2 dic. 2010

Cable 238295

El Gobierno mexicano admite su temor a que varias zonas caigan en manos del 'narco'

Los diplomáticos trasladan una urgente llamada de auxilio a EE UU

PABLO ORDAZ | México
El País, 02/12/2010:
México necesita la ayuda de EE UU. Sus altos mandatarios, desde el propio presidente Felipe Calderón hasta funcionarios de la Secretaría de Gobernación o de la Procuraduría General de la República (PGR), aprovechan cualquier reunión con autoridades de EE UU para insistirles en su petición de ayuda tecnológica y de formación. A veces, hasta de manera angustiosa. Así lo hacen constar en sus informes al Departamento de Estado los diplomáticos estadounidenses que asisten a esos encuentros. Según se recoge en el cable 228419, que detalla una reunión mantenida con altos funcionarios de la Fiscalía General de EE UU, el entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez, reconoce: "Tenemos 18 meses, y si no conseguimos un éxito tangible que sea reconocible por los mexicanos, será difícil aguantar la confrontación en la próxima Administración". Es muy importante tener en cuenta la fecha de esa reunión: 5 de octubre de 2009. Ya han pasado casi 15 meses y la situación de violencia en México, lejos de mejorar, empeora.
Es más, según recoge el autor del referido cable, el subsecretario Gutiérrez llega a dar a entender que el Gobierno mexicano ya ha perdido el control sobre ciertas zonas del país, algo que en público jamás ha reconocido ningún miembro del Ejecutivo de Calderón: "Gutiérrez fue más allá al decir que, sin embargo, se ha dado cuenta de que ya ni siquiera hay tiempo para afianzar la preparación de las instituciones en los años que restan de la Administración Calderón [el sexenio finaliza en 2012]". Lamentó el penetrante y debilitante miedo que tiene una gran parte de la sociedad mexicana contemporánea, donde incluso la gente en Yucatán -con "niveles europeos de seguridad"- tiene miedo a causa de la inestabilidad en unas pocas y distantes ciudades. Expresó su verdadera preocupación por la pérdida de ciertas regiones. "Está dañando la reputación internacional de México, hiriendo las inversiones extranjeras, y llevando a una sensación de gobierno impotente". Un discurso tan descarnado, pronunciado en la intimidad de una reunión con colegas estadounidenses, jamás ha sido pronunciado en público por ningún mandatario gubernamental.
Mientras, desde EE UU, la preocupación ante la situación que vive el vecino del sur va en aumento. El cruce de cables entre el Departamento de Estado y su embajada en la capital es incesante. En el cable 238295, Hillary Clinton pide a sus diplomáticos en México que le expliquen de qué forma le están afectando al presidente Calderón en su personalidad y en su forma de gobernar las noticias adversas: la guerra contra el narcotráfico, la caída de la economía y los malos resultados de su partido en las elecciones intermedias. ¿Qué tipo de gobernante es Calderón?, pregunta Clinton. Los cables que se envían desde la sede diplomática en el DF también acusan preocupación. En el cable 231890, de fecha 28 de octubre de 2009, se refiere que el jefe del Ejército, el general Guillermo Galván, plantea el establecimiento de un estado de excepción en algunas zonas del país, invocando el artículo 29 de la Constitución mexicana, a lo que se opone el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que piensa distinto. La Embajada de EE UU estima que los beneficios son inciertos y los costes políticos, altos, y no cree por tanto que la iniciativa del militar prospere, como así sucedió. La incesante comunicación recoge también un encuentro, cable 231175, entre el propio presidente Calderón y Dennis Blair, director nacional de Inteligencia. El mandatario mexicano traslada al funcionario estadounidense su preocupación por la intromisión del presidente venezolano Chávez tanto en México como en toda Latinoamérica. No descarta que fuera él quien financió la campaña del izquierdista PRD durante las presidenciales de 2006 y se mostró especialmente preocupado por las relaciones entre Venezuela e Irán. "La creciente influencia de Irán en Latinoamérica debería preocupar a Estados Unidos".

