elección popular. “la LXI Legislatura tendrá el reto de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Además, será un escenario importante para el 2012; seguramente que en esta Legislatura saldrán nombres, en todas las bancadas, para aspirar a la presidencia de la República, pero primero tendrán que mostrar su responsabilidad en el Congreso de la Unión”.
Ello le valió una respuesta del Diputado jañlisciense Enrique Ibara (PT), quien dijo "es lamentable que quien encabeza la Cámara por mandato de ley, en lugar de ventilar temas que le preocupan a la nación de cómo resolver el problema económico y la pobreza, su primera declaración sea que la Cámara va a ser un semillero de precandidatos a la Presidencia de la República. "Esa es una forma distorsionada de ver la política y allí está la ausencia de estatura de Ramírez Acuña para otros niveles u otros relieves en la vida pública", comentó Ibarra, ex candidato a la Gubernatura de Jalisco por el PRD.
Empero, lo que dijo Ramírez Acuña es una realidad. La Cámara de Diputados es considerada la “caja de resonancia” del país. Ahí convergen todos los temas. Ahí estarán representados los personajes que han sido considerados “presidenciables” en el seno de cada fuerza política nacional, a saber: Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Fidel Herrera; en el PAN, a Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Manuel Espino, y en el PRD a Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Jesús Ortega. Cada uno de estos personajes contará con representación en la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados. (El Universal, 31 de agosto) Los influyentes Según la nota de Reséndez en El Univeral -citando como fuente a Verónica Ortiz, del Grupo de Economista y Asociados (GEA)-, detalla que por el número de legisladores el personaje más influyente en San Lázaro será el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, con 43 de 500 legisladores (casi 10% del pleno camaral). El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al igual que Andrés Manuel López Obrador, tendrán 29 diputados afines cada uno; el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, 24; el gobernador guanajuatense Manuel Oliva, 16, mientras que relacionados con el presidente Felipe Calderón, sólo 15. La presidenta nacional del PRI, nueve, mientras que Manlio Fabio Beltrones y Mario Marín, 12 cada uno; el oaxaqueño Ulises Ruiz alcanzaría un apoyo de 14 legisladores. Los obernadores de Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, ocho cada uno; los de Hidalgo y Chihuahua, siete cada uno; además de seis pertenecientes al grupo político de Vicente Fox. También ubica a 34 diputados pertenecientes a diferentes sindicatos, señala a 11 como afines al empresariado y seis más a las televisoras. En suma, 69 priístas irían con diferentes gobernadores, 43 con Peña Nieto, 29 con el veracruzano Fidel Herrera, 29 con AMLO, 34 con Nueva Izquierda (los Chuchos) y sus aliados, 15 con Calderón, 24 con los “liberales” del PAN y 36 con el ala dura del albiazul. De los 500 diputados, 59 ya fueron legisladores federales.La agenda en el Congreso:Deberán desahogar en el próximo periodo ordinario de sesiones una agenda que incluye la revisión del tercer informe presidencial, la aprobación del Presupuesto 2010 y siete nombramientos en instituciones estratégicas. Eso sin contar las reformas que pretenden llevar a cabo los principales grupos parlamentarios, contenidas en su agenda legislativa.
Un análisis del suplemento Enfoque de Reforma, enumera lo siguientes acciones:
Septiembre
1 Sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo ordinario del primer año de la LXI Legislatura.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa envía su tercer informe de gobierno.
Entre los pendientes de los nuevos órganos de gobierno del Senado destaca la convocatoria para continuar el foro sobre reforma electoral, iniciado en junio del año pasado y pospuesto por las elecciones intermedias.
En la Cámara de Diputados comienzan a integrarse las 44 comisiones ordinarias establecidas en la Ley Orgánica del Congreso. Por su relevancia en la aprobación del paquete económico, la prioridad se dará a las comisiones de Hacienda y Presupuesto.
Análisis del informe presidencial en comisiones del Senado y la Cámara de Diputados.
Día 8 Fecha límite para que el Presidente envíe a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2010, que contiene: los Criterios Generales de Política Económica, la propuesta de Presupuesto de Egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos y la llamada Miscelánea Fiscal (propuestas de reforma a diversas leyes tributarias).
12 Relevo en el IFAI. Concluyen su periodo dos comisionados. El Presidente deberá enviar sus propuestas al Senado, que tendrá un plazo de 30 días para hacer observaciones. Si no hay objeción, comienzan a ejercer sus cargos.
14 A 30. Glosa del tercer informe de gobierno. Se prevé que los secretarios de Estado, el procurador general de la República y algunos directores de organismos paraestatales comparezcan ante comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En algunos casos, como ocurrió el año pasado con el secretario de Gobernación, las Cámaras podrán citarlos a comparecer ante el pleno. La Constitución obliga a que el secretario de Hacienda comparezca ante el pleno en la Cámara de Diputados.
30 Fecha límite para que la Cámara de Diputados concluya la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2006.
Octubre
CNDH. En este mes la
Comisión de Derechos Humanos del Senado deberá emitir la convocatoria para la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo nombramiento deberá aprobarse en el pleno antes del 15 de noviembre.
SCJN. Se prevé que en este mes el presidente de la República envíe al Senado de la República las ternas para sustituir a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes deberán comparecer ante el pleno del Senado, que tendrá 30 días hábiles para elegir o pedir al Ejecutivo nuevas propuestas. Los cargos de Mariano Azuela y Genaro Góngora vencen el 30 de noviembre.
7 El presidente de la República, o un representante, acude al salón de plenos del Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez, que anualmente otorga la Cámara alta a algún ciudadano eminente.
Noviembre
ASF. Se prevé que en este mes la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados emita la convocatoria para el nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación. Se abrirá un plazo de 10 días para recibir solicitudes de los aspirantes y, una vez concluido ese plazo, la comisión contará con cinco días para analizar los perfiles y proponer el nombramiento al pleno.
Banxico. También se prevé que el Presidente envíe su propuesta de gobernador del Banco de México al Senado, que deberá ratificar o solicitar un nuevo aspirante.
15 Fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010.
15 Fecha límite para que el Senado apruebe el nombramiento del nuevo titular de la CNDH.
30 Fecha límite para que el Senado apruebe el nombramiento de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Diciembre
15 Fecha límite para la prolongación del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso.
En caso de que no se hayan aprobado aún los nombramientos en la ASF y Banxico, podría convocarse a periodo extraordinario o, en su defecto, la Comisión Permanente podría aprobarlos.
31 Los titulares de ASF y Banxico concluyen sus periodos. Ambos podrían reelegirse.

Informe del Senado

Presenta Senado informe sobre sus actividades en 2009.
En el periodo comprendido de enero a agosto de 2009, en el Senado se presentaron 10 reformas constitucionales, 19 Instrumentos Internacionales, hubo 27 comparecencias de Secretarios de Estado y fueron ratificados seis nombramientos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.
En materia de iniciativas, de enero a agosto de este año, 11 fueron remitidas por el Ejecutivo Federal y 433 fueron presentadas por los legisladores.
También cabe destacar que en este Tercer Año de Ejercicio comparecieron 17 funcionarios federales, en comparación con 10 que se presentaron en el Segundo Año.
El Artículo 73 Constitucional, relativo a las facultades del Congreso es el más reformado en la LX Legislatura.
En el Tercer Año de Ejercicio, específicamente de enero a agosto del año en curso, también fueron presentados 543 puntos de acuerdo y 363 proyectos de creación y reformas a leyes y decretos. Se presentaron 95 puntos de acuerdo más que el año anterior y 81 más en relación al primero, y existe también una marcada diferencia en tanto al incremento en la creación y reformas a leyes y decretos, ya que en el Primer Año se presentaron 74.
Los funcionarios federales que asistieron a comparecer ante el Senado de la República fueron los de las secretarías de Energía, de Salud, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Turismo, entre otros.
Así también, dentro de los instrumentos internacionales aprobados por el Senado, destacan los relativos a Cooperación Económica y Financiera, Derechos Civiles y políticos, Salud, Pena de muerte, Traslado de personas condenadas, Extradición, Medio Ambiente, Personas con discapacidad, Cambio climático, entre muchos otros.
Dentro de la Agenda Legislativa del Senado, en el periodo de enero a agosto, se realizaron cuatro reuniones con organismos internacionales, cinco visitas de primeros ministros y presidentes, 11 visitas de legisladores y funcionarios extranjeros y 28 Seminarios, conferencias y diplomados.
Asimismo, se llevaron a cabo los Foros "México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, "Análisis y propuestas para enfrentar la crisis económica", "Crisis, Ciencia y Sociedad", entre otros.
De igual manera, durante tres días se realizaron las “Audiencias públicas sobre el tema de la evolución de la crisis económica”, en el que participaron Secretarios de Estado, Académicos y especialistas.

