El cambio climático

La revolución del cambio climático/Jeffrey D. Sachs, catedrático de Economía y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia.

Tomado de EL PAÍS, 28/02/2007);

El mundo se encuentra en medio de una gran transformación política y el cambio climático ha pasado a ocupar el centro de la actualidad nacional e internacional. Los políticos que insisten en negar la necesidad de actuar, como el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el primer ministro australiano, John Howard, y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, no tienen ya dónde esconderse. Los datos científicos están claros, los cambios provocados por el hombre en el clima están empezando a sentirse y en el electorado hay una exigencia creciente de que se lleve a cabo algún tipo de acción. Hoy tiene bastantes oportunidades de producirse algo que hace sólo pocos meses parecía poco probable: que de aquí a 2010 se llegue a un sólido acuerdo mundial, capaz de fijar el rumbo de actuación para varios decenios.
Los dirigentes políticos de los países que producen carbón, petróleo y gas -como Estados Unidos, Australia y Canadá- han pretendido convencernos de que el cambio climático no es más que una mera hipótesis. Durante varios años, el Gobierno de Bush intentó ocultar los datos al público: eliminó de los documentos oficiales las referencias al clima creado por el hombre e incluso trató de borrar declaraciones de importantes científicos del Gobierno. Hasta hace poco, ExxonMobil y otras compañías pagaban a profesionales de grupos de presión para que intentaran distorsionar el debate público.
Sin embargo, la verdad ha triunfado sobre las maniobras políticas. El propio clima está encargándose de transmitir un mensaje lleno de fuerza y, a menudo, devastador. El huracán Katrina mostró a los estadounidenses que el calentamiento global seguramente va a aumentar la intensidad de las tormentas. Igual que la gran sequía sufrida por Australia este último año ha dejado en ridículo la actitud despreciativa de Howard hacia el cambio climático.
Los científicos se han tomado con mucha seriedad el objetivo de educar al público. Podemos agradecérselo a Naciones Unidas. La ONU auspicia el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC), un organismo internacional en el que figuran cientos de especialistas en climatología que, cada pocos años, informan a la opinión pública sobre la ciencia del cambio climático.
Este año, el PICC publica su cuarta serie de informes, empezando por el que dieron a conocer a principios de febrero. La conclusión era inequívoca: en la comunidad científica existe el consenso de que la actividad humana, sobre todo la utilización de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) -además de la deforestación y otros usos de la tierra (como la extensión de los arrozales)- genera enormes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, con la consecuencia de un cambio climático que está acelerándose y que representa graves riesgos para el planeta.
La mayor amenaza es la derivada de la producción y el consumo de energía para electricidad, transporte, calefacción y refrigeración de edificios. Pero los científicos e ingenieros de todo el mundo, y empresas líderes en tecnología como General Electric, también están mandando un mensaje muy claro: podemos resolver el problema con costes moderados si aplicamos nuestra máxima capacidad de reflexionar y actuar a la búsqueda de soluciones reales.
Si recurrimos a fuentes de energía alternativas, ahorramos consumo energético y capturamos y almacenamos de forma segura el dióxido de carbono producido por los combustibles fósiles, la sociedad podrá limitar sus emisiones de dióxido de carbono a unos niveles prudentes con un coste, se calcula, inferior al 1% de la renta mundial. El paso a un sistema de energía sostenible no será rápido y necesitará nuevos tipos de centrales eléctricas, nuevos tipos de automóviles y “edificios verdes”, capaces de ahorrar consumo energético.
El proceso tardará muchos años, pero debemos empezar ya y actuar a escala mundial, mediante la implantación de impuestos sobre el carbono y licencias de emisión para crear incentivos de mercado que animen a las empresas y los individuos a hacer los cambios necesarios. Los incentivos tendrán un coste moderado y unos beneficios inmensos, y pueden diseñarse de tal forma que los pobres queden protegidos y los que carguen con el peso del cambio climático sean los que pueden permitírselo.
Es posible establecer un calendario razonable. Hacia finales de 2007, todos los gobiernos del mundo deberían entablar negociaciones sobre un sistema para abordar el cambio climático que entre en vigor cuando expire el Protocolo de Kioto, a partir de 2012. A lo largo de 2008 deberían fijarse unos principios básicos y en 2009 la comunidad mundial -incluidos los dos mayores productores de dióxido de carbono, Estados Unidos y China- debería estar dispuesta a firmar un acuerdo serio que tendría que estar firmado en 2010 y ratificado a tiempo de sustituir a Kioto.
El Protocolo de Kioto fue el primer intento de crear un sistema de ese tipo, pero sólo afectaba a los países ricos y sus objetivos eran muy modestos. Ni siquiera lo firmó el país más rico y máximo contribuyente al cambio climático mundial, Estados Unidos. Tampoco lo hizo Australia. Canadá firmó pero no ha hecho nada. Otros grandes consumidores de energía, China e India, que deberían formar parte de cualquier solución sustancial, no han hecho frente tampoco a sus responsabilidades en virtud del acuerdo de Kioto.
Todo eso tendrá que cambiar. Todos los países tendrán que asumir su parte de responsabilidad respecto al mundo y las futuras generaciones.
Existe ya una manera de que tanto los individuos como las empresas puedan hacer oír su voz. El Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia, que dirijo, ha acogido una Mesa Redonda Mundial formada por grandes empresas, grupos ecologistas y otras organizaciones internacionales para llegar a un acuerdo que esté presente en las futuras negociaciones. El resultado de la Mesa Redonda fue una importante Declaración de Principios y otra declaración general firmada por gran parte de las mayores empresas del planeta, con sedes en Estados Unidos, Europa, Canadá, China e India. También la han firmado muchos de los principales científicos del mundo.
El cambio climático mundial exige decisiones de alcance mundial, e iniciativas como la citada Declaración muestran que podemos encontrar áreas de consenso para emprender acciones enérgicas. Ha llegado el momento de que los políticos que hasta ahora seguían negándose se unan a ese esfuerzo.

Acotar el fuero constitucional, buena idea

El pasado 20 de febrero, tres legisladores de la nueva corriente del grupo parlamentario del PAN presentaron una iniciativa para acotar el fuero constitucional así como la declaratoria de juicio político, con el fin de que el Ministerio Público no deba pedir permiso a las Cámaras para procesar penalmente a cualquier funcionario público; la iniciativa comprende reformar diversos artículos del Título Cuarto constitucional.
Actualmente, no puede ejercitarse la acción penal en contra de un funcionario con fuero, si antes no se solicita la declaratoria de procedencia por parte de la Cámara respectiva. Es decir, sí puede el Ministerio Público iniciar averiguación previa en contra de algún funcionario público con fuero, pero no puede ejercitar la acción penal, si antes no le solicita permiso a la Cámara que corresponda.
La propuesta fue de los diputados Carlos Navarro Sugich, Antonio Valladolid Rodríguez y Gerardo Priego Tapia; fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen correspondiente:
Decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político.
Único. Se reforma el articulo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 110. ...
Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Exposición de Motivos
Dentro del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, a que alude el Título Cuarto Constitucional, la llamada responsabilidad política en que pueden incurrir determinados servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, constituye un mecanismo importante de control y, en su caso, sanción de todo servidor público federal que con su conducta viola los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, o en su caso, de aquellos servidores públicos estatales que incurran en violación a las disposiciones federales o que realicen un mal manejo a los recursos o fondos federales.
Dicha responsabilidad de tipo política, se encuentra regulada en la figura denominada "juicio político", la cual constituye una institución de naturaleza constitucional, por medio de la cual se desahogan las denuncias entabladas en contra de determinados servidores públicos que presuntamente han encuadrado su actuar público en alguna de las causales de procedencia de dicho mecanismo de control y sanción constitucional.
En ese sentido, se ha llegado a entender por Juicio Político, "el procedimiento materialmente jurisdiccional de carácter político, instaurado por las Cámaras del Congreso de la Unión, en contra de algún servidor público mencionado en el artículo 110 constitucional, por la comisión de conductas que originan la responsabilidad política y que son violatorias de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, por violaciones a la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanen; o por manejo indebido de recursos y fondos federales, para los servidores públicos estatales.1
Así las cosas, derivado de un análisis de la naturaleza jurídica de este mecanismo de responsabilidad política de algunos servidores públicos, podemos señalar que el Juicio Político es propiamente un acto materialmente jurisdiccional, y formalmente legislativo, ya que lo lleva a cabo el Congreso de la Unión, es decir, constituye un procedimiento de connotación jurisdiccional reservado para que un órgano político sea quien lo conduzca, el Congreso General hace las veces de órgano de acusación y jurado de sentencia, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente.
Adicionalmente a lo señalado, cabría decir que los efectos de la procedencia del juicio político, implican una limitación directa a la esfera de derechos del servidor público, toda vez que las sanciones que se pueden imponer por virtud de la procedencia del juicio político consisten en la inhabilitación y destitución del servidor que, una vez concluido el juicio, resulte responsable de la comisión u omisión de conductas que originan la responsabilidad política y que son violatorias de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.
En tal virtud, una vez analizada la naturaleza y los efectos jurídicos inherentes al juicio político, es menester pugnar por su perfeccionamiento e inclusive propiciar el reforzamiento de esta figura constitucional que se erige como un mecanismo importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el ejercicio de la función pública. Por ello el principal objetivo perseguido por esta iniciativa, estriba en el sentido de fortalecer las resoluciones que en su momento emita el Congreso de la Unión, con respecto a la procedencia del llamado juicio político, cuando este es entablado en contra de un servidor público local por violaciones graves a la Constitución Federal o a las leyes federales que de ella emanen, o por el empleo indebido de recursos públicos federales.
Bajo esta óptica, es que se propone eliminar los efectos declarativos que tienen actualmente las resoluciones del Congreso de la Unión, cuando se trata de procedimientos de juicio político entablados en contra de gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, por violaciones graves a la Constitución Federal o a las leyes federales que de ella emanen o por el empleo indebido de fondos y recursos federales, otorgándole en contraparte, plenos efectos vinculativos a dicha determinación, eliminando a su vez la intervención de las Legislaturas locales.
Esta propuesta reviste vital importancia en el ámbito del fortalecimiento de las facultades del Congreso de la Unión como órgano encargado de conocer los procedimientos de juicio político en contra de determinados servidores públicos estatales, toda vez que actualmente –dado el texto vigente– las determinaciones de este órgano legislativo se reducen, en esta hipótesis, sólo a cuestiones meramente declarativas o enunciativas, en virtud de que si bien se desarrolla todo un procedimiento legalmente establecido para llegar a determinar si es procedente la denuncia de juicio político en contra de un determinado servidor público local, sus resoluciones adquieren el carácter meramente declarativo, quedando en última instancia a decisión de las Legislaturas locales, la procedencia o no de la referida medida.
Lo anterior va en detrimento de la facultad formalmente legislativa y materialmente jurisdiccional que detenta en este caso, el propio Congreso de la Unión para conocer sobre este tipo de solicitudes, máxime cuando el servidor público imputado a pesar de ser un funcionario local, sigue un procedimiento de orden federal por la presunta violación grave a la Constitución Federal o a las leyes federales que de ella emanen, o por el empleo indebido de recursos públicos federales. Motivo por el cual deberá ser la autoridad federal como en este caso lo es el Congreso de la Unión, el facultado para decidir en definitiva la procedencia o improcedencia de la solicitud respectiva, sin tener que ceder dicha jurisdicción a las Legislaturas locales correspondientes.
Asimismo, con independencia de esta situación, el modelo actual contribuye a la demora del procedimiento al tener que pasar por dos instancias diferentes, e inclusive puede generar en determinado momento una situación de impunidad del servidor público sujeto a juicio político.
En tal virtud, tal y como ha quedado señalado con anterioridad, se propone eliminar los efectos declarativos que tienen actualmente las resoluciones del Congreso de la Unión, cuando se trata de procedimientos de juicio político en contra de gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, otorgándole en contraparte plenos efectos vinculativos a sus determinaciones, eliminando a su vez la intervención de las Legislaturas locales.
Nota 1 Ortiz Soltero, Sergio Monserrit, Responsabilidades legales de los servidores públicos, 2ª ed., Porrúa, México, 2001, pp. 105 y 106.

