11 nov. 2010

Colegiación obligatoria

Colegiación obligatoria /Santiago Creel Miranda

El Universal, 11 de noviembre de 2010

Cuando somos objeto de una mala práctica profesional, sea por parte de un médico, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un contador, etcétera, casi irremediablemente tenemos que padecer los daños y los costos aparejados a ese servicio deficiente. Además, no siempre es fácil distinguir a un charlatán de quien no lo es, o conocer quien, teniendo título, arrastra un largo historial de prácticas profesionales negligentes.

Hoy en día, ¿quién puede determinar cuando un médico da un mal diagnóstico, cuando un abogado abusa en el cobro de sus honorarios, cuando un ingeniero se equivoca en un cálculo o cuando un auditor omite datos relevantes de una empresa? La respuesta es que, prácticamente, nadie. Y digo prácticamente, porque aunque tenemos autoridades, sean administrativas o jurisdiccionales, y existan algunas disposiciones, el sistema está tan mal organizado que es casi imposible enderezar una acción en contra de un mal profesionista, ya no digamos de obtener la reparación del daño.

En otros países, para lograr una prestación de calidad y conforme a los parámetros de conducta ética y profesional que rigen cada profesión, han adoptado el sistema de colegiación profesional obligatoria. Ese ha sido el caso, entre otros, de España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Guatemala, Brasil, Argentina y Perú. Inclusive, por ejemplo, la Asociación Europea de Médicos y Hospitales, ha dicho que la colegiación obligatoria es un derecho del paciente y una obligación para el médico. En nuestro país han existido colegios de profesionistas desde la segunda mitad del Siglo XVIII, como es el caso del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Sin embargo, la colegiación en México no es obligatoria.
La colegiación busca agrupar a los profesionales de cierta actividad, para que a través de asociaciones civiles —de interés público— establezcan su autorregulación que permita unificar la calidad en la prestación del servicio y que éste se realice con controles, reglas y criterios éticos uniformes.
Con ello, los clientes, los pacientes o los usuarios podrán conocer cuáles son los estándares de las mejores prácticas profesionales; el código de ética de cada profesión; las conductas que deben de sancionarse; las sanciones mismas y sus términos y condiciones para aplicarlas; el listado de profesionistas agrupados por especialidades; los profesionistas que han incurrido en malas prácticas y, obviamente, quiénes no están inscritos en los colegios. Pero sobre todo, el ciudadano va a poder contar con instituciones específicas, a las cuales podrá acudir en caso de padecer una mala práctica profesional.
Quienes estén inscritos en un Colegio, en primer lugar, deberán contar con un título profesional, emitido por una institución educativa que previamente esté autorizada para ello, y aprobar el examen de conocimientos. Pero no bastará. Tendrán que estar sujetos a una actualización permanente, y cumplir con los estándares mínimos, profesionales y éticos, en la prestación de su servicio. La falta de colegiación para cierto tipo de actividades profesionales impedirá su ejercicio profesional.
¿Qué tipo de actividades deben estar sujetas a una colegiación obligatoria? Todas aquellas que tienen que ver con la vida, la salud, la integridad y el patrimonio de las personas. Estas actividades profesionales deben ordenarse de tal manera que sirvan al interés colectivo, antes que el particular. Para ello resulta indiscutible contar con profesionistas adecuadamente formados, sujetos a una normatividad que regule su actividad y a una entidad que los pueda efectivamente supervisar.
La colegiación, en este sentido, debe entenderse como un nuevo derecho ciudadano. Es una nueva forma de beneficiar a quienes reciben los servicios profesionales y que además cuenten con la posibilidad de defenderse ante eventuales abusos y de exigir que los servicios se presten de manera ética y eficaz.
La colegiación obligatoria resolvería algunos de los problemas que hoy existen derivados de los distintos y muy variados procedimientos utilizados para expedir títulos, que van desde los que emiten universidades de primer orden hasta los otorgados a distancia, pasando por los sistemas abiertos, o por vía internet, ya no digamos por las escuelas “patito”. La calidad educativa que ampara a cada título, en consecuencia, es desigual. Como también lo es por la institución que lo expide.
Otro de los problemas que resuelve es el de las sanciones cuando se incurre en una mala práctica. La capacidad por parte de la autoridad resulta muy limitada por el número de profesionistas en ejercicio y también por no contar con los conocimientos que se requieren para juzgar si los actos corresponden o no a las mejores prácticas.
Por todas estas razones, el pasado 19 de octubre, presenté al Senado de la República una iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Constitución (artículos 5, 18 y 73) con el objeto de establecer las bases para legislar sobre la colegiación obligatoria, junto con los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Pedro Joaquín Coldwell (PRI) y Alfonso Sánchez Anaya (PRD).