Carlos Navarrete Ruiz

El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, fue electo por unanimidad como presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura.
A la sesión acudieron 112 senadores de un total de 128, quienes votaron a través de cédula en una urna transparente par elegir a la nueva Mesa Directiva.
Junto con Navarrete, también fueron electos, Ricardo García Cervantes del PAN como vicepresidente y Arturo Núñez del PRD, también como vicepresidente, mientras que se mantiene Francisco Arroyo Vieria, la senadora Martha Leticia Sosa Govea del PAN, Ludivina Menchaca Menchaca, del Partido Verde y Adrián Rivera del PAN, así como Cleominio Renal Zoreda como secretario por el PRI.
Discurso del SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ, como PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.
Señoras senadoras, señores senadores de la República:
La Sexagésima Primera Legislatura del Senado de la República inicia sus trabajos en un contexto difícil, en una situación grave para nuestro país en donde al mes de julio de este año, la tasa de desempleo llegó a más del seis por ciento y a finales de este año, la economía descenderá más de diez puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
Del año 2000 a la fecha, los salarios mínimos han caído 47 por ciento en su poder adquisitivo; mientras que los precios de los productos de la canasta básica han aumentado en al menos 50 por ciento.
Iniciamos nuestros trabajos con la persistencia de una ola de violencia y de un abierto desafío del crimen organizado a las instituciones del Estado mexicano, que en lo que va de este año suma ya más de cuatro mil muertes relacionadas con estos delitos.
Las senadoras y senadores de la República debemos ser sensibles a esta situación.
Tenemos la responsabilidad de impulsar reformas y emprender acciones para contribuir a que el país salga de la crisis y recupere el camino del desarrollo; para que el Ejecutivo asuma sus responsabilidades en materia de seguridad y para que los mexicanos recuperen el ejercicio pleno de sus derechos.
En los últimos diez meses, cientos de miles de personas han perdido su trabajo y miles de familias han visto mermada su calidad de vida y su patrimonio. Conocemos la gravedad de esta situación. Sabemos lo que esto implica y estamos conscientes de que se deben tomar decisiones inmediatas al respecto.
De poco serviría a México un Senado aislado de esta realidad.
De poca utilidad sería para los estados y los municipios que en estos momentos tienen serios problemas financieros y de inseguridad, que los senadores de la República nos refugiáramos en un nicho de tranquilidad mientras el resto del país navega en aguas turbulentas.
Por el contrario, es el momento que el Senado, en el ámbito de su competencia, junto con la colegisladora y los otros Poderes de la Unión, sume esfuerzos para enfrentar con éxito esta situación.
La pluralidad política expresada en el Congreso debe demostrar que puede construir los acuerdos para impulsar acciones legislativas que permitan reactivar el crecimiento económico, combatir a la delincuencia y al crimen organizado, con pleno respeto a los derechos humanos.
Percibo que los grupos parlamentarios comparten la misma preocupación por la situación de emergencia y también me doy cuenta de que existe voluntad de construir consensos.
Tengo pleno conocimiento de que el acuerdo por medio del cual se eligió a esta Mesa Directiva forma parte de este ánimo de inclusión, de un ejercicio de pluralidad al que hoy el Senado de la República ingresa de manera plena y que implica respeto a las posiciones divergentes representadas en esta legislatura.
Como lo establece la ley, el Presidente de la Mesa Directiva expresa la unidad del Senado y como hombre formado en la izquierda mexicana, actuaré con estricto apego a lo que la ley señala.
Las relaciones del Senado con la Cámara de Diputados, los otros Poderes de la Unión, los poderes de los estados, las autoridades del Distrito Federal y las que son propias de la diplomacia parlamentaria, se desarrollarán bajo un ánimo de dignidad y de respeto.
Señoras y señores:
Junto con los senadores y las senadoras integrantes de esta Mesa Directiva, expreso a ustedes nuestro reconocimiento por su confianza.
¡Que todo sea por el bien de la República!
Les agradezco su atención.

Ramírez Acuña

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 483 votos el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política para la elección de la Mesa Directiva para el primer año de Ejercicios de la LXI Legislatura, que estará encabezada por el diputado Francisco Ramírez Acuña (PAN) como presidente, y vicepresidentes Francisco Javier Salazar Sáenz, (PAN), Felipe Solís Acero (PRI), José de Jesús Zambrano Grijalva (PRD).
Los legisladores que fungirán como secretarios de la Mesa Directiva serán:
María Dolores del Río Sánchez (PAN), Georgina Trujillo Zentella (PRI), Balfre Vargas Cortés (PRD), Carlos Samuel Moreno Terán (PVEM), José Fernández Noroña (PT), Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza), María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia).
Antes de iniciar la sesión de instalación de la LXI Legislatura, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, aseguró que este espacio parlamentario será un escenario importante para la próxima elección presidencial del 2012, ya que de la Cámara de Diputados saldrán nombres importantes para aspirar al máximo cargo de elección popular.
“la LXI Legislatura tendrá el reto de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Además, será un escenario importante para el 2012; seguramente que en esta Legislatura saldrán nombres, en todas las bancadas, para aspirar a la presidencia de la República, pero primero tendrán que mostrar su responsabilidad en el Congreso de la Unión”.

