17 nov 2010

México exporta narcos

El narco mexicano invade el mundo; está 230 ciudades y en 19 países
Los cárteles han hecho un sistema de “franquicias” con pandillas como la Hermandad Aria y Barrio Azteca
Excélsior, 17 de noviembre.-
Leticia Robles de la Rosa, José Carreño Figueras y Aurora Vega, reporteros
Los siete cárteles mexicanos han establecido “oficinas” en por lo menos 230 ciudades de Canadá y Estados Unidos.
El estudio Bandas, Cárteles y Seguridad Nacional, entregado por autoridades de la Unión Americana a senadores mexicanos, indica además que los narcotraficantes mexicanos operan en un total de 19 países.
En tanto, un reporte del National Gang Center (Centro Nacional de Pandillas, en inglés), que incluye y amplía el análisis mencionado, indica que son 270 las localidades infectadas, además de que los cárteles han instituido un sistema de “franquicias” con pandillas locales, incluso de corte racista, como la Hermandad Aria (Aryan Brotherhood).
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF) precisó a su vez que los supremacistas blancos colaboran para llevar a México vehículos y armas ilegales desde Texas, California y Chicago.
El avance de la pandilla Barrio Azteca también preocupa al gobierno estadunidense, pues se ha convertido en el primer grupo criminal binacional cuyo crecimiento lo comienza a convertir en “insurgencia criminal”, término entendido como una fuerza desestabilizadora.
El narco invade ciudades de EU
El poder de los siete cárteles de la droga que operan en México se extendió a tal grado que ahora cuentan con "oficinas activas en más de 230 ciudades de Canadá y Estados Unidos", amén de que tienen presencia comercial en 17 naciones de América, Europa, Asia y África, lo cual tiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, es el avance del Barrio Azteca lo que preocupa más al gobierno del vecino país del norte, pues se ha convertido en el primer grupo criminal binacional cuyo crecimiento lo comienza a convertir en "insurgencia criminal".
Así lo revela el estudio Bandas, Cárteles y Seguridad Nacional de Estados Unidos, entregado por autoridades de la Unión Americana a senadores mexicanos, para mostrar parte de los datos que llevan a integrantes de los poderes políticos de Estados Unidos a considerar al narcotráfico como la principal amenaza para su seguridad nacional.
En el documento, cuya copia en español fue proporcionada a Excélsior, destaca que Estados Unidos se ha quedado corto en su trabajo de combate al crimen organizado dentro de su territorio, pero también en su cooperación con el resto de naciones "amigas" que sufren este grave problema.
"Estados Unidos debería enfocarse en limpiar su propia casa. Debería apoyar operaciones más efectivas en contra de los cárteles, además de una efectiva reducción en el uso de drogas, además de luchar en contra de la influencia de la cultura de las bandas, particularmente en los jóvenes en las escuelas.
"Ganarle a los cárteles y garantizar la seguridad en el futuro en los países, significa desmantelar sus redes y manejarlos hasta que estos se conviertan de poco impacto en niveles que puedan ser manejados por las autoridades locales.
"Otras políticas deberían ser ayudar a los gobiernos amigos para mejorar sus procedimientos judiciales, o para asistirlos con milicia contrainsurgente o políticas económicas para asistir las subrayadas causas de falta de legalidad", precisa el documento, que fue hecho público el 29 de septiembre pasado, en medio de la polémica desatada por el uso del concepto "narco insurgencia", el cual fue rechazado de inmediato por las autoridades mexicanas.
La versión entregada a senadores mexicanos explica el concepto: "De hecho las actividades de estas redes criminales se han tornado con características de 'insurgencias' muchas personas, incluyendo algunos expertos militares y legisladores han desentendido la palabra 'insurgencia' como la intención de tomar un gobierno.
"Ese no es necesariamente el caso, una insurgencia es actualmente un intento para debilitar o perturbar las funciones del gobierno, lo cual describe con precisión las acciones de las FARC en Colombia o los cárteles mexicanos y algunas otras bandas transnacionales.
"Las insurgencias son un tipo armado de conflicto entre beligerantes que intentan ganar poder sobre otro, esta lucha entre cárteles no es solamente acerca de drogas, o acerca de crimen, ha escalado a un grado que se ha convertido en una lucha de poder entre bandas y el gobierno", aclara.