Putin por Carlos Fuentes

• Invierno caliente/Carlos Fuentes, escritor mexicano

Publicado en EL PAÍS, 27/02/2007);

Dos solitarios osos polares se acurrucan en el mínimo espacio de un bloque de hielo a la deriva en el Ártico. Los osos europeos salen prematuramente de sus cuevas invernales engañados por la falsa primavera de enero. Cuando en febrero regresa el invierno, los osos enfurecen, rugen, atacan. Los capullos de los parques del norte asoman las cabezas y pronto mueren de frío.

Ségolene Royal

El Método de Ségolene Royal/Sami Naïr, profesor invitado en la Universidad Carlos III.

Tomado de EL PAÍS, 27/02/2007);

Al principio, nos sorprendió. Estábamos acostumbrados a campañas presidenciales centradas en unos programas definidos previamente por un acuerdo entre el candidato y el partido que le apoya. Es lo que había hecho Nicolas Sarkozy. Es lo que no quiso hacer Ségolène Royal. Fiel a la imagen que pretendía dar, de una práctica de la política basada en la participación democrática de los ciudadanos, prefirió lanzar amplios debates “participativos” (más de 6,000 en toda Francia) en los que pudiera expresarse la palabra ciudadana, en los que pudieran tenerse en cuenta los temores, las recriminaciones, las rebeliones y las propuestas. Los debates se organizaban a propósito de temas concretos (educación, empleo, jubilaciones, vivienda, sanidad, la mezcla de nuestra sociedad, juventud, seguridad, etcétera) y en cada ocasión estaba presente la candidata o algún otro dirigente, que escuchaba los deseos de los ciudadanos y prometía integrarlos dentro de un programa coherente. Se celebraron miles de reuniones así en todo el territorio nacional y en ellas vimos a gente de todo tipo hablar, proponer y reafirmar su condición de ciudadanos. En esa primera fase observamos a una Francia anónima e indignada que decía cosas que se callan a diario en los medios, denunciaba sufrimientos que la indiferencia habitual oculta, proponía soluciones en las que los políticos y los tecnócratas no piensan nunca. Mientras tanto, los medios de comunicación, acostumbrados a las campañas tradicionales, hablaban del programa de Nicolas Sarkozy, se quejaban de la lentitud de la campaña de Ségolène, reclamaban confrontaciones públicas, reprochaban a la candidata que no tuviera un programa.
Los sondeos confirmaban el análisis de los medios: Sarkozy subía, Ségolène bajaba. Pero la candidata no se inmutaba, ni siquiera ante los dirigentes del Partido Socialista. Dijo que anunciaría sus propuestas el 11 de febrero. Y no cambió de estrategia, pese a los sondeos y pese a un candidato de la derecha que no paraba de moverse en los medios. En las reuniones del estado mayor de la campaña, todos los martes por la noche, se notaba la impaciencia: había pataleos, todos querían “entrar en combate”. Pero ella repetía, serena y sonriente: “No voy a moverme”.
El programa se ha elaborado en las tres últimas semanas, con la contribución de varios asesores. Después, un grupo de arbitraje ha propuesto una versión coherente que ha servido de base para tomar, junto con el primer secretario del Partido Socialista, François Hollande, una decisión definitiva.
Este programa es una síntesis entre las principales propuestas surgidas de los debates participativos y el proyecto global del Partido Socialista. Se han introducido asuntos nuevos, se han presentado nuevas formulaciones y se han concretado propuestas. La candidata lo detalló el 11 de febrero, ante más de 20.000 personas (la víspera, en el comité de campaña, se preveía que hubiera alrededor de 9,000), a las afueras de París. El entusiasmo alcanzó su apogeo. Ségolène, que había cometido muchos errores, que daba una impresión de cierta inmadurez sobre asuntos complejos de política internacional, sorprendió a todo el mundo. Su discurso, lírico y riguroso, lleno de propuestas concretas pero abiertas a la adaptación, firme y solidario, emocionante y humanista, transmitió no la voz tecnocrática del Estado, sino la pasión rigurosa de una candidata decidida a ganar.
El proyecto. O, como dice Royal, “el pacto presidencial”, que califica de “pacto de honor” con el pueblo francés, y que es, siempre según ella, más que un pacto, una visión del mundo. Incluye 100 propuestas repartidas en torno a una serie de grandes ejes.
Como es natural, la derecha se ha apresurado a criticar sus cifras. ¿Cuánto costará? 35,000 millones, responde el grupo de especialistas presupuestarios de Ségolène Royal; es decir, más o menos lo mismo que el proyecto del candidato de la derecha.
Un 42 % para investigación, universidad y desarrollo duradero; 30 % para servicios públicos, prevención, ciudadanía y solidaridad con los países en vías de desarrollo; 28 % para sostener el poder adquisitivo, el empleo, las políticas sociales y la solidaridad. Es decir, un presupuesto social, centrado en el trabajo, la investigación e innovación y la solidaridad. Sarkozy ofrece otra visión, que hace más hincapié en la competencia, la bajada de impuestos, la reducción masiva del impuesto sobre las grandes fortunas, la financiación de las empresas, el relanzamiento del empleo mediante la flexibilización y la desregulación del mercado de tra-bajo, la disminución del número de funcionarios (¡que pretende reducir a la mitad!), la privatización progresiva de los servicios públicos… Dos concepciones opuestas. Dos mundos.
Mientras tanto, esta pelea de las “cifras” se ha cobrado una víctima, el secretario nacional responsable del tema en el Partido Socialista, Eric Besson, que no logró que le autorizaran a publicar sus cuentas porque Ségolène se niega a entrar en esta disputa. Lo que le interesa a la candidata es el concepto general del programa, puesto que sabe que es imposible la concreción sobre una legislatura que debe durar cinco años. Eric Besson ha dimitido y se ha marchado del partido.
No es una historia anecdótica, sino que revela una crisis real en el interior del Partido Socialista. Porque hay que dejar claro que el PS es un mosaico de reinos de taifas, en el que los clanes, las tendencias y las alianzas dependen de los feudos locales y de dirigentes que, muchas veces, confunden el interés del partido con sus pequeñas influencias personales.
Algunos no han digerido la victoria de Ségolène y, aunque en su mayoría, de buen o mal grado, se han decidido a entrar en la batalla, otros no ocultan en privado su disconformidad con el método escogido por ella. Le reprochan que se comporte como una aficionada frente a la formidable maquinaria profesional de Sarkozy y, sobre todo, que no haya comprendido que no podía prescindir de los elefantes del partido para ganar. Es cierto que Ségolène ha creado un doble comité de campaña: uno formado por sus consejeros y amigos más próximos, situado fuera de los locales del partido, y otro compuesto por los dirigentes nacionales del Partido Socialista y otros partidos aliados, que se reúne para definir las grandes orientaciones estratégicas de la campaña. Los vínculos entre las dos estructuras están poco definidos, falta una coherencia general y los periodistas tienen la sensación legítima de que existe cierta anarquía en la dirección de la batalla. Esta situación ha provocado graves tensiones, hasta el punto de que Ségolène ha tenido que revisar su organigrama. El 22 de febrero hizo público un comité de campaña en el que se agrupan todas las tendencias del partido y cada uno tiene ya unas atribuciones concretas. Por supuesto, la derecha utiliza todas estas disensiones en provecho propio.
Ahora comienza una situación nueva: el choque entre dos proyectos, el de la derecha y el de la izquierda. En esta segunda fase de la campaña, Ségolène intentará concretar sus propuestas y, sobre todo, intervendrá mucho más en los medios. Se expondrá ante el público. En cuanto a los dirigentes y los militantes, ya tienen a su disposición un programa, de modo que pueden bajar al ruedo. Ségolène no quiere perder la ventaja obtenida sobre el terreno gracias a los debates participativos ciudadanos. Por eso ha pedido al Partido Socialista y sus aliados que organicen más de 5.000 debates antes de la primera vuelta de las elecciones (22 de abril), para discutir las 100 propuestas.
Ésa es su forma de hacer política. Y eso es lo importante. El hecho de que dejara que, entre la tercera semana de enero y el 11 de febrero, Nicolas Sarkozy desarrollase su programa mientras ella seguía escuchando a los ciudadanos, ha creado un bache, una duda en el electorado, que los medios sectarios se han complacido en transmitir y aumentar. Pero esa situación no es diferente de la que también vivió Nicolas Sarkozy entre finales de noviembre y finales de diciembre de 2006, periodo en el que no dejó de bajar en las encuestas. En realidad, es algo que tiene que ver con los ciclos mediáticos, cuyas causas y cuya evolución son difíciles de valorar. Desde que Ségolène apareció, el lunes 19 de febrero, en un destacado programa de televisión, en el que tuvo una excelente actuación tanto mediática como política -mejor que la de Sarkozy-, los vientos vuelven a soplar a su favor. La afluencia de gente a sus mítines refuerza la impresión de que está levantando grandes expectativas.
Lo que es innegable es que, independientemente del análisis que hagan unos y otros sobre este método y sus resultados, aquí se ha puesto en marcha una nueva manera de construir el vínculo social. Contra la política-mercancía, contra el discurso autista de los partidos frente a los ciudadanos, aquí está el esbozo de otra concepción de la política en una sociedad de vieja tradición democrática. Ségolène no deja de referirse en todos sus discursos a la Nación, una e indivisible, a la República laica y solidaria, a Francia como encarnación de lo Universal. Son referencias que gustan a los franceses. ¿Pero tendrán el poder de convocatoria que necesita para ganar? Tiene varias semanas para convencer, y todavía no hay nada decidido.