Acallar a la mente

Cómo acallar a la mente/GÁSPAR HERNÁNDEZ
Publicado en El País Semanal, 30/08/2009;
Nuestra voz interior nunca descansa: se pasa el día entero dando la murga con un caos de pensamientos. La meditación es una buena forma de ponerla a raya y, por fin, descansar.
El verano suele ser algarabía, barahúnda y griterío. En el lugar de vacaciones nos acechan los chiringuitos y los motores y los aparatejos bulliciosos, y en nuestras ciudades siguen vivos los coches, y las máquinas se ensañan con las obras y nos aturden. Durante el resto del año estamos tan inmiscuidos en nuestros propios asuntos que a veces pasamos por alto este ruido, lo tomamos como parte de nuestro paisaje habitual, como ese edificio modernista que tenemos enfrente y que solemos ignorar. Pero ante el abismo del dolce far niente vacacional, los sonidos se acentúan hasta doler. Si bien es cierto que no podemos controlar la música alta ni los cláxon de los coches y que, por tanto, debemos aceptarlo -actuar de otra manera sería, sin duda, estresante además de estéril-, hay otro ruido que sí podemos silenciar: el llamado ruido interior. No podemos dejar de pensar, sólo faltaría (aunque algunos protagonistas de la actualidad parecen hacerlo), pero podemos gestionar mejor nuestros pensamientos gracias a la meditación. Se trata de usar la mente; no de ser usados por ella.
Entre 40.000 y 60.000 pensamientos diarios
Nuestra mente se comporta de manera caótica y caprichosa
La primera distinción es básica: el silencio no es ausencia de ruido exterior. De nada sirve pasar las vacaciones en un paraje solitario en la montaña, si no logramos acallar algunos sonidos -algunos- que tienen lugar en nuestra mente. Aunque parezca mentira, tenemos cada día entre cuarenta mil y sesenta mil pensamientos. Se comportan de manera anárquica y caprichosa, sin que nosostros los controlemos. Si no hacemos un esfuerzo, la inercia nos lleva a pasarnos las vacaciones, y no digamos ya los periodos de duro trabajo, esclavizados por el libre discurrir de nuestra mente: "un mono loco", según el budismo. Si eso nos ocurre en vacaciones, es decir, si no somos capaces de desconectar de esa cháchara incesante, lamentablemente nuestro cuerpo regresará a casa relajado, pero no así nuestra mente. Porque la mente, ya se sabe, suele ser obsesiva. Habremos pasado las vacaciones dando vueltas a las cosas, anticipando el futuro, recordando el pasado, y nos habremos perdido lo único que de verdad existe: el momento presente, el aquí y el ahora.
Hagamos una prueba. Si nos quedamos unos minutos en silencio, cerramos los ojos e intentamos ser conscientes de los pensamientos que nos asaltan —o sea, si meditamos—, nos daremos cuenta de lo que pasa en nuestra cabeza durante todo el día: es como tener dentro una radio permanentemente enchufada, que practicamente emite el mismo programa un día tras otro, porque tenemos casi el mismo patrón de pensamientos un día tras otro. Los meditadores expertos, cuando observan su mente como si fuese una película, llegan a la conclusión, según afirma Juan Manzanera, monje budista y profesor de meditación, que no somos nuestros pensamientos, "al igual que las olas del mar no son el mar".
La meditación
Observar nuestros pensamientos como si fueran una película
Si nos fijamos más aún, nos daremos cuenta de que hay un instante muy breve entre pensamiento y pensamiento en que no sucede nada, en que no pensamos nada, en que no oímos nada. Ese es el silencio interior, y los que se han dedicado a ello con ahínco son capaces de rescatar este silencio y prolongarlo casi a su antojo. Eso se consigue a través de la meditación, que es una práctica estrechamente vinculada a la actividad espiritual, pero que no se adscribe a una religión en concreto. De hecho, una de las grandezas de la meditación es, precisamente, que forma parte del lecho común de la mayoría de religiones. Para todas ellas, la meditación es una manera no solo de concentrar la mente en una sola cosa, sino de conectar con algo más allá de la realidad sensible, con eso que cada ser humano tiene de divino. El budismo, por ejemplo, que no podemos definirlo como una religión, sino más bien como una filosofía, dice que a través de la meditación descubrimos no sólo que formamos parte de un universo interconectado, sino que, además, ese universo interconectado está, en su totalidad, dentro de cada uno de nosotros.
El silencio
No dejarse apabullar por el continuo parloteo de la mente
Pido disculpas al lector, porque no he venido a esta sección a hablar mi novela El silencio (El Aleph), pero puede leerse, según dicen algunos lectores, como una introducción a la meditación. La protagonista, Umiko, es una joven japonesa que intenta enseñar a meditar al narrador.
"En todos y cada uno de nosotros", le dice, "está toda la felicidad; lo único que nos impide disfrutarla es la propia mente: las creencias limitantes, los miedos, los deseos, la expectativas". En sus torpes inicios
, al intentar fijar la atención en una sola cosa -por ejemplo, la entrada y la salida del aire- el narrador se da cuenta de lo difícil que resulta: perdemos la atención entre seis y doce veces por minuto. Umiko le recomienda que no se deje apabullar por los pensamientos que le asaltan. "Ahora desfilan muchas cosas por tu mente", le dice, "pero si no les das importancia irán decreciendo hasta que conseguirás una mente clara que será como un espejo de lo que te rodea".
Así, Juan Manzanera, cuya sabiduría es fruto de años viviendo en Nepal y en India como discípulo de un lama, asevera que "el silencio interior no es una consecuencia de haber reprimido los pensamientos, sino de ir más allá de ellos". Como Umiko, Manzanera asegura que cuando dejamos de nutrir a los pensamientos, ellos mismos se van. Igual que las nubes que cruzan el cielo: sin recrearse en ellas, el azul las deja pasar.
Obras que dan quietud
–‘El silencio’, de Gaspar Hernández. Editorial El Aleph.
–‘El placer de meditar’, de Juan Manzanera. Ediciones Dharma.
–‘En defensa de la felicidad’, de Matthieu Ricard. Urano.
El yo profundo
El que está considerado –según los científicos– “el hombre más feliz del mundo”, el monje budista Matthieu Ricard, dice que el silencio interior es parte del camino a la felicidad, pero que para conseguirlo hay que vencer el síndrome del pájaro enjaulado, al que cuando se le abren las puertas de su jaula no puede hacer nada más que acabar regresando. El silencio interior es una conquista. Si lo conseguimos, según Darío Lostado, reputado filósofo, teólogo y psicólogo, llegaremos a lo que él llama “sentir el yo profundo”, es decir, lo que queda cuando trascendemos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones.