El análisis asegura que son siete los cárteles más poderosos en México: cártel del Golfo, La Federación de Sinaloa, cártel de los Beltrán Leyva, de Juárez, de Tijuana, La Familia Michoacana y Los Zetas; sus tentáculos llegan a más 230 ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde tienen "oficinas", así como en 17 países.
En el capítulo referente a la presencia de las bandas en EU, dice que "muchas bandas en Estados Unidos, ya sean locales o transnacionales, no sólo crecen sino que también maduran en formas que las convierte potencialmente más poderosas y sanguinarias
"Mientras bandas de Estados Unidos están en el rango de las primeras dos etapas, el movimiento de los cárteles a través de la frontera con EU y particularmente con las bandas binacionales como Barrio Azteca pueden presagiar un movimiento a una tercera etapa como una forma de insurgencia criminal."
Al Qaeda "es suave" ante saña de narcos
Los cárteles mexicanos de la droga tienen presencia en 270 ciudades estadunidenses y han establecido un sistema de "franquicias" que los vinculan con pandillas locales, según un reporte del Centro Nacional de Pandillas (National Gang Center), que suma datos de varios estudios, entre ellos, Bandas, Cárteles y Seguridad Nacional de Estados Unidos, entregado recientemente a senadores mexicanos.
El informe del Centro Nacional de Pandillas indica que los cárteles usan a la Hermandad Aria (Aryan Brotherhood) para introducir drogas al estado de California y a algunas prisiones.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en inglés) precisó que los supremacistas blancos colaboran también para llevar a México vehículos y armas ilegales desde Texas, California y Chicago.
El diario La Opinión, de los Angeles, hizo notar que la Hermandad Aria se convirtió en un grupo "que busca poder y el control de sectores para el mercado de la droga".
El mismo periódico subrayó que Wes McBride, director ejecutivo de la Asociación de Investigadores de Pandillas en Calfornia (CGIA), dijo que "colateralmente la Hermadad Aria estaría financiando a otros grupos de extremistas políticos como las bandas Peckerwoods, Public Enemy Number One y Nazi Low Riders (NLR), con quienes también ha formado alianzas en la distribución de narcóticos" y por tanto "indirectamente el dinero del narcotráfico está sirviendo a los supremacistas".
De acuerdo con fuentes estadunidenses, los traficantes mexicanos se han "atrincherado" en cientos de ciudades al norte de la frontera "y administran sofisticadas y disciplinadas redes que no sólo introducen las drogas, sino también envían camionadas de dinero a México".
El Centro Nacional de Pandillas apuntó que si bien la creciente interrelación entre Estados Unidos, México y Centroamérica extendió y amplió los alcances de grupos "transnacionales" como La Mara Salvatrucha, la pandilla de la Calle 18 y la Mafia Mexicana, no es claro el nivel de intervinculación con los cárteles mexicanos.
De acuerdo con recientes declaraciones de David Gaddis, encargado de operaciones globales de la DEA México considera el narco internacional como una amenaza a su seguridad nacional y los Estados Unidos deben verlo también de esa manera.
El que grupos de crimen organizado de México se hayan establecido en EU preocupa a las autoridades, ante la brutalidad que se les atribuye en la "guerra contra las drogas" en México y que al menos, según veteranos policías, "hacen que Al-Qaeda parezca suave". Anthony Coulson, ex supervisor de la DEA en Arizona dijo a MSNBC, por ejemplo, que "no puedo explicar cómo alguien pierde su humanidad y recurre a tales extremos".
Coulson aseguró que la cantidad de drogas que fluye a Estados Unidos "nunca ha sido más alta" ni los traficantes han sido más poderosos o en control de más territorios en México.
Zetas en Guatemala
Las fuerzas de seguridad de este país detuvieron a dos mexicanos, presuntos miembros del cartel de Los Zetas, informó hoy la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura se llevó a cabo en un hotel ubicado en la carretera que conduce a la ciudad de Salamá y los detenidos fueron identificados como Rody Alejandro García y Débora Molina Cuéllar, de 32 y 21 años, respectivamente, explicó a los periodistas un portavoz policial.
Según la Policía, a los dos presuntos miembros del grupo de narcotraficantes Los Zetas se les decomisaron dos granadas, una pistola y varios fusiles Ak-47, además de una gran cantidad de dólares.

