28 ago. 2009

A 10 años de la ley de cine

La Ley Federal de Cinematografía. Un recuento a diez años de su publicación/Israel Tonatiuh Lay Arellano 22 de Agosto de 2009
En enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Cinematografía. Esta legislación se estrenaba tras haber sido discutida no sólo por los diputados federales, sino porque grupos de la sociedad civil, tanto de la Comunidad social cinematográfica como de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica habían participado en la deliberación. El contenido de esta reforma permitió dar un respiro a la industria fílmica nacional y de una u otra manera ha contribuido a su continuidad. Hoy, a diez años de distancia de ese proceso de discusión, el cine mexicano goza de una ascendiente reputación, diversos directores realizan proyectos en el extranjero y varias películas mexicanas han sido premiadas también fuera de nuestro país. A continuación, un breve recuento de la historia legislativa y de sus actores.
Los antecedentes de una legislación cinematográfica se remontan al año de 1913, cuando se publica el primer ordenamiento en la materia, en 1919 surge el reglamento de la censura cinematográfica, y en 1947 se expide el Reglamento de la Comisión Nacional de Cinematografía. Dos años después, en 1949 se aprueba la Ley de la Industria Cinematográfica, la cual es reformada en 1952.
Debido al éxito de las películas mexicanas de esos tiempos, el gremio cinematográfico había alcanzado tal solidez que sus grupos corporativos tenían fuerza incluso en la vida política nacional, por esta razón varios actores lograron convertirse en diputados federales. De esta manera, en 1960 surgió la idea de reformar la Ley. Entre sus mayores impulsores se encontraba el director Roberto Gavaldón. La iniciativa se aprobó el 26 de diciembre de 1960 y al día siguiente se envió al Senado. Sin embargo, el día 28 de diciembre la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) envío un telegrama al Senado, pidiendo detener el dictamen y recibir a una comisión de esa cámara. “Presumiblemente las negociaciones debieron alcanzar cierto grado de beneficio de interés, pues el Senado nunca pasó el proyecto, la versión oficial sería que el Senado concluyó que esta iniciativa adolecía de imperfecciones que provocarían una peligrosidad en su ejecución. A cambio se anunció el 3 de enero de 1961 que el Gobierno había nacionalizado La Compañía Operadora de Teatros S.A. (Cotsa) y Cadena de Oro, con un total de 329 salas de cine” (Lay, 2005: 67).
Tuvieron que pasar más de treinta años para que se volviera a proponer una modificación a la Ley de la Industria Cinematográfica. En 1992 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, envió una iniciativa de reforma a esta legislación, cuyo propósito simplemente era acoplar la débil industria cinematográfica mexicana, de ese momento, al concepto de entretenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues quienes se beneficiaban con las modificaciones sólo eran las cadenas de distribución y exhibición, las cuales llevaban a la pantalla alrededor del 93% de cine estadounidense. La iniciativa del Presidente fue aprobada por los diputados por la vía rápida, o como se le llama en el argot legislativo, por fast track, pues de acuerdo a las críticas en prensa de esa ocasión, sólo le tomó al Pleno de la Cámara quince minutos la discusión y aprobación de la nueva Ley Federal de Cinematografía (LFC).
En 1995, después de tres años, los integrantes del sector de la producción cinematográfica concluyeron que la legislación no contribuía a su activación, por lo que un grupo conformado por directores, actores, escritores y estudiantes de cine, entre otros, inició una serie de acciones encaminadas a examinar las deficiencias de la industria y realizar las propuestas pertinentes para su revitalización. Este grupo se autodenominó Comunidad social cinematográfica, ya que se deslindaban de los filmes basados simplemente en el entretenimiento, mientras que pugnaban por el fortalecimiento de un cine mexicano con un carácter más educativo y cultural, así como el equiparar una película a una obra de arte.