Reunión de la AMIJ en Ixtapán

LA SCJN, COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA Y CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Ixtapan de la Sal, Edomex, 11 de Noviembre de 2010
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al inaugurar  la 5ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), sostuvo que la SCJN está comprometida, igualmente, con la austeridad y el uso eficiente de los recursos. 
Manifestó que la SCJN es una institución que cumple con las funciones jurisdiccionales y administrativas que mandata la Constitución, pero además, subrayó, a diferencia de lo que pasa en otros países, el alto tribunal realiza un gran trabajo en materia de cultura jurídica, que es uno de los temas donde se debe avanzar más como sociedad.
En este sentido, precisó el ministro Ortiz Mayagoitia, la inversión en cultura jurídica es una de las mejores tareas para crear conciencia y fomentar, así, la cultura de respeto a la legalidad.
Consideró que la sociedad, en su búsqueda de justicia, requiere de rutas confiables y reclama mayor calidad en todos los servicios que recibe.
También, reconoció, los justiciables exigen mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla, para lo cual, el Poder Judicial de la Federación (PJF) trabaja coordinadamente. 
 “En 2010 firmamos el Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia, donde actualizamos nuestras estrategias y los compromisos que nos unen en la búsqueda de caminos más amplios para que la sociedad acceda a servicios judiciales caracterizados por su profesionalismo y excelencia”, dijo.
Puntualizó que la SCJN ha trabajado tanto en la ética judicial, como en los instrumentos de disciplina al interior de los órganos impartidores de justicia.
El ministro Presidente informó que durante este año se han culminado dos proyectos que fueron parte de los objetivos planteados en la Cuarta Asamblea General de la AMIJ, celebrada en 2009. Explicó que se concluyó un Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional, que permitirá proponer una reforma al artículo 116, fracción V, de la Constitución.
Asimismo, indicó, se realizó el Diagnóstico de la Justicia Electoral en las Entidades Federativas, en donde se aportan datos presupuestales, cifras sobre confirmación o revocación de sentencias; análisis de cuestiones orgánicas de los tribunales electorales, pero lo más importante, recalcó, es que propone alternativas de solución y de mejora en materia de justicia electoral.
De esta forma, aseguró, conociendo a profundidad y cuantificando con seriedad el trabajo de los órganos impartidores de justicia, se pueden impulsar los proyectos que fortalecerán y modernizarán el sistema nacional de impartición de justicia, concluyó.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México externó que esta entidad ha avanzado mucho en la implementación de la reforma constitucional en materia penal sobre juicios orales. Mencionó que actualmente 12 Distritos, de 18 que hay en el Estado de México, ya han puesto en  marcha este sistema y, estimó que para cuando concluya el 2011, se habrá integrado a todos los Distritos.
Al inicio de la ceremonia de inauguración, los presentes rindieron, a manera de homenaje póstumo, un extendido aplauso al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, fallecido el pasado 19 de septiembre.

 

