El Presidente Calderón en el Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Viernes, 20 de Marzo de 2009 Discurso
Ciudad de México
Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ciudadanas y ciudadanos Presidentes Estatales de las Comisiones de Derechos Humanos del país.
Señoras y señores Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Señora Diputada Omeheira López Reyna, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados.
Señoras y señores legisladores.
Apreciables miembros del presídium.
Señoras y señores:
A nombre de la República recibo, en este acto solemne, el Informe que rinde el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fiel al compromiso asumido ante el pueblo de México, de cumplir y hacer cumplir las leyes, daremos como hemos dado a sus señalamientos y recomendaciones, el curso considerado como debido.
Estoy convencido, señor Presidente, señoras y señores, que si queremos transformar a México en un país donde impere la ley, donde se respeten los derechos humanos, es claro que la sociedad y las autoridades del Estado mexicano debemos unir esfuerzos.
Yo reconozco la importante labor que ha desempeñado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de manera destacada su Presidente, el doctor José Luis Soberanes, porque se ha desempeñado en orden de consolidar los derechos fundamentales como cimiento y pilar de nuestra democracia.
Es con ese ánimo que hoy recibimos aquí, en la casa de todos los mexicanos, el Informe de Labores que presenta el Ombudsman al Poder Ejecutivo y, por su conducto, desde luego, ante la Nación.
Desde el inicio de esta Administración nos propusimos transformar a México en un país de leyes, donde los derechos humanos fuesen plenamente respetados. Y el primer paso para lograr esa transformación ha sido el reconocer nuestros problemas para, a partir de una evaluación realista y objetiva de la situación, trazar alternativas de solución.
Coincido con el doctor Soberanes en que el principal reto que enfrenta México en materia de derechos humanos es la construcción de un Estado de Derecho eficaz; la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública representan, en sí mismas, la principal amenaza a los derechos humanos de todos los mexicanos.
Por décadas, estos problemas crecieron hasta convertirse en una amenaza para la sociedad y un desafío para el Estado y sus instituciones.
En particular, la delincuencia escaló sus capacidades financieras, operativas y de armamento, y debilitó a las autoridades locales en algunos puntos del país.
Esta vulnerabilidad de la fuerza de la autoridad local dejaba a los ciudadanos en estado de indefensión, por lo que la seguridad pública y la vulnerabilidad, insisto, de quien está obligado a hacerla velar, son un tema que rebasa a la mera seguridad pública local y se transforman en un tema de seguridad interior del país, que de acuerdo con la Constitución, el velar por ella, está dentro de las facultades y las atribuciones, las obligaciones, incluso, que la propia Carta Magna atribuye a nuestras Fuerzas Armadas.
Y por eso, con el fin de apoyar de manera subsidiaria a las autoridades locales, la presencia de las Fuerzas Federales, y en particular, del Ejército y la Marina Armada de México, se volvió no sólo posible, justa, legítima, sino indispensable.
Como usted bien lo señalara en algunas otras ocasiones, señor Presidente, el retiro de los militares de las calles no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado en tales lugares.
Y coincido plenamente con el Ombudsman, en que la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal y el señalamiento a mi juicio debe hacerse, en todo caso y fundamentalmente, a las autoridades que son las responsables de, a su vez, escalar las capacidades técnicas, operativas y de recursos humanos, a fin de dotar, precisamente, a las policías locales, encargadas de velar en primerísima instancia por la seguridad de los ciudadanos, a quienes gobiernan y representan, de las herramientas y los instrumentos acordes a las circunstancias de inseguridad y de criminalidad que sufre la ciudadanía.
He tenido como Presidente siempre presente la disyuntiva: o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen, ignorar, como se hizo durante mucho tiempo y se hace en muchos lugares lo que ahí ocurre, como asumiendo que de esa tolerancia vendrá mecánicamente la paz, o bien, asumir con la fuerza del Estado y con los riesgos que implica esta alternativa, asumir la autoridad y la fuerza; la fuerza Federal a su plena capacidad para, precisamente, ponerse del lado de los ciudadanos, protegerles de cualquier amenaza y fortalecer la vida institucional del país que pone en peligro, precisamente, la impunidad en la actuación del crimen organizado.
Lo hemos hecho así y lo hemos hecho, así como la Comisión de Derechos Humanos ha actuado, incluso, a costa y al riesgo de sus críticos, nosotros también hemos actuado aún a costa de los riesgos, críticas e incomprensión que esto conlleva.
La presencia de las Fuerzas Federales en cumplimiento de su misión constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y en auxilio de las autoridades civiles, responsables de las tareas inmediatas de Seguridad Pública y Procuración y Administración de Justicia, han, precisamente, permitido poner a México en la ruta de un camino largo, difícil, costoso, sí; pero absolutamente necesario de recorrer, de fortalecer su vida institucional, y andarlo sin descanso, hasta ver plenamente restablecida, restaurada la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
Este dilema, precisamente, de dejar, simplemente, a la posibilidad y competencia local o de las propias autoridades civiles con las limitaciones, que son evidentes para todos, utilizar la fuerza del Estado para hacerle frente a la criminalidad y proteger a los ciudadanos, ha sido fundamentalmente el dilema de la política pública en materia de seguridad.
Claramente, de manera determinada, este Gobierno ha optado por lo segundo; ha optado por utilizar la fuerza del Estado para proteger a los ciudadanos y fortalecer la vida institucional del país y las autoridades encargadas, primariamente, de la seguridad pública.
Desde el primer momento de este Gobierno en que vimos, precisamente en su justa dimensión, el problema que acuciosamente ha señalado el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el más grave de la sociedad mexicana, el problema de seguridad pública.
Y hasta el último momento, y déjenme poner a ustedes, amigas y amigos, un ejemplo que espero sea descriptivo de las razones que han motivado al Estado Mexicano a esta decisión.
Una de las muchas ciudades que, ciertamente, han estado amagadas, asoladas, amenazadas, la ciudadanía ha sido la Ciudad de Monterrey, una de las más importantes del país. Y ahí peligrosas bandas de delincuentes y de criminales, han amagado a la población e incluso tomaron represalias en contra del propio Ejército Mexicano.
Y en un acto de barbarie indescriptible, atentaron contra la vida, torturaron y asesinaron a nueve militares pertenecientes a esa VII Zona Militar en la ciudad metropolitana de Monterrey.
No sólo ello, el mismo líder y criminal de esa banda atentó en actos terroristas contra la sociedad, contra instituciones civiles, contra el Consulado de los Estados Unidos, por ejemplo, o contra medios de comunicación, como fue el lanzamiento de granadas a las instalaciones de la empresa Televisa Monterrey.
Y quiero comentar esto porque, precisamente, la labor del Estado es, precisamente, poner todos los medios a su alcance para proteger a los ciudadanos y salvaguardar la seguridad de los mismos.
Lo comento porque, precisamente hace unos minutos, hace unas horas ya, ha sido el Ejército mexicano el que en un operativo realizado en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, ha logrado la captura del narcotraficante Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, que es, precisamente, el responsable directo de la tortura y ejecución de estos militares, el responsable de los atentados al Consulado de los Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa Monterrey, según las propias pesquisas e investigaciones de inteligencia seguidas por la Procuraduría General de la República y por el Ejército Mexicano.
La captura de este peligroso delincuente, que tiene que pagar, precisamente, por lo que ha hecho a la sociedad mexicana, y de varios de sus secuaces, no hubiese sido posible en las circunstancias actuales, sin la valiosa ayuda del Ejército Mexicano.
No niego, amigas y amigos, que tenemos un problema grave, y por eso, desde el primer día de este Gobierno lo hemos enfrentado con determinación.
Pero también me parece fundamental por el bien de México poner este problema en su justa dimensión.
Por ejemplo, a partir de la implementación de operativos conjuntos, precisamente en ciudades y lugares atinadamente referidos por el Ombudsman, como lugares donde la ciudadanía siente el mayor riesgo y peligro, a partir de operativos conjuntos, la violencia en lugares como Tijuana, como Culiacán y Ciudad Juárez, se ha reducido en forma considerable.