¿Pero cual fue el mérito de la participación de la Comunidad social cinematográfica en la reforma a la LFC? Sin duda su capacidad para lograr el objetivo de cambiar esa legislación, no sin enfrentarse a diversos obstáculos. Así mismo, desde una perspectiva más teórica, este grupo logró aplicar mecanismos de democracia deliberativa en su proceso de discusión interior. La cronología del mismo es la siguiente:
En el mes de junio de 1995, se organizaron las mesas para el foro Defensa del Cine Nacional. De igual manera, se llevó a cabo el denominado Forodebates, que concluye con la redacción del documento titulado Cruzada Nacional en Defensa del Cine Mexicano como Patrimonio Cultural y Salvaguarda de Nuestra Identidad. De esta forma comenzaron a realizar las acciones necesarias para que los diputados federales escucharan sus propuestas para reformar la ley, las cuales se centraba en tres aspectos: el financiamiento estatal al cine mexicano, la prohibición al doblaje y los tiempos para exhibición de películas nacionales.
Sobre el primer punto, la iniciativa contemplaba un fondo con recursos provenientes, en su mayoría, de una parte de las ganancias de la taquilla en las salas cinematográficas nacionales, lo que de inmediato fue rechazado por los empresarios de ese ramo. Ante la posibilidad de un conflicto mayor entre los empresarios y la Comunidad social cinematográfica, el Ejecutivo Federal ofreció la creación de un Fondo con presupuesto asignado, lo que hoy conocemos como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE)
[1].
La prohibición al doblaje ya estaba contemplado en la Ley Federal de 1992. El artículo textualmente señalaba: “Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán ser doblados al español”.
El tercer pilar, proponía un mayor tiempo en pantalla para el cine mexicano, en dos supuestos: el primero, si se activaban todas las cadenas productivas de la industria fílmica, entonces se tendría una mayor cantidad de películas para exhibirse. El segundo supuesto giraba en torno al poco tiempo, que en esos días, se le otorgaba a las cintas nacionales en la cartelera.
La comunidad social cinematográfica fungió como un grupo de la sociedad civil, aunque que si bien agrupaba integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), cooperativas
[2], actores, y todos estos grupos forman parte, junto con los agremiados de la empresarial Canacine, a la industria fílmica nacional, no participaron en un sentido corporativista, sino debatiendo las ideas e impulsando su discusión para llevarlas a la agenda pública, con el objetivo de lograr una ley de cinematografía distinta a la que se encontraba vigente, de acuerdo a los intereses de cada uno y a su concepción de industria cinematográfica. En este sentido, este grupo pertenecía a ese tercer campo, distinto de la economía y el Estado, que es la sociedad civil (Arato, 2001:37).
En 1997, a punto de culminar la LVI Legislatura Federal y tras meses de pláticas y acercamientos con diputados del aún mayoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI), se enfrentaron al primer obstáculo, el representante del grupo de los legisladores priístas señalaron que finalmente no avalarían su proyecto de iniciativa ciudadana para ser presentada en la Cámara. La razón además de ingenua fue una ofensa para los dirigentes de la Comunidad social cinematográfica: no se encontraba en los supuestos del artículo 71 de la Constitución, esto es, que no existe (incluso a la fecha) a nivel federal el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas (iniciativas populares).
Detrás de ese argumento se observaba la nula voluntad política para crear mecanismos de acercamiento con la sociedad civil. Tiempo después los dirigentes de la Comunidad Social Cinematográfica se enterarían que quien había dado la instrucción de no apoyar el proyecto, había sido el mismo presidente de la República, en ese entonces Ernesto Zedillo. En el plano teórico, esta acción demostraba que el cabildeo como herramienta política, sólo era efectivo si había voluntad por parte de quienes toman las decisiones (diputados), lo que a su vez significaba que la aplicación de una política deliberativa sólo podía materializarse si se permitía que todas las voces de los grupos de interés sobre el tema eran escuchadas.
En las elecciones federales intermedias de 1997, el PRI perdió la mayoría simple. De acuerdo con los resultados electorales, el PRI había obtenido 239 diputados, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) habían alcanzado 125 y 121 legisladores respectivamente. Dentro de las filas del PRD se encontraba María Rojo, conocida actriz del cine mexicano, quien además se convirtió en la Presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ante esta coyuntura, la Comunidad social cinematográfica tuvo la oportunidad de presentar su iniciativa de reforma, a través de la figura de Rojo. El proyecto se denominó Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica (ILIC), pues pretendía erigirse en un ordenamiento diferente al que se encontraba vigente.
