3 mar. 2009

Triste final de telenovela

El presidente Felipe Calderón aceptó este martes la renuncia de Luis Téllez como secretario de Comunicaciones y Transportes
La siguiente nota redactada por El Universal on line es elocuente, se denomina: Luis Téllez, final triste de telenovela
La telenovela no tuvo final feliz para Luis Téllez. El funcionario todavía hace una semana pedía que su vida pública fuera juzgada por su trabajo.
Quien fuera uno de los colaboradores más cercanos del ex presidente Ernesto Zedillo quedó fuera del gabinete de Felipe Calderón, tras una serie de disputas con quien fuera su subalterna en el Servicio Postal Mexicano, Purificación Carpinteyro.
El 23 de enero, en su columna "Desde el piso de remates"
, Maricarmen Cortés escribió que Carpinteyro llegó al cargo por una designación directa del presidente Calderón, ante la oposición de Téllez. Además dijo que se daba ya por un hecho la salida de la funcionaria de la Secretaría. "Lo que es innegable es que desde que Carpinteyro llegó a la SCT se desató una guerra interna que en nada ayudó a destrabar los múltiples problemas que existen hoy en el sector", sostuvo la columnista.
"Carpinteyro (...) intentó impulsar un acuerdo con los distintos concesionarios para poner fin a los múltiples litigios que hoy enfrenta la SCT y que tienen paralizadas las inversiones en el sector, pero la realidad es que no contó con el apoyo de Téllez. Carpinteyro fue cuestionada por otorgarle a Telmex una afirmativa ficta que detuvo el calendario de consolidación de áreas locales establecido por la Cofetel", relató.
El 1 de febrero, en un breve comunicado, la SCT informó que el presidente Felipe Calderón "designó a Gabriel Hernández omo subsecretaria de Comunicaciones"
, en sustitución de Carpinteyro, quien presentó su renuncia por motivos personales.
El 12 de febrero, la periodista Carmen Aristegui difundió una grabación en su programa radiofónico en MVS Radio, en la cual Téllez, en una plática informal,
acusaba al ex presidente Carlos Salinas de quedarse con parte de la cuenta secreta. "Se robó la mitad de la cuenta secreta" de su gobierno, según palabras del ex funcionario federal.
El audio data de noviembre de 2006 y fue grabado incidentalmente desde un teléfono celular de su amiga Diana Pando.
En él, Téllez refiere que Salinas y su actual esposa, Ana Paula Gerard Rivero, al igual que el ex presidente José López Portillo, "creen que el país no les agradece lo que hicieron por México". "López Portillo destrozó al país y Salinas también".
Tras el revuelo, esa misma tarde, el todavía titular de la SCT validaba la conversación, y en conferencia de prensa dijo que sus declaraciones las hizo de manera indebida y sin sustento.
Manifestó que no renunciará al cargo, y reiteró que lo que aparece en la cinta, "es lo que dije a un grupo de amigos en el marco de una comida casual, y lo dije de manera indebida, ya que carecía de sustento alguno".
En esa misma conferencia, Téllez acusó que fue extorsionado por Pando (Mundet) y que tuvo contacto con ella exclusivamente a través de correo electrónico y vía telefónica.
El 16 de febrero, la SCT, por medio de su representante legal, denunció ante la Procuraduría General de la República la intervención y divulgación de comunicaciones privadas que sostuvo Téllez en el ejercicio de sus funciones.
Al día siguiente, presentó una denuncia contra la ex subsecretaria
de esa dependencia, Esperanza Purificación Carpinteyro, por su presunta responsabilidad en la grabación de conversaciones privadas.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, se presentó ante la PGR para ampliar la queja, y señaló que la presunta intervención y grado de responsabilidad de Carpinteyro por los hechos será calificada por la dependencia federal.
En repuesta, un día después, Carpinteyro dio entrevistas a diversos medios y negaba su responsabilidad en los hechos.
Carpinteyro manifestó en el noticiario radiofónico de Denise Maerker, en Radio Fórmula, que no se puede permitir que la "
telenovela" que ha armado el entonces titular de la SCT afecte el rumbo del país.
La ex subsecretaria afirmó en entrevistas radiofónicas con Maerker y Joaquín López Dóriga que estaba muy tranquila.
"Sé perfectamente que no tengo ningún tipo de responsabilidad y no me siento implicada".
Luego, en declaraciones con EL UNIVERSAL, Carpinteyro aseveró que una de las grabaciones que exhibieron a Luis Téllez se la hizo llegar el presidente de la Comisión Federal deTelecomunicaciones, Héctor Osuna.
Una vez que el audio estuvo en su poder, la ex funcionaria señaló que decidió actuar con lealtad e institucionalidad, por lo que acudió con el presidente Felipe Calderón, y a nadie más divulgó su contenido.
De acuerdo con los relatos, el mandatario le dijo que él no podía recibir nada, y
pidió a Carpinteyro que acudiera a la Secretaría de Gobernación.
En la secuela de hechos, el 18 de febrero Gobernación confirmó que la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, entregó al titular, Fernando Gómez Mont, un disco compacto con las conversaciones telefónicas de carácter privado atribuidas a Luis Téllez.
Segob refirió que dicho material sería sometido a los estudios periciales correspondientes para determinar su origen y contenido.
"Con el objeto de analizar la legalidad de su procedencia, así como de su posesión y divulgación por parte de la licenciada Carpinteyro", expuso.
En declaraciones posteriores, el secretario de Gobernación afirmó que
las grabaciones que entregó Purificación Carpinteyro a esa dependencia son ilegales, por lo que en las próximas horas las entregará a la Procuraduría General de la República.
"Se hizo un análisis de las personas que están imputadas en las conversaciones y, como ella no sale en las grabaciones, hay un acto donde se violentan los términos jurídicos, por lo que en las próximas horas haremos llegar este material para que se resuelva lo procedente", comentó Gómez Mont.
Sin embargo, y pese a que
Luis Téllez dio por cerrado el caso, declaró haber recibido amenazas anónimas en las que le piden renunciar al cargo, pues, de lo contrario, se darían a conocer nuevas grabaciones privadas.
Todavía el 24 de febrero, Luis Téllez subrayó que aunque usó un
lenguaje altisonante y ofendió a muchas personas en las llamadas, cuyas grabaciones fueron difundidas, jamás cometió un acto ilegal, por lo que no permitirá ser doblegado por delincuentes.
"Que mi vida pública sea juzgada por mi trabajo" concluyó.
Héctor Osuna,
presidente de la Cofetel, negó que tuviera grabación alguna de conversaciones telefónicas del secretario Téllez en su poder, y aclaró que no se sintió aludido con las disculpas que ofreció el funcionario.
Intentó hasta lo último. Pero finalmente el secretario Téllez renunció y el mandatario federal lo aceptó nombrando en su lugar a Juan Molinar Horcasitas, quien hasta ahora se desempeñaba como director general del IMSS.
***
La reacción de Purificación Carpinteyro
Declaró que le daba gusto la salida de Luis Téllez al frente de la dependencia, y aseguró que con la llegada de Juan Molinar Horcasitas gana el país.
En entrevista radiofónica con Denise Maerker, en Radio Fórmula, Carpinteyro, a quien la Unidad Jurídica de la SCT responsabilizó de la difusión de las conversaciones telefónicas de Téllez, negó que sea responsable de la renuncia del ahora ex secretario, y la "villana de la película".
Atribuyó la salida de Téllez a una serie de elementos, como el hecho de que hayan salido grabaciones con conversaciones en las que "aparentemente se le oculta información al Presidente".
Probablemente, aseveró la ex funcionaria, las grabaciones le demostraron al presidente Felipe Calderón que lo que tenía pensado sobre Téllez era diferente.
Carpinteyro expresó que, ahora, es fundamental para la SCT que Molinar Horcasitas tiene toda la confianza del Presidente.
Es un hombre que ha estado en la trinchera política, destacó.
-¿Te dio gusto la salida de Luis Téllez?, preguntó Denise Maerker.
Tras pensarlo un momento, Carpinteyro contestó:
-"Por México, sí me dio gusto".