Simplemente, para mencionar esta última, la ciudad, Ciudad Juárez, donde los hechos ocurridos han dañado severamente, no sólo la tranquilidad de sus habitantes, sino la imagen de México, a partir, nuevamente de la intervención de las Fuerzas Federales en el mes de marzo, los crímenes, la criminalidad en general y, en particular, los homicidios en esa ciudad se han reducido en un 73 por ciento.
De manera tal que yo reconozco la seriedad y la valentía con la que se señalan las insuficiencias, pero también estimo pertinente en bien de la objetividad y la verdad que merecen conocer los ciudadanos, reconocer los avances de manera ponderada en la lucha contra la inseguridad.
La lucha que libramos los mexicanos por la seguridad de todos, ha tenido precisamente como principio básico el pleno respeto a los derechos humanos.
La batalla que hoy encabeza el Gobierno Federal contra el crimen tiene, precisamente, el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan éstos gozar, y a plenitud, de sus derechos fundamentales.
Hemos asumido el firme compromiso de velar porque cada política pública y cada acto del Gobierno Federal se dé en el marco de los derechos fundamentales.
Quiero referirme a algunos ejemplos:
En primer lugar. Hemos emprendido una reforma que será fundamental en su implementación al sistema de seguridad y de justicia del país. Y lo hacemos, además, acompañado de una estrategia en materia de seguridad, que contempla acciones y metas de corto, de mediano y de largo plazo.
En el corto plazo, hemos apoyado, como he dicho a las autoridades locales a recuperar su fortaleza para poder enfrentar a la criminalidad, como ya lo he mencionado.
Pero esto es, insisto, en el corto plazo y subrayo, además, el compromiso de temporalidad en las acciones de las Fuerzas Armadas del país, en tanto, precisamente las instituciones civiles, las policías, los Ministerios Públicos, estén en la capacidad logística de confiabilidad y de operación, suficientes para enfrentar, por sí solas, a la criminalidad.
La acción, precisamente, de la Fuerza Federal, integrantes de la fuerza pública que acompaña intrínsecamente a la naturaleza del Estado, tiene, precisamente, esa perspectiva de temporalidad.
En el mediano plazo estamos emprendiendo acciones, como la depuración y el fortalecimiento de instituciones ministeriales y policiales, así como el escalamiento de su capacidad tecnológica y presupuestal para hacer frente a la criminalidad.
Hoy, tanto en la Policía Federal, en el Ministerio Público Federal y en las Fuerzas Armadas se está haciendo una labor de control de confianza al personal que ocupa los cargos más sensibles, y en esto llevamos un avance de más del 45 por ciento.
Y como objetivo de largo plazo, estamos trabajando en el rediseño institucional de nuestro sistema de seguridad, capacitando a policías, a militares, a Ministerios Públicos en, precisamente, el conocimiento no sólo de la destreza en el manejo de los instrumentos a su cargo, sino y sobre todo, en el conocimiento y una cultura de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Estamos, a la vez, formando a nuevas generaciones de policías y Ministerios Públicos profesionales y confiables.
Lo hacemos porque sabemos que si una tarea cumplida debe dejar este Gobierno es, precisamente, el poner en manos de los ciudadanos policías y Ministerios Públicos confiables, capaces, eficaces.
Asimismo, también, hemos dado un seguimiento cercano a la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y celebramos que en cada una de sus acciones refrenda su compromiso, precisamente, con la legalidad y la protección de los más indefensos.
Y a la vez, buscamos que a través de reformas legales más ambiciosas, podamos dar a los mexicanos instituciones de justicia renovadas para poner punto final a la impunidad y, precisamente, proteger sus derechos humanos.
Como Presidente de la República habré de revisar puntualmente lo que aquí ha comentado el Presidente de la Comisión, y analizaré con detenimiento el contenido del Informe para poder dar seguimiento, en el ámbito de la responsabilidad del Gobierno Federal, a sus observaciones y recomendaciones.
Coincido, a mi manera de ver, con muchos y en sustancia en una parte, sé que no en todo, con la propia Comisión, en el sentido de que la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal nos permitirá transitar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mucho más transparente, que restablezca el equilibrio entre las partes en el proceso penal, haga válido el principio de presunción de inocencia y brinde plenas garantías a los derechos de las víctimas, que hasta ahora han sido en una buena parte olvidadas en los procesos.
En segundo lugar. Las instituciones de seguridad y justicia del Gobierno Federal refuerzan sus medidas de protección de los derechos fundamentales, en el marco del Programa de Derechos Humanos 2008-2012.
Como ya lo ha señalado el Comisionado, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, han puesto en marcha acciones sin precedentes para fortalecer la cultura de respeto a los derechos fundamentales entre todos sus elementos.
Y como lo mencionó el doctor Soberanes, en esta Administración existe una renovada disposición de nuestras Fuerzas Armadas para colaborar en la solución de las denuncias y el seguimiento de las observaciones que presentan, por una parte, los ciudadanos y, por otra, que formula la autoridad en la materia.
Prueba de ello es que tanto Defensa, como la Armada, han creado instancias internas encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos, dentro y fuera de sus filas; pero aún a pesar de la gravedad y de los agravios y agresiones que las Fuerzas Armadas han sufrido, como las que he descrito, se han comportado no sólo con apego a la legalidad, sino con una enorme fortaleza para proteger los derechos humanos, incluso, de las personas que son capturadas por su conducto.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública ha brindado protección especial a defensores de derechos humanos, a periodistas y medios de comunicación, a líderes sociales e indígenas, de acuerdo con solicitudes de la Comisión Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además se firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de formar y certificar a instructores de derechos humanos y elaborar protocolos que capaciten a los policías federales en los estándares internacionales del uso legítimo y proporcional de la fuerza en el combate a la delincuencia.
En tercer lugar. Estamos trabajando y tendremos que reforzar este esfuerzo para defender de manera más efectiva el derecho a la libertad de expresión, especialmente de los periodistas, que es un derecho que también ha sido seria, gravemente amenazado por el crimen organizado.
Claramente la principal amenaza a esta libertad, a la labor del periodismo y de los comunicadores proviene más que del Estado y de sus instituciones, de las organizaciones criminales.
Por eso, y para proteger la voz de nuestros informadores, presentamos desde octubre pasado al Poder Legislativo, una iniciativa de reforma al Artículo 73 Constitucional, para establecer la competencia de la Federación en el caso de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
En cuarto. Tenemos un firme compromiso en favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género. En 2008 ejercimos un presupuesto de más de dos mil millones para asegurar la correcta implementación de la nueva Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
Y hemos puesto en marcha programas que permiten la incorporación de cientos de miles de mujeres trabajadoras al mercado de trabajo, con programas como el de Estancias Infantiles, que atiende a más de 225 mil niños de un número semejante de madres trabajadoras.
En suma, el Gobierno Federal recibe con respeto y con atención el Informe que rinde el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se compromete a seguir trabajando y a demostrar con hechos este compromiso inquebrantable en la lucha por garantizar los derechos básicos de cada mexicano.
La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, que debe comprometer y convocar a todos; y sólo generando una nueva cultura de legalidad y de respeto a los demás, podremos construir un México donde los derechos fundamentales valgan y se hagan valer.
Señor Presidente, amigas y amigos:
Las acciones y reformas que se están impulsando tienen un propósito fundamental, una visión de largo plazo, que va más allá de cualquier coyuntura y que es transformar a México en un país de leyes.
En esta tarea ha sido y seguirá siendo fundamental la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo quiero reconocer, en el doctor José Luis Soberanes a una persona comprometida con el país, fiel a sus propias convicciones, entre las que destaca, sin lugar a dudas, los derechos humanos.
Un hombre que ha sido capaz, en el cumplimiento de su deber, de afrontar críticas e incomprensión por la defensa, precisamente de los principios y de las ideas que han motivado su compromiso al frente de la Comisión.
Un hombre que ha defendido, frente al poder y ante la sociedad y en nombre de ella, los derechos humanos de los mexicanos y de cualquier persona que esté en nuestro territorio.
Estoy convencido de que si sabemos encontrar el punto de colaboración entre todos los que estamos obligados a desempeñar una responsabilidad pública, donde vaya implícita y explícitamente la tarea, el deber de velar y respetar por los derechos humanos, sé que sabremos avanzar en esta causa.