La iniciativa se presentó en el mes de abril de 1998, y se turnó tanto a la Comisión de Cultura como a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que presidía el panista Javier Corral Jurado.
[3] El proyecto había pasado por diferentes tratamientos, a petición de las diversas observaciones que se le habían hecho en las mesas de consulta organizadas por la Comunidad social cinematográfica, así mismo la cual había trabajado en el formato de asamblea e incluido los intereses de sus miembros.
La iniciativa pasó por más de diez tratamientos antes de tener una versión definitiva. Cuando se alcanzó ésta, se conformó una Comisión Dictaminadora con siete integrantes tanto de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) como de la de Cultura. De estos destaca la presencia de Angélica de la Peña y Lázaro Cárdenas (PRD), Leonardo García Camarena (PAN), Francisco Arroyo (PRI). Al ser un grupo plural, contaron con el aval de sus fracciones parlamentarias. El procedimiento para dictaminar requirió la unidad de los siete legisladores, el escuchar y analizar los puntos polémicos, y trabajar con sigilo, esto es, que ninguno de los avances de la redacción del dictamen se debía de hacer público, pues en esta fase se consideró que sería positivo el trabajar sin presiones de ningún grupo. El dictamen fue presentado el 11 de diciembre de 1998. Dos días después, el 13 de diciembre, fue aprobado por unanimidad de los 478 diputados presentes en la sesión.
El documento insistía en el papel regulador del Estado sobre esta industria. Sobre los tres puntos polémicos, el dictamen señaló que en cuanto al doblaje, la propuesta mantenía el texto de la ley vigente. De los tiempos de pantalla, se propuso un trato justo y equitativo para las producciones nacionales frente a las extranjeras, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica y de acuerdo con los compromisos internacionales de México en materia de regulación. Finalmente, el proyecto dio pie a la creación de un fideicomiso para la promoción y fomento de la industria cinematográfica en el que participarían todos los sectores de la industria.
En su papel de cámara revisora, el Senado de la República apoyó el contenido de la minuta, sin embargo hizo observaciones al artículo 19, que reservaba un tiempo de pantalla de 10% para el cine nacional. En el debate de los senadores intervinieron, entre otros Beatriz Paredes, Carlos Payán, Adolfo Aguilar Zinser y Silvia Pinal. Finalmente acordaron no acotar a un porcentaje determinado, sino sujetarlo a los compromisos adquiridos en la materia en los tratados internacionales. El documento fue aprobado por 65 votos a favor y 39 en contra. De esta manera, se turnó el expediente completo a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso d del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara también aprobó la modificación realizada por el Senado con 372 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones, para luego ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1999 como reformas a la Ley Federal de Cinematografía.
Si bien el cabildeo ya era una herramienta política utilizada para la negociación, el proceso de discusión de la ILIC logró transparentar (y quizás sistematizar) el ejercicio de esta práctica al interior del Congreso de la Unión. La inclusión de elementos de democracia deliberativa en un proceso legislativo mexicano, había demostrado que se trataba de un mecanismo efectivo para alcanzar consensos. Sin embargo también quedó demostrado que acciones extra legislativas pueden vulnerar la construcción de estos acuerdos.
Aunque uno de los objetivos de la reforma a la LFC era dotar de un mayor tiempo en pantalla a las películas mexicanas, no sólo el ajuste hecho por el Senado de la República, que eliminó el porcentaje del 10 por ciento para reserva, afectó este pilar, sino también una resolución adoptada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ya que el 16 de marzo del año 2000, el pleno dictaminó por unanimidad que empresas distribuidoras de cine Warner BROS. México (Warner), United Internacional Pictures R.S.L. (UIP), Twentieth Century Fox Film de México S.A de C.V (Fox), y Videocine S.A. de C.V. (Videocine) no eran responsables de prácticas monopólicas.