Carta abierta sobre CONAPRED

A la sociedad mexicana
Situación preocupante en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Quienes firmamos este documento somos los diecinueve integrantes de la Asamblea Ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instancia autorizada por la ley respectiva para actuar como consejo social, vigilar y coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos.
Nos une la inconformidad por la deficiente conducción del CONAPRED por parte de su actual
titular, la Ing. Perla Bustamante Corona, quien asumió el cargo el 11 de diciembre de 2008. Esta conducción ha redundado en el incumplimiento de las obligaciones legales de la institución y, especialmente, en su debilitamiento como interlocutora ante numerosas organizaciones de la sociedad civil que la apoyaban, ante el gobierno federal como el primer obligado para aplicar el Programa Nacional contra la Discriminación, ante gobiernos estatales, el poder legislativo y la opinión pública.
Los firmantes somos individualidades de distintas formaciones, credos, disciplinas profesionales y opiniones políticas. Somos una muestra de la pluralidad de pensamiento del país. Llegamos a la Asamblea Consultiva por votación de la Junta de gobierno del CONAPRED, dado nuestro perfil como especialistas en los diversos temas de la discriminación y/ o como compañeros de ruta reconocidos en el proceso del combate a los mismos. Sin embargo, aquí ocurre lo que pocas veces se ha visto: que el 100 por ciento de un consejo ciudadano coincida en manifestar las mismas preocupaciones acerca de la situación que guarda una institución que es al mismo tiempo un órgano social, tan necesario como éste, para combatir la desigualdad, la inequidad y la intolerancia entre mexicanos.
ALGUNOS PROBLEMAS
Todos, de distintos modos y en distintos momentos, podemos testificar que el CONAPRED padece hoy varios problemas que antes no padecía y que se han visto sumados, empalmados y multiplicados por su deficiente dirección.
Incumplimiento de metas y programas. La Junta de Gobierno y otras dependencias vinculadas le han rechazado a la Ing. Bustamante el Plan Nacional contra la Discriminación y el Programa Anual de 2009, debido a las deficiencias evidentes con las que dichos documentos fueron preparados y presentados.
Acelerado aislamiento social. Desde el inicio de esta presidencia los vínculos con organismos y organizaciones sociales que luchan contra la discriminación y la intolerancia y por la igualdad y la equidad se han deteriorado, debido a las deficientes formas de convocar, al incumplimiento de compromisos de agendas comunes y de tareas pactadas, a una insensibilidad tan considerable en el trato que algunos la califican de discriminatoria, al hecho de haber paralizado la promoción y la vigilancia de las políticas públicas transversales y al no hacerse presente en muchos casos públicos de discriminación evidente.
Desaciertos administrativos.
Los problemas internos se iniciaron con las auditorias discrecionales, los despidos injustificados, el patente mal trato al personal, las contrataciones de directivos sin respeto al perfil del cargo y un estilo personal impositivo que derivó en renuncias de nuevos funcionario, inconformes con las formas de conducir la administración.
Todo eso ha conducido a la limitación de la eficacia y de la agenda del CONAPRED ante los asuntos nacionales relacionados con la discriminación y los derechos humanos, a su desvalorización pública como la entidad defensora de los discriminados, a la disminución del número de quejas y solicitudes de apoyo que antes atendía: En una palabra, a su aislamiento de la sociedad a la que su misión exige defender, y en estos momentos en los que muchos mexicanos padecen un serio deterioro a sus derechos humanos.
Recordemos que entre 2004 y 2008 y gracias al prestigio y la eficacia del CONAPRED, México fue un actor internacional de peso en la lucha legal y social mundial contra la discriminación. Fue el CONAPRED quien redactó e impulsó la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que logró que dicha convención fuera aprobada (diciembre 2006) y elevada al rango de norma jurídica internacional por la Asamblea General de la ONU (marzo 2007).
Lo anteriormente manifestado en esta carta va a redundar con toda seguridad en el hecho, que sería sumamente grave, de que México ya no estuviera a la altura de sostenerse en el lugar de prestigio que tanto trabajo le costó ganar en la agenda internacional de combate a la discriminación. Ello nos preocupa sobremanera.
EL FONDO
La causa de fondo de todos estos serios problemas fue el hecho de que tras el sentido fallecimiento de Gilberto Rincón Gallardo, Presidente Fundador del CONAPRED, el gobierno federal nombrara como su sustituta a una persona como la Ing. Perla Bustamante, cuyo perfil es el de una atleta paralímpica pero que no estaba ni está en ningún modo capacitada para la nada fácil y muy especializada tarea de conducir a una institución como ésta.
Esta decisión del Ejecutivo ocurrió a pesar de que durante meses, en forma respetuosa y abierta, los abajo firmantes manifestamos que quien ocupara ese cargo debería apegarse a un perfil de conocimiento de las causas, de las problemáticas y de las leyes que crearon al CONAPRED; de una visión de Estado; de la capacidad de diseñar políticas públicas directas y transversales que ataquen las diversas formas de la discriminación, las que muchas veces se entrelazan victimizando, excluyendo o marginando a un número considerable y diverso de nuestros ciudadanos; de la capacidad probada de dirigir una institución pública y de una trayectoria de respetabilidad y de aceptación política y social plural, que facilitara su interlocución y el cumplimiento de la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Programa Nacional contra la Discriminación.
No se nos escuchó. No se atendió esa necesidad. El nombramiento se hizo sin apego al perfil, sin la cortesía mínima de consultar a esta Asamblea ciudadana y/o de ponerlo a discusión con la Junta Directiva del Consejo.
No obstante, los asambleístas procedimos institucionalmente: esperamos por meses a que la nueva funcionaria convocara al primer encuentro con la Asamblea Consultiva, pero inexplicablemente ella se negaba. Al surgir los primeros problemas logramos que aceptara convocar legalmente a una reunión extraordinaria. Allí, presentamos ante ella nuestros perfiles y trayectorias, con el afán de que viera en nosotros a aliados comprometidos con la causa del CONAPRED. También propusimos salidas.
Después de ello, por consenso, decidimos continuar como consejeros ciudadanos y conceder el beneficio de la duda a la nueva presidenta, con la esperanza de que asumiera completamente el mando, revelara su estilo de trabajo y demostrara capacidad para cumplir con su responsabilidad. Cumplimos con el calendario de reuniones, seguimos detectando fallas, hicimos las primeras críticas, pero también seguimos proponiendo soluciones y expresamos nuestra intención de apoyar directamente en tareas, aunque ello no fuese estrictamente nuestra responsabilidad legal.
La Asamblea hizo todo lo posible para que la conducción del CONAPRED mejorara. En la más reciente reunión recibimos informes escritos que mostraban trabajo, empeño de la presidenta y de algunos de los nuevos funcionarios, pero confirmamos que se trabajaba más por inercia que con estrategia. Las anomalías más severas no se corregían. Incluso le propusimos a la presidencia que asignara una pequeña oficina a esta asamblea (con una secretaria operativa, cosa que no implicara gasto adicional alguno) para tender un enlace permanente del CONAPRED con su Asamblea Consultiva y facilitar así el seguimiento de metas y nuestro apoyo colectivo en el cumplimiento de tareas. Ni eso logramos.
El problema de origen persistió. Nuestro diagnóstico y nuestra opinión son por ello ahora claros: la actual Presidencia del CONAPRED manifiesta una total falta de capacidad para orientar el rumbo, para recuperar la presencia social e institucional que tenía el CONAPRED y para dirigir con eficacia el empuje que el cumplimiento de sus tareas y compromisos requiere. Una auditoria de gestión que realizara la Auditoria Superior de la Federación confirmaría parte de esto pero difícilmente frenaría el proceso de deterioro que padece el Consejo.
Ante todo ello, queremos evitar que la paciencia y el silencio que hasta ahora habíamos guardado respetuosamente hacia la presidencia actual del CONAPRED sean interpretados como complicidad, por omisión, con el mal manejo del cargo. Por eso decidimos hacer pública esta carta y, en el marco de nuestra atribuciones legales, solicitar a la Presidencia de la República que inicie un proceso de selección para nombrar a un(a) nuevo(a) titular del CONAPRED. Esta vez con la firme intención de que no se pierdan casi diez años de arduo trabajo institucional y social, con el acompañamiento de la Asamblea Ciudadana y, de ser necesario, de una de las cámaras del Congreso de la Unión
Atentamente
Rosa María Álvarez de Lara
Roberto Blancarte Pimentel
Judith Bokser Liwerant
José Buendía Hegewisch
Roy Campos Esquerra
Renée Dayan Shabot
Arturo Díaz Betancourt
Mario Luis Fuentes
Olivia Gall Sonabend
Isabel Gardea Espino
Roberto Javier Gutiérrez López
Rogelio Hernández López
Sandra Jiménez Loza
María Angélica Luna Parra
Adriana Ortiz Ortega
Covadonga Pérez Villegas
Alejandro Quintero Novella
Francisco Javier Rangel González
Jesús Toledano Landero

