31 may. 2010

Tensión en vuelo de Aeroméxico

Arrestan a hombre en Canadá tras desvío de avión de Aeroméxico
Por OLGA RODRIGUEZ
The Associated Press
MEXICO -- Un hombre a bordo de un vuelo de Aeroméxico de París a Ciudad de México fue arrestado por una orden de captura pendiente luego que la aeronave tuviera que ser desviada a Montreal cuando Estados Unidos le negó el acceso a su espacio aéreo, dijeron funcionarios y pasajeros.
La policía canadiense arrestó al hombre, cuya identidad no se informó, en el aeropuerto internacional Pierre Elliott Trudeau, dijo Lauren Gaches, una vocera de la Administración de Seguridad del Transporte.
Los demás pasajeros del vuelo 006 de Aeroméxico, que abordaron en el aeropuerto Charles De Gaulle, pudieron subir otra vez a la aeronave luego de pasar por nuevos controles de seguridad, dijo Gaches. Llegaron finalmente a México cerca de las 2:30 de la mañana (0730 GMT) del lunes.
La portavoz no dio más detalles. La agencia estadounidense no suele confirmar ni negar si un pasajero está en las listas de vigilancia del gobierno.
"La potestad de Estados Unidos para negarle la entrada a su territorio a cualquier vuelo que considere representa una amenaza a su seguridad, es reconocida por numerosos países y es consistente con acuerdos internacionales", dijo Gaches.
Los pasajeros que bajaban del avión dijeron a The Associated Press que seis policías canadienses abordaron en Montreal, esposaron al hombre y se lo llevaron de la cabina. El pasajero no se resistió.
"Estaba calmado, como si supiera que eso iba a suceder", dijo Mauricio Oliver, un pasajero mexicano de 36 años. "Lo esposaron y se lo llevaron".
Oliver aseguró que una azafata le dijo que el detenido era somalí, pero otros viajeros habían escuchado otras versiones sobre su nacionalidad.
Todos a bordo permanecieron calmados, dijo el pasajero francés Christian Collier, de 63 años.
Un vocero de los Servicios Fronterizos de Canadá, Dominque McNeely, dijo que no hubo ningún incidente dentro del avión. Agregó que agentes de seguridad abordaron el avión cerca de las 2:30 de la tarde y arrestaron al sospechoso.
"El vuelo aterrizó y todos prestaron una cooperación excelente", dijo.
McNeely dijo que el hombre, que estaba detenido en Montreal, acudiría a una audiencia sobre su detención en las siguientes 48 horas.
En Ciudad de México, Aeroméxico no respondió de inmediato a pedidos de información.
La Autoridad de Aeropuertos parisina no hizo declaraciones el lunes sobre el vuelo ni sobre qué controles de pasaportes había pasado el pasajero en el aeropuerto Charles de Gaulle antes de abordar.
Los periodistas de The Associated Press Douglass K. Daniel en Washington y Rob Gillies en Toronto contribuyeron con este despacho.
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La opinión de Antonio Navalón

Coluna Cuenta atrás/ Antonio Navalón,
El Universal, 31 de mayo de 2010
Cancún connection
Aunque la mayoría no sabemos nada, en la tercera semana del secuestro público con solución privada más famoso de la historia de México hay tres cuartos de guerra para operar la desaparición de El Jefe Diego.
El de la familia: con el procurador que fue y con el subprocurador de la PGR que hoy es, comunicándose a través de los parientes de Diego con quienes lo tienen. El del gobierno, ausente pero atentísimo a lo que se ofrezca para salvar una vida, y de paso, al Estado.
El war room de la embajada de Estados Unidos, donde se observa a México como una versión filantrópica, humanitaria e inédita que se permite el lujo de privatizar el secuestro de un protagonista político como Diego, mientras que allá no pueden, ni quieren, darse ese lujo, así sean nuestros socios en esta falsa guerra contra el narco.
Y mientras tanto, la ignorancia como caldo de cultivo y la madre de cualquier teoría. De este catálogo se desprende una que por la conclusión en el tiempo y en el espacio quizá tenga algún sentido.