Cambios en SEDENA

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó los siguientes cambios, se nombró al general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, como subsecretario; al divisionario Jorge Juárez Loera como oficial mayor, y del ex jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) general Roberto Miranda Sánchez como contralor general e inspector del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
En un comunicado, la dependencia dio a conocer los nombramientos, los cuales entraron en vigor a partir del primero de marzo pasado y que tuvieron lugar una vez que el general de división Armando Meza Castro, quien se desempeñó como subsecretario de la Defensa, pasó a retiro al cumplir 65 años de edad.
Comunicado oficial
Lomas de Sotelo, D.F. a 2 de Marzo 2009.-
La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública, que por ACUERDO DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, con fecha 1/o. de Marzo del 2009, se realizaron los siguientes movimientos de mandos superiores en esta Dependencia del Ejecutivo Federal:
Se designó al General de División Diplomado de Estado Mayor HUMBERTO ALFONSO GUILLERMO AGUILAR, como Subsecretario de la Defensa Nacional, en sustitución del General de División Diplomado de Estado Mayor FRANCISCO ARMANDO MEZA CASTRO.
El General GUILLERMO AGUILAR, es originario de Mérida, Yuc., egresado del Heroico Colegio Militar como oficial del arma de Infantería; su formación profesional incluye la Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y Estudios de Pedagogía Militar.
Durante su carrera militar ha ejercido el mando y desempeñado diferentes cargos y comisiones dentro del Instituto Armado, destacando los siguientes:
- Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
- Comandante de las 28/a. y 36/a. Zonas Militares en el estado Oaxaca y Chiapas, respectivamente.
- Comandante de la Guarnición Militar de San Felipe, Baja California.
- Comandante de la 5/a. Brigada de Infantería Ligera, en el estado de Oaxaca.
- Comandante del 46/o. Batallón de Infantería, en el estado de Chiapas.
Y hasta el 28 de Febrero del presente año, se desempeñó como Oficial Mayor de la Defensa Nacional.
Con la misma fecha fue nombrado como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional al General de División Diplomado de Estado Mayor JORGE JUÁREZ LOERA, en sustitución del General de División Diplomado de Estado Mayor HUMBERTO ALFONSO GUILLERMO AGUILAR.
El General JUÁREZ LOERA, es originario del estado Guanajuato, egresado del Heroico Colegio Militar como Oficial del arma de Caballería; su formación profesional incluye la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, Curso Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra, Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, Estudios en la Escuela Militar de Aplicación para Oficiales de Caballería y estudios para Oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar.
Durante su carrera militar ha ejercido el mando y desempeñado diferentes cargos y comisiones dentro del Instituto Armado, destacando los siguientes:
- Comandante de la XI Región Militar, que comprenden los estados de Chihuahua y Coahuila.
- Comandante de las 14/a., 17/a. y 26/a. Zonas Militares, en los estados de Aguascalientes, Querétaro y Veracruz, respectivamente.
- Comandante de Agrupamiento, en el estado de Chiapas.
- Comandante del 1/er. Regimiento Blindado de Reconocimiento, en el Estado de México.
- Comandante del 27/o. Regimiento Mecanizado, en el Estado de México.
Y hasta el 28 de Febrero del presente año, se desempeñó como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea.
De igual manera se designó como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea al General de División Diplomado de Estado Mayor ROBERTO MIRANDA SÁNCHEZ, en sustitución del General de División Diplomado de Estado Mayor JORGE JUÁREZ LOERA.
El General MIRANDA SÁNCHEZ, es originario de México, D.F., egresado del Heroico Colegio Militar como Oficial del arma de Caballería; su formación profesional incluye la Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, estudios en la Escuela Militar de Aplicación para Oficiales de Caballería y estudios en el Heroico Colegio Militar.
Durante su carrera militar ha ejercido el mando y desempeñado diferentes cargos y comisiones dentro del Instituto Armado, destacando los siguientes:
- Comandante de la III Región Militar que comprende los estados de Sinaloa y Durango y la XI Región Militar integrada por los estados de Chihuahua y Coahuila.
- Comandante de la 26/a. Zona Militar en el estado de Veracruz.
- Director General de Archivo e Historia.
- Jefe del Estado Mayor Presidencial.
- Subjefe Operativo del Estado Mayor Presidencial.
- Contralor y Ayudante General del Estado Mayor Presidencial.
- Ayudante del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe destacar que el General de División Diplomado de Estado Mayor FRANCISCO ARMANDO MEZA CASTRO, quien hasta el 28 de febrero del 2009 fungió como Subsecretario de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, pasó a situación de retiro.
El General MEZA CASTRO, es originario de la Paz, Baja California Sur y egresado del Heroico Colegio Militar
como Oficial del arma de Infantería; su formación profesional incluye la Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.
Durante su carrera militar ejerció el mando y desempeñó diferentes cargos y comisiones dentro del Instituto Armado, destacando los siguientes:
- Comandante de la VII Región Militar que comprende los estados de Tabasco y Chiapas y la X Región Militar, integrada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
- Comandante de la 6/a., 27/a., 37/a. y 43/a. Zonas Militares en los estados de Coahuila, Guerrero, Estado de México y Michoacán, respectivamente.
- Comandante de la Guarnición Militar de San Luis Río Colorado, Sonora.
- Agregado Militar y Aéreo a la Embajada de México en Londres, Inglaterra.
Es preciso señalar que tuvo una destacada participación durante la aplicación del
Plan DN-III-E de auxilio a la población civil, por los fenómenos meteorológicos que afectaron a los estados de Tabasco y Chiapas en el periodo comprendido del 29 de octubre de 2007 al 15 de enero 2008.

Lucía Morett ¿miente?