García y Molina son acusados de los delitos de asociaciones ilícitas y porte ilegal de armas de fuego y, dada su peligrosidad, han sido trasladados a una cárcel de la capital guatemalteca.

La presencia de Los Zetas en Guatemala fue denunciada tras una matanza de 11 personas, entre ellas el narcotraficante local Juan León, perpetrada en marzo de 2008 en un balneario del departamento central de Zacapa.

Según la Fiscalía Antinarcóticos de Guatemala, el objetivo de Los Zetas es apoderarse del control del territorio guatemalteco para traficar drogas.

Entrenan a marinos contra kaibiles

El crimen organizado ha recibido capacitación de ex miembros de grupos especiales militares como son los kaibiles de Guatemala, por ello, los grupos delincuenciales utilizan medidas de exterminio, porque se han capacitado para matar, de ahí la necesidad de seguir entrenando a personal en el grupo de Fuerzas Especiales de la Armada, no sólo para combatir el narcotráfico, sino todo aquello que atente contra la seguridad de nuestro país, reconoció el director del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina.

De 2006 a la fecha han muerto 21 elementos de este grupo especial que está capacitado para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la insurgencia.

En el Centro de Capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina son adiestrados en diversas disciplinas de acción y de reacción hombres cuyas edades no rebasan los 35 años.

Los elementos que reciben una capacitación para incursionar en operativos especiales han participado en acciones contra las organizaciones criminales como las de los Beltran Leyva, la de Sergio Villareal Barragán El Grande y la de Ezequiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo.

Debido a su entrenamiento para sobrevivir en medios hostiles y de alta agresividad, los elementos de la Marina son adiestrados en escenarios similares a campos de batalla, están con plena conciencia de que un error puede provocar la pérdida de vidas humanas, de ahí que en cada misión se trate de cumplir a la perfección.

Las fuerzas especiales son capaces de realizar guerra no convencional en aire, mar y tierra, utilizando todos los medios de infiltración disponibles para desarrollar las más variadas tareas como el buceo militar, paracaidismo, descenso vertical , combate urbano, manejo de explosivos en tierra y bajo el agua, así como de tiradores expertos que de un solo disparo aniquilan al enemigo.

El grupo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina son pequeños grupos organizados y altamente capacitados para llevar a cabo tareas especificas, y están creados para actuar contra blancos estratégicos o tácticos. Los miembros de estos grupos especiales son hombres, y emplean un uso discriminado de la fuerza.

Los elementos que pertenecen a este grupo especializado tienen que tener condiciones físicas y sicológicas especiales para soportar un entrenamiento de más de 10 horas diarias,

Pertenecer a este grupo de Fuerzas Especiales no es fácil, los niveles de adrenalina y violencia que se manejan son demasiado elevados al realizar tareas donde la vida siempre pende de la circunstancia del adiestramiento, y muchas veces de la suerte.

Entrevistado por Excélsior, uno de los líderes de este grupo precisó que tras pertenecer a este equipo especial, necesitan de atención sicológica un año y medio o más para reincorporarse a la vida común.
"No es fácil, esto requiere sacrificio, cuando tenemos una misión, la tratamos de cumplir a la perfección, pensando en que tu puedes defender a tu país, y defender a los mexicanos, y tu vida la ofrendas."
Leticia Robles de la Rosa, José Carreño Figueras y Aurora Vega, reporteros.

¡El candidato soy yo!: AMLO

AMLO: “el candidato soy yo”
Columna Itinerario político/Ricardo Alemán
La Razón, 17 de  noviembre de 2010;
 Hoy queremos proponer una ovación a la congruencia del más formidable animal político mexicano —en sentido aristotélico—, que es Andrés Manuel López Obrador. Resulta que el pasado domingo, en la plaza de Toluca, López Obrador confirmó que lo suyo es el autoritarismo, la antidemocracia, despotismo, el mesianismo. La estampa la vimos cuando ante miles de feligreses de su credo, AMLO dictó las reglas para la selección de su candidato al gobierno mexiquense, informó del decálogo que deberán asumir, y dictó que los pretendientes al gobierno mexiquense se comprometieran a cumplir la orden.
Es decir, que en la plaza pública, a los ojos de todos, ante los medios, López Obrador se exhibió de cuerpo completo; que es el único que decide qué hacer en el proceso electoral mexiquense, cómo hacerlo, a quién designar candidato, cuáles son los compromisos que deberá asumir y cuál será el decálogo de campaña. Por ridículo que resulte, AMLO no sólo es “dueño del movimiento”, sino que es el líder, ideólogo, pensador; el que tiene la razón, la verdad absoluta, el iluminado, el guía y el infalible… el que decide y diseña las estrategias electorales, las impone, promueve, evalúa y ordena quien o quienes las llevarán a cabo.