Cancún, ciudad tan epidérmica como profunda, tiene una alcaldía extrañamente privilegiada: la de Benito Juárez. Si uno toma los casos del ex gobernador Villanueva, El Chueco, y de Greg Sánchez, indiciado candidato a gobernador –con su cauda de parientes, inversionistas y tesorero en fuga–, queda la impresión de que Cancún se ha convertido en un centro de operaciones que en Italia equivaldría a Nápoles y la Camorra en lo que se refiere a narcotráfico y crimen organizado.
Hace unos años, cierto alcalde tuvo problemas por conexión y lavado de dinero; de hecho, estuvo en la cárcel y también pertenecía al partido entonces triunfante y parecía más brillante que los mil soles de Andrés Manuel López Obrador.
El alcalde y su hermano tenían un par de abogados que son los mismos que en este momento negocian con quien tiene a Diego: uno desde la familia y el otro desde la PGR como subprocurador.
En el pasillo del desconocimiento general del caso Diego corren dos teorías: lavado de dinero o violación al código interno del crimen organizado. Ambas pasan por la conexión Cancún y no para bañarse en las azules aguas del Caribe.
En tanto, la cosecha roja electoral da especulaciones e hipótesis para todos. Ahora, después del fiasco legal michoacano y para que no se diga que se aplica justicia sólo contra unos, ya se prepara la detención de dos gobernadores, uno panista y otro priísta. ¿Será?
Obviamente, no quiero decir con esto que Diego esté secuestrado en Cancún, ni siquiera que su desaparición tenga una relación directa con esa ciudad, pero una de las hipótesis generada por la ausencia del Estado –y claro, de Diego– apunta directamente a Cancún y es por lavado de dinero. Cuando no hay información la especulación tiende su manto...¨
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Al margen:
El senador Carlos Navarrete, advirtió recientemente al Presidente Felipe Calderón que su gobierno no debe ponerse de rodillas ante los secuestradores, sólo porque la víctima, Diego Fernández de Cevallos, es un panista importante.
"Sí, hay que preservar la vida del secuestrado, pero no replegando la acción de la PGR y de los aparatos de inteligencia. En conferencia de prensa deijo:
"¿Para eso nos piden la ley antisecuestro? ¿Para eso quieren más facultades para el Ejecutivo? ¿Para eso piden las reformas que les hemos dado en el Senado, para que a la hora que uno de los suyos es secuestrado y es tocado, la red de protección se mueva para facilitar la negociación? No lo comparto porque ¿y después de Diego quién?", cuestionó.
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Cuenta atrás/ A Navalón
El Universal, 24 de mayo de 2010
Cevallos: ¿el fin del Estado?
En cualquier país, incluso en México, los delitos comunes se persiguen de oficio, pero si el de Diego es un secuestro privado donde el Estado declara su inexistencia, estamos en graves problemas. Si Diego posee 30 años de secretos, el Estado no puede quedar como un invitado de piedra. Y si mañana secuestran a cualquiera de nosotros, a quién recurrimos, ¿a la PGR o a la familia Cevallos?
La exigencia de la familia de no intervención del gobierno aclara todo: uno, explica la rápida reacción de los organismos de seguridad —regularmente ineficientes— para decirle a Calderón que se podía ir tranquilo de gira y que el problema no tenía que ver con el narco. Dos, que el secuestro se resolverá de forma privada porque la familia sabe quién lo tiene y para qué, como lo revela la fotografía del Diego vendado.
Sabemos que en Derecho el primer bien a conservar es la vida, pero, ahora sólo podrán estar seguros quienes lleven algún chip en el cuerpo y se puedan dar el lujo de prescindir de un gobierno que ya no protege a nadie. Y si no fuera porque está confirmado que él no se encuentra ni en su casa ni en su despacho, la actuación y el aplomo de su familia nos haría pensar que no está secuestrado, que es un secuestro digital o que la omisión gubernamental es en el fondo una lección de templanza.
Hay cuestionamientos que acrecientan el enigma: ¿quién le aseguró al Presidente, en horas, que no había sido el narco?, ¿quién determinó garantizar que no habría ninguna noticia antes de que Calderón volviera de su gira?, ¿por qué un perito acepta como válido el deslinde del EPR?