Y no sólo ello, sé que podremos alcanzar otros objetivos también anhelados por los mexicanos como son: el de contar con un México seguro, libre, que sea verdadera expresión de la legalidad y del derecho, lo podremos hacer sin violentar, si no antes bien, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
Estoy convencido que es hora de redoblar esfuerzos y de sumar voluntades, para poder construir ese México respetuoso de los derechos fundamentales, y que a la vez será, como estoy seguro que será, un México seguro, un México libre, un México mucho más justo, y mucho más democrático; y en su construcción no sólo la convicción, la exigencia y el compromiso de los mexicanos, sino del cumplimiento del deber que el Gobierno tiene con esa tarea y, por supuesto, la labor infatigable, responsable, decidida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tal y como la ha desempeñado su Presidente, son elementos fundamentales del futuro.
Felicito al señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al doctor José Luis Soberanes.
Recibo y tomo puntual nota del Informe de la Comisión y auguro el mejor de los éxitos, no sólo a esta fortalecida y noble Institución del derecho y de la sociedad mexicana, sino también a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, que cada una, en el ámbito de su competencia, está haciendo, precisamente, su tarea, está cumpliendo con su deber de velar por las garantías de todos los mexicanos.
Enhorabuena. Muchísimas gracias.
Viernes, 20 de Marzo de 2009 Discurso
Ciudad de México
Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ciudadanas y ciudadanos Presidentes Estatales de las Comisiones de Derechos Humanos del país.
Señoras y señores Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Señora Diputada Omeheira López Reyna, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados.
Señoras y señores legisladores.
Apreciables miembros del presídium.
Señoras y señores:
A nombre de la República recibo, en este acto solemne, el Informe que rinde el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fiel al compromiso asumido ante el pueblo de México, de cumplir y hacer cumplir las leyes, daremos como hemos dado a sus señalamientos y recomendaciones, el curso considerado como debido.
Estoy convencido, señor Presidente, señoras y señores, que si queremos transformar a México en un país donde impere la ley, donde se respeten los derechos humanos, es claro que la sociedad y las autoridades del Estado mexicano debemos unir esfuerzos.
Yo reconozco la importante labor que ha desempeñado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de manera destacada su Presidente, el doctor José Luis Soberanes, porque se ha desempeñado en orden de consolidar los derechos fundamentales como cimiento y pilar de nuestra democracia.
Es con ese ánimo que hoy recibimos aquí, en la casa de todos los mexicanos, el Informe de Labores que presenta el Ombudsman al Poder Ejecutivo y, por su conducto, desde luego, ante la Nación.
Desde el inicio de esta Administración nos propusimos transformar a México en un país de leyes, donde los derechos humanos fuesen plenamente respetados. Y el primer paso para lograr esa transformación ha sido el reconocer nuestros problemas para, a partir de una evaluación realista y objetiva de la situación, trazar alternativas de solución.
Coincido con el doctor Soberanes en que el principal reto que enfrenta México en materia de derechos humanos es la construcción de un Estado de Derecho eficaz; la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública representan, en sí mismas, la principal amenaza a los derechos humanos de todos los mexicanos.
Por décadas, estos problemas crecieron hasta convertirse en una amenaza para la sociedad y un desafío para el Estado y sus instituciones.
En particular, la delincuencia escaló sus capacidades financieras, operativas y de armamento, y debilitó a las autoridades locales en algunos puntos del país.
Esta vulnerabilidad de la fuerza de la autoridad local dejaba a los ciudadanos en estado de indefensión, por lo que la seguridad pública y la vulnerabilidad, insisto, de quien está obligado a hacerla velar, son un tema que rebasa a la mera seguridad pública local y se transforman en un tema de seguridad interior del país, que de acuerdo con la Constitución, el velar por ella, está dentro de las facultades y las atribuciones, las obligaciones, incluso, que la propia Carta Magna atribuye a nuestras Fuerzas Armadas.
Y por eso, con el fin de apoyar de manera subsidiaria a las autoridades locales, la presencia de las Fuerzas Federales, y en particular, del Ejército y la Marina Armada de México, se volvió no sólo posible, justa, legítima, sino indispensable.
Como usted bien lo señalara en algunas otras ocasiones, señor Presidente, el retiro de los militares de las calles no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado en tales lugares.
Y coincido plenamente con el Ombudsman, en que la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal y el señalamiento a mi juicio debe hacerse, en todo caso y fundamentalmente, a las autoridades que son las responsables de, a su vez, escalar las capacidades técnicas, operativas y de recursos humanos, a fin de dotar, precisamente, a las policías locales, encargadas de velar en primerísima instancia por la seguridad de los ciudadanos, a quienes gobiernan y representan, de las herramientas y los instrumentos acordes a las circunstancias de inseguridad y de criminalidad que sufre la ciudadanía.
He tenido como Presidente siempre presente la disyuntiva: o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen, ignorar, como se hizo durante mucho tiempo y se hace en muchos lugares lo que ahí ocurre, como asumiendo que de esa tolerancia vendrá mecánicamente la paz, o bien, asumir con la fuerza del Estado y con los riesgos que implica esta alternativa, asumir la autoridad y la fuerza; la fuerza Federal a su plena capacidad para, precisamente, ponerse del lado de los ciudadanos, protegerles de cualquier amenaza y fortalecer la vida institucional del país que pone en peligro, precisamente, la impunidad en la actuación del crimen organizado.
Lo hemos hecho así y lo hemos hecho, así como la Comisión de Derechos Humanos ha actuado, incluso, a costa y al riesgo de sus críticos, nosotros también hemos actuado aún a costa de los riesgos, críticas e incomprensión que esto conlleva.
La presencia de las Fuerzas Federales en cumplimiento de su misión constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y en auxilio de las autoridades civiles, responsables de las tareas inmediatas de Seguridad Pública y Procuración y Administración de Justicia, han, precisamente, permitido poner a México en la ruta de un camino largo, difícil, costoso, sí; pero absolutamente necesario de recorrer, de fortalecer su vida institucional, y andarlo sin descanso, hasta ver plenamente restablecida, restaurada la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
Este dilema, precisamente, de dejar, simplemente, a la posibilidad y competencia local o de las propias autoridades civiles con las limitaciones, que son evidentes para todos, utilizar la fuerza del Estado para hacerle frente a la criminalidad y proteger a los ciudadanos, ha sido fundamentalmente el dilema de la política pública en materia de seguridad.
Claramente, de manera determinada, este Gobierno ha optado por lo segundo; ha optado por utilizar la fuerza del Estado para proteger a los ciudadanos y fortalecer la vida institucional del país y las autoridades encargadas, primariamente, de la seguridad pública.
Desde el primer momento de este Gobierno en que vimos, precisamente en su justa dimensión, el problema que acuciosamente ha señalado el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el más grave de la sociedad mexicana, el problema de seguridad pública.
Y hasta el último momento, y déjenme poner a ustedes, amigas y amigos, un ejemplo que espero sea descriptivo de las razones que han motivado al Estado Mexicano a esta decisión.
Una de las muchas ciudades que, ciertamente, han estado amagadas, asoladas, amenazadas, la ciudadanía ha sido la Ciudad de Monterrey, una de las más importantes del país. Y ahí peligrosas bandas de delincuentes y de criminales, han amagado a la población e incluso tomaron represalias en contra del propio Ejército Mexicano.
Y en un acto de barbarie indescriptible, atentaron contra la vida, torturaron y asesinaron a nueve militares pertenecientes a esa VII Zona Militar en la ciudad metropolitana de Monterrey.
No sólo ello, el mismo líder y criminal de esa banda atentó en actos terroristas contra la sociedad, contra instituciones civiles, contra el Consulado de los Estados Unidos, por ejemplo, o contra medios de comunicación, como fue el lanzamiento de granadas a las instalaciones de la empresa Televisa Monterrey.
Y quiero comentar esto porque, precisamente, la labor del Estado es, precisamente, poner todos los medios a su alcance para proteger a los ciudadanos y salvaguardar la seguridad de los mismos.
Lo comento porque, precisamente hace unos minutos, hace unas horas ya, ha sido el Ejército mexicano el que en un operativo realizado en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, ha logrado la captura del narcotraficante Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, que es, precisamente, el responsable directo de la tortura y ejecución de estos militares, el responsable de los atentados al Consulado de los Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa Monterrey, según las propias pesquisas e investigaciones de inteligencia seguidas por la Procuraduría General de la República y por el Ejército Mexicano.