V Asamblea de la AMIJ

Francisco Blake, Secretario de Gobernación, en la V Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.
Ixtapan de la Sal, Edo. de México, 11/11/2010
Muy buenos días a todas y a todos.
Saludo con aprecio al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
También saludo con aprecio al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del Estado de México; al Magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México;
También saludamos a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados;
Aprecio la hospitalidad del maestro Hugo Andrés Hernández Vargas, presidente municipal de Ixtapan de la Sal. Muchas gracias, presidente.
A todos los integrantes del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que nos acompañan en el presidium en este evento, a los señores jueces, a los señores magistrados, a los ministros y también por supuesto hay que mandarle un saludo a los actuarios, a los secretarios de acuerdo que mucho les ayudan en su tarea, y a todo el personal de los tribunales y del Sistema Judicial.
Señoras y señores, medios de información:
2010 es el año de la patria, en el que festejamos el inicio del movimiento de Independencia, gracias al cual nuestro país conquistó la libertad, la justicia y la soberanía. En este año también conmemoramos el centenario del inicio de la Revolución, epopeya en la que los mexicanos reivindicamos el sufragio y las garantías individuales, además de los derechos sociales y la soberanía de las naciones sobre los bienes y recursos naturales en nuestro país.
Estoy convencido de que la dignidad de una nación se expresa en la forma en que se conoce, reconocen y respetan las ideas y los ideales, la forma en que se reconocen las obras y las hazañas de los antepasados, individuales y colectivos.
Me siento honrado en asistir a este foro nacional de gran trascendencia en el que se presentan y se discuten las experiencias, investigaciones sobre los procesos de reforma y modernización en la impartición de justicia. Bien se ha dicho aquí: la confianza del ciudadano en las instituciones que procuran e imparten justicia es uno de los activos más importantes en un Estado democrático de derecho.
La certeza de que la justicia funciona para todos por igual sin distingo de orden social, género, creencias o condición económica es fundamental para que las personas tengan la seguridad de que hay instituciones que están a su servicio, porque para ello fueron precisamente diseñadas.
Cuando estas instituciones funcionan de manera transparente, eficaz y pronta responden a los anhelos de quienes en aras del interés público, superior, de la nación tuvieron a bien complementarlas en nuestro orden constitucional y legal.
La justicia es el instrumento más poderoso que tenemos para hacer frente al dolor humano, es por ello que en el ejercicio de las libertades siempre existe como límite el respeto a las leyes, a las normas de convivencia, a las instituciones y a los derechos de las personas. Desafortunadamente para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena; para muchos la justicia si llega, llega demasiado tarde ya cuando aveces no hay nada que hacer.
En todos los rincones de México hay voces que se elevan y claman por una justicia, voces que no tienen un medio para llegar a quienes la imparten y que padecen en silencio el dolor de haber sido víctimas de delitos o de injusticias graves que cambian sus vidas para siempre.
Es a ellos a quien la justicia debe llegar. Nuestro reto no está en llegar a las mayorías que tienen acceso a los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino a los mexicanos que tienen la esperanza de que para ellos todavía puede haber justicia.
La justicia tiene que estar cerca de las personas, tiene que ser parte de su vida y de un valor entrañable siempre vivo. Tenemos instituciones democráticas, un amplio sistema de libertades constitucionales y un régimen con plena división de poderes que debemos aprovechar para transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que a final de cuentas no cumple con su función de proporcionar retribución adecuada.
La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, por ello debemos esforzarnos en que nadie quede sin acceso a la justicia que dan nuestras instituciones. Como ustedes bien saben, estamos en transición a un sistema de justicia adversarial, aquí ya lo ha dicho el Gobernador, con juicios orales. Este sistema es un paso adelante a favor de los mexicanos.
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que desde su creación, a partir del 13 de octubre de 2008, tiene a su cargo precisamente establecer la política y la coordinación necesaria para implementar, en los órdenes de gobierno Federal y estatal, el nuevo sistema de justicia penal.
El Consejo ha tenido reuniones en las que se ha establecido las reglas para el funcionamiento del propio Consejo, la determinación de las estrategias de implementación, de la reforma constitucional en las entidades federativas, el diseño del programa de capacitación y difusión, y el nombramiento de los representantes de la academia y de la sociedad civil en el Consejo, que también tienen un papel fundamental que realizar, las academias, los universitarios, los ingenieros. No es un tema nada más del sistema, de los abogados, sino que se requiere de un esfuerzo fundamental y esencial para poder sacar este desafío y este reto que nos hemos propuesto como Estado mexicano.
A la fecha las reformas se han implementado en Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, por supuesto que aquí en el Estado de México, ya el Gobernador ha dado cuenta detallada de esta implementación; Durango y Baja California.
Y por supuesto también esto requiere de recursos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente aún, hoy yo sé que estamos ya discutiendo el presupuesto y que hay muchas inquietudes pero se incluyó una partida a favor de los estados por más de 196.2 millones de pesos a los que posteriormente se sumaron 115.7 millones derivados del programa de austeridad. Con este monto hemos beneficiado a 22 entidades en la realización de 88 proyectos.