En cambio, los cardenales y obispos del credo de AMLO sólo aceptan sin chistar, con un movimiento de cabeza las órdenes, instrucciones y dictados del Mesías. Lo mismo ocurrió con la multitud, que sólo fue llevada para llenar la plaza, para gritar vivas y vítores al tabasqueño, para aplaudir, y decir “siiiiii” a todo lo que dictó AMLO.

En pocas palabras, lo que vimos el pasado domingo en la plaza de Toluca, fue la representación moderna de Luis XIV —el Rey Sol—, que hizo célebre el símbolo del autoritarismo, la antidemocracia, despotismo y el culto al poder unipersonal. “El Estado soy yo”, dijo. Y es que AMLO es “el movimiento”, el único que habla, ordena, piensa, decide y manda. Todos los demás, sólo escuchan, asienten, cumplen y doblan la cerviz. “¡Sí señor..!”, “¡Lo que usted ordene, señor..! “¡Lo que usted mande, señor..!”
Frente a esa realidad, no es exagerado suponer que en el Estado de México el verdadero, real y auténtico candidato será AMLO. Él hace campaña, la diseña, la promueve… y él designará al candidato formal, verdadero títere que sólo prestará su nombre y el bulto de su imagen, para cumplir con la simulación electoral; por el que votarán los mexiquenses convocados por el Mesías tropical.
Pero lo más vergonzoso es el papel de los cardenales y adoradores de AMLO. ¿Dónde están las mentes brillantes, los intelectuales y periodistas que por décadas criticaron ardorosamente el autoritarismo, culto al poder unipersonal, despotismo y la antidemocracia del viejo PRI?

Hoy esos críticos del viejo PRI no sólo se someten sin chistar al moderno Luis XIV mexicano, sino que son todo aquello que hace décadas criticaron.

Twitter: @laotraopinion

Saludo de las FARC a Roussef

Saludo a la presidenta electa de Brasil, Dilma Roussef
Comunicado de las FARC-EP
Compatriota
DILMA ROUSSEFF
Presidenta electa del Brasil
Desde las montañas de Colombia, nuestro saludo cordial, bolivariano, con anhelo de Patria Grande.
Permítanos adherimos a la justificada alegría del gran pueblo de Luis Carlos Prestes, ante el hecho relevante de tener, por primera vez en la historia del Brasil, una presidenta; una mujer ligada siempre, a la lucha por la justicia.
Presidenta Dilma, para usted, nuestro aplauso y reconocimiento.
Su exaltación a la presidencia de la República Federativa, sumada a su pública convicción de la necesidad de una salida política al conflicto interno de Colombia, ha centuplicado nuestra esperanza en la posibilidad de alcanzar la paz por la vía del diálogo y la justicia social.
Estamos seguros que la nueva presidencia del Brasil jugará papel determinante en la aclimatación de la paz regional y en la hermandad de los pueblos del continente.
De usted, atentamente,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, Noviembre 1 de 2010