28 ago. 2009

A 10 años de la ley de cine

La Ley Federal de Cinematografía. Un recuento a diez años de su publicación/Israel Tonatiuh Lay Arellano 22 de Agosto de 2009
En enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Cinematografía. Esta legislación se estrenaba tras haber sido discutida no sólo por los diputados federales, sino porque grupos de la sociedad civil, tanto de la Comunidad social cinematográfica como de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica habían participado en la deliberación. El contenido de esta reforma permitió dar un respiro a la industria fílmica nacional y de una u otra manera ha contribuido a su continuidad. Hoy, a diez años de distancia de ese proceso de discusión, el cine mexicano goza de una ascendiente reputación, diversos directores realizan proyectos en el extranjero y varias películas mexicanas han sido premiadas también fuera de nuestro país. A continuación, un breve recuento de la historia legislativa y de sus actores.
Los antecedentes de una legislación cinematográfica se remontan al año de 1913, cuando se publica el primer ordenamiento en la materia, en 1919 surge el reglamento de la censura cinematográfica, y en 1947 se expide el Reglamento de la Comisión Nacional de Cinematografía. Dos años después, en 1949 se aprueba la Ley de la Industria Cinematográfica, la cual es reformada en 1952.
Debido al éxito de las películas mexicanas de esos tiempos, el gremio cinematográfico había alcanzado tal solidez que sus grupos corporativos tenían fuerza incluso en la vida política nacional, por esta razón varios actores lograron convertirse en diputados federales. De esta manera, en 1960 surgió la idea de reformar la Ley. Entre sus mayores impulsores se encontraba el director Roberto Gavaldón. La iniciativa se aprobó el 26 de diciembre de 1960 y al día siguiente se envió al Senado. Sin embargo, el día 28 de diciembre la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) envío un telegrama al Senado, pidiendo detener el dictamen y recibir a una comisión de esa cámara. “Presumiblemente las negociaciones debieron alcanzar cierto grado de beneficio de interés, pues el Senado nunca pasó el proyecto, la versión oficial sería que el Senado concluyó que esta iniciativa adolecía de imperfecciones que provocarían una peligrosidad en su ejecución. A cambio se anunció el 3 de enero de 1961 que el Gobierno había nacionalizado La Compañía Operadora de Teatros S.A. (Cotsa) y Cadena de Oro, con un total de 329 salas de cine” (Lay, 2005: 67).
Tuvieron que pasar más de treinta años para que se volviera a proponer una modificación a la Ley de la Industria Cinematográfica. En 1992 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, envió una iniciativa de reforma a esta legislación, cuyo propósito simplemente era acoplar la débil industria cinematográfica mexicana, de ese momento, al concepto de entretenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues quienes se beneficiaban con las modificaciones sólo eran las cadenas de distribución y exhibición, las cuales llevaban a la pantalla alrededor del 93% de cine estadounidense. La iniciativa del Presidente fue aprobada por los diputados por la vía rápida, o como se le llama en el argot legislativo, por fast track, pues de acuerdo a las críticas en prensa de esa ocasión, sólo le tomó al Pleno de la Cámara quince minutos la discusión y aprobación de la nueva Ley Federal de Cinematografía (LFC).
En 1995, después de tres años, los integrantes del sector de la producción cinematográfica concluyeron que la legislación no contribuía a su activación, por lo que un grupo conformado por directores, actores, escritores y estudiantes de cine, entre otros, inició una serie de acciones encaminadas a examinar las deficiencias de la industria y realizar las propuestas pertinentes para su revitalización. Este grupo se autodenominó Comunidad social cinematográfica, ya que se deslindaban de los filmes basados simplemente en el entretenimiento, mientras que pugnaban por el fortalecimiento de un cine mexicano con un carácter más educativo y cultural, así como el equiparar una película a una obra de arte.
¿Pero cual fue el mérito de la participación de la Comunidad social cinematográfica en la reforma a la LFC? Sin duda su capacidad para lograr el objetivo de cambiar esa legislación, no sin enfrentarse a diversos obstáculos. Así mismo, desde una perspectiva más teórica, este grupo logró aplicar mecanismos de democracia deliberativa en su proceso de discusión interior. La cronología del mismo es la siguiente:
En el mes de junio de 1995, se organizaron las mesas para el foro Defensa del Cine Nacional. De igual manera, se llevó a cabo el denominado Forodebates, que concluye con la redacción del documento titulado Cruzada Nacional en Defensa del Cine Mexicano como Patrimonio Cultural y Salvaguarda de Nuestra Identidad. De esta forma comenzaron a realizar las acciones necesarias para que los diputados federales escucharan sus propuestas para reformar la ley, las cuales se centraba en tres aspectos: el financiamiento estatal al cine mexicano, la prohibición al doblaje y los tiempos para exhibición de películas nacionales.
Sobre el primer punto, la iniciativa contemplaba un fondo con recursos provenientes, en su mayoría, de una parte de las ganancias de la taquilla en las salas cinematográficas nacionales, lo que de inmediato fue rechazado por los empresarios de ese ramo. Ante la posibilidad de un conflicto mayor entre los empresarios y la Comunidad social cinematográfica, el Ejecutivo Federal ofreció la creación de un Fondo con presupuesto asignado, lo que hoy conocemos como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE)
[1].
La prohibición al doblaje ya estaba contemplado en la Ley Federal de 1992. El artículo textualmente señalaba: “Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán ser doblados al español”.
El tercer pilar, proponía un mayor tiempo en pantalla para el cine mexicano, en dos supuestos: el primero, si se activaban todas las cadenas productivas de la industria fílmica, entonces se tendría una mayor cantidad de películas para exhibirse. El segundo supuesto giraba en torno al poco tiempo, que en esos días, se le otorgaba a las cintas nacionales en la cartelera.
La comunidad social cinematográfica fungió como un grupo de la sociedad civil, aunque que si bien agrupaba integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), cooperativas
[2], actores, y todos estos grupos forman parte, junto con los agremiados de la empresarial Canacine, a la industria fílmica nacional, no participaron en un sentido corporativista, sino debatiendo las ideas e impulsando su discusión para llevarlas a la agenda pública, con el objetivo de lograr una ley de cinematografía distinta a la que se encontraba vigente, de acuerdo a los intereses de cada uno y a su concepción de industria cinematográfica. En este sentido, este grupo pertenecía a ese tercer campo, distinto de la economía y el Estado, que es la sociedad civil (Arato, 2001:37).
En 1997, a punto de culminar la LVI Legislatura Federal y tras meses de pláticas y acercamientos con diputados del aún mayoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI), se enfrentaron al primer obstáculo, el representante del grupo de los legisladores priístas señalaron que finalmente no avalarían su proyecto de iniciativa ciudadana para ser presentada en la Cámara. La razón además de ingenua fue una ofensa para los dirigentes de la Comunidad social cinematográfica: no se encontraba en los supuestos del artículo 71 de la Constitución, esto es, que no existe (incluso a la fecha) a nivel federal el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas (iniciativas populares).
Detrás de ese argumento se observaba la nula voluntad política para crear mecanismos de acercamiento con la sociedad civil. Tiempo después los dirigentes de la Comunidad Social Cinematográfica se enterarían que quien había dado la instrucción de no apoyar el proyecto, había sido el mismo presidente de la República, en ese entonces Ernesto Zedillo. En el plano teórico, esta acción demostraba que el cabildeo como herramienta política, sólo era efectivo si había voluntad por parte de quienes toman las decisiones (diputados), lo que a su vez significaba que la aplicación de una política deliberativa sólo podía materializarse si se permitía que todas las voces de los grupos de interés sobre el tema eran escuchadas.
En las elecciones federales intermedias de 1997, el PRI perdió la mayoría simple. De acuerdo con los resultados electorales, el PRI había obtenido 239 diputados, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) habían alcanzado 125 y 121 legisladores respectivamente. Dentro de las filas del PRD se encontraba María Rojo, conocida actriz del cine mexicano, quien además se convirtió en la Presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ante esta coyuntura, la Comunidad social cinematográfica tuvo la oportunidad de presentar su iniciativa de reforma, a través de la figura de Rojo. El proyecto se denominó Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica (ILIC), pues pretendía erigirse en un ordenamiento diferente al que se encontraba vigente.
La iniciativa se presentó en el mes de abril de 1998, y se turnó tanto a la Comisión de Cultura como a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que presidía el panista Javier Corral Jurado.
[3] El proyecto había pasado por diferentes tratamientos, a petición de las diversas observaciones que se le habían hecho en las mesas de consulta organizadas por la Comunidad social cinematográfica, así mismo la cual había trabajado en el formato de asamblea e incluido los intereses de sus miembros.