Programa Integral de Seguridad

No hay plazo que no se cumpla!
Hace noventa días, el día 1 de diciembre, el presidente Calderón emitió en el Auditorio nacional, el siguiente mensaje al pueblo de México:

"Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi Gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad..., Por eso, instruyo al procurador general de la República y al Gabinete de Seguridad Nacional a que en un plazo no mayor de 90 días presenten un programa de seguridad para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia."
El Presidente Calderón se comprometió para que en este periodo ordinario de sesiones -que termina el 30 de abril-, presentaría al "Congreso una iniciativa de reformas legales con el objeto de mejorar la procuración y la administración de justicia".
Agregó "sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia."
Hasta ahí el mensaje del presidente Calderón. Una semana después empezó en Michoacán el primero operativo Conjunto; que el día de hoy se extienden a varios estados.

Y el principal foco de acción, en estos 90 días han sido los operativos contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, la estrategia ha sido cuestionada, sobretodo la participación del Ejército, las posibles violaciones a los derechos humanos y el eventual uso de estas medidas con "fines propagandísticos", con fines electorales.
Y ayer, el gabinete de seguridad federal, encabezado por el Procurador Eduardo Medina Mora, entregó al presidente Calderón el Plan Integral de Seguridad Pública, que serán presentados en los próximos días, seguramente al Senado de la República.
En la reunión privada participaron los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, de Marina, Mariano Francisco Saynez, así como el procurador Eduardo Medina Mora, la Presidencia se limitó a informar en un escueto comunicado sobre la presentación del programa, sin dar mayores detalles.
Horas después, el Ejecutivo ofreció una comida a legisladores integrantes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública a fin de discutir la posibilidad de convertir a la PGR en una Fiscalía Especial o General de la Federación.
En la reunión el Presidente Calderón los convocó para presentarles sólo una versión preliminar del Plan Integral, documento que contiene una serie de reformas que el Ejecutivo pondrá a consideración del Congreso.
En la comida privada, estuvieron Santiago Creel, coordinador del PAN en el Senado; Héctor Larios, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados; Jorge Zermeño, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, y 20 legisladores más, todos panistas, eso sí, integrantes de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales.
El Presidente Calderón -dicen los que estuvieron-, manifestó su intención de lograr un gran consenso en torno a la reforma del sistema de seguridad y justicia. Una de las frases que se pronunciaron dentro de la reunión fue que en esta reforma no se pueden cometer errores, porque los errores en este tema son irreversibles", explicó el diputado Cristian Castaño, vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

Y bueno, todo apunta que la Iniciativa será presentada en el Senado de la República, pero requiere el consenso de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso. Por lo pronto en la reunión de ayer estuvieron puros panistas.
Ahora, no ayuda mucho las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, quien ayer descalificó la iniciativa de reforma de Estado propuesta por el presidente de la Mesa del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y que ya fue avalada por todos los senadores.
Zermeño consideró que la iniciativa tiene muchas fallas, además que no se requiere de una ley para realizar una reforma del Estado. El documento se encuentra en calidad de minuta en la Cámara de Diputados y se pretende la discuta el pleno en 15 días.
El quid del asunto es que a Zermeño le incomoda es que dicha comisión tenga que ser presidida durante cuatro meses por el presidente de la Comisión Especial de la Reforma del Estado en el Senado o por el presidente del Senado, o sea: Fabio Beltrones. Otro de los aspectos que desagradan al panista es que en la minuta del Senado la referida comisión para discutir los temas es igualitaria y no proporcional, es decir, hay una persona por cada partido, y no un determinado número de personas dependiendo del número de legisladores que tiene cada fuerza política.
Pero parece que las cosas se van a recomponer. El día de ayer, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Carlos Chaurand Arzate (PRI), señaló que existen algunas propuestas de modificaciones a la Minuta del Senado de la República en materia de Reforma del Estado y que, a más tardar, en 15 días, ésta podría se presentada ante el Pleno para su aprobación con las propuesta de cambio ya establecidas.
En una entrevista, Chaurand explicó los cambios que han sido propuestos y que están en estudio en los grupos parlamentarios: "Se ha pedido que se integre no únicamente al presidente de la Comisión de la Reforma del Estado de la Cámara de Senadores, sino también al de la Cámara de Diputados, para lograr paridad en la integración de la Comisión Ejecutiva".
Una segunda modificación, pudiera darse en el sentido de que la presidencia de la Comisión Ejecutiva la tuviera el presidente de la Cámara de Senadores por seis meses, y el presidente de la Cámara de Diputados por seis meses, y que los dos presidentes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de cada una de las cámaras pudieran fungir como vicepresidentes, supliendo a los presidentes en alguna ausencia.
Además, adelantó que se dará espacio al Poder Judicial, para que a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haga propuestas respecto a la Reforma que requiere este poder. "La propuesta es incluir un transitorio, donde se le diera un lugar a ellos en este tema de la Reforma del Estado", señaló.

El Ejército y los retenes carreteros

El Senado de la República exhortó al gobierno federal para que se modernicen los puntos de revisión carretera que tiene el ejército en el noroeste del país.

El Acuerdo fue aprobado en votación económica y comunicado al Ejecutivo.

La propuesta es de los senadores del PRI Alfonso Elías Serrano (PRI-Sonora) y Mario López Váldez (PRI-Sinaloa).

Estos fueron los posicionamientos:

-EL C. SENADOR ALFONSO ELIAS SERRANO: El día de hoy acudo a esta tribuna para demandar una solución inmediata y definitiva a la grave problemática que enfrentan a diario miles de comerciantes, productores, industriales, transportistas y automovilistas, al tener que hacer largas filas y someterse a lentas revisiones en los retenes militares ubicados en el Estado de Sonora.
El problema no es nuevo, lo hemos tolerado por años. Pero en las últimas semanas, el grado de desesperación de los afectados ha llegado a su máximo.
Los transportistas han comenzado a retar a la autoridad en los puntos de revisión y en respuesta los efectivos militares han empezado a actuar contra quienes se resisten a las largas esperas.
Con esto, no se pretende ignorar los resultados positivos de los retenes en el combate al crimen organizado, son un efectivo mecanismo para erradicar el tráfico de estupefacientes, ya que importantes golpes a narcotraficantes se han dado en estos puntos de revisión, hay que reconocerlo.
El problema no son los retenes, sino la lentitud, la desorganización, obsolescencia y la falta de estructura adecuada.
A nivel nacional el volumen de camiones que transitan y transportan frutas y hortalizas a la frontera es de 195 mil en el último año, de los cuales pasaron por la carretera internacional a Nogales 102 mil, y el tráfico se concentra en el periodo de enero a mayo.
El problema tiene los siguientes efectos adversos:
• Filas de más de 8 kilómetros • Retrasos hasta de 6 horas • Se afecta la madurez, calidad, el estado sanitario y comercialización de los productos agropecuarios.
• Se pone en riesgo, en cada revisión, el estatus fitosanitario de los diversos productos agrícolas, que tanto esfuerzo y dinero han significado a los productores y que representa el acceso al mercado internacional.
• Se afecta la capacidad del transporte.
• De acuerdo a un estudio de la Secretaría de Agricultura del gobierno del estado y a diversas organizaciones, los daños causados al sector agropecuario por las revisiones de los retenes, llega a 645 millones de pesos al año; 70 millones de pérdida en la ganadería por la merma del producto; y 575 millones de pesos al año en la agricultura.
El impacto es de esta magnitud, dado que el 70 por ciento de las exportaciones de las frutas y hortalizas a nivel nacional se dan a través de la carretera y más de 250 mil cabezas de ganado se exportan hacia los Estados Unidos, pasando por el punto de revisión de Benjamín Hill.
El personal que realiza las revisiones, aunque por lo general es amable, no sigue buenas prácticas de manejo, se encuentra entrenado para detectar sustancias ilegales, pero no capacitado para realizar revisiones de productos altamente perecederos.
Para evitar lo anterior, se ha insistido por parte de las asociaciones de productores y del gobierno del estado, en modernizar los puntos de revisión con la instalación de tecnología, la construcción de un carril anexo para agilizar el flujo vehicular y la capacitación del personal.
El gobierno de Sonora y los exportadores y transportistas, se han comprometido públicamente a participar en el proyecto de modernización de los puntos re revisión.
De igual forma, la SAGARPA federal se comprometió a aportar recursos para la modernización de estos retenes.
Sin embargo, se espera el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para aportar recursos, pero para reconocer plenamente el problema que general el punto de revisión.
Con base en lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía como urgente y de obvia resolución el siguiente Punto de Acuerdo.
Primero.- El senado de la República reconoce los esfuerzos del gobierno federal en el combate al narcotráfico y la utilidad en esta lucha de los puntos de revisión en carreteras federales.
Segundo.- en virtud de las pérdidas que generan a los exportadores y al sector turismo los puntos de revisión militar ubicados en Benjamín Hill y en otros puntos del Estado de Sonora, debido a la falta de tecnología e infraestructura adecuada para agilizar las revisiones, el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se coordinen con el gobierno estatal y con productores afectados para modernizar los puntos de revisión y se dé una solución a la problemática planteada.
Firman el senador Mario López Valdez y un servidor, senador Alfonso Elías Serrano. Es cuanto, señor presidente.
En votación económica el asunto se consideró de urgente u obvia resolución y se puso a discusión de inmediato.
Hicieron uso de la palabra:
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA, intentó llevar el debate por otro lado, dijo:

