1 jun. 2010

Florcretino Castro

Columna ELENCO POLÍTICO/Martín Mendoza
El Debate, 1 de junio de 2010;
Guasave pudiera ser el único perdedor
Nadie dirá que el regreso de Florentino Castro López a su entidad natal pasó inadvertido. Ya le compite a Agustina Ramírez como personaje histórico de Sinaloa.
Efímero Contralor del Estado, destacó como Secretario de Educación Pública y Cultura inscribiendo su nombre en la picaresca local con el "Calendario Florentino", por la programación del asueto de los famosos puentes laborales, que contraponían a los de los niños con el resto de la familia.
Pero también se recordará por el discurso aquél del 5 de febrero en que mandó por un tubo la conmemoración histórica nacional y le dio un repaso a la oposición coaligada, en un descarado oportunismo político del adelantado coordinador de campaña del candidato del PRI y del PANAL el PVEM sólo existe aquí en documentos-- a la gubernatura.
La última. El último echo público de Florentino todavía se comenta y fue su presencia en las honras fúnebres de Roberto Zavala Echavarría a la cual llegó vistiendo una camisa de campaña de Jesús Vizcarra.
Es decir, fue a hacer campaña a favor de Vizcarra donde velaban el cuerpo del padre del secretario particular de Mario López Valdez, popular candidato de la oposición, y amigo y colaborador del Senador Francisco Labastida, apoyador de Malova. Obviamente, su imprudencia e irreverencia causó mucho escozor y si con esa gente piensa gobernar, si llegara a ganar, el ganadero ya sabrán la que nos espera con un gabinete de soberbios.
No todos. Otra cosa que molesta es que por las acciones de Florentino se recuerde su procedencia. Acongoja por el respeto que nos merece yla admiración y gratitud que le tenemos a tan esforzada y participativa ciudad que luego justifiquen "es que es de Guasave", como si toda la población tuviera la culpa o aprobara lo que hace el exfuncionario público.
Defensores. Afortunadamente hay otros guasavenses en el escaparate público que pudieran enmendar la plana. Sergio Sandoval Matzumoto y Luis Cárdenas Fonseca.
El abogado laboral preside el Tribunal Estatal Electoral , pero sus detractores o los de la inteligente Juliana Araujo Coronel, rumorean que también influye en el CEE. Nosotros no tenemos elementos para prejuzgar a Sergio, por el contrario no olvidamos que procede de una esforzada familia que luchó para superarse por el camino del bien. Sus fallos serán determinante en este proceso electoral, por lo que apelamos que su buen juicio lo sacará adelante.
Regresó. A su vez Cárdenas Fonseca, cuyo hermano Manuel es candidato a diputado por la alianza oficial, es el abogado de la misma ante el CEE. Casualmente, fue el relevo de Florentino en Contraloría Estatal, pero ha sido con esta última cartera recuperó al proyector público que tuvo cuando estaba en la Procuraduría. Hasta la semana pasada ya no salía tanto en los periódicos.
Ojalá que el actuar de ambos personajes en las respectivas comisiones que desempeñan cambién la oración y restituya el maltrecho orgullo de los guasavenses. Sino, que se los demanden.
Solidaridad. Acompañamos en su dolor a la compañera Faviola Verdugo y familia por el sentido deceso de su hermano Tomás, deseándole pronta reconciliación.

