6 dic. 2010

Assange

El panóptico de Assange

Por José María Ridao
EL PAÍS, 04/12/10;:
La última filtración de Wikileaks ha revelado que, para algunos dirigentes políticos y altos funcionarios, no existe diferencia entre el secreto y la mentira. En sus manos, la reserva que exige la acción del Estado en ocasiones excepcionales se transforma en una autorización permanente para hacer y decir en privado lo contrario de lo que se afirma en público.
Los documentos conocidos dejan, así, la desasosegante impresión de que la política está secuestrada en los despachos y de que lo que se ofrece a los ciudadanos es, en cambio, una farsa destinada a convencerlos de que los Gobiernos se esfuerzan en una dirección cuando en realidad trabajan con denuedo en la contraria.
Por el momento, Wikileaks se ha limitado a hacer públicos documentos del Pentágono y del Departamento de Estado norteamericano. Amaga, además, con revelaciones sobre la actuación de algunos bancos para el caso de que su fundador, Julian Assange, sea detenido bajo acusaciones que, por lo demás, nada tienen que ver con la filtración masiva de documentos.
Pero la pregunta que queda en suspenso es si existe algún ámbito de la esfera pública en cualquier país democrático del mundo capaz de salir indemne a un escrutinio semejante al que ha desencadenado la última filtración de Wikileaks sobre el Departamento de Estado. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si se conocieran las interioridades de la relación entre los partidos y Gobiernos democráticos con diversos protagonistas de la sociedad civil, sin excluir a los medios de comunicación ni a las personas que se pronuncian en ellos? ¿Cuántas reputaciones públicas no mostrarían un rostro diferente con solo acceder a las conversaciones y maniobras de sus titulares durante los dos últimos años, el mismo plazo de tiempo que abarcan los documentos dados a conocer por Wikileaks? ¿Cabría descartar actitudes de sumisión o intercambios de favores parecidos a los que se describen en los telegramas que recibía el Departamento de Estado desde sus embajadas por todo el mundo? ¿Se disiparía entre los ciudadanos la sensación de farsa que ha provocado la filtración con respecto a la política, o se extendería a la totalidad de la esfera pública?
Reconocer que pocos ámbitos sociales saldrían indemnes de una prueba como la que está enfrentando el Departamento de Estado norteamericano no debería llevar a excusar las maniobras de las que dejan constancia los documentos filtrados por Wikileaks. Antes por el contrario, obligaría a restablecer la frontera entre el secreto y la mentira, que es tanto como decir entre las gestiones discretas que necesita el Estado y la manipulación que corrompe a la política. Wikileaks ha actuado como un agente a favor de la transparencia, al revelar que la discreción de algunas gestiones, el secreto en el que se desenvolvieron, permitió cambiar el signo con el que se presentaron a los ciudadanos, convirtiéndolas en mentiras. De hecho, fueron gestiones discretas no para lograr mayor eficacia, sino para sabotear cualquier posibilidad de obtener resultados, de manera que los Gobiernos de los que ofrecen datos los documentos filtrados pudieran quedar simultáneamente bien con Estados Unidos y con su propia opinión pública.
Es lo que ha sucedido en España en relación con el caso Couso, la investigación de la detención de españoles en Guantánamo o el asunto de los vuelos con destino a las cárceles secretas que la CIA tiene repartidas por el mundo.
El revulsivo que ha supuesto la filtración de Wikileaks presenta, con todo, una cara oculta, a la que conviene prestar atención. La defensa de una mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos no puede llevarse hasta el extremo de convertir a las sociedades democráticas en una versión virtuosa del panóptico, una estructura penitenciaria en la que el reo no dispone de un mínimo espacio de intimidad. Sobre todo cuando, además, ese panóptico queda en manos de un individuo o de una organización privada.
Hasta ahora, Wikileaks ha revelado documentos secretos de la Administración norteamericana, una forma de afirmar su poder contra el de la mayor potencia mundial. ¿Pero qué sucedería si ese poder de Wikileaks, capaz de poner en jaque a Estados Unidos y a buena parte de sus aliados, se volviera contra ciudadanos concretos, cuya intimidad podría airear en la red como ha hecho con los documentos del Pentágono y del Departamento de Estado? Por descontado, no es lo mismo airear asuntos privados de los ciudadanos que denunciar prácticas cuando menos abusivas de los Gobiernos o de otros poderes de los Estados. El problema es que la diferencia entre un uso y otro de un poder tan incontestable como el que ha demostrado Wikileaks solo depende de la voluntad de una persona.
Que esa voluntad haya resultado hoy favorable a una buena causa no es argumento suficiente para consagrarla como una instancia benéfica en sí misma. Quizá no existan tales instancias y por eso no haya que buscarlas, sino conformarse con pactar sistemas imperfectos, aunque siempre revisables, para garantizar los derechos de las personas. Incluidos los de Julian Assange.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

El derecho a la información diplomática/HELEN DARBISHARE / PAM BARTLETT

El País, 07/12/2010;

Las últimas filtraciones de Wikileaks han aportado súbitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien publicó la información actuó legal o éticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuestión: ¿actuaron legal o éticamente aquellos que a priori debían pero no hicieron pública la información?
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y por más de 80 leyes a nivel nacional (no en España), nos otorga a todos el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino también lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendición de cuentas completa, también cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir información completa.
Las solicitudes de información solo pueden ser rechazadas si su publicación pudiese causar un daño demostrable sobre ciertos intereses legítimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave. La vergüenza pública no es un daño grave.