La iniciativa pasó por más de diez tratamientos antes de tener una versión definitiva. Cuando se alcanzó ésta, se conformó una Comisión Dictaminadora con siete integrantes tanto de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) como de la de Cultura. De estos destaca la presencia de Angélica de la Peña y Lázaro Cárdenas (PRD), Leonardo García Camarena (PAN), Francisco Arroyo (PRI). Al ser un grupo plural, contaron con el aval de sus fracciones parlamentarias. El procedimiento para dictaminar requirió la unidad de los siete legisladores, el escuchar y analizar los puntos polémicos, y trabajar con sigilo, esto es, que ninguno de los avances de la redacción del dictamen se debía de hacer público, pues en esta fase se consideró que sería positivo el trabajar sin presiones de ningún grupo. El dictamen fue presentado el 11 de diciembre de 1998. Dos días después, el 13 de diciembre, fue aprobado por unanimidad de los 478 diputados presentes en la sesión.
El documento insistía en el papel regulador del Estado sobre esta industria. Sobre los tres puntos polémicos, el dictamen señaló que en cuanto al doblaje, la propuesta mantenía el texto de la ley vigente. De los tiempos de pantalla, se propuso un trato justo y equitativo para las producciones nacionales frente a las extranjeras, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica y de acuerdo con los compromisos internacionales de México en materia de regulación. Finalmente, el proyecto dio pie a la creación de un fideicomiso para la promoción y fomento de la industria cinematográfica en el que participarían todos los sectores de la industria.
En su papel de cámara revisora, el Senado de la República apoyó el contenido de la minuta, sin embargo hizo observaciones al artículo 19, que reservaba un tiempo de pantalla de 10% para el cine nacional. En el debate de los senadores intervinieron, entre otros Beatriz Paredes, Carlos Payán, Adolfo Aguilar Zinser y Silvia Pinal. Finalmente acordaron no acotar a un porcentaje determinado, sino sujetarlo a los compromisos adquiridos en la materia en los tratados internacionales. El documento fue aprobado por 65 votos a favor y 39 en contra. De esta manera, se turnó el expediente completo a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso d del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara también aprobó la modificación realizada por el Senado con 372 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones, para luego ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1999 como reformas a la Ley Federal de Cinematografía.
Si bien el cabildeo ya era una herramienta política utilizada para la negociación, el proceso de discusión de la ILIC logró transparentar (y quizás sistematizar) el ejercicio de esta práctica al interior del Congreso de la Unión. La inclusión de elementos de democracia deliberativa en un proceso legislativo mexicano, había demostrado que se trataba de un mecanismo efectivo para alcanzar consensos. Sin embargo también quedó demostrado que acciones extra legislativas pueden vulnerar la construcción de estos acuerdos.
Aunque uno de los objetivos de la reforma a la LFC era dotar de un mayor tiempo en pantalla a las películas mexicanas, no sólo el ajuste hecho por el Senado de la República, que eliminó el porcentaje del 10 por ciento para reserva, afectó este pilar, sino también una resolución adoptada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ya que el 16 de marzo del año 2000, el pleno dictaminó por unanimidad que empresas distribuidoras de cine Warner BROS. México (Warner), United Internacional Pictures R.S.L. (UIP), Twentieth Century Fox Film de México S.A de C.V (Fox), y Videocine S.A. de C.V. (Videocine) no eran responsables de prácticas monopólicas.
Lo anterior en respuesta a una investigación que había iniciado la Cofeco en abril de 1997, contra las presuntas prácticas monopólicas, ya que a través de diversas notas periodísticas, se acusaban a las empresas distribuidoras de condicionar y restringir el suministro de películas a los exhibidores independientes. “Las empresas distribuidoras habían acordado segmentar el mercado en forma temporal, reservando la distribución de películas más rentables del año para que fueran exhibidas por primera vez en junio y julio. Así mismo, estas empresas realizaban la práctica de denegación de trato, sin que los exhibidores afectados por la negativa tuvieran una causa para negarles el suministro de copias de estreno.” (Lay, 2005: 161). En noviembre del mismo año se emplazó a las empresas mediante un oficio de presunta responsabilidad. En febrero de 1998 las empresas dieron contestación al oficio y ofrecieron pruebas.
En la cuestión del doblaje, también en marzo del año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 8 de la LFC. En marzo de 1997, al mismo tiempo que la Comunidad social cinematográfica buscaba el apoyo de los diputados de la LVI Legislatura para presentar su iniciativa, UIP solicitaba a la Dirección General de RTC la exhibición pública y comercial de la película Parque Jurásico (Jurassic Park) en su versión doblada al español. La respuesta de la Dirección General de RTC a UIP fue que debido al contenido del Artículo 8 de la LFC no podía otorgar la autorización para esa película.
Debido a la negativa, la UIP interpuso una demanda de amparo, argumentando la violación de las garantías individuales relativas a la libertad de trabajo (Artículo 5 de la Constitución) y a la manifestación de ideas (Artículo 6 de la Constitución). Sin embargo, la Juez Cuarto de Distrito en materia administrativa negó el amparo por no considerar que había violación de tales derechos. Ante esta situación, la IUP interpuso un recurso de revisión ante la SCJN, la cual en su pleno se declaró competente. Después de las sesiones de los días 21 de febrero, 2 de marzo y 6 de marzo del año 2000, la mayoría de los Ministros en Pleno, decidió apoyar la postura de inconstitucionalidad del Artículo 8 de la LFC. Debido a lo controvertido del tema, se dio una votación minoritaria de los Ministros Miguel Aguinaco Alemán, María Sánchez Cordero y el entonces Presidente de la Corte, David Góngora Pimentel, quienes sostuvieron que dicho precepto no transgredía la garantía de comercio, en cambio garantizaba la defensa del idioma español, la identidad nacional, el respeto a la originalidad de integridad de la obra, y el conocimiento de diversidad de otras culturas.
En los siguientes años, la Ley Federal de Cinematografía sufriría sólo dos reformas mínimas. El 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Fracción VI del artículo 34 de la LFC. La segunda reforma se publicó el 26 de enero de 2006, donde se reforma el artículo 41, fracción I, incisos c y e, y se adiciona el inciso i. La primer reforma tiene que ver con los derechos que se generan por la cinematografía, mientras que la última modifica y adiciona las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la materia
[4].
La reforma del artículo 34 estuvo ligada a la adición del Artículo 19-C de la Ley Federal de Derechos, la cual recaudaba un peso por cada boleto vendido en las salas cinematográficas para exhibición comercial. Esto se había conseguido gracias a la iniciativa que habían redactado conjuntamente miembros de la Comisión de Cultura y de la de Hacienda de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura. En opinión de Víctor Ugalde, Secretario Ejecutivo del Fidecine, la iniciativa tenía el objetivo de depender de los recursos que otorgaba el Ejecutivo Federal a ese Fondo. Cabe resaltar que entre los diputados que más habían apoyado tal iniciativa se encontraba Florentino Castro, del grupo parlamentario del PRI, el mismo quien había dado marcha atrás al apoyo a la iniciativa presentada por la Comunidad social cinematográfica en 1996, cuando fue miembro de la LVI Legislatura.
Se había calculado que con tal medida se obtendrían cerca de 145 millones de pesos, adicionales al presupuesto asignado al Fidecine. La prioridad era, según los diputados que presentaban la iniciativa, reactivar la industria, tomando como modelo las políticas emprendidas por Brasil en este rubro (Lay, 2005: 142). El 6 de diciembre de 2002, la Cámara de Diputados aprobaba con 441 votos a favor, cero en contra y una abstención, la modificación al artículo 19-C de la Ley Federal de Derechos. Con esto, a partir de 2003 se destinaría un peso de cada boleto vendido en las taquillas de exhibición. Tras la votación, la Canacine argumentó que no se les había consultado sobre esa iniciativa, la cual violaba el artículo 31 de la Constitución.
El entonces Senador Jesús Ortega señaló, en esa sesión de Pleno del 12 de diciembre de 2002, que no se estaba en contra de dotar al Fidecine con mayores recursos, e incluso propuso que los diputados cambiaran el derecho del peso en taquilla por un impuesto, el cual podían incluir en la miscelánea fiscal para el siguiente año. Sin embargo esta idea no prosperó, aunque en diciembre de 2004, se adicionó el artículo 226 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.
A pesar de los claroscuros en la aplicación de la LFC, ha sido un ordenamiento sólido. El pilar más importante, el financiamiento para películas mexicanas, se ha mantenido, y diversas producciones apoyadas a través del Fidecine han sido premiadas en el extranjero, tales como Temporada de patos
[5] (2004), El violín[6] (2007), Bajo la misma luna[7] (2008), ¿Te acuerdas de Lake Tahoe?[8] (2008), Cinco días sin Nora[9] (2008), y Morenita[10] (2009).
BIBLIOGRAFÍA
ANDUIZA, Virgilio (1983), Legislación cinematográfica mexicana, Filmoteca de la UNAM, México.

