15 mar. 2012

Desapariciones forzadas


México da la bienvenida a las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias
El Gobierno Federal reitera su compromiso pleno con el respeto a los derechos humanos como parte de su política de gobierno, asumiendo el compromiso de atender las recomendaciones que ha recibido del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considerando que muchas de estas recomendaciones ya se están instrumentando.
El Gobierno Federal reconoce la necesidad de fortalecer la atención al problema de desaparición forzada, por lo que desarrolla medidas integrales y efectivas para su erradicación.
En este sentido, la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento a la Recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -en la que encontró evidencia sobre 275 casos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias cometidas en las décadas de los 70´s y 80´s-, estableció un Programa Administrativo de Reparación del Daño para brindar atención a las víctimas y familiares que fueron acreditadas en la misma.

Ejecución de Sanciones y Ley de Amparo, listas...


Este miércoles 14 de marzo se aprobó – ¡por fin!- en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El 29 de abril de 2011 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó  en Primera Lectura, dicho proyecto de decreto, per4 sólo con el aval  de la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Lluís Ovando Patrón (PAN). Faltaba el visto bueno de la Comisión de Justicia, ya que la iniciativa presidencial les fue turnada a ambas comisiones.
Fue de llamar la atención que en el análisis y consideraciones de los legisladores de la Comisión legislativa de Seguridad Pública señalaron que ellos legislaron para cumplir con los compromisos que derivan del mandato constitucional.