Testigos protegidos

Testigos protegidos: ¿un mal necesario?/ Fred Álvarez
Publicado en Código Topo, suplemento mensual de Excélsior, 5 de enero de 2009.
“Los testigos son para que hablen, son para que den su testimonio y por eso están protegidos, para que no haya peligro de que se vayan a vulnerar sus derechos. El testigo como tal, si es protegido, tiene la responsabilidad de cooperar con la justicia para que se averigüe, para que se haga justicia", Luis Camilo Osorio. Embajador de Colombia en México.
 Hay varias formas a través de las cuales se puede fragmentar un grupo de delincuencia organizada. Una de ellas es mediante la infiltración de topos, es decir, colocar agentes encubiertos para penetrar las entrañas de las organizaciones delictivas y conocer sus formas de actuación, lo que se traduce en saber cuáles son sus mecanismos de operar, cómo se compone y estructura su organización, cuál es su ámbito, zona, territorio de actuación, etc. La otra es a través de la “negociación” con testigos protegidos, llámese delincuentes arrepentidos que a cambio de información importante ven conmutada o reducida su pena.
 La figura del agente encubierto en nuestro país está prevista en el artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  Recientemente con la aprobación de la denominada miscelánea penal, se adicionó el artículo 11 Bis que autoriza la reserva de la identidad de los agentes infiltrados, tanto en las actuaciones de averiguación previa como en el ejercicio de la acción penal.
 La tarea del agente infiltrado es peligrosa y se necesita del tiempo para dar resultados, a veces hasta años de esfuerzo y trabajo de inteligencia. Un tribunal federal de Nueva York pudo condenar hace unos días al sirio Monzer Al Kassar junto con el chileno Felipe Moreno Godoy por una serie de cargos que incluyen tráfico de armas y lavado de dinero; dicha resolución se pudo hacer gracias a la  infiltración de dos agentes de la DEA que por más de 20 años tuvieron contacto con Al Kassar, haciéndose pasar por representantes del Gobierno de Nicaragua que actuaban como emisarios de las FARC.
La otra parte, -figura empleada desde hace 12 años-, es la del testigo protegido o testigo colaborador, figura indispensable en la lucha contra el crimen organizado. En EE UU, –uno de los  5 países que México tomo en cuenta para modernizar su legislación -, el programa de testigos protegidos tienen una experiencia de 25 años y a la fecha se han otorgado protección a 6,500 personas con extensión a 9 mil familiares, y a pesar de su complejidad y elevado costo económico para el gobierno han logrado condenas en el 89% de los casos, y en otros temas han conseguido información valiosa para desmembrar a bandas internacionales. Hay un filme  denominado así: Testigo protegido, del director Richard Pearce, 1999, altamente recomendable, y que en ella podemos ver como la vida de una familia cambia de la noche a la mañana cuando el padre decide testificar contra sus compañeros mafiosos para evitar así la pena capital. A partir de ello, toda la familia entra en el programa de protección de testigos del FBI, dándoles ciertas garantías a su seguridad, como un nuevo nombre, un empleo, ubicación en alguna otra ciudad sólo conocida por su núcleo familiar, entre otras. En México, la historia es muy distinta. Aquí no hay tantos ni son tan “protegidos”; incluso algunos se han arrepentido, otros tienen una memoria fantástica  y algunos han sido asesinados una vez que se les ha quitado la protección brindada.
 En noviembre de 1996 se instituyó el Programa de Testigos Protegidos con la publicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. El artículo 34 señala textualmente que, “La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficiente a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera.”  Por su parte, el artículo 35 precisa que “el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios siguientes:
 I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;
II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;
III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y
 IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta. En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.
 El Artículo 36 señala que, “en caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien colabore con el Ministerio Público de la Federación, a solicitud de éste, se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador….” Eso dice la Ley.
 La primera pregunta obligada es: ¿Cuántos testigos han habido desde que se decretó la Ley el 7 de noviembre de 1997? ¿Cuántas identidades se han cambiado? ¿Dónde viven? ¿Quiénes los protegen? ¿Cuánto nos cuesta su seguridad?
 Muchas son las interrogantes, aunque la mayoría sin respuesta por ser asuntos reservados. Una búsqueda en el Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del Instituto de Acceso a la Información (IFAI), nos arroja que  son varios los ciudadanos que han hecho esas peticiones. La respuesta “más completa” de la PGR es la proporcionada hasta el año 2006. A partir de ella sabemos que en 1997, -desde su primer año de aplicación-, hubieron 19 testigos colaboradores; 19 en 1998; 30 en 1999, 27 en el 2000; 35 en el 2001, 42 en 2002; 89 en 2003; 83 en 2004;  48 en 2005; y 67 en 2006 (contabilizada hasta el 25 de septiembre).
 Un resolutivo del IFAI señala que, “la PGR fue omisa en relación con la información respecto de los años de 2007 y 2008 (…) De igual forma, la información para el 2005 está incompleta toda vez que hace falta de contabilizar el mes de diciembre. Por otro lado, resulta necesario que la Procuraduría General de la República informe de forma clara y comprensible la información que otorgó para 2006.” Se agrega en el dictamen que,  “en este sentido y toda vez que la respuesta otorgada por el sujeto obligado es incompleta, este Instituto considera pertinente modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República e instruirle para que realice una búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos y entregue la información respecto de los años 2005, 2006, 2007 y hasta el 4 de agosto de 2008, fecha en que fue presentada la solicitud de información.”
 En otra información proporcionada también por la PGR, se informó que desde que entró en funciones, -julio del 2003-, la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contabilizó, hasta el  6 de noviembre de 2007, un total de 174 testigos protegidos, señalando que en tan sólo en 2007 existieron 47 de ellos. Cabe señalar que las cifras no cuadran con las proporcionadas hasta el 4 de agosto de 2008.