Aun en tregua: EPR

República Mexicana, 15 de noviembre de 2010
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En el transcurso de la historia de la humanidad, son miles los ejemplo que se podrían enumeran de los encarcelamiento y de asesinatos de hombres y mujeres que se han atrevido por principios, por moral, por humanismo, por lealtad al pueblo, por conciencia social, etc., enfrentar las injusticias del sistema en contra de la inmensa mayoría de los desposeídos y explotados. Nuestro país no es la excepción y así tenemos nuestros propios héroes hombres y mujeres que lucharon por nuestro México desde la independencia hasta hoy en día, cuya suerte fue y sigue siendo el encarcelamiento y el asesinato así como la desaparición forzada, a la fecha son miles los desaparecidos y de ellos pocos son reportados y peor aun que el Estado se niega en reconocer que son desaparecidos políticos y los etiqueta como parte de la delincuencia común o las consecuencias colaterales de su “guerra contra el narcotráfico," sea cual sea el motivo la desaparición forzada es en si por una consecuencia política y por lo tanto es una desaparición política sean o no luchadores sociales.
Hoy, el Estado mexicano ha optado como política para resolver los conflictos sociales más que el encarcelamiento, el asesinato de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos y para tal efecto ha evolucionado su modus operandi y ha logrado que voceros y personajes de "izquierda" le hagan el juego a la política del Estado, ya que por omisión o comisión convalidan los asesinatos como el del luchador social, fundador y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) Heriberto Pazos Ortiz, ejecutado el 23 de octubre en la ciudad de Oaxaca. Es un crimen atroz y reprobable de los gobiernos estatal y federal, es decir es un crimen de Estado.
En artículos anteriores denunciamos que lo que estaba pasando en San Juan Cópala era una maniobra del gobierno, directamente de Ulises Ruiz quien utilizó su grupo paramilitar UBISORT para crear las condiciones que le permitieran con toda la impunidad, encarcelar, asesinar o desaparecer a los verdadero luchadores sociales, en esta ocasión fue el asesinato de Heriberto Pazos y es aquí en donde entra la responsabilidad que tienen algunas organizaciones, personajes y los medios de comunicación que se dieron a la tarea de defender a capa y espada las versiones de los voceros del MULTI sin antes comprobar la veracidad de la información, por ejemplo: decir que las violaciones a mujeres y asesinatos en su organización eran realizadas por miembros del MULT, cuando en muchos de los casos dichas violaciones no ocurrieron pero no dudaron en acusarlos y las consecuencias son ya conocidas; ahora, no dudamos que hayan existido violaciones y tampoco los asesinatos que estuvieron a la vista de todos pero, tanto los autores intelectuales como materiales son Ulises y su grupo paramilitar, he aquí la trampa del gobierno para que con el uso de los medios de comunicación culparan a los del MULT y en especial a su dirigente, para que en el momento oportuno realizaran la ejecución sin que nadie chistara.
El asesinato de Heriberto Pazos representa para el Estado, en primer lugar, quitar del camino a un adversario político que le era muy incómodo, a un adversario que se caracterizó por su honestidad y su lealtad con su pueblo, a un adversario que no pudo comprar y mucho menos corromper, a un adversario que trastocaba sus intereses mezquinos.
En segundo lugar la puesta en marcha de la ejecución y asesinato de alta escuela, es decir que la ejecución la realizaron expertos en la materia, en especial de escuela contrainsurgente colombiana e israelita.
El plan Mérida no es otra cosa que el plan Colombia, y el objetivo es acabar con los que ellos creen que representen un peligro para el Estado y utilizan la supuesta lucha contra el narcotráfico para realizar sus labores de contrainsurgencia y con el pretexto de la búsqueda de guerrilleros revolucionarios torturan, asesinan e involucran con la guerrilla a luchadores sociales que luchan de manera pacífica y dentro de los marcos legales del mismo Estado.
Lo que el Estado Colombiano ha hecho en 20 años, el Estado Mexicano lo está haciendo en la mitad del sexenio, el super Bunker secreto que tanto presume Calderón es parte del Plan Mérida.
En el caso de Oaxaca los motociclistas que están o se estacionan en el patio de la procuraduría con aspecto de jóvenes inocentes, vestidos de civil son nada menos que los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz dirigidos por personas como Jorge Franco, Pedro Hernández, Juan Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas coordinados y protegidos por el psicópata general Alfredo Oropeza Garnica, hoy funcionando simuladamente como es el caso de Acosta Chaparro. Estos sicarios están especializados para realizar ejecuciones extrajudiciales como la de Beto Pazos y la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así que María de la Luz Candelaria Chiñas titular de la procuraduría del Estado está bien informada de la actividad de dichos sujetos, sin embargo la funcionaria ha actuado con negligencia por lo que es cómplice de dicho asesinato, de lo contrario los responsables ya estarían presos y también sabe perfectamente quien señaló a nuestros compañeros. ¿No sería Raúl Castellanos quien conocía perfectamente a uno de ellos de tiempo atrás, o Víctor Raúl Martínez Vázquez que desde los años setenta es un delator?
Existen muchas cuentas pendientes con el pueblo Oaxaqueño, cuentas que la próxima administración debe de resolver, porque de Ulises, el Pueblo oaxaqueño ya sólo espera que sea juzgado por todos los delitos cometidos, que muchos de ellos son de lesa humanidad, así esté bajo el manto protector de los pederastas y también criminales de años anteriores que continúan dirigiendo al PRI en complicidad con el gobierno federal y el PAN.
En este sentido, Gabino Cué debe corresponder y cumplir con sus promesas con el pueblo y darse la oportunidad de demostrar que en esta ocasión el pueblo no se equivocó en elegirlo, como ha sucedido en Guerrero.
Sabemos que en la nueva administración habrá muchos fantoches y oportunistas, uno que otro camaleón que en su momento desenmascararemos, pero también habrá muchos con una actitud honesta, con una trayectoria honorable para con el pueblo y a ellos apelamos para que todas las injusticias no queden impunes, de lo contrario el nuevo gobierno sería una farsa más, otra componenda, una tranza entre los mismos de siempre y un engaño para el pueblo oaxaqueño y todos aquellos que están dándoles el beneficio de la duda.
Reciba el pueblo triqui y la familia de Heriberto Pazos Ortiz nuestro pésame más sentido.
Aun en tregua, estamos pendientes.
¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 46