Quiero leerles una fracción, un párrafo que al revisar en el Diario de Debates me gustó, y que es aplicable al tema que se discute. Dice lo siguiente, aunque yo acostumbro a no leer, pero es importante leerlo. “Llevar al Ejército en la propia lucha contra el narcotráfico a la cabeza ha puesto en una posición de vulnerabilidad a las fuerzas armadas y ha representado algo muy lamentable para el país, un riesgo y un retroceso como Nación. El riesgo es que una institución de última instancia para la seguridad nacional, y de alguna manera para la preservación segura de algún pueblo, esté penetrada y dominada por una fuerza como el narco dejando a la Nación vulnerable. No es conveniente, por ningún motivo, que el Ejército intervenga en tareas del combate al crimen, fechado 10 de abril de 1997. Fijación de posición del señor Calderón cuando fue diputado”.
Nosotros estamos en contra de la militarización que se ha dado en el país. De diez actos que tiene el Ejecutivo de facto siete son rodeados por el Ejército, está militarizada toda su agenda, las carreteras están militarizadas, todo está militarizado, y a pesar de que votamos este asunto por obvia y urgente resolución, porque queríamos presentar estos argumentos, no estamos a favor de los retenes en las carreteras.
Y no estamos a favor simple y sencillamente porque violan una garantía individual. La garantía del libre tránsito, establecida en la parte dogmática de nuestra Carta Magna, ésta garantía se viola flagrantemente todos los días, y por esto este Senado de la República no puede avalar, primero reconocer los retenes y después que se modernicen, es absurdo.
Lo que tenemos que pugnar es que estos retenes no causen molestias y no afecten estas garantías individuales consagradas en la Constitución. Es muy claro, aún cuando hay jurisprudencia de la Corte, que surgió en el 2004 avalando el que el Ejército Mexicano estuviera en labores de combate contra el crimen organizado, aún así nosotros consideramos que es inconstitucional.
Y que en Ejército no debería estar haciendo las tareas que actualmente está haciendo. Si realmente quisieran resolver de fondo el problema del narcotráfico, lo que debieron haber hecho es enviar una iniciativa al Senado de la República o a la Cámara de Diputados para otorgarle facultades formales al Ejército Mexicano del combate al crimen organizado para que la inteligencia militar o las corporaciones policíacas civiles pudieran tener la debida integración.
Por esa razón, a pesar de que nosotros votamos la obvia y urgente resolución, no estamos a favor de convalidar ni tampoco de legalizar ni legitimar los operativos que son una causa grave de afectación a las garantías individuales. Lo que debería suceder en este país es que no hubiera retenes en ninguna parte de la República, porque violan las garantías individuales consagradas en la Constitución General de la República. Por su atención, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Bueno, esta presidencia toma la intervención del senador Monreal como en contra. Viene una en pro del senador Mario López Valdez.
-EL C. SENADOR MARIO LOPEZ VALDEZ: Cuando me enteré que mi compañero senador Elías, por el Estado de Sonora, iba a subir a tribuna, la solicitud de que los puntos de revisión en los tramos carreteros de Sonora se sometieran a una modernización, le pedí que me permitiera suscribirlo con él. Y al hacer referencia de que las solicitudes para la modernización de los puntos de revisión en Sonora quise subirme porque también existen puntos de revisión en Sinaloa. Me queda claro y he aprendido en la política que una cosa es lo deseable, y otra cosa es lo posible.
También sé que en este país se dan cosas de hecho, y se dan cosas de derecho. Lo deseable fuera que no hubiera puntos de revisión, pero la realidad nos muestra en la práctica que existen y que todos tenemos que estar comprometidos para combatir ese flagelo que mucho nos afecta a los mexicanos.
Puedo dar testimonio, en Sinaloa, de las grandes pérdidas que se dan en el tema de las exportaciones de hortalizas en el tema agrícola, en el tema ganadero, en el tema turístico los grandes problemas que se han ocasionado con largas filas, hasta de tres, cuatro horas en los puntos de revisión, y yo sí quisiera, de veras, hacer un reconocimiento al Ejército en las condiciones tan deprimentes en que están llevando acabo las revisiones en los puntos carreteros, sin ninguna tecnología, a puro pulmón, rompiendo en ocasiones, en el tema de las hortalizas el ciclo frío que llevan las hortalizas, y que tienen estos señores que bajar a pulmón 30, 40 toneladas de hortalizas en cada camión. Y son cientos de miles de camiones que a diario bajan.
Hace unos días leí que en los puntos de revisión en el sureste del país estaban aplicando una tecnología en los puntos de revisión para detectar indocumentados, creo que estos equipos de rayos equis son muy caros. Por que no llevarlos al norte, evitar quizás algunos puntos de revisión innecesarios, quitar algunos de ellos, y poner, no sé, en la frontera con Estados Unidos en Benjamín Gil, o en Nogales, o en Agua Prieta o en Tijuana y evitar los del resto del país y modernizarlos, en la aduana.
Tengo información porque fui alcalde y ayudé a modernizar los puntos de revisión de Sinaloa, que los productores agrícolas están dispuestos a meterle dinero. El gobierno municipal está dispuesto, el gobierno del Estado también, y por que no convocar a los organismos internacionales del combate contra el narcotráfico a que pudiera darnos recursos para modernizar esos puntos de revisión.
De verás, esos puntos de revisión son necesarios modernizarlos, es necesario darles mejores condiciones a los miembros del Ejército para que puedan llevar acabo su tarea en mejores condiciones y que el tráfico que es lento, y que nos cuesta muchísimo a los mexicanos, podamos eficientarlo.
Yo quiero pedirles, de veras, a mis compañeros senadores el apoyo para que este punto de acuerdo pueda salir de urgente y obvia resolución, porque para nosotros es muy molesto, en todos sentidos: en el social, en el económico, en el político, los puntos de revisión no quisiéramos tenerlos, pero ya una vez aceptándolos, quisiéramos que estos de veras tuvieran una atención especial por los tres niveles de gobierno. Muchas gracias, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Tiene el uso de la palabra doña Rosario Ibarra para rectificar hechos.

-LA C. SENADORA ROSARIO YBARRA DE LA GARZA: Compañeros senadores y senadoras aquí se está hablando de hortalizas y de productos y de muchísimas cosas, yo les quiero hablar de seres humanos.
He recorrido todo el país en muchísimas ocasiones y los retenes que están desde hace mucho, no son muy nuevos, son una verdadera plaga, una enfermedad para los que circulamos pro el país, para los que vamos por el país.
Están los soldados como arbolitos, cada metro y medio, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, y bajan de los autobuses a toda la gente, a gente humilde y la maltratan y verdaderamente quiero decirles que se pongan a pensar si el narcotráfico no se pasa, o con permiso del reten, o sin permiso del retén por donde le da la gana.
Aquí de lo que se trata, lo que yo siento, lo que yo he observado, lo que he visto, es que se trata de intimidar la inconformidad creciente de los pobres de este país, que los soldados estén en todas partes para que no haya esa inconformidad latente que hay en el pueblo mexicano por la miseria, por el hambre, por todo lo que está pasando en el país.
Yo defiendo la posición de que no haya retenes, de que si hay retenes sean policías desarmados, que estén por ahí vigilando, pero en forma culta, caray, en forma educada a la gente y no la maltraten, y que no tengan esa prepotencia con la que están todos los militares actuando.
Va uno a la puerta del Campo Militar Número Uno, va uno a cualquier cuartel y la tratan muy mal, tremendamente mal. Lo he dicho porque me han tratado mal, aun en la puerta del Campo Militar cuando he ido a entregar un oficio.
Así es de que yo creo que se le está dando al Ejército un papel que no debe de tener, un Ejército que otrora fue bueno, un Ejército que se portó bien, que forjó a este país desde hace muchos años, le han ido cambiando la mentalidad, y yo los escuché gritar en la Selva Lacandona: A los indios zapatistas los vamos a matar, les vamos a cortar los brazos, la lengua. Así los entrenan al estilo yanqui, al estilo gringo, al estilo de los matones que van a Irak y de toda la gente que mata a personas en el mundo. Yo sí estoy en contra de los retenes militares. Gracias, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Senador Tomás Torres tiene usted el uso de palabra para rectificar hechos.
-EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO: Resulta evidente la polémica que genera el tema, particularmente por dos razones: la historia de nuestro país tiene que ver con desencuentros, pero tiene que ver también con prestigios y desprestigios de las instituciones nacionales.
La proposición que ha traído el senador Elías y que ha signado conjuntamente como proponente también nuestro amigo el senador Mario López, surge como se ha señalado de un hecho fáctico, de una realidad que seguramente con claridad no hemos dicho en la tribuna.
La presencia de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado o no, tiene que ver con la incapacidad manifiesta de las corporaciones policíacas y de las instancias investigatorias que la Constitución Política le reconoce esa facultad, específicamente al Ministerio Público y las policías que de el dependen.
Sí dijimos que ha habido espectacularidad en las acciones para el combate al crimen organizado, ahora más que eficiencia, pero no ha habido un reconocimiento expreso, sobre todo de la mirada que la Procuraduría General de la República tiene que darse hacia adentro de la grave corrupción que carcome el más delgado y el más robusto de los pilares que soporta a esa institución, que es la encargada de investigar y de perseguir el delito.
Mi participación tiene que ver con algo que ya se dijo. El artículo 129 de la Constitución Política es imperativo, es claro, es categórico; las fuerzas armadas habrán de participar sólo en aquello que tenga exacta conexión con la disciplina militar; pero tenemos también un hecho fáctico, los encargados de combatir, de investigar y perseguir el delito, no están haciendo lo que debe hacerse.
Me parece que es oportuno que digamos, que con toda la espectacularidad que pueda anunciarse, que en 90 días presentará el Ejecutivo Federal su plan integral para el combate a la delincuencia, es que, está llevando a los miembros de las Fuerzas Armadas en México a un desgaste innecesario.
Sin que haya una propuesta en absoluto, que toque los niveles investigatorio, de enjuiciamiento penal y menos todavía, y menos todavía, de ejecución de penas.
Vinculo mi participación, también, al hecho de que primero, mediáticamente procurarán ambientar el tema del plan integral de seguridad pública. Como primero dirán, que los senadores y las senadoras, están discutiendo en la mesa, el decanto, la descarga del narcomenudeo a las autoridades estatales, pero nadie reconoce que el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, ya recogen estos tipos delictivos, pero que el Gobierno Federal, no ha hecho nada.
Ese es el tema, eso es lo que está en el centro. Adecuemos si la norma no resuelve la realidad que vivimos. Porqué no empezamos, también, por proponer, adecuar el marco normativo y que no nos venza el argumento de que la realidad nos está superando y más cuando reiteradamente coincidimos todos… todo, todo, señor presidente, conforme a la ley....
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Muchas gracias, senador...., Aprobada la propuesta: ¡Comuníquese!

