23 abr. 2010

¿Qué esperamos de los juicios orales?

Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la clausura del “Primer Foro sobre la Nueva Justicia Penal: El qué, quién y cómo en las Etapas Procesales”, realizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México, D. F., a 22 de abril de 2010 | Discurso
Señor Ministro Gudiño Pelayo;
Señor Orellana, coordinador de Asesores;
Es para mi un honor y un placer muy especial ocurrir a los espacios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el órgano límite, el intérprete supremo de nuestra Constitución, y con ello el Poder que constriñe a todos los demás a vivir dentro del régimen constitucional.
Como representante de un Poder constituido, estar en el espacio del intérprete constitucional es un acto que agradezco, que reconozco con humildad republicana y que, como abogado, disfruto enormemente.
Agradezco la deferencia que se me hace con esta invitación y acudo con el más profundo respeto por lo que la Corte significa en la vida pública de México.
Hace muchos años, cuando yo me inicié en el estudio del Derecho en los pasillos de la pasantía, cuando me inicié en una incipiente carrera política construida sobre el amor a México, acudía a la Secretaría de Gobernación a pedir que se repararan los agravios que el autoritarismo construía sobre muchas fuerzas sociales, sobre todo en los procesos electorales.
Hoy para ello se acude ante los tribunales judiciales.
Entonces, bajo la discrecionalidad política de los pesos en conflicto para acudir a aquel que representara el mayor beneficio al grupo del poder, se dirimía bajo tales criterios la cuestión.
Hoy se resuelve bajo reglas construidas democráticamente, bajo los anhelos de un pueblo que quiere vivir en paz, en tolerancia, en respeto, y se resuelve por jueces.
Entonces la conflictividad en el país se resolvía bajo reglas de discreción y bajo la perspectiva del poderoso. Hoy se resuelve de acuerdo a los principios de la justicia, de la equidad, del respeto por las partes en conflicto y lo resuelve un juez.
Este paso no es menor en una transición y no es menor en la construcción de un pueblo que aspira a estadios superiores.
Hoy lo que se discute aquí es cómo consolidar la dignidad de la justicia en México y que se vuelva un referente confiable, honrado y honorable para un pueblo que la anhela, a 100 años de su Revolución y 200 años de su Independencia.
Hoy lo que se busca es construir un espacio de concordia que sustituya la violencia con la racionalidad ética de leyes, que reflejan los anhelos de una sociedad que quiere vivir en paz, de personas que quieren respetar y ser respetadas.
La construcción de este modelo de justicia es cosa delicada.
En los sistemas democráticos modernos los aparatos de justicia son aparatos, son rituales mediante los cuales una sociedad quiere ver reflejados sus anhelos, quiere verse protegida de sus temores, quiere avanzar en un ambiente donde las personas puedan ser respetadas.
La labor de un juez que expresa la ley pasa del formalismo excesivo a tratar de interpretar la materia de las leyes, en donde se reconoce lo humano, los anhelos esenciales de todos y cada uno de nosotros; donde la lógica formal dice que el Artículo 25 dice "tal y cual y por eso, es el que se ha de aplicar", aquella que busca desentrañar los principios y valores involucrados en la norma y tratar de adaptarlos a la situación histórica concreta que se juzga.
Con ello, el juez se vuelve un portador de la esperanza, de la racionalidad; se vuelve un juez que expresa los anhelos de paz, de desarrollo, de progreso, de dignidad, que todos tratamos de construir cuando redactamos las leyes en los Congresos.
Y el juez nos da la certeza de someterse al imperio de una ley razonable y racional, una ley que esté cercana a la cultura de la gente, una ley democráticamente compuesta, democráticamente producida.
El dilema de la reforma de la justicia penal que se ha analizado durante estos días, aquí en la Corte, es un dilema profundo que consolida la esperanza de un pueblo para vivir mejor; un escudo contra la violencia irracional y la agresión al más débil, al más vulnerable por el más potente, por el más fuerte.
Una justicia que pueda romper las cadenas de la opresión, de la ignorancia, de la miseria y con ello resolver las diferencias que se dan entre personas y entre la autoridad y personas; una justicia que defienda las libertades fundamentales de un pueblo que no debe ser sometido a la prisión por meras sospechas o artificios, al tiempo que debe ser protegido de la violencia de los pocos contra los muchos.
El sistema penal es un código de los temores y de las irracionalidades que sufre un pueblo. Todo delito es una transgresión a valores que le son preciados a las personas comunes y corrientes: Su patrimonio, la seguridad de su domicilio, el amor filial en la familia, el respeto a la integridad personal; son transgresiones a las reglas de coexistencia que nos debemos todos.