Y si no han sido el narco, el EPR, su familia, ni cualquier damnificado de sus brillantes triunfos judiciales, entonces ¿quién lo tiene? ¿Es posible que con el secuestro de Cevallos esté secuestrada una parte del Estado?, ¿por qué se publica esa foto de Diego casi momificado en perfecta sincronía con el momento en que Calderón regresa a México? Los creyentes pueden rezar y los demás trataremos de entender quién lo tiene, por qué se lo llevaron, por qué disco duro lo van a intercambiar y por qué todos parecen estar tan tranquilos y seguros.
Dentro de ese aparente control absoluto de la crisis alguien está barajando el escenario, tal vez preparando algún video del Jefe Diego, el inequívoco, haciendo alguna confesión de lo hecho por sus socios en cómodas entregas de ocho minutos subidas a YouTube.
Yo agradezco a los poderes públicos que no angustiaran al pueblo de México, manejando el tema como si pudiera ser resuelto por la policía, cuando en realidad es un juego que sólo ellos conocen y pueden jugar. Mientras tanto, los demás, como pasa siempre, contenemos la respiración y presenciamos los ajustes en el cielo de los beatos, mientras sufrimos el infierno en la tierra.

Diego, la primera víctima

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán,
El Universal, 31 de mayo de 2010
Diego, la primera víctima
En el secuestro de Diego Fernández de Cevallos una pregunta resulta clave. ¿Por qué Diego?
¿Por qué fue secuestrado el queretano? ¿Por qué no otro potentado, de los racimos que ha producido el empobrecido México? ¿Por qué no otro político...?
Detrás de esas interrogantes, muchos buscan pistas. Lo hacen peritos locales y foráneos; policías de distintas partes del mundo, quienes junto con cercanos a Diego parecen haber llegado a una primera conclusión. Más allá de su desenlace, el secuestro cobró su primera víctima, desde el momento en que se ejecutó. Y esa víctima se llama Diego Fernández de Cevallos. ¿Que es una conclusión absurda?
En efecto. ¡Es una conclusión absurda! Pero también puede ser certera. ¿Por qué? Porque luego de preguntarse sobre las razones que movieron a los autores intelectuales del plagio, los conocedores del tema plantearon una primera hipótesis. Secuestraron a Diego, “porque el objetivo era Diego”. ¿Y? ¿Cuál es la novedad?
Es decir, que a los autores intelectuales del secuestro les habría interesado —como primer objetivo—, partir por la mitad a Diego, hacerle sentir en carne propia que las armas que lo construyeron, lo encumbraron y lo hicieron el todopoderoso —el derecho, la política, sus habilidades para la negociación, y el poder infinito y el dinero—, no sirven para nada en el “México real”, el de la violencia y el crimen.
Algo así como una venganza, pero no del “ojo por ojo”, sino que va mucho más allá. Pretende someterlo, humillarlo, doblarlo en su arrogancia y soberbia. Esa hipótesis se confirmaría no sólo con la fotografía que los secuestradores difundieron por internet —en donde se percibe a un Diego sin derechos elementales; privado de su libertad, pertenencias, golpeado, sometido, desnudo y humillado—, sino con todo lo que significa para la conciencia y la psique, haber sido privado de la libertad, sometido, desnudado, golpeado privado de la vista…
Los que conocen a Diego dicen que la experiencia puede resultar no sólo dolorosa para Fernández de Cevallos, sino que puede ser extrema. Y eso lo saben los autores intelectuales del secuestro. Así, la primera víctima habría sido el propio Diego, otrora invencible abogado, poderoso político, infalible negociador, acaudalado hombre de poder capaz de negociar gobiernos y carreras políticas.
No pocos amigos de Diego confirman que más allá del desenlace, del dinero para el rescate, que un eventual mensaje político al gobierno, el objetivo parece haber sido acabar con Diego. Y pudieron haberlo logrado.
EN EL CAMINO En La Otra Opinión (wwwricardoaleman.com.mx) consulta en tiempo real la opinión del autor de Itinerario Político. O en Twitter @laotraopinión.