Fuente: Senado de la República.

EL EJERCITO Y LA CONSTITUCION

Héctor Aguilar Camin escribe en Milenio Diario, 26 de febrero de 2007:

Leí que según el artículo 129 de la Constitución el Ejército no puede combatir al narco, como lo está haciendo. Según el artículo 129, las órdenes que ha dado este gobierno al Ejército serían inconstitucionales.
El artículo 129 de la Constitución dice lo siguiente: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Hay que estirar mucho la liga para que combatir al narco sea una función de “exacta conexión con la disciplina militar”. Mucho más habría que estirarla para que fueran constitucionales las tareas del Ejército a la hora de desastres naturales. ¿Qué “exacta conexión con la disciplina militar” puede haber en el salvamento de damnificados?
El artículo 129 no deja espacio a la duda ni a la interpretación. Uno presiente en este artículo, redactado en 1917, que el constituyente estaba prohibiendo al Ejército hacer política, salirse de sus rutinas castrenses, es decir: rebelarse. Pero eso no está escrito en el artículo 129. Puede ser el espíritu de la ley, pero no es la ley.
Así pues, según el artículo 129, poner al Ejército a combatir al narco no es constitucional. Pero según el artículo 89 de la misma Constitución, sí. El artículo 89 de la Constitución dice:
“Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: [...]
VI. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
En ninguna parte de la Constitución, creo, dice que el Presidente es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero dice que puede disponer “de la totalidad” de ella “para la seguridad interior”.
La “seguridad interior” puede no tener, como en el caso del narco o de los desastres naturales, “exacta conexión con la disciplina militar”. Lo cual pone en conflicto el artículo 129 con el 89.
¿No sería la hora que la Academia Mexicana de la Lengua revisara la Constitución, desde el punto de vista lógico y gramático, e hiciera a la Suprema Corte una sugerencia de cambios de redacción que empataran, sin dejar espacio a la duda, el espíritu y la letra del texto fundacional del país?
La Constitución tiene contradicciones de texto y sentido que un escritor promedio de estos días no dejaría coexistir en el peor de sus libros. Se puede escribir mejor y ser más claro que el constituyente de 17.(hasta ahí el texto)
Pero, ¿que dice la Jurisprudencia?

Registro No. 903754

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Apéndice 2000

I, Jur. acciones de Inconstitucionalidad y C.C.

Página: 121

Tesis: 143

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).-
La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Novena Época:

Acción de inconstitucionalidad 1/96.-Leonel Godoy Rangel y otros.-5 de marzo de 1996.-Once votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000. véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.

Registro No. 920178
Localización: Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Apéndice (actualización 2001)

I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.

Página: 85

Tesis: 83

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional
EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).-
La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Novena Época:

Acción de inconstitucionalidad 1/96.-Leonel Godoy Rangel y otros.-5 de marzo de 1996.-Once votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.

Por otro lado, Jorge Carrasco Araizaga escribe ara la agencia APRO: Ejército, el riesgo de “la normalidad”, señala que:

"Un 40 por ciento del territorio nacional está, oficialmente, bajo el despliegue dominado por los militares (...) "La Sedena no ha dado una cifra precisa sobre el número de efectivos desplazados en esos territorios (... empero,) En total, de acuerdo con lo dicho por Galván y las versiones de prensa, poco más de 25 mil efectivos están actualmente desplazados."
Lo único que se puede decir, de acuerdo con los datos expuestos por el investigador Sergio Aguayo en un reciente encuentro académico sobre seguridad fronteriza realizado en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, es que esos lugares representan el 22 por ciento de la población y el 39 por ciento del territorio.2