La captura de este peligroso delincuente, que tiene que pagar, precisamente, por lo que ha hecho a la sociedad mexicana, y de varios de sus secuaces, no hubiese sido posible en las circunstancias actuales, sin la valiosa ayuda del Ejército Mexicano.
No niego, amigas y amigos, que tenemos un problema grave, y por eso, desde el primer día de este Gobierno lo hemos enfrentado con determinación.
Pero también me parece fundamental por el bien de México poner este problema en su justa dimensión.
Por ejemplo, a partir de la implementación de operativos conjuntos, precisamente en ciudades y lugares atinadamente referidos por el Ombudsman, como lugares donde la ciudadanía siente el mayor riesgo y peligro, a partir de operativos conjuntos, la violencia en lugares como Tijuana, como Culiacán y Ciudad Juárez, se ha reducido en forma considerable.
Simplemente, para mencionar esta última, la ciudad, Ciudad Juárez, donde los hechos ocurridos han dañado severamente, no sólo la tranquilidad de sus habitantes, sino la imagen de México, a partir, nuevamente de la intervención de las Fuerzas Federales en el mes de marzo, los crímenes, la criminalidad en general y, en particular, los homicidios en esa ciudad se han reducido en un 73 por ciento.
De manera tal que yo reconozco la seriedad y la valentía con la que se señalan las insuficiencias, pero también estimo pertinente en bien de la objetividad y la verdad que merecen conocer los ciudadanos, reconocer los avances de manera ponderada en la lucha contra la inseguridad.
La lucha que libramos los mexicanos por la seguridad de todos, ha tenido precisamente como principio básico el pleno respeto a los derechos humanos.
La batalla que hoy encabeza el Gobierno Federal contra el crimen tiene, precisamente, el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan éstos gozar, y a plenitud, de sus derechos fundamentales.
Hemos asumido el firme compromiso de velar porque cada política pública y cada acto del Gobierno Federal se dé en el marco de los derechos fundamentales.
Quiero referirme a algunos ejemplos:
En primer lugar. Hemos emprendido una reforma que será fundamental en su implementación al sistema de seguridad y de justicia del país. Y lo hacemos, además, acompañado de una estrategia en materia de seguridad, que contempla acciones y metas de corto, de mediano y de largo plazo.
En el corto plazo, hemos apoyado, como he dicho a las autoridades locales a recuperar su fortaleza para poder enfrentar a la criminalidad, como ya lo he mencionado.
Pero esto es, insisto, en el corto plazo y subrayo, además, el compromiso de temporalidad en las acciones de las Fuerzas Armadas del país, en tanto, precisamente las instituciones civiles, las policías, los Ministerios Públicos, estén en la capacidad logística de confiabilidad y de operación, suficientes para enfrentar, por sí solas, a la criminalidad.
La acción, precisamente, de la Fuerza Federal, integrantes de la fuerza pública que acompaña intrínsecamente a la naturaleza del Estado, tiene, precisamente, esa perspectiva de temporalidad.
En el mediano plazo estamos emprendiendo acciones, como la depuración y el fortalecimiento de instituciones ministeriales y policiales, así como el escalamiento de su capacidad tecnológica y presupuestal para hacer frente a la criminalidad.
Hoy, tanto en la Policía Federal, en el Ministerio Público Federal y en las Fuerzas Armadas se está haciendo una labor de control de confianza al personal que ocupa los cargos más sensibles, y en esto llevamos un avance de más del 45 por ciento.
Y como objetivo de largo plazo, estamos trabajando en el rediseño institucional de nuestro sistema de seguridad, capacitando a policías, a militares, a Ministerios Públicos en, precisamente, el conocimiento no sólo de la destreza en el manejo de los instrumentos a su cargo, sino y sobre todo, en el conocimiento y una cultura de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Estamos, a la vez, formando a nuevas generaciones de policías y Ministerios Públicos profesionales y confiables.
Lo hacemos porque sabemos que si una tarea cumplida debe dejar este Gobierno es, precisamente, el poner en manos de los ciudadanos policías y Ministerios Públicos confiables, capaces, eficaces.
Asimismo, también, hemos dado un seguimiento cercano a la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y celebramos que en cada una de sus acciones refrenda su compromiso, precisamente, con la legalidad y la protección de los más indefensos.
Y a la vez, buscamos que a través de reformas legales más ambiciosas, podamos dar a los mexicanos instituciones de justicia renovadas para poner punto final a la impunidad y, precisamente, proteger sus derechos humanos.
Como Presidente de la República habré de revisar puntualmente lo que aquí ha comentado el Presidente de la Comisión, y analizaré con detenimiento el contenido del Informe para poder dar seguimiento, en el ámbito de la responsabilidad del Gobierno Federal, a sus observaciones y recomendaciones.
Coincido, a mi manera de ver, con muchos y en sustancia en una parte, sé que no en todo, con la propia Comisión, en el sentido de que la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal nos permitirá transitar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mucho más transparente, que restablezca el equilibrio entre las partes en el proceso penal, haga válido el principio de presunción de inocencia y brinde plenas garantías a los derechos de las víctimas, que hasta ahora han sido en una buena parte olvidadas en los procesos.
En segundo lugar. Las instituciones de seguridad y justicia del Gobierno Federal refuerzan sus medidas de protección de los derechos fundamentales, en el marco del Programa de Derechos Humanos 2008-2012.
Como ya lo ha señalado el Comisionado, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, han puesto en marcha acciones sin precedentes para fortalecer la cultura de respeto a los derechos fundamentales entre todos sus elementos.
Y como lo mencionó el doctor Soberanes, en esta Administración existe una renovada disposición de nuestras Fuerzas Armadas para colaborar en la solución de las denuncias y el seguimiento de las observaciones que presentan, por una parte, los ciudadanos y, por otra, que formula la autoridad en la materia.
Prueba de ello es que tanto Defensa, como la Armada, han creado instancias internas encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos, dentro y fuera de sus filas; pero aún a pesar de la gravedad y de los agravios y agresiones que las Fuerzas Armadas han sufrido, como las que he descrito, se han comportado no sólo con apego a la legalidad, sino con una enorme fortaleza para proteger los derechos humanos, incluso, de las personas que son capturadas por su conducto.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública ha brindado protección especial a defensores de derechos humanos, a periodistas y medios de comunicación, a líderes sociales e indígenas, de acuerdo con solicitudes de la Comisión Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además se firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de formar y certificar a instructores de derechos humanos y elaborar protocolos que capaciten a los policías federales en los estándares internacionales del uso legítimo y proporcional de la fuerza en el combate a la delincuencia.
En tercer lugar. Estamos trabajando y tendremos que reforzar este esfuerzo para defender de manera más efectiva el derecho a la libertad de expresión, especialmente de los periodistas, que es un derecho que también ha sido seria, gravemente amenazado por el crimen organizado.
Claramente la principal amenaza a esta libertad, a la labor del periodismo y de los comunicadores proviene más que del Estado y de sus instituciones, de las organizaciones criminales.
Por eso, y para proteger la voz de nuestros informadores, presentamos desde octubre pasado al Poder Legislativo, una iniciativa de reforma al Artículo 73 Constitucional, para establecer la competencia de la Federación en el caso de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
En cuarto. Tenemos un firme compromiso en favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género. En 2008 ejercimos un presupuesto de más de dos mil millones para asegurar la correcta implementación de la nueva Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
Y hemos puesto en marcha programas que permiten la incorporación de cientos de miles de mujeres trabajadoras al mercado de trabajo, con programas como el de Estancias Infantiles, que atiende a más de 225 mil niños de un número semejante de madres trabajadoras.
En suma, el Gobierno Federal recibe con respeto y con atención el Informe que rinde el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se compromete a seguir trabajando y a demostrar con hechos este compromiso inquebrantable en la lucha por garantizar los derechos básicos de cada mexicano.
La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, que debe comprometer y convocar a todos; y sólo generando una nueva cultura de legalidad y de respeto a los demás, podremos construir un México donde los derechos fundamentales valgan y se hagan valer.