URO y el EPR

COLUMNA PLAZA PÚBLICAUlises Ruiz y el EPR

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 17 Nov. 10
Además de la profusa propaganda con que está despidiéndose del gobierno de Oaxaca, que mal ejerció desde el 1o. de diciembre de 2004, Ulises Ruiz podría aún corregir uno de los muchos desmanes en que incurrió, y entregar información que conduzca a establecer el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario, desaparecidos el 24 de mayo de 2007, probablemente a manos de la Procuraduría de justicia de aquella entidad.

Esta circunstancia fue documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 07/2009, emitida el 13 de febrero de 2009. Tanto el gobierno estatal como el municipal de la ciudad de Oaxaca, a quienes estaba dirigida la recomendación, la rechazaron. Me pareció en su momento que con ello las autoridades oaxaqueñas se autoincriminaron, pues de no caberles responsabilidad en el asunto hubieran no sólo admitido el documento de la CNDH, sino convertido en coadyuvantes del Ministerio Público federal.

La Comisión de mediación formada en abril de 2008, integrada según solicitud del EPR, ha buscado dar actualidad a la recomendación de la CNDH. Ese órgano defensor de los derechos humanos queda varado cuando la autoridad a la que dirige recomendaciones no las acepta. Pero puede insistir en obtener respuestas de las instancias que aceptaron total o parcialmente su recomendación. Es el caso del gobierno federal, que ha admitido la que Ulises Ruiz rechazó, pero no ha avanzado en los pasos que la oficina del ombudsman nacional lo instó a dar. Por eso la Comisión de Mediación se dirigió a la CNDH a fin de conocer el estado de la cuestión. A ese efecto miembros de la Comed y altos funcionarios de la Comisión nacional, encabezados por su presidente Raúl Plascencia, sostuvieron un encuentro del que se desprendió una pormenorizada comunicación suscrita por el primer visitador, doctor Luis García López Guerrero.

La Comed difundió el jueves pasado parte de esa comunicación. Una conclusión aparecida en la recomendación del año pasado, rechazada por el gobernador Ruiz, reiterada en el intercambio con los mediadores dice lo siguiente:

"...del análisis de todas las evidencias que...se valoraron, cobró mayor certeza jurídica la presunción de que ambos agraviados (Reyes Amaya y Cruz Sánchez), después de su detención fueron trasladados inicialmente, de manera velada, al interior de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ocurriendo tales sucesos entre el 24 y el 25 de mayo de 2007, fecha en que nada se volvió a saber sobre su paradero.

En abril siguiente, con base en la declaración de un testigo protegido, la Procuraduría General de la República detuvo en Oaxaca, trasladó a la Ciudad de México y solicitó el arraigo del comandante Pedro Hernández Hernández y de su chofer, el agente Ángel Cruz Reyes. Constancias ministeriales se refieren a ellos, señalados "como quienes participaron en el secuestro y en la desaparición de los presuntos integrantes desaparecidos del EPR" y se insiste más adelante en que ambos se encuentran "relacionados en la desaparición de Andrés (sic, por Edmundo) Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez..."

Si bien el arraigo fue levantado y los afectados quedaron en libertad, cabe dete- nerse en la posición de Hernández Hernández en las agencias represoras de Oaxaca. Era subdirector operativo de la policía ministerial, y había formado parte del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento y de la Unidad Ministerial de Investigación Táctica. A este agrupamiento se le señaló también en indagaciones federales como regido por uno de los hombres de más confianza de Ulises Ruiz, Jorge Franco, y la procuradora Lizbeth Caña. Bajo las órdenes de estas últimas personas los miembros de esa Unidad ministerial habrían practicado delitos por los cuales se iniciaron averiguaciones federales suspendidas sin que concluyeran y sin que se declarara que no habría acción penal.