Armas para Venezuela

Un reportaje de Simón Romero para el periódico The New York Times: Venezuela Spending on Arms Soars to World’s Top Ranks* , publicado este domingo 25 de febrero señala que el gasto de Venezuela en armas ha crecido hasta llegar a $4,3000 millones de dólares a lo largo de los últimos dos años, con lo que se convierte en el mayor comprador de armas en América Latina y, lo que es más, se coloca delante de otros grandes compradores en mercados internacionales de armas, como Pakistán e Irán.
La fuente del reportaje es un informe de The Defense Intelligence Agency (DIA) área de inteligencia del Departamento de la Defensa emitido el mes de enero, quien estima que las compras de armas por parte de Venezuela, a lo largo de los últimos dos años, en $4,300 millones, lo cual equivale a más de los $3,000 millones que gastó Pakistán y los $1,700 millones de Irán en el mismo periodo.
El teniente general Michael D. Maples, director del DIA en una reciente reunión ante la Cámara de Representantes dirigió la atención hacia ''los planes de Chávez por neutralizar la influencia de Estados Unidos a lo largo de todo el hemisferio'', contrastando a Chávez con la ''izquierda reformista'', ejemplificada por la presidente de Chile, Michelle Bachelet, agrega el reportaje
Y como es de esperarse la escalada en el gasto en armas ha generado pues severas críticas por parte de la administración Bush, la cual dice que la acumulación es un problema con potencial desestabilizador en Sudamérica y que es mucho más de lo que haría falta tan sólo para la defensa interna.
Ahora, quizás tambien preocupe a Washington que el mayor vendedor de armas a Venezuela sea Rusia. En 2005, Venezuela firmó contratos millonarios con los rusos para la adquisición de aviones caza tipo Sukhoi, helicópteros de transporte y de combate, así como rifles de asalto. Aunado a lo anterior, están los planes para abrir la primera fábrica de rifles Kalashnikov en América Latina, enfocada a la producción de los rifles de diseño ruso en la ciudad de Maracay.
La información publicada en The New York Times, de alguna manera esta confirmada por la misma agencia de prensa rusa RIA Novosti. Un cable fechado en Moscú el 10 de febrero señala que las exportaciones de armas rusas en 2006 sumaron unos 6 mil millones de dólares, y uno de los compradores rusos además de Argelia, China, Republica Checa e Irak (con intermediación de Polonia), Bangladesh e Indonesia es Venezuela. ("pequeños lotes de helicópteros han sido adquiridos por Sudán, México y Burkina Faso", dice el comunicado).
Agrega la nota informativa que Rusia ha cerrado con Venezuela dos paquetes de acuerdos por 3 mil millones de dólares; compró 24 cazas multifuncionales SU-30MKV, 38 helicópteros de distintos tipos, 100 mil fusiles de asalto AK-103 y las plantas de producción de fusiles y de cartuchos."
Empero, más allá de Rusia, Venezuela también está considerando una empresa conjunta con Irán - concretamente con el presidente Mahmud Ahmadinejad- su aliado más cercano fuera de América Latina, para construir una aeronave patrulla que sería pilotada mediante un control remoto.
El general Raúl Isaías Baduel, ministro de la Defensa de Venezuela, declaró ante reporteros en fecha reciente que el proyecto enfocado a la construcción de la aeronave podría ser usado para apuntalar la vigilancia fronteriza y combatir la destrucción del ambiente en Venezuela. Aunado a lo anterior, Venezuela está fortaleciendo sus vínculos militares con Cuba, enviando oficiales y soldados allá para que reciban entrenamiento.
Oficiales de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Venezuela afirman que las adquisiciones de armas, aviones caza y helicópteros de combate, se debe a que Venezuela debe fortalecer sus defensas para contrarrestar una potencial agresión militar de E UU:
''Estados Unidos ha intentado paralizar nuestro poderío aéreo'', dijo, en una entrevista, el General Alberto Muller Rojas, uno de los integrantes del gabinete general del presidente Hugo Chávez, citando un reciente esfuerzo por parte de la administración Bush enfocado a impedir que Venezuela adquiera refacciones para aviones F-16, comprados en los años 80. ''Nos estamos sintiendo amenazados y como cualquier nación soberana, estamos tomando medidas para reforzar nuestra defensa territorial''.
Ahora bien, la reorganización de la estrategia militar de Venezuela, incluye la creación de una enorme fuerza de reservistas civiles y ayuda militar a sus aliados regionales, como Bolivia, ha formado parte de una relación en constante deterioro con EE UU:
Empero, la administración Bush ha negado en repetidas ocasiones que tenga plan alguno para atacar Venezuela, que es una de las mayores fuentes de petróleo. Sin embargo, persiste cierta desconfianza hacia ese tipo de declaraciones luego que la Administración apoyara tácitamente un golpe militar que, en el 2002, removió brevemente a Chávez del poder.
Críticas internas:
La escalada en el gasto en armas no sólo le ha generado severas críticas en EE UU sino queya desató un debate dentro de Venezuela, además de que la inquietud ha crecido entre sus vecinos, y es que las compras de armas podrían poner de cabeza los balances regionales de poder o dar origen a un nuevo tráfico ilícito de armas a lo largo de las porosas fronteras de Venezuela.
Agrega el reportaje de Simón Romero, que José Sarney, el ex presidente de Brasil y uno de los senadores de mayor prominencia, provocó un revuelo esta semana cuando citaron sus palabras en el diario brasileño O Globo, al tiempo que describía la forma de gobierno de Venezuela como ''populismo militar'' y ''un regreso a los años 50'', cuando Venezuela estaba gobernada por el caudillo militar Marcos Pérez Jiménez. ''Venezuela está comprando armas que no constituyen una amenaza para EE UU, pero que desequilibran las fuerzas dentro del continente'', dijo Sarney, al tiempo que subrayo: "No podemos permitir que Venezuela se convierta en una potencia militar''.
Con todo, funcionarios del gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han dudado en criticar públicamente las adquisiciones de armas por parte de Venezuela. Ese tema aún es delicado luego que la empresa brasileña Embrear perdiera un trato para vender aeronaves militares a Venezuela, debido a que los aviones incluyen tecnología estadounidense.
Detractores de las compras de armas afirman que éstas se están llevando a cabo con escasa participación o discusión por parte de la Asamblea Nacional, que le permite gobernar por decreto.
El reportaje del Times, recoge la voz de Ricardo Sucre, politólogo por la Universidad Central de Venezuela, quien dijo que la falta de transparencia había acrecentado la inquietud de que Chávez pudiera estar armando a porciones del ejército, a la nueva reserva civil y a partidarios como el Frente Francisco Miranda (una organización civil compuesta por jóvenes formados en Cuba leales a Chávez), que serían leales a él en caso de producirse fracturas dentro de las fuerzas armadas.
El informe de International Crisis Group
Aunado a eso, un reciente estudio difundido el 22 de febrero por el International Crisis Group señala que las tendencias autocráticas del presidente Chávez, sitúan a su país en ''riesgo serio'' de caer en un conflicto interno, que se vería agravado si disminuyeran los ingresos del sector petrolero.
Crisis Group -ONG-, dedicada al análisis de conflictos en todo el mundo dice que Chávez continúa polarizando a la sociedad venezolana, al tiempo que desmonta los mecanismos de control del sistema democrático.
El informe explica (http://www.crisisgroup.org) que, después de ocho años en el poder, el dirigente venezolano tiene que afrontar la creciente frustración social por la alta criminalidad que vive el país, la ineficacia del Gobierno y la corrupción, y el distanciamiento de las distintas facciones políticas.
Hace hincapié en que, con el disfraz de la democracia ''directa'' o ''participativa'', Chávez está debilitando progresivamente los mecanismos de control del sistema político.
''El régimen chavista no es todavía una dictadura, pero muestra fuertes tendencias autocráticas'', asegura el responsable del International Crisis Group para la región de Colombia y los Andes, Markus Schultze-Kraft. ''Todos los niveles del poder están en manos de Chávez, y sólo en sus manos'', recalca este analista.
El informe denuncia que instituciones clave, como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral y también las Fuerzas Armadas han ido cayendo bajo el dominio exclusivo del presidente y sus más leales seguidores y que oficiales militares ocupan puestos tradicionalmente reservados a civiles.
Alude también a los programas sociales denominados ''misiones'', que están permitiendo a Chávez ganar apoyos entre los más pobres, así como al creciente control de la economía, no limitado al sector petrolero, y a la presión cada vez mayor sobre los medios de comunicación y las ONG críticas con su gestión.
El informe tambien muestra preocupación por la proliferación de grupos armados, como los colectivos chavistas de Caracas y el Frente Francisco Miranda, pero también la Guardia de Reserva Nacional y Territorial creada por Chávez, independiente del estamento militar.
Y lo más grave es que según el International Crisis Group, algunos de estos grupos pueden acabar convertidos en mafias criminales.
Todo ello coincide de alguna manera con el informe presentado en Washington DC por Christopher Langton, director de la publicación The Military Balance que anualmente publica el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos.
El informe 2007 http://www.iiss.org/publications/the-military-balance señala que "hay informes de que (Venezuela también) estaba entregando fusiles AK-103 a las fuerzas armadas bolivianas"
En la rueda de prensa, Langton no señaló la fuente de esos informes (ahora sabemos que son del Pentágono), pero dijo que esa afirmación se basaba en las condiciones políticas de Venezuela y Bolivia, la aspiración de Chávez de consolidar su "revolución bolivariana" .
*The NYT; February 25, 2007
Venezuela Spending on Arms Soars to World’s Top Ranks
By SIMON ROMERO
CARACAS, VENEZUELA, Feb. 24 — Venezuela’s arms spending has climbed to more than $4 billion in the past two years, transforming the nation into Latin America’s largest weapons buyer and placing it ahead of other major purchasers in international arms markets like Pakistan and Iran.
Venezuelan military and government officials here say the arms acquisitions, which include dozens of fighter jets and attack helicopters and 100,000 Kalashnikov assault rifles, are needed to circumvent a ban by the United States on sales of American weapons to the country.
They also argue that Venezuela must strengthen its defenses to counter potential military aggression from the United States.
“The United States has tried to paralyze our air power,” Gen. Alberto Muller Rojas, a member of President Higo Chávez’s general staff, said in an interview, citing a recent effort by the Bush administration to prevent Venezuela from acquiring replacement parts for American F-16s bought in the 1980s. “We are feeling threatened and like any sovereign nation we are taking steps to strengthen our territorial defense,” he said.
This retooling of Venezuela’s military strategy, which includes creation of a large civilian reserve force and military assistance to regional allies like Bolivia, has been part of a steadily deteriorating political relationship with the United States.
The Bush administration has repeatedly denied that it has any plans to attack Venezuela, one of the largest sources of oil for the United States. But distrust of such statements persists here after the administration tacitly supported a coup that briefly removed Mr. Chávez from office in 2002.
Venezuela’s escalation of arms spending, up 12.5 percent in 2006, has brought harsh criticism from the Bush administration, which says the buildup is a potentially destabilizing problem in South America and is far more than what would be needed for domestic defense alone.
The spending has also touched off a fierce debate domestically about whether the country needs to be spending billions of dollars on imported weapons when poverty and a surging homicide rate remain glaring problems. Meanwhile, concern has increased among Venezuela’s neighbors that its arms purchases could upend regional power balances or lead to a new illicit trade in arms across Venezuela’s porous borders.
José Sarney, the former Brazilian president and a leading senator, caused a stir this week when he was quoted in the newspaper O Globo as describing Venezuela’s form of government as “military populism” and “a return to the 1950s,” when Venezuela was governed by the army strongman Marcos Pérez Jiménez.
“Venezuela is buying arms that are not a threat to the United States but which unbalance forces within the continent,” Mr. Sarney said. “We cannot let Venezuela become a military power.”
Still, officials in the administration of President Luis inácio Lula da Silva of Brazil have been hesitant to publicly criticize Venezuela’s arms purchases.
The issue remains delicate after the Brazilian company Embraer lost a deal to sell military aircraft to Venezuela because the planes included American technology.
After turning unsuccessfully to Brazil and Spain for military aircraft, Venezuela has become one of the largest customers of Russia’s arms industry.
Since 2005, Venezuela has signed contracts with Russia for 24 Sukhoi fighter jets, 50 transport and attack helicopters, and 100,000 assault rifles. Venezuela also has plans to open Latin America’s first Kalashnikov factory, to produce the Russian-designed rifles in the city of Maracay.
A report in January by the Pentagon’s Defense Intelligencia Agencia, pegged Venezuela’s arms purchases in the past two years at $4.3 billion, ahead of Pakistan’s $3 billion and Iran’s $1.7 billion in that period.
In a statement before the House Intelligence Committee, Lt. Gen. Michael D. Maples, the director of the Defense Intelligence Agency, called attention to Mr. Chávez’s “agenda to neutralize U.S. influence throughout the hemisphere,” contrasting Mr. Chávez with the “reformist left” exemplified by President Michelle Bachelet of Chile.
Beyond Russia, Venezuela is also considering a venture with Iran, its closest ally outside Latin America, to build a remotely piloted patrol aircraft. Gen. Raúl Isaías Baduel, the Venezuelan defense minister, recently told reporters that the project to build 20 of the aircraft could be used to bolster border surveillance and combat environmental destruction in Venezuela. Venezuela is also strengthening military ties with Cuba, sending officers and soldiers there for training.
Supporters of the arms buildup contend that under Mr. Chávez, who has been in power for eight years, Venezuela has spent proportionately less on its military in relation to the size of its economy than the United States or than other South American countries like Chile and Colombia.
In 2004, the last year for which comparative data were immediately available and before Venezuela’s arms buildup intensified, overall defense spending by Venezuela, including arms contracts, was about $1.3 billion and accounted for about 1.4 percent of gross domestic product, compared with 4 percent in the United States and 3.8 percent in Colombia, according to the Stockholm International Peace Research Institute, which tracks military spending.
Doubts persist as to how powerful Venezuela’s armed forces have become in a regional context, even as they acquire new weapons. Military experts here say pilots in the air force still need training to start flying their new Russian fighters. And in terms of troop strength, Venezuela’s 34,000-soldier active-duty army still lags behind the armies of Argentina and Brazil, with about 41,400 and 200,000 members respectively, according to GlobalSegurity.org , a Web site that compiles data on military topics.
Pro-Chávez analysts also say the president is less adventurous in relation to military policy outside Venezuela than predecessors like Luis Herrera Campíns, who supported Argentina in the Falklands War in 1982 to detract attention from a decline in oil revenue and climbing inflation.
But critics of the arms purchases say they are being made with little participation from or discussion with the National Assembly, which recently allowed Mr. Chávez to govern by decree for 18 months.
Ricardo Sucre, a political scientist at the Central University of Venezuela, said that the lack of transparency of the weapons contracts had heightened concern that Mr. Chávez could be arming parts of the army, the new civilian reserve and partisans like the Frente Francisco de Miranda, a pro-Chávez political group, that would be loyal to him in the event of fractures within the armed forces.
General Muller Rojas, the president’s military adviser, said concern about the arms purchases was overblown, pointing to reports that Venezuela was considering an acquisition of nine diesel-powered submarines from Russia for about $3 billion.
He said the navy had “aspirations” for more submarines, but that no “concrete plan” for such a large contract had been developed.
“We simply have an interest in maintaining peace and stability,” General Muller Rojas said, describing the Caribbean as a crucial to its military influence. “We have no intent of using the Venezuelan armed forces to repress human rights.”