Morett afirma que fue torturada en Ecuador
(...) Me rescataron soldados ecuatorianos, muy dignos... calmaron mi miedo, me dieron agua, comida, curaron mis heridas y a ellos les tengo un profundo agradecimiento. Pero saliendo del campamento me llevaron a una base militar ecuatoriana en Lago Agrio. Ahí fui víctima de tortura, fui amenazada (...), me realizaron interrogatorios. Se me hizo un interrogatorio extrajudicial en el que se me quitó la ropa mientras se me interrogaba..."
Dijo que militares la obligaron a declarar que llegó un mes antes al campamento
Entrevista publicada este martes 3 de marzo por el diario ecuatoriano (de Guayaquil) El Universo,
(http://www.eluniverso.com/), 3 de marzo de 2009;
Dice la entrada de la entrevista que "Con esos recuerdos estuvo este domingo en la misa donde se recordó a los cuatro estudiantes mexicanos que la acompañaban y murieron en el ataque, presentó un video sobre esos hechos, denunció el hostigamiento judicial en México y Ecuador. Aceptó una entrevista a cambio de respetar la fidelidad de sus respuestas debido a que, según ella, se han tergiversado sus declaraciones en otros medios de comunicación."
-¿Cómo y cuándo saliste de Ecuador? ¿La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) te prestó alguna ayuda para salir del país?
-Yo salí de Ecuador el 16 de abril, en un vuelo comercial de Copa hacia Nicaragua, y salí como cualquier ciudadano normal, con mis papeles. El propio fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, me dijo después de que me interrogó que era completamente inocente, que no había nada en mi contra, que simplemente había sido una víctima y que cuando lo deseara podía salir del país.
Eso lo quiero decir porque últimamente se ha manejado que huí hacia Nicaragua. No fue así. Yo salí de Ecuador porque no había nada en mi contra y salí legalmente de Ecuador.
-¿No fue necesaria la ayuda de Aldhu?
-Aldhu me dio apoyo legal estando en Ecuador y lo demás fue por mi cuenta, como cualquier ciudadano que está legalmente en el país.
-¿Tras el ataque, quién la sacó del campamento?
-Me rescataron soldados ecuatorianos, muy dignos... calmaron mi miedo, me dieron agua, comida, curaron mis heridas y a ellos les tengo un profundo agradecimiento. Pero saliendo del campamento me llevaron a una base militar ecuatoriana en Lago Agrio. Ahí fui víctima de tortura, fui amenazada con que me iban a llevar a Colombia, fui amenazada con la cárcel, me realizaron interrogatorios. Se me hizo un interrogatorio extrajudicial en el que se me quitó la ropa mientras se me interrogaba. Estuve sin ropa mientras se me interrogó y me curaban las heridas; se me sacó en ese lugar, sin anestesia, la esquirla más grande de mi cuerpo, que dejó una herida de 10 centímetros de profundidad por tres de diámetro. En ese momento a esas personas les pedí que se comunicaran con mis padres, les proporcioné el número de teléfono y no lo hicieron. O no sé si por su cuenta lo hayan hecho, pero no para ayudarme. En todo momento sufrí amenazas y sufrí hostigamiento.
Ya saliendo de ahí, cuando me llevaron a Quito, y fue en la capital donde recibí una atención nuevamente como la que había recibido de los primeros soldados, una atención humanitaria, respetuosa y con apego a mis derechos humanos.
-¿Puedes señalar a los responsables de esas torturas?
-Por supuesto, yo los he identificado en fotografías, en videos que han sido difundidos y en los cuales aparecen estas personas. Yo dejé además testimonio de esto antes de salir de Ecuador, no lo había comentado porque yo tenía un profundo agradecimiento y lo sigo teniendo hacia el Gobierno ecuatoriano por salvarme la vida, pero sí dejé testimonio de que un sector de Inteligencia me practicó estos interrogatorios extrajudiciales y fui sometida a tortura. Eso lo dejé ante notario público antes de salir hacia Nicaragua.
-¿Conociste a José Chauvin o Gustavo Larrea, que en el momento del bombardeo eran funcionarios del Gobierno ecuatoriano y quienes fueron los primeros en llegar al sitio del bombardeo?
-Fui la primera de las heridas a la que sacaron, aún no llegaba la delegación de los ministros cuando a mí ya me habían sacado. De hecho, yo ahora veo en los videos cuando a las muchachas les dicen que van a ser trasladadas a Quito, para entonces yo ya había salido, ya me habían subido al helicóptero e iba camino a la base de Lago Agrio. Es decir, yo nunca me enteré de que me iban a llevar a Quito y por eso mi miedo y el hecho de que bajo tortura di ciertas declaraciones a estas personas que me interrogaron. Yo salí antes de que llegara cualquier comisión.
-Esas declaraciones, ¿en qué sentido fueron?
-Cuando me interrogaron yo dije que había llegado la noche antes del bombardeo al campamento. Estas personas me obligaron a decir que había llegado antes. No recuerdo bien la fecha que me dijeron, pero me dijeron que había sido como un mes antes. Me hicieron que les dijera los nombres de mis compañeros y que ellos me habían llevado desde aquí de México, me obligaron a decir eso y no recuerdo qué otras cosas, pero es así como lo que ahorita puedo recordar.
-Chauvin dice que se reunió siete veces con Raúl Reyes, ¿presenció alguno de esos encuentros?
-No, por supuesto que no. Yo llegue esa noche al campamento y vi a muy poca gente. Era la tarde-noche del 29 de febrero, y a las 12:30 de la noche fue el primer bombardeo.
-¿Cuántos bombardeos hubo?
-Fueron dos y ametrallamientos desde helicópteros artillados y también desde tierra, asesinato de civiles, asesinato de heridos, gente que se había rendido.
-¿Cómo fue su viaje hacia Angostura, sobre todo desde Nueva Loja?
-Bueno, yo no recuerdo el nombre de las poblaciones por las que pasamos. Sé que salimos de este lugar, de Lago Agrio o Nueva Loja, la capital de la provincia de Sucumbíos. Estuve ahí con mis compañeros y una persona que nos acompañaba, que nos guiaba, fuimos en un vehículo hasta el puerto, sí tomamos lancha y luego caminamos, caminamos por bastantes horas.
-¿Había controles militares, puestos de revisión donde fueron revisados?
-No, no recuerdo.
-¿Alguien te advirtió de los riesgos de ir a ese lugar, que se conocía que era sitio de operaciones guerrilleras?
-No, hasta donde yo sé no es una zona de conflicto y a mí se me dijo que íbamos a un campamento de paz, un campamento diplomático. Y en ese sentido, consideré que era seguro ir ahí, pues íbamos a hacer una investigación para conocer más de la guerrilla y para conocer más sobre el posible intercambio humanitario.
-¿Solo pasó unas horas con los miembros de las FARC?
-Sí, así es.
-¿En el campamento conoció a Franklin Aisalla?
-No. Luego me enteré por las noticias de que estaba ahí, que era un ecuatoriano.
-¿Conoció a Nubia Calderón, la novia de Aisalla? ¿Sabe si estuvo en el campamento?
-No tengo idea. Esto parece más un interrogatorio de la Fiscalía que una entrevista, pero te digo que no tengo conocimiento de que estuviera ahí.
-¿Conoció o tuvo contacto con Catalina Campo, esposa de Chauvin, quien organizó algunos eventos?
-La verdad no recuerdo, mentiría si dijera que sí. No podría precisar. Es que era un evento al que asistieron un montón de personas, cientos, lo mismo pude haber cruzado palabras con alguien o con otra persona, pero me sería muy difícil recordarlo ahora.
-¿Conoció a Juan de Dios Parra?
-Sí, era el secretario general de la Aldhu.
-¿Cómo fue su relación con él?
-Bueno, él era del equipo que me asesoró legalmente para mi defensa. Lo conocí estando ya en el hospital, fue cuando estuvo el interrogatorio y estuvo precisamente el Fiscal General de Ecuador, estaba ahí cuando yo conocí a Parra.
-¿En el campamento vio a Raúl Reyes o las computadoras que luego dijo el gobierno colombiano que encontró y sacó informaciones de ahí?
-Yo no vi nada. Y después del bombardeo todo lo que vi eran cosas destrozadas. Yo traía artesanías y quedaron completamente rotas, mis cosas estaban rotas, mi mochila quemada... Lo que sí pude ver fue cómo disparaban, gente que pedía ayuda y a la que se remató. Vi cuerpos con disparos en la espalda, con ropa interior, desnudos, vi cómo los soldados colombianos y los policías colombianos movían cosas de un sitio a otro, cómo les quitaban las ropas, cómo cambiaban las ropas de los cadáveres.
Ellos me abandonaron herida, me amarraron...
Les importaba más su trofeo de guerra, llevarse el cuerpo de Raúl Rayes, que atender a las heridas. Cuando grababa la cámara, me decían que iban a respetar mis derechos humanos, que respetan los derechos de los demás, pero podía escuchar cómo mataban a los heridos... Vi cómo se llevaban los cadáveres... Es increíble que el gobierno colombiano se haya disculpado con el Presidente ecuatoriano cuando todavía sus militares estaban en territorio de Ecuador.
-¿El cuerpo de Reyes fue sacado de inmediato o tardaron?
-Tardaron un poco de tiempo, sacaron varios cuerpos. Estuvieron casi doce horas y les dio tiempo de mover a su antojo, hacer y deshacer.
- ¿Cómo podría definir a Reyes, su personalidad, cómo era?
-No, pues yo no lo conocí (Sic).
¿No lo vio nunca?
-No, después me enteré de que era él.