¿Sirve de algo el testigo protegido?
La respuesta es sí. En algunos casos dicha figura es imprescindible en el combate contra el crimen organizado. Difícilmente las instituciones de procuración de justicia podrían descubrir plenamente el entramado de las organizaciones criminales secretas y a los personajes que las integran, sin que contase con información desde dentro de las mismas.  De hecho, en muchos casos la única forma de lograr llevar a proceso a los líderes de las organizaciones criminales es a través de las imputaciones indirectas. Por ejemplo, el fiscal norteamericano Rudolph W. Giuliani Giuliani, -al que se calificó como el Elliot Ness de los años ochenta-, jamás hubiera llevado a tribunales a cabecillas tan poderosas relacionadas con la delincuencia organizada, sin el empleo del testigo protegido. En un caso en contra de la Cosa Nostra de Nueva York y tras tres años de investigación, el también ex alcalde newyorquino recurrió a los testimonios de 30 testigos protegidos y a grabaciones conseguidas a través del control de 90 teléfonos y la instalación de 80 micrófonos secretos.
 Ciertamente, el testigo colaborador es un mal necesario pero a la vez también un arma de dos filos, ya que puede proporcionar información valiosa e útil para las autoridades, aunque también puede mentir deliberadamente y dañar a inocentes. El fiscal especializado en la materia debe ser muy cuidadoso para no equivocarse.  No hay que olvidar que el testigo protegido es, de entrada, un delincuente, llámese personas que han tenido las más diversas ocupaciones: abogados, policías, traficantes, joyeros, periodistas, ingenieros, choferes, pilotos, agricultores, estudiantes, falsificadores de documentos, empresarios, entre otros. Todos tienen una característica común: formaron parte de las organizaciones criminales y, por tanto, conocen muy bien sus secretos y estructuras de mando para así poder aprehender a la gente con mayor nivel en alguna organización criminal. Esa es la finalidad del testigo protegido ya que para el sistema judicial es más importante castigar a los altos jefes del crimen organizado que a alguno de sus sicarios. Unos van a la cárcel y al otro se les conmutan las penas o se les deja en libertad. Así funciona. Es una especie de toma y daca. Además, los testigos colaboradores tienen “derechos” a apoyos económicos decorosos, a una guardia personal, o si prefieren también a una vigilancia a distancia,  apoyo habitacional, médico, educacional  y, si es el caso, hasta cambiar de identidad y poder vivir en el extranjero. (Son muy pocos los casos existentes)
 Conviene señalar que los testigos sirven sólo si sus testimonios son reales y si se pueden comprobar por otras vías. Para que la información que proporcionan  tenga sentido tiene que estar refrendada por datos duros; por información objetiva que demuestre lo que esos testigos están declarando. Esa es la labor del fiscal especializado, misión que se equipara a quien hace periodismo de investigación, quien confirma una y otra vez sus fuentes.
 Todo esto viene a colación debido a que la llamada “Operación Limpieza”, emprendida recientemente por el gobierno del presidente Calderón, ha generado varias expectativas al grado que hemos echado “las campanas al vuelo” como si de verdad ya hubiéramos resuelto el problema de la corrupción en las policías e instituciones de procuración  de justicia. La pregunta obligada sería, ¿Y qué tal si se equivoca el testigo o los testigos colaboradores? Ya hay algunos datos que nos permiten dudar de la efectividad de Alberto Pérez Guerrero, alías “Felipe”, nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano detenido en EE UU, y quien en julio pasado, en declaración rendida ante la embajada mexicana en Washington, ofreció información que dio lugar al mayor escándalo de corrupción oficial en México en los últimos 10 años. Este personaje  -al parecer  sacado como de un filme hollywoodense, y que gracias a su revelada astucia y a sus relaciones públicas con José Antonio Cueto, lo llevaron a transitar de agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a trabajar en la Interpol en el aeropuerto de la ciudad de México, y hasta llegar a ser investigador criminal del US Marshals Service-, reveló los presuntos vínculos de corrupción de ex mandos de la PGR y de la Policía Federal Preventiva (PFP) con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, información que ha llevado a detenciones de alto nivel en ambas corporaciones.
 