La respuesta del Estado frente a esta transgresión debe ser racional y razonable. Ni debe implicar un ejercicio de poder que en vez de tranquilizar a la sociedad la atemorice, es decir, no debe implicar un acto de arbitrariedad, ni debe ser inocuo de tal manera que no le imponga respeto a quien ha transgredido los derechos de otros.
El empleo de la justicia penal debe buscar ser puente de espacio y de concordia entre personas que han sufrido, o viven una controversia, o una diferencia; debe ser espacio de tutela para proteger al más débil y al más vulnerable y debe ser garantía de respeto a las libertades fundamentales que nos lleven a construir una sociedad libre, que no tema a la arbitrariedad del poder, jueces que sepan contener a las autoridades en el margen de aquello que les es permitido y que las sancionen frente a su abuso.
Así pues, la gobernabilidad democrática que se desprende de las leyes busca generar presencia de autoridad para evitar la violencia y el desasosiego entre las personas al tiempo de someter a la autoridad para que su presencia no inquiete, asuste, atemorice o acobarde a la sociedad.
No es fácil esta función, y uno de los temas que más preocupa al gobierno es que las actuales reglas constitucionales pueden admitir sistemas contradictorios, pueden generar expectativas en los horizontes de discusión que sean completamente contradictorias unas con otras.
No es ajeno -frente a este modelo de justicia y estamos convencidos de ello y se están preparando las evidencias antropológicas y sociológicas que así lo justifiquen- que la concepción de la justicia penal en el estado de Chihuahua es uno de los factores causales del desgobierno que se vive, sobre todo en Ciudad Juárez, que es un esquema de justicia que no está dando contención: Contención a los violentos para que puedan ser asegurados y no se multiplique la violencia en la sociedad chihuahuense.
La frustración social que se genera frente a la acusación a alguien que ha cometido violencia grave contra otra persona, y que así como es presentado ante la justicia regresa a la calle a poner en riesgo la vida de sus víctimas y sus testigos, ha generado un aislamiento de la justicia en Chihuahua frente a su sociedad.
Cuando el Estado no puede interrumpir esos mecanismos de violencia, le falla a la gente de buena fe que cree que es la única fuerza que puede contener y someter la violencia.
De ahí que los delitos violentos, de ahí que la presunción de que la violencia puede multiplicar violencia y presión sobre sociedad, víctimas y testigos, sea una justificación para la prisión preventiva.
Pero cuando los hechos que se persiguen no tienen un contenido violento real, someter a los acusados a la exposición del riesgo que implica la convivencia con delincuentes violentos es socialmente contraproducente.
Soy un convencido que aquellos delitos no violentos del orden patrimonial, del orden de la coexistencia de las personas que no impliquen la opresión de una persona a otra, no deben pasar por los centros penitenciarios. Deben merecer alternativas de autocomposición entre víctima y victimario, deben buscar la reconciliación como manera de recuperar el orden quebrantado.
Pero que cuando esos hechos implican violencia grave sobre las personas, cuando no es la condición de miseria del acusado lo que se castiga, sino su actitud de desconsideración a la humanidad del otro lo que se juzga, la sociedad y las víctimas deben quedar protegidas, que para ello se debe generar prueba suficiente de que la violencia ha existido y de que la violencia amenaza su continuación. Y de ahí, entender que la prisión preventiva ha sido un elemento de contención.
Tratándose de delincuencia organizada, de organizaciones criminales que se constituyen para oponer y derribar las protecciones del Estado a sus ciudadanos, que su punto fundamental de referencia es realizar actividades prohibidas por el Estado para no ser interrumpidas por el Estado, que su ganancia se deriva de estar de la otra parte de la frontera del Estado, en el que el Estado somos todos como sujetos de Derecho, también debe ser contenida.
Hay una reflexión profunda que tenemos que hacer, un acto de honradez que debe orientar estas discusiones, aceptar una verdad hoy por hoy insuperable: El sistema penitenciario en México no readapta, las cárceles son un factor criminógeno que multiplica la violencia.
La readaptación se puede dar en aquellos espacios de la justicia que están fuera de las cárceles, en las medidas que los jueces dicten para que se pueda restituir el daño social hecho por el delito no violento, pero las cárceles no readaptan.
No asumir esa realidad clarísima, oprobiosa, terrible y dolorosa es poner sobre la cárcel expectativas de justicia que rebasan la posibilidad y con ello mentirle a la gente.
La cárcel debe ser un espacio de contención, donde se respete la integridad de los presos, pero en la cual no se puede pretender modificar -modificar- su conducta para que puedan salir rehabilitados. La estadística no dice simple y llanamente que la cárcel cumple un efecto contrario.