Muchos de los documentos de la última filtración de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detrás de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al público y otra a sus espaldas.
El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y añaden que este derecho es inherente a la soberanía de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qué es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.
Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtración como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha información, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es más que el receptor de una información que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el interés público de la información en cuestión. En cuanto a la posterior publicación de esta información por parte de otros medios, no es, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la información estaba ya en el dominio público y, además, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigación periodística, desarrollado con diligencia y profesionalidad.
La cuestión no es quién cometió el crimen de filtrar la información, sino qué crímenes puede desvelar esta información. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que están involucrados en casos de tortura, estos serían los verdaderos crímenes. En concreto, aún no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia española en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadanía española, que ejercía su derecho de libertad de expresión al criticar la guerra de Irak.
Un analista se refirió al lunes de la semana pasada como "el día en que la diplomacia murió". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participación en los Gobiernos. Lo que sí es verdad es que la diplomacia no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas.
Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atención se encontrará con que la presión aumentará y ocurrirán filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de cómo cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. España es un ejemplo perfecto de un país en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo.
La información nunca debería ser filtrada y Wikileaks no debería ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas adecuadas de transparencia e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero públicos, las filtraciones seguirán existiendo. La cantidad de información filtrada no debería ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.
 

Viktot Bout el señor de la guerra

Viktot Bout el señor de la guerra/FA
Publicado en Código Topo de Excélsior, 6 de diciembre de 2010;
Un Tribunal Federal de Nueva York encabezado por la jueza Shira Scheindlin, formuló el pasado 17 de noviembre acusaciones al empresario ruso Viktor Bout, extraditado la víspera de Bangkok, Tailandia a EE UU, después de un largo proceso en tribunales. La Justicia norteamericana le imputa al ciudadano ruso ex miembro de la KGB cuatro crímenes a saber: “ i) conspiración  con el objetivo de matar a los ciudadanos de EE. UU; ii)  conspiración  con el objetivo de matar a funcionarios públicos; iii)  conspiración  con el objetivo de la compra y venta de misiles antiaéreos y iv)  conspiración criminal con el objetivo de la entrega de armas a grupos terroristas.”
El denominado “mercader de la muerte” estaría implicado según testigos, en operaciones para la venta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de 800 misiles tierra-aire, 5,000 fusiles de asalto AK-47, explosivos C-4, minas antipersona, vehículos controlados sin pilotos y aviones ultralivianos, entre otras armas valoradas en varios millones de dólares. 
Tales cargos suponen castigos de 25 años de prisión a cadena perpetua. Las pruebas de la culpabilidad de Bout se componen de declaraciones de testigos,  grabaciones audio y otros documentos. La fiscalía también reveló en la corte una declaración de culpabilidad en julio del 2008 de Andrew Smulian, otro acusado en el caso, quién admitió que había conspirado junto con Bout para concretar un acuerdo de armas con las FARC y ahora coopera con el gobierno estadounidense.
Empero, "el empresario" ruso niega todas esas acusaciones. De inmediato se declaró inocente por intermedio de su abogada, Sabrina Shroff y respondió cortésmente las preguntas de la jueza Scheindlin; se le preguntó si una declaración jurada financiera que había firmado era verídica. Respondió “Sí, lo juro'', por medio de un intérprete y elevó la mano como en señal de juramento. Las pruebas de la culpabilidad de Bout se componen por declaraciones de testigos,  grabaciones de audio y otros documentos.
El caso ha subido de nivel en términos diplomáticos. El jueves 18 de noviembre, un día después de su comparecencia ante el tribunal, el cónsul general de Rusia en Nueva York, Andrei Yushmanov, se reunió con el acusado en la cárcel y denunció que Bout fue presionado –sin éxito- durante el traslado a EE UU para que admitiera los delitos que no cometió a cambio de beneficios prometidos, reporto la agencia rusa de noticias Novosti. En tanto, el máximo asesor en política exterior del presidente ruso Dmitri Medvedev, aseguro que su país no tiene “nada que ocultar'' a las autoridades estadunidenses en el juicio contra el supuesto traficante de armas.
Se alega que Bout suministró armas que fueron usadas en guerras civiles en América del Sur, Medio Oriente y -sobre todo- en el continente africano. Según un informe de Naciones Unidas, se le relaciona desde hace años con el suministro de material para los conflictos de Afganistán, Angola, República Democrática de Congo, Ruanda, Sierra Leona y Sudán. Entre sus supuestos clientes figuran el dirigente y político libio, Muanmar Gaddafi, y el ex dictador de Liberia, Charles Ghankay Taylor, que está siendo juzgado actualmente por la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos, acusado de crímenes de guerra por su papel en el conflicto civil de Sierra Leona (1991-2001), en el que murieron unas 120,000 personas aproximadamente.
La detención y el largo proceso de extradición.
La madrugada del 1 de marzo de 2008 murió el comandante Raúl Reyes, vocero internacional y uno de los siete miembros del Secretariado de las FARC de Colombia. Su verdadero nombre era Luis Edgar Decia Silva y tenía 60 años de edad; fue abatido a tan sólo 1,800 metros de la frontera con Ecuador.