El gobernador saliente está en situación de admitir, si no la recomendación de la CNDH, sí que miembros de las corporaciones a sus órdenes detuvieron a los desaparecidos del EPR. No quedaría incriminado si añade información, que de seguro conoció en su momento y puede renovar ahora, sobre la siguiente etapa en el procedimiento contra Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Se ha presumido, no meramente imaginado sino conjeturado con base en indicios y señalamientos, que los presuntos guerrilleros fueron entregados al Ejército, en el cuartel de la VIII Zona Militar en Ixcotel, Oaxaca, que estaba al mando del general Alfredo Oropeza.

Con más poder de convicción que sus mensajes propagandísticos, Ulises Ruiz podría aminorar su responsabilidad en este suceso si ofreciera la información de que seguro le fue transmitida sobre el asesinato de al menos cuatro jefes policiales que participaron en la detención y traslado de los miembros del EPR: Jonás Gutiérrez Corro, Alejandro Barrita, Aristeo López y Ricardo Rodríguez, acaso ultimados para que no revelaran (como hizo el primero de ellos) pormenores sobre la detención que luego se convirtió en desaparición.

No son pocos los episodios negros por los cuales será recordado el gobernador que rindió su último informe sin presentarse ante el Congreso local, y que el 30 de noviembre concluirá su sexenio. Éste en particular merece una palabra suya, porque el EPR ha convenido una tregua en espera de que aparezcan sus militantes. De modo que Ruiz algo puede hacer para que la tregua se prolongue.
Comunicado de la Comisión de Mediación
Fecha: 2010 11 11
COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN
Jueves 11 de noviembre 2010
La Comisión de Mediación (COMED), entre el PDPR-EPR y el Gobierno Federal, comparte a la opinión pública el documento con el que, a solicitud expresa, responde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aclarando, profundizando y comentando los términos y seguimientos de la Recomendación 07/2009 referente a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, emitida con fecha del 13 de febrero de 2009.
Hacer público este documento obedece a la valoración de la COMED sobre su claridad jurídica para poder alcanzar el estándar internacional de desaparición forzada de persona.
El Dr. Luis García López Guerrero, Primer Visitador de la CNDH, en su respuesta a la COMED afirma entre otras cosas que:
… del análisis de todas las evidencias que se analizaron y valoraron, cobró mayor certeza jurídica la presunción de que ambos agraviados después de su detención, fueron trasladados inicialmente de manera velada, al interior de instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, ocurriendo tales sucesos, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha en que nada se volvió a saber sobre su paradero…
… en la práctica ello implicaría que la obtención de las pruebas dependería de la cooperación del propio Estado; y porque además, esas pruebas se encuentran a disposición del Gobierno o deberían haberlo estado si éste hubiera procedido con la debida diligencia, durante el transcurso de sus investigaciones que estuvieron bajo su control exclusivo.
… quedó clara la afirmación de una autoridad, que al ejercer el monopolio de investigar y perseguir los delitos, reconoció expresamente que en el caso de los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, se está en presencia de una desaparición forzada de persona; ello, con independencia de la calificación del tipo penal con el que haya radicado las indagatorias la citada Representación Social de la Federación y a las cuales, se le impidió a esta Comisión Nacional su consulta.
Lo anterior, confirma aún más la posición que sostiene esta Comisión Nacional, en el sentido de que se encuentran reunidos los elementos normativos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, para considerar que el caso de los dos agraviados se encuentra en ese supuesto, de conformidad a los razonamientos que se dejaron debidamente establecidos en los párrafos anteriores; y es por ello que en la recomendación 7/2009, se tomó la determinación de que el Estado Mexicano, representado por el Gobierno Federal, el Gobierno del estado de Oaxaca y la Presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tiene la obligación de restituir a ambas personas el pleno goce de los derechos fundamentales que les fueron conculcados, así como a reparar a éstos, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, a través de la indemnización correspondiente.
Con este reconocimiento expreso de la DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA que hace el Primer Visitador de la CNDH, la COMED insta a las autoridades señaladas en la Recomendación 07/2009 a asumir dicha Recomendación, así como también a dar respuesta a todas las preguntas aún pendientes a fin de dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, castigar a los responsables y reparar los daños y perjuicios.
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz,
Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco,
Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano, Samuel Ruiz García

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