¿Incursión de tropas de EE UU a México?

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) será la instancia que continúe con la investigación de los atentados en contra de objetivos policiacos de ayer en Uruapan por ser actos derivados de crimen organizado.
La SIEDO trasladó a la Ciudad de México a dos hombres que fueron detenidos por su presunta relación con los atentados; sus nombre Noel Santibáñez Castro y Homelio Álvarez Arreola, quienes son señalados como posibles autores materiales de los ataques con granadas registrados durante la madrugada del lunes contra objetivos policiacos.
El lunes se realizaron ataques simultáneos en la casa del director de Seguridad Pública, Adolfo Mejía Olivos y en las instalaciones de la Policía Municipal con un saldo de 4 policías heridos y daños en al menos 7 vehículos en Uruapan, Michoacán, según autoridades municipales.
Al respecto, legisladores del PRI, PAN y PRD condenaron lo ocurrido en Uruapan. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), señaló que el crimen no se ha podido controlar, y aunque se han hecho los esfuerzos pues “no se logra dar el zarpazo final y creo que ya no es como dice la canciller que solo en algunos estados”.
En tanto, el secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño Contreras (PAN), aseguró que el ataque está catalogado como terrorismo, por lo que se deben tomar las medidas por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), así como del Consejo de Seguridad Nacional.
Las decisiones que se tomen, consideró, se deben enfocar en resguardar la integridad de los michoacanos, además de garantizar la seguridad pública en algunos municipios donde se registran mayores índices de violencia.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas (PRD), aseguró que el reciente ataque con granadas de fragmentación son una respuesta a las acciones del gobierno estatal y federal en contra del crimen organizado. Afirmó que “estas granadas son una respuesta a la acción del gobierno del estado y del gobierno federal para combatir a las bandas, particularmente, a “los Zetas” y “la Familia”, las cuales están concentradas en ese estado”.
El legislador aseveró que “el gobierno de la República debe llamar de inmediato al gabinete de seguridad a efecto de redefinir este tema, y hacer una evaluación de número de muertes en este año, de capos detenidos y de drogas incautadas”.
***
Por otro lado, los tres diputados coincidieron en que la posible incursión a México de tropas de EE UU representaría un acto ilegal y violatorio de la soberanía, por lo que el gobierno federal debe mantener una colaboración permanente de trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico sin violentar la Constitución.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI) aseguró que va en contra de la Constitución aceptar la ayuda del Ejército estadounidense para combatir el crimen en nuestro país, por lo que confió que el gobierno federal no permita la incursión de cuerpos armados del país vecino del norte. “Cualquier cosa que se aporte, además de lo económico debe ser de intercambio y no de operación, eso no debe ser metido y no creo que el gobierno esté dispuesto a meter a policías o cuerpos armados de otros países, eso iría en contra de la Constitución”, expresó.
Rivera Bedoya refirió que la estrategia del gobierno federal para combatir el crimen organizado debe seguir en la misma línea y “no bajar la guardia para seguir apretando cada día más y apoyar a las policías locales que son las fuerzas que pueden completar los trabajos que se hacen en materia de seguridad a nivel nacional”.
Al respecto, el secretario de la Comisión de Gobernación, Cristián Castaño Contreras (PAN), afirmó que una posible participación del Ejército norteamericano a nuestro país para apoyar al gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico es ilegal, además de que no le compete a Estados Unidos el resolver o involucrarse directamente en tareas que le corresponden al Estado mexicano. En entrevista, precisó que existen ambigüedades en la postura mencionada, aunque aclaró que no es directamente del gobierno de los EE UU. “Por distintos informes se expresa la gran preocupación de lo que pasa en México pero más que preocupación hay que instrumentar estas acciones, que se dan en el cumplimiento de acuerdos previos como el Mérida, y la consolidación en la comunicación de las instancias de inteligencia en ambos países”, aseveró.
Castaño Contreras exigió que el gobierno y el Ejército de EE UU, primero, “ponga en orden su casa”, porque uno de los problemas torales del aumento de la criminalidad en México se da por el abastecimiento de armas legales o ilegales desde Norteamérica.
En su momento, el presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas (PRD), aseveró que la mejor ayuda que puede ofrecer Estados Unidos a México en el combate contra le delincuencia organizada es consignar la distribución de droga y el lavado de dinero en su país. Afirmó que “nuestra Constitución no establece ese tipo de ayuda, como el que pretende Estados Unidos. Ellos pueden ayudar al combate del crimen, consignando el consumo de drogas y la introducción de todas las diversidades de substancias que existen en el mercado dentro de su territorio; algo que poco hace”. Explicó que hace falta definir estrategias, actuar con inteligencia e identificar más focos rojos en el país, para evitar más pérdida de vidas.

Hay 2.2 millones de personas con permiso para portar armas

Según el Diputado Eduardo de la Torre Jaramillo (PAN) en lo que va del año- enero y febrero- la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró más de 10 mil solicitudes para portación de armas de fuego.
De acuerdo con la Sedena -dice el legislador-, hay cerca de 2.2 millones de ciudadanos con permiso para portar armas, de los cuales el 99 por ciento son hombres.
Menciona que en 2007 se tenía un registro promedio de 3 mil 500 solicitudes mensuales; para el 2008 el número ascendió a más de 4 mil 300 y en lo que va del 2009 han oscilado en las 5 mil. Estas cifras, añadió, son un reflejo de cómo los mexicanos perciben que el modelo de seguridad pública no está funcionando adecuadamente en los tres niveles de gobierno.
De la Torre Jaramillo indicó que pese a que la ciudadanía busca mecanismos de autodefensa, la Sedena es muy estricta para otorgar los permisos correspondientes, por lo que el número de armas que vende no se compara con el de las solicitudes. En este sentido, explicó que de acuerdo con información de la Sedena, en 2007, la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones vendió a civiles un total de 5 mil 250 armas, incluidas las de protección personal y de domicilio, así como para la caza y deporte.
En 2008, abundó, la cifra aumentó a 5 mil 678, lo que representó un incremento del 34.2 por ciento y para este 2009 el número de piezas podría aumentar a más de 6 mil o 7 mil, dada la cantidad de peticiones.
Explicó que la Sedena es la única instancia legal que importa y vende armas en el país y cuenta con sólo una armería, a diferencia de EE UU que tan sólo en la frontera con México cuenta con cerca de 115 mil expendios, lo que complica su control.
Y según la PGR se venden en el mercado negro entre 60 y 65 mil armas de cualquier calibre en todo el país.