Lo anterior en respuesta a una investigación que había iniciado la Cofeco en abril de 1997, contra las presuntas prácticas monopólicas, ya que a través de diversas notas periodísticas, se acusaban a las empresas distribuidoras de condicionar y restringir el suministro de películas a los exhibidores independientes. “Las empresas distribuidoras habían acordado segmentar el mercado en forma temporal, reservando la distribución de películas más rentables del año para que fueran exhibidas por primera vez en junio y julio. Así mismo, estas empresas realizaban la práctica de denegación de trato, sin que los exhibidores afectados por la negativa tuvieran una causa para negarles el suministro de copias de estreno.” (Lay, 2005: 161). En noviembre del mismo año se emplazó a las empresas mediante un oficio de presunta responsabilidad. En febrero de 1998 las empresas dieron contestación al oficio y ofrecieron pruebas.
En la cuestión del doblaje, también en marzo del año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 8 de la LFC. En marzo de 1997, al mismo tiempo que la Comunidad social cinematográfica buscaba el apoyo de los diputados de la LVI Legislatura para presentar su iniciativa, UIP solicitaba a la Dirección General de RTC la exhibición pública y comercial de la película Parque Jurásico (Jurassic Park) en su versión doblada al español. La respuesta de la Dirección General de RTC a UIP fue que debido al contenido del Artículo 8 de la LFC no podía otorgar la autorización para esa película.
Debido a la negativa, la UIP interpuso una demanda de amparo, argumentando la violación de las garantías individuales relativas a la libertad de trabajo (Artículo 5 de la Constitución) y a la manifestación de ideas (Artículo 6 de la Constitución). Sin embargo, la Juez Cuarto de Distrito en materia administrativa negó el amparo por no considerar que había violación de tales derechos. Ante esta situación, la IUP interpuso un recurso de revisión ante la SCJN, la cual en su pleno se declaró competente. Después de las sesiones de los días 21 de febrero, 2 de marzo y 6 de marzo del año 2000, la mayoría de los Ministros en Pleno, decidió apoyar la postura de inconstitucionalidad del Artículo 8 de la LFC. Debido a lo controvertido del tema, se dio una votación minoritaria de los Ministros Miguel Aguinaco Alemán, María Sánchez Cordero y el entonces Presidente de la Corte, David Góngora Pimentel, quienes sostuvieron que dicho precepto no transgredía la garantía de comercio, en cambio garantizaba la defensa del idioma español, la identidad nacional, el respeto a la originalidad de integridad de la obra, y el conocimiento de diversidad de otras culturas.
En los siguientes años, la Ley Federal de Cinematografía sufriría sólo dos reformas mínimas. El 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Fracción VI del artículo 34 de la LFC. La segunda reforma se publicó el 26 de enero de 2006, donde se reforma el artículo 41, fracción I, incisos c y e, y se adiciona el inciso i. La primer reforma tiene que ver con los derechos que se generan por la cinematografía, mientras que la última modifica y adiciona las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la materia
[4].
La reforma del artículo 34 estuvo ligada a la adición del Artículo 19-C de la Ley Federal de Derechos, la cual recaudaba un peso por cada boleto vendido en las salas cinematográficas para exhibición comercial. Esto se había conseguido gracias a la iniciativa que habían redactado conjuntamente miembros de la Comisión de Cultura y de la de Hacienda de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura. En opinión de Víctor Ugalde, Secretario Ejecutivo del Fidecine, la iniciativa tenía el objetivo de depender de los recursos que otorgaba el Ejecutivo Federal a ese Fondo. Cabe resaltar que entre los diputados que más habían apoyado tal iniciativa se encontraba Florentino Castro, del grupo parlamentario del PRI, el mismo quien había dado marcha atrás al apoyo a la iniciativa presentada por la Comunidad social cinematográfica en 1996, cuando fue miembro de la LVI Legislatura.