La acción se dio -dice el gobierno colombiano-, gracias a una operación de inteligencia que contó con la participación de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, cuyos miembros interceptaron una comunicación telefónica al parecer de un teléfono satelital del jefe guerrillero -en sus últimas horas- y que permitió su localización exacta poco tiempo después. Fue, entonces, uno de los golpes más duros que se le han dado a las FARC.  En el lugar del atentado fueron encontradas tres computadoras; quizás ese era el objetivo del ataque al campamento madre del grupo guerrillero en suelo ecuatoriano. La información que guardaba Raúl Reyes en su computadora fue más que sorprendente. Había evidencias de las relaciones de las FARC con Ecuador, Venezuela y con traficantes de  drogas y armas como Víktor Bout.
La detención del ruso se dio de manera rápida. Exactamente cinco días después de la muerte de Raúl Reyes -jueves 6 de marzo- fue arrestado durante una operación encubierta en un hotel de Bangkok por la policía tailandesa a petición del departamento estadounidense antidrogas (DEA. No hay más detalles de esa acción, sólo que de acuerdo con los documentos judiciales, las grabaciones capturaron a Bout diciendo que la lucha de las FARC en contra de Estados Unidos era también su lucha, y que estaría feliz de suministrarle entre 700 y 800 misiles antiaéreos, 5,000 rifles AK-47, vehículos controlados sin pilotos y aviones ultralivianos. Los documentos señalan que le dijo a dos fuentes confidenciales que trabajaban con la DEA, que vendería las armas para ser usadas en ataques contra helicópteros de Estados Unidos en Colombia.
Veinte meses después de que fuese detenido en Tailandia Viktor Bout arribó en un avión especial a la Base Aérea Stewart en Newburgh, Nueva York, la noche del pasado martes 16 de Noviembre. Fue trasladado esposado y con chaleco antibalas en un avión alquilado ex profeso por EEUU, a tan sólo cuatro días de que se venciera la orden de extradición y expirara el plazo dado por un Tribunal de Tailandia, lo que le habría permitido salir en libertad.
Hay que decir que la justicia tailandesa se fajó los pantalones y tomó la decisión de extraditarlo. El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, anunció tres días antes de su extradición que su gobierno daba luz verde para que se llevase a cabo dicho proceso. De hecho, hubo varios intentos por parte de diplomáticos rusos para persuadir a Tailandia a fin de que liberasen a Viktor Bout.
La rapidez en la deportación sorprendió al abogado tailandés de Bout, Lak Nitivat, quien se quejó de que Tailandia no le notificó la extradición ni a la Embajada de Rusia ni a su cliente, quien tampoco –por desgracia- pudo despedirse de su mujer. "Lo que ha ocurrido hoy es totalmente escandaloso", afirmó el letrado tailandés. 
Por su parte, la misión diplomática estadounidense en Bangkok se limitó a indicar a través de un portavoz que acataban "los fallos del sistema judicial tailandés".
En tanto, funcionarios estadounidenses describen el juicio contra Bout como un hito en los esfuerzos internacionales para disminuir el flujo ilícito de armas que terminan en conflictos alrededor del orbe. De hecho para el secretario de Justicia, Eric Holder, "su extradición es una victoria para el estado de derecho en todo el mundo".
Con la extradición –y después de una larga batalla legal- Tailandia rechazó la presión de Moscú, que buscaba la liberación de Bout.  Un alto cargo de seguridad tailandés ha señalado que duda de que la extradición de Bout pueda dañar las relaciones con Rusia. "Es un dilema político para Tailandia pero tenemos que ajustarnos al debido proceso del tribunal", ha indicado Thawil Pílense, secretario general de Consejo de Seguridad Nacional. "Creo que Rusia lo entenderá".
 Asimismo, el gobierno del presidente Dimitri Medvédev exigió proporcionar asesoría consular inmediata a su ciudadano, informó a la prensa el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov. “La extradición de Bout se realizó como consecuencia de una fuerte presión política sin precedentes ejercida por Washington sobre las autoridades de Tailandia. Exigimos que nos permitan, sin dilaciones, proporcionar asesoría consular a Bout.”
El funcionario ruso agregó que, “Bout es ciudadano de Rusia y debe gozar de todos los derechos que tienen los ciudadanos rusos en tales situaciones, derechos que deben respetarse.” Finalmente, Riabkov calificó esto como un procedimiento meramente “ilegal”.
Es evidente que Rusia se haya mostrado públicamente contraria a la extradición del Mercader de la Muerte. Rusia dice que Bout es un empresario inocente, el cual debería estar de regreso en Moscú. Empero, expertos sostienen que el ruso tiene conocimiento de operaciones militares y de inteligencia de su país, por lo que Rusia no quería que fuese juzgado fuera de su territorio; mucho menos en Estados Unidos.  Washington sospecha que el Kremlin teme que Bout revele sus relaciones con el espionaje soviético. 
Los servicios de inteligencia occidentales creen que este ex piloto, quien empezó su carrera en la KGB, hizo ahí los contactos necesarios que le permitieron hacer dinero con los arsenales militares de la Unión Soviética, cuando ésta se desintegró a principios de los 90.
En una reunión de alto nivel en Hanoi, Vietman, según un ex funcionario estadounidense, el canciller ruso Serguei Lavrov advirtió a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, que la cooperación rusa con las operaciones antinarcóticos en Afganistán podían reducirse si Bout no era liberado. Lavrov dijo en declaraciones trasmitidas por la televisión rusa que la decisión del gobierno tailandés era ``un ejemplo de flagrante injusticia''. El gobierno del presidente Barack Obama insistió en que sus esfuerzos por fortalecer las relaciones con Moscú serían suficientes para capear cualquier temporal causado por la extradición de Bout. El vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, admitió posibles dificultades en las relaciones con Moscú, pero agregó que éstas eran capaces de superarse.