Estrategia contra la Extorsión

El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció la creación de un soporte integral a nivel nacional para detectar y perseguir extorsiones.
En conferencia de prensa, informó que durante la reunión técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, celebrada ayer, se alcanzó un acuerdo entre las secretarías de seguridad pública estatales y la federal, en coordinación con las Cámaras Empresariales, para poner en marcha la Estrategia Integral de Atención al Delito de Extorsión, la cual incluye el establecimiento de enlaces específicos y números de atención, un Módulo de Información del delito de extorsión, seguimiento de casos y rendición de cuentas.
El aumento exponencial de los casos de extorsión en diversas partes de la República, llevaron al gobierno federal a declarar el combate a este delito como una prioridad nacional.
De acuerdo con cifras de la propia SSP federal, en 2007 y 2008 se registraron en promedio 50 mil casos de extorsión al año, mientras que en 2002 la cifra fue de sólo 53 casos.
En la reunión también se aprobaron contenidos y estrategias para implementar el sistema de desarrollo policial y el programa rector de profesionalización.
Durante la conferencia de prensa conjunta en la que estuvo acompañado por Aldo Fasci y José Ángel Cabeza de Vaca, titulares de seguridad públicas de Nuevo León y Morelos, respectivamente.
Durante la reunión las secretarias estatales y federales también definieron estrategias para avanzar en tareas como el combate al delito de secuestro, así como en la elaboración del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y del Padrón de empresas de Seguridad Privada.
***
Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública
Lunes, 2 de Marzo de 2009 Comunicado
Comunicado 097/09
Secretaría de Seguridad Pública
Ciudad de México
El día de hoy, las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados, del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, realizaron una sesión extraordinaria para dar seguimiento a los acuerdos celebrados en la Primera Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
En la sesión se asumieron los siguientes compromisos:
1. Implementación del Sistema Integral de Desarrollo Policial y del Programa Rector de Profesionalización
Las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y Federal aprobaron los contenidos y la estrategia de implementación del Sistema Integral de Desarrollo Policial y del Programa Rector de Profesionalización, con lo cual se impulsará el Servicio Profesional de Carrera Policial, así como la formación y especialización de los cuerpos policiales del país. En este sentido, a partir del 10 de marzo se pondrá en marcha el Programa de Nivelación Académica en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
En materia de régimen disciplinario, las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y Federal se comprometieron a establecer la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales para el desarrollo de un régimen disciplinario homologado en el país. Las Secretarías acordaron presentar los proyectos de régimen, o bien, sus propuestas de adecuación, a más tardar el 20 de marzo.
2. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública: Kardex Policial
Las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y Federal se comprometieron a integrar la información faltante en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, a más tardar el 20 de marzo, e iniciar en abril el proceso de verificación y actualización de ésta. El Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública contempla la siguiente información:
Datos Generales
Experiencia Profesional
Servicios y Equipamiento
Desarrollo Académico y Profesional
Disciplina y Justicia Policial
Prestaciones
Conclusión del Servicio
3. Estrategia Integral de Atención al Delito de Extorsión
En coordinación con las Cámaras Empresariales, las cuales estuvieron representadas durante la sesión por sus presidentes, las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y Federal se comprometieron a implementar la Estrategia Integral de Atención al Delito de Extorsión que incorpora:
Enlaces específicos.
Sistema de información: Módulo de Extorsión.
Números de atención.
Seguimiento de casos.
Rendición de cuentas.
Campañas de difusión con fines de prevención.
Las Cámaras Empresariales se comprometieron a mantener un flujo de información oportuna sobre casos de extorsión; a promover entre sus empresas afiliadas la instalación de sistemas de monitoreo y vigilancia, y a incorporar dichos sistemas a Plataforma México.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal se comprometió a instalar y dar acceso al Módulo de Extorsión, que integrará una sola base estadística a nivel nacional, así como a capacitar a los elementos seleccionados por las Secretarías Estatales, a partir del 5 de marzo.
Adicionalmente, las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y del Distrito Federal se comprometieron a realizar la próxima semana reuniones locales con los capítulos de las Cámaras Empresariales en cada Estado para recabar información sobre este delito de manera permanente. Igualmente, las Secretarías Estatales y del Distrito Federal se comprometieron a implantar el Módulo de Extorsión de Plataforma México e integrar la información histórica de este delito, a partir del 15 de marzo.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal ofreció a las Cámaras Empresariales la posibilidad de contrastar sus padrones de empleados contra las bases de datos de Plataforma México a fin de detectar a personas con registros criminales.
4. Secuestro
Con el fin de apoyar a las Secretarías de Seguridad Pública Estatales en el fortalecimiento de sus capacidades para el combate al secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública Federal refrendó su compromiso a fin de instalar el Módulo de Secuestro en todas las Entidades Federativas a partir del 5 de marzo, e iniciar la capacitación de los funcionarios seleccionados a partir del 9 de marzo.
Por su parte, las Secretarías de Seguridad Pública Estatales se comprometieron a llevar acabo las siguientes acciones:
Incorporar al Módulo de Secuestro información veraz y oportuna a partir del 15 de marzo.
Incorporar durante el mes de mayo información sobre el delito de secuestro correspondiente a la última década.
Remitir la lista de personal propuesto para integrar las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, a más tardar el 15 de marzo, a efecto de que sean programadas sus evaluaciones de control de confianza.
5.- Seguridad Privada
Se constituyó el Comité de Seguimiento para la creación del Padrón Nacional de Empresas de Seguridad Privada y la homologación de los reglamentos aplicables a dichas empresas, el cual estará integrado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal y los Secretarías de Seguridad Pública del Distrito Federal, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