 Por su parte, sorprende que en Colombia también se haya dado una operación similar. El gobierno del presidente Álvaro Uribe “limpió la casa” una semana antes de las elecciones en Estados Unidos, cuando éste cesó a 20 mandos gubernamentales, -Incluidos tres generales y cuatro coroneles-, por el delito de negligencia. El mismo martes 4 de noviembre, día de las elecciones norteamericanas, dimitió el jefe del ejército de ese país. En México, “Limpieza”  se concreta después de que se firmaran los compromisos de la denominada “Iniciativa Mérida” con el gobierno de EE UU para recibir ayuda de ese país en relación con el combate al crimen organizado.  Dicho acuerdo costeará helicópteros y aviones de reconocimiento, equipo para realizar inspecciones en los aeropuertos y software para el seguimiento de casos. Además, respaldará las gestiones mexicanas para eliminar la corrupción en la policía, mejorar el sistema judicial y proteger a los testigos. 
 En varias entrevistas, el Presidente Calderón ha elogiado los efectos de dicho operativo mostrando sus logros en el combate a la corrupción. Inclusive en su reciente gira por Chile, agregó que “Limpieza” debe ampliarse no sólo en los cuerpos policiacos y los organismos de procuración de justicia, sino incluso de igual forma en otros poderes, señaladamente el Poder Judicial. Sin duda, el operativo “Limpieza” es un duro golpe y esperemos que este sólidamente documentado. En este como en otros casos donde colaboran testigos protegidos, el fiscal especializado tiene la obligación de reforzar sus investigaciones no sólo con los dichos de “Felipe” y de “Jennifer” -la otra testigo-, sino también con otras probanzas documentales y periciales, o de lo contrario la indagatoria corre el riesgo de derrumbarse en los tribunales federales. Los jueces, en ese sentido, son muy estrictos.

 Una nota de Alfredo Méndez (La Jornada, 2 de diciembre de 2008) nos trae a la memoria que en julio de 2005, el segundo tribunal colegiado en materia penal con sede en Toluca emitió dos tesis aisladas que se refieren a la escasa validez legal que tiene ante tribunales cualquier acusación de una fiscalía, cuando el caudal probatorio de una investigación sólo se sustenta en la declaración rendida por algún “testigo protegido”. Una de las tesis señala que su valoración está sujeta, “a las reglas de la prueba testimonial”. El reportero enfatiza que, “de acuerdo con jueces del Poder Judicial  estas dos tesis han permitido desacreditar diversas acusaciones que han hecho fiscales anti-narco contra presuntos capos de la droga, cuando la autoridad ministerial no tiene mayor sustento en una investigación que el dicho de un testigo colaborador o protegido.”

 El órgano jurisdiccional expuso en una de esas tesis, publicada en ese mes en la página 1557, tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, que: “no existe disposición alguna ni en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ni en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) en la que se establezca que el dicho de un testigo protegido, por el solo hecho de serlo, tenga o merezca un valor convictivo pleno, superior o de aceptación obligatoria, pues sólo se prevé la existencia de esa figura y las peculiaridades de carácter intraprocesal en cuanto a su confidencialidad inicial, protección y posible otorgamiento de beneficios. Esto último en la medida que se constate su utilidad y, por tanto, la veracidad de sus manifestaciones a fin de lograr el procesamiento y sanción de otros integrantes de la agrupación delictiva, por lo que válidamente se concluye que su valoración se rige por el artículo 289 del CFPP, en todo aquello que no fuere materia de regulación especial.”
 Los jueces del segundo tribunal colegiado de Toluca tienen razón. En México hemos abusado de la figura del testigo protegido y, en algunos casos, la hemos sobre valorado.  No hay que olvidar que al final de cuentas dichos testigo son delincuentes, y con tal de salvar el pellejo u obtener los beneficios que les otorga la ley, pueden incluso vender su alma al diablo.