Diego y la guerrilla

Columna Archivos del poder/Martín Moreno
Diego y la guerrilla; Wallace y la injusticia
Publicado en Excélsior, 1 de junio de 2010;
En círculos de la seguridad federal se tiene la certeza de que Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado por un grupo guerrillero.
A pesar de que el Ejército Popular Revolucionario se deslindó, el pasado 18 de mayo, del plagio del Jefe Diego, se presume que un derivado de ese Ejército Popular, o bien otra guerrilla, puedan ser los responsables de la desaparición.
Y, para proteger la vida del panista, el gobierno federal —por órdenes directas de Los Pinos— se hizo a un lado del caso. El responsable de cualquier negociación es el procurador General de la República durante el zedillismo, Antonio Lozano Gracia.
A 18 días de la desaparición de uno de los políticos más poderosos, millonarios e influyentes de México, sólo hay una confirmación del gobierno calderonista: A Diego se lo llevaron. Y punto.
Fernández de Cevallos —como lo apuntamos en nuestra columna del 18 de mayo— es “el emblema de la corrupción política en el país”. Aún más: representa la impunidad de carne y hueso, esa misma que hoy tiene de rodillas a millones de mexicanos.
Por eso, más allá del dinero que la guerrilla pueda obtener por el secuestro de Diego y como bien apunta Ricardo Alemán en su columna de ayer en El Universal, su plagio es una humillación, y envía el mensaje al gobierno de que no hay intocables. Una revancha social, pues.
Ahí está la fotografía del Diego secuestrado: indefenso, vencido, apabullado.
Paralelo al caso Fernández de Cevallos —donde la impunidad juega un papel clave—, la jueza séptima de Distrito de San Andrés, en Cholula, Puebla, Florida López Hernández, nos da una muestra de cómo la justicia, a ese nivel, ha llegado a los límites de la ineficacia... o de la corrupción.
Resulta que la jueza López Hernández anuló la sentencia en contra del peligroso secuestrador y asesino César Freyre Morales, por el homicidio de quien fue compañero de fechorías de éste, Rugiero Martínez Báez, a quien mató, en Cuernavaca, tras una disputa por dinero.
Ese dinero era producto del secuestro de Bárbara Cindy, a quien Rugiero conocía, y a quien “puso” para que Freyre la secuestrara junto con su pequeño hijo.
Bestia humana, Freyre violó a Bárbara y cobró el rescate.
El mismo Martínez Báez narró los hechos.
Poco después, Freyre, junto con Jacobo Tagle Dobín, mataron a Rugiero y lo enterraron en un terreno propiedad de César, y que fue descubierto durante las investigaciones del caso Wallace.
Freyre Morales y Tagle son responsables del plagio y la muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda. Al primero, jefe de la banda, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda lo condenó a 47 años de prisión, en una sentencia benévola contra un sujeto que secuestraba y mataba a quien se le antojaba. La actuación del juez de marras fue tan lamentable como cobarde.
Ahora, la jueza López Hernández elimina la pena a Freyre por el delito de homicidio en contra de Rugiero Martínez Báez. El peligroso secuestrador se mantiene solamente en la cárcel por el plagio de Hugo Alberto y cuatro más en el Edomex.
¿De qué sirve tanto esfuerzo ciudadano, e inclusive el de algunos legisladores que se preocupan por castigar severamente el secuestro, si jueces cómplices eliminan delitos de manera insultante para una sociedad inerme ante la criminalidad?
Jueces Mejía Ojeda y Florida López Hernández: son una vergüenza.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES... Si los jueces fallan, ¿qué tal con el encargado del despacho de la PGJEM, Alfredo Castillo? El jueves pasado, en un programa nocturno de TV, Castillo reconoció haber cometido errores con la “sábana de cajón” en el caso Paulette; calificó de mentirosas a las nanas, Erika y Martha Casimiro, quienes aseguran que revisaron una y otra vez la cama de la menor y no estaba allí; dijo inclusive que el cuerpo de Paulette no olía “porque estaba como embalsamado, como las momias”. Al contrario de estas explicaciones, el caso Paulette dista mucho de haberse cerrado. Hay versiones en el ámbito federal que pronto se revelarán... Tremendo error de Javier Aguirre a unos días del Mundial: eliminar de la lista a un jugador joven y con tanto futuro como Jonathan dos Santos —¿acaso no juega en el Barcelona?— podría fracturarle al grupo. Aguirre, encaprichado con ese indolente llamado BofoBautista, con imposiciones como la de Paul Aguilar y Torres Nilo, y endiosado con Cuauhtémoc Blanco, parece sentirse más a gusto entre jugadores viciados que fuman y beben alcohol frente a su entrenador, poco tiempo antes del primer juego. No en balde El Vasco calificó a Cuauhtémoc de “pedote” ante todo el mundo. A ver si no hacemos el ridículo