La ingravidez de la ley

La ingravidez de la ley/Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Publicado en EL PAÍS (www.elpáis.com), 02/03/09;
Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo “el peso de la ley”. Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.
Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.
Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.
Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.
En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.
Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).
Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?
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La cuestión de Estado/Francisco J. Laporta
EL PAÍS, 21/02/09;
El funcionamiento adecuado y razonable de la Justicia no es una más de las cuestiones que han de ser abordadas cuanto antes en nuestro país. Es una cuestión de Estado y una cuestión más importante que muchas otras, más importante que lo pueda ser, por ejemplo, el problema vasco o los malos tratos a la mujer. Sin restarle ni un ápice de su relevancia a cuestiones como ésas, la condición de atrofia de la administración de justicia en España es una amenaza latente que puede determinar por sí sola hasta el fracaso del orden constitucional democrático. Y es además una cuestión que suele estar en el trasfondo de la mayoría de esos otros graves problemas. Porque la solución judicial de los conflictos es algo que forma parte de los fundamentos mismos de la comunidad política moderna. Así lo expresaba Hobbes en 1651: ‘… sin la decisión de controversias no hay protección de un súbdito frente a las injurias de otro; las leyes concernientes al meum y al tuum son vanas, y en cada hombre permanece… el derecho de protegerse a sí mismo mediante su fuerza privada… cosa contraria al fin para el que se instituye toda república’. Y no se trata sólo de la tradición política autoritaria que ha podido verse en el Leviathan hobbesiano. El pensamiento liberal coincide en esto plenamente con él. Véase si no lo que escribe sólo cuarenta años después John Locke: ‘… allí donde haya dos hombres que no tengan una regla establecida y un juez común al que apelar en esta tierra para la determinación de las controversias sobre su derecho, esos hombres están todavía en el estado de naturaleza y bajo todos los inconvenientes que ello lleva consigo’. Hace ya demasiados años que se está oyendo hablar del problema en España en unos términos que sólo pueden conducir a un corolario: la administración de justicia avanza poco a poco hacia una situación parecida a ésa. Se vienen utilizando usualmente circunloquios y paños calientes con el loable propósito de no herir a los jueces que trabajan en ella; se acude a matices y se acuerdan excepciones, pero el fondo del asunto es algo que nadie tiene ya fuerza moral para negar. El atasco en algunos órdenes jurisdiccionales es ya letal, la tardanza media en resolver la mayoría de los casos viola todas las recomendaciones de la más roma prudencia y la posibilidad de predecir el resultado de un litigio es pura y simplemente ilusoria. Se nos dice además que los jueces y magistrados están tan sobrecargados de trabajo que les resulta imposible pensar en tomar sus decisiones con el mínimo exigible de calidad técnica. Los abogados afirman que no se pueden hacer escritos largos porque simplemente los jueces no los van a leer, y la improvisación y el esquematismo se están adueñando de la aplicación del derecho. Como muestra de ello, cualquier despacho dispone de un amplio surtido de resoluciones y sentencias que podrían ir a engrosar la antología del disparate. Y nadie se arriesga ya a augurar el destino de un asunto porque tal cosa pertenece a los más escondidos arcanos. Así están las cosas. Y como consecuencia de ello la conclusión no puede ser más que una: si no fuera porque la inmensa mayoría de los ciudadanos cumple espontáneamente el derecho estaríamos al borde del Estado de Naturaleza. Si por alguna circunstancia histórica insospechada se debilitara la deferencia maquinal hacia las leyes empezarían a aparecer los mecanismos de la justicia privada, es decir, la deslegitimación del orden jurídico.
Esta patología únicamente parece corregirse en casos excepcionales cuando es anulada por otra patología distinta: cuando los medios de comunicación se concentran en el seguimiento de un procedimiento judicial y montan un juicio paralelo a él, cosa que algunos hacen con lamentable frecuencia, la administración de justicia tiende a desperezarse, agilizar sus trámites y pensar en la calidad del fallo. El precio al que eso se hace no lo sabemos, pero no falta quien avise que tanto estrellato y tanto juicio de conveniencias no hace sino empeorar todavía más la situación de los otros pleitos anónimos que aguardan desde tiempo inmemorial su turno en los juzgados y tribunales.
Lo que más sorprende de todo esto es que no se valore la importancia que tiene esta situación para la vida económica y social cotidiana y que no se establezca la directa relación de causa efecto que semejante ataraxia tiene con muchos de los problemas que padecemos. Todos los días aparecen en los medios problemas serios en cuyo trasfondo está agazapado el desastroso funcionamiento de la justicia. Un ejemplo de estos días: el grave problema de la falta de vivienda convive con la existencia de miles de pisos vacíos sin alquilar. Evidentemente. Si se tarda un promedio de diez meses en desahuciar a quien no paga, la gente tiende a no alquilar, y cualquiera que alquile se rodea de precauciones porque se expone a perder la renta de casi un año. Ya va siendo hora de que algunos economistas nos pongan en la pista de lo que estas cosas significan para el funcionamiento del sistema económico. Incluso del sistema económico paleoliberal hacia el que avanzamos. Habría que recordarles a muchos que para Adam Smith nada menos que el segundo deber del soberano era precisamente ‘establecer una administración exacta de la justicia’. Ahora se habla mucho de tendencias presuntamente modernas hacia la decisión extraprocesal de los conflictos y la solución alternativa de las disputas, pero quienes no tienen poder suficiente de represalia económica sólo tienen un valedor posible: el juez. Y si el juez no existe o llega demasiado tarde, entonces su única seguridad es continuar urdiendo el viejo tejido hispano de las artes del pícaro, una malla espesa que obstaculiza la modernización, embaza las ruedas de la eficiencia económica y acaba perjudicando hasta a los mismos granujas que viven de ella.
No creo necesario aportar aquí testimonios especiales de esa realidad. En todas las aperturas del año judicial es ya cláusula de estilo lamentar la situación y hacer públicas las carencias. Sabemos ya que la jurisdicción constitucional está a punto de quedar embotada por el empleo sistemático del recurso de amparo. Y lo que se dice del orden contencioso-administrtivo no puede sino llevar directamente a la conclusión de que en este país los actos de la Administración sólo están realmente controlados por la ley debido al buen oficio de los funcionarios que los preparan. En otro orden de cosas, cuando nos enteramos de lo que uno ha podido estar aquí en prisión preventiva se nos ponen los pelos de punta, pero los que esperan fuera tampoco se libran del todo: un día sí y otro también algún individuo tiene que empezar a cumplir su condena tres o cuatro años después de haber cambiado de vida y haberse reeducado y reinsertado. Y por lo que respecta a los procedimientos en que se cuida la fluidez del intercambio económico, las cosas no van mucho mejor. Sólo hay que hablar con quienes tienen alguna deuda económica o un asunto patrimonial pendiente de una decisión judicial. La demora puede ser tan grande que todos sabemos ya que casi trae más cuenta no pagar y esperar a que te demanden. Por eso ha tenido tanto eco esa figura patética y tercermundista del cobrador del frac, que no es más que una triste metáfora del fracaso de la justicia. Hasta los documentos que se entregan en los juzgados y tribunales a efectos probatorios parecen caer en una suerte de agujero negro del que tardan años en volver a salir. Yo he conocido gente que ha tenido que hacer segundas copias en las notarías para poder seguir utilizando títulos de propiedad trabados por la oscura maquinaria.
Y mientras los problemas de fondo se tratan con la debida inanidad y somnolencia estamos todos los días dándole vueltas a los aspectos más peregrinos del asunto: que si Consejo sí, que si Consejo no, que si elección parlamentaria o elección profesional, que la asociación de éstos o la asociación de aquéllos, que si la vuelta a la carrera antes o después… Nuestros insignes representantes actuales se han pasado años manoseando políticamente al poder judicial. A la hora de gobernar, naturalmente, las cosas cambian. Ya no son tan urgentes las perentorias exigencias de antaño. Tras alentar y premiar la facundia desvergonzada, la politización y el estrellato han dejado a la mayoría de los jueces y magistrados verdaderamente profesionales como estaban o peor que estaban. La primera ministra de Justicia de la democracia no ha hecho sino callar y ceder a los intereses más rancios de nuestra judicatura. Esperemos que en su sucesor aliente al menos la intención de no hacer un papel tan insignificante.
La primera tentación a que han sucumbido muchos es la de ir enseguida a la búsqueda de algún culpable mayor: el gobierno de turno, la ‘clase política’ o los jueces perezosos. Pero esto no hace sino incrementar la dificultad del problema. Para producir una sicuación tan grave como ésta se unen una multitud de factores históricos, políticos, económicos y sociales demasiado compleja como para montar un juicio sumarísimo o una caza de brujas. Es algo imposible de aprehender con apresuramientos y simplismos. Enseguida se le ocurren a cualquiera causas tales como las carencias económicas de la oficina judicial, la exigua dotación no sólo de jueces sino de todo tipo de personal capacitado, el crecimiento exponencial del acceso a la justicia, la complejidad de los recursos y lo tupido de la red de garantías, la vetustez de nuestras leyes procesales, la morosidad en la selección de nuevos jueces, la impotencia de los colegios de abogados frente al enredador y al querulante, la crisis de las facultades de Derecho, la falta de una actitud seria ante la temeridad, la parva incorporación de las nuevas tecnologías, la escandalosa falta de calidad y control del producto legislativo que sale de las Cortes, la inestabilidad de las leyes, la carencia de educación jurídica del ciudadano medio o incluso la moda de algunas teorías jurídicas. Y seguro que en esa lista ni están todas ni están algunas de las causas más importantes. Habrá más, entretejidas con ellas y casi imposibles de discernir. Entre todas conforman un estado de cosas que precisamente por ello no es un problema más de los que tenemos entre manos un año sí y otro también, sino una auténtica cuestión de Estado en el más preciso sentido de la palabra. Algo, por tanto, no destinado a los magros y partidistas quehaceres de un gobierno de cuatro años, cualquiera que sea su persuasión. Algo que exije, y lo exije ya, un verdadero esfuerzo nacional, casi del mismo alcance que la elaboración de la propia Constitución.