Diego y la versión de la guerriila

El caso Fernández de Cevallos y la versión de la guerrilla/ Jorge Lofredo,
Fecha: 2010 05 30
Categoria : Postdata
Una de las líneas de investigación acerca del caso de Diego Fernández de Cevallos que obtuvo mayor repercusión en los medios masivos de comunicación en estos últimos días es el que señala a un grupo guerrillero, puntualmente al Ejército Popular Revolucionario (EPR), como el responsable de esta actual situación de incertidumbre.
Antes de este suceso, se dio a conocer una especie informativa proveniente de Colombia donde se señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habría “entrenado” al EPR en materia de secuestros. Como se sabe hunde sus raíces en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, al que se le atribuyó una serie de secuestros en la década del ochenta y que existe, por lo menos, desde veinte años antes. Por ello y en torno a él se ha construido una “leyenda negra”. Cabe preguntarse, ante este hecho, de qué le han servido tantos años de clandestinidad, de “acumulación de fuerzas en silencio” y experiencia revolucionaria, estrategia y táctica si, como se afirma más arriba, necesita “entrenamiento” para ejecutar secuestros.
En el caso Fernández de Cevallos, la mayoría de los argumentos esgrimidos a través de los medios coinciden básicamente en cuatro puntos: el EPR sería el único grupo de esta especie con capacidad logística, organización interna, presencia geográfica y argumentos políticos para llevar a cabo una acción de estas características. Los razonamientos se basan en que su capacidad logística habría quedado demostrada tras los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la organización interna ratificada (algo lógico en un grupo con cuarenta años de actividad clandestina) por lo manifestado durante el desarrollo comunicativo previo que luego desembocara en esas explosiones; su presencia geográfica también refiere a uno de los lugares donde ocurrieron esos ataques –aunque una célula móvil que no tiene, por definición, base territorial pudo haber llevado a cabo esos atentados–; y, por último, su decisión política reposaría sobre una especie de represalia por sus dos desaparecidos: una suerte de “contragolpe”.
Si ello fuese así, la instancia de secuestrar a una figura política superaría con fuerza lo de PEMEX (produciría un “salto cualitativo”, entendiendo por ello el proceso diferenciador que se desarrolla entre atentar contra los ductos y la captura de un “símbolo” político, en el contexto de este simbólico 2010 y con todo el riesgo que ello implicase para el grupo), se enfrentaría a un desafío muy alto –no ya por el secuestro en sí sino para enfrentar el costo, las medidas de seguridad y secrecía para mantenerlo secuestrado– que le devolvería también trascendencia mediática inmediata. Para llevar a cabo semejante actividad debiera, en principio, utilizar un membrete falso (y éste debiera ser una sigla desconocida, porque sería imposible aceptar la idea de otro grupo, de los ya conocidos, actuando en nombre del EPR en una acción de esta envergadura) y, si así no fuera, desandaría todo el camino recorrido con la Comisión de Mediación, la que de inmediato renunciaría a sus labores pues es la condición esencial que sus integrantes solicitaron para continuar en ella y que el grupo aceptó; le quitaría base a cualquier argumento que esgrimiese acerca de sus desaparecidos y dilapidaría todo su caudal político de legitimación que ha procurado en estos últimos tiempos, al limitar su actuación exclusivamente a nivel político y no militar. Ello le cargaría de significado al comunicado eperrista en el cual se deslinda de responsabilidad (No es la primera ocasión en la cual niega protagonizar la ejecución de esa práctica.)
Siempre dentro de la idea de la posibilidad que la guerrilla haya sido responsable de este acontecimiento se ha esgrimido otra posibilidad, la que señala que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) haya ejecutado esta operación en alianza con el narcotráfico. En este sentido, es necesario considerar que el grupo acaba de ser descabezado por el asesinato de su líder, el ‘comandante Ramiro’, en Guerrero. Por otra parte se coincide en afirmar que es una organización con una cierta influencia local, sólo en algunos lugares de Guerrero y, cabe agregar, con muchísima menor importancia en limitados espacios de Oaxaca. En cuanto a su alianza con el narcotráfico, se asemeja más a lo que los propios guerrilleros mencionan en sus comunicados (una escalada de la “guerra de baja intensidad” en su contra) que a una realidad concreta y, fundamentalmente, comprobable. En todo caso cabe inferir las interrogantes que refieren al beneficio que una organización guerrillera, orillada a un espacio zonal y marginal, pudiera proveerle a un grupo que cuenta con todos los recursos de los cuales requiere para sus actividades; además del costo político que, en este caso, el ERPI debiera erogar respecto a su, mucha o poca, credibilidad con el pueblo, su base social, combatientes, militancia, etc. Y más aún: ha sido el único desprendimiento del EPR que ha sido reconocido oficialmente y que es, sin dudas, el más estigmatizado y golpeado en toda la historia del eperrismo.