Pero también hay que decir que los testigos en nuestro país son vulnerables, desprotegidos, y no se les cuida su identidad como sí sucede en otros países. (EE UU e Italia, por ejemplo). En México, -como también en España[1]-, el testigo es altamente vulnerable. El mayor riesgo hacia su propia integridad proviene de la corrupción interna de las instituciones policiacas y ministeriales. Hay que señalar que el programa de resguardo de testigos protegidos dependía en SIEDO de la Coordinación Técnica a cargo de Miguel Ángel Colorado González. Por otro parte, es relativamente fácil saber la identidad de un testigo. Hoy sabemos perfectamente quien es “Felipe”, principal testigo de la Operación Limpieza. Sin embargo, la PGR trata de protegerlos “entre comillas”, por lo menos en las solicitudes correspondientes de acceso a la información. Comparto sólo un dato. Un ciudadano solicitó a través del IFAI información sobre “Alfredo”, otro testigo protegido. El resolutivo de la PGR dado a conocer el 22 de agosto de 2005, fue que toda esa información está reservada ya que su difusión pondría en riesgo la vida y la seguridad de algunas personas. "... La difusión de este tipo de información podría causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, previsión o persecución de los delitos, pues pudiera haber una averiguación previa relacionada con dicha información... De ventilarse datos contenidos en alguna indagatoria, se perjudicará el éxito de la misma, pudiendo traer como consecuencia la evasión de la acción de la justicia de los involucrados", señala el dictamen.
 El caso es que Alfredo es ampliamente conocido. Ese es el nombre que adoptó Gustavo Tarín Chávez, testigo que declaro en contra de Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro.  La información es pública por lo menos desde el año 2000.  Tarín fue detenido por agentes del FBI en 1999, a petición de la PGR, acogiéndose al programa de testigos protegidos de la justicia estadounidense. De acuerdo con el oficio DGEAJ/2538/04 de la PGR, la última vez que hubo un registro de su existencia fue el 18 de mayo de 2004, cuando fue interrogado de nueva cuenta en Pennsylvania, EE UU, país donde aún reside.
 Aunado a lo anterior, cabe mencionar que algunos otros testigos han sido asesinados por causas hasta ahora no esclarecidas, seguramente por venganza. No hay que olvidar que la ley del silencio es clave en las organizaciones delictivas. Son los casos de Tomás Colsa MacGregor, ejecutado en julio de 1997, poco después de renunciar a la protección de la entonces UEDO;  Jaime Olvera, asesinado en septiembre de 1998; Humberto Cappelletti González, ejecutado en el 2000; y el caso de José Ramón Bermejo Vargas asesinado en septiembre de 2006 en Monterrey, Nuevo León. Este último era testigo protegido desde 1998 cuando declaró en contra del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. 
 Finalmente debemos precisar que en nuestro país, los testigos protegidos son únicos. Algunos cuentan con una excelente memoria, por ejemplo. Hay casos en que conocen prácticamente a todos los miembros y cómplices de las bandas delincuenciales. Incluso, sus talentos aventajan a los de varios capturados en calidad de confesos. Debemos decir entonces que la figura del testigo es imprescindible, aunque existen también críticas al respecto de legisladores  del PRI y el PRD, quienes han solicitado desde hace por los menos seis años  que se debe revisar dicha figura debido a que no existe una garantía sobre la fidelidad de sus afirmaciones, por lo que su confiabilidad es debatible por las defensas de los acusados ya sea por constituir un testimonio aislado, porque el testigo tiene problemas mentales o por su propia condición de drogadictos.
Seguiremos hablando del tema.
 