Un código de ética para el capitalismo

Un nuevo código ético para el capitalismo/Ángel Cabrera Izquierdo, rector de Thunderbird en Arizona. Fue encargado por Naciones Unidas de coordinar la redacción de los Principios de Educación Empresarial Responsable
Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 02/03/09;
Sería presuntuoso tratar de atribuir a las escuelas de negocio toda la culpa de la catástrofe económica mundial que estamos viviendo. Pero sería aún peor no hacer una reflexión crítica y reconocer cómo han podido contribuir al desastre perpetuando una visión equivocada y dañina de la empresa.
Según un barómetro anual de la firma de comunicación Edelman, la confianza en la empresa y
los directivos ha caído a niveles inauditos en todo el mundo. El 62% de los encuestados se fía menos de la empresa hoy que hace un año, y en Europa y Estados Unidos menos del 40% se fía de las empresas. En España, tan sólo el 20% dice confiar en los directivos, y aún menos lo hace en Estados Unidos, la meca del libre mercado.
El propio presidente Obama no dudó en señalar durante su toma de posesión “la irresponsabilidad y la avaricia de algunos” como una de las causas de la crisis. Más recientemente se ha referido con disgusto a la “avaricia y arrogancia en Wall Street” y ha llegado a calificar de “vergonzoso” el que instituciones financieras que se mantienen a flote gracias a las ayudas del contribuyente sigan repartiendo miles de millones de dólares entre sus directivos.
Algunos de mis colegas se sienten ofendidos por lo que consideran una burda e injusta generalización. El que hayamos encontrado unas cuantas manzanas malas, dicen, no significa que toda la cesta esté podrida. Por cada ejemplo de directivo perverso, avaro o incompetente podemos encontrar muchos más casos de directivos responsables, dedicados al servicio a sus clientes, la protección de los intereses de sus accionistas, el pago de sus impuestos y el trato digno de sus empleados. Pero eso poco importa ahora. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el número de directivos irresponsables fue suficiente para tumbar el sistema financiero global y generar un daño económico que va a resultar muy difícil de reparar. También sabemos que la mayoría de esos directivos salieron en su día de las mejores escuelas de negocios del mundo.
Con frecuencia oigo en círculos académicos que nuestra responsabilidad no es enseñar valores, sino enseñar herramientas de gestión. Según este argumento, los valores se adquieren en la infancia a través de la familia, los amigos o la iglesia, y la universidad no es ni el sitio ni el momento para tratar de alterarlos. Sin embargo, estudios llevados a cabo por el Instituto Aspen demuestran que el paso por una escuela de negocios tiene un impacto profundo en los valores y las actitudes de los graduados hacia la empresa. Lo que no está claro es si los valores que estamos transmitiendo son los correctos.
Durante años, nuestras aulas han estado dominadas por una visión economicista y simplista de la empresa que ha contribuido a afianzar un sistema de valores inadecuados e incluso perversos. Bajo epígrafes como la teoría de los costes de transacción, el análisis de las cinco fuerzas o la teoría de la agencia se describe la empresa como un artilugio financiero cuyo fin último es la generación de beneficio económico, y la estrategia empresarial como un juego de mesa donde uno se enfrenta no sólo a la competencia, sino también a clientes y proveedores. El directivo se describe como un agente económico oportunista y egoísta que debe ser controlado mediante incentivos ingeniosos (la zanahoria atada a un palo) que alineen sus intereses personales con los del accionista. Todas estas herramientas y teorías se fundamentan en una máxima indiscutida e indiscutible: el interés del accionista ha de primar por encima de todo, ya que, se supone, es quien asume la mayor parte del riesgo.
No nos debe extrañar ahora que algunos consejos de administración establecieran incentivos desproporcionados a sus directivos, ni que estos directivos, consiguientemente, hicieran lo que estuviera en su mano para embolsarse el premio, incluso si ello conllevara tomar decisiones que sabían que eran dañinas para sus clientes y creaban un riesgo público de consecuencias incalculables. Los accionistas se beneficiaron como esperaban. Al menos hasta que se terminó la fiesta. Ahora millones de trabajadores han perdido sus empleos y los contribuyentes se han quedado a barrer los platos rotos soportando una deuda pública de miles de millones de euros que tardarán décadas en pagar. No sé si alguien aún se cree la indiscutible idea de que el accionista es quien asume la mayor parte del riesgo en la actividad empresarial.
Es esperanzador ver cómo una nueva generación de académicos está desarrollando nuevas teorías y modelos que incorporan visiones más sofisticadas del comportamiento humano, la organización de empresas y el papel de la empresa en la sociedad. Teorías acerca del compromiso o la justicia organizacional, teorías basadas en la confianza, el conocimiento o el capital social comienzan a abrirse hueco gradualmente. Sin embargo, aún no hemos conseguido aglutinar estos conceptos bajo un marco que reconozca las responsabilidades profesionales de servicio a la sociedad del directivo.
Otras disciplinas profesionales, como la medicina o el derecho, han asumido desde hace tiempo la necesidad de incluir en los programas de formación no sólo conocimientos y habilidades técnicas específicas, sino también una serie de valores y patrones de conducta que subrayen el beneficio a la sociedad y limiten los daños potenciales. Ha llegado el momento de que la dirección de empresas también adopte su propio código deontológico (un “juramento hipocrático empresarial”) que defina los derechos y responsabilidades del directivo de cara a la sociedad.
Para empezar, dicho código debe articular las múltiples formas en las que la empresa crea riqueza para la sociedad (no sólo retorno financiero para los inversores, sino también empleo, valor a clientes y proveedores, nuevas tecnologías, etcétera). También debe reflejar como responsabilidad central del directivo el balance de los intereses de diferentes grupos y la aplicación de fórmulas que creen valor de manera simultánea y no exclusiva.
Como cualquier otro código profesional, el directivo debe comprometerse a no anteponer el interés personal al interés de la empresa y mucho menos al de la sociedad a la que sirve en última instancia. Esto implica que ha de conocer y respetar no sólo las leyes que le competen, sino también las normas y valores universales en torno a los derechos humanos, los derechos laborales y el respeto al medioambiente encapsulados en códigos internacionales como el Pacto Global de Naciones Unidas.
De manera más específica, el código de conducta debe establecer la obligación del directivo de crear un clima de integridad, transparencia y ética en su organización y de actuar como ejemplo de esos valores. Esto debe incluir la generación de informes contables y de resultados que reflejen fielmente la capacidad de la empresa de crear valor así como los riesgos asumidos por sus inversores, empleados, proveedores y clientes. Finalmente, el código debe establecer un compromiso con el aprendizaje continuo y una obligación de buscar opiniones de terceros en áreas en las que no se cuente con los conocimientos necesarios.
El que no tengamos aún sistemas de certificación de directivos (como existen en la medicina o el derecho) no debe ser excusa para retrasar o evitar la creación de este nuevo código de conducta y su introducción en las aulas. Hace cuatro años, la escuela de negocios que yo dirijo hizo precisamente eso, estableciendo un juramento de conducta profesional que ha pasado a formar parte de nuestros programas y de las ceremonias académicas de graduación. A pesar de los pronósticos agoreros, el cambio en nuestra cultura académica que resultó de esta iniciativa me hace ser optimista en cuanto al papel que un código de esta naturaleza puede llegar a tener si lo conseguimos introducir en todo el mundo. El Foro Económico Mundial tomó nota en Davos y ha creado un grupo de trabajo para estudiar esta posibilidad.
Si hay algo positivo en esta crisis es la oportunidad que nos ofrece de transformar lo que no funciona y sentar las bases de un sistema de mercado más eficaz, más eficiente y más justo. Aprovechemos el momento