Hay, para el caso, dos argumentos que merecen ser tenidos en cuenta para considerar alguna responsabilidad de la guerrilla. Uno, como ya se ha expresado más arriba, guarda relación con el hecho simbólico de ejecutar el secuestro de una figura política como la de Fernández de Cevallos. Sólo en este aspecto, alcanza con recordar que el EZLN retuvo a Absalón Castellanos en Chiapas. Si este fuese un caso semejante, la trascendencia política del mismo aspirará a cobrar mayor relevancia que el hecho en sí y debiera sentar un reclamo que trascienda lo sectorial para volverse un hecho de magnitud nacional, pues ya no se trata de la identidad del secuestrado sino de lo que tanto su figura como imagen implican para toda la sociedad. Si así fuese (cabe reiterar: si recae efectivamente la responsabilidad sobre la guerrilla) encontraría la reivindicación política clandestina un espacio de divulgación de sus demandas mucho mayor que en cualquiera otra ocasión anterior.
Y la otra es la teoría del “tiempo transcurrido”. Cuando el secuestro tiene motivaciones políticas y se enmarca dentro de una “guerra popular prolongada” como la que sostienen los guerrilleros, el paso del tiempo acrecienta la incertidumbre a la vez que allana el camino para que, conocidas las demandas, éstas conciten y obtengan mayor atención mediática y social. A la ansiedad y la angustia se le contraponen lapsos prolongados, como una forma de demostrar cierto dominio de la situación y sobre el transcurso de los hechos. En este sentido, como bien se ha dicho en otro lugar, el secuestrado cobraría el rango de “prisionero de guerra”, generalmente provisto de trato humanitario porque se trataría de un acto político y no criminal. El rédito político sería mayor cuando porque se ha demostrado que el símbolo es vulnerable. Existirá una demanda económica y a la vez también política, donde la organización pueda garantizarse expresar sin censura su reivindicación y obtener así recursos para su “causa”.
En la idea de imponer al EPR por sobre el resto como la única organización capacitada para realizar este secuestro, junto a la enumeración de algunas de las restantes que fueron descartadas desde el inicio, a excepción del ERPI como ya se mencionó, se ha omitido –deliberadamente o no– a la única organización que sí hubo de reivindicar el secuestro como forma de financiamiento y consideró legítima esta práctica como forma de acción política y que, de hecho, lo hizo público. Ello puede explicarse porque se ha traslucido la hipótesis de que el EPR sería el único capaz de realizarlo y, por otro lado, debido a que aún se considera que todas las escisiones que se han presentado como tales no son lo que dicen ser. Todavía se mantiene el mismo análisis desde, al menos, el inicio de las rupturas: el EPR desarrolla la táctica de “los espejos”, una sola figura desde la cual se reflejan varias imágenes que parecen distintas pero que en realidad no lo son. (A modo de ejemplo en sentido contrario, se omite la fuerza histórica centrífuga y divisionista en la izquierda y ultraizquierda que ha regido, y aún rige, en la mayoría de las organizaciones que se referencian en esos espacios.)