El Gobierno del Presidente Felipe Calderón seguirá, por supuesto, impulsando el nuevo Sistema de Justicia Penal a favor de los justiciables. Hemos generado, además, los instrumentos jurídicos para facilitar y acelerar las relaciones de cooperación con las entidades federativas.
Entre estos instrumentos se encuentran convenios de colaboración y las directrices para regir diversas actividades y canalizar los recursos. Se ha realizado también, un análisis comparativo de las diferentes iniciativas y propuestas para la elaboración del Código de Procedimiento Penal a nivel Federal, y otros a nivel local, que vale la pena, también, que le echemos una buena revisada a estos instrumentos y aprovechemos estos espacios para ello.
Se cuenta ya con un Modelo de Código Federal de Procedimientos Penales, el cual ya fue puesto a disposición de los integrantes del Consejo de Coordinación para sus observaciones y comentarios. Así es que estamos en plena oportunidad para llevarlo a cabo.
Y como bien aquí se ha dicho, entre los principales retos que estamos enfrentando en estos momentos, están las sinergias, mismas, institucionales, los vicios del sistema tradicional y la resistencia al cambio de algunos operadores mismos del Sistema de Justicia Penal; no es fácil, por supuesto, romper paradigmas para transitar a nuevos modelos en el tema de la justicia penal.
Sabemos que para hacer frente a estos desafíos el Gobierno Federal cuenta con aliados y el Estado de Derecho cuenta con aliados tan importantes como son los de esta Asociación Nacional de Impartidotes de Justicia.
El Presidente de la República ha dejado en claro en los Diálogos por la Seguridad, que se están realizando en las entidades federativas, que es necesario impulsar la Reforma de Justicia Penal, teniendo cuidado, por supuesto, en su aplicación e interpretación. Así lo platicaba en la mañana con quienes me recibieron y creo que valdría la pena seguir trabajando y dialogando para perfeccionar nuestro régimen de justicia.
También, debemos impulsar reformas constitucionales que están pendientes en el Congreso de la Unión, las cuales permiten adecuar nuestro Marco Jurídico y perfeccionar nuestras instituciones. La reforma en materia de amparo, por ejemplo, para hacerlo más flexible y accesible; las reformas en materia de derechos humanos para elevarlos a rango constitucional, son parte fundamental de este esfuerzo hacia una mayor protección de las personas.
La dignidad humana exige al Estado que tenga instituciones sólidas, imparciales y orientadas a hacer valer en la vida cotidiana del ciudadano sus derechos y sus libertades, por supuesto, especialmente preocupa al Gobierno que la lucha entre las organizaciones de criminales, así como la que guarden hacia el interior de sus propias estructuras sean causa de violencia irracional que sufren los mexicanos.
Los criminales, y ustedes lo saben porque los juzgan, los representan, los criminales son los culpables de la violencia. Toda organización criminal causa un impacto negativo a la sociedad y debe ser perseguida y desarticulada conforme a lo que marca la ley.
El Gobierno seguirá desplegando, con toda firmeza, su acción frente a las organizaciones del crimen en todos los casos de ilegalidad, pero especialmente los casos donde hay más violencia y donde la criminalidad agrede más a los ciudadanos, como son los delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión. La crueldad con la que se desenvuelven todas las organizaciones es repudiable.
Y por eso, sé que muchos de ustedes en su localidad atienden, precisamente, en el fuero de su competencia este delito, y tenemos que seguir trabajando hombro con hombro con los señores Gobernadores, como lo hemos venido haciendo, en un compromiso fundamental con el Estado para fortalecer nuestras instituciones las que persiguen el delitos, las que detienen al delincuente y las que juzgan al delincuente,.
El Gobierno Federal lamenta que inocentes sean asesinados como consecuencia de la guerra entre las bandas de delincuentes como La Familia, por ejemplo, y la absurda violencia que aplican entre ellas mismas.
Sólo para que tengan algunos datos. Fíjense:
En decomisos, aseguramientos y detenciones. Cocaína: cien toneladas, estas cifras son del primero de diciembre de 2006 al 21 de octubre del 2010; mariguana, siete mil 523 toneladas; psicotrópicos 60.7 millones de unidades. Toda esta droga para envenenar juventud. Por eso, le tenemos que hacer frente a esta batalla.
Armas cortas y largas 90 mil 444 unidades en armas; granadas seis mil 871 unidades; municiones 9.3 millones de unidades. Armas y balas con las, asesinan, se enfrentan entre ellos mismos, causan la muerte y lamentablemente también la vida de muchas personas inocentes.
Vehículos 38 mil 872 unidades; más de 363 millones 909 mil 810 pesos Moneda Nacional; más de 420 millones 675 mil dólares, producto del secuestro de la extorsión, y de la venta de droga.
Por eso, por toda esta evidencia que seguramente a muchos tribunales y a muchos juzgados llega, son pruebas contundente, para que con toda la fuerza del Estado y el imperio de la ley, los criminales sigan siendo detenidos, procesados, sentenciados y condenados para resarcir algo del dolor que le ha ocasionado a muchos mexicanos del bien nacer y del bien quehacer.
Es decir, los criminales deben estar tras las rejas y los ciudadanos recuperando sus espacios públicos de tranquilidad y de paz. Que es a lo que aspiramos todos los mexicanos. Yo lo sé que ustedes también, porque además de ser impartidotes de justicia son ciudadanos, son padres de familia, son gente que anhela y que quiere a su México.
Por eso, señoras y señores, finalmente, la justicia es la fuerza y el valor que da cohesión a la sociedad. Los intereses de la asociación, por temas, que aquí se ha comentado, de capacitación, gobierno judicial, la ética judicial, la justicia administrativa, penal y laboral, así como la justicia alternativa son ampliamente compartidos por nosotros, por el Gobierno Federal para apoyarlos a salir adelante.
Su trabajo y su esfuerzo, en estos dos días de actividades, las conclusiones de su V Asamblea, estoy seguro, serán de gran valor para todos aquellos que trabajamos para que México, ha hecho instituciones cada vez más justas, porque es gracias a la justicia en que construiremos un México próspero ordenado, seguro, en el que todos podamos vivir en paz.
Que pasen buen día.