CAMARA DE DIPUTADOS (1960), Dictamen de iniciativa de nueva ley de la Industria Cinematográfica, Diario de los Debates, 23 de diciembre.
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- (1998), Anteproyecto de reformas, adiciones y modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía (Primera lectura), Diario de los Debates, 23 de abril.
- (1998), Proyecto de Dictamen de la Ley Federal de Cinematografía, Diario de los Debates, 13 de diciembre.
- (1998), “Propuesta para Ley de Cinematografía”, Comisión de RTC.
CAMARA DE SENADORES (1960), Remite expediente y minuta de Proyecto de Ley de Cinematografía, Diario de los Debates, 27 de diciembre.
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- (2002), Versión estenográfica, 12 de diciembre.
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1913), Reglamento Cinematográfico, 23 de junio.
- (2002), Adición del artículo 226 de la Ley del ISR, 1 de diciembre.
- (2002), Reforma a la Fracción VI del Artículo 34 de la Ley Federal de Cinematografía, 30 de diciembre.
- (2006), Reforma al artículo 41, fracción I, incisos c y e, y se adiciona el inciso i a la Fracción VI del Artículo 34 de la Ley Federal de Cinematografía, 26 de enero.
LAY ARELLANO, Tonatiuh (2005), Análisis del proceso de la Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica, Universidad de Guadalajara, México.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2000), Amparo en revisión 2352/97 Promovido por United Internacional Pictures, S.R.L. contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades consistentes en la expedición y aplicación del artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía, 6 de marzo.
[1] El Fidecine nació cuando el Presidente de la República, Vicente Fox, publicó el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de 2001, con un presupuesto de 100 millones de pesos.
[2] Una Sociedad Cooperativa es una organización que asocia a profesionales en todas las ramas de la actividad audiovisual. Muchos directores, autores, actores, productores y técnicos especializados en áreas como tramoya, fotografía, sonido, electricidad, props y escenografía, maquillaje y edición se han reunido en sociedades de este tipo. Estas cooperativas cuentan con recursos técnicos y financieros para trabajar como productores o coproductores o bien, para proveer servicios de producción donde se puede encontrar todo lo necesario como staff y equipo para cualquier tipo de proyecto audiovisual.
[3] Actor fundamental en la discusión de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones en el Senado de la República en 2006
[4] Inciso c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que tengan por objeto social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo técnico a la producción y coproducción cinematográfica y audiovisual.
Inciso e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.
Inciso i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la capacitación, el entrenamiento, la instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo e investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras cinematográficas y artes audiovisuales en general.
[5] Premio especial del jurado en el Paris Film Festival.
[6] Premio a la mejor fotografía y al mejor guión en el Festival de cine de Cartagena; Colón de oro a la mejor película en el Festival de Cine de Huelva; Mejor ópera prima en el Festival Latinoamericano de Cine de Lima; Mención especial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián; Premio Especial del Jurado en el Festival de cine de Sao Paulo; Premio a los valores humanos en el Festival de cine de Thessaloniki
[7] Mejor película internacional en los Young Artist Award.
[8] premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI) en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
[9] Mejor dirección en Festival de Cine de Moscú.
[10] Colón de plata a la mejor dirección en el Festival de Huelva.

Tarcisio Bertone SDB

Cardenal Bertone: Benedicto XVI no da "marcha atrás" en el Vaticano II
Responde a rumores circulados en la prensa
CIUDAD DEL VATICANO, jueves, 27 agosto 2009 (
ZENIT.org).- El colaborador más cercano de Benedicto XVI ha desmentido los rumores promovidos por medios de comunicación que aseguran su intención de dar "marcha atrás" en el camino de aplicación del Concilio Vaticano II.
El cardenal Tarcisio Bertone S.D.B., secretario de Estado, en una entrevista concedida a la edición italiana de "L'Osservatore Romano" del 28 de agosto, aclara debates surgidos por revelaciones de supuestos documentos, desmentidos por la Santa Sede, interpretados como una vuelta atrás por parte del Papa, sobre todo en materia litúrgica.
"Para comprender las intenciones y la acción de gobierno de Benedicto XVI es necesario remontarse a su historia personal --una experiencia variada que le ha permitido pasar por la Iglesia conciliar como auténtico protagonista-- y, una vez elegido Papa, al discurso de inauguración del pontificado, al que dirigió a la Curia Romana el 22 de diciembre de 2005 y a los actos precisos que ha querido y firmado (en ocasiones pacientemente explicados)", comienza diciendo el purpurado.
"Las demás elucubraciones y rumores sobre presuntos documentos de marcha atrás son pura invención, según un cliché presentado continuamente con obstinación".
El cardenal cita "algunas instancias del Concilio Vaticano II que el Papa ha promovido constantemente con inteligencia y profundidad de pensamiento".
En particular, "la relación más comprensiva instaurada con las Iglesias ortodoxas y orientales, el diálogo con el judaísmo y con el islam, con una recíproca atracción, que han suscitado respuestas y profundizaciones como nunca antes se habían registrado, purificando la memoria y abriéndose a las riquezas del otro".
"Y, además, me agrada subrayar la relación directa y fraterna, así como paterna, con todos los miembros del colegio episcopal en las visitas ad limina y en las demás numerosas ocasiones de contacto".
"Hay que recordar la práctica que ha emprendido de intervenciones libres en las asamblea de los Sínodos de los Obispos con respuestas puntuales y reflexiones del mismo pontífice".
"No olvidemos tampoco el contacto directo instaurado con los superiores de los dicasterios de la Curia Romana con los que ha restablecido periódicos encuentros de audiencia".
La reforma, una cuestión de corazón
Por lo que se refiere a la "reforma de la Iglesia" el cardenal considera "que es sobre todo una cuestión de interioridad y santidad".
Por este motivo, asegura, el Papa se concentra en recordar "la fuente de la Palabra de Dios, la ley evangélica y el corazón de la vida de la Iglesia: Jesús, el Señor conocido, amado, adorado e imitado".
Por este motivo está preparado en estos momentos el segundo volumen de su libro "Jesús de Nazaret".
Por lo que se refiere a las intervenciones del Papa sobre la Curia Romana, el cardenal explica que, en lo que lleva de pontificado, Benedicto XVI "ha realizado setenta nombramientos de superiores de los diferentes dicasterios" vaticanos, sin contar a obispos y nuncios en el mundo.
En este sentido, anuncia para muy pronto "nombramientos importantes" en los que estarán representadas "las nuevas Iglesias: África ya ha ofrecido y ofrecerá excelentes candidatos", afirma.
El purpurado advierte ante el error de atribuir al Papa todos los problemas que experimenta la Iglesia en el mundo y todas las declaraciones de sus representantes.
"Una correcta información exige que se atribuya a cada quien ('unicuique suum') la propria responsabilidad por los hechos y las palabras, sobre todo cuando éstos contradicen abiertamente las enseñanzas y los ejemplos del Papa", recuerda a los periodistas
.