[1] Un reportaje de Jesús Duva para el periódico madrileño El País, señala que en España existen aproximadamente 400 testigos protegidos, muchos de ellos surgidos a partir de los atentados del 11 de Marzo del 2003

Bradley Manning

El soldado raso que dejó la diplomacia de EE UU al desnudo

Washington cree que Bradley Manning, detenido en mayo por filtrar a Wikileaks un vídeo sobre Irak, es la única fuente de la organización

DAVID ALANDETE - Washington -
El País, 02/12/2010
"Hillary Clinton y varios miles de diplomáticos de todo el mundo van a tener un ataque al corazón cuando se despierten un día y encuentren un catálogo de documentos clasificados disponibles al público en formato de búsqueda online". De ese modo, el pasado mes de mayo, el soldado Bradley Manning, de 22 años, le confesaba a un completo desconocido, el reputado hacker norteamericano Adrian Lamo, que había robado todo un arsenal de información clasificada que había puesto en manos de Julian Assange y Wikileaks. Manning buscó a Lamo por su fama. Era un pirata informático que en 2002 se había infiltrado en la página de The New York Times y Yahoo, entre otras respetables empresas. Finalmente, se entregó al FBI y fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. Para Manning, un modelo a seguir.
El soldado Manning aspiraba a hacer algo semejante, algo por lo que se hablara de él. Anhelaba dejar de ser un soldado raso aislado en medio del desierto, en Irak, y ganar notoriedad internacional. El 21 de mayo contactó en un chat con Lamo, y le dijo: "Si tuvieras acceso sin precedentes a redes clasificadas durante 14 horas al día, siete días a la semana, durante más de ocho meses, ¿qué harías?". Al día siguiente le confesó lo que había hecho: descargarse cientos de miles de documentos de las redes secretas del Pentágono conocidas como SIPRNet y JWCIS, incluidos los cables de la diplomacia estadounidense. Alardeó de la información que había recabado de instituciones como "la Santa Sede y su posición sobre los escándalos sexuales del Vaticano". "Es imposible para un ser humano leer un cuarto de millón de documentos y no sentirse desbordado, tal vez desensibilizado", añadió.
Todas estas conversaciones provienen del ordenador de Adrian Lamo, que registró sus interacciones con Manning y posteriormente le delató, al considerar que era un inconsciente que estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional de su país. Lamo defiende, y así se lo ha explicado a EL PAÍS, que Manning actuaba al dictado de Assange, y que es la fuente principal de todas las filtraciones recientes de EE UU: los informes de las guerras de Afganistán e Irak, publicados en verano, y los cables del Departamento de Estado, publicados el domingo pasado. Tenía entonces una prueba: un cable de la embajada norteamericana en Rejkiavik, en el que se relata una reunión con dirigentes islandeses y con un asesor del embajador británico. En el cable se decía: "Después de expresar pesimismo sobre el futuro de Islandia, los dos oficiales pidieron ayuda a EE UU". Fue publicado por Wikileaks el 18 de febrero.
Aquello fue un aperitivo, una prueba. En una conversación difundida por Lamo, correspondiente al día 22 de mayo, Manning le decía: "Tengo contacto con Assange, pero no sé nada más de lo que él me cuenta, que es muy poco". En aquel entonces, Manning sabía que a Assange le pisaba los talones el Departamento de Estado. "Trataban de saber cómo había conseguido el cable de la embajada islandesa", dijo el soldado. Entonces Washington no se imaginaba que un topo del Ejército había desviado no sólo uno, sino 250.000, tan reveladores o más que aquel.
Cuatro días después, Manning fue arrestado en Irak. Lamo había informado de sus conversaciones a la División de Inteligencia del Pentágono, temeroso de que las filtraciones pudieran afectar a la seguridad de las tropas en los frentes de guerra y pudieran ofrecer a grupos terroristas información crítica sobre EE UU. Nacido en 1987 en Oklahoma, de padre norteamericano y madre británica, el soldado Manning dividió su infancia entre ambos países, antes de alistarse en el Ejército a los 18 años. Recibió adiestramiento como analista militar de inteligencia en Arizona. Pronto recibió destino: la Segunda Brigada de la 10ª División de Montaña, en Fort Drum, Nueva York. De allí fue enviado al frente de guerra, en Irak.
En sus conversaciones con Lamo, se muestra frustrado, desengañado, resentido con el Ejército, su país, la religión. "He estado aislado demasiado tiempo", dice. "Tomo pastillas como un loco". "Siento que abusan de mí como de una mula de carga". "Quiero que la gente vea la verdad". "Ya no creo que haya gente buena y mala. Hay una serie de países que actúan siempre a favor de su propio interés". No da una razón específica para filtrar toda la información que tiene a su alcance. "Era información muy vulnerable. Y, bueno, se la mandé a Wikileaks. Dios sabe lo que sucederá a partir de ahora. Espero que haya una gran discusión mundial, debates, reformas. Si no es así, estamos condenados como especie".
A día de hoy, Manning se halla aislado en una celda en la base de los Marines en Quantico, Virginia, sometido a una evaluación mental y a la espera de juicio. El Ejército sólo ha presentado cargos por el robo de dos vídeos de guerra y la filtración de 50 cables del Departamento de Estado, aunque se espera que amplíe las acusaciones en las próximas semanas. Jeff Paterson, que ha creado una organización con la que paga sus gastos jurídicos y el desplazamiento de su familia para las visitas en la cárcel, se ha intercambiado mensajes con él. "Le animan las muestras de solidaridad que recibimos, los mensajes que nos mandan personas de todo el mundo, que consideran que lo que ha hecho es trabajar por la transparencia", asegura en conversación telefónica desde Oakland, en California.
Paterson estima, después de hablar con diversos abogados, que la pena máxima que pende sobre Manning es la cadena perpetua y que el juicio tendrá lugar en la primavera del año que viene. A él, como a los activistas que están ayudando a Manning, no le queda ninguna duda de que el Gobierno cree que el soldado es la única fuente de las filtraciones de informes de las guerras y del Departamento de Estado. "Bradley no está colaborando con los fiscales del Ejército. El Gobierno deberá demostrar con todas las pruebas a su alcance que Bradley es culpable. A él le queda una dura batalla por librar, nadie ha dicho que vaya a ser fácil", dice. "Pero el trabajo del Pentágono es demostrar que tiene razón".

Acusaciones contra la revista "Proceso"