Justicia penal, hoy

Estancan 19 estados a la reforma penal
Aseguran expertos que Setec, el órgano de implementación, es muy débil
¿Reportaje? de Antonio Baranda
Publicada en Reforma, 1 junio 2010.- Diecinueve estados mantienen estancada la implementación de la reforma constitucional penal aprobada en junio de 2008.
Las causas son la falta de acuerdos y de voluntad política, la carencia de recursos económicos y los tiempos electorales.
Así lo revela un diagnóstico de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), órgano administrativo desconcentrado de Gobernación, el cual detectó un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en las 19 entidades:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En contraste, Chihuahua, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas registran un avance "alto"; es decir que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que se basa en la oralidad y solución alternativa de conflictos, se dio antes de la reforma del 18 de junio de 2008.
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, y Ana Laura Magaloni, especialista del CIDE, coincidieron en que el principal factor del estancamiento es la falta de liderazgo de la Setec.
Magaloni indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal (Setec), encabezada por Felipe Borrego, nunca trazó una ruta crítica basada en la experiencia.
"Este órgano es muy débil. No nos tenemos que alarmar porque haya 19 estados que no han empezado a implementar la reforma, lo que nos debe alarmar es que cada uno esté empezando a su aire, es decir, sin que haya un proceso colectivo de aprendizaje.
"Lo más deseable es que se hubiera impulsado un plan de implementación integral donde se empezara con algunas entidades, poner a prueba esa reforma, afianzarla, y con ese aprendizaje ir a otros estados", comentó.
La especialista en sistemas judiciales recordó que una de las experiencias más exitosas en esta materia se registró en Chile, donde primero se instauró la reforma en las regiones "menos conflictivas", y cinco años después concluyó en Santiago, la capital.
Advirtió que si continúa la falta de liderazgo de la Setec y los procesos de implementación se siguen haciendo por separado, en un futuro será necesaria una segunda reforma que homologue los procedimientos de aplicación y actuación.
"Si cada uno experimenta por su cuenta no vamos a aprender de los errores, no vamos a ir domesticando la reforma que es muy complicada; esta reforma ya tiene grandes atorones en el proceso de implementación.
"No basta con que estén discutiendo los códigos, eso es solamente un 10 por ciento de la reforma. El resto es cómo cambias las conductas de los actores y eso requiere de políticas de reingeniería, de gestión, de capacitación, que no están siendo uniformes en el País", dijo.
Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expuso que la Setec va caminando "lenta y sin eficacia", por lo que sus trabajos deben ser rediseñados.
De lo contrario, dijo, sus resultados estarán supeditados a los tiempos políticos o electorales y no a la planificación.
"En el último foro sobre la reforma penal hubo seis gobernadores que criticaron los trabajos de esta comisión; hablaron de que mientras estemos en tiempos electorales esto parece que no camina, lo cual me parece lamentable", añadió. (es falsa la declaración de del Dr. Huerta).
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, mencionó que la Setec no está cumpliendo con la encomienda de encabezar la articulación --en los estados-- del andamiaje jurídico, programático y operacional de la reforma.
Explicó que este órgano de la Secretaría de Gobernación por lo menos debería facilitar a las entidades los modelos "tipo" de reglamentaciones secundarias, programas de estudio y códigos de procedimientos penales.
"Tiene que acercarse a los estados, no viceversa, tiene que haber un esfuerzo, este liderazgo moral se tiene que ir revalidando permanentemente al acercarse a las entidades y que puedan éstas sentir el apoyo de una instancia de orden nacional.
"Las entidades que no han implementado la reforma están con el tiempo muy corto, porque les quedan seis años como tiempo límite, pero este tipo de reformas requieren de más tiempo para madurarse", añadió.
Defiende Secretaría resultados
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) trabaja con "rumbo claro", indica un informe que este órgano de la Secretaría de Gobernación entregó a la Cámara de Diputados a finales de enero.
"Cuenta ya con una estructura administrativa, funciones bien determinadas, recursos humanos calificados, un rumbo claro contenido en su programa de trabajo, una agenda de vinculación con autoridades y una agenda de trabajo con el Consejo de Coordinación", señala.
Según documentos de la Setec, los avances recientes más significativos son la aprobación de la estrategia de implementación a nivel nacional; la validación del programa de capacitación y difusión; y la publicación de los lineamientos para el otorgamiento de subsidios federales.
También está la redacción del "Modelo de Simulación" para las entidades federativas; la elaboración del programa de infraestructura y equipamiento del nuevo sistema; la creación de un portal web; y la redacción de las "Bases para Información Estadística".
El programa de trabajo de la Setec consta de nueve ejes rectores: estudios y proyectos normativos; planeación y prospectiva; capacitación de los operadores; vinculación y cooperación; reorganización institucional; infraestructura y equipamiento; difusión nacional; evaluación y seguimiento; y finanzas y administración de recursos.
Apenas el 27 de abril, Felipe Borrego, titular de la Setec, expuso ante legisladores que su objetivo es que el próximo año todas las entidades de la República tengan "totalmente trabajada" la implementación de la reforma.
Desde que un estado comienza a instaurar el nuevo sistema hasta que se dirime el primer caso con las características de uno acusatorio, dijo, pasa alrededor de año y medio, por lo que al término de ocho años que se fijó para terminar de implementar la reforma es "razonable".
"(Así) se tiene el colchón de algún tropiezo, que es natural que se pueda tener. Esta modificación constitucional es inédita, es la primera vez en esta generación que rompemos un sistema y damos paso a uno totalmente diferente.
"Eso nos hace dar pasos que deben ser muy concretos, no deben ser en falso y sobre todo muy responsables", expuso ese día ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.