Se había calculado que con tal medida se obtendrían cerca de 145 millones de pesos, adicionales al presupuesto asignado al Fidecine. La prioridad era, según los diputados que presentaban la iniciativa, reactivar la industria, tomando como modelo las políticas emprendidas por Brasil en este rubro (Lay, 2005: 142). El 6 de diciembre de 2002, la Cámara de Diputados aprobaba con 441 votos a favor, cero en contra y una abstención, la modificación al artículo 19-C de la Ley Federal de Derechos. Con esto, a partir de 2003 se destinaría un peso de cada boleto vendido en las taquillas de exhibición. Tras la votación, la Canacine argumentó que no se les había consultado sobre esa iniciativa, la cual violaba el artículo 31 de la Constitución.
El entonces Senador Jesús Ortega señaló, en esa sesión de Pleno del 12 de diciembre de 2002, que no se estaba en contra de dotar al Fidecine con mayores recursos, e incluso propuso que los diputados cambiaran el derecho del peso en taquilla por un impuesto, el cual podían incluir en la miscelánea fiscal para el siguiente año. Sin embargo esta idea no prosperó, aunque en diciembre de 2004, se adicionó el artículo 226 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.
A pesar de los claroscuros en la aplicación de la LFC, ha sido un ordenamiento sólido. El pilar más importante, el financiamiento para películas mexicanas, se ha mantenido, y diversas producciones apoyadas a través del Fidecine han sido premiadas en el extranjero, tales como Temporada de patos
[5] (2004), El violín[6] (2007), Bajo la misma luna[7] (2008), ¿Te acuerdas de Lake Tahoe?[8] (2008), Cinco días sin Nora[9] (2008), y Morenita[10] (2009).
BIBLIOGRAFÍA
ANDUIZA, Virgilio (1983), Legislación cinematográfica mexicana, Filmoteca de la UNAM, México.

CAMARA DE DIPUTADOS (1960), Dictamen de iniciativa de nueva ley de la Industria Cinematográfica, Diario de los Debates, 23 de diciembre.
- (1960), Dictamen de iniciativa de nueva ley de la Industria Cinematográfica, Diario de los Debates, 26 de diciembre.
- (1998), Anteproyecto de reformas, adiciones y modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía (Primera lectura), Diario de los Debates, 23 de abril.
- (1998), Proyecto de Dictamen de la Ley Federal de Cinematografía, Diario de los Debates, 13 de diciembre.
- (1998), “Propuesta para Ley de Cinematografía”, Comisión de RTC.
CAMARA DE SENADORES (1960), Remite expediente y minuta de Proyecto de Ley de Cinematografía, Diario de los Debates, 27 de diciembre.
- (1998), Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, Diario de los Debates, versión estenográfica, 15 de diciembre.
- (2002), Versión estenográfica, 12 de diciembre.
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1913), Reglamento Cinematográfico, 23 de junio.
- (2002), Adición del artículo 226 de la Ley del ISR, 1 de diciembre.
- (2002), Reforma a la Fracción VI del Artículo 34 de la Ley Federal de Cinematografía, 30 de diciembre.
- (2006), Reforma al artículo 41, fracción I, incisos c y e, y se adiciona el inciso i a la Fracción VI del Artículo 34 de la Ley Federal de Cinematografía, 26 de enero.
LAY ARELLANO, Tonatiuh (2005), Análisis del proceso de la Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica, Universidad de Guadalajara, México.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2000), Amparo en revisión 2352/97 Promovido por United Internacional Pictures, S.R.L. contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades consistentes en la expedición y aplicación del artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía, 6 de marzo.
[1] El Fidecine nació cuando el Presidente de la República, Vicente Fox, publicó el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de 2001, con un presupuesto de 100 millones de pesos.
[2] Una Sociedad Cooperativa es una organización que asocia a profesionales en todas las ramas de la actividad audiovisual. Muchos directores, autores, actores, productores y técnicos especializados en áreas como tramoya, fotografía, sonido, electricidad, props y escenografía, maquillaje y edición se han reunido en sociedades de este tipo. Estas cooperativas cuentan con recursos técnicos y financieros para trabajar como productores o coproductores o bien, para proveer servicios de producción donde se puede encontrar todo lo necesario como staff y equipo para cualquier tipo de proyecto audiovisual.