El terrorista como director de cine

Excelente texto de Michael Ignatieff: El terrorista como director de cine/M.Ignatieff, es director del Centro Carr de Política de Derechos Humanos en la Universidad de Harvard;

Fue publicado en El Pais, 28/11/2004;

Traduccion de M.L. Rodriguez Tapia.

Ultimamente, cuando uno ve los informativos de televisión, se encuentra muchas veces con un nuevo tipo de vídeo casero: unos hombres encapuchados, con cuchillos y armas de fuego, y, delante de ellos, unas figuras arrodilladas, que suplican por su vida. Ruegan, lloran, inclinan la cabeza, y luego, en general, mueren. Así ha sido desde que obligaron a Daniel Pearl a repetir: "Mi padre es judío. Mi madre es judía. Yo soy judío", antes de morir decapitado.
Gracias a los responsables de los informativos de televisión, no solemos ver casi nunca las imágenes hasta su truculenta conclusión, pero la versión completa de estas películas, reproducida en CD, se vende estupendamente en el mercado de Bagdad. Los verdugos llevan guantes. No quieren mancharse las manos con la sangre de los infieles.
Grotescas parodias Por lo visto, fueron los rebeldes chechenos los primeros en filmar estas grotescas parodias de la justicia islámica. Ahora existe un mercado dedicado a estos espectáculos tan sanguinarios, en los que las bandas de criminales proporcionan el factor fundamental: el secuestro de extranjeros en Irak para venderlos a grupos terroristas como el que dirige Abu Musab al Zarqaui, Tawhid y Yihad.
Los terroristas han entendido enseguida que la cámara tiene el poder de captar un acto atroz y convertirlo en una imagen que provoque escalofríos a todo el planeta. Con ello, han descubierto un arma nueva y fundamental.
Antes de Irak habían existido muchas rebeliones llenas de violencia -en Argelia, contra los franceses; en Kenia, contra los británicos; en Vietnam, contra los estadounidenses-, pero ninguna utilizaba la cámara como instrumento de terror. El secuestro fue el arma preferida de los grupos armados en Líbano desde los años setenta. Pero no exhibían a sus rehenes en los informativos de la noche.
Ahora nos encontramos con el terrorista como director de cine. Un hombre secuestrado hace poco en Irak contaba, al ser liberado, con qué cuidado y entusiasmo habían preparado los terroristas su aparición en vídeo: hacia dónde debían apuntar las armas, cuál tenía que ser el fondo, dónde debía arrodillarse, qué palabras debía pronunciar.
El uso de las cámaras de vídeo como arma es nuevo, pero los terroristas contemporáneos siempre han intentado explotar el poder de las imágenes. La mejor película que se ha hecho sobre terrorismo -La batalla de Argel (1965), de Gillo Pontecorvo- se rodó a instancias de un terrorista.
Saadi Yacef, líder de la célula insurgente en la kasbah de Argel que aplastaron los franceses en 1957, sobrevivió a la captura y, después de la independencia de Argelia, sugirió a Pontecorvo que hiciera una película basada en la historia de su vida.
Yacef ayudó a producir el filme e incluso se interpretó a sí mismo en la pantalla. Si por él hubiera sido, el resultado habría sido pura propaganda. Pero Pontecorvo tenía una visión más profunda, y el resultado es una obra maestra que justifica los actos terroristas y, al mismo tiempo, muestra sin contemplaciones el coste de ese terrorismo, incluso para la causa que defiende.
Yacef no fue más que el primer empresario teatral del terror. Detrás de él vino Lutiff Afif, o Isa, según le llamaban, jefe de la banda que capturó a los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Presumido, con sus gafas de sol y su sombrero de ala ancha, utilizó las cámaras de la televisión mundial para organizar un espectáculo del horror que obligó a todo el mundo a prestar atención a la causa palestina. En el momento de su muerte, durante el desastroso tiroteo ocurrido en un aeropuerto alemán, el terror ya estaba superado. Había logrado una victoria propagandística.
Además del terrorista como empresario de espectáculos, recordemos que también tenemos al torturador como artista de vídeo. Las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib nunca estuvieron destinadas al uso privado. Algunas pretendían animar a otros torturadores. Y algunas estaban dirigidas a otros prisioneros, para advertirles de lo que les aguardaba si no cooperaban. La imagen digital -fija o en movimiento- se ha convertido en un instrumento de coacción para los interrogatorios.
En Irak, la imagen ha sustituido al argumento; incluso se puede decir que la imagen de atrocidades se ha convertido en su propio argumento. Cuando se ve una imagen horrorosa detrás de otra, da la impresión de que no sólo la sigue, sino que la justifica. De Abu Ghraib a las decapitaciones, y a la inversa, los espectadores nos vemos atrapados en un bucle, un espanto que suscita otro, en un torbellino cada vez más oscuro y sin fin.
Las viejas preguntas sobre la guerra de Irak -¿era legal?, ¿era necesaria?, ¿era un último recurso?- ya no tienen sentido. Lo importante, ahora, es saber si existe alguna forma de salir del torbellino, de esa barbarie que se alimenta sin cesar a sí misma y que no se sabe dónde acaba.
Es difícil dar una respuesta. Sabemos que estamos atrapados en el torbellino, pero ni siquiera entendemos qué es lo que nos arrastra hacia el fondo. Lo único que podemos ver claramente es nuestra complicidad embrutecedora. Los responsables de los informativos de televisión siguen cortando los peores momentos, pero, a lo largo de los últimos 25 años, nos han ido ahorrando cada vez menos cosas: ahora vemos a verdaderos seres humanos rogando por su vida.
Terrorismo pornográfico Esto es terrorismo como pornografía, y actúa igual que la pornografía: al principio, hace que el público, a su pesar, se sienta curioso y excitado; después, avergonzado, tal vez degradado y, por último, quizá indiferente. Y el público de estas crueldades es universal. Un holandés que posee una página web con imágenes violentas y sexualmente explícitas, en la que difunde las decapitaciones, dice -con un estilo inimitable- que "durante periodos de trágicos acontecimientos como las decapitaciones", en vez de las 200,000 visitas diarias que son habituales, tiene hasta 720,000.
Seguramente, la capacidad de degradación de estas imágenes no es lo más importante. Es más significativa la reflexión política que merece este nuevo tipo de reality show. Desde el punto de vista comercial, estos vídeos son auténticos carteles de reclutamiento para la insurrección iraquí. Los vídeos anuncian que el grupo que los ha realizado es el más salvaje de todos, y eso sirve para atraer nuevos miembros y para fomentar la captura de víctimas.
Además, los vídeos anuncian que, en un país ocupado, no existen los extranjeros inocentes. Las víctimas francesas, tal vez, se creían inocentes porque creían que la política de su país lo había sido; las víctimas italianas, porque no eran más que unas personas humanitarias que siempre habían estado en contra de la guerra. Las víctimas musulmanas quizá creían que eran inocentes precisamente por ser musulmanas.
Una de las víctimas más recientes, Margaret Hassan, directora de CARE International en Irak, tenía sólidos motivos para considerarse inocente. Su marido es iraquí y ella llevaba 30 años viviendo en el país, donde había construido clínicas y había creado una unidad de lesiones de columna. Los pacientes de sus clínicas salieron en silla de ruedas a la calle, con pancartas en árabe en las que pedían su liberación. Si alguien tenía derecho a lo que el Convenio de Ginebra llama "inmunidad civil", era Margaret Hassan. Pero su inocencia era precisamente la razón para secuestrarla [luego fue asesinada]. Su vídeo fue una bomba arrojada contra nuestra esperanza de que los extranjeros puedan hacer el bien en Irak. Dado que Margaret Hassan estaba casada con un iraquí, el vídeo en el que apareció suplicando por su vida era, además, una advertencia a los iraquíes que sientan la tentación de trabajar con gente decente como ella: cualquiera que se relacione con un infiel deja de ser inocente.
Los rituales de humillación que representan estos vídeos -algunos rehenes están enjaulados, otros encadenados, otros con los mismos monos naranjas que llevan los presos de Guantánamo- pretenden dar satisfacción al sector del público árabe educado en la retórica de la humillación musulmana. Esta propaganda vuelve a situar un milenio de compleja relación entre el mundo musulmán y el no musulmán en el contexto de una larga letanía de vergüenza, primero a manos de los cruzados; luego, de los imperialistas franceses y británicos, y, por último, de los israelíes y sus amos estadounidenses. El snuff movie es la revancha. La única forma de acabar con la humillación, dicen estos vídeos, es infligirla a otra persona. Un mensaje que tiene gran éxito en los bazares de Bagdad.
Es dudoso que la humillación justifique la decapitación, pero mucha gente opina que sí la explica. En One day in september, un documental que seguía al último superviviente del grupo palestino que capturó a los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, el decrépito terrorista quería hacernos comprender que la acción era consecuencia de las humillaciones de su infancia en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, en Líbano, y se veían las imágenes correspondientes de la triste vida del refugiado.
Humillación ¿Pero qué es lo que explica eso? Esas escenas pueden aclarar por qué se unió al grupo, pero ¿nos ayudan a comprender por qué fue capaz de observar, impávido, cómo un deportista israelí, herido en el tiroteo, se desangraba lentamente hasta morir en el suelo? ¿Explican por qué, con todos sus camaradas muertos y sin que la causa palestina haya avanzado un centímetro hacia la estatalidad, el viejo terrorista nos dice que volvería a actuar como en Múnich? Por lo visto, lo único que de verdad justifica la humillación es no tener que decir nunca lo siento.
Los nuevos vídeos de humillación retributiva y ejecuciones revanchistas y purificadoras llevan la justificación a un nivel sin precedentes. Consisten, sobre todo, en rebajar el umbral humano de repugnancia para hacer que los espectadores se sientan legitimados. Ved lo que hemos hecho, parecen decir los encapuchados: hemos decapitado a una persona en televisión. Y ahora, a ver qué podéis hacer vosotros. Los vídeos utilizan la humillación del infiel para crear una sensación de legitimidad. Después de verlos, un joven iraquí puede decirse: verdaderamente, todo está permitido.
Al llegar aquí, si es que todavía están leyendo, es posible que ya no aguanten más. ¿Por qué tenemos que comprender estas cosas?, pensarán. ¿Por qué no podemos llamar a las cosas por su nombre y comportarnos en consecuencia? Esto se llama Mal.
A muchos les molesta esta palabra, porque creen que impide comprender los agravios más profundos en los que se nutren el resentimiento y la violencia. Es verdad que sería muy útil que fuéramos capaces de comprender las raíces de la humillación musulmana, y que es difícil comprender nada si lo único que queremos es condenar. Pero conviene defender la frontera que separa la comprensión de la justificación y la explicación. Y eso es lo que hace la palabra "Mal". Defiende esa frontera.
En cualquier caso, la comprensión total es cosa de Dios. Es demasiado difícil -y, en cierto sentido, no lo suficientemente importante- comprender por qué un ser humano puede poner un cuchillo en la garganta de otro y cortarle la cabeza. Lo único que podemos decir es que los seres humanos hacen esas cosas, siempre las han hecho y siempre las harán. Como afirma un personaje de Shakespeare, el asesinato es cosa de hombres.
Decapitaciones La pregunta que sí podemos contestar es por qué la decapitación -o todos los demás instrumentos del arsenal del terrorista, como los coches bomba que se estrellan contra colas de iraquíes en busca de empleo como policías- tiene sentido desde el punta de vista político. Y lo tiene.
Un terrorista como es debido -y no hay duda de que Al Zarqaui lo es- nos conoce mejor que nosotros a él. Sabe que la única forma de forzar la retirada de Estados Unidos es influir en la voluntad política de un electorado que, ya dividido y a regañadientes, ha enviado allí a sus hijos.
Ahí es donde sus imágenes se convierten en arma de guerra, en una manera de poner a prueba -y, seguramente, destruir- la voluntad estadounidense. Cuenta con nuestra repugnancia moral y la sensación de inutilidad que sucede a la repugnancia. La repugnancia moral es el primer paso para quebrar la voluntad de continuar la lucha.
No vamos a ponernos sentimentales al hablar de la virtud o los escrúpulos de Estados Unidos. Las democracias pueden ser tan despiadadas como las sociedades autoritarias, y los estadounidenses no han sido precisamente ángeles en la guerra contra el terrorismo, como demuestran claramente las imágenes de Abu Ghraib. Ahora bien, la democracia estadounidense puede estar dispuesta a cometer atrocidades para defenderse, pero está sujeta a los límites de la repugnancia moral, que tiene sus raíces en dos siglos de instituciones libres. Esa capacidad de repugnancia fue la que sostuvo las protestas populares que acabaron obligándonos a salir de Vietnam.
Al Zarqaui se toma este aspecto con cinismo: las verdades que nosotros consideramos obvias son las que él confía en utilizar en nuestra contra. Cree que preferimos volver a casa que luchar contra el mal. ¿De verdad estamos dispuestos a descender al torbellino para derrotarle? Él apuesta a que no.
Además, calcula que, pase lo que pase, no puede perder. Si nos quedamos, también ha demostrado estar seguro -y Abu Ghraib confirma que es muy perceptivo- de que vamos a ayudarle a infligirnos una derrota ignominiosa al volvernos tan bárbaros como él. Los vídeos son una especie de suprema tentación moral, una trampa ética en la que espera que caigamos. Todo está permitido, nos dice. Si queréis vencerme, tendréis que uniros a mí.
Al final, cualquier terrorista espera que su adversario se convierta en hermano de infamia. Si sucumbimos a la tentación, habrá ganado. Pero se olvida de una cosa: la decisión no es suya, sino nuestra.