Señor Presidente, amigas y amigos:
Las acciones y reformas que se están impulsando tienen un propósito fundamental, una visión de largo plazo, que va más allá de cualquier coyuntura y que es transformar a México en un país de leyes.
En esta tarea ha sido y seguirá siendo fundamental la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo quiero reconocer, en el doctor José Luis Soberanes a una persona comprometida con el país, fiel a sus propias convicciones, entre las que destaca, sin lugar a dudas, los derechos humanos.
Un hombre que ha sido capaz, en el cumplimiento de su deber, de afrontar críticas e incomprensión por la defensa, precisamente de los principios y de las ideas que han motivado su compromiso al frente de la Comisión.
Un hombre que ha defendido, frente al poder y ante la sociedad y en nombre de ella, los derechos humanos de los mexicanos y de cualquier persona que esté en nuestro territorio.
Estoy convencido de que si sabemos encontrar el punto de colaboración entre todos los que estamos obligados a desempeñar una responsabilidad pública, donde vaya implícita y explícitamente la tarea, el deber de velar y respetar por los derechos humanos, sé que sabremos avanzar en esta causa.
Y no sólo ello, sé que podremos alcanzar otros objetivos también anhelados por los mexicanos como son: el de contar con un México seguro, libre, que sea verdadera expresión de la legalidad y del derecho, lo podremos hacer sin violentar, si no antes bien, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
Estoy convencido que es hora de redoblar esfuerzos y de sumar voluntades, para poder construir ese México respetuoso de los derechos fundamentales, y que a la vez será, como estoy seguro que será, un México seguro, un México libre, un México mucho más justo, y mucho más democrático; y en su construcción no sólo la convicción, la exigencia y el compromiso de los mexicanos, sino del cumplimiento del deber que el Gobierno tiene con esa tarea y, por supuesto, la labor infatigable, responsable, decidida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tal y como la ha desempeñado su Presidente, son elementos fundamentales del futuro.
Felicito al señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al doctor José Luis Soberanes.
Recibo y tomo puntual nota del Informe de la Comisión y auguro el mejor de los éxitos, no sólo a esta fortalecida y noble Institución del derecho y de la sociedad mexicana, sino también a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, que cada una, en el ámbito de su competencia, está haciendo, precisamente, su tarea, está cumpliendo con su deber de velar por las garantías de todos los mexicanos.
Enhorabuena. Muchísimas gracias.
***
Intervención de José Luis Soberanes en el Informe de Actividades 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Viernes, 20 de Marzo de 2009 Discurso
Señor Presidente de la República, abogado Felipe Calderón Hinojosa; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señores Secretarios de Gobernación, de la Defensa y de Marina.
Señoras y señores presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos; señoras y señores:
La evolución y el grado de cumplimiento de los derechos humanos es un signo directísimo de la calidad de la vida democrática de un país y de la evolución de su sociedad.
Junto con avances sustantivos y promisorios en el reconocimiento general de derechos fundamentales, tenemos que lamentar también en nuestro país, de casos de abierta transgresión a estos derechos consagrados por nuestro orden jurídico.
La libertad de tránsito, la de escribir y de expresar las ideas sin censura, la de reunirse, la de profesar las creencias que se deseen, forman parte indisociable de nuestro orden jurídico.
Alterarlas, ataca los cimientos mismos del estado social y democrático de Derecho, cuyas instituciones y gobiernos deben ser capaces de realizar sus tareas y cumplir con sus responsabilidades desde las garantías que da el Derecho. Ese es el enorme reto de México, de su Gobierno y de la sociedad toda.
Resultaría muy grave que se confundiera el ámbito de los derechos fundamentales, parte indispensable de nuestra vida política y social, con la de canonjías que pueden ser otorgadas o no de manera discrecional.
La CNDH no acepta ni aceptará jamás limitantes de derechos que no provengan de causales establecidas por nuestro propio orden jurídico.
Aún en momentos de gran dificultad como los aparejados a la crisis económica y los casos de violencia que actualmente afectan y atemorizan a muchos ciudadanos, debemos de ser capaces de hacer que prevalezca el cumplimiento de las leyes, no su mayor inobservancia. No es dable, en aras de reafirmar el rumbo, perder la brújula del Estado de Derecho.
En la relación entre ciudadano y el poder hay tensiones crecientes, fenómenos novedosos y sorprendentes que acompañan y alimentan la incertidumbre propia de estos tiempos difíciles. En la correcta aplicación del Derecho está la salida.
En un año tan complejo como lo fue el 2008, la CNDH documentó y exigió correctivos específicos en los casos en que documentó conductas lesivas y contrarias a los derechos humanos por parte de servidores públicos comprendidos en el ámbito de su tarea vigilante y defensora de los derechos fundamentales de los mexicanos.
En asuntos relativos a la seguridad pública, el año 2008 marcó un giro notable hacia una mejor y más clara disposición de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer frente a casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.
Señor Presidente:
En la relación institucional con la SEDENA no tiene por qué ser cómoda ni fácil, pero las tensiones y las dificultades corresponden cada vez más a la naturaleza de la materia que nos compete y no a la incomprensión o a la indiferencia.
Mucho honra a la SEDENA y a sus altos mandos el asumir y atender los señalamientos que hace la CNDH como órgano constitucional del Estado mexicano cuando se pide investigar y esclarecer conductas indebidas con motivo de las acciones en contra de la delincuencia organizada.
Debo señalar, sin embargo, que esta actitud responsable contrasta con la negación en que han incurrido otras autoridades cuando la CNDH ha documentado quejas procedentes de la ciudadanía.
Queremos que la vitalidad y la fuerza del país y de sus instituciones no resida jamás en la negación de sus problemas, sino en su cada vez más abierta disposición para analizarlos y plantearlos bajo el activo compromiso de hacerles frente hasta resolverlos, sin maniqueísmos ni maquillaje alguno.
Una opinión pública cada vez más consciente y madura, como lo es la mexicana, no puede ser el resultado de menos información. No hay mensajero inoportuno, lo mismo si se trata de alertar sobre la dimensión de nuestros males, que de fortalecer la certeza de nuestra siempre sorprendente cohesión social.
Durante el 2008 pudimos constatar el panorama de marcados claroscuros en el avance y en la observancia de los derechos fundamentales tienen sombras difíciles de desvanecer. Los hechos muestran que persisten prácticas contra la dignidad de las personas, en este contexto, derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos.
Los ajustes de cuentas, las pugnas entre miembros del crimen organizado, los secuestros y otros delitos, se han convertido en algo cotidiano. Hay ciudades del país como Tijuana, Juárez, Chihuahua y Culiacán, donde es imposible caminar sin el constante temor de que familiares, hijos o amistades, sean presas de la ola delictiva.
Esta realidad ha orillado a que grupos sociales y partidos pongan en la mesa de discusión propuestas tendentes al endurecimiento de sanciones, la reducción de las libertades e incluso medidas tan regresivas como es la pena de muerte, pasando por alto no sólo los compromisos internacionales que México ha asumido para el disfrute pleno de las garantías individuales, sino el hecho incontestable de que el principal problema desencadenante de la criminalidad es, precisamente, la impunidad.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vemos con atención que se discutan y debatan todos los temas, ya que ellos representan la materia prima para apuntalar los derechos fundamentales; al respecto tenemos que decir que siempre será sano para la democracia discutir de manera civilizada y abierta cualquier tema de interés público, pero hagámoslo con gran honestidad y sobre la base de la mayor objetividad posible.
Todos los días del 2008 fuimos testigos y a la vez actores de la búsqueda ciudadana para corregir acciones de autoridad que transgredieron las garantías individuales. Así, durante el 2008, la Comisión Nacional prestó más de 40 mil servicios al público en el Distrito Federal y atendió a más de cinco mil personas en nuestras oficinas foráneas en diversos puntos de la República.
Como consecuencia de lo anterior registramos seis mil cuatro quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Las autoridades que generaron el mayor número fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con mil 230; el Instituto Mexicano del Seguro Social con mil siete. Les siguieron la Procuraduría General de la República con 769; la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública con 284 y el Instituto Nacional de Migración con 258.
Recibimos 256 quejas por deficiencias en la atención a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 237 contra la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, se presentaron 216 quejas contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 191 contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal; y 189 contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En el mismo periodo, emitimos 67 recomendaciones. Los principales destinatarios fueron la Secretaría de la Defensa Nacional con 14; el Instituto Nacional de Migración con siete; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal con cinco.
Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de la CNDH, entre ellas, principalmente la Procuraduría General de la República, así como los gobernadores de los estados de Baja California, Sinaloa y Guerrero. Al lamentar estas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad, por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno.
En 2008, continuamos impulsando el acercamiento entre el quejoso y la autoridad responsable en un esfuerzo por pactar acuerdos de conciliación entre las partes y promover una cultura de diálogo y compromiso.
En esta materia, se concretaron 272 casos en los cuales las autoridades en cuestión aceptaron llegar a resoluciones conciliatorias y a restituir los derechos que habían sido conculcados. Por otra parte, firmamos 558 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en su mayor parte para realizar actividades de capacitación.
Aunque nuestra función principal es conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, los Ombudsman también buscamos consolidar una cultura de respeto a estos derechos, para fortalecer el sendero de la democracia. Por ello, durante 2008 impulsamos las tareas de promoción, divulgación y estudio, mediante la difusión de más de un millón 700 mil impresos de diversos tipos.
Asimismo, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los distintos sectores y grupos de la población, en materia de capacitación, se realizaron mil 463 acciones entre cursos, diplomados y talleres, que beneficiaron a más de 84 mil personas.
Debido a los alarmantes problemas de inseguridad, ya mencionados, el Ombudsman presentó el Segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública.
Esta investigación se elaboraron cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública; en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito, y en recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Es muy importante subrayar la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas; uno de los grupos más vulnerados por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios. Sigue siendo apremiante que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante el periodo de actividades que hoy informamos, radicamos de oficio seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios a los derechos humanos en perjuicio de periodistas, y ocho casos más se ejercitó la facultad de atracción.
En 2008 presentamos una acción de inconstitucionalidad para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores infractores del Estado de Guerrero. Esta acción fue motivada por el notorio incumplimiento a la reforma de la Constitución General de la República que estableció un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, reforma que no fue acatada en tiempo y forma por las autoridades de Guerrero.
Conscientes de que en México, cada año, miles de personas son víctimas de esta nueva forma de esclavitud que es la trata de personas, instalamos comités regionales en las ciudades de Tijuana, Nogales, Aguascalientes y Campeche, con el objeto de atender el problema con un enfoque institucional, jurídico y social.
No obstante los avances en materia de derechos humanos, aún contamos con innumerables rezagos y tareas pendientes. Sólo en un marco de colaboración y tolerancia, cambiaremos el horizonte de abusos y vejaciones que ensombrecen la República.
La labor de los Ombudsman nunca estará exenta de cuestionamientos como la de cualquier institución en un régimen democrático. Pero estamos convencidos de que nuestro esfuerzo mantendrá a los derechos humanos como parte de la agenda prioritaria para el desarrollo de México. Esa es nuestra convicción y el mandato que nos impone la Carta Magna.
Señor Presidente, señoras y señores:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo del Estado mexicano fuerte y profesional. El camino para lograrlo ha sido largo y nada fácil, pero hoy podemos decir que la sociedad mexicana nos reconoce como una Institución confiable y dedicada enteramente a defender sus derechos.
Mi agradecimiento a quienes dentro y fuera de la Comisión, han hecho posible esta realidad.
Cuando me fue asignada la alta encomienda constitucional de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales de 1999, el país iniciaba un periodo de cambios sin precedentes. Fueron tiempos de gran esperanza ciudadana, de renovación en todos los órdenes.
Este clima se veía reflejado en el Ombudsman nacional, que iniciaba su etapa como organismo público autónomo. Encabezar a la CNDH en su nueva faceta de autonomía y rendición de cuentas ante los poderes de la Unión, representa un gran desafío, pues era necesario consolidar su funcionamiento y presencia en la sociedad.
Teníamos claro que la ola democrática no traería un cambio inmediato en la cultura política, y había resistencias de muchas autoridades que consideraban a los defensores de derechos humanos como adversarios políticos o como estorbos en sus decisiones.
Iniciamos nuestra labor con gran responsabilidad y entusiasmo, aprovechando la experiencia acumulada de la Comisión Nacional, de los grupos de la sociedad civil y de los organismos internacionales.
Esta estrategia contempló la creación y la ampliación de diversos programas especiales de protección, defensa y promoción y observancia, dotándolos de mayores recursos materiales y de personal, con la finalidad de atender la problemática de sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad.
Es el caso del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la institución, así como de los Programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH-SIDA, Trata de Personas y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mismo que encabezamos por invitación del Ejecutivo Federal.
Establecimos oficinas regionales de atención en varios puntos de la República Mexicana, en aquellos lugares donde existe una permanente exposición a la violación de las garantías individuales a emigrantes mexicanos e inmigrantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos.
De igual forma, innovamos en los recursos y en las herramientas para hacer respetar los derechos humanos, con la emisión de informes especiales y recomendaciones generales. También, se reformó la Carta Magna para otorgar la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad a fin de impugnar cualquier ley o tratado internacional que vulnere los derechos humanos.
No obstante las descalificaciones que a veces se nos han hecho siempre hubo firmeza en las decisiones y un compromiso activo de estricto apego a la ley y de encarar la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad.
Muestra de lo anterior fueron las distintas recomendaciones que pusieron a la Institución y a los derechos humanos en el centro del debate público. Entre ellas: la primera recomendación emitida a un Presidente de la República por las desapariciones forzadas de personas ocurridas en la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, y el grave asunto de los feminicidios de Ciudad Juárez.
En ninguno de estos casos cumplieron las autoridades ni remotamente con los señalamientos de la CNDH; a veces por simple falta de voluntad y otras por incapacidad para afrontar la problemática y los resultados de la investigación. Los cuestionamientos que entonces recibimos, mostraron sin embargo, que la razón estaba del lado de las víctimas, que siempre ha sido el de la Comisión.
Señor Presidente, señoras y señores:
Hoy, enfrentamos nuevos retos. Es urgente poner un alto a la criminalidad desbordada porque está amenazada la paz social. Las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales que no son de su competencia. Esa presencia debe ser temporal, como lo ha señalado el propio titular del Ejecutivo Federal.
No hagamos de lo excepcional una rutina, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado por nuestra Constitución, lo cual, estoy seguro, nadie desea.
La defensa de los derechos humanos no es una moda. Tampoco puede ni debe responder a ideologías o a visiones partidistas. Ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos. Por el contrario, se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
En el ejercicio de esta responsabilidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúa en colaboración con los distintos sectores de la sociedad, pero también con las autoridades para esclarecer los hechos que constituyen una violación a los derechos humanos.
La Comisión Nacional no es, no puede serlo, el adversario ni el contendiente a vencer o derrotar; es una institución autónoma del Estado mexicano cuya función se cumple realizando una labor técnica y profesional, que en numerosas ocasiones ha merecido el reconocimiento público.
Si aspiramos a que nuestro país constituya un referente internacional en materia de derechos humanos; si queremos que nuestra voz tenga autoridad y peso en el debate global, es necesario, primero, resolver la situación dentro de nuestras fronteras y entre nosotros mismos.
Una y otra vez, desde el año 2000 y a lo largo de todo el 2008 hemos sostenido que no podemos exigir a los demás, lo que no estamos dispuestos a cumplir nosotros mismos.
Nuestro más alto deber es impulsar el Estado Social y Democrático de Derecho. Las garantías individuales son una victoria histórica del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimento. Actuar cada año guiado por esa convicción ha sido mi obligación y, al mismo tiempo, el mayor privilegio que he tenido como servidor público.
Permítame usted, señor presidente, expresarle mi agradecimiento, a nombre propio y del Consejo, por su fiel vocación de abogado y hombre de Estado y porque a lo largo de su gestión de Gobierno siempre, repito, siempre, ha respondido positivamente a todos los requerimientos del Ombudsman nacional y de su Consejo Consultivo de la Comisión. Es una actitud que mucho reconozco y celebro.
Señor Presidente Calderón:
En unos cuantos meses más dejaré para siempre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la prolongada difusión que me concibió el Senado de la República así lo señala, es momento de hacer el equipaje y llevarme lo único propio después de mi encargo, mi aprendizaje.