Conocer el Islam

Conocer el islam hoy/Dolors Bramon, profesora de estudios islámicos
Publicado en EL PERIÓDICO, 02/03/09):
Quienes nos interesamos por el islam, que es la religión que más crece en la actualidad, estamos de enhorabuena porque se han publicado diversos libros sobre cuestiones que tratan de esta manera de entender a Dios. Sobre uno de sus puntos más controvertidos, el del estatus
de las mujeres, merece la pena que se conozcan las obras de tres musulmanes.
El primero es Abdennur Prado, que edita La emergencia del feminismo islámico (Oozebap, Barcelona 2008), una selección de ponencias presentadas en el Primer y Segundo Congreso de Feminismo Islámico celebrados en Barcelona en el 2005 y el 2006, y La veu de la dona a l’Alcorà. Una perspectiva feminista (Llibres de l’Índex, Barcelona 2008) que recoge las del último congreso (2008). Yaratullah Monturiol ha publicado el delicioso Dones a l’islam: autodeterminació (Trabucaire, Perpinyà 2008) y, finalmente, Abadia Editors (Navarcles 2009) publicará muy pronto L’Alcorà i les dones. Una lectura d’alliberament, de la médica marroquí Asma Lmrabet, con una llamativa portada en la que una mujer con hiyab lee un periódico y un hombre sentado a su lado sostiene en brazos un bebé.
ESTOS AUTORES son musulmanes y manifiestan su satisfacción por pertenecer a la comunidad del islam. Escriben como creyentes, y lo cierto es que muchos aspectos de sus obras, serias y documentadas, coinciden a menudo con el contenido de mi último trabajo, Ser mujer y musulmana (Bellaterra, Barcelona, 2009; con dos ediciones catalanas en Cruïlla, 2007-2008). Se observan también diferencias de criterio y de enfoque, y esto es lógico porque, en su caso, se trata de musulmanes convencidos que quieren dar a conocer sus vivencias como tales y yo soy una estudiosa del islam que se dedica a transmitir conocimientos, pero siempre dejando las cuestiones de fe fuera del aula, del plató o del papel.Al margen de estas obras que tratan de mujeres musulmanas (es obvio que no hay una única circunstancia para todas las mujeres que viven en países islámicos o que practican su religión), han visto la luz, también recientemente, otras publicaciones de gran interés. Este es el caso de la obra escrita por otro converso, Abdelmumin Aya, y el arabista José F. Durán Velasco, con el título Dites del profeta Muhammad. Cent quinze hadisos qudsi (Llibres de l’Índex, Barcelona 2008). Seleccionan una serie de narraciones atribuidas al profeta del islam, cuyo contenido es aceptado como verídico por una gran mayoría de musulmanes y que, a menudo, se consideran complemento de la Revelación. Su publicación es necesaria, puesto que entre los miles de episodios que constituyen la Sunna o Tradición los hay que se contradicen entre sí, que hablan de acontecimientos no acaecidos, de poblaciones aun inexistentes, etcétera, cosa que hace dudar de su veracidad. Editar y traducir los fragmentos que parecen más vero- símiles es necesario y será saludable para el islam. Un proceso paralelo de está produciendo en Turquía, cuyo Gobierno ha encargado a una comisión de expertos que anule todos los que atribuyan al Profeta algo que resulte humillante para las mujeres, que justifique la violencia contra ellas o que las suponga deficientes desde su nacimiento y religiosa e intelectualmente incompletas. Vale la pena subrayar y celebrar esta vía de progreso del islam actual.
En otro orden de cosas, cito también el muy sugerente y documentado libro El retorn de l’islam a Catalunya (Llibres de l’Índex, Barcelona 2009) también de Abdennur Prado. Dicho autor es presidente de la Junta Islámica Catalana y se define como “un catalán musulmán que está enamorado de Catalunya y que se enamoró del islam”, añadiendo que el islam que puede ser predominante en Catalunya no es el islam del que se enamoró y que la Catalunya de la que está enamorado no es la islamófoba que a veces se puede ver. Es una obra valiente que se propone recuperar la memoria del pasado islámico de Catalunya, algo muy cierto pero que no todos los catalanes están dispuestos a aceptar. Interesante resulta también su publicación El islam anterior al islam (Oozebap, Barcelona 2007).
FINALMENTE, quiero referirme a otros escritos de investigadores cuyo principal campo de trabajo ha sido y es el cristianismo, pero que se han ido interesando por el islam. Su condición de teólogos hace especialmente útiles e interesantes sus puntos de vista. Si ya había ilustres antecedentes, como los estudios de Karen Amstrong y de Hans Küng, disponemos ahora de la magnífica aportación del director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Carlos III de Madrid, Juan José Tamayo, autor de Islam. Cultura, religión y política (Trotta, Madrid 2009). En ella se cuestionan muchos estereotipos existentes sobre el islam y sobre la figura de su profeta, se describen las diversas interpretaciones de su doctrina, su historia y las principales ramas de dicha religión. Se analiza con rigor y con método histórico-crítico el contenido del Corán, los cinco pilares del islam, la situación de las mujeres, los derechos humanos y un largo etcétera. Pero destacan, sobre todo, los capítulos dedicados al islam frente a los otros monoteísmos y a los hitos históricos del diálogo entre cristianismo e islam y se hace una muy sugerente propuesta de la posibilidad de una teología islamocristiana de la liberación.