Presiones diplomáticas
Líder de un lucrativo imperio de transporte aéreo, Bout logró por mucho tiempo evadir sanciones de Estados Unidos y la ONU, quienes buscaban bloquear sus actividades financieras y restringir sus viajes. Empero, el empresario sostiene que dirigía un negocio legítimo y que nunca vendió armas de manera ilegal. En Moscú, el hermano y el abogado de Bout alertaron que funcionarios estadounidenses podrían presionarlo para que se incrimine o acuse a otros terceros. El abogado Víktor Burobin dijo que EEUU le ofreció a Bout que tendrá un mejor trato en cautiverio si coopera con las autoridades correspondientes.
Quizá Rusia no pensó que Tailandia –considerado mucho tiempo por los cuerpos de seguridad occidentales como uno de los centros de Asia para el tráfico de armas y la distribución de documentos falsos- no se atrevería a autorizar la deportación. Incluso se comenta que el forcejeo diplomático entre Washington y Moscú podría, incluso, poner en peligro la cooperación bilateral en asuntos relacionados con el control de armamento, la reducción de arsenales nucleares y la guerra en Afganistán.
Sea como sea, sin duda, esta acción –la deportación por lo pronto- es un triunfo para el sistema de justicia internacional, y esperamos que a futuro existan datos duros e información que lleven a terminar con  este tipo de “señores empresarios”, que han actuado impunemente traficando armas a lo largo y ancho de todo el orbe.
Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dice que el presunto traficante debe pagar por sus delitos. "Si paga en una cárcel norteamericana o paga en una cárcel colombiana, la verdad que eso es secundario, pero que pague por sus delitos, eso es lo importante", insistió Santos en una rueda de prensa. Conviene mencionar que el gobierno colombiano no tuvo éxito para extraditar a Bout
Por lo pronto, la jueza ordenó su detención y se encuentra en al Centro Correccional de Manhattan. Hay que esperar a la próxima audiencia, fijada para el 10 de enero de 2011. No será un juicio fácil ya que tendrá tintes políticos; y seguramente las presiones de Rusia se habrán de intensificar, pero la jueza Shira Scheindlin no se dejará amedrentar.
  ¿Quién es Víktor Vassilyevich (Anatolyevich) Bout?
Tiene 43 años de edad -13/01/1967) originario de Tadjikistán y nacionalizado ruso.
Pasaportes: 21N0532664; 29N0006765; 21N0557148; 44N3570350; Alias: BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV, Vitali
 Según quienes lo han conocido, es educado, profesional y modesto. No se le conoce afiliación política. Adora a su familia está casado con Ana Bout de 45 años, quien se dice diseñadora de modas; Informes de las Naciones Unidas dicen que ha logrado establecer una red de más de 50 aviones en el mundo que son propiedad de empresas fachada con nombres como Bukavu Aviation Transport, Business Air Services y Great Lakes Business Co.
En 1995 emigró a Bélgica, donde se registró como propietario de la aerolínea Transavia Export Cargo y abrió su primer negocio de exportación de flores y productos alimenticios. Tres años después se trasladó a Emiratos Árabes Unidos.
La Sra Bout dice a un tribunal tailandés que su esposo “se dedica a un negocio honesto"; "Somos pareja desde hace 17 años. Afirmó la Sra. Bout que el único viaje que hizo su esposo a América Latina fue a la Argentina por tres días, con ella en 1997 a "rendir homenaje a Evita Perón y para tomar lecciones de tango". La pareja vivió en Sudáfrica por varios años pero regresó a Rusia en el 2001 cuando el negocio de Bout quebró debido a una gran competencia, después de lo cual se dedicó a los productos agrícolas y a vender materiales de construcción, agregó.
Bout ha sido investigado por la policía de varios países, pero nunca había sido juzgado por tráfico de armas; debido quizá a la inexistencia de una legislación adecuada en la mayoría de los Estados que regule las actividades de intermediación y transporte de armas. Ahora es un recluso en Nueva York, donde está siendo juzgado.
Se dice que fue quién sirvió de inspiración para el personaje del más grande traficante de armas, en el filme hollywoodense "El Sr. De la guerra (Lord of War)", del 2005.  El salto a la celebridad se lo debe al actor  Nicolas Cage, en una de sus interpretaciones más cínicas.
Un informe de Amnistía Internacional de 2005 le consideraba el traficante de armas más poderoso del mundo; se le implica en la venta de armas en Bulgaria, Eslovaquia, Ucrania, Afganistán, Angola, República Democrática de Congo, Ruanda, Sierra Leona y Sudán. Entre sus supuestos clientes figuran el líder libio Muanmar Gaddafi y el ex dictador de Liberia, Charles Taylor, que está siendo juzgado actualmente en La Haya, acusado de crímenes de guerra, por su papel en el conflicto civil de Siera Leona (1991-2001).
Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses sostienen que dirigió durante años una de las mayores redes de contrabando de armas, formada por un entramado de empresas para las que trabajaban unas 300 personas y que operaban con unos 40 aviones, la mayor parte Antonov de fabricación rusa.
El periodista americano Douglas Farah, coautor con Stephen Braun del libro "Mercader de la muerte: dinero, armas, aviones y el hombre que posibilita la guerra" (un texto de ambos fue publicado en Foreing Policy, Diciembre-enero 2007) lo describe a "un oficial soviético que se aprovechó de tres factores nacidos del hundimiento de la Unión Soviética: los aviones abandonados en las pistas entre Moscú y Kiev (...), los enormes arsenales custodiados por soldados a los que nadie pagaba y a la explosión de la demanda de armas". "Él sencillamente relacionó los tres", según ha indicado el periodista Farah a la revista estadounidense MotherJones, "recuperó aviones por casi nada, los llenó de armas obtenidas a buen previo y los fletó a aquellos que lo podían pagar
Varias fuentes dicen que Bout vio truncada su carrera en la extinta KGB tras el colapso de la Unión Soviética (URSS) y se dedicó a vender armas a naciones en guerra. Es decir, el haber sido funcionario del Ejército del aire y sus contactos con Ucrania tras la caída de la URSS le permitieron acaparar un gran arsenal de armas a bajo precio con el que empezó a comerciar ilegalmente.
Según el FBI, el acusado intentó adquirir una batería antiaérea y conspiró para asesinar a ciudadanos estadounidenses al proveer armas para Al Qaeda, grupo que perpetró los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.
Bout ha negado los cargos y ha dicho que dirigía un negocio de aviones de carga legítimo y que se encontraba en Bangkok para negociar la venta de unos aviones cuando fue arrestado.

El fantasma del rechazo a la terna


Rechazan terna de FCH a la Corte
Considera Oposición en la Cámara alta que las aspirantes no cubren el perfil
Nota de Claudia Guerrero
Reforma, 6 diciembre 2010.-   Las bancadas del PRI, PRD y PT en el Senado valoran la posibilidad de regresar al Ejecutivo la terna de propuestas que envió para designar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución del fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo.
Integrantes de la Comisión de Justicia y de la Mesa Directiva de la Cámara alta explicaron que existen reservas sobre el perfil de las aspirantes y sobre la intención del Presidente Felipe Calderón de tratar de asegurar la llegada al cargo de Elvia Díaz de León, a quien se relaciona con el PAN.
Los legisladores reconocieron que el rechazo a la terna puede generar una polémica y acusaciones en contra de la Cámara alta por supuesta discriminación de género.
Sin embargo, adelantaron que ya analizan la ruta a seguir pare evitar esa interpretación.
"Hay un debate de fondo: el presidente nos manda una candidata cercana a él y al PAN y dos que no necesariamente tienen la trayectoria que se requiere para estar en la Corte.
"El debate es si le damos a la derecha sus 11 votos en la Corte o si buscamos alguien de perfil liberal y que defienda el Estado laico en el asiento que dejó el ministro Gudiño Pelayo", expresó uno de los senadores que p dió no ser citado.
El legislador sostuvo que la Cámara ha recibido una serie de quejas de magistrados de todo el País por la propuesta del Presidente Felipe Calderón.
Explicó que los magistrados han cuestionado los perfiles de las aspirantes.
Tras adelantar que las candidatas comparecerán ante la Comisión de Justicia el próximo jueves, otro legislador federal consideró que existe una evidente "debilidad en los perfiles".
Recordó que por lo menos dos de las candidatas han pasado por cargos como la secretaría de Estudio y Cuenta de la Corte, lo que les da cercanía a los ministros en funciones, pero no necesariamente la trayectoria que se r quiere.
En la última sesión ordinaria, el coordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, propuso abiertamente rechazar la terna presidencial a la que calificó de tramposa.
Desde la tribuna, reconoció que existe el riesgo de que la Cámara alta sea tachada de misógina ante la decisión de no aceptar a ninguna de las tres candidatas.
Sin embargo, pidió a los legisladores asumir el riesgo, ya que los perfiles de las propuestas de Calderón no cumplen -según dijo- con lo que requiere la Corte.
"Es una terna mañosa, con una propuesta única que pretende el Gobierno sea así, y luego es mañosa porque es una terna de mujeres, si la rechazamos van a decir que dónde está el espíritu feminista, misóginos nos van a dec r a los que estamos viendo de fondo el procedimiento", dijo.
"Por esa razón yo soy de la idea de que debería rechazarse, pero además dos de ellas tienen profundo perfil panista de derecha. Han trabajado con conservadores, su historia política y su historia en la Judicatura, así lo demuestran".
El pasado 30 de noviembre el Presidente Felipe Calderón envió al Senado una terna compuesta por tres mujeres.
El Ejecutivo propuso los nombres de Elvia Díaz de León, Andrea Zambrana Castañeda y Lilia Mónica López Benítez.
***
Sesión del 2 de diciembre de 2010:
EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Honorable Asamblea, informo a ustedes que el día de ayer se recibió de la Secretaría de Gobernación la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cubrir la vacante generada por el Fallecimiento del Señor Ministro don José de Jesús Gudiño Pelayo, de inmediato se turnó la documentación correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente.
A propósito de esta cuestión es que la Mesa Directiva del Senado de la República emite un acuerdo de procesamiento de la terna, y le pedimos a la Secretaría que le dé lectura íntegra en virtud de que no todos tienen las copias del mismo. En cuanto el señor Doctor Garita nos haga favor de obsequiárnolo, el acuerdo de Mesa Directiva.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura al acuerdo de la Mesa Directiva en relación al procesamiento para la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 255 y 257 del Reglamento del Senado de la República, y considerando que conforme con el artículo 96 constitucional, el Senado de la República tiene la responsabilidad de elección y de asignación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para cumplir con esa designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para cumplir con esa designación, el Senado de la República debe asegurar que las personas propuestas cumplan con los requisitos que impone el propio artículo 95 constitucional.
Que el Presidente de la República ha sometido a la consideración de esta Cámara la terna para cubrir la vacante que ocurrió por el fallecimiento del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Que la Cámara de Senadores asume plenamente su responsabilidad constitucional y legal de resolver en tiempo y forma la terna propuesta de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el artículo 1.2 del Reglamento del Senado de la República faculta a los órganos competentes para proponer el pleno disposiciones complementarias que regulen aspectos no previstos en el propio reglamento. Por lo que somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo.
Primero.- Una vez recibida la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con los nombres de los aspirantes para ocupar la vacante de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
Segundo.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, verificarán que las personas propuestas en la terna cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero.- La Mesa Directiva ordenará la distribución de los expedientes de cada una de las personas propuestas a los ciudadanos senadores a fin de procurarles elementos directos de información.
Cuarto.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 constitucional, las Comisiones Unidas convocarán a las personas propuestas para que comparezcan y les puedan plantear las preguntas que brinden mayores elementos de información.
Los comparecientes deberán contestar de manera inmediata.
El formato para las comparecencias será aprobado por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas.
Quinto.- Las Comisiones Unidas presentarán el dictamen del análisis que hagan de la cobertura de requisitos de legibilidad y la resolución que propongan sobre la idoneidad de las candidaturas.
Sexto.- El dictamen será sancionado por el Pleno del Senado. Si la resolución fue en rechazo a los integrantes de la terna, se comunicará al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos del segundo párrafo del artículo 96 constitucional. En caso contrario, la Mesa Directiva citará a los candidatos para que ofrezcan una exposición desde la tribuna del pleno.
Séptimo.- Las exposiciones que refiere el punto anterior serán por un tiempo máximo de 15 minutos. El orden de las exposiciones será conforme fue presentada la terna.
Las exposiciones en tribuna no motivarán debates ni interpelaciones. Al final de las exposiciones se realizará la votación por cédula para la elección de uno de los candidatos.
Si alguno reúne la mayoría constitucional requerida, inmediatamente la Mesa Directiva le tomará la protesta.
Octavo.- De requerirse una segunda votación para elegir alguno de los integrantes de la terna, esta se realizará inmediatamente después de conocido el resultado de la primera.
Si en esta segunda vocación tampoco se alcanzara la mayoría calificada que exige el artículo 96 constitucional a favor de alguno de los candidatos, la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al Titular del Ejecutivo Federal.
Noveno.- El cálculo del plazo señalado en el artículo 96 constitucional, se considerará en días hábiles.
Décimo.- Realizada la designación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva lo notificará a la persona nombrada y comunicará la designación al Presidente de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de diciembre de 2010, y viene firmado por los integrantes de la Mesa Directiva.
Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Está a la consideración del pleno. Senador Monreal.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA (Desde su escaño): En contra.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: En contra. Bueno, senador Monreal, tendremos el privilegio de escucharlo, aunque sea en contra.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA: Gracias, ciudadano presidente. Primero quisiera pedirle a la presidencia que en temas como éste no sea tan atropellado el procedimiento, porque apenas en este momento nos están turnando este mecanismo, este acuerdo o este acuerdo que contiene el mecanismo y al menos nosotros que no pertenecemos a la Mesa Directiva por decisión de los tres grandes caciques de este parlamento, pues no nos enteramos. Y nos enteramos hasta cuando se está leyendo el punto de acuerdo.
Y no es cosa menor, señoras senadoras, señores senadores. No es cosa menor nombrar a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y estoy en contra porque no sólo lo atropellado del procedimiento, sino por el contenido del acuerdo, en donde los senadores cada vez que pasa el tiempo pareciera ser que nos autocercenamos nuestras funciones y nuestras facultades.
Ahora resulta que de acuerdo con el artículo cuarto y séptimo, que de manera rápida leí, porque acaban de dármelo hace dos minutos el acuerdo, no hay réplica, no hay debate, no hay contra réplica, 15 minutos para los expositores para nombrarlos, ratificarlos como integrantes del más alto Tribunal de Justicia de la Nación.
No sólo estoy hablando del procedimiento. Ya en su momento hablaremos del perfil. Pero miren ustedes.
Se sustituye al Ministro Gudiño Pelayo, un hombre independiente y con carácter autónomo, lo demostró en el ejercicio de su desempeño como Ministro de la Corte, perfil liberal. Y se sustituye porque para mí esta terna es de una: orientadora, si es que la mayoría se plega, y es mayoría calificada.
Pero el perfil de las propuestas es profundamente conservadora, al menos dos de ellas. Lo que el Senado debería es rechazar la terna, pero ese es el procedimiento en el que vamos todos a incursionar, pero no en este momento voy a discutir el perfil de ellas.
Lo que sí estoy discutiendo es lo atropellado, lo apresurado y estoy impugnando dos artículos, me voy a reservar dos artículos del acuerdo: el cuarto y el séptimo del acuerdo. Y sí hago una llamada de atención a la Mesa Directiva.
Al menos por cortesía parlamentaria, como ustedes nos eliminaron de participar en la Mesa Directiva injustificadamente, injustificadamente, porque deberíamos estar representados, no nos enteramos de los acuerdos que tiene la Mesa Directiva por la mañana. Al menos por cortesía nos deberían de decir estos temas van a subirse al pleno; o estos temas van a discutirse.
Por tal virtud, ciudadano Presidente, por supuesto que el Grupo Parlamentario esté en contra de este tipo de procedimientos.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Esta Presidencia informa a la Asamblea que en médito por lo dispuesto por el Artículo 96, de la Constitución apenas tendríamos hasta el resto del período para cumplir con nuestra obligación constitucional, luego entonces por lo que toda a la Mesa Directiva, la llamada de atención del señor Senador Monreal podría ser un poco injusta.
Más allá de la apreciación e interpretación del cómputo del término de los 30 días, es menester, es intención de la Mesa Directiva proveer de la información necesaria a los individuos integrantes de esta cámara para que se pronuncie al respecto.
Por lo que toca a la falta de réplica o contrarréplica, esta Presidencia informa, con toda cortesía, a nuestro muy querido amigo el señor Senador Monreal que habrá una comparecencia previa en Comisiones Unidas en la que se tiene la posibilidad de escuchar, replicar, contrarreplicar y complicar, si se quiere el procedimiento.
Senador Pablo Gómez, doña Rosario Ybarra, también está pidiendo el uso de la voz, con qué objeto, en mérito a su prestancia, doña Rosario, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la Senadora Rosario Ybarra.
- LA C. SENADORA ROSARIO YBARRA DE LA GARZA (Desde su escaño): Que solamente quiero dar la queja de que pedí el documento a uno de los señores que lo andaba repartiendo, y me dijo, ahorita se lo traen, lo repartió por allá, y aquí no dejó ninguno. Entonces, hay discriminación contra algunas filas, o qué pasa.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Esta Presidencia eleva su más enérgica protesta para que provean a doña Rosario, primeramente que a nadie de los documentos correspondientes, sin privilegios, pero con cortesía.
Tiene usted el uso de la voz, don Pablo Gómez.
- EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Señor Presidente, no es para hacer chistes.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: No, de ninguna manera.
- EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: No están permitidos los diálogos, señor Presidente, estoy hablando yo.
No es para hacer chistes que no se distribuya un proyecto a la Mesa Directiva con la anticipación mínima requerida para poderlo leer, y a todos los integrantes de la Asamblea.
Me llama mucho la atención que una Comisión de Estudios Legislativos forme parte del dictamen, sea dictaminadora en este asunto, porque esto no es una ley, no hay ningún estudio legislativo que hacer, pero como la Comisión de Justicia está presidida por un individuo del PAN, y Estudios Legislativos Segunda, Estudios Legislativos Primera está presidida por un individuo del PRI, seguramente pensaron en la Mesa Directiva que esto era lo conveniente; pero, señor Presidente eso es de lo más inconveniente, porque la Comisión de Justicia, el PAN no tiene mayoría, de tal manera que en el seno de la Comisión de Justicia se pueden hacer el examen de los candidatos.
Ahora bien, que haya suficientes senadores en las comparecencias de las candidatas no necesariamente miembros de la Comisión de Justicia, eso también está muy bien, y creo que pueden participar senadoras y senadores que no sean miembros de la Comisión de Justicia a quienes se les puede dar la palabra para examinar a las candidatas.
No creo que eso sea un problema. Es reglamentario, legal y además consuetudinario el que cualquier legislador pueda participar en las sesiones de las comisiones, y si no forma parte de ella, sin voto, esa es la única limitación.
Bueno, yo dejo planteado aquí el asunto, tampoco haría de esto un gran problema, pero no es correcto, no es correcto.
La propuesta de resolución 9º., del resolutivo noveno dice que para el cálculo del plan señalado en el Artículo 96, de la Constitución, se considerará en días hábiles.
A ver, la Constitución dice, 30 días improrrogables.
Segundo, el Código Civil dice que cuando no se aclare si son hábiles o naturales, se entenderá siempre naturales, como criterios de derecho, general.
Si llegara a haber un litigio con el ejecutivo por este resolutivo noveno; si llegaran a pasar los 30 días naturales improrrogables, y el ejecutivo de la terna enviada nombrara a una de las candidatas, el Senado no podría hacer valer su propia interpretación arbitraria de lo que la Constitución dice.
Como no es un punto de Ley Orgánica, sino de Constitución, y como hay criterio general de derecho de que cuando no se define si son hábiles o naturales, se entiende que son naturales, porque los días son días, es decir, es el tiempo en el cual la tierra da un giro completo sobre su propio eje; hecho sobre el cual no tenemos nosotros ninguna autoridad, excepto cuando la ley manda a no contar los días de descanso, que antes era uno a la semana, y ahora son dos -les recuerdo que el Sendo sesionaba los sábados-, todos los días y también los sábados como corresponde a un parlamento, ahora ya no porque ya no corresponde.
Entonces, señor Presidente para evitar la tentación de que el Senado no nombre en 30 días, improrrogables, tengamos un conflicto y lo perdamos con el Ejecutivo, lo cual puede ser plan con maña para que el Senado no nombre y el Ejecutivo imponga a una de la terna, lo cual sería de los más desagradable que le puede ocurrir en este momento al país.
Propongo que se elimine el 9º., insostenible en su contenido, peligrosísimo en su aplicación, y pone al Senado, lo pondría una tesitura de que le siguieran faltando al respeto como acostumbra hacerlo el señor Calderón, cada vez que se ofrece.
Gracias.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Esta Presidencia informa al Pleno, que el acuerdo que se somete a la consideración tiene como antecedentes los últimos cuatro nombramientos de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, tenemos tres propuestas que obligadamente someteremos a la consideración del Pleno; la del señor Senador Monreal, que no nos dejó por escrito nada, pero que tiene que ver con el segundo y el tercero, el cuarto y el séptimo. Le ruego a la secretaría preguntar a la asamblea, si aprueba que el cuarto y el séptimo no formen parte del acuerdo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera.
El Senador Monreal quiere que evitemos el cuarto y el séptimo, vamos a preguntarle a la asamblea, por favor. A ver, entonces pregunte la secretaría a la asamblea, si es de aprobarse el resto de los numerales, salvo el cuarto, el séptimo y el noveno.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo propuesto por la Mesa Directiva con la excepción del artículo cuarto, el séptimo y el noveno del propio acuerdo.
Los que estén porque se afirme con esa salvedad, que se apruebe con esa salvedad, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).
Los que estén porque no se apruebe, favor de levanta la mano. (La asamblea no asiente).
Sí se aprueban los demás incisos, presidente.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Tiene usted el uso de la voz, senador Monreal para hablar en lo particular sobre el cuarto y el séptimo.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Gracias, presidente, por cierto le pediría a la Presidencia que ya no traigan a los vacunadores de la Secretaría de Salud porque cada vez que los traen y nos vacunan, en la tarde me enfermo, ha de tener algo eso, yo les sugiero a todos los senadores no se vacunen aquí en el Senado.
Bueno, presidente, está tensa la asamblea, la poca asamblea. No, miren, a mí me parece, dice el presidente que a él le parece injusta la llamada de atención, no, lo que es injusto es que se nos haya excluido de la Mesa Directiva, porque somos un grupo parlamentario y no nos escuchan, y lo que me parece también injusto es que me pidan por escrito, con la rapidez las reservas, cuando hace dos minutos me enteré, por eso es lo que yo les digo que no lo hagan llegar con anticipación para hacer las reservas, para el debate, que de manera impronta estamos realizando en esta reunión.
Yo estoy proponiendo se modifiquen dos artículos, el cuarto, y el séptimo, y en el cuarto debería quedar como sigue: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 constitucional, las Comisiones Unidas convocarán a las personas propuestas para que comparezcan, y los senadores puedan plantear las preguntas que brinden mayores elementos de información.
Los comparecientes deberán contestar de manera inmediata el formato para las comparecencias, sean aprobadas por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas, con réplicas y contrarréplicas.
Miren, por qué, porque el grupo parlamentario de PT cuando fui miembro del Partido de la Revolución Democrática, formalmente aquí, era miembro de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Seguridad Pública, como me trasladé al grupo parlamentario del PT salí de las tres comisiones, y he insistido que como grupo parlamentario nos den una “cierta” injusticia y no tenemos asiente.
No tenemos asiente en la Comisión de Justicia, y no tenemos asiente en la Comisión de Estudios Legislativos, por tanto el grupo parlamentario del PT no puede tener voto ni replicar, ni contrarreplicar porque normalmente cierran, aunque no debería ser, es una violación a un derecho constitucional del senador, y por eso quiero que se aclare en este punto.
Y el punto séptimo las exposiciones que refiere el punto anterior serán por un máximo de 15 minutos, es muy poco, lo que sugiero que se les de la posibilidad de desarrollar los propuestas 30 minutos, pero que también se permita en el seno del pleno las preguntas y las respuestas.
Es la naturaleza del Senado, es la naturaleza de este cuerpo colegiado, por que no le vas a preguntar al propuesto para ratificación una inquietud que tienes de manera personal, aunque no seas miembros de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, si un senador o una senadora quiere cuestionar a un candidato a ser ministro, lo puede hacer porque tienes que autocercenarte en tu derecho de preguntar o replicar.
Pero miren, retomo dos expresiones: una, es una terna mañosa, con una propuesta única que pretende el gobierno sea así, y luego es mañosa porque es una terna de mujeres, si la rechazamos van a decir que dónde está el espíritu feminista, misóginos nos van a decir a los que estamos viendo de fondo el procedimiento, y por esa razón yo soy de la idea de que debería rechazarse, pero además dos de ellas tienen profundo perfil panista de derecha. Han trabajado con conservadores, su historia política y su historia en la Judicatura, así lo demuestran.
Yo le pido, ciudadano presidente someter a la consideración del pleno estas dos reservas, esos dos artículos que me he permitido en reservar. Y no se vacunen, no acepten ningún servicio que nos traigan porque parece que lo hacen con intención, Pablo.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Pregunte la secretaría a la asamblea si se evitan los numerales cuarto y séptimo del acuerdo o quedan, no simplemente pregunta, si la propuesta del senador Monreal si se admite a discusión, por favor.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si la propuesta hecha por el senador Ricardo Monreal Avila a los numerales cuarto y séptimo del punto de acuerdo, es de aprobarse, digo, se somete a discusión.
Los que estén porque se pueda someter a discusión, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).
Los que estén porque no se someta a discusión, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).
No se admite a discusión, presidente.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Queda en sus términos, ahora lo votaremos. Ahora bien, el senador Pablo Gómez nos pide que no incluyamos el criterio del cómputo de los días que viene establecido en el noveno, que se elimine el noveno. Pregunte por favor a la asamblea.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Pregunto a la asamblea, en votación económica, si admite a discusión la propuesta del senador Pablo Gómez Alvarez, en el sentido de eliminar el inciso noveno del punto de acuerdo.
Los que estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).
Los que estén porque no se admita a discusión, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).
Sí se admite a discusión, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se elimina el artículo noveno.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica si se aprueba se elimine el inciso noveno del punto de acuerdo.
Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).
-Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente.)
Aprobada la propuesta.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Y si se aprueban en los términos los numeras 4 y 7.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse en los términos originales los numerales 4 y 7 del Acuerdo.
-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente.)
-Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente.)
Sí se aprueban en sus términos, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Aprobado. Comuníquese.