Comentario de Ahmed Rashid sobre Al Qaeda

La resurrección de Al Qaeda/Ahmed Rashid, periodista paquistaní y autor del libro Los taliban

Tomado de El País, 25/02/2007);

Todas las suposiciones displicentes que se hicieron sobre Al Qaeda antes del 11-S eran erróneas, al igual que casi todas las que se hacen hoy día sobre dicha organización terrorista, puesto que sigue constituyendo la amenaza más peligrosa contra la seguridad internacional, tanto para el mundo occidental como para el islámico. Algunas lumbreras querrían hacernos creer que Al Qaeda se ha convertido en una organización blanda a causa de la persecución sin tregua a la que la somete el espionaje occidental. Sin embargo, Osama Bin Laden no está bajo tierra, ni ha perdido contacto con su organización.
Al Qaeda no se ha echado a dormir, ni se ha transformado en una agrupación sensiblera que compita con YouTube para conseguir más visitas en sus páginas web. Tampoco se ha metamorfoseado en una especie de organización ideológica o inspiradora que se limite a animar a grupos copiones de jóvenes musulmanes para que emulen sus grandes éxitos. En 2004, Al Qaeda se adjudicó el falso mérito de derrocar al Gobierno español, y ahora se está adjudicando el de obligar a dimitir al primer ministro italiano, Romano Prodi.
El año pasado, el número dos de la organización, el médico egipcio Ayman al Zawahiri, emitió 15 discursos importantes en cinta de audio o de vídeo, probablemente más que el presidente de EE UU, George W. Bush. Zawahiri ha tratado con todo detalle cómo debería prepararse Al Qaeda para el Irak posterior a la ocupación estadounidense, cómo se debe luchar en la guerra de Somalia y cómo preparar nuevos atentados en Europa. Esto no es propio de alguien que ha perdido contacto con su base, sino de un hombre que sopesa sus palabras cuidadosamente, como un general que apresta a sus tropas para la batalla.
En 2007, Al Qaeda seguirá ampliando sus objetivos básicos de derrotar a Occidente, provocar el cambio de régimen en el mundo musulmán y extender sus ejércitos y seguidores a más países en todo el mundo para acelerar el advenimiento de su sueño de un califato mundial gobernado por Al Qaeda.
Antes del 11-S, Al Qaeda sólo estaba presente en Afganistán y Pakistán. Hoy se ha convertido una vez más en una amenaza para estos dos países, y además tiene una poderosa presencia en Irak, Somalia, Arabia Saudí, Argelia y Sudán, por no hablar de sus bases permanentes en el continente europeo.
Su principal cometido, al igual que antes del 11-S, es adiestrar, organizar y motivar a ejércitos de terroristas y combatientes para conquistar territorios y mantenerlos bajo control. En Irak empezó de cero tras la invasión estadounidense de 2003, y ahora es capaz de atraer a voluntarios de todo el mundo para convertirlos en terroristas suicidas. Irak se ha transformado en campo de entrenamiento y en cartel de reclutamiento.
O fijémonos en Afganistán, donde los talibanes y Al Qaeda, que eran los amos del país antes del 11-S, fueron derrotados sumariamente y huyeron en tropel a Pakistán. Ahora los talibanes han vuelto y son capaces de movilizar a 8,000 soldados en el campo de batalla, como hicieron el verano pasado. Los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos calculan que hay menos de 100 militantes de Al Qaeda árabes y de línea dura en la región de Pakistán y Afganistán, que han ayudado a los talibanes a renovarse.
Entre estos árabes hay hombres de finanzas, recaudadores de fondos y traficantes que pueden conseguir el mejor precio en Dubai o Teherán para la heroína que producen los talibanes. Pero también hay entrenadores, expertos en explosivos, o genios de la tecnología que enseñan el último grito en comunicaciones indetectables y producen DVD de promoción de tecnología puntera que se fabrican a millones y que se distribuyen de manera casi gratuita.
Este puñado de árabes ha reconstruido una red global en los territorios fronterizos de Afganistán y Pakistán, capaz de atraer y adiestrar a musulmanes de origen británico o francés, o de enviar a aprendices talibanes a entrenar en los campos de batalla iraquíes. Estos árabes funcionan como un equipo estratégico organizado, pero son autosuficientes, tienen iniciativa como para desarrollar sus propias tácticas y cada uno de ellos está capacitado para actuar por su cuenta.
Los talibanes están reconquistando el territorio perdido, lo cual desconcierta a los Gobiernos de la OTAN y a EE UU, mientras que las provincias fronterizas de Pakistán se han convertido en centros logísticos y de entrenamiento importantes para Al Qaeda. Hace tiempo que el presidente del país, Pervez Musharraf, renunció a perseguir a Bin Laden, y sus servicios de espionaje permiten que los talibanes reúnan dinero, armas y reclutas. Pakistán se ha convertido en central del terrorismo. Los zares del espionaje de EE UU y del Reino Unido solían decir que Bin Laden y Zawahiri viven a lo largo “de la frontera afgano-paquistaní”, y ahora sólo señalan a Pakistán. Tanto los atentados perpetrados por terroristas suicidas británicos en el metro de Londres en 2005 como la conspiración del avión de Heathrow el año pasado tuvieron su origen en Pakistán. El director del MI5, el general Eliza Manningam-Buller, afirma que de los 1,600 militantes y 200 redes que está vigilando, un número “considerable” tiene conexiones con dicho país.
Pakistán se ha convertido en un Estado más blando desde el 11-S. El Gobierno militar no ha dado pasos decididos para implantar una democracia auténtica, ni tampoco ha actuado como un régimen militar duro. Se enfrenta a los militantes y a la vez se acuesta con ellos. Y el peligro de que Estados africanos fracasados como Somalia y Sudán caigan también en manos de los grupos locales de Al Qaeda no deja de crecer.
No obstante, las células de Al Qaeda que se cultivan con más cuidado son las que están en Europa. El grupo terrorista, curtido en la utilización de los medios de comunicación, sabe que una explosión en Madrid equivale a 10 en Riad o Nueva Delhi. Su objetivo son los jóvenes musulmanes enajenados, que son la consecuencia de tres décadas de política de integración fallida de los Gobiernos europeos.
Sin embargo, si hay que señalar a un solo individuo como responsable de la expansión continua de Al Qaeda, ése es el presidente Bush. El fracaso de la política estadounidense en Oriente Próximo y Afganistán, la incapacidad de reconstruir un país después de invadirlo, el apoyo a las acciones de Israel en Líbano y la creación de una situación de guerra civil en los territorios palestinos han engendrado una ira sin precedentes en el mundo islámico.
En 2001 no había choque de civilizaciones entre el islam y Occidente, sino una panda de terroristas locos que perpetraron un atentado espectacular en territorio estadounidense. Hoy día, cada vez está más cerca el peligro de una guerra de civilizaciones tanto dentro del mundo islámico, entre suníes y chiíes y entre extremistas y moderados, como entre Occidente y los países del islam.