Luego entonces, la prisión no debe ser abusada bajo la lógica de que es un espacio que readapta al ser humano. Debe ser evitada para posibilitar la readaptación en aquellas medidas que tiendan a recuperar el orden quebrantado.
La situación de nuestro sistema penitenciario es grave sobre población penitenciaria, esquemas de autogobierno, vulnerabilidad de los centros frente a agresiones exteriores; es un microcosmos donde la violencia se recrudece de manera gravísima y donde la vida es un infierno.
Debemos buscar cárceles que humanicen a los presos, en donde no pierdan su condición humana, en donde sean respetados sólo por la necesidad de un Estado a sostener su propia integridad frente a aquellos que ya no pudo conducir por la vía de la paz y del orden; pero no readapta.
La readaptación la debemos buscar en las sanciones judiciales que tiendan a incorporar valor agregado al trabajo de las personas como pena: Trabajo a favor de la comunidad, tratamiento extrapenitenciario, trabajo para la reparación del daño al a víctima, la reconciliación entre víctima y victimario, y buscar ahí las alternativas a los sistemas de justicia.
Hay un dato que a mí me preocupa fundamentalmente: Que en este modelo constitucional se señalen reglas dispares que generen esquemas tutelares de protección, distinta de las libertades de los mismos mexicanos.
Yo puedo entender que cada estado, de acuerdo a su propia cultura, en este mosaico rico que hay en México, pueda asumir su propio código de penas y delitos, reflejar en sus leyes penales el esquema de valores que los distingue como sociedad, pero las reglas de trato y de protección a la libertad en materia de justicia penal debieran ser las mismas para todos los mexicanos.
Tal vez falte una reforma constitucional, la que señale un esquema de reglas de protección a la libertad en este país, de garantías fundamentales de libertad en este país, una sola ley nacional de procedimientos que garantice que todos los sistemas normativos se guíen por los mismos principios rectores de tutela y protección a la libertad.
El sistema de un Código Penal único fracasó y con razón.
Hay culturas distintas en la República. Por ejemplo, la de esta ciudad es más liberal y más tolerante; hacia el Norte es más conservadora; hacia el Sur más solidaria; las transgresiones son distintas.
Lo vimos y lo reconoció la propia Corte cuando juzgó el tema del aborto.
Pero en cuanto reglas de protección de libertad, en cuanto a reglas de desarrollo del procedimiento, en cuanto a la expectativa de la justicia penal frente a su comunidad, por qué diferencias, por qué unos tendrán una tutela mayor que otros, si se trata de garantías universales para todos los mexicanos y para todos los residentes del país.
En la discusión política, éste es un tema que podrá ser propuesto al Constituyente, si el Presidente así lo considera pertinente. Pero es una valoración, en mi opinión, justificada.
¿Qué esperamos de los juicios orales?
Proximidad del juez, valoración de la evidencia que se produzca ante él, de tal manera que no sólo sean los contenidos de la prueba los que se sometan a examen, sino la forma de producción de la evidencia.
Donde el juez, garante de libertades, supervise que la prueba se produzca en condiciones de autenticidad y veracidad para que le produzca convicción, y sólo la irrepetibilidad de la evidencia sea la excepción y no la regla; en donde el justiciable perciba al juez y el juez al justiciable; donde el juez pueda constatar el drama humano desbocado por el delito que se analiza y que se juzga, por acercar la justicia y la sensibilidad de la justicia a sus actores principales: Víctima-victimario, defensor-acusador, para que se haga con celeridad.
Hoy la justicia sufre y frustra cuando un proceso se tarda años y ahí van a los justiciables ante el juzgado: "Y fíjense que se difirió la audiencia por citamos a fulanito y no llegó"; donde se pueda construir una agenda del juez que conlleve a que quien no produzca la evidencia sobre el que la sustenta su afirmación tenga y pierda la carga de la prueba.
Donde en poco tiempo se pueda celebrar el digno ritual de la impartición de justicia, y en donde las partes respeten al órgano judicial como máxima aspiración de una civilización razonada y razonable.
Esta construcción no es ni puede ser sencilla.
La indolencia de una sociedad a reconocer en la justicia su aspiración mayor y la desconfianza de una sociedad en sus instituciones son los enemigos a vencer.
Y eso sólo se puede lograr con un absoluto compromiso para ser digno y para dignificar lo que se hace; para respetarlo profundamente; para asumir que es un estadio, sí, superior de civilización sobre el que se construye la esperanza de un pueblo a vivir y a ser mejor.
No es poco lo que se discute en esta reforma: La aspiración de un pueblo a ser parte de la comunidad universal y a someterse a estándares de justicia, acordes con los criterios mundiales en la materia.
La calidad de la justicia fija un grado de desarrollo.