El Consejo Mundial de Iglesias

El teólogo y pastor noruego Olav Fykse Tveit (48) ha sido elegido secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) por el comité central de la organización reunido en Ginebra suiza, del 26 de agosto al 2 de septiembre.
Tveit es el séptimo secretario general de la organización ecuménica y el más joven desde que Willem A. Visser 't Hooft lideró el CMI durante su proceso de formación y luego de su asamblea constitutiva hace seis décadas.
Desde 2002, el reverendo Olav Fykse Tveit ocupa el cargo de secretario general de Ecumenismo y Relaciones Internacionales del Consejo de Iglesias de Noruega.
Tveit es miembro de la Comisión de Fe y Constitución del CMI y de la mesa de directores y el comité ejecutivo del Consejo Cristiano de Noruega.
Fue previamente Secretario de la Comisión sobre Doctrina de la Iglesia de Noruega (1999-2000), y de la Comisión de Relaciones Iglesia Estado (2001-2002). Es pastor de la Iglesia [Luterana] de Noruega y se ha desempeñado como párroco en Haram, Diócesis de Møre, 1988-91 y como capellán militar durante su año obligatorio de servicio nacional en 1987-88.
Tveit sucederá al saliente secretario general, el reverendo Samuel Kobia, quien había informado al comité central en febrero de 2008 que no aspiraba a un segundo término en el cargo. Kobia fue secretario general del CMI desde enero de 2004.
El CMI agrupa a 349 iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes.
Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está en África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico.
La Iglesia católica no forma parte del CMI, pero colabora con sus instituciones, en particular con su Comisión de Fe y Constitución. Esta colaboración tiene lugar en particular con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, desde hace casi 44 años.

Eduardo Medina Mora

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
La caída de Medina Mora
Ejecentral.com 28 de agosto de 2009;
Desde hace meses, los rendimientos políticos del procurador general Eduardo Medina Mora ante el presidente Felipe Calderón, eran decrecientes. Pero ni el descubrimiento de una red de corrupción al servicio de los cárteles de la droga en la oficina que supuestamente debía combatirlos, ni la protección que dio o las traiciones que recibió de algunos de los implicados en esas redes, fue suficiente para que le costaran el trabajo. Paradójicamente, lo que tiene la cabeza de Medina Mora en la guillotina es el haber cumplido cabalmente con su obligación y responsabilidad al haberse negado a utilizar la procuración de justicia con fines políticos, en vísperas de las elecciones de julio pasado.
Medina Mora fue objeto de reprimendas sibilinas por parte de líderes panistas tras la derrota electoral del 5 de julio, cuando mencionaron a los “desleales” que habían actuado en contra del partido y, por tanto, del presidente Felipe Calderón. Cuando vinieron esas denuncias se pensó en la forma como operó en contra de la estructura el ex dirigente Manuel Espino, y sobre la locuaz boca del ex presidente Vicente Fox, quien cada vez que habla enrarece el ambiente político. Pocos sabían, en ese momento, quién era uno de los verdaderos destinatarios. Pocos saben, hasta hoy, cuáles eran las razones que llevaron a un enjuiciamiento público pero disfrazado. Esto es, todo indica, la marca de la casa calderonista.
En las semanas previas a las elecciones los gobernadores priistas recibieron advertencias muy claras de que el gobierno federal planeaba proceder contra varios de ellos, para vincularlos con el narcotráfico. La información original había llegado de un grupo de empresarios tamaulipecos que aseguraron a los líderes del PRI en el estado que el presidente del PAN en ese momento, Germán Martínez, les había anticipado que tras el operativo en Michoacán contra narcopolíticos, ahora le tocaría a estados gobernados por el PRI. Los priistas hicieron su trabajo en control de daños y de cohesión hacia el interior del partido. Pero también recibieron un apoyo inesperado, de acuerdo con información que tienen las cúpulas de ese partido, y provino de Medina Mora.
De acuerdo con esta información, Medina Mora recibió la documentación para proceder contra el gobierno de Natividad González Parás en Nuevo León, por presuntos vínculos de su hermano Luis con negocios de oscura procedencia -una acusación vieja en tierras regias y compartida por las élites de esa región-; contra Ismael Hernández de Durango, por la presunta relación con el cártel de Sinaloa, en especial con Ismael “El Mayo” Zambada e Ignacio Coronel; contra José Reyes Baeza en Chihuahua por la presunta relación de cuando menos un miembro de su gabinete con el Cártel de Juárez; y contra Eugenio Hernández de Tamaulipas, en la forma indirecta de ir actuar contra el ex gobernador Tomás Yarrington. Según la información en poder de las cúpulas del PRI, Medina Mora se negó a manipular la procuración de justicia con fines políticos y que fuera utilizada con un propósito netamente electoral. Ahí se firmó su suerte, confió un estratega priista.
¿Realmente pagará Medina Mora con la destitución el haber cumplido con su trabajo? No hay razones para pensar que no sea así. Hace varios meses el gobierno de Felipe Calderón viene utilizando los aparatos de inteligencia para propósitos políticos, y en especial el CISEN, que depende orgánicamente de la Secretaría de Gobernación, cuyo director, Guillermo Valdés, es íntimo amigo del Presidente, y que durante muchos años fue quien leyó las encuestas que mandaba a hacer el PAN. Dos ejemplos recientes muestran la forma burda como el servicio de inteligencia civil está actuando de manera política.
El primero fue un documento solicitado de urgencia al CISEN sobre el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, a fin de usarlo para modificar la decisión de construir una refinería en Hidalgo. El segundo, el sábado pasado, cuando el CISEN elaboró un reporte falso sobre una presunta reunión entre el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el ex presidente Carlos Salinas, que un funcionario de la Secretaría de Gobernación se lo entregó a El Universal, que difundió esa información, se cree con el desconocimiento del diario, de comenzar la guerra sucia contra el mandatario mexiquense, que es puntero indiscutible en las preferencias electorales para la contienda presidencial en 2012, y poner en entredicho la llegada de Francisco Rojas, cercano a Salinas, como coordinador de la bancada del PRI en el Congreso.
Dentro del gobierno no han entendido que los órganos de inteligencia no funcionan como policía política, sino para salvaguardar los intereses de seguridad nacional de la nación. La forma libertina como los están utilizando contra todos -desde un edificio detrás de la Lotería Nacional el CISEN tiene un centro de escuchas dirigido al Senado y a varios medios de comunicación-, regresa el delicado sistema de inteligencia y contrainteligencia civil mexicano a las épocas negras de cañerías del sistema político, donde la información se utilizaba para mermar las capacidades y las posibilidades de los actores políticos.
Se supone que era una era rebasada, pero no es así. El mal uso de los instrumentos en poder del Estado tiene consecuencias, inclusive, hacia el interior del gobierno mismo. Una de ellas es la probable salida de Medina Mora de la PGR, en represalia por haberse negado a ser un operador de campo de la ilegalidad gubernamental. El trabajo del procurador puede cuestionarse de muchas maneras y en muchos casos que tienen que ver con la procuración de justicia, y que tendrían que haber sido motivo de su remoción hace tiempo. Pero en este, que es la causal por la cual lo están enterrando, Medina Mora actuó con ética institucional, al gobierno y al Estado, aunque éstos no se hayan dado cuenta.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx