8 jul. 2009

Asesinato en Chihuahua!

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó hoy la muerte de Benjamín Le Barón, líder mormón en Chihuahua, quien fue "levantado" y ejecutado junto con su cuñado por un comando armado, presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa.
Legisladores de los tres principales partidos coincidieron en que no es posible que un activista como Le Barón sea asesinado y las autoridades no respondan de manera inmediata.
Además, aprobaron un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y entregue un informe sobre los problemas de seguridad que vive la comunidad mormona.
Debate
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: En el siguiente apartado del orden del día, voy a pedir a la secretaría dé lectura a un punto de acuerdo, que han hecho llegar legisladores integrantes de la Primera Comisión, y que la Mesa Directiva hizo suyo y aceptó, que quedare agendado en el primer lugar del orden del día, de puntos de acuerdo.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del punto de acuerdo.
-LA C. DIPUTADA SECRETARIA MARTINEZ RODRIGUEZ: Doy lectura a punto de acuerdo.
Resolutivos:
Primero.- La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública, otorgue seguridad y garantías, de manera inmediata, en la comunidad de Le Barón, en el municipio de Galeana, en el Estado de Chihuahua; e informe a este órgano de la situación de seguridad que impera en dicha comunidad.
Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Procurador General de la República, a que conforme a sus atribuciones, atraiga el caso del secuestro y homicidio de los ciudadanos Benjamín Le Barón y Luis Whitman, ocurrido en la comunidad de Le Barón, municipio de Galeana, Chihuahua.
Tercero.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegurar la presencia, efectiva, de visitadores que conozcan de las condiciones de respeto a los derechos humanos en la zona noroeste de Chihuahua, particularmente en el municipio de Galeana.
Cuarto.- La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Estado de Chihuahua, y a las instituciones responsables de impartir y procurar justicia en el Estado, a que desplieguen todos los esfuerzos institucionales, para detener el clima de violencia en la entidad y que permitan generar un ambiente de seguridad y tranquilidad entre sus habitantes.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso, a los ocho días del mes de julio del dos mi nueve.
Es todo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias.
Honorable Asamblea: Antes de dar el trámite solicitado, para el punto de acuerdo, y en atención a la solicitud del diputado César Duarte Jáquez, y conforme, también, al acuerdo de la Mesa Directiva de esta mañana, voy a solicitar, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de los ciudadanos Benjamín Le Barón y Luis Whitman, lamentablemente asesinados la madrugada del día de ayer, en la comunidad de Le Barón, municipio de Galeana, en el Estado de Chihuahua.
(Todos de pie. Se guarda un minuto de silencio)
Gracias. ¡Descansen en paz!
Como fue solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución, y se pone a discusión de inmediato.
(...)En consecuencia, está a discusión la propuesta.
Para referirse a este tema, tiene la palabra el diputado César Duarte, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y en turno también el senador Tomás Torres Mercado y el senador Ricardo Monreal.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Muchas gracias, senador presidente.
Créanme que es un asunto en el que me siento profundamente consternado. Conocí personalmente y atendí de manera directa a las víctimas, que hoy hemos hecho alusión en esta sesión.
Y es un asunto que ha estremecido, sin duda, a la opinión pública del país, y en particularmente a Chihuahua.
El tema de la violencia, no está radicado en una sola región del país. Es un tema que galopa a lo largo y ancho del país, que se mueve, que tiene distintos reflejos en la sociedad; pero este hecho, particularmente, habla de los alcances a lo que la delincuencia organizada es capaz de llegar.
Conocimos, hace un par de meses, de secuestro del hermano de la víctima, Benjamín Le Barón, a Eric, un joven, un muchacho Le Barón, de la comunidad de Le Barón, en Galeana. Lo extrajeron de una fiesta un grupo de delincuentes para privarle de su libertad de manera ilegal.
Al llevárselo intentaron extorsionar a la familia, y la comunidad completa se rebeló ante esa posición. Es una comunidad que los aglutina una misma religión, la religión mormona, y en esa condición se rebeló el pueblo a no pagar ningún rescate.
Emplazaron a los delincuentes y dijeron que ellos correrían los riesgos con sus propias vidas, porque no podían ser ellos quienes financiaran y generaran el crecimiento de la empresa del crimen organizado.
ue realmente una revelación a nivel nacional, los medios lo manejaron. Y esta comunidad basados en su integración, insisto, religiosa, mantuvieron esa misma posición y dieron seguimiento. Las autoridades locales, la misma procuradora de Justicia del Estado, vivió, prácticamente se fue a vivir a la casa del secuestrado, de manera permanente, hasta que se resolvió la libertad del joven.
Y se dio seguimiento, sin duda, hubo seguimiento a esas investigaciones. Y sucedieron hechos lamentables posteriormente a éste, hubo el sacrificio de 25 jóvenes, en una región cercana a esta zona; en el que se interpretó, también, en enfrentamiento de dos bandas, como se ha venido usualmente conociendo este asunto.
Sostuvieron, insisto, que yo mismo escuché a Benjamín, de su propia voz, decirme directamente, que él estaba dispuesto a dar su vida para que estas cosas cambiaran en México.
Y este tema realmente nos debe llevar a reflexionar de fondo.
¿Qué está pasando en el país? ¿Y qué actitud debe tomar la sociedad? ¿Y qué estrategia debe seguir la autoridad, para resolver tan lamentables hechos?
Culpar y señalar a una autoridad, probablemente hace ocho días hubiera parecido un tema electoral. Pero es un tema más allá; es un tema que lo estamos viviendo y sufriendo en Guerrero, en Zacatecas, en Sonora, en todas partes del país; y en Chihuahua, también, no es la excepción.
Esta comunidad, con esa valentía enfrentó al crimen organizado. Insisto, asumiendo los riesgos que todo esto implica.
Mujeres, hombres, jóvenes, niños, todos con ese mismo discurso. En el que no puede financiarse y engrosar los espacios de articulación del crimen organizado, con ese financiamiento.
Lamentablemente, ayer en la madrugada, ingresaron, allanaron la morada, el domicilio de Benjamín, hermano de Erick, a la 1:30 de la mañana.
Su cuñado y vecino Luis Carlos Withman escuchó el escándalo y salió a tratar de ayudarlo y también fue sometido. Y a escasos kilómetros de la comunidad, a las 5:00 de la mañana fueron encontrados los cuerpos.
Esto, insisto, debemos de ir más allá. Yo no quiero plantear y no requiero defender al Gobernador de Chihuahua porque el hecho es claro. Pero me parece que a la sociedad chihuahuense en particular y con las acciones que ha tenido gobierno, el cuarto punto se excede en el señalamiento particular que se hace al Gobernador.
Y yo quiero proponer que se cambie la articulación de ese cuarto punto. Insisto, no necesito defender al Gobernador de Chihuahua, la sociedad chihuahuense y sobre todo en Galeana saben perfectamente que el gobierno del Estado ha sido la autoridad que ha estado pendiente y dando seguimiento, se han sentido apoyados, ellos mismos lo han declarado. Y en ese sentido tampoco quiero con ello culpar a otra autoridad.
Si no un llamado en general a que todos cerremos filas en un hecho que con valentía un grupo de ciudadanos enfrentaron al crimen organizado, se negaron a pagar el rescate, a se extorsionados.
Conocedores, porque lo han declarado todo el tiempo de asumir esos riesgos. Y desde ese punto de vista naturalmente que espero que sea solidario, como ha sido en mi Iniciativa, un minuto de silencio en memoria de estos dos chihuahuenses que ayer han sido sacrificados.
Y que el cuarto punto, entrego para que la Secretaría me haga favor de dar lectura, la modificación que consideramos.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Con mucho gusto diputado Duarte Jáquez. En el momento oportuno del trámite parlamentario proponemos la modificación que usted ha solicitado. Pero antes de eso voy a darle la palabra al senador Torres Mercado, que ha solicitado el uso de la palabra para referirse a este tema. Y por supuesto antes de la votación haremos el trámite correspondiente diputado. Gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a este tema.
-EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO: Gracias ciudadano presidente. Cuántos minutos de silencio a cuánto equivaldrían los minutos de silencio que las Cámaras pudieran guardar por los asesinatos de gente proba, de gente útil a la sociedad, de gente de bien, de gente inocente. Seguramente pudiéramos pasar sesiones completas guardando silencio por la situación tan delicada de este país.
uede decirse que hay gobierno cuando se matan cientos y miles en una entidad federativa.
¿Hay gobierno?
Hay razón para soportar que decir que hay poderes constitucionales.
Hay instituciones en esas circunstancias.
El día de ayer cuando estábamos en trabajos de la Primera Comisión, de la Comisión Permanente, el diputado González Garza nos dijo que estaba recibiendo, que había recibido comunicaciones señalando que habían encontrado inermes los cuerpos de Luis Withman y de Benjamín Franklin Le Barón, ejecutados con brutal ferocidad.
Y de manera unánime convino la comisión presentar a este Pleno un punto de acuerdo para solicitar, porque no hay duda que se trata de delincuencia organizada, que la Procuraduría General de la República haga su trabajo.
Ha librado tarjetas rojas para la extradición de otro asunto, el del IMSS. Lo va a perder en instancias internacionales por averiguaciones mal integradas.
Pero en este caso el secretario de Gobernación como responsable de la política interna de este país tiene que llamar y garantizar la integridad, la seguridad y darle garantías a la comunidad de Le Barón en Chihuahua.
scuché en días pasados una entrevista con detenimiento. Al tío en principio de la víctima de secuestro Erick y luego del ejecutado y su cuñado.
Y me llamó la atención poderosamente porque hay principios fundamentales de vida de la comunidad mormona que nos sirve para recordar algo que es básico: el indeclinable respeto a la ley, y el valor fundamental de vida para construir sociedad en el trabajo.
La posición del PRD por supuesto va en términos de respaldar estos tres puntos resolutivos y también y esperamos, porque yo creo, compañeras, compañeros del PRI, que no pueden estar en desacuerdo que el gobierno del Estado de Chihuahua tiene su parte de responsabilidad en el asunto que estamos comentando.
Por lo demás sólo les diré si puede la sociedad mexicana, la de Chihuahua o la sociedad mexicana toda, que estoy cierto que no van a seguir ese camino de decir: “Vamos a armarnos para protegernos”. Porque el pacto social, compañeros y compañeras, no se les olvide. El pacto social es: “Me subordino a la autoridad, pero la autoridad debe darme protección y debe darme justicia; si no, no hay gobierno”.
Vaya la participación de nuestro Grupo Parlamentario en una expresión de solidaridad fraterna para la familia de los dolientes de los ejecutados. Si vale decirlo en un acompañamiento de pesar, porque estas ejecuciones no le quitaron la vida sólo a dos gentes de bien, están cercenándole, están pegándole al Estado mexicano todo.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias senador Torres Mercado. Tiene ahora la palabra, anoto también al diputado González Garza, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse a este tema.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Gracias, ciudadano presidente. Primeramente quisiera expresar nuestro más sentido pésame a la familia de Benjamín Le Barón, de Luis Withman, que fueron cobardemente asesinados el día de ayer por un comando integrado por 20 personas, y que es muy claro que fue consecuencia de la lucha que Benjamín Le Barón y la comunidad que él representa ha venido enfrentando en los últimos meses por la ola de secuestros y la por la indignación que todo mundo siente ante la impunidad y ante la complicidad.
Este hecho lo único que refleja es impunidad, y seguramente tardarán para aclarar este crimen que tiene enlutados a la comunidad De Lebarón. Me parece muy grave lo que está sucediendo, no sólo por el hecho de dirigentes sociales que habían encabezado sin ninguna tregua la lucha antisecuestros en Chihuahua, lo más grave es que se silencia la posibilidad de la denuncia, el propósito que tiene este crimen, sin duda es inhibir la denuncia, y nos preguntamos públicamente ¿por qué si Benjamín Le Barón había sido amenazado durante estos meses no se le brindó protección, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal? Benjamín Le Barón y su familia, víctimas de extorsiones y víctimas de amenazas no fueron escuchados, no fueron atendidos por las autoridades, ni federales ni estatales, y sucedió este crimen provocado por la complicidad y por la impunidad.
Es enorme el costo que se está pagando en el país, y nos preguntamos: ¿Cómo llegamos a esta barbaridad? Dos palabras encierran esta propuesta. Por la impunidad y por la corrupción. Esto nos hace suponer que la lucha emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico no tiene resultados.
De una vez por todas el gobierno federal debería darse cuenta de que la estrategia seguida para combatir a la delincuencia organizada no es eficaz, no tiene resultados y está destinada al fracaso.
Es hora de profundizar la revisión de esa estrategia, que desde nuestro punto de vista está ausente de labores de inteligencia. Por esa virtud sí hay responsables, claro que hay responsables y están en el gobierno federal y en el gobierno del Estado.
Vean los resultados electorales, qué pésima estrategia la de intentar mantener como prioridad la supuesta lucha contra el narcotráfico en contra de adversarios políticos. Qué pésima estrategia filtrar informaciones falsas para deteriorar imágenes públicas. Vean los resultados, en el basurero de la historia los colocarán a quines las usaron.
Por eso me parece pertinente hacer una reflexión pública. Saben ustedes, senadores y diputados que de los 20 mil muertos que reporta la guerra contra el narcotráfico en los últimos años, estos muertos responsables o inocentes tenían la edad entre 19 y 35 años, son jóvenes nacidos entre el 75, 1975, y 1990, coincidentemente cuando el país dejó de crecer, de generar empleos, de garantizar salarios remuneradores, de invertir en educación y en salud, como política de Estado para convertirlas en políticas asistencialistas y de filantropía social.
Este crimen no puede quedar en el olvido, este crimen tiene de luto a todo el país, y lamentablemente llega al extremo en que los mexicanos estén pensando, lamentablemente, en hacer uso de medios propios para defenderse ante la impunidad y ante la falta de combate eficaz contra los delincuentes.
La cultura de la denuncia no termina de arraigarse en nuestro país, y con sucesos como estos será poco probable lograrlo. Díganme ustedes, después de estos cobardes asesinatos, impunes asesinatos, ¿quién denunciará, quién se atreverá a señalar a sus extorsionadores, a sus secuestradores o a los vecinos que se dedican a esa actividad ilícita? Me temo que el país está de luto y es por la falta de una legitimidad y de una moralidad en quienes nos gobiernan. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Monreal. Tiene ahora la palabra el diputado Javier González Garza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. DIPUTADO JAVIER GONZALEZ GARZA: Muchísimas gracias, señor presidente, quisiera ser muy corto, estoy naturalmente de acuerdo, pero quisiera, he subido a hacer denuncias.
En Chihuahua, el 29 de mayo fue asesinado el doctor Manuel Arroyo Galván, profesor universitario, dirigente de colonias populares, la semana pasada fue asesinado “Jéminez”, Ochoa, dirigente de mercados, en Ciudad Juárez; y siguen amenazando gente.
Quiero denunciar que el maestro Víctor Quintana “Silveyra”, diputado local, que ha estado atendiendo a la familia Le Barón, ha sido amenazado de muerte también. El asunto de verdad es brutalmente preocupante.
Una comunidad, que podríamos decir, distinta a nuestras comunidades, una comunidad mormona, absolutamente pacífica que pidió protección y no se la dimos, no puede seguir este asunto, nos pone en el camino del Estado fallido, entendamos.
¿Qué le decimos a una comunidad que lo único que hace es respetar a todos los demás y pide respeto así misma, como decía el Tomás Torres? Una comunidad de trabajo, que de pronto no sólo es amenazada, es atacada. Esas gentes, los hermanos de Benjamín, anoche, nos decían lo que dijo Benjamín el 2 de mayo, lo mismo, no nos vamos a rajar, y no se van a depender; lo que pido es que haya sensibilidad y pueda haber protección a esa comunidad, porque si no, no tenemos derecho de llamarnos mexicanos. Gracias.
(APLAUSOS)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias, Diputado González Garza.
El Senador Gustavo Madero ha solicitado la palabra, y tiene la palabra el Senador Gustavo Madero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA CAMARA DE SENADORES, SENADOR GUSTAVO MADERO MUÑOZ: Lamento subir a esta tribuna por un tema que es una tragedia, el asesinato de un joven, sano, trabajador de la comunidad mormona de mi estado; pero también lamento que en esta tribuna mi estado ha sido con frecuencia aludido por la situación tan grave que tiene en materia de inseguridad, número uno, por mucho, de ejecuciones a nivel nacional; primeros lugares del secuestro, en las extorsiones, en las amenazas que ya son parte de la vida cotidiana que sufre, que padece la ciudadanía, las familias.
Hoy el hecho que relatamos y que lamentamos y sobre el cual estamos precisamente pidiendo un pronunciamiento de esta comisión, se da en una comunidad trabajadora, en una comunidad frugal, en una comunidad que tiene como principio el trabajo, el respeto a las instituciones, a la ley; que depositó toda su fe, y así se lo dijo, porque utilizó esas palabras, una comunidad con creencias profundas en el gobierno del estado para garantizar precisamente que se pudiera combatir el secuestro y la extorsión de que eran objeto.
Hoy, todos nos sentimos defraudados, porque esta comunidad -nos lo comentan-, se sienten desprotegidos, y están pidiendo precisamente la participación del Gobierno Federal para que intervenga directamente y garantice un clima de seguridad que hoy no tiene nuestro estado.
Yo quiero comentar que no es con eufemismos, con disimulos como se puede solucionar un tema tan grave como esto, por eso, lamento mucho la propuesta del Diputado César Duarte, de modificar la redacción del Cuarto Resolutivo con el único propósito de quitar la palabra y la responsabilidad del gobierno del estado local. Aquí lo que estamos tratando es de involucrar a todos, absolutamente a todos, porque esto nos exige cerrar filas, y yo lamento mucho una visión partidista, reduccionista que trata a través de eufemismos y de disimulos eludir una grave responsabilidad sobre algo que está viviendo nuestro estado de manera cotidiana y que hoy se presentó precisamente en la persona de Erick Le Baron -el día de mañana son sus funerales-.
Yo quisiera, por respeto a esta comunidad, solicitarles a todos que aprobemos este punto de acuerdo con sus cuatro resolutivos en su redacción original. Muchas gracias.
(APLAUSOS)
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador Madero. Para responder a alusiones personales, tiene la palabra el Diputado César Duarte.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Qué pena me da que en un tema tan lamentable para el Estado de Chihuahua, la representación en lo que representa al Pacto Federal, precisamente con un cinismo trate de enfocar en un tema electoral, un tema tan doloroso.
La familia Lebaron está reconocida que la única autoridad que los ha apoyado es el gobernador de Chihuahua, que quede claro. Y en ese sentido tapar el sol con un dedo, es lo más sencillo. Es doloroso, porque desgraciadamente ahí están los hechos, pero aquí se ha dicho en la tribuna, cuántos minutos llevamos en lo largo y ancho del país.
Cuántas acciones tenemos que seguir soportando para ver la incapacidad de la autoridad en poner en orden a la delincuencia organizada. ¿Qué, la lectura de las urnas que se han llamado aquí no fue suficiente para determinar dónde está la falla de la autoridad? Eso se llama cinismo. Y lo que es peor, más doloroso, que lo haga un chihuahuense.
Lo reclamo porque conozco a la familia, porque me duelen los hechos de manera directa, me pudieran doler por cualquier chihuahuense, pero en particular lo conocí, en lo personal. Por eso la emoción me lleva a exigir, en esos términos, respeto, respeto y prudencia.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Tiene la palabra para rectificación de hechos el Senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: En parte, ciudadano Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por el Diputado Duarte, pero sin embargo, también la parte del Senador Madero respecto del disimulo, me parece pertinente, porque debemos analizar con toda seriedad lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el país no es sino una consecuencia de una mala política en materia de seguridad pública, pero también de complicidades en los estados, y de complicidades y connivencias con los líderes del crimen organizado.
Ahora está presente en el debate el asesinato de dos personas, uno de ellos, Benjamín Le Baron, dirigente de una comunidad mormona, cuya costumbre y tradición y principios son contra la violencia, y su cuñado Luis Widmar. Ese es el debate, pero subyace en el fondo, sí una estrategia fallida contra la delincuencia organizada que no atenúa los efectos de la injusticia, de la complicidad y de la impunidad, un Estado fallido.
Es más, el Parlamento Europeo y el Gobierno Norteamericano han establecido y establecieron que debido a la crisis económica y a la crisis de seguridad, todavía sería más profunda la pobreza, el desempleo y las consecuencias que están van a generar y están generando en el corto plazo. Por eso es más allá de un simple y superficial análisis del tema de seguridad.
Hoy estamos lamentándonos la tragedia, el crimen cometido con Benjamín Le Barón, contra Benjamín Le Barón, y estamos solidarizándonos con su familia, pero a la vez exigiendo justicia.
Pero no se nos olvide que hay otros cientos de dirigentes políticos y comunitarios que han sido asesinados, y que nadie ha elevado la voz por ellos también, como es el caso de los dirigentes políticos de Guerrero.
Que tan solo en estos meses fueron ejecutados 12 simpatizantes del PRD que iban a sufragar hace unos días, y nadie dice nada.
Es decir, los militantes y dirigentes del PRD, no, no importan. ES un problema muy grave lo que está pasando en el país, es la descomposición social. Y los Senadores y los Legisladores no debemos cerrar los ojos frente a esta crisis de barbarie que se está presentando en la nación.
Sí hay responsabilidades compartidas, por supuesto que las hay.
Yo no sé si el Gobernador de Chihuahua sea el único que haya prestado apoyo y auxilio, seguramente que sí le creo al Diputado Duarte.
Pero me pregunto. ¿Por qué razón no se le dio protección a él y a su familia cuando él denunció que estaba siendo amenazado por bandas del crimen organizado?
¿Por qué no se tomaron las mínimas medidas de seguridad para no estar lamentando este cobarde asesinato?
Y además la nota que dejan en el lugar del crimen, para cualquier investigador, es obvio que se trata de un hecho relacionado con las denuncias que venía generando Benjamín Le Barón.
Por que le dicen: “Esto es por los 25 jóvenes que tú señalaste”, y coincide con que en el mes de junio habían sido detenidos y están siendo procesadas algunas personas por delitos contra la salud, secuestro y privación ilegal de la libertad.
Entonces, sí hay más de fondo, sí es un problema de seguridad y de justicia, y sí hay responsabilidades compartidas.
Por eso es que nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar, como se planteó originalmente.
No puede quedar en la impunidad. Es una llamada de atención, Senadores y Diputados. No puede ser sólo un debate y después el olvido.
Y estos 12 simpatizantes del PRD, que fueron masacrados y asesinados ¿Quién va a responder por ellos en Guerrero? ¿Quién exige justicia por ellos? Por ser del PRD, esos no merecen ser tratados en esta tribuna.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador Monreal.
-Voy a pedirle a la secretaría dé lectura a la propuesta de modificación al resolutivo IV presentada por el Diputado Duarte, y que inmediatamente después consulte a la Asamblea si se admite a discusión.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTINEZ RODRIGUEZ: Con gusto, señor Presidente.
IV Resolutivo.- “La Comisión permanente exhorta a las autoridades e instituciones responsables de la impartición y procuración de justicia a que desplieguen los esfuerzos institucionales conjuntos para detener el clima de violencia y que permitan generar un ambiente de seguridad y tranquilidad para los ciudadanos”.
-Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Consulte ahora la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTINEZ RODRIGUEZ: Se solicita a la Asamblea, en votación económica, si aceptan someterlo a discusión.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Si se admite a discusión la propuesta.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTINEZ RODRIGUEZ: Si se admite a discusión la propuesta.
-Quienes estén por la afirmativa.
(La Asamblea no asiente)
-Quienes estén por la negativa.
(La Asamblea asiente)
-No se admite a discusión.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: No se admite a discusión.
-Consulte ahora la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Primera Comisión, en los términos en que fue leído por la secretaría.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTINEZ RODRÍGUEZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
-Aprobada la propuesta inicial, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Aprobada la propuesta.
-Comuníquese

El Papa con first ladies

El Papa recibe a las primeras damas y pide rectitud
Benedicto XVI ha recibido este miércoles en el Vaticano a algunas de las mujeres de Jefes de Estado y de Gobierno que participan en el G-8 ampliado. En ausencia de la primera dama italiana, Verónica Lario, en proceso de divorcio de Berlusconi, han acompañado a las first ladies las ministras de Igualdad, Mara Carfagna, y Educación, Maria Stella Gelmini.
A la cita no acudió Carla Bruni, esposa del presidente francés Nicolas Sarkozy, que ha preferido visitar las tiendas de los desplazados del terremoto.
Han asistido las primeras damas de Gran Bretaña, México, India, Suecia y Suráfrica. A ellas se ha unido la esposa del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.El Papa

¿Fin del fuero militar?

Columna Arsenal/Francisco Garfias
Excélsior 08-Jul-2009;
¿Fin al fuero de guerra para encubrir delitos y violaciones a los derechos humanos por militares? Ese es el fondo del debate que hoy se abre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien considera que los delitos cometidos por militares, que involucren a civiles, deben ser resueltos por los tribunales ordinarios y no por los castrenses.
El proyecto pretende sobre todo prevenir los excesos cometidos por algunos militares, al amparo de la lucha contra el narcotráfico, aseguran fuentes del tribunal supremo.
El tema es delicado. Desde que se inició en México la cruzada contra el crimen organizado, a principios de 2008, las quejas por violación de los derechos humanos por parte de los militares se han multiplicado exponencialmente.
Los números dados a conocer por la CNDH hablan por sí solos. En 2007 se recibieron 207 quejas, en 2008 subieron a mil 019 y en 2009 ya van 703 quejas. La mayoría tienen que ver con cateos arbitrarios, trato cruel o degradante, detenciones arbitrarias. Hay casos de tortura y hasta una violación.
Cossío inicio la revisión del fuero militar a partir de la solicitud de familiares de una de las víctimas que perdieron la vida en una balacera entre civiles y militares ocurrida en Sonora. El proyecto que someterá al pleno de la Corte se apega al artículo 13 de la Constitución, que a la letra dice:
“Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Ese mismo artículo señala, sin embargo, que subsiste el fuero de guerra para los delitos y las faltas contra la disciplina militar
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Un documento moral, no político

"Caritas in veritate": Un documento moral, no político/Carl Anderson, caballero supremo de los Caballeros de Colón
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Mucho antes de la "izquierda" y la "derecha", estaba el Evangelio, y mucho después de que esas etiquetas políticas hayan caído en el olvido, el Evangelio permanecerá.
A la luz de esto, es sumamente importante que recibamos la encíclica del Papa Benedicto XVI "
Caritas in veritate" como un documento que debería informar nuestra perspectiva.
Podemos resumir así el pensamiento del Papa sobre la economía: cada uno de nosotros debe responder a la pregunta de Cristo: "¿Quién decís que soy yo?".
Si nosotros, con Pedro, respondemos "El Mesías", entonces esto debe dirigir el eje de nuestra vida.
Nuestra realidad más importante debe ser la verdad de nuestras relaciones. En este sentido, podemos entender cómo la ley y los profetas podrían resumirse en dos mandamientos de Cristo: que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a los demás como a nosotros mismos.
Así somos capaces de hablar de "
Caritas in veritate".
Desde el momento en que aceptamos a Cristo y esos dos mandamientos, ya no podemos volver a formular la pregunta de Caín: "¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?".
En su lugar, debemos comprender que nuestro ejercicio de la libertad no puede tomar la forma de una simple acumulación del máximo de riqueza que podamos.
Al contrario, todo lo que nosotros hacemos libremente debe reflejar esa realidad y debemos tener en cuenta, en todas nuestras acciones, sus efectos sobre los demás.
No necesitamos ir más allá de las dos primeras palabras del Padrenuestro, que Benedicto XVI cita al final de este documento, para ver la familia humana común a la que pertenecemos.
Con esta finalidad, debemos reco rdar algunos hechos importantes:
En primer lugar, nosotros no debemos preguntarnos cómo esta encíclica respalda nuestra visión del mundo, sino al contrario, cómo debe cambiar nuestra visión del mundo en respuesta a este documento.
Los comentaristas deberían evitar la tentación de intentar analizar la encíclica desde sus propias perspectivas o a través de una visión política.
Las tesis del Papa dejan claro que un fundamento ético debe trascender la política, y, como aparece explícito en el documento, las soluciones técnicas pertenecen a los actores políticos.
En segundo lugar, el mundo merece una economía de mercado con conciencia, tal y como los eventos de la economía global han dejado claro el año pasado.
En 1985, el Papa Benedicto XVI, criticó el marxismo en un documento, por e xcluir tanto a Dios como a una adecuada función humana y, por tanto, por ser demasiado "determinista".
También advirtió que las economías de mercado corrían el mismo riesgo de colapsarse si también excluían o ignoraban el componente ético de la toma de decisiones individuales.
Realmente, los acontecimientos recientes han confirmado su conclusión y, por tanto, esta encíclica, y su llamamiento por un sistema moral, son de lo más irresistibles.
En tercer lugar, mientras el debate mundial se centra en las soluciones técnicas a la crisis económica, el Papa Benedicto XVI nos está pidiendo que volvamos a evaluar el fundamento mismo de nuestro sistema.
También que construyamos sobre la roca de los valores éticos en lugar de sobre la arena del determinismo.
En cuarto lugar, el Papa nos ha llamado a una reali dad económica que debe respetar la vida de todas las personas, incluso las más pequeñas y más necesitadas.
Esto es notable y oportuno a la vez, como lo es su indicación sobre la necesaria función que la religión debe desempeñar en el espacio público.
En quinto lugar, esta encíclica es tanto un documento Católico como un documento católico.
Verla desde un punto de vista puramente nacional sería tan equivocado como verla desde un punto de vista político.
Por ejemplo, sobre la exhortación del Papa por una "redistribución" justa, no puede indicarse ningún país que
no distribuya la riqueza de sus ciudadanos de alguna manera.
El Papa pregunta si, independientemente del país, esto se hace con justicia.
Los que vivimos en países de economías boyantes, con un nivel de vida mucho más allá de lo que muchos del mundo pueden imaginar, debemos detenerbis para reflexionar sobre esto.
Ciertamente tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros vecinos. Podemos y debemos hacer más.
Pero no somos los únicos. ¿Es justo que un "presidente" de un país en un pobre rincón del mundo deposita billones de dólares en una cuenta de un banco suizo, mientras su gente vive con un dólar al día?
¿Es justo que una población muera de hambre mientras una oligarquía aumenta su riqueza? Realmente, todos tenemos derecho a comer y a los servicios básicos.
Un cristiano debe ser una persona para los demás. Es más, no sólo los cristianos, sino todo el mundo está llamado a vivir de esta manera.
Durante demasiado tiempo, demasiadas personas se han comportado como si únicamente se debieran lealtad a sí mismos.
Todos hemos visto los resultados de esa conducta y sabemos que es un modelo pobre, ética y económicamente.
Ahora, la gente está buscando una brújula moral y sabe que el Papa Benedicto XVI tiene una. Pero si bien una brújula puede señalar el camino, seguirla depende de nosotros.
[Traducción del original en inglés por Patricia Navas]

Agencia Zenit.

"Motu proprio"

Comunicado del cardenal Levada sobre el "motu proprio" "Ecclesiae unitatem"
El diálogo con la Fraternidad de San Pío X será ahora esencialmente doctrinal
CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 8 de julio de 2009 (ZENIT.org).- Comunicado del cardenal William Joseph Levada, presidente de la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei" en cuanto prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con motivo de la publicación de la carta apostólica de Benedicto XVI en forma de "motu proprio" "Ecclesiae unitatem".
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Según anticipó la
carta del Santo Padre a los obispos de la Iglesia católica sobre la remisión de la excomunión de los cuatro obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre (10 marzo 2009), se publica hoy la carta "motu proprio" "Ecclesiae unitatem", con la cual se replantea y actualiza la estructura de la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei", instituida por Juan Pablo II en 1988.
Con el "motu proprio"
"Ecclesiae unitatem" ante todo se explica el motivo principal de esta reestructuración. La remisión de la excomunión a los cuatro obispos lefebvristas fue una medida en el ámbito de la discipl ina canónica para liberar a las personas del peso de la censura eclesiástica más grave, con la conciencia de que las cuestiones doctrinales permanecen hasta que no queden aclaradas y de que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no puede disfrutar de un estatuto canónico en la Iglesia y sus ministros no ejercer legítimamente ningún ministerio en la Iglesia. Por tanto, dado que los problemas son de naturaleza esencialmente doctrinal, el Santo Padre ha decidido replantear la estructura de la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei", uniéndola de manera más cercana a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La Comisión Pontificia "Ecclesia Dei", mantiene su configuración actual, con algunas modificaciones en su estructura, que aquí se resumen:
1) El presidente de la Comisión es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. <>2) La Comisión tendrá un propio cuadro orgánico, compuesto por el secretario y oficiales.
3) La tarea del cardenal presidente, ayudado por el secretario, consiste en presentar los principales casos y las cuestiones de carácter doctrinal al examen y al juicio de las instancias ordinarias de la Congregación para la Doctrina de la Fe (consultores y miembros de la sesión ordinaria - plenaria), y someter los resultados a las disposiciones supremas del Sumo Pontífice.
El cardenal William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ahora nombrado presidente de la Comisión "Ecclesia Dei", ha expresado gratitud al Santo Padre por la confianza que le ha mostrado con esta decisión, asegurando al Santo Padre, también en nombre de los oficiales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el compromiso por el diálogo doctrinal con la Fraternidad Sacerdotal de S an Pío X.
El Santo Padre, con una carta autógrafa, ha dado profundamente las gracias al cardenal Darío Castrillón Hoyos, hasta ahora presidente, por su gran entrega al trabajo de la Comisión "Ecclesia Dei". Del mismo modo, el Santo Padre, a través del secretario de Estado, ha dado las gracias a monseñor Camille Perl por tantos años de servicio a la misma Comisión. A estos agradecimientos se ha unido también el cardenal Levada, extendiéndolos a los miembros y expertos de la Comisión, cuyo trabajo ahora será retomado por los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, así como por expertos escogidos según las necesidades para estudiar cuestiones particulares.
Dando la bienvenida al nombramiento de monseñor Guido Pozzo como secretario de la Comisión, el cardenal Levada ha constatado la preparación de monseño r Pozzo y su particular interés por las cuestiones que competen a la Comisión "Ecclesia Dei". Hasta ahora, monseñor Pozzo ha sido ayudante de estudio de la Oficina Doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe y secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional.
Con el "motu proprio" publicado hoy, el Santo Padre ha querido mostrar particular y paterna solicitud a la Fraternidad de San Pío X con el objetivo de superar las dificultades que todavía permanecen para alcanzar la plena comunión con la Iglesia.
[Traducción del original en italiano realizada por Jesús Colina]
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"Motu proprio" de Benedicto XVI "Ecclesiae unitatem"A propósito de la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei"
CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 8 de julio de 2009 (
ZENIT.org).- Publicamos la carta apostólica de Benedicto XVI, en forma de "motu proprio", "Ecclesiae unitatem" a propósito de la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei".
MOTU PROPRIO DATAE
BENEDICTUS PP. XVI
1. La tarea de custodiar la unidad de la Iglesia, con la solicitud de ofrecer a todos las ayudas para responder de manera oportuna a su vocación y gracia divina, corresponde de modo particular al sucesor del apóstol Pedro, quien es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad, tanto de los obispos como de los fieles (Constitución dogmática del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la Iglesia "Lumen Gentium", 23; Constitución dogmática del Concilio Ecuménico Vaticano I sobre la Iglesia de Cristo "Pastor aeternus", cap. 3). La prioridad suprema y fundamental de la Iglesia, en todo tiempo, de llevar a los hombres hacia el encuentro con Dios debe ser favorecida por el compromiso de llegar al testimonio común de fe de todos los cristianos.
2.En fidelidad a este mandato, tras el acto con el que el arzobispo Marcel Lefebvre, el 30 de junio de 1988, confirió ilícitamente la ordenación episcopal a cuatro sacerdotes, el Papa Juan Pablo II, de venerada memoria, instituyó el 2 de julio de 1988 la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei" "con la tarea de colaborar con los obispos, con los dicasterios de la Curia Romana y con los ambientes interesados, para facilitar la plena comunión eclesial de los sacerdotes, seminaristas, comunidades, religiosos o religiosas, que hasta ahora estaban ligados de distintas formas a la Fraternidad fundada por le arzobispo Lefebvre y que deseen permanecer unidos al sucesor de Pedro en la Iglesia católica, conservando sus tradiciones espirituales y litúrgicas, según el protocolo firmado el pasado 5 de mayo por el cardenal Ratzinger y por el arzobispo Lefebvre" (Cf. Juan Pablo II,
"motu proprio" "Ecclesia Dei", 2 de julio de 1988).
3. En esta línea, adhiriendo fielmente a la misma tarea de servir a la comunión universal de la Iglesia, también en su manifestación visible y realizando todo esfuerzo para que a todos aquéllos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad les sea posible permanecer en ella o volver a encontrarla, he querido ampliar y actualizar, con el "motu proprio" "
Summorum Pontificum", la indicación general ya contenida en el "motu proprio" "Ecclesia Dei", sobre la posibilidad de utilizar el "Missale Romanum" de 1962, con normas más precisas y detalladas (Cf. Benedicto XVI, "Summorum Pontificum", 7 de julio de 2007).
4. Con el mismo espíritu y con el mismo empeño por favorecer la superación de toda fractura y división en la Iglesia y de curar una herida experimentada de una manera cada vez más dolorosa en el tejido ecles ial, he querido levantar la excomunión a los cuatro obispos ordenados ilícitamente por monseñor Lefebvre. Con esta decisión, he querido quitar un impedimento que podía prejuzgar la apertura de una puerta al diálogo e invitar de este modo a los obispos y a la Fraternidad de San Pío X a volver a encontrar el camino hacia la comunión plena con la Iglesia. Como he explicado en la
carta a los obispos católicos del 10 de marzo pasado, la remisión de la excomunión ha sido una medida en el ámbito de la disciplina eclesiástica para liberar a las personas del peso de conciencia representado por la censura eclesiástica más grave. Pero las cuestiones doctrinales obviamente permanecen y, hasta que no se aclaren, la Fraternidad no tendrá un estatuto canónico en la Iglesia y sus ministros no podrán ejercer legítimamente ningún ministerio.
5. Precisamente porque los problemas que ahora deben ser tratados con la Fraternidad son de naturaleza esencialmente doctrinal, he decidido, después de 21 años del motu proprio "Ecclesia Dei", y según la facultad que me había reservado (Cf. "
Summorum Pontificum", artículo 11), replantear la estructura de la Comisión "Ecclesia Dei", uniéndola de manera estrecha a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
6. Por tanto, la Comisión Pontificia "Ecclesia Dei" tendrá esta configuración:
a) El presidente de la Comisión es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
b) La Comisión tendr&aacu te; un propio cuadro orgánico, compuesto por el secretario y oficiales.
c) Al presidente, ayudado por el secretario, le corresponderá someter los principales casos y las cuestiones de carácter doctrinal al estudio y discernimiento de las instancias ordinarias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, así como someter los resultados a las disposiciones superiores del Sumo Pontífice.
7. Con esta decisión he querido, en particular, manifestar solicitud paterna a la Fraternidad de San Pío X para volver a encontrar la comunión plena con la Iglesia. Dirijo a todos una apremiante invitación a rezar sin descanso al Señor, por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, "ut unum sint".
Dado en Roma, en San Pedro, el 2 de julio de 2009, año quinto de nuestro pontificado.
BENEDICTUS PP. XVI
[Traducción del original en
latín por Jesús Colina
© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana]

El Papa presenta la encíclica Caritas

Benedicto XVI presenta la encíclica "Caritas in veritate"
Intervención durante la audiencia general, celebrada en el Aula Pablo VI, con peregrinos procedentes de todo el mundo
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Queridos hermanos y hermanas:
Mi nueva encíclica "
Caritas in veritate", que ayer se presentó oficialmente, se inspira en su visión fundamental en un pasaje de la carta de san Pablo a los Efesios, en el que el apóstol habla del actuar según la verdad en la caridad: "Actuando --lo acabamos de escuchar-- según la verdad en la caridad, crecemos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo" (4, 15). La caridad en la verdad es, por tanto, la principal fuerza propulsora para el verdadero desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Por esto, en torno al principio "caritas in veritate", gira toda la doctrina social de la Iglesia. Sólo con la caridad, iluminada por la razón y por la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un valor human y humanizador. La caridad en la verdad "es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral" (n. 6). La encíclica alude en seguida en la introducción a dos criterios fundamentales: la justicia y el bien común. La justicia es parte integrante de ese amor "con los hechos y en la verdad" (1 Juan 3,18), a la que exhorta el apóstol Juan (Cf. n. 6). Y "amar a alguien es querer su bien y obrar eficazmente por él. Junto al bien individual, hay un bien ligado a la vida social de las personas... Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja" por el bien común. Por tanto, dos son los criterios operativos, la justicia y el bien común; gracias a éste último, la caridad adquiere una dimensión social. Todo cristiano --dice la encíclica-- está llamado a esta caridad, y añade: "Ésta es la vía institucional... de la caridad" (cfr n. 7).
Como otros documentos del Magisterio, también esta encíclica r etoma, continúa y profundiza el análisis y la reflexión de la Iglesia sobre cuestiones sociales de vital interés para la humanidad de nuestro tiempo. De modo especial, enlaza con cuanto escribió Pablo VI, hace ahora más de cuarenta años, en la "
Populorum progressio", piedra angular de la enseñanza social de la Iglesia, en la que el gran pontífice traza algunas líneas decisivas, y siempre actuales, para el desarrollo integral del hombre y del mundo moderno. La situación mundial, como ampliamente demuestra la crónica de los últimos meses, sigue presentando no pocos problemas y el "escándalo" de desigualdades clamorosas, que permanecen a pesar de los compromisos adoptados en el pasado. Por una parte, se registran signos de graves desequilibrios sociales y económicos; por la otra, se invocan desde muchas partes reformas que no pueden demorarse por más tiempo para superar la brecha en el desarrollo de los pueblos. El fenómeno de la globalización puede, en este sentido, constituir una oportunidad real, pero por esto es importante que se acometa una profunda renovación moral y cultural y un discernimiento responsable sobre las elecciones que hay que realizar para el bien común. Un futuro mejor para todos es posible, si se funda en el descubrimiento de los valores éticos fundamentales. Es necesaria por tanto una nueva proyección económica que vuelva a diseñar el desarrollo de forma global, basándose en el fundamento ético de la responsabilidad ante Dios y ante el ser humano como criatura de Dios.
La encíclica ciertamente no mira a ofrecer soluciones técnicas a las grandes problemáticas sociales del mundo actual --no es la competencia del magisterio de la Iglesia (Cf. n. 9)--. Ésta recuerda sin embargo los grandes principios que se revelan indispensables para construir el desarrollo humano en los próximos años. Entre éstos, en primer lugar, la atención a la vida del hombre, considerada como centro de todo verdadero progreso; el respeto del derecho a la libertad religiosa, siempre unido íntimamente al desarrollo del hombre; el rechazo de una visión prometeica del ser humano, que lo considera artífice absoluto de su propio destino. Una ilimitada confianza en las potencialidades de la tecnología se revelaría finalmente ilusoria. Se necesitan hombres rectos tanto en la política cuanto en la economía, que estén sinceramente atentos al bien común. En particular, viendo las emergencias mundiales, es urgente llamar la atención de la opinión pública ante el drama del hambre y de la seguridad alimentaria, que afecta a una parte considerable de la humanidad. Un drama de tales dimensiones interpela a nuestra conciencia: es necesario afrontarlo con decisión, eliminando las causas estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres. Estoy seguro de que esta vía solidaria al desarrollo de los países más pobres ayudará ciertamente a elaborar un proyecto de solución de la crisis global actual. Indudablemente debe revalorarse atentamente el papel y el poder político de los Estados, en una época en la que existen de hecho limitaciones a su soberanía a causa del nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional. Y por otro lado, no debe faltar la participación de los ciudadanos en la política nacional e internacional, gracias también a un compromiso renovado de las asociaciones de los trabajadores llamados a instaurar nuevas sinergias a nivel local e internacional. Un papel de primer nivel desempeñan, también en este campo, los medios de comunicación social para la potenciación del diálogo entre culturas y tradiciones diversas.
Queriendo por tanto programar un desarrollo no viciado por las disfunciones y distorsiones hoy ampliamente presentes, se impone por parte de todos una seria reflexión sobre el sentido mismo de la economía y sobre sus finalidades. Lo exige el estado de salud ecológica del planeta; lo pide la crisis cultural y moral del hombre que aparece con evidencia en cada lugar del globo. La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; necesita recuperar la importante contribución del principio de gratuidad y de la "lógica del don" en la economía de mercado, en el que la regla no puede ser el provecho propio. Pero e sto sólo es posible únicamente gracias al compromiso de todos, economistas y políticos, productores y consumidores, y presupone una formación de las conciencias que dé fuerza a los criterios morales en la elaboración de los proyectos políticos y económicos. Justamente, desde muchas partes se apela al hecho de que los derechos presuponen deberes correspondientes, sin los cuales los derechos corren el riesgo de transformarse en libre arbitrio. Es necesario, se repite cada vez más, un estilo diverso de vida por parte de toda la humanidad, en el que los deberes de cada uno hacia el ambiente se unan con los de la persona considerada en sí misma y en relación con los demás. La humanidad es una sola familia y el diálogo fecundo entre fe y razón no puede más que enriquecerla, haciendo más eficaz la obra de la caridad en lo social, constituyendo además el marco apropiado para incentivar la colaboración entre creyentes y no creyentes, en la perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la paz en el mundo. Como criterios-guía por esta interacción fraterna, en la encíclica indico los principios de subsidiariedad y de solidaridad, en estrecha conexión entre sí. He señalado finalmente, ante problemáticas tan vastas y profundas del mundo de hoy, la necesidad de una Autoridad política mundial regulada por el derecho, que se atenga a los mencionados principios de subsidiariedad y solidaridad y que esté firmemente orientada por la realización del bien común, en el respeto de las grandes tradiciones morales y religiosas de la humanidad.
El Evangelio nos recuerda que no sólo de pan vive el hombre: no sólo con bienes materiales se puede satisfacer la profunda sed de su corazón. El horizonte del hombre es indudablemente más alto y m&aac ute;s vasto; por esto todo programa de desarrollo debe tener presente, junto a lo material, el crecimiento espiritual de la persona humana, que está dotada de alma y cuerpo. Este es el desarrollo integral, al que constantemente se refiere la doctrina social de la Iglesia, desarrollo que tiene su criterio orientador en la fuerza propulsora de la "caridad en la verdad". Queridos hermanos y hermanas, oremos para que también esta encíclica pueda ayudar a la humanidad a sentirse una única familia comprometida en realizar un mundo de justicia y de paz. Oremos para que los creyentes, que trabajan en los sectores de la economía y de la política, adviertan cuán importante es la coherencia de su testimonio evangélico en el servicio que ofrecen a la sociedad. Particularmente, os invito a rezar por los jefes de Estado y de Gobierno del G8 que se reúnen en estos días en L'Aquila. Que de esta importante cumbre mundia l broten decisiones y orientaciones útiles para el verdadero progreso de todos los pueblos, especialmente de los más pobres. Confiamos estas intenciones a la maternal intercesión de María, Madre de la Iglesia y de la humanidad.
[Al final de la audiencia, el Papa saludó a los peregrinos en varios idiomas. En español, dijo: ]
Queridos hermanos y hermanas:
La encíclica "
Caritas in veritate", que ayer se publicó oficialmente, pone de relieve que la caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de la persona y la humanidad, así como el eje de toda la doctrina social de la Iglesia. Este documento profundiza la reflexión eclesial sobre importantes cuestiones sociales, teniendo en cuenta, sobre todo, cuanto Pablo Sexto dijo en su encíclica "Populorum progressio". A este respecto, la Iglesia no desea ofrecer soluciones técnicas a los problemas de nuestros días, sino recordar los grandes principios sobre los que puede construirse el desarrollo humano en los próximos años, entre los que destaca la atención a la vida del hombre, núcleo de cualquier progreso auténtico. Os exhorto a orar para que esta Encíclica ayude a la humanidad a sentirse una única familia, comprometida en la realización de un futuro mejor para todos. Asimismo, recemos para que en el encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en estos días en L'Aquila se tomen decisiones que beneficien a todos los pueblos, especialmente a los más pobres.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los Seminaristas de Lugo, acompañados por su obispo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, a los jóvenes de la Parroquia de Illescas, de Toledo, a los miembros de la Corporación Musical "Santa Cecilia", de Ibagué, a los participantes en el curso internacional de formadores del Regnum Christi, así como a los demás grupos procedentes de España, México, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos. Os invito a intensificar vuestro conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, para que seáis, con vuestra palabra y ejemplo personal, sal de la tierra y luz del mundo. Muchas gracias.
[Al despedirse de los peregrinos, hablando en italiano, añadió:]
Como de costumbre, el pensamiento final se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados hoy presentes. Queridos jóvenes, sé que muchos de vosotros aprovechan el tiempo veraniego para vivir una experiencia significativa de servicio: os animo en esto y os recomiendo el ejemplo de un coetáneo vuestro, el beato Piergiorgio Frassati. A vosotros, queridos enfermos, os auguro que encontréis consuelo en las palabras del apóstol Pablo, que la liturgia nos ha vuelto a proponer el pasado domingo: "Con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo" (2 Cor 12,9). Y vosotros, queridos recién casados, sabed siempre cultivar, con la oración y el amor mutuo, la relación conyugal que habéis sellado con el Sacramento nupcial.
[Traducción del original italiano por Inma Álvarez
© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana]

Caso Rosendo Radilla

El respeto irrestricto a los derechos humanos, eje fundamental en la consolidación de la democracia
México, D. F., a 08 de julio de 2009 Boletín SEGOB No.116-08/07/2009
Para el gobierno federal, la consolidación de la democracia tiene como eje fundamental el reconocimiento y el respeto irrestricto en los derechos humanos.
Así lo señaló el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al encabezar la delegación de México en la audiencia que por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, privado de su libertad en 1974, se efectuó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.
Durante su comparecencia, el secretario describió las condiciones políticas y sociales en las que se dio la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, así como la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos, que ha habido en el país durante los últimos treinta años y que impedirían que un caso así se repitiera. El Estado mexicano reprobó y lamentó profundamente la violación a los derechos humanos de Rosendo Radilla y sus familiares.
Luego de sostener que la realidad mexicana actual es distinta a la de esos años, puntualizó que el país es ahora una democracia. El proceso de transición, afirmó, descansa sobre el dolor de casos como el de Rosendo Radilla.
En este sentido, destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas, que, regidas por principios como la honestidad, el valor y el sentido del deber, siempre estuvieron subordinadas al poder civil, permitiendo una transición pacífica hacia la democracia.
Al respecto, mencionó que la certidumbre jurídica que el gobierno quiere ofrecer a los ciudadanos, a través de las adecuaciones a nuestro ordenamiento jurídico, también implica una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas, que a su vez, han incorporado el respeto y la promoción de los derechos fundamentales a su actuación.
Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las mismas garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar. Expresó que la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales.
Asimismo expresó que la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional, como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final d
e un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil.
Más adelante, al referirse al proceso de reconstrucción institucional, destacó que el Estado ha avanzado de manera gradual y sostenida en materia de derechos humanos desde los años setenta. México forma parte de todos los tratados universales de derechos humanos, y el gobierno está abierto a un diálogo permanente con todas las instancias internacionales en la materia.

Como representante del Estado, el secretario de Gobernación ofreció su solidaridad tanto con las víctimas como con el Ejército mexicano, con plena consciencia de que sin la subordinación de este último al mando civil y su sacrificio, hoy no enfrentarían los cuestionamientos que injustamente se hacen a la institución militar en su conjunto. "Reconocemos el dolor del que nuestra sociedad es heredera y distinguimos que en parte, en él se funda la realidad que hoy vivimos".
De igual modo, mostró su convicción de que la reconciliación con los familiares de Rosendo Radilla puede servir de fundamento para construir instituciones sólidas que continúen la reconciliación generacional.
Enfatizó que es obligación del Estado mexicano garantizar, legal e institucionalmente, la no repetición de los hechos y retribuir en la medida de lo posible el daño ocasionado, "porque nuestra responsabilidad moral e histórica así lo exige".

Ecuador-Colombia

El Comercio on line Quito - Ecuador 8 de julio del 2009 14H59 (GMT-5)
redaccion@elcomercio.com
Gobierno admitió que relación con Colombia está en peor momento
Quito, AFP
El canciller de Ecuador, Fander Falconí, admitió el miércoles que la relación diplomática con Colombia está en su peor momento desde que se rompiera en marzo de 2008, a raíz de la violación de la soberanía ecuatoriana para atacar a la guerrilla de las FARC.
“Por supuesto que sí ”, respondió el diplomático al ser consultado por la prensa extranjera sobre si los nexos entre los dos países atraviesan por el peor momento.
Los ánimos se caldearon luego de que un juez ecuatoriano ordenó la prisión del ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien es indagado por supuestos delitos contra la vida al dirigir el ataque colombiano contra las FARC en Ecuador, que dejó 25 muertos -incluido el jefe rebelde Raúl Reyes-.
Entretanto, abogados colombianos presentaron una denuncia ante la Fiscalía de su país contra el presidente Rafael Correa y dos ex funcionarios del gobierno ecuatoriano por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista).
Las relaciones “ están rotas. Están congelados los diálogos políticos y diplomáticos, pero además esto agudiza la posibilidad de, en algún momento, encontrar un diálogo alrededor de los puntos que ha planteado Ecuador”, declaró Falconí.
Quito ha planteado cinco condiciones para la reanudación de los nexos diplomáticos como el que Bogotá deje de vincularlo con las FARC.
Señaló que el caso contra Santos “ es un elemento de la justicia ordinaria ecuatoriana. Lo que tiene que hacer ahí el ciudadano colombiano es presentar sus pruebas de descargo bajo el reconocimiento de la inocencia mientras no se demuestre lo contrario ” .
El ministro sostuvo que “la respuesta del gobierno colombiano ha sido política”. Santos consideró al pedido de prisión como una agresión contra su nación, mientras que el presidente colombiano Alvaro Uribe tildó al juez ecuatoriano de “auxiliar del terrorismo ” y advirtió que no dejará tocar a su ex colaborador.
Las declaraciones de Bogotá son “políticas con un ataque, subiendo nuevamente el tono de la confrontación, deteriorando aún más las relaciones políticas, que están rotas en términos diplomáticos”.
Falconí apuntó que “ hemos planteado a Colombia que termine con la campaña mediática de desprestigiar a funcionarios públicos ecuatorianos ” con denuncias sobre nexos con la guerrilla.

Caso Rosendo Radilla vs México

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
11. Caso Radilla Pacheco vs. México. Caso No. 12.511,
Etapas de excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
El día 7 de julio de 2009 a partir de las 9:00 horas, la Corte escuchó en audiencia pública las declaraciones de las presuntas víctimas, los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de México y los representantes de las presuntas víctimas.
Despues de la sesión de ayer. Las partes deberán presentar sus argumentos por escrito a más tardar el próximo 14 de agosto. La CIDH emitiría sentencia en el segundo semestre de 2009.
La composición de la Corte para este período de sesiones es la siguiente: Cecilia Medina Quiroga (Chile), Presidenta; Diego García-Sayán (Perú), Vicepresidente; Sergio García Ramírez (México); Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); Leonardo A. Franco (Argentina); Margarette May Macaulay (Jamaica); y Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana).
El Secretario de la Corte es Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta es Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal
Contexto:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 15 de marzo de 2008 contra los Estados Unidos Mexicanos.
La CIDH interpuso la demanda ante la CorteIDH contra México en el caso No. 12.511, Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido ilegalmente por un retén militar del Ejército en el Estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974. El caso se refiere a su desaparición forzada desde entonces, la falta de esclarecimiento de su paradero, la impunidad en que se encuentran los hechos, y la falta de reparación de sus familiares por los daños producidos como consecuencia de la pérdida de su ser querido y de la prolongada denegación de justicia. Este es el primer caso de México que la CIDH lleva a la CorteIDH referente a los crímenes del pasado contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos.
La Presidencia de México creó en noviembre de 2001 el Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a los Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que vio el caso del señor Radilla Pacheco en marzo de 2008. El caso se envió a la CorteIDH porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con recomendaciones sustantivas contenidas en el informe de fondo aprobado por la CIDH de acuerdo al Artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para adoptar esta decisión, la Comisión tuvo en cuenta las consideraciones establecidas en el Artículo 44 de su Reglamento.
En la audiencia de ayer:
El gobierno de México en voz de Fernando Gómez Mont, aseguró que la Corte IDH no tiene competencia para juzgar la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la denominada guerra sucia.
La audiencia sobre la desaparición forzada se convirtió en un debate para acusar al aparato político y militar de México de delitos de lesa humanidad en la guerra sucia contra movimientos guerrilleros izquierdistas en la década de 1970, con impunidad y un “patrón sistemático” de violaciones a los derechos humanos.
Al fijar la posición de México, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, desconoció la competencia de la Corte IDH para enjuiciar a su país por hechos que ocurrieron antes de que la Corte empezara a funcionar, en 1979, y de que México ratificara la Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese tribunal, instancia judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El abogado Miguel Sarré, en calidad de perito especializado, detalló cómo funciona en el Estado méxicano la justicia militar y que no era el espacio adecuado para tratar violaciones a los derechos humanos.
Antecedentes
El 15 de marzo de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos en relación con el caso Radilla Pacheco. En dicha demanda la Comisión alegó que el Ilustrado Estado habría incurrido en responsabilidad internacional por “la desaparición forazada de Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar a partir del 25 de agosto de 1974, fecha en que fuera ilegalmente detenido por un retén militar del Ejército en el Estado de Guerrero, en México, la impunidad total en que se encuentran tales hechos a más de 33 años de ocurridos los mismos, la falta de esclarecimiento de su paradero, así como la falta de reparación a sus familiares por los daños producidos como consecuencia de la pérdida de [su padre] y de la prolongada denegación de justicia que han vivido”. La Comisión solicitó a la Corte que declare que los anteriores hechos “constitu[irían] violaciones a los derechos protegidos por los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) en conexión con el artículo 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana”]”. Asimismo, la Comisión alegó que tales hechos constituirían violaciones “de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo tratado en perjuicio de los familiares de Rosendo Radilla Pacheco”. Además, solicitó que se ordenaran determinadas reparaciones.
El 23 de junio de 2008 las organizaciones “Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México” y la “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 23 del Reglamento del Tribunal. Los representantes “alegar[ron] violaciones adicionales a las denunciadas por la […] Comisión Interamericana” y solicitaron al Tribunal que declare la responsabilidad del Estado por “la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla y por tanto [...] de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida en [su] perjuicio [...], contemplados en 15 los artículos 7, 5 y 4 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento en concordancia con los artículos II y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; [por] la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Tita, Andrea, Romana, Evelina, Rosa, Ana, Agustina, María del Carmen, María del Pilar, Judith, Victoria y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento; [por] la violación del derecho a la integridad de la Comunidad, en relación al artículo 5 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento; [por] la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial del señor Rosendo Radilla y de sus familiares, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en concordancia con los artículos I b) y IX de la Convención Interamericana [sobre Desaparición Forzada]; [por] negar el derecho a conocer la verdad a la familia Radilla Martínez y a la sociedad en su conjunto conforme al artículo 13 en relación con los artículos 8, 25 y 1.1, todos de la Convención Americana en concordancia con el artículo I a) y b) de la Convención Interamericana [sobre Desaparición Forzada]; [y, por] no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para la obtención de justicia y verdad, violando el artículo 2 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo III de la Convención Interamericana [sobre Desaparición Forzada]”. Asimismo, los representantes solicitaron que el Tribunal declare “nula la reserva interpuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la [Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada] por ir en contra del objeto y fin de ésta y de los principios del Sistema Interamericano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [...]”. Los representantes solicitaron que se ordenaran determinadas reparaciones.
El 21 de septiembre de 2008 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Mediante dicho escrito el Estado alegó que la Corte “carece de competencia ratione temporis para pronunciarse sobre una eventual desaparición forzada que se haya ejecutado antes de la entrada en vigor [de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada,] es decir, [la Corte] es incompetente para conocer sobre desapariciones forzadas ejecutadas antes del 9 de
abril de 2002”. Al respecto, el Estado también argumentó que “al no haber sido materia de litis en el trámite ante la Comisión, y bajo la premisa de que el sistema interamericano de derechos humanos funciona sobre la base de peticiones individuales, la [Corte] carece de competencia para determinar si la reserva del Estado mexicano al instrumento de referencia es compatible o no con el derecho internacional [y que el Tribunal] no tiene competencia para declarar nula alguna reserva a una o más instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, puesto que, dentro del texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no le fue conferida ninguna función de tribunal de casación”. Asimismo, el Estado alegó que la Corte es incompetente “ratione materia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para poder conocer los méritos del presente caso”. Además, México argumentó que el Tribunal es incompetente “ratione temporis para conocer de presuntas violaciones al derecho a la vida (artículo 4) y a la integridad personal (artículo 5) del señor Rosendo Radilla Pacheco, dado que los hechos ocurrieron antes de que el Estado mexicano aceptara la competencia contenciosa de la Corte”.
En caso de que la Corte se declarara competente para conocer los méritos, el Estado formuló una respuesta ad cautelam y solicitó al Tribunal que “pondere los enormes esfuerzos realizados para lograr el esclarecimiento de los hechos”. Reconoció “que incurrió en una demora injustificada en las investigaciones por la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, en la localización de sus restos y en la identificación de los probables responsables de los hechos delictivos [y que] en tal virtud, [...] reconoce y acepta que el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares del señor [Radilla] se vio vulnerado en razón de las irregularidades admitidas […]”.
Asimismo, afirmó que “toda vez que la justicia penal mexicana persiguió e instauró un proceso
penal[,...] se reconoce que el señor [Radilla] fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por un funcionario público”. El Estado solicitó a la Corte que declare “la inexistencia de la violación al derecho a la personalidad jurídica del señor Rosendo Radilla Pacheco[;] de la 16 violación al derecho a la integridad psíquica de la comunidad donde habitó el señor [Radilla;] del derecho a la verdad en perjuicio de los familiares del señor [Radilla, y que] desestime las pretensiones de reparación solicitadas por los peticionarios [y] examine la propuesta de reparación que el Estado ofrec[ió] a los familiares del señor [Radilla], prevista en la respuesta al informe de fondo [de la Comisión]”.
Finalmente, los días 7 y 10 de noviembre de 2008 la Comisión Interamericana y los representantes presentaron, respectivamente
, sus alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, solicitando que la Corte las desestime por improcedentes

Nota de protesta a Interpol

Ecuador insistirá a Interpol la solicitud de detención contra ex ministro Juan Manuel Santos
El anuncio lo hizo el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez Muñoz, quien calificó de inédita uy parcializada la negativa de detenerlo. "Enviamos una nota de protesta al señor (Ronald) Noble (secretario general de la Interpol) insistiendo ya no en una circular azul (de ubicación) sino en una roja (de captura con fines de extradición)", dijo el funcionario.
Pesántez calificó de "inédita y parcializada" la negativa de Interpol a emitir una orden de captura contra Santos, como lo había solicitado la justicia ecuatoriana que investiga al ex ministro colombiano por la muerte de 25 personas, en un ataque lanzado en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.
La negativa de Interpol al pedido de Ecuador constituye "una actuación inédita y parcializada que los organismos del Estado rechazamos", dijo Pesántez en conferencia de prensa.
La secretaría de la Interpol en Francia rechazó el fin de semana una solicitud de Ecuador para localizar al ex ministro de Defensa colombiano, quien tiene orden de prisión en territorio ecuatoriano, por considerar que la petición no cumplía con los requisitos exigidos por el organismo.
La Interpol consideró que la solicitud violaba uno de sus artículos que advierte que los mecanismos de cooperación no puede ser usados en temas políticos, militares o religiosos.
"Lo que hemos pedido es que intervenga en asuntos de carácter estrictamente jurídico basado en un proceso que llevaba 15 meses", dijo al señalar que el país aporta 39,000 dólares anuales a la Interpol, "de la que recibe muy poco".
El pedido de orden de prisión contra Santos fue emitido por un juez local acusándolo de dirigir la incursión del Ejército colombiano a territorio ecuatoriano para destruir un campamento de las Farc, en la que murieron unas 25 personas, incluida el jefe guerrillero 'Raúl Reyes' y un ecuatoriano
.
Tras la orden, Quito y Bogotá se enfrascaron en la última semana en una seguidilla de acusaciones que han complicado las tensas relaciones entre ambos países, rotas desde marzo del 2008 tras la incursión.
Fiscal Pesántez dijo hoy que insistirá a la Interpol para que detenga a Juan M. Santos
El Comercio de Ecuador
Aseguró que en esta ocasión no se enviará una notificación azul (donde se pedía solamente la ubicación del ex Ministro de Defensa de Colombia) sino que se remitirá una clave roja, que es difundida para la detención de la persona requerida. Redacción Judicial
El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, reveló que insistirá a Interpol en la ubicación y detención del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.
Aseguró que en esta ocasión no se enviará una notificación azul (donde se pedía solamente la ubicación del ex funcionario) sino que se remitirá una clave roja, que es difundida para la detención de la persona requerida.
Para el Fiscal, la oficina central de Interpol cometió un error cuando se negó a difundir la búsqueda de Santos a escala mundial. "Se pueden negar cuando se trata de un caso político, militar, religioso o racial. Pero este es un asunto estrictamente judicial".
Santos afronta un juicio por la muerte de 25 personas luego del ataque de las FF.AA. colombianas a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Angostura, el 1 de marzo del año pasado.
Tras ese bombardeo, el 8 de marzo de 2008, la Fiscalía abrió un expediente para indagar esas muertes. Durante 15 meses se recopilaron evidencias hasta que el fiscal Carlos Jiménez concluyó la fase de indagación reservada (lo hizo dentro del plazo previsto en el Código de Procedimiento Penal, que permite hasta 24 meses de pesquisa) y ordenó el inicio de una instrucción, en la cual imputó a Santos.
Durante ese proceso -explicó Pesántez- se pidió a la Fiscalía colombiana que reciba el testimonio de Santos. Esa solicitud se presentó el 30 de julio del año pasado, pero no ha tenido respuesta. Sostuvo que el ex funcionario y hombre fuerte del gobierno de Álvaro Uribe tendrá un juicio justo en Ecuador.
Sobre la notificación roja que se enviará a Interpol, el jefe de esa entidad policial en Ecuador, Miguel Cisneros, aclaró que también deberá ser estudiada por la oficina en Francia y dijo que la clave roja sí pide la captura del sospechoso, pero que previamente deberá plantearse desde Ecuador un proceso de extradición.
Para Pesántez, el juez que tramita el proceso deberá iniciar el proceso de repatriación, el cual deberá conocer el presidencia de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, quien está facultado a hacer un exhorto a través del Ministerio orismo y sus funcionarios han calificado de 'cantinfladas' las acciones de Colombia.
QuitoCon Reuters y AFP

Pilar Prades

REPORTAJE: HISTORIA
Garrote vil para la envenenadora
PEDRO COSTA
El País Semanal, 5/07/2009;
Hace ahora 50 años, Pilar Prades fue la última mujer ejecutada por el método más siniestro de la España de Franco.
Condenada por envenenar a las señoras para las que trabajaba, el verdugo tuvo que ser llevado a rastras para cumplir el macabro ritual.
En la década de los años cuarenta del pasado siglo, recién terminada la Guerra Civil, 500.000 muchachas fueron enviadas por sus familias del campo a la ciudad. Son datos publicados en 1959 por el Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica, datos que van a misa.
Medio millón de mujeres, entre los 15 y los 30 años, que no tenían ningún tipo de estudios ni de preparación; en aquellos años, la gran mayoría de mujeres carecía de profesión y no había espacio para ellas en el mercado de trabajo. Medio millón de chicas arrojadas por sus menesterosas familias a la capital con la idea de que ahorraran un dinero para hacerse el ajuar y, en unos años, casarse con algún chico que conocieran en la ciudad.
Una de aquellas muchachas se llamaba Pilar Prades, y cuando a los 12 años abandonó su pueblo de Begis (Castellón) para trasladarse a Valencia poco podía imaginar que su nombre iba a figurar en los anales de la historia de España por la desgraciada condición de ser la última mujer ejecutada en el garrote vil.
Pilar llegó a Valencia siendo analfabeta y dejando atrás una niñez sin muñecas y una desgraciada infancia en la que acarrear cubos de agua y sacos de estiércol eran sus entretenimientos más habituales.
Poco agraciada, introvertida y de gesto adusto, duraba poco en las casas en las que entraba a servir. Su mirada era lo que peor efecto causaba en sus patronos, una mirada seca, dura, que traspasaba. Llegó a cambiar de señora hasta en tres ocasiones el mismo año.
Y así se fue haciendo mujer, sintiendo el rechazo que su persona provocaba, sin recibir jamás un mimo o una palabra cariñosa. Pero, como mandaba la tradición, también comenzó a preparar su ajuar, a bordar sábanas de hilo, toallas, manteles y servilletas aunque no llegaría a tener ocasión de experimentar cómo era el sexo masculino. Pasaba las tardes de los jueves y los domingos sentada en las sillas de El Farol, una sala de baile que frecuentaba con más pena que gloria, sin que nadie la sacara nunca a bailar.
En 1954, cumplidos ya los 26 años, entró a servir en la casa de un matrimonio, Enrique y Adela, que tenían una tocinería en la calle de Sagunto. La actividad y el movimiento de la tienda le gustaban a Pilar, y admiraba el porte y las maneras de su señora, una hermosa y corpulenta mujer que lucía unos delantales almidonados con encajes que tenían prendada a la sirvienta. Para ella, el momento más feliz era cuando le pedían que ayudara a despachar porque la tienda estaba llena.
Doña Adela cayó enferma en una fecha señalada, San José, y a partir de aquel día Pilar tuvo que ocuparse de ayudar a Enrique en el mostrador sin abandonar por ello las tareas de la casa. Es decir, hacía todo el trabajo de la señora sin ser la señora. Y también se ocupaba de cuidarla, le preparaba caldos y tisanas que le hacía beber mientras la llenaba de mimos y la divertía contándole un resumen de lo que había pasado en la tienda.
Vómitos, pérdida de peso, debilidad muscular… El estado de doña Adela era cada día más preocupante, y el médico de cabecera no lograba adivinar la causa de las dolencias. Y un día falleció y el desconsolado esposo se puso un traje negro y la llevó a enterrar al cementerio.
Pero la tocinería no cerró aquel día. Pilar convenció a Enrique, su patrón, de que el negocio es el negocio y había que cuidar a la clientela y de que ella misma se encargaría de despachar. Cuando el viudo regresó del entierro, al entrar en la tienda, una imagen le impactó vivamente: la de Pilar detrás del mostrador luciendo una amplia sonrisa en su rostro y vistiendo uno de aquellos delantales almidonados de la difunta. La criada había tomado el puesto de la señora. Enrique, sin darle ninguna explicación, puso a Pilar de patitas en la calle.
No tardó mucho en encontrar otra casa. Se la consiguió una amiga que había hecho en El Farol, Aurelia, que trabajaba como cocinera en el domicilio de un médico militar. Pilar entró en la misma casa para servir como doncella.
Y un día, en El Farol, surgió un problema entre las dos amigas a causa de un chico que le gustó a Pilar pero que sacó a bailar a Aurelia y luego se fue con ella. Aparentemente no ocurrió nada porque Pilar nada le dijo a su amiga y la siguió tratando igual que siempre e incluso la hizo compañía y le dedicó cuidados cuando una semana después Aurelia cayó enferma. Como en el caso de doña Adela, Pilar también se desvivió por la cocinera y la preparaba constantemente caldos y tisanas.
En un principio pareció que la enfermedad era del estómago a causa de los vómitos y diarreas, pero luego aparecieron nuevos síntomas, como hinchazón de las extremidades, y el médico militar consultó a otros colegas y entre todos diagnosticaron “polineuritis progresiva de origen desconocido” y decidieron internar a Aurelia en un hospital.
Un par de semanas más tarde fue la dueña de la casa, la esposa del médico militar, la que se puso enferma. Al principio parecía una gripe vulgar, pero se fueron manifestando síntomas muy parecidos a los que había presentado la cocinera, que seguía en el hospital con las extremidades prácticamente paralizadas.
El médico se alarmó, consultó de nuevo con otros especialistas y tomaron la decisión de realizar la prueba del propatiol, un inyectable que permite descubrir la presencia de un tóxico sin necesidad de realizar un análisis. El resultado fue definitivo, la causa de las dolencias de la mujer tenía nombre: arsénico.
Decidió entonces el médico indagar en la personalidad de la criada y se dirigió a la última casa en la que había servido, la del chacinero. Éste le informó de lo sucedido con su esposa y de cómo había despedido a Pilar tras el entierro porque no le gustó ver cómo la criada se consideraba sucesora de la difunta señora.
El médico militar presentó denuncia en la comisaría de Ruzafa, en Valencia, y exhumaron el cadáver de la chacinera, que apareció en pleno proceso de momificación, algo que solamente ocurre cuando en los restos hay presencia de una sustancia química. Los análisis confirmaron que había arsénico, y los policías, al registrar la habitación de Pilar, encontraron entre la ropa blanca de su ajuar, que guardaba en un baúl, una botellita de Diluvión, un veneno matahormigas compuesto de arsénico y melaza, sustancia que le confería un sabor dulzón.
Treinta y seis horas de interrogatorios, alimentada solamente con aspirinas, no bastaron para que Pilar se reconociera autora de los envenenamientos. Tan sólo aceptó que en una ocasión le había servido una infusión de boldo a la esposa del médico con un poco de aquel líquido dulce, sin saber lo que era, porque se le había acabado el azúcar. Pero de Aurelia y la chacinera, nada.
El abogado que se encargó de su defensa le advirtió a Pilar desde el primer momento que la amenaza de pena de muerte planeaba sobre el caso y le aconsejó que se declarara culpable para obtener una condena que oscilara entre los 12 y los 16 años. Pero ella se negó y defendió su inocencia hasta el final. Un planteamiento radicalmente distinto al que mantuvo Lea Papin tras asesinar, con la ayuda de su hermana Christine, a su señora y a la hija de ésta en 1933; crimen en el que se basó Jean Genet para escribir su obra teatral Las criadas.
“No estoy loca, sé bien lo que hago. Hace demasiado tiempo que soy criada; hemos demostrado nuestra fuerza”, afirmó Lea ante el tribunal.
Pilar Prades fue condenada a muerte por el asesinato de doña Adela y a dos penas de 20 años por los otros dos homicidios frustrados. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia, se agotaron todos los recursos y las peticiones de clemencia resultaron inútiles. Sólo cabía esperar el indulto por parte del Jefe del Estado y había esperanzas de conseguirlo porque hacía diez años que no se ejecutaba a una mujer en España y en este periodo varias envenenadoras habían visto conmutada la pena capital. Pero para Pilar Prades no hubo piedad ni siquiera por parte de los jóvenes ministros tecnócratas del Opus Dei (Ullastres, Navarro Rubio…) y el Consejo de Ministros se dio por enterado de la sentencia, lo que significaba que se procediera inmediatamente a su ejecución. La fecha señalada fue el 19 de mayo de 1959, y la víspera se iniciaron en la prisión de Valencia los preparativos del siniestro ritual.
Antonio López Guerra, el verdugo, se presentó a las diez de la noche, tal y como le habían citado. Tenía ocho horas por delante porque “el trabajo” (como a él le gustaba decir) estaba previsto para las seis de la madrugada, antes de que amaneciera. Ocho horas para hacerse con el lugar y preparar el garrote, adaptando a la silla en la que se iba a sentar Pilar el palo, el torniquete, la argolla y los demás elementos que componían el nefasto instrumento. (El tal López Guerra, que dos meses después ejecutaría a Jarabo en Madrid, sería también el ejecutor de Salvador Puig
Antich en marzo de 1974, el último ejecutado en el garrote vil).
Pero al verdugo nadie le había prevenido de que iba a ejecutar a una mujer, y allí empezaron los problemas de aquella dantesca noche. De entrada el verdugo se negó a ejecutar a Pilar.
“Una de las primeras condiciones que se debían poner al entrar en este destino es la de no tener que ejecutar nunca a una mujer. Ejecutar a una mujer es peor que ejecutar a treinta hombres. Tener que hacerlo con una mujer es lo más duro, y más con una muchacha joven de carnes tan blancas como aquélla”, le confesó años después el verdugo al escritor Daniel Sueiro.
Con una botella de coñac lograron convencer y darle valor al verdugo, pero en el cuerpo de guardia de la prisión no cesaron las dificultades. Todos los presentes estaban pendientes del teléfono por si llegaba el indulto en el último instante, lo que todos deseaban para poder ahorrarse el macabro espectáculo que les esperaba. Y Pilar, por su parte, gritando como una posesa: “¡Soy muy joven! ¡No quiero que me maten!”. Así narró el verdugo López Guerra los recuerdos de aquella noche a Daniel Sueiro:
“Todas las personas que estábamos allí, el presidente, los del tribunal, empleados de la prisión de mujeres y todos, hasta el cura, todos decaídos y desanimados porque una mujer es muy diferente a un hombre. Una hora lo menos esperando allí, desde las seis de la mañana hasta cerca de las siete, ya era completamente de día, se hizo de día y todos con las caras desencajadas y a uno de los oficiales le dio un mareo y tuvieron que llevárselo. Iban a dar las siete, ya de día, hacía sol y entonces ya sin poder aguantar voy y le digo que a ver qué hacemos, qué coño pasa, cuándo se hace esto porque si no yo me voy. La muchacha debió de oírme, que seguía allí esperando, y entonces va y se dirige a mí y entonces fue cuando ella me preguntó si yo tenía mujer, si tenía una hija, sí, y por qué tenía tanta prisa, por qué tenía yo tantas ganas de matarla”.
Pero López Guerra no tenía ganas de matarla y al oír las palabras de Pilar dijo que sí tenía una hija y volvió a negarse a ejecutarla. Ya habían tocado las siete en el reloj de la prisión y el sol brillaba en el patio cuando la fuerza pública tuvo que llevar a rastras hasta el patíbulo tanto a la condenada como a su verdugo.
Una vuelta y media de manivela fue suficiente para romperle el cuello a aquella desgraciada muchacha que acababa de cumplir 31 años y que fue arrojada al otro mundo como lo había sido de niña de su pueblo a la ciudad. Se fue sin saber leer, sin conocer el amor y sin haber gozado un segundo de felicidad. Nadie fue a recoger sus restos.
El desaparecido fiscal José Vicente Chamorro, muy joven en aquellos días, tuvo que presenciar por obligación la ejecución y contó que lo vivido había sido suficiente para hacerle luchar toda su vida contra la pena de muerte. Y uno de los letrados, también testigo presencial, se la contó a su paisano y amigo Luis García Berlanga, y éste se la contó a Rafael Azcona, y así nació una de las más grandes películas del cine español, El verdugo.