Acusan a la revista 'Proceso' de recibir 50 mil dólares del narcotráfico para no difundir información sobre algunos grupos
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (2 diciembre 2010).- La revista "Proceso" recibió dinero de Sergio Villarreal, "El Grande", un narcotraficante recientemente detenido que trabajaba para el Cártel de Sinaloa, según afirmó un reporte de El Noticiero de Joaquín López Dóriga.
Conforme el reporte, Villarreal declaró que el reportero Ricardo Ravelo, de "Proceso", recibió dinero a cambio dejar de mencionar a dicho capo.
La nota televisiva combina declaraciones videograbadas de Villarreal, hoy testigo protegido, con declaraciones ministeriales.
Las imputaciones contra "Proceso" tienen lugar luego de que el semanario ha publicado diversos materiales vinculando a integrantes de la clase política con el narcotráfico, así como de la publicación del libro del periodista Jenaro Villamil titulado "El sexenio de Televisa", donde documenta el poder de la televisora en los últimos años.
Además, el número más reciente de "Proceso", en circulación esta semana, difunde un adelanto del libro de la periodista Anabel Hernández, titulado "Los señores del narco" y exhibe en la portada, a propósito de ese volumen, una foto del fallecido ex Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a quien se le atribuyen negociaciones con Joaquín Guzmán, "El Chapo".
En la información difundida en el noticiario de la noche, Joaquín López Dóriga se refirió a la revista diciendo que "a lo largo de los últimos años, el tema del narcotráfico ha sido uno de los predominantes en el semanario 'Proceso' que fundó don Julio Scherer García. Su principal fuente de información han sido acusaciones e imputaciones de los llamados testigos protegidos con el riesgo claro que implica el dar como verdades consumadas dichos sin comprobar".
"Hoy las acusaciones se dirigen contra la revista 'Proceso' y provienen de un jefe del crimen organizado, quien asegura que el semanario 'Proceso' recibe dinero de jefes del narcotráfico", señaló el conductor.
En la nota, se señala que de acuerdo con las declaraciones de "El Grande", detenido el 12 de septiembre en Puebla y ligado al Cártel de los Beltrán Leyva, se involucra a Ravelo, "asignado a la información relacionada con el narcotráfico y la PGR".
"La revista 'Proceso' ha dado seguimiento a los temas vinculados al narcotráfico y ha usado como base en muchos de sus artículos, declaraciones de testigos protegidos; uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo, y la revista misma se ven acusados por ese testigo colaborador", añade la nota.
Según la información, el reportero habría recibido dinero del narcotráfico de manera regular para no difundir información sobre algunos grupos, y la misma revista habría recibido 50 mil dólares con el mismo propósito.
"El Grande", ahora "testigo colaborador" de las autoridades federales, señaló en su declaración ministerial que no conocía a las personas con las que lo involucró la revista.
El material publicado por "Proceso" hace unas semanas hacía referencia a diversos presuntos contactos de Villarreal con integrantes de la clase política y mandos policiales.
**
Reaciión de Proceso
Desde Televisa agresión a Proceso
La redacción
MÉXICO, D.F., 2 de diciembre (apro).- Nueve días después de que este semanario dio a conocer declaraciones del presunto narcotraficante Sergio Villarreal, “El Grande”, según las cuales éste sostuvo un encuentro con el presidente Felipe Calderón, Televisa, a través del noticiero que conduce Joaquín López Dóriga, acusó a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo de haber recibido dinero del narcotráfico para acallar información.
Proceso rechaza estas afirmaciones y denuncia que se trata de una agresión en su contra orquestada por el gobierno de Felipe Calderón en contubernio con Televisa.
El montaje de la acusación salta a la vista a partir de un dato: de acuerdo con la versión de Televisa, el supuesto testimonio de “El Grande” en el que se acusa a Proceso fue rendido el pasado 4 de noviembre. Sin embargo, “El Grande” alude a una portada publicada 17 días después, el 21 de noviembre.
La revelación del reportaje de Ricardo Ravelo, titulado en la portada del semanario “El Grande. Hasta con Calderón convivió”, detalla que según Sergio Villarreal el senador panista Guillermo Anaya Llamas lo presentó con el presidente Calderón en el bautizo de su hija Elsa Anaya.
De acuerdo con ese testimonio, “El Grande” saludó a Calderón y le dijo: “Cualquier cosa que se le ofrezca, quedo a sus órdenes”, a lo que Calderón contestó: “Igualmente”.
Una semana después –en la edición 1778 del domingo 28 de noviembre–, Proceso difundió el adelanto del libro Los señores del narco, de la periodista Anabel Hernández, en el que revela la decisión del gobierno calderonista de establecer contacto directo con jefes de los narcos y en particular con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
La embestida en contra de Proceso se da en este contexto de notas periodísticas que tocan directamente al presidente de la República y al que fuera su principal colaborador, Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Gobernación.
No es la primera vez que Televisa orquesta campañas contra empresas, personajes políticos e inclusive otros medios de comunicación que afectan sus intereses. Tampoco es la primera vez que Televisa se presta como instrumento del gobierno federal para golpear a medios de información críticos.