He aprendido muchas cosas, la mayoría de ellas imborrables, algunas buenas, otras tristes, pero lo fundamental es cuánto nos falta todos para aprende en la noble materia de la defensa de los derechos humanos.
Cuánta falta nos hace una clase política dedicada en su respeto. Cómo necesitamos que la observancia de la dignidad de las personas sea un compromiso y no prueba burocrática como algunos la definen.
He visto como la mayoría de las autoridades califican como estorbos los requisitos fundamentales de la relación ideal entre el mexicano y el poder, y he atestiguado cuánta... causa cualquier recomendación en contra del despotismo.
Pero también he visto lo importante que no cejar en el empeño de hacer de esta conducta de respeto y tolerancia una escuela permanente para lograr así un Estado democrático y una sociedad más compasiva y comprensiva hacia los necesitados y hacia los diferentes.
He aprendido que no hay ofensa a los derechos humanos sin un componente, en grado mayor o menor de desprecio por la dignidad humana, por el valor de la vida.
Y he aprendido que contra esos atropellos debo conservar los siguientes días de mi vida, y que eso lo debo transmitir, y eso es lo que tengo que enseñar.
Viva México.
Viernes, 20 de Marzo de 2009 Discurso
Señor Presidente de la República, abogado Felipe Calderón Hinojosa; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señores Secretarios de Gobernación, de la Defensa y de Marina.
Señoras y señores presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos; señoras y señores:
La evolución y el grado de cumplimiento de los derechos humanos es un signo directísimo de la calidad de la vida democrática de un país y de la evolución de su sociedad.
Junto con avances sustantivos y promisorios en el reconocimiento general de derechos fundamentales, tenemos que lamentar también en nuestro país, de casos de abierta transgresión a estos derechos consagrados por nuestro orden jurídico.
La libertad de tránsito, la de escribir y de expresar las ideas sin censura, la de reunirse, la de profesar las creencias que se deseen, forman parte indisociable de nuestro orden jurídico.
Alterarlas, ataca los cimientos mismos del estado social y democrático de Derecho, cuyas instituciones y gobiernos deben ser capaces de realizar sus tareas y cumplir con sus responsabilidades desde las garantías que da el Derecho. Ese es el enorme reto de México, de su Gobierno y de la sociedad toda.
Resultaría muy grave que se confundiera el ámbito de los derechos fundamentales, parte indispensable de nuestra vida política y social, con la de canonjías que pueden ser otorgadas o no de manera discrecional.
La CNDH no acepta ni aceptará jamás limitantes de derechos que no provengan de causales establecidas por nuestro propio orden jurídico.
Aún en momentos de gran dificultad como los aparejados a la crisis económica y los casos de violencia que actualmente afectan y atemorizan a muchos ciudadanos, debemos de ser capaces de hacer que prevalezca el cumplimiento de las leyes, no su mayor inobservancia. No es dable, en aras de reafirmar el rumbo, perder la brújula del Estado de Derecho.
En la relación entre ciudadano y el poder hay tensiones crecientes, fenómenos novedosos y sorprendentes que acompañan y alimentan la incertidumbre propia de estos tiempos difíciles. En la correcta aplicación del Derecho está la salida.
En un año tan complejo como lo fue el 2008, la CNDH documentó y exigió correctivos específicos en los casos en que documentó conductas lesivas y contrarias a los derechos humanos por parte de servidores públicos comprendidos en el ámbito de su tarea vigilante y defensora de los derechos fundamentales de los mexicanos.
En asuntos relativos a la seguridad pública, el año 2008 marcó un giro notable hacia una mejor y más clara disposición de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer frente a casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.
Señor Presidente:
En la relación institucional con la SEDENA no tiene por qué ser cómoda ni fácil, pero las tensiones y las dificultades corresponden cada vez más a la naturaleza de la materia que nos compete y no a la incomprensión o a la indiferencia.
Mucho honra a la SEDENA y a sus altos mandos el asumir y atender los señalamientos que hace la CNDH como órgano constitucional del Estado mexicano cuando se pide investigar y esclarecer conductas indebidas con motivo de las acciones en contra de la delincuencia organizada.
Debo señalar, sin embargo, que esta actitud responsable contrasta con la negación en que han incurrido otras autoridades cuando la CNDH ha documentado quejas procedentes de la ciudadanía.
Queremos que la vitalidad y la fuerza del país y de sus instituciones no resida jamás en la negación de sus problemas, sino en su cada vez más abierta disposición para analizarlos y plantearlos bajo el activo compromiso de hacerles frente hasta resolverlos, sin maniqueísmos ni maquillaje alguno.
Una opinión pública cada vez más consciente y madura, como lo es la mexicana, no puede ser el resultado de menos información. No hay mensajero inoportuno, lo mismo si se trata de alertar sobre la dimensión de nuestros males, que de fortalecer la certeza de nuestra siempre sorprendente cohesión social.
Durante el 2008 pudimos constatar el panorama de marcados claroscuros en el avance y en la observancia de los derechos fundamentales tienen sombras difíciles de desvanecer. Los hechos muestran que persisten prácticas contra la dignidad de las personas, en este contexto, derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos.
Los ajustes de cuentas, las pugnas entre miembros del crimen organizado, los secuestros y otros delitos, se han convertido en algo cotidiano. Hay ciudades del país como Tijuana, Juárez, Chihuahua y Culiacán, donde es imposible caminar sin el constante temor de que familiares, hijos o amistades, sean presas de la ola delictiva.
Esta realidad ha orillado a que grupos sociales y partidos pongan en la mesa de discusión propuestas tendentes al endurecimiento de sanciones, la reducción de las libertades e incluso medidas tan regresivas como es la pena de muerte, pasando por alto no sólo los compromisos internacionales que México ha asumido para el disfrute pleno de las garantías individuales, sino el hecho incontestable de que el principal problema desencadenante de la criminalidad es, precisamente, la impunidad.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vemos con atención que se discutan y debatan todos los temas, ya que ellos representan la materia prima para apuntalar los derechos fundamentales; al respecto tenemos que decir que siempre será sano para la democracia discutir de manera civilizada y abierta cualquier tema de interés público, pero hagámoslo con gran honestidad y sobre la base de la mayor objetividad posible.
Todos los días del 2008 fuimos testigos y a la vez actores de la búsqueda ciudadana para corregir acciones de autoridad que transgredieron las garantías individuales. Así, durante el 2008, la Comisión Nacional prestó más de 40 mil servicios al público en el Distrito Federal y atendió a más de cinco mil personas en nuestras oficinas foráneas en diversos puntos de la República.
Como consecuencia de lo anterior registramos seis mil cuatro quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Las autoridades que generaron el mayor número fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con mil 230; el Instituto Mexicano del Seguro Social con mil siete. Les siguieron la Procuraduría General de la República con 769; la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública con 284 y el Instituto Nacional de Migración con 258.
Recibimos 256 quejas por deficiencias en la atención a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 237 contra la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, se presentaron 216 quejas contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 191 contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal; y 189 contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En el mismo periodo, emitimos 67 recomendaciones. Los principales destinatarios fueron la Secretaría de la Defensa Nacional con 14; el Instituto Nacional de Migración con siete; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal con cinco.
Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de la CNDH, entre ellas, principalmente la Procuraduría General de la República, así como los gobernadores de los estados de Baja California, Sinaloa y Guerrero. Al lamentar estas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad, por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno.
En 2008, continuamos impulsando el acercamiento entre el quejoso y la autoridad responsable en un esfuerzo por pactar acuerdos de conciliación entre las partes y promover una cultura de diálogo y compromiso.
En esta materia, se concretaron 272 casos en los cuales las autoridades en cuestión aceptaron llegar a resoluciones conciliatorias y a restituir los derechos que habían sido conculcados. Por otra parte, firmamos 558 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en su mayor parte para realizar actividades de capacitación.
Aunque nuestra función principal es conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, los Ombudsman también buscamos consolidar una cultura de respeto a estos derechos, para fortalecer el sendero de la democracia. Por ello, durante 2008 impulsamos las tareas de promoción, divulgación y estudio, mediante la difusión de más de un millón 700 mil impresos de diversos tipos.