[3] Actor fundamental en la discusión de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones en el Senado de la República en 2006
[4] Inciso c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que tengan por objeto social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo técnico a la producción y coproducción cinematográfica y audiovisual.
Inciso e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.
Inciso i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la capacitación, el entrenamiento, la instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo e investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras cinematográficas y artes audiovisuales en general.
[5] Premio especial del jurado en el Paris Film Festival.
[6] Premio a la mejor fotografía y al mejor guión en el Festival de cine de Cartagena; Colón de oro a la mejor película en el Festival de Cine de Huelva; Mejor ópera prima en el Festival Latinoamericano de Cine de Lima; Mención especial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián; Premio Especial del Jurado en el Festival de cine de Sao Paulo; Premio a los valores humanos en el Festival de cine de Thessaloniki
[7] Mejor película internacional en los Young Artist Award.
[8] premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI) en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
[9] Mejor dirección en Festival de Cine de Moscú.
[10] Colón de plata a la mejor dirección en el Festival de Huelva.

Tarcisio Bertone SDB

Cardenal Bertone: Benedicto XVI no da "marcha atrás" en el Vaticano II
Responde a rumores circulados en la prensa
CIUDAD DEL VATICANO, jueves, 27 agosto 2009 (
ZENIT.org).- El colaborador más cercano de Benedicto XVI ha desmentido los rumores promovidos por medios de comunicación que aseguran su intención de dar "marcha atrás" en el camino de aplicación del Concilio Vaticano II.
El cardenal Tarcisio Bertone S.D.B., secretario de Estado, en una entrevista concedida a la edición italiana de "L'Osservatore Romano" del 28 de agosto, aclara debates surgidos por revelaciones de supuestos documentos, desmentidos por la Santa Sede, interpretados como una vuelta atrás por parte del Papa, sobre todo en materia litúrgica.
"Para comprender las intenciones y la acción de gobierno de Benedicto XVI es necesario remontarse a su historia personal --una experiencia variada que le ha permitido pasar por la Iglesia conciliar como auténtico protagonista-- y, una vez elegido Papa, al discurso de inauguración del pontificado, al que dirigió a la Curia Romana el 22 de diciembre de 2005 y a los actos precisos que ha querido y firmado (en ocasiones pacientemente explicados)", comienza diciendo el purpurado.
"Las demás elucubraciones y rumores sobre presuntos documentos de marcha atrás son pura invención, según un cliché presentado continuamente con obstinación".
El cardenal cita "algunas instancias del Concilio Vaticano II que el Papa ha promovido constantemente con inteligencia y profundidad de pensamiento".
En particular, "la relación más comprensiva instaurada con las Iglesias ortodoxas y orientales, el diálogo con el judaísmo y con el islam, con una recíproca atracción, que han suscitado respuestas y profundizaciones como nunca antes se habían registrado, purificando la memoria y abriéndose a las riquezas del otro".
"Y, además, me agrada subrayar la relación directa y fraterna, así como paterna, con todos los miembros del colegio episcopal en las visitas ad limina y en las demás numerosas ocasiones de contacto".
"Hay que recordar la práctica que ha emprendido de intervenciones libres en las asamblea de los Sínodos de los Obispos con respuestas puntuales y reflexiones del mismo pontífice".
"No olvidemos tampoco el contacto directo instaurado con los superiores de los dicasterios de la Curia Romana con los que ha restablecido periódicos encuentros de audiencia".
La reforma, una cuestión de corazón
Por lo que se refiere a la "reforma de la Iglesia" el cardenal considera "que es sobre todo una cuestión de interioridad y santidad".
Por este motivo, asegura, el Papa se concentra en recordar "la fuente de la Palabra de Dios, la ley evangélica y el corazón de la vida de la Iglesia: Jesús, el Señor conocido, amado, adorado e imitado".
Por este motivo está preparado en estos momentos el segundo volumen de su libro "Jesús de Nazaret".