Esta semana, en su edición número 1778, Proceso publica un reportaje sobre el uso de los testigos protegidos a conveniencia del gobierno federal. En el epígrafe de ese reportaje, se apunta: “Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación Limpieza, se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten, cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables”.
Y es justamente este uso “a conveniencia” del testimonio de “El Grande” el que ahora utiliza el gobierno federal, a través de Televisa, para agredir a Proceso.
***
El montaje de Televisa
La redacción
MÉXICO, D.F., 2 de diciembre (apro).- -A continuación se reproduce textual la información difundida la noche del martes en el Noticiero de Televisa que conduce Joaquín López Dóriga.
López Dóriga: Acusan al semanario Proceso de recibir dinero del narcotráfico para acallar información.
A lo largo de los últimos años el tema del narcotráfico ha sido uno de los predominantes temas del semanario que fundó Julio Scherer García, su principal fuente de información han sido acusaciones e imputaciones de los llamados testigos protegidos, con el riesgo claro que implica dar por verdades consumadas, dichos sin comprobar, hoy las acusaciones se dirigen contra la revista Proceso y provienen de un jefe del crimen organizado, quien asegura que el semanario Proceso recibe dinero de jefes del narcotráfico.
Reportero Mario Torres:
--Un reportero de la revista Proceso habría sido comprado por el crimen organizado a decir de un testigo protegido; este es un video en el que Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, declara ante un agente del Ministerio Público Federal
……
Ricardo Ravelo de la revista Proceso está asignado a la información del narcotráfico y a la PGR. La revista Proceso ha dado seguimiento a los temas vinculados al narcotráfico y ha usado como base de muchos de sus artículos declaraciones de testigos protegidos; hoy, uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo, y la revista misma, se ven acusados por ese testigo colaborador.
Sergio Villarreal, alias El Grande, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina el 12 de septiembre en el estado de Puebla, era el principal operador de Héctor Beltrán Leyva, alias El H, líder de la organización criminal Beltrán Leyva.
4 de noviembre: Sergio Villarreal, alias El Grande, compareció ante el Ministerio Público federal, y en ese video se escucha a Sergio Villarreal decir que del 2003 al 2006, el reportero Ricardo Ravelo y la revista Proceso publicaron varios reportajes sobre su persona.
Dijo que en una reunión realizada en la Ciudad de México, en una casa de Arturo Beltrán Leyva, en San Angel Inn, que ubica como El Tapiz, se abordó el tema de los reportajes de Ricardo Ravelo de la revista Proceso. En esa reunión, además de él, participaron José Alberto Pineda Villa, alias El Borrado y un hombre a quien identifica como el comandante Bereta, y los escoltas de Arturo Beltrán Leyva. Y explicó que el comandante Bereta le dijo que era amigo del reportero Ricardo Ravelo de la revista Proceso y que podía hablar con él … que podía hablar con él para tranquilizar la situación.
En su declaración, Sergio Villarreal, alias El Grande, asegura que días después el comandante Bereta le dijo que ya había hecho contacto con el reportero Ricardo Ravelo… para contarle cómo estuvo, ya Miguel va y habla con Ravelo a ver cuánto quiere, y le dice que quiere 50 mil dólares por dejarme de echar la prensa de la revista... Si va a los archivos de Proceso, va a ver que de perdida cada 15 días sale.
Reportero:
--Ante el MPF, Sergio Villarreal dijo que aceptó entregar el dinero que pedía el reportero de la revista Proceso "Al decirme a mí, en palabras textuales, recuerdo bien que fueron ‘Ok, esta bien’, se los voy a dar los 50 mil dólares, y mágicamente ya no me vuelve a mencionar".
Declaró también que el periodista exigía un pago mensual: "Quería un pago mensual y dije que no que no se lo iba a dar”.
Reportero:
A partir de ahí, según declaró Sergio Villarreal, la revista Proceso dejó de publicar reportajes relacionados con él: "Podíamos mencionar a Arturo, a La Barbie, y así llenaban las páginas, y a mí no… cuando llegaba a salir, salía con una mínima mención".
Según este testimonio, la revista Proceso no se volvió a ocupar de El Grande hasta que fue detenido. “No volvió a sacar una nota mía hasta ahora que recientemente salió un reportaje que incluso salí en una portada, siendo el principal en la cual sólo se incluyeron mentiras, pues me relaciona con personas que no conozco, aunque sí se quiénes son, porque son personas públicas y a otras que sí, pero que no tienen nada que ver con la organización, como el caso del senador".
En la misma declaración ministerial también se lee: “Se que el periodista tiene comunicación con otros miembros de la organización, como Ismael Correin, alias El Judío”, también dice que varias organizaciones del crimen organizado entregan dinero al reportero Ricardo Ravelo, además de esta persona. “Sé que diversas organizaciones le dan dinero al periodista, quien toma rachas contra alguna organización, y lo que hacemos es que le dan dinero y cesan las publicaciones, como en mi caso, que yo le mandé 50 mil dólares y con eso ya no aparecí en la revista Proceso".
La nota de Televisa concluye: "Esta declaración forma parte de la investigación de la PGR en contra de la delincuencia organizada".