Asimismo, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los distintos sectores y grupos de la población, en materia de capacitación, se realizaron mil 463 acciones entre cursos, diplomados y talleres, que beneficiaron a más de 84 mil personas.
Debido a los alarmantes problemas de inseguridad, ya mencionados, el Ombudsman presentó el Segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública.
Esta investigación se elaboraron cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública; en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito, y en recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Es muy importante subrayar la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas; uno de los grupos más vulnerados por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios. Sigue siendo apremiante que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante el periodo de actividades que hoy informamos, radicamos de oficio seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios a los derechos humanos en perjuicio de periodistas, y ocho casos más se ejercitó la facultad de atracción.
En 2008 presentamos una acción de inconstitucionalidad para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores infractores del Estado de Guerrero. Esta acción fue motivada por el notorio incumplimiento a la reforma de la Constitución General de la República que estableció un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, reforma que no fue acatada en tiempo y forma por las autoridades de Guerrero.
Conscientes de que en México, cada año, miles de personas son víctimas de esta nueva forma de esclavitud que es la trata de personas, instalamos comités regionales en las ciudades de Tijuana, Nogales, Aguascalientes y Campeche, con el objeto de atender el problema con un enfoque institucional, jurídico y social.
No obstante los avances en materia de derechos humanos, aún contamos con innumerables rezagos y tareas pendientes. Sólo en un marco de colaboración y tolerancia, cambiaremos el horizonte de abusos y vejaciones que ensombrecen la República.
La labor de los Ombudsman nunca estará exenta de cuestionamientos como la de cualquier institución en un régimen democrático. Pero estamos convencidos de que nuestro esfuerzo mantendrá a los derechos humanos como parte de la agenda prioritaria para el desarrollo de México. Esa es nuestra convicción y el mandato que nos impone la Carta Magna.
Señor Presidente, señoras y señores:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo del Estado mexicano fuerte y profesional. El camino para lograrlo ha sido largo y nada fácil, pero hoy podemos decir que la sociedad mexicana nos reconoce como una Institución confiable y dedicada enteramente a defender sus derechos.
Mi agradecimiento a quienes dentro y fuera de la Comisión, han hecho posible esta realidad.
Cuando me fue asignada la alta encomienda constitucional de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales de 1999, el país iniciaba un periodo de cambios sin precedentes. Fueron tiempos de gran esperanza ciudadana, de renovación en todos los órdenes.
Este clima se veía reflejado en el Ombudsman nacional, que iniciaba su etapa como organismo público autónomo. Encabezar a la CNDH en su nueva faceta de autonomía y rendición de cuentas ante los poderes de la Unión, representa un gran desafío, pues era necesario consolidar su funcionamiento y presencia en la sociedad.
Teníamos claro que la ola democrática no traería un cambio inmediato en la cultura política, y había resistencias de muchas autoridades que consideraban a los defensores de derechos humanos como adversarios políticos o como estorbos en sus decisiones.
Iniciamos nuestra labor con gran responsabilidad y entusiasmo, aprovechando la experiencia acumulada de la Comisión Nacional, de los grupos de la sociedad civil y de los organismos internacionales.
Esta estrategia contempló la creación y la ampliación de diversos programas especiales de protección, defensa y promoción y observancia, dotándolos de mayores recursos materiales y de personal, con la finalidad de atender la problemática de sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad.
Es el caso del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la institución, así como de los Programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH-SIDA, Trata de Personas y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mismo que encabezamos por invitación del Ejecutivo Federal.
Establecimos oficinas regionales de atención en varios puntos de la República Mexicana, en aquellos lugares donde existe una permanente exposición a la violación de las garantías individuales a emigrantes mexicanos e inmigrantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos.
De igual forma, innovamos en los recursos y en las herramientas para hacer respetar los derechos humanos, con la emisión de informes especiales y recomendaciones generales. También, se reformó la Carta Magna para otorgar la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad a fin de impugnar cualquier ley o tratado internacional que vulnere los derechos humanos.
No obstante las descalificaciones que a veces se nos han hecho siempre hubo firmeza en las decisiones y un compromiso activo de estricto apego a la ley y de encarar la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad.
Muestra de lo anterior fueron las distintas recomendaciones que pusieron a la Institución y a los derechos humanos en el centro del debate público. Entre ellas: la primera recomendación emitida a un Presidente de la República por las desapariciones forzadas de personas ocurridas en la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, y el grave asunto de los feminicidios de Ciudad Juárez.
En ninguno de estos casos cumplieron las autoridades ni remotamente con los señalamientos de la CNDH; a veces por simple falta de voluntad y otras por incapacidad para afrontar la problemática y los resultados de la investigación. Los cuestionamientos que entonces recibimos, mostraron sin embargo, que la razón estaba del lado de las víctimas, que siempre ha sido el de la Comisión.
Señor Presidente, señoras y señores:
Hoy, enfrentamos nuevos retos. Es urgente poner un alto a la criminalidad desbordada porque está amenazada la paz social. Las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales que no son de su competencia. Esa presencia debe ser temporal, como lo ha señalado el propio titular del Ejecutivo Federal.
No hagamos de lo excepcional una rutina, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado por nuestra Constitución, lo cual, estoy seguro, nadie desea.
La defensa de los derechos humanos no es una moda. Tampoco puede ni debe responder a ideologías o a visiones partidistas. Ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos. Por el contrario, se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
En el ejercicio de esta responsabilidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúa en colaboración con los distintos sectores de la sociedad, pero también con las autoridades para esclarecer los hechos que constituyen una violación a los derechos humanos.
La Comisión Nacional no es, no puede serlo, el adversario ni el contendiente a vencer o derrotar; es una institución autónoma del Estado mexicano cuya función se cumple realizando una labor técnica y profesional, que en numerosas ocasiones ha merecido el reconocimiento público.
Si aspiramos a que nuestro país constituya un referente internacional en materia de derechos humanos; si queremos que nuestra voz tenga autoridad y peso en el debate global, es necesario, primero, resolver la situación dentro de nuestras fronteras y entre nosotros mismos.
Una y otra vez, desde el año 2000 y a lo largo de todo el 2008 hemos sostenido que no podemos exigir a los demás, lo que no estamos dispuestos a cumplir nosotros mismos.
Nuestro más alto deber es impulsar el Estado Social y Democrático de Derecho. Las garantías individuales son una victoria histórica del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimento. Actuar cada año guiado por esa convicción ha sido mi obligación y, al mismo tiempo, el mayor privilegio que he tenido como servidor público.
Permítame usted, señor presidente, expresarle mi agradecimiento, a nombre propio y del Consejo, por su fiel vocación de abogado y hombre de Estado y porque a lo largo de su gestión de Gobierno siempre, repito, siempre, ha respondido positivamente a todos los requerimientos del Ombudsman nacional y de su Consejo Consultivo de la Comisión. Es una actitud que mucho reconozco y celebro.
Señor Presidente Calderón:
En unos cuantos meses más dejaré para siempre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la prolongada difusión que me concibió el Senado de la República así lo señala, es momento de hacer el equipaje y llevarme lo único propio después de mi encargo, mi aprendizaje.
He aprendido muchas cosas, la mayoría de ellas imborrables, algunas buenas, otras tristes, pero lo fundamental es cuánto nos falta todos para aprende en la noble materia de la defensa de los derechos humanos.
Cuánta falta nos hace una clase política dedicada en su respeto. Cómo necesitamos que la observancia de la dignidad de las personas sea un compromiso y no prueba burocrática como algunos la definen.
He visto como la mayoría de las autoridades califican como estorbos los requisitos fundamentales de la relación ideal entre el mexicano y el poder, y he atestiguado cuánta... causa cualquier recomendación en contra del despotismo.
Pero también he visto lo importante que no cejar en el empeño de hacer de esta conducta de respeto y tolerancia una escuela permanente para lograr así un Estado democrático y una sociedad más compasiva y comprensiva hacia los necesitados y hacia los diferentes.
He aprendido que no hay ofensa a los derechos humanos sin un componente, en grado mayor o menor de desprecio por la dignidad humana, por el valor de la vida.
Y he aprendido que contra esos atropellos debo conservar los siguientes días de mi vida, y que eso lo debo transmitir, y eso es lo que tengo que enseñar.
Viva México.