Por lo que se refiere a las intervenciones del Papa sobre la Curia Romana, el cardenal explica que, en lo que lleva de pontificado, Benedicto XVI "ha realizado setenta nombramientos de superiores de los diferentes dicasterios" vaticanos, sin contar a obispos y nuncios en el mundo.
En este sentido, anuncia para muy pronto "nombramientos importantes" en los que estarán representadas "las nuevas Iglesias: África ya ha ofrecido y ofrecerá excelentes candidatos", afirma.
El purpurado advierte ante el error de atribuir al Papa todos los problemas que experimenta la Iglesia en el mundo y todas las declaraciones de sus representantes.
"Una correcta información exige que se atribuya a cada quien ('unicuique suum') la propria responsabilidad por los hechos y las palabras, sobre todo cuando éstos contradicen abiertamente las enseñanzas y los ejemplos del Papa", recuerda a los periodistas
.

El Consejo Mundial de Iglesias

El teólogo y pastor noruego Olav Fykse Tveit (48) ha sido elegido secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) por el comité central de la organización reunido en Ginebra suiza, del 26 de agosto al 2 de septiembre.
Tveit es el séptimo secretario general de la organización ecuménica y el más joven desde que Willem A. Visser 't Hooft lideró el CMI durante su proceso de formación y luego de su asamblea constitutiva hace seis décadas.
Desde 2002, el reverendo Olav Fykse Tveit ocupa el cargo de secretario general de Ecumenismo y Relaciones Internacionales del Consejo de Iglesias de Noruega.
Tveit es miembro de la Comisión de Fe y Constitución del CMI y de la mesa de directores y el comité ejecutivo del Consejo Cristiano de Noruega.
Fue previamente Secretario de la Comisión sobre Doctrina de la Iglesia de Noruega (1999-2000), y de la Comisión de Relaciones Iglesia Estado (2001-2002). Es pastor de la Iglesia [Luterana] de Noruega y se ha desempeñado como párroco en Haram, Diócesis de Møre, 1988-91 y como capellán militar durante su año obligatorio de servicio nacional en 1987-88.
Tveit sucederá al saliente secretario general, el reverendo Samuel Kobia, quien había informado al comité central en febrero de 2008 que no aspiraba a un segundo término en el cargo. Kobia fue secretario general del CMI desde enero de 2004.
El CMI agrupa a 349 iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes.
Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está en África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico.
La Iglesia católica no forma parte del CMI, pero colabora con sus instituciones, en particular con su Comisión de Fe y Constitución. Esta colaboración tiene lugar en particular con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, desde hace casi 44 años.

Eduardo Medina Mora

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
La caída de Medina Mora
Ejecentral.com 28 de agosto de 2009;
Desde hace meses, los rendimientos políticos del procurador general Eduardo Medina Mora ante el presidente Felipe Calderón, eran decrecientes. Pero ni el descubrimiento de una red de corrupción al servicio de los cárteles de la droga en la oficina que supuestamente debía combatirlos, ni la protección que dio o las traiciones que recibió de algunos de los implicados en esas redes, fue suficiente para que le costaran el trabajo. Paradójicamente, lo que tiene la cabeza de Medina Mora en la guillotina es el haber cumplido cabalmente con su obligación y responsabilidad al haberse negado a utilizar la procuración de justicia con fines políticos, en vísperas de las elecciones de julio pasado.
Medina Mora fue objeto de reprimendas sibilinas por parte de líderes panistas tras la derrota electoral del 5 de julio, cuando mencionaron a los “desleales” que habían actuado en contra del partido y, por tanto, del presidente Felipe Calderón. Cuando vinieron esas denuncias se pensó en la forma como operó en contra de la estructura el ex dirigente Manuel Espino, y sobre la locuaz boca del ex presidente Vicente Fox, quien cada vez que habla enrarece el ambiente político. Pocos sabían, en ese momento, quién era uno de los verdaderos destinatarios. Pocos saben, hasta hoy, cuáles eran las razones que llevaron a un enjuiciamiento público pero disfrazado. Esto es, todo indica, la marca de la casa calderonista.