Un pueblo que es capaz de recuperar la confianza en sus jueces y en sus magistrados, es un pueblo capaz de construir entre sí reglas civilizadas de convivencia y aspiraciones colectivas del orden superior.
Lo que nos jugamos en esta reforma es nuestra consolidación como una cultura democrática, respetuosa de la ley y de los valores y principios sobre los que se construye.
Una ley que reconozca las esencias emocionales y racionales sobre las que se construye lo humano; que reconozca las lealtades profundas que mueven a las personas: el amor a los hijos, el respeto por los otros; que reconozca los anhelos de la gente de bien por trabajar y salir adelante en paz, con respecto a sí y con respeto a los demás.
Los jueces no pueden ser personas extrañas a la comunidad en la que sirven; pueden ser la personificación de sus anhelos superiores y con esa dignidad de impartir justicia.
Ser la voz que sustituya la violencia del delito con la racionalidad de la ley, y no sólo porque eso es lo más autoritario que hay, "la ley es la ley", por lo que significa, expresa y anhela la ley; porque es la expresión de nuestro sentido común, la expresión de nuestras aspiraciones personales; porque en ella se refleja lo que consideramos justo, correcto, razonable, limpio.
Porque sólo la razón puede tapar a la violencia que se vive en esta sociedad; porque sólo el honor puede salvar la violencia que se vive en esta sociedad; porque sólo el amor puede tapar la violencia que se vive en esta sociedad, y porque somos muchos más los que creemos eso que los que no creen en eso, y esa es la razón democrática de la justicia.
Así pues, sus reflexiones son y deben ser ponderadas. En ello se juega la esperanza de un pueblo por ser mejor y vivir de mejor manera.
Porque la justicia ha sido un anhelo que nos movió a las convulsiones de la Independencia y a las de la Revolución; y porque la justicia es posible, es posible para un pueblo que la anhela.
Por ello, agradeciendo el honor de su invitación, agradeciendo la reflexión que les merezcan estas palabras y estas ideas, aceptando el compromiso que como gobernantes hacemos para enarbolar desde las instituciones estas justas aspiraciones de un pueblo del que somos parte, para mí es un honor declarar la clausura del presente coloquio.

Gómez Mont en el Senado

Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el Senado de la República.
México, D. F., a 22 de abril de 2010 | Discurso
He acudido respetuosamente en representación del Gobierno Federal ante el Senado de la República, al cual la Constitución le encomienda la representación de la República en el Pacto Federal, a presentar formalmente el compromiso del Presidente para formular iniciativa en materia del Fuero Militar para el próximo periodo de sesiones.
Las Fuerzas Armadas hoy están involucradas en un estudio profundo de su aparato de Justicia Militar y del alcance del Fuero Militar en las actuales circunstancias, y en ese ejercicio de revisión y modernización habrán de proponerle a su Comandante Supremo un proyecto que satisfaga las exigencias democráticas para que su participación se ajuste a las leyes y a los principios de disciplina y obediencia a que están subordinados los soldados y los marinos del país.
Frente a esta responsabilidad de fuerzas armadas que sirven a todo el Estado mexicano, que sirven a gobiernos de diversos orígenes partidistas para darle potencia a sus aparatos de seguridad y sean susceptibles de prevalecer en la lucha contra las organizaciones criminales, frente a los dolorosos eventos que se han dado en las últimas semanas, las propias Fuerzas Armadas buscan los espacios para que se visibilice su compromiso con su propia modernización y con la democratización de las instituciones.
Así, a través de su Comandante Supremo, presentarán ante este Senado un ejercicio integral e integro de reforma de sus instituciones de justicia para que sean consideradas por el Senado de la República.
Con ello, solicitamos del Senado que frente a este compromiso, facilite la aprobación de las leyes de seguridad que están pendientes, a fin de dotar a nuestras Fuerzas Armadas del respaldo republicano que requieren para seguir enfrentando su función con valor y con capacidad de servicio a la gente.
Recordemos que nuestro Ejército es un Ejército popular que sirve a los ciudadanos de este país y que es una instancia para protegerlos de la violencia que tenga otros orígenes.
Y como tal, es una institución que se construye sobre el consenso de las principales fuerzas políticas del país.
Reconocemos el compromiso del Senado para dar leyes e incorporar procedimientos que hagan más eficiente al Estado, desde un punto de vista democrático en su lucha, para abatir la violencia que surge de estas organizaciones criminales, reconocemos de ellos una absoluta posición y compromiso a que la seguridad del país sea un tema de Estado y no un discurso político de sólo algunos políticos.
Con ello, agradecemos el reconocimiento que puedan hacer de este compromiso.
Muchas gracias y buenos días.