La referencia es, básicamente, a Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), organización considerada, evidentemente, como una de esas imágenes del EPR. Actualmente, conforma la “Coordinación Revolucionaria” junto al Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y otras cuatro o cinco organizaciones más poco conocidas. TDR-EP se atribuyó, entre otras, todas las acciones ocurridas entre 2004 y 2006, incluidas las series de detonaciones menores pero simultáneas en distintos puntos de la ciudad de México en noviembre de ese año. Es una organización que ha sido caracterizada de “socialdemócrata” por un lado (un verdadero insulto en la jerga revolucionaria) y “paramilitar” por otros grupos de Guerrero, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y el Comando Justiciero 28 de Junio. Tendencia se adjudicó el asesinato del notario José Rubén Robles Catalán en Acapulco, considerado por el grupo como uno de los responsables directos de la masacre de Aguas Blancas, y el “ajusticiamiento” de Miguel Ángel Mesino, uno de los líderes de la Organización Campesina de la Sierra Sur, que disparó una crisis dentro del ámbito de los grupos clandestinos. Es un desprendimiento del EPR que nació como una tendencia al interior del eperrismo original (de ahí su nombre) y también sufrió fracturas en su interior: de ella se desprendieron el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y la Organización Revolucionaria 2 de Diciembre, quien realizó la primera actividad política clandestina, aunque menor, del presente sexenio. Públicamente, aparte de la Coordinación, TDR-EP actúa a través de comandos (La Patria es Primero, México Bárbaro, Jaramillista Morelense, Magonista de Liberación) mediante los cuales reivindicó la serie de comunicados y acciones desarrollados durante 2003 y 2006. Éstos fechan sus comunicados desde Oaxaca, Guerrero, Morelos y Estado de México aunque su actuación también alcanzó al DF.
El 28 de agosto de 2003 el ‘Comando México Bárbaro’ dio a conocer públicamente su responsabilidad en el secuestro de Fernando Castro Suárez, retenido desde abril del mismo año. De hecho, también dieron a conocer el ultimátum enviado a sus familiares, donde incluyeron una serie de razones políticas. “Su familiar –dijeron por entonces– no es un objeto negociable, sino un ser humano concreto, un empresario y ex-diputado priista, una persona por cuyos actos hemos decidido aplicar un ley promulgada por los de abajo contra la impunidad, la corrupción y la riqueza mal habida.” Un año después, adoptará el nombre actual de ‘Comando Revolucionario del Trabajo-México Bárbaro’. No obstante, este dato histórico aún resulta endeble para la argumentación; sin embargo, el 22 de abril de 2009 el periodista Alejandro Jiménez, de El Universal, realizó una corta entrevista digital al grupo donde se abordó, entre otros temas, la cuestión del secuestro como actividad política y forma de financiamiento. A pregunta expresa, la respuesta no se hizo esperar: “Partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen –señaló TDR-EP– gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral del retenido.” (El texto completo de esta entrevista se encuentra disponible en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados.)
Cabe agregar otro dato, llamativo por cierto, respecto a TDR-EP: siempre ha sido particularmente prolífica en cuanto a la emisión de comunicados y posicionamientos políticos de coyuntura; pero en julio de 2009 ha emitido el último y públicamente no se ha conocido ningún otro desde ese momento. Es difícil establecer, sin caer en especulaciones y suposiciones, si este silencio refleja una situación o dinámica interna, si se trata de un reacomodo o transición, o si bien refiere a una etapa circunstancial de esa organización. Lo único cierto, hasta ahora, es que ese silencio no descubre la dirección de algún posible cambio o si se trata simplemente de una coyuntura que no pueda divisarse a través del grueso manto de la clandestinidad.
A pesar de todo, hay cuestiones de dominio público mucho más poderosas que podrían explicar mejor las razones respecto a lo sucedido con Diego Fernández de Cevallos donde, aún en el terreno de la especulación, todo parece indicar que la guerrilla ocupa un papel marginal o definitivamente nulo.
PD: Solidaridad con Laura Castellanos. Reproduzco, para el caso, la parte sustancial del boletín que diera a conocer la organización “Artículo 19”: “Castellanos sufrió un allanamiento a su casa. Pero esto se une a una larga línea de actos de intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia. Estaba en París cuando sucedió el incidente el pasado 10 de mayo, al estar promoviendo su libro titulado ‘México Armado’. Ella es una renombrada periodista freelancer de investigación actualmente trabajando para la revista ‘Gatopardo’, con más de 20 años de experiencia investigando principalmente temas relacionados grupos armados y movimientos radicales que operan en México, así como lo relacionado con derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.” Me solidarizo, absoluta e incondicionalmente, con Laura.