En las semanas previas a las elecciones los gobernadores priistas recibieron advertencias muy claras de que el gobierno federal planeaba proceder contra varios de ellos, para vincularlos con el narcotráfico. La información original había llegado de un grupo de empresarios tamaulipecos que aseguraron a los líderes del PRI en el estado que el presidente del PAN en ese momento, Germán Martínez, les había anticipado que tras el operativo en Michoacán contra narcopolíticos, ahora le tocaría a estados gobernados por el PRI. Los priistas hicieron su trabajo en control de daños y de cohesión hacia el interior del partido. Pero también recibieron un apoyo inesperado, de acuerdo con información que tienen las cúpulas de ese partido, y provino de Medina Mora.
De acuerdo con esta información, Medina Mora recibió la documentación para proceder contra el gobierno de Natividad González Parás en Nuevo León, por presuntos vínculos de su hermano Luis con negocios de oscura procedencia -una acusación vieja en tierras regias y compartida por las élites de esa región-; contra Ismael Hernández de Durango, por la presunta relación con el cártel de Sinaloa, en especial con Ismael “El Mayo” Zambada e Ignacio Coronel; contra José Reyes Baeza en Chihuahua por la presunta relación de cuando menos un miembro de su gabinete con el Cártel de Juárez; y contra Eugenio Hernández de Tamaulipas, en la forma indirecta de ir actuar contra el ex gobernador Tomás Yarrington. Según la información en poder de las cúpulas del PRI, Medina Mora se negó a manipular la procuración de justicia con fines políticos y que fuera utilizada con un propósito netamente electoral. Ahí se firmó su suerte, confió un estratega priista.
¿Realmente pagará Medina Mora con la destitución el haber cumplido con su trabajo? No hay razones para pensar que no sea así. Hace varios meses el gobierno de Felipe Calderón viene utilizando los aparatos de inteligencia para propósitos políticos, y en especial el CISEN, que depende orgánicamente de la Secretaría de Gobernación, cuyo director, Guillermo Valdés, es íntimo amigo del Presidente, y que durante muchos años fue quien leyó las encuestas que mandaba a hacer el PAN. Dos ejemplos recientes muestran la forma burda como el servicio de inteligencia civil está actuando de manera política.
El primero fue un documento solicitado de urgencia al CISEN sobre el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, a fin de usarlo para modificar la decisión de construir una refinería en Hidalgo. El segundo, el sábado pasado, cuando el CISEN elaboró un reporte falso sobre una presunta reunión entre el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el ex presidente Carlos Salinas, que un funcionario de la Secretaría de Gobernación se lo entregó a El Universal, que difundió esa información, se cree con el desconocimiento del diario, de comenzar la guerra sucia contra el mandatario mexiquense, que es puntero indiscutible en las preferencias electorales para la contienda presidencial en 2012, y poner en entredicho la llegada de Francisco Rojas, cercano a Salinas, como coordinador de la bancada del PRI en el Congreso.
Dentro del gobierno no han entendido que los órganos de inteligencia no funcionan como policía política, sino para salvaguardar los intereses de seguridad nacional de la nación. La forma libertina como los están utilizando contra todos -desde un edificio detrás de la Lotería Nacional el CISEN tiene un centro de escuchas dirigido al Senado y a varios medios de comunicación-, regresa el delicado sistema de inteligencia y contrainteligencia civil mexicano a las épocas negras de cañerías del sistema político, donde la información se utilizaba para mermar las capacidades y las posibilidades de los actores políticos.
Se supone que era una era rebasada, pero no es así. El mal uso de los instrumentos en poder del Estado tiene consecuencias, inclusive, hacia el interior del gobierno mismo. Una de ellas es la probable salida de Medina Mora de la PGR, en represalia por haberse negado a ser un operador de campo de la ilegalidad gubernamental. El trabajo del procurador puede cuestionarse de muchas maneras y en muchos casos que tienen que ver con la procuración de justicia, y que tendrían que haber sido motivo de su remoción hace tiempo. Pero en este, que es la causal por la cual lo están enterrando, Medina Mora actuó con ética institucional, al gobierno y al Estado, aunque éstos no se hayan dado cuenta.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx