Subprocurador con sangre azul

Nombran a Juan Miguel Alcántara Soria, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución de José Luis Santiago Vasconcelos.

Parte del Boletin 679/08 de prensa
TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES

En los términos dispuestos por la Ley Orgánica de la PGR, a propuesta del licenciado Eduardo Medina Mora el C. Presidente de la República nombró como nuevo Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR al licenciado Juan Miguel Alcántara Soria, quien tomó posesión de su cargo el día de hoy y rindió la protesta de Ley respectiva.

En la presentación del nuevo titular de la Subprocuraduría, el Procurador Medina Mora lo invitó a sumarse a los esfuerzos para construir en la institución, y desde ella hacia las demás instituciones de justicia del país y de las áreas homólogas del ámbito internacional, un mejor sistema de justicia que redunde en beneficios para México y los mexicanos, ya que “es nuestra obligación básica atender a la ciudadanía, hacer una realidad cotidiana la justicia efectiva, cerrando totalmente los espacios de impunidad y corrupción y reducir los tiempos de acceso a la justicia plena, medidas fundamentales para mejorar la procuración de justicia y que ésta así sea percibida por la sociedad como una justicia rápida, expedita y con pleno apego a Derecho”, agregó.

Estas metas implican que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales cumpla cabalmente con las tareas que tiene para la definición e implementación de los instrumentos jurídicos y la modernización de la legislación penal que demanda la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia; de la vigilancia de las obligaciones que la Carta Magna dispone en sus artículos 102, 105 y 107 para acciones y controversias constitucionales; del cumplimiento de las obligaciones y compromisos que tiene la PGR en el sistema de cooperación legal internacional de nuestro país; de la atención de las peticiones que desde las 33 procuradurías de México se realizan a otros países para obtener las extradiciones de prófugos de la justicia, y las que son realizadas a México, además de las asistencias jurídicas que nos solicitan los sistemas de justicia de otros países; de los asuntos jurídicos que atiende la PGR para defender y preservar el interés jurídico de la Federación y de las demás dependencias en los juicios federales.

Perfil:

Alcántara Soria, nacido en Irapuato, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, y tiene estudios de posgrado en la Universidad Complutense y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, ambos centros superiores de Madrid, España.

Posee Diplomados en Filosofía, por la Universidad Panamericana, y en Estudios Avanzados, por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. El nuevo titular de la SJAI ha sido Abogado en empresas y Despachos Jurídicos *; Procurador General de Justicia de Guanajuato (1991-1994 en el gobierno de Carlos Medina Plascencia); Diputado Federal en la LIV Legislatura -1988-1991 y LVII Legislatura -1997-2000-, actuando como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara en 1997, y vice coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; además fue Diputado Local en la LVI Legislatura del Congreso de Guanajuato -1994 a 1997.

Ha sido docente en la Escuela Libre de Derecho, Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, Universidad de Guanajuato, Conferencista en la Universidad de Salamanca, ITAM, Universidad La Salle de la Ciudad de México, entre otros centros de educación superior, y articulista de varios diarios de circulación nacional.

***

*DirectorJurídico y socio en despachos Alcántara y Alessio Robles, S.C. (1984 – 1990) y desde agosto del 2002 en el Despacho Antonio Lozano Gracia y Asociados, S.C.

Mafia y política

Mafia y política en la Italia de Berlusconi/Alexander Stille, profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, experto en la Mafia.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

Publicado en EL PAÍS (http://www.elpais.com/), 31/05/2008;

En 2001, un jefe de la Mafia de Sicilia llamado Giuseppe Guttadauro notó de pronto una cosa de aspecto extraño en su salón, que resultó ser un dispositivo electrónico de escucha. “¡O sea, que Totò Cuffarò tenía razón!”, exclamó. Fueron las últimas palabras que la policía oyó pronunciar a Guttadauro antes de que desconectara el micrófono y, con ello, interrumpiera la investigación. El nombre que había pronunciado era nada más y nada menos que el del presidente de la región de Sicilia, Salvatore Cuffarò, Totò para sus amigos. La conversación fue una de las pruebas fundamentales que han permitido condenar este año a Cuffarò por complicidad con varios mafiosos que estaban bajo investigación penal.
Sin embargo, pese a esta condena, que en la actualidad está recurrida, Cuffarò logró ser elegido el mes pasado para el Senado italiano por el pequeño Partido Católico, de corte centrista.
La escucha del salón de Guttadauro, antes de que éste la desconectara, ofrece una imagen muy útil de cómo la Mafia piensa y habla de política. “Totò Cuffarò es lo mejor que podíamos pedir”, asegura el interlocutor de Guttadauro, un médico llamado Salvatore Aragona. “Confiemos en que gane la derecha”, dice Guttadauro, “Berlusconi, para resolver sus problemas, tiene que resolver también los nuestros”.
Existen buenos motivos para creer que eso es cierto. Desde que llegó al poder por primera vez en 1994, Berlusconi ha librado una campaña implacable para debilitar los poderes del aparato judicial italiano, que le ha sometido a él y a varios colaboradores suyos a diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta connivencia con la Mafia. Uno de los mejores amigos y antiguo jefe de campaña de Berlusconi, Marcello Dell’Utri, de Palermo, fue declarado culpable de esto último. Y después de que acusaran a Cuffarò de haber avisado a Guttadauro, el propio Berlusconi le llamó para mostrarle su solidaridad y decirle: “He hablado con el ministro del Interior y me ha dicho que está todo controlado”. En esa misma conversación, Cuffarò le dijo a Berlusconi: “Ya sabes que te queremos y que estás en mis oraciones cada mañana”.
Este puñado de conversaciones muestra cómo la Mafia se ha insertado en la vida política de Italia. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos sicilianos, a los que dan dinero y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado.
Aunque hay testigos que sostienen que la Mafia ha hecho un pacto con Berlusconi, y que Marcello Dell’Utri es su intermediario, no hace falta creerles para comprender que se trata, en cualquier caso, de una relación muy poco saludable. La Mafia, como dejan claras las afirmaciones del jefe Guttadauro, actúa a partir del principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tanto la Mafia como Berlusconi están librando desde hace tiempo una guerra incesante contra el aparato judicial italiano.
Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que se cometió el delito. En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a varios acusados de pertenencia al crimen organizado.
Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía italiana, “gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano”. Además, la coalición de Berlusconi está basada en una profunda contradicción. Por un lado, tiene mucha fuerza en el norte, donde está aliada al grupo autonomista Liga del Norte. Por otro, tiene mucha fuerza en el sur, donde el centro-derecha se apoya en un sistema de clientelismo que ha beneficiado enormemente a los grupos del crimen organizado. La Liga del Norte, principal ganadora en las elecciones del mes pasado, está en contra de que el dinero de los impuestos del norte se utilice para sostener un Estado de bienestar en el sur.
Otro gran tema de campaña fue el desastre de las basuras que se acumulan en las calles de Nápoles y otras ciudades cercanas. En el sur de Italia, la recogida y eliminación de basuras está en gran parte en manos del crimen organizado. Por tanto, para limpiar Nápoles, el Gobierno debe hacer frente a la Camorra, la versión napolitana de la Mafia. Y la presencia de numerosos políticos (muchos más de los que he mencionado aquí) que tienen lazos amistosos con personajes del crimen organizado sitúa al Gobierno actual en un rumbo de colisión entre el mandato de cambio que le otorgaron los electores y el arraigado sistema de clientelismo en el sur del país, del que la Mafia es un pilar fundamental.
A pesar de ello, la presencia de numerosas figuras con vínculos conocidos con el crimen organizado en la lista electoral del centro-derecha no fue un tema del que se hablara en campaña. La coalición de Berlusconi incluyó a su buen amigo Marcello Dell’Utri, pese a su condena por relaciones con la Mafia, y, en plena campaña, Dell’Utri hizo unas extrañas declaraciones en las que se refirió a un mafioso llamado Vittorio Mangano -condenado entre otras cosas por asesinato y tráfico de heroína- y le calificó de “héroe”. Dell’Utri había contratado en los años setenta a Mangano para trabajar para Berlusconi, entre otras cosas para que llevara y trajera a sus hijos del colegio. Mangano siguió en nómina incluso después de que le detuvieran y su largo historial criminal saliera a la luz. En la campaña, Dell’Utri elogió a Mangano por haberse negado a testificar contra él y contra Berlusconi y haber preferido la omertà tradicional del mafioso. Berlusconi, en vez de distanciarse de los elogios que había hecho Dell’Utri de un asesino y narcotraficante, sumó su voz a las loas del “héroe” Mangano.
El nuevo presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Renato Schifani, tuvo relaciones de negocios con dos hombres que posteriormente fueron declarados culpables de pertenencia a la Mafia, y recibió un lucrativo contrato para modificar la calificación de unos terrenos en una ciudad siciliana cuyo ayuntamiento fue disuelto en dos ocasiones por estar bajo el control de la Mafia. Sin embargo, cuando el periodista italiano Marco Travaglio mencionó estos datos -que fueron desmentidos- hace unos días en televisión, se desató el caos. Pero la ira y la indignación no se desencadenaron contra el político por sus liaisons dangereuses, sino contra el periodista y quienes le habían permitido hablar en televisión.

En busca del tiempo perdido

¿Qué tendrá este libro que le cambio la vida a 28 de 100 escritores españoles: En busca del teimpo pérdido (À la recherche du temps perdu, en francés) es una serie de novelas de Marcel Proust, escritas entre 1908 y 1922 y publicadas entre 1913 y 1927 y que consta de siete entregas, de las que las tres últimas son póstumas.

"Más que del relato de una serie determinada de acontecimientos, la obra se mete en la memoria del narrador: sus recuerdos y los vínculos que crean, de ahí que el título no sea El tiempo perdido, sino En busca del tiempo perdido:

Dice el escritor Jorge Edwards (El arte del silencio, EL PAÍS, 23/09/2006) que "En la literatura francesa se produjo a comienzos del siglo XX el gran contagio, el sarampión de Marcel Proust. Fui en mi juventud, como casi toda mi generación, un proustiano apasionado, fanatizado. Todavía releo páginas sueltas de la Recherche con frecuencia. Hace poco, a propósito de una película de mi amigo Raúl Ruiz, releí entero El tiempo recobrado. Pero no sé qué ocurriría después de una relectura atenta de toda la obra monumental. Lo que siempre tengo presente es que Proust, antes de entrar en su texto, concibió una arquitectura capaz de sostenerlo en toda su riqueza. De otro modo habría naufragado en palabras. Quizá nos toque volver pronto a los grandes maestros de la síntesis, del pensamiento concentrado, de la construcción sabia: otra vez Flaubert, otra vez Antón Chéjov y Joseph Conrad, con Borges, el inevitable Borges, a cargo del timón."

Lo comparto por este medio, son 360 páginas

http://bivir.uacj.mx/LibrosElectronicosLibres/Autores/MarcelProust/En%20busca%20del%20tiempo%20perdido%20I.pdf

Marcel Proust y su abuela

Proust y su abuela: una llamada perdida/Vicente Molina Foix.

Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 29/04/2008;

Una mañana de verano, el marqués Robert de Saint-Loup le propone un experimento a Proust (o cuando menos al narrador de En busca del tiempo perdido que esporádicamente es identificado como Marcel). Saint-Loup, que hace su milicia en la guarnición de Doncières, ha sabido del establecimiento de una línea telefónica entre esa imaginaria ciudad costera y París, y conociendo el gran amor que su joven amigo siente por su abuela, ha previsto que ésta telefonee a una hora fijada de la tarde al nieto, quien para responder a la llamada deberá esperar en la oficina de correos donde se halla el único aparato de Doncières. La conversación anhelada no se produce a la hora convenida, por distintos fallos humanos y técnicos en un servicio aún entonces, la última década del siglo XIX, tentativo y rudimentario.
Pero “como la costumbre tarda tan poco en despojar de su misterio las formas sagradas con que estamos en contacto”, el narrador y protagonista del episodio se incomoda, se decepciona, se indigna, añadiendo a su enfado esta reflexión: “Como todos ahora, no encontraba suficientemente rápida para mi gusto, en sus bruscos cambios, la admirable maravilla (féerie) a que bastan unos instantes para que aparezca a nuestro lado, invisible pero presente, el ser a quien querríamos hablar en el momento en que nuestro capricho lo ha ordenado” (cito por la traducción de Pedro Salinas).
Los caprichos que nos permite la telefonía contemporánea han evolucionado hasta un punto que ni siquiera el clarividente y ansioso Proust imaginó, aunque es de suponer que no todos ellos le habrían satisfecho. ¿Es una paradoja que la ominosa medida recientemente anunciada por Air France, permitiendo el uso del móvil dentro de sus aviones, proceda de la patria del escritor más celoso de la palabra articulada y menos vociferante del mundo?
A mí no me sorprende nada de esa compañía aérea desde que leí Lâcheté d’Air France (Cobardía de Air France), el hilarante pero demoledor panfleto del novelista y redactor de Libération Mathieu Lindon. Los abusos que denunciaba Lindon no tenían que ver con el teléfono sino con el racismo y el atropello de los derechos del usuario por él sufridos, si bien yo mismo podría aportar una pequeña lista, no tan grave, de disgustos en mis contactos con esa firma de bandera francesa que ahora se presenta como la abanderada de un acontecimiento o prodigio feérico. Nadie en Air France, ni en Emirates, Qantas o Ryanair, también a punto de introducir el móvil en el interior de sus ingenios volantes, nos habla sin embargo -como tampoco la Renfe, otra que tal- de lo que hay detrás de ese supuesto gran avance en el tejido de las comunicaciones interpersonales: la codicia avasalladora de las telefónicas que, pagando de su bolsillo (llevan en ello no menos de tres años) las investigaciones tecnológicas pertinentes, buscan, con el acuerdo tácito y tal vez comprado de las compañías aéreas y ferroviarias, lo que casi toda empresa persigue, enriquecerse sin mirar a quién, o mirando sólo a su propio provecho.
En este caso, y salvando las distancias que llevan de lo contingente a lo trascendente, yo hablaría de una invasión (como la de Irak) motivada por los intereses comerciales de unos pocos, la complicidad de los muchos y el daño colateral de unas víctimas sacrificadas en el cruce de fuego entre el lucro y la grosería.
Porque, naturalmente, el dicho inglés, como casi todos los dichos, lleva razón: “It takes two to tango”, el tango no se baila sin el otro, del mismo modo que no hay invasora conversación telefónica sin la persona, hombre o mujer, dispuesta a ponerse a hablar por el móvil en cualquier lugar donde le dejen. Así que, podrían argüir Air France, la Renfe y todas las demás empresas que se apresuran a ofrecernos esta comodidad en sus aviones y trenes, ellos sólo facilitan un servicio, recayendo la culpa en quien hace uso indebido de la misma.
El argumento es falaz, y se estrella contra la evidencia más palmaria de la realidad cotidiana, en la que la inmensa mayoría de viajeros con posibilidad de hacerlo habla constantemente a voz en grito y recibe llamadas timbradísimas sin moverse de su asiento, situado junto al de quienes no hemos comprado, con el precio del billete, la obligación de dejarnos atronar por una melopea (o melonada) telefónica a menudo convertida en el disco rayado de un dignatario mandón o una señora recién enviudada que recibe condolencias. Y digo posibilidad porque hasta hace no mucho en los trenes españoles se aconsejaba hablar sólo en las plataformas, e incluso llegó el AVE a no dar “permiso” para hacerlo en el interior de los convoyes; muy pocos hacían caso de esas normas anunciadas por altavoz al iniciarse el viaje, algún damnificado protestó, y ahora, para evitar el derramamiento de sangre, se ha establecido la permisividad desenfrenada.
Estos desgañitados del tren (y pronto del avión) son, sin embargo, no me cabe duda, personas honradas, honestos padres de familia, ejecutivas competentes, abuelas compasivas que llaman a sus nietecitos igualmente dotados del aparato para desearles suerte en el examen de Lengua. Pero también eran buena gente los que, cuando no había prohibición y, sobre todo, no había castigo, se tomaban unas copas antes de conducir su coche, o se fumaban un puro (en España se sigue haciendo con bastante facilidad) encima del chuletón del vecino de mesa, o, amantes del mar sin aglomeraciones, edificaban en una pequeña cala protegida o, románticos de la picaresca, se saltaban la entrada al metro sin pagar el billete o compraban, compran, la versión pirata fraudulenta de una película en cartel no sólo porque cuesta menos sino “por joder a las multinacionales”.
Únicamente las medidas coactivas podrán, como en esos ilegales casos citados, impedir la proliferación de la que para mí, y ojalá que para muchos más (e interprétese esto, por favor, como una llamada de alistamiento a la resistencia pasiva y, si se hace preciso, a las barricadas), constituye una de las prácticas más desvergonzadas, odiosas y agresivas de la vida social, en breve extensible al reducto aéreo que quedaba libre del telefonazo del telefonino.
La Comunidad Europea, que inspecciona con su aparatosa burocracia las minucias del envasado de la horchata valenciana y el delicioso aguardiente producido por los alambiques caseros de Extremadura o Galicia, ya ha dado a conocer que en el asunto de esta violación acústica del espacio común no va a intervenir, dejándolo al arbitrio, sabidamente interesado, de las compinchadas compañías aéreas y telefónicas. Como pudo verse en asuntos de mucha mayor gravedad, por ejemplo la vigilancia marítima del tráfico criminal de pateras entre África y Europa, la lacheté de Air France se queda corta al lado de la cobarde ineficiencia de Bruselas.
Me temo que Gran Bretaña, tan desconfiada de sus socios comunitarios, es en este caso de un rigor ejemplar, llevándonos una gran ventaja civil: en sus ferrocarriles ya existe la discriminación positiva, gracias a lo que, en un eufemismo de fino humor británico, denominan entertainment-free carriage, es decir, vagones desprovistos del pelmazo entretenimiento que a la fuerza imponen los esclavos del Wi-Fi, los jueguecitos electrónicos y las llamadas de móvil. En estas quiet zones (algún otro país nórdico las tiene instauradas) uno puede pensar, dormitar, leer incluso a Proust sin las interferencias del griterío (”¡abuela, abuela!”, “¡escucho!”, “¡háblame!”) que el Marcel muchacho tuvo que proferir en aquella llamada perdida de Doncières. El día de verano en que, víctima de las Furias del teléfono o Danaides de lo invisible que “se transmiten las urnas de los sonidos”, cuelga al fin -elevando el tono de heroica guasa de su relato- el aparato receptor jocosamente calificado de tronçon sonore: el tarugo sonoro.

Por el voto religioso

Barack Obama y John McCain se abrazaron, se dieron la mano en dos ocasiones y compartieron sus ideas sobre su fe durante un foro televisado de dos horas en el que ambos buscaron apelar a los votantes evangélicos.
Ambos candidatos conversaron brevemente ayer en la escena en un paréntesis entre sus presentaciones separadas durante el foro, del que fue anfitrión el ministro Rick Warren en su aiglesia en el condado Orange de California.
Ambos candidatos presidenciales buscaban demostrar que su moral, su fe y sus creencias merecen el voto evangélico, crucial en las elecciones estadounidenses.

El País, publica e siguiente reportaje:

El voto de la religión sí importa
MÓNICA C. BELAZA - Washington

Publicado en El País (www.elpaís.com), 18/08/2008;

La religión en Estados Unidos importa. Tanto, que los votantes quieren tener claras las cuestiones de fe de los candidatos a la presidencia antes de acudir a las urnas. Así que sobre la fe y otros espinosos temas morales hablaron la noche del sábado el demócrata Barack Obama, de quien algunos sectores ultraconservadores han dicho en las últimas semanas que es musulmán, y el republicano John McCain. La cita era con el reverendo Rick Warren en su macroiglesia de Saddleback (Orange County, California), ante un auditorio de 2,200 personas en una de las regiones más conservadoras del país. Hablaron por separado, durante una hora cada uno, con el pastor evangélico. Cuando entraba McCain y salía Obama se saludaron con un afable apretón de manos y un leve abrazo: era su primera comparecencia conjunta en la campaña.

No lo tenía fácil Barack Obama para ganarse la simpatía del público de la iglesia del reverendo Warren ni del electorado conservador evangélico en general. Sus opiniones sobre el aborto, las células madre o los jueces conservadores del Tribunal Supremo le hacían salir en una posición de desventaja absoluta. Y, sin embargo, el candidato demócrata pareció cómodo en sus respuestas, muchas de las cuáles fueron muy aplaudidas por la concurrencia.
Obama no parece tener problema alguno para hablar de su experiencia religiosa, de su fe cristiana o de su relación con Dios, y ante las preguntas más complicadas, acudió a los matices, a la complejidad de los problemas. Sobre el aborto, por ejemplo, a pesar de manifestarse a favor con limitaciones- y de decir que él no podía determinar cuándo un feto empieza a tener derechos, hizo hincapié en la necesidad de controlar los embarazos no deseados, algo por lo que, a su juicio, George Bush no ha hecho nada durante sus ocho años de mandato.
El veterano senador por Arizona, John McCain, tenía otra misión: despejar dudas sobre su compromiso con los valores cristianos. Al contrario que Obama, McCain no parece encontrarse del todo a gusto cuando habla de su propia fe, pero el sábado ejecutó a la perfección su tarea: dio respuestas claras, concisas y sin matices. Respondió, ante las preguntas de Rick Warren, precisamente lo que el auditorio quería oír de un candidato republicano, y obtuvo encendidos aplausos.
¿Cuándo empieza la vida de un niño? "En el momento de la concepción", dijo. ¿Cuál es su posición sobre el aborto? "Seré un presidente pro-vida". ¿Qué es el matrimonio? "Una unión entre un hombre y una mujer". A esta última pregunta el candidato demócrata había respondido lo mismo, pero, una vez más, con matices: pronunciándose a favor de las uniones civiles para no restringir derechos, para que un homosexual pueda visitar a su pareja en el hospital, por ejemplo. El único tema en el que McCain no satisfizo enteramente a su público fue el de las células madre, cuando reconoció estar a favor de que se investigue con ellas.
Pero los candidatos no sólo hablaron de cuestiones sobre las que hay que legislar. El encuentro fue también una especie de confesionario en el que definir su relación con Dios y reconocer algunos pecados. Ambos fueron preguntados sobre su mayor fracaso moral. Obama se arrepintió de haber tomado alcohol y drogas en su juventud, lo que achacó al egoísmo propio de esa edad. McCain lo que más lamentó fue no haber conseguido llevar adelante su primer matrimonio, tema que raramente aborda.
También tuvieron que pronunciarse sobre el "demonio". Sobre si existe o no. Y sus respuestas fueron muy reveladoras. Obama dijo verlo en el conflicto de Darfur pero también en las calles de las ciudades norteamericanas. Dijo que había que atacar al mal con toda la fuerza, siendo "soldados de Dios", pero también con humildad, sabiendo que el ser humano no conseguiría erradicarlo de la faz de la tierra. McCain, una vez más, fue contundente y conciso. Con un gesto de extrema gravedad afirmó que se puede derrotar al demonio, encarnado ahora en la figura de Osama bin Laden, y que él sabía cómo hacerlo. En un discurso no muy lejano del que sostiene el actual presidente, George Bush, el "mal" está, fundamentalmente, fuera de las fronteras del país. Las referencias a la Seguridad Nacional fueron una constante a lo largo de la intervención del candidato republicano.
La actitud de ambos fue muy distinta. Mientras Obama conversaba con Warren -un conocido pastor con ventas millonarias de libros- y se dirigía a él mirándole a los ojos, McCain hablaba para el público, miraba a los electores, a sus electores. Para acercarse a ellos el candidato republicano usó las historias, las anécdotas personales, su pasado como veterano de Vietnam, las torturas sufridas y cómo la fe le ayudó a sobrellevarlas. Habló más de su espiritualidad de lo que lo había hecho hasta ahora. Y, en un país que ama la narración de historias como pocos, le funcionó.
El 78% de los conservadores evangélicos apoyaron a Bush en 2004. Que ahora voten a alguien como Obama es más que improbable y esas eran las bases del encuentro del sábado. Pero los analistas, que coinciden en el buen papel que hizo McCain convenciendo a los suyos de la firmeza de sus principios conservadores, señalan también que un Obama tranquilo y moderado ha logrado, al menos, dejar claro que no es un radical de izquierdas sino un cristiano consciente de los dilemas morales que, en este país especialmente, deben resolverse cuando se hace política. Y eso ya es bastante, especialmente en un momento en el que las encuestas ven una cierta indecisión en los jóvenes evangélicos, que podrían dejar, por primera vez, de votar casi unánimemente al partido republicano.

Palabras, palabras, palabras

La dictadura de los peinadores/Jesús Silva-Herzog Márquez

Publicado en Reforma (www.reforma.com), 18/08/2008;

Mientras el Estado se desmorona, los gobernantes se polvean la frente, se peinan y se miran al espejo. ¿Combina bien la corbata con la camisa? ¿Proyecta el mensaje correcto el traje oscuro? Al tiempo que la delincuencia esparce sangre y espanto, los políticos se encierran en un búnker equipado de cremas, peines y pomadas. La información afuera es gravísima. Los índices de violencia se acercan a las mediciones de los países en guerra. La desconfianza alcanza extremos alarmantes. Se cree que los gobiernos han perdido las riendas y que la batalla la van ganando los delincuentes. No es extraño que así sea. Todos los días nos cala la información de la muerte y todos los días nos salpican las revelaciones de complicidad entre la delincuencia y nuestros guardias. Pero los gobernantes están en el camerino. Se ven al espejo y retocan su peinado. La cosmetología acude al rescate del Estado. Dentro de unos minutos saldrán a dar una conferencia de prensa y revisan las frases del discurso y la carita con la que pronunciarán las frases de la indignación. ¡Cuánta indignación cabe en el poder público en estos días! Los gobernantes aparecen como almacenes de la rabia popular: recogen la indignación de la gente, la comparten, la respaldan, se solidarizan con ella y la apoyan. Secundan la indignación aplicándose una maravillosa crema para reducir las ojeras.

La crisis de Estado es, para la clase política, problema de imagen. Pegada a las encuestas, se percata de que nada hay tan devastador para su popularidad que esta sensación de que las cosas han salido de curso y que el gobierno es incapaz de ofrecer las mínimas condiciones de seguridad. En unos cuantos días sus respaldos se han venido a los suelos y responden aumentando el maquillaje y cortándose el pelo. Ensayan nuevos parlamentos que apelan a una vaga unidad e insisten en el respaldo emocional. Palabras, palabras y muecas. El escape emocional de las autoridades es, desde luego, una artimaña oportunista. El vigilante, lejos de reconocer su distracción, su falla o, incluso, su complicidad, se disfraza como si fuera otra víctima más. Los bomberos que no han sabido apagar el fuego declaran que se sienten ofendidos por el crimen del pirómano. Nos solidarizamos con el dolor de quienes perdieron su casa. No apagamos el incendio pero estamos tan indignados como ustedes.

Hay una novedad en esta emergencia de seguridad: no hay un solo responsable, un actor único que pudiera cargar con la crisis. Nadie tiene el monopolio de la culpa ni el monopolio de la solución. No hay espectadores que puedan sacar ventaja de un problema ajeno. Ésta es, sin lugar a duda, una crisis nacional: todos los partidos, todos los gobiernos son vapuleados por la delincuencia. Habría por ello una cierta ventaja en esta hora dramática. La sensatez más elemental advertiría que es absurdo partidizar la crisis y esperar a que destruya al enemigo. Si el enemigo encalla, encallamos todos. Esta crisis que golpea al gobierno federal y a los gobiernos locales; que azota administraciones panistas, perredistas y priistas; esta crisis enredada por complicidades priistas, panistas y perredistas tiene que ser encarada por todas las fuerzas. Si hay necesidad en el país de una coincidencia de todas las persuasiones políticas es precisamente en este terreno. Todos requerimos la plataforma común del Estado.

La reconstitución del Estado supone tres objetivos indispensables: recuperar el control territorial en el país; garantizar la seguridad de los ciudadanos y cultivar su confianza. Ninguno de estos propósitos puede lograrse en el clima de faccionalismo que vivimos. Si en muchas otras materias puede haber sanas discrepancias, en este ámbito es necesario conseguir la unidad. No creo necesario el consenso en materia energética, ni en asuntos de política económica o en materia internacional, pero la pavimentación del Estado no tolera las hendiduras de la política facciosa. Si la clase política mexicana (subrayo en este terreno su imbricada e involuntaria unidad) resulta finalmente incapaz de poner un alto a la crisis de seguridad pagará en bloque las consecuencias. De ahí que la más elemental pista de sobrevivencia debe apuntar la necesidad de abrir un paréntesis de cohesión política nacional en el reino del faccionalismo.

Pero la clase política no se remanga la camisa para actuar en concierto. Sigue peinándose, ensayando declaraciones, pronunciando discursos y disparando ocurrencias. Un populista declara que hay que aumentar las penas. Cadena perpetua para los criminales desalmados, dice, como si una pena mayor resolviera algo en el paraíso de la impunidad. El clientelista sugiere la formación de cientos de comités de autodefensa: núcleos vecinales encargados de la seguridad pública, diluyendo la intransferible responsabilidad del orden estatal. Todos se disfrazan de generales y de policías, cierran el puño, dicen ya basta, fruncen el ceño y levantan la voz. Cada una de estas reacciones expresa la miopía de una clase política obsesionada por su imagen, incapaz de encarar una verdadera crisis de Estado. Mientras ellos sigan en el camerino, sometidos a la dictadura de sus peinadores, seguiremos en la intemperie. La política de seguridad de los gobiernos mexicanos ha sido dominio de los frívolos asesores de imagen. Es tiempo de que aparezcan gobernantes desmaquillados pero eficaces. Si se percatan de que no es tiempo de cuidar la corbata, si escapan de la inercia partidista, si ponen fin al faccionalismo, podrían colaborar en la reconstitución del Estado.

http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/

Los primero días de Fernado Lugo

El presidente paraguayo Fernando Lugo puso en marcha la primera semana de su mandato con la firma de sus primeros 100 decretos para el nombramiento de ministros y autorizando, prioritariamente, la compra de medicamentos para hospitales públicos y la asistencia alimenticia en poblaciones rurales pobres y comunidades indígenas en situación de miseria.
Augusto Dos Santos, vocero del palacio de Gobierno, comentó que "no existe una gaceta oficial, por tanto, se retrasa la difusión de los decretos, pero si la prensa nos da una semana de tiempo, nos organizaremos y abriremos la página Informaciones Paraguay (IP) en la internet''.

Bajas en el Ejército por el combate al narco

Guerra antidrogas deja 564 bajas en el Ejército
Reportaje de Jorge Alejandro Medellín y Silvia Otero

El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/) 18 de agosto de 2008;

Del 1 de diciembre de 2006 a la fecha han muerto 14 oficiales, tres jefes y 43 de tropa
El Ejército mexicano perdió a 564 elementos en la lucha antidrogas en las últimas tres décadas, 60 de los cuales murieron en lo que va de la administración calderonista.
EL UNIVERSAL solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) datos actualizados en torno de las bajas sufridas por el Ejército en el combate a los cárteles de la droga. La Defensa Nacional señala en su respuesta que han fallecido en acciones contra cárteles de las drogas dos generales, 16 jefes, 103 oficiales y 442 elementos de tropa.
Sin embargo, esa cifra de 563 militares reportados por la Sedena se incrementó, luego del reciente fallecimiento de un elemento más en un enfrentamiento en Aguascalientes, durante una balacera en la que fallecieron otras dos personas.
De las 60 bajas reportadas en los 20 meses de la presente administración, más de la mitad eran soldados y cabos, jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, que no tenían más de cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas, y en seis casos no tenían siquiera más de 12 meses de haber ingresado a la milicia.
Sus nombres están hoy en la lista de las vidas que el presidente Felipe Calderón advirtió que costaría la ofensiva que emprendió el Estado en contra de los cárteles.
El reporte de la Sedena revela que los 60 elementos fallecidos en operaciones antidrogas son la mitad de las bajas que sufrió el Ejército en esta lucha durante el sexenio foxista, en el que 123 efectivos perdieron la vida.
Del 1 de diciembre de 2006 y hasta la fecha han muerto 14 oficiales, 43 elementos de tropa y tres jefes de alto rango: el mayor Luis Ramírez Herrera y los coroneles Antioco Hernández Morales y Fortino Castillo León.
Emboscadas, enfrentamientos con sicarios y accidentes aéreos han sido las principales causas de estas bajas, de las que 33 fueron de tropa integrada por jóvenes no mayores de 25 años de edad, con menos de cinco años en filas castrenses. Oaxaca, Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí han sido escenario de estas muertes.
Mueren en servicio
El documento de la Sedena revela que 24 de los decesos se registraron durante operaciones antinarcóticos en accidentes aéreos, aunque no se detallan las causas del desplome de las aeronaves en las que iba el personal, si fueron provocadas o por fallas mecánicas.
El mayor número de muertes por esta causa, con 12 bajas, se produjo el 18 de abril pasado ante el desplome de un helicóptero en Uruapan, Michoacán.
Otros 17 militares, de acuerdo con el informe de la Sedena, murieron por agresiones armadas. El mayor número de decesos durante enfrentamientos se registró en Michoacán y Sinaloa, bastiones de los cárteles del Golfo y de Joaquín El Chapo Guzmán, donde hubo 11 bajas del Ejército mexicano.
Además, la Secretaría de la Defensa dio a conocer que de diciembre de 2000 a junio de 2008, el Ejército mexicano perdió 109 armas de fuego en operaciones antinarcotráfico.
Esto ha significado la pérdida de 365 mil 259 pesos con 61 centavos, señala la Sedena en respuesta a una solicitud de información pública formulada por este diario.
La Sedena reconoce que no cuenta con datos de 2000 a 2007 sobre el número de vehículos del Ejército dañados en la lucha contra los cárteles de la droga.
Indica que sólo tiene datos del periodo enero-junio de 2008, lapso en el cual 28 vehículos han sido dañados en operaciones y enfrentamientos contra narcotraficantes.
A partir de agosto de 2007, señala la Sedena, “entró en vigor la póliza de seguro de vehículos terrestres de esta secretaría, y desde enero de 2008 se han pagado 4 mil pesos por cada siniestro como deducible a la empresa ABA Seguros, que ampara el parque vehicular militar”.
De acuerdo con los datos de la Sedena, se han pagado, entre enero y junio de este año, 112 mil pesos por los daños sufridos en 28 vehículos militares.

Comentario:

El General Secretario de la Defensa Nacional Gerardo Clemente Vega, en una reunión con la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, dio en septiembre de 2005 los siguientes datos duros.

La Secretaría de la Defensa dijo, cuenta con:

1,109 instalaciones incluidas 75 dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional;

294 aviones, 114 helicópteros, 14, 240 vehículos automotores, 1,009 vehículos blindados, 267 embarcaciones y 69 unidades ferroviarias, lo que nos da un total de 15, 585 vehículos.

Se cuenta con un total de 303 mil 920 piezas de armamento;

Además de 293 planteles educativos y 38 planteles de la Universidad y Fuerzas Armadas en todo el país; en total 194,143 militares en activo y casi 40 mil en retiro.

Senado apoya reunión del CNSP

Apoya Senado Acuerdo Nacional para la Seguridad y Legalidad
Nota de Arturo Zárate Vite

El Universal on line, Ciudad de México Lunes 18 de agosto de 2008; 16:18 horas

Acudirá Santiago Creel a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad programada para el próximo jueves en Segob
La Junta de Coordinación Política del Senado decidió por unanimidad apoyar el Acuerdo Nacional para la Seguridad y Legalidad.
Con ese mandato acudirá Santiago Creel, presidente de la mesa directiva del Senado, a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad programada para el próximo jueves en la Secretaría de Gobernación.
El propio senador panista informó que este fue el consenso de hoy de los coordinadores parlamentarios que integran la junta.
Además, se convino en destacar el compromiso del poder legislativo de llevar a cabo las reformas que tiene pendientes en materia de justicia.
Carlos Navarrete, del PRD, también informó que analizaron el tema del informe presidencial, pero que los detalles no se harían públicos en tanto no se discutan con los diputados.
mdz/grg

Mouriño sale en defensa del gobierno

Critica Mouriño se pretenda 'lucrar políticamente' con el tema de la seguridad

En clara respuesta al coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones quien e una entrevista hizo un severa crítica al gobierno del Presidente Calderón.

Este lunes el Secretario Mouriño envio el siguiente mensaje:

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradezco mucho su presencia en esta conferencia.
Ante el justo reclamo ciudadano de contar con mayor seguridad en el país, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón encabeza una estrategia integral para combatir al crimen organizado.
Es una estrategia de amplio alcance que rendirá sus frutos si somos capaces de coordinarnos mejor, sin perder de vista el objetivo: recuperar para cada familia de mexicanos la paz, la seguridad y la tranquilidad que nos demanda.
El Gobierno asumió desde el primer día su responsabilidad. Para ello empleó toda la fuerza con la que cuenta el Estado mexicano, al tiempo en que se inició un proceso de fortalecimiento estructural de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de actualización del marco jurídico que regula su acción.
El Ejecutivo Federal no elude su responsabilidad y, por el contrario, seguirá haciendo frente, hasta el último día de su Administración, al más sentido reclamo de la sociedad que es la inseguridad.
Como toda estrategia en proceso, para su éxito es indispensable realizar una evaluación permanente de la misma, así como estar atentos a las aportaciones de otros actores y de la sociedad para su fortalecimiento.
Es claro que una necesidad manifiesta, para ser más efectivos en la lucha, es una mejor coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y entre los Poderes del Estado mexicano.
En este punto han hecho énfasis importante las organizaciones de la sociedad civil.
El Gobierno del Presidente Calderón está consciente de lo que está ocurriendo en el país y es sensible a lo expresado por la sociedad. Es por ello que se convocó al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Lo importante, en estos días previos al Consejo y durante la realización del mismo, es no caer en la provocación de quienes quieren lucrar políticamente con este tema.
En materia de seguridad no debe existir ideología o militancia partidista que se anteponga al justo reclamo de la sociedad, misma que nos exige ponernos de acuerdo, trabajar de manera coordinada y asumir compromisos concretos para dar resultados.
El Jefe del Estado mexicano está listo para acudir al Consejo en un ánimo consultivo, de colaboración y de acuerdo.
Para el Gobierno del Presidente Calderón este tema seguirá siendo el de la más alta prioridad y en función de ello seguiremos asumiendo, como hasta ahora y a plenitud, la responsabilidad de nuestra competencia.
Estamos seguros que lo mismo harán los demás actores convocados al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este es un momento trascendente para el país. No tengamos la menor duda que tomando las decisiones que nos corresponden, sociedad y gobierno habremos de superar los desafíos que enfrentamos.
El Gobierno de la República reitera que no descansará ni un minuto en esta lucha.
Muchas gracias.

***

Defiende Creel gestión en seguridad de Calderón
Nota Arturo Zárate Vite, El Universal on line, 18 de agosto de 2008;

El senador Santiago Creel, rechazó las críticas que el priísta Manlio Fabio Beltrones le hizo al gobierno del presidente Calderón por la falta de una estrategia para combatir la delincuencia organizada.
Según Creel, sí hay una estrategia y es integral, que incluye una reforma legislativa en materia judicial, propuesta por el mismo jefe de la nación al Congreso de la Unión.
Para el panista está claro que el presidente es el promotor de esa reforma constitucional y que ahora deberán trabajar los diputados y senadores para hacer los cambios que hacen falta en las leyes secundarias.
Creel no aceptó la afirmación de Beltrones de que el presidente Calderón ha actuado irresponsablemente ante la crisis de seguridad que vive el país y no reconoce que su sistema de procuración de justicia es un fracaso.

En contraste, el senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del PRD, estuvo de acuerdo con lo expresado por Beltrones.

Calderón falló en seguridad: Manlio

La crítica del PRI al gobierno del Presidente Calderón.

Ayer, fue Beatriz Paredes, hoy César Camacho y Manlio, y los que se sumen.

Calderón falló en seguridad: Manlio (Fabio Beltrones)
Salvador García Soto/Entrevista.

El Universal Pp,, Lunes 18 de agosto de 2008
Lo acusa de no tener una estrategia y de gobernar con encuestas como Fox
El presidente Felipe Calderón ha actuado “irresponsablemente ante la crisis de seguridad que vive el país y no reconoce que su sistema de procuración de justicia es un fracaso”, aseguró Manlio Fabio Beltrones.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que Calderón no tiene estrategia y que sus respuestas —como la cadena perpetua— ante la “crisis grave” por el disparo en secuestros y la violencia del narco, son “mediáticas y simplistas”.
“Se parece a Vicente Fox al gobernar con encuestas”, sentenció.
Vislumbró que en México estamos a punto de conformar la “tormenta perfecta” con riesgos mayores a los del fatídico 1994.
Advirtió que esta catástrofe atrae el riesgo de que la impunidad se imponga sobre la falta de estrategias contra la delincuencia, que las diferencias sociales se agraven por la falta de una política social contra la pobreza, que la única respuesta al narco siga siendo el Ejército en las calles y que la falta de ideas de este gobierno disminuya la gobernabilidad.
El senador priísta reconoce que el fracaso en seguridad viene de tiempo atrás, pero que antes, en el ejercicio de partido casi único gobernando “funcionaba mejor, porque el gobernante en turno, me refiero al priísta, te decía: ‘Sí, yo asumo mi responsabilidad’. (...) Ahora se acuñó la frase: ‘Y yo por qué’”.
Para solucionar el problema habló de crear una ley antisecuestro y la existencia de un gobierno de gabinete: “Quiero que en el futuro no vayamos a tener, como hoy, un gobierno de cuates, de compadres, de amigos ineficaces, poco talentosos y nada preparados para gobernar este país”, afirmó.

Para ver la entrevista en vídeo_

http://www.eluniversal.com.mx/primera/31492.html

***
Nota de Érika Hernández para Reforma, (18-Ago-2008).-
El incremento de los plagios es México se debe a que el Sistema Nacional de Seguridad no ha terminado de "cuajar", e impera la descoordinación y el desorden entre los cuerpos policiacos encargados de combatir ese delito: César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

"Hay descoordinación, el asunto está en que las Policías siguen trabajando de manera aislada, hay un terrible desorden y existe una multiplicidad de corporaciones que genera descontrol", El Sistema Nacional de Seguridad, añadió, sólo sirve para distribuir recursos, y no para la armonización del trabajo operativo de las corporaciones policíacas, por lo que debe cambiar su diseño.
"Hay que robustecer el sistema de seguridad, hacer que efectivamente surja como una instancia donde no hay supremacía, sino una especie de bisagra que hace que haya armonía entre las corporaciones", dijo.

El priista indicó que la efectividad no depende de la legislación ni de cumbres o pactos entre las autoridades involucradas, sino de la voluntad para cumplir una obligación constitucional que es dar resultados.

Camacho afirmó que los Gobiernos han centrado su política de seguridad en la compra de armamento y contratación de policías, por lo que no existe un denominador común en la política pública relacionada con la seguridad pública.

***

Ayer, la dirigente nacional del PR), Beatriz Paredes Rangel, acusó al presidente Felipe Calderón de pretender "lavarse las manos" en el combate contra la delincuencia organizada.
Entrevistada durante los trabajos de la XX Asamblea del PRI-Estatal, realizada en el puerto de Veracruz, recordó que el crimen organizado y el narcotráfico son problemas que debe atender directamente la federación y no municipios o los estados.
“Rechazamos que el gobierno federal se lave las manos y pretenda hacer creer que el tema del crimen organizado y del narcotráfico es un tema que corresponde a los gobiernos de los estados y municipios”, destacó.
De tal forma que criticó el llamado que hizo Calderón Hinojosa a municipios y estados para sumarse a la lucha contra el crimen organizado, pues -dijo- sólo es una estrategia para lavarse las manos y evadir sus responsabilidades.
“Consideramos que es fundamental que en el país haya colaboración y concurrencia para resolver este problema en beneficio de la ciudadanía, pero que cada nivel de gobierno debe asumir su responsabilidad y ningún partido debe sacar raja política”, agregó.
Destacó la necesidad de no tratar el asunto de la inseguridad con propósitos electorales, pues recordó que los altos niveles de inseguridad son una preocupación de toda la sociedad.
“Nosotros creemos que es fundamental que en todos los niveles de gobierno se asuman las responsabilidades que corresponden en materia de política de inseguridad, y que este es un asunto que no debe tener propósitos electorales, es una preocupación de toda la sociedad, a la sociedad de la certidumbre de su tranquilidad, su confianza, su seguridad, es lo que le importa, no ve partidos politices en eso”, manifestó. (El Universal on line).

La muerte de un niño

Columna Bucareli 18/Jacobo Zabludovsky

Publicado en El Universal (www.eluniversal.com.mx) 18 de agosto de 2008
La muerte de un niño
El único antecedente de un secuestro infantil en México con efectos traumáticos en el ánimo popular comparables al causado por el de Fernando Martí, ocurrió el 4 de octubre de 1945, cuando a las puertas de su casa en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, desapareció, en un descuido de su madre, Fernando (también) Bohigas de dos años y medio.
El comandante Jesús Galindo, jefe del Servicio Secreto, recibió la denuncia de los padres y repartió ese día fotos del niño en todo el país, Guatemala y Estados Unidos. Las estaciones de radio pidieron la colaboración del público y los periódicos dedicaron las cabezas de sus primeras planas a informar del asunto.
El robo de niños traía de cabeza a la policía por su frecuencia y el fracaso de las investigaciones.
El secuestro duró seis meses, mismos en que la noticia se mantuvo en el primer lugar del interés general.
El comandante Galindo siguió una pista que lo llevó a la colonia Moctezuma y rescató vivo al niño, secuestrado por una señora que no podía tenerlos. La mujer confesó, Fernando volvió con sus padres, el comandante Galindo se colgó la medalla y Salvador Novo escribió: “El caso del niño Bohigas que trae tan excitados a los periódicos, me parece incompletamente abordado por cuantos apresuran su opinión al respecto. No ven más que: a) algunos la final eficacia de la Policía: b) otros, la beatífica, cinematográfica dicha de los padres que lo recuperaron”. Y colorín, colorado.
Muy distinto el final del actual secuestro, porque otros fueron los motivos y diferentes las consecuencias: en el caso Bohigas, gratas para todos, excepto para la secuestradora que pagó su delito en la cárcel; en el caso Martí, la tragedia familiar y una conmoción social que unifica, por primera vez en mucho tiempo, a todos los mexicanos indignados, temerosos, decepcionados de sus dizque autoridades que, desorientadas y a la deriva, buscan soluciones en el cajón de sastre donde cayeron los fracasos de sus antecesores.
Nunca se ha visto en México tal desconcierto de los gobiernos federal y capitalino, ni tantos boticarios ofreciendo remedios infalibles. Cuánta ineptitud allá arriba y cuántos sabios a nuestro nivel. Mientras en lo alto no saben ni por dónde pita el tren, en lo bajo recuerdan el capítulo aquel del Quijote en el que uno y otro se confunden con sus rebuznos.
Una organización llamada Iluminemos México convocó a una manifestación callejera para el 30 de agosto y causó alarma tanto en el Zócalo como en Los Pinos. La primera reacción de los achichincles fue comprar las pilas que sus jefes desde hace tanto tiempo necesitan con urgencia. Cuando la lumbre les llegó a los aparejos, rescataron viejas propuestas de pánico como aumentar las penas de cárcel o cambiarles el nombre a grupos de policías delincuentes, ineficientes y corruptos. Vieron que la paciencia ha llegado a un límite y que darnos atole con el dedo o dorarnos la píldora ya no son conductas sensatas. El Presidente de la República, el jefe del Distrito Federal, los gobernadores de los estados y otros funcionarios y representantes de grupos dentro y fuera de la burocracia, van a buscar soluciones a un problema complejo y luego, sobre todo, a vigilar que lo acordado se cumpla.
No es tarea fácil. Al empezar a hurgar, abrir y destapar para reconstruir desde abajo, puede ocurrir lo que en los establos de Augías, que no se habían limpiado durante 30 años y la basura casi cubría a los 3 mil animales, bueyes por cierto. Se necesitaría que Hércules volviera para quitar la inmundicia y, de paso, escabecharse al perverso Augías y a sus dos hijos. Soñar no cuesta nada.
La prosaica realidad nos muestra la clase de establo en que vivimos los mexicanos. La mitología no vendrá en nuestra ayuda. Es distinto el tamaño de los protagonistas, empeñados los nuestros en ser los primeros en fijar fechas, convocar juntas, escoger lugares, listar invitados, decidir si se saludan o no, si se sientan juntos, si se toman la foto, si se pasan el chicle. Como si algo de eso o todo junto tuviera maldita importancia. Por fin, será el jueves.
La muerte de un niño viene a confirmar, por si alguien dudara, que no estamos preparados para enfrentar los problemas de fondo en México. Improvisamos de acuerdo al escape clásico del relajo mexicano: la frase oportuna, nunca el análisis de fondo. Otra vez lo mismo. Este jueves, o el otro. Este palacio o el otro. Estas conclusiones o las que sean. La experiencia nos agobia con la convicción de que todo se repetirá, seguirá igual. Los convocados se felicitarán con la satisfacción de quien ha cumplido su deber.
Sobre la pequeña lápida pondrán otra.

La de Creel, una de las perores masacres

Dan el tiro de gracia a un bebé de un año
Carlos Coria, reportero.

Nota de Excelsior (www.exonline.com.mx), 18 de agosto de 2008;
El Ejército implementó un operativo especial para buscar a los autores de la masacre en Bocoyna

CREEL, Chih.— Los 13 ejecutados el sábado cuando iban a una fiesta recibieron el tiro de gracia, incluido un niño de apenas un año de edad. Once de los asesinados eran jóvenes estudiantes y el otro era su maestro, que al momento de ser acribillados con armas AK-47 tenía a su hijo en brazos. Para los elementos de las policías municipal y estatal, e incluso del Ejército, ésta ha sido una de las peores masacres que ha vivido la entidad, dentro de la guerra que se libra contra el crimen organizado.
Autoridades desplegaron un operativo por aire y tierra con 300 elementos de seguridad. Ante la gravedad de los hechos, la procuradora de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, se trasladó en helicóptero a este pintoresco poblado del municipio de Bocoyna, enclavado en plena Sierra Madre Occidental.

La matanza tuvo lugar entre las 17:00 y las 18:00 horas del pasado sábado, en las afueras de un salón de fiestas en la calle Uki, de la colonia Profortarah, donde casi una veintena de jóvenes se divertían bebiendo cerveza y jugando a las carreras bajo la lluvia, antes de irse a festejar a una quinceañera.
El director del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Saúl Hernández, manifestó su indignación por la masacre, “estos cabrones ya se salieron...”, expresó. Ante la gravedad de los hechos, la procuradora de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, se trasladó en helicóptero al poblado de Creel, en el municipio de Bocoyna, enclavado en plena Sierra Madre Occidental. Los asesinatos tuvieron lugar entre las 17:00 y las 18:00 horas del sábado, en las afueras de un salón de fiestas, en la calle Uki, de la colonia Profortarah, donde casi una veintena de jóvenes se divertía bebiendo cerveza, jugando a las carreras bajo la lluvia, antes de irse a festejar a una quinceañera.
Al lugar llegaron tres camionetas tipo Suburban, de las cuales descendieron varios hombres, quienes acribillaron a los jóvenes y al maestro junto con su bebé en brazos, y les dieron a todos el tiro de gracia. El resto alcanzó a huir. El hecho consternó a la población, sobre todo al conocerse que uno de los ejecutados, el profesor Édgar Alfredo Loya Ochoa, no soltó de los brazos a su hijo Édgar Arnoldo cuando recibieron los disparos, por lo que ambos murieron abrazados. Esto ocasionó que sus familiares decidieran sepultarlos en el mismo féretro, justo como murieron, uno junto a otro, el padre protegiendo a su hijo.
La tragedia alcanzó al presidente seccional de Creel, Eliseo Moya Ochoa, ya que en la masacre fueron asesinados su hijo, su hermano y su sobrino. Un día después de la masacre, el gobierno del estado desplegó un operativo aéreo y terrestre con dos helicópteros y 300 elementos entre municipales, estatales y militares para buscar a los asesinos en los poblados cercanos a Creel.
Las personas muertas fueron René Lozano González, de 17 años; Édgar Alfredo Loya Ochoa, de 33 y quien era profesor; su hijo, de un año; Fredy Horacio Aguirre Orpinel, de 34; Luis Daniel Armendáriz Galdeán, de 18; Óscar Felipe Lozano Lozano, de 19; Alberto Villalobos Chávez, de 26; Alfredo Caro Mendoza, de 36; Juan Carlos Loya Molina, de 21; Fernando Adán Córdova Galdeán, de 19; Daniel Alejandro Parra Mendoza, de 20; Cristian Loya Ortiz, de 22, y Luis Javier Montañez Carrazco, de 26 años.

El informe de la Comisión de Mediación y la desaparición forzada

La Secretaría de Gobernación informó el pasado jueves 14 de agosto sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz, reclamados por el Ejército Popular evolucionario (EPR).
Un comunicado oficial señala que en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA-47/2008, la Procuraduría General de la República "desarrolla sus investigaciones sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona."

"En la investigación se ha comprometido el esfuerzo de las instituciones y se reitera que la autoridad judicial determinará la verdad jurídica con base en los elementos de prueba existentes, lo que permitirá conocer si efectivamente se trata o no de este delito, todo con plena autonomía en la impartición de justicia."

"Se reitera a los familiares de los ciudadanos Edmundo Reyes y Alberto Cruz que la coadyuvancia con las instituciones ha sido y será solicitada para que, en apego a derecho, tengan acceso a los expedientes del caso y presenten los elementos que así consideren pertinentes para explorar toda línea de investigación.

"El Gobierno Federal subraya por principio y por mandato su pleno compromiso con los derechos humanos, con la aplicación de todo el peso de la ley a quienes violenten de cualquier forma la condición de libertad de las personas y con la consolidación de una democracia que garantice a todos la igualad en el acceso a los derechos.

"Finalmente, el gobierno federal reitera al llamado EPR-PDPR y a la Comisión de Mediación su propósito de entablar un diálogo serio y comprometido con la verdad, la paz y la conciliación. La vía política en México es posible porque ha sido decisión de la ciudadanía construir en democracia un régimen de leyes para resolver las diferencias con civilidad, a través del diálogo y por la vía de las instituciones.

El informe completo de la Comisión de Mediación, documento de 22 cuartillas, dirigido al:

PDPR-EPR
AL GOBIERNO FEDERAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA
México, D. F., a 14 agosto de 2008.
I ANTECEDENTES
En el comunicado que el PDPR-EPR dio a conocer el 24 de abril de 2008 propuso la integración de una Comisión de Mediación para hacer factible la presentación con vida de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo del año 2007. Invitó a esa intermediación al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas, al escritor Carlos Montemayor, al obispo emérito Samuel Ruiz, y al Frente Nacional Contra la Represión. Los primeros cuatro integrantes hicieron pública su disposición a aceptar tal propuesta por considerar de gran importancia, en las difíciles condiciones que vive el país, toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas.
Aceptaron esa encomienda, además, bajo tres condiciones: el carácter puntual de las gestiones necesarias para lograr la presentación de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, la posición pública del Gobierno Federal frente a esa iniciativa y la certidumbre de que mientras durara la intermediación no habría acciones armadas por parte del PDPR-EPR..
En otro comunicado del 26 de abril, el PDPR-EPR aceptó cumplir con esa tregua unilateral y ese mismo día el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) hizo pública su aceptación a participar en la intermediación y designó como representantes a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, al jurista y ex rector de la Universidad de Guerrero, Enrique González Ruiz, y al abogado y catedrático Juan de Dios Hernández Monge.
La respuesta oficial del Gobierno Federal ocurrió a través del Secretario de Gobernación el día 29 de abril. Las condiciones para aceptar el diálogo fueron que las personas propuestas por el grupo armado fungieran sólo como “testigos sociales” y no como intermediarios; que el PDPREPR se comprometiera públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia; que el diálogo no fuera exclusivamente acerca de la desaparición de sus dos militantes, sino sobre la forma de abandonar la lucha armada, y que en caso de que el PDPREPR aceptara así el diálogo directo, no se suspenderían las investigaciones en curso por las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocurridas el año anterior ni tampoco se cancelarían las indagatorias de otros actos delictivos denunciados. Se encomendó al subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, dar seguimiento a la propuesta del grupo armado.
En su comunicado del 1 de mayo, la Comisión de Mediación solicitó al Gobierno Federal precisar en qué medida sus condicionamientos debían considerarse impedimentos para el proceso de diálogo y aclarar la figura de “testigo social”, particularmente confusa por su utilización en las licitaciones de entidades públicas. El 9 de mayo, mediante un nuevo comunicado, el Gobierno Federal refrendó su disposición al diálogo y consideró que “la interlocución con mexicanos y mexicanas en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y con reconocimiento en distintos sectores de la sociedad era válido y que podía contribuir a establecer principios de entendimiento entre el gobierno y el llamado PDPR-EPR”. Ese mismo 9 de mayo el grupo de mediadores resolvió constituirse formalmente en Comisión de Mediación y días después acordaron una primera sesión de trabajo con los representantes del Gobierno Federal.
Con esa primera reunión, celebrada el día 13 de mayo, aunque los representantes gubernamentales siguieron considerando a los mediadores sólo como ”ciudadanos con plenos derechos civiles” y evitaron llamarlos explícitamente miembros de la Comisión de Mediación, comenzó el reconocimiento de hecho de sus funciones de mediación. En ese primer encuentro se trataron sólo asuntos de procedimiento, sin plantear el tema central de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, si bien la Comisión de Mediación hizo entrega de su primer documento de trabajo, donde se asentaba el tema central de los dos eperristas desaparecidos. La Comisión calificó de positiva la reunión porque, en principio, se comprobó la disposición del gobierno federal al diálogo y porque fue posible afirmar que la Comisión de Mediación contaba ya con la aceptación de ambas partes. Se acordó un siguiente encuentro para el 20 de mayo y se reiteró y se dejó en claro que la comunicación de los mediadores con el PDPR-EPR, tal como lo había sido hasta ese momento, seguiría siendo exclusivamente a través de los medios de comunicación.
La siguiente reunión del 20 de mayo fue, a juicio de la Comisión, la reunión inicial de trabajo, pues se planteó ahí el motivo central de los eperristas desaparecidos, tomando como
referencia las dimensiones políticas, jurídicas e históricas del delito de la desaparición forzada de persona. A partir de ese encuentro, la Comisión de Mediación señaló que no operaría como glosador del EPR, ni actuaría como vocero dando respuesta a comunicados, sino que se concentraría puntualmente en los desaparecidos, en la problemática de las desapariciones forzadas de persona y en el estado que guardasen las investigaciones judiciales acerca del paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Se abordó también la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia acerca del carácter no prescriptible de las desapariciones forzadas y, aunque no se trató específicamente de la labor de las fuerzas armadas, se habló de la responsabilidad y tarea de las diversas instancias del gobierno federal involucradas.

Ese mismo día, en otro comunicado, la Comisión de Mediación convocó a la sociedad civil para que aportara elementos que contribuyeran a alcanzar los objetivos de su tarea. A partir de ese momento, la Comisión de Mediación inició consultas y encuentros con familiares de los desaparecidos, analistas políticos y organizaciones civiles que proporcionaron numerosos informes, análisis y testimonios que le permitió comprender las varias líneas de acción que había impulsado el gobierno en torno a los desaparecidos eperristas. Fueron surgiendo numerosos indicios de que el gobierno desarrollaba acciones más allá de las márgenes estrictamente procesales de las averiguaciones previas.
Con base en esta recepción de informes, testimonios y análisis, la Comisión de Mediación elaboró los tres documentos entregados el 13 de junio que enlistaban, primero, las acciones legales e infructuosas que habían emprendido los familiares de los desaparecidos en diversas instancias de procuración e impartición de justicia y de defensa de derechos humanos; segundo, los rasgos esenciales de la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación internacional y su aplicación al caso de los desaparecidos eperristas; tercero, un breve listado de puntos con acciones militares y policiales en que figuraban como nombres relevantes el general Tomás Ángeles Dahajuare, aún Subsecretario de Sedena en el año 2007, y el agente Alejandro Punaro, del que no resultaba al principio clara su adscripción oficial. Hasta antes de la entrega formal de estos documentos a los representantes del Gobierno Federal y a los medios informativos, la prensa escrita y numerosos conductores de radio y de televisión del país habían prestado atención a las reuniones entre la Comisión de Mediación y los representantes del Gobierno Federal. En esa reunión del 13 de junio la Comisión de Mediación planteó por vez primera preguntas de fondo al Gobierno Federal y el repliegue de los medios informativos fue relevante para las actividades y la evaluación social de la Comisión misma. El silencio de los medios la persuadió a difundir de otra manera las razones y testimonios de la información analizada, particularmente a través de contactos directos con organizaciones civiles y a través de las columnas periodísticas de Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Montemayor.

El 27 de junio se tuvo otra reunión con los representantes del Gobierno Federal para, en términos reales, y según su propia perspectiva, concluir la prolongada reunión del día 13 de junio. Este encuentro fue relevante, entre otros aspectos, por la reducción de la propuesta gubernamental a solamente un recurso de coadyuvancia procesal en la AP. 047/2008, planteada no por desaparición forzada, sino por secuestro, y por su negativa a considerar los documentos entregados el día 13 de junio como planteamientos que el Gobierno Federal debía contestar y aclarar. Esta negativa explícita aumentó no sólo la preocupación entre los integrantes de la Comisión de Mediación sobre la voluntad política del Gobierno Federal, sino también la certidumbre de que el gobierno mexicano contaba con información que no puso en conocimiento de la Comisión. En este contexto, la Comisión de Mediación intensificó sus propias tareas de comunicación con organizaciones, instituciones y testigos.

El 7 de julio, se reunió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y recibió una información muy útil y amplia sobre las numerosas acciones emprendidas por la CNDH en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El 16 de julio, un grupo de trabajo de la Comisión de Mediación viajó a Oaxaca para realizar diversas entrevistas con los familiares de los desaparecidos, organizaciones sociales y civiles, con servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado y con figuras individuales como el dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas, Juan Sosa Maldonado, quien años antes había sido detenido y desaparecido, y por cuyo testimonio la Comisión de Mediación pudo entender una parte del modus operandi con que las autoridades policiales y militares se conducen durante los interrogatorios y torturas a las víctimas de desaparición forzada de persona. En la ciudad de México también fueron importantes las reuniones con el general Tomás Ángeles Dahuajuare, el señor Alejandro Punaro y los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras. Esta amplia red de apoyos recibidos por la Comisión de Mediación ha modificado sensiblemente las ideas iniciales que teníamos del proceso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de la naturaleza de las gestiones que la mediación puede desarrollar ahora y en el futuro inmediato.

Las acciones gubernamentales efectuadas en torno a los desaparecidos eperristas a través del ejército, el CISEN y la PGR han sido numerosas; esto nos confirma que los límites procesales son muy estrechos para las necesidades de la mediación. Hasta hoy, creemos que las diligencias realizadas por la CNDH en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabrie Alberto Cruz Sánchez son las más completas y numerosas, aunque no hayan concluido aún ni se hayan concretado todavía en una Recomendación al ejército, la policía federal o la policía de Oaxaca.
II ACCIONES OFICIALES Y EVALUACIONES DIVERSAS
Elementos claves en todo el proceso de la desaparición y búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez han sido el ejército mexicano y diversas instancias gubernamentales en Oaxaca. Sin embargo, enlistamos aquí las coincidencias, acciones abiertas o discretas realizadas por elementos del ejército, de la PGR y otras corporaciones policiales.
1. El ejército participó activamente en el operativo del día 24 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol en la ciudad de Oaxaca. Elementos del ejército acordonaron la calle y penetraron en el hotel. Este hecho está confirmado por diferentes testimonios: los periodísticos, los de empleados y dueños de establecimientos comerciales vecinos al hotel El Árbol, los empleados de recepción del hotel y los cuatro policías ministeriales del estado de Chiapas que se hospedaron ahí ese día.
2. La denuncia telefónica “anónima” al teléfono 066 que provocó el operativo militar y policiaco en el hotel El Árbol fue realizada por Celedonio Santiago Ojeda hacia las diez y media de la mañana, quien había trabajado en el ejército mexicano durante 16 años, en áreas de inteligencia militar, experiencia que le ayudó a identificar la introducción de armas largas (AR15) en el hotel.
3. En los últimos meses del año 2007, el general Tomás Ángeles Dahuajuare, a la sazón Subsecretario de Sedena, trató de establecer contacto directo con el EPR a fin de evitar más acciones violentas por parte de la organización armada. Buscó tal comunicación a través de familiares y de ex militantes del PROCUP-PDLP que actualmente participan en la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP) y actúan dentro de la legalidad en forma pacífica. Su papel, nos explicó, fue limitado en tiempo y materia y consistió en abrir canales formales o informales para que el EPR supiera que el gobierno no deseaba llegar a un derramamiento de sangre tanto por un tercer atentado como por enfrentamientos.
4. Consideramos relevantes estos intentos de acercamiento, aunque no se trataba, en ninguna manera, del reconocimiento de una fuerza beligerante, el intento del ejército mexicano por acercarse al EPR podría interpretarse como una forma de reconocimiento de facto.

5. Para buscar esos encuentros y contactos posibles, el general requirió la ayuda de un colaborador de confianza, Alejandro Punaro, que en el pasado había trabajado con él en la búsqueda de ese tipo de contactos en el estado de Guerrero. El señor Alejandro Punaro nos informó que durante 29 años laboró en la Procuraduría General de la República y que en la AFI llegó a ser Subdirector de Terrorismo, lavado de dinero y acopio de armas. Se jubiló en el año 2005 y por su amistad con el general Ángeles Dahuajuare aceptó ayudarle en su propósito de establecer canales formales o informales con el EPR sin remuneración alguna.
Sus tareas consistieron en entablar contacto con familiares, lo cual solicitó directamente a los directivos de la LIMEDDH. A través de esa organización estableció los contactos con familiares como Nadin Reyes Maldonado, doña Margarita Cruz Sánchez y Francisco Cruz Sánchez; en algunas reuniones, como las sostenidas con la esposa y el hijo de Edmundo Reyes Amaya, se agregaron elementos de la Secretaría de Gobernación.
6. Es relevante destacar que ocho días después de que el general Ángeles Dahuajuare y Alejandro Punaro se habían entrevistado con los integrantes del IDP, Felipe Edgardo Canseco Ruiz y Hermenegildo Torres Cruz, éste último fue detenido por elementos de la PGR, lo cual comunicó Alejandro Punaro al general Ángeles por considerar sumamente delicado que a una de las personas con las que ellos se habían acercado para buscar comunicación con el EPR infructuosamente, pudiera ser arrestada. El general intervino en diversas instancias para que el día 15 de septiembre Hermenegildo Torres fuera liberado.
7. En la madrugada del 2 de agosto de 2007, se efectuó un peculiar operativo del Ejército Mexicano en la ciudad Nezahualcóyotl, estado de México. El periódico La Jornada del 3 de agosto de 2007 informó que “en busca de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de diez departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después... Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas.
8. Durante las acciones de acercamiento emprendidas por el general Ángeles Dahuajuare y Alejandro Punaro ocurrió otra coincidencia relevante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, aunque no al Comité Cerezo-México en su totalidad, pues fue agredido físicamente uno de sus miembros sin vinculación alguna con el general Ángeles ni con Alejandro Punaro. Como en los acontecimientos relacionados con estos hermanos intervino después el CISEN, comentaremos este proceso de distensión en el punto 16.
9. El 24 de abril de 2008, a las 5 de la tarde, recibieron los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo por correo electrónico las últimas amenazas y una entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez, en aparente respuesta al comunicado que el EPR hizo público el 22 de abril. Con esa entrevista espuria se vincula otra más, publicada por el diario Milenio; se trata de una entrevista con José Antonio Ortega acerca del presunto financiamiento del EPR y de un acuerdo secreto entre el gobierno y la organización popular armada para pactar una tregua, asunto que semanas después retomó el periodista Raymundo Riva Palacio en el diario El Universal. Ese mismo día el EPR emitió el comunicado mediante el cual propuso la integración de la Comisión de Mediación y desmintió el supuesto acuerdo secreto..
10. En la mañana del día siguiente, cuando Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y don Samuel Ruiz hicieron pública su aceptación y pidieron como condición el compromiso del EPR de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del ejército mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca sin mandato judicial ni orden legal alguna y se apoderaron de los libros de gobierno.
11. El 26 de abril, el mismo día que el EPR emitió el comunicado para informar que aceptaba la tregua propuesta por la Comisión de Mediación, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva participaron en otro peculiar operativo en la ciudad de Oaxaca: la captura de 9 elementos de la policía ministerial de ese estado presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los eperristas mencionados. Se trató de Pedro Hernández Hernández, Subdirector Operativo de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación, apodado el Chicharrón y mencionado en el secuestro de Manuel Díaz Parada.
12. La acusación por desaparición forzada de persona fue relevante, porque los representantes gubernamentales se habían negado a la propuesta de la Comisión de Mediación de reclasificar la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada en vez de por secuestro.
13. El abogado defensor de los policías arraigados, Gerardo Francisco López Thomas, informó a la Comisión de Mediación que estaban acusados, por declaraciones de un testigo protegido a disposición de la SIEDO, de desaparición forzada de persona, además de los delitos de secuestro y crimen organizado. Así lo confirmó la CNDH en la reunión que sostuvo con la Comisión de Mediación la noche del lunes 7 de julio y así lo confirmó la nota del señor Guillermo Valdez, Director del CISEN, dirigida al señor Raymundo Riva Palacio, que en el diario El Universal había reutilizado la información mencionada en el punto 6. La propia CNDH, por otra parte, inició sus diligencias por el concepto de desaparición forzada de persona teniendo como presuntos culpables a agentes del ejército mexicano, de la policía ministerial de Oaxaca o de la policía federal.
14. El día 5 de julio se informó en los medios que el juzgado cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal resolvió la liberación de los dos policías arraigados al considerar que no existían elementos constitutivos del delito, aunque su liberación no ocurrió sino hasta la madrugada del sábado 26 de julio.
15. En agosto de 2007, dos personas que se presentaron como militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP) y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar n° 1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal.
16. Como se ha referido en el punto 8, la distensión en las presiones a los hermanos Cerezo coincidió con la propuesta del EPR de integrar la Comisión de Mediación. Debe tomarse en cuenta, además, que los acercamientos del general Tomás Ángeles Dahuajuare también pudieron haber sido importantes en la distensión y que a partir de cierto momento de esos acercamientos, intervino el CISEN.
17. La relevancia de presionar y buscar contactos a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial en la perspectiva del ejército, la PGR, el CISEN y policías regionales: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR, y de Florencia Canseco Ruiz. A partir de esta presunción se originaron diversas estrategias del ejército y del CISEN, partiendo siempre de considerarlos canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación con esa organización. En el CISEN, además, prevaleció durante mucho tiempo, y quizás aún ahora, la presunción de que Francisco Cerezo era el enlace específico con el EPR.

18. A partir de esa presunción, las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras constituyeron, a la luz de ciertos análisis y al interior de algunos sectores del ejército y de corporaciones policíacas, un posible mecanismo de presión al EPR y una forma de enviar mensajes a la organización armada para disuadirla de efectuar más atentados. Pudo pensarse en algunos sectores militares y policíacos que las amenazas serían útiles como disuasión para frenar un tercer atentado, en efecto, aunque en realidad no funcionaron así para frenar el segundo de ellos.
19. Otras señales que varios sectores oficiales del gobierno creyeron estar enviando al EPR fueron los traslados carcelarios de Héctor Cerezo en diciembre de 2007 y de Antonio Cerezo en marzo de 2008, desde el Penal del Altiplano La Palma o CEFERESO #1, en el estado de México, al Penal Atlacholoaya en el estado de Morelos.
20. Otra señal de distensión ocurrió con los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras cuando el ejército colombiano atacó en territorio ecuatoriano el campamento de las FARC donde fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos cuyo cubículo estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM compartían con ellos; el mensaje que los hermanos recibieron fue: “no los confundimos con ellos, ustedes son otra cosa.” Ambos pudieron seguir visitando a sus hermanos recluidos sin hostigamiento alguno.
21. Es razonable, pues, suponer que el gobierno mexicano creyó posible transmitir mensajes de negociación y de disuasión al EPR a través de los hermanos Cerezo Contreras, de familiares de los desaparecidos, de Felipe Edgardo Canseco Ruiz o de otros ex militantes del PROCUP-PDLP.
22. Es razonable creer que en este contexto pudieron surgir las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR.

23. Es también razonable creer, por todo lo anterior, que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, ue la tregua del EPR no deriva de la propuesta hecha a esa organización por la Comisión misma; por tanto, que la tregua no es una aportación al proceso de diálogo a través de la Comisión de Mediación y que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.
24. De esta manera, es razonable creer que el Gobierno Federal no ha considerado necesario avanzar ante la Comisión de Mediación con una clara voluntad política para despejar el proceso de diálogo.
25. Por otro lado, el Procurador de justicia del estado de Oaxaca informó el 19 de julio a la Comisión de Mediación que desde hacía seis semanas había abierto de oficio una averiguación previa por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
26. Repetimos que dos jueces de distrito reconocieron la desaparición forzada de los eperristas y resolvieron que fueran presentados de inmediato; que la CNDH continúa sus pesquisas bajo la hipótesis procesal de desaparición forzada; que según la CNDH, y también el abogado Gerardo Francisco López Thomas, defensor de los dos policías arraigados, y el director del CISEN, que en la acumulación de expedientes y cargos de la AP 047/2008 hubo una acusación por desaparición forzada de persona. En la visita que la Comisión de Mediación realizó a la ciudad de Oaxaca recibió diversos informes acerca de otras desapariciones forzadas a lo largo del último año. En estas condiciones, resulta inexplicable la resistencia gubernamental a aceptar, como consecuencia lógica, la reclasificación de la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada de persona en lugar de por secuestro.

27. Es posible que los numerosos intentos del gobierno por establecer contactos formales o informales con el EPR a través de gestiones como las del general Tomás Ángeles Dahuajuare y Alejandro Punaro, o las presiones violentas o negociables con los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, y la búsqueda de canales con ex militantes del PROCUP-PDLP, hayan dificultado al Gobierno Federal entender el papel de la Comisión de Mediación en el proceso de diálogo.
28. De esta variedad de acciones del gobierno federal a través de diversas instancias proviene también la confusión de versiones e interpretaciones que se han filtrado a los medios. Un ejemplo más puede ilustrarlo: la desaparición del comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, mencionado repetidamente en varios comunicados del EPR como “Jonás” y conocido en el medio policial oaxaqueño como “comandante Corro”. El 23 de octubre del 2007, cuando circulaba en un automóvil Nissan tipo Tsuru en la jurisdicción de Santa María del Tule, Oaxaca, fue interceptado y secuestrado por un grupo armado que viajaba en una camioneta de color rojo. Fungía como comandante del Cuarto grupo de la Policía ministerial del Estado y tomaba a su cargo la guardia de la Comandancia General desde el nombramiento como director del Teniente de Navío Manuel Moreno Rivas. Eran públicas las diferencias entre ambos y en una ocasión incluso se amenazaron con armas; quizás por ello en algunos medios informativos regionales se especuló que Manuel Moreno Rivas pudo estar implicado en su “desaparición”.
29. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del canal 13 local, la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la Comandancia de la Policía ministerial del Estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el “comandante Corro”, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como los “Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.
30. El EPR ha precisado que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dejados hacia las cinco de la tarde del 24 de mayo de 2007 en un punto cercano al hotel El Árbol (sin que se hubieran hospedado en ningún momento ahí), pues tendrían una reunión de trabajo a las 7 de la tarde. Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos. Si fueron conducidos con el “comandante Corro” a las 00:00 hrs. del 25 de mayo, no pudieron provenir, pues, de los Loxicha.
31. El pasado 11 de julio de este año de 2008, según informó el corresponsal Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la SIEDO, perteneciente a la PGR, registraron el cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.
32. Pues bien, sería conveniente saber si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora de televisión Silvia Machuca en la ciudad de Oaxaca o si la información llegó a la PGR por otra vía y después fue filtrada. En cualquiera de las dos posibilidades, sería conveniente saber por qué se le concedió la credibilidad suficiente como para motivar ese operativo.
33. Ante la credibilidad concedida a muchas versiones en poder del ejército o la PGR, es necesario aclarar si los sectores gubernamentales “creen” en el origen de la tregua del EPR. La Comisión de Mediación reitera que tal tregua es resultado de la condición planteada a la organización popular armada para iniciar las tareas mediadoras y que el gobierno mexicano precisa reconocerlo así para que contribuya a la mesa de diálogo con otra decisión política equivalente a la tregua, lo que pudo consistir inicialmente en el reconocimiento de la desaparición forzada como hipótesis procesal.
34. Para fundamentar aún más la tipificación del delito de desaparición forzada de persona en perjuicio de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la Comisión hace entrega de un Anexo pormenorizado sobre este delito de lesa humanidad.

35. A partir de todos los puntos hasta aquí enlistados, la Comisión de Mediación hace público ahora que sus tareas mediadoras requieren ir más allá de la reiterada propuesta procesal gubernamental; reiterada propuesta, sin embargo, no concretada aún. La Comisión de Mediación recibió ofrecimientos una y otra vez postergados de acceso a expedientes procesales y ninguna respuesta a los documentos jurídicos, políticos e incidentales presentados por ella.
36. Hasta el día 12 de agosto, hace dos días, la Comisión de Mediación esperó tener acceso a ciertas hipótesis procesales esenciales de quince tomos de expedientes de la PGR para precisar los análisis y exposiciones contenidas en los primeros dos documentos que la Comisión presentó el pasado 13 de junio.
37. A partir de estas consultas y confirmación de premisas, las necesidades de trabajo de la Comisión de Mediación suponen ahora al menos el seguimiento y diálogo con autoridades militares, de procuración de justicia federal y estatal y de autoridades de defensa de derechos humanos a nivel nacional y regional.
38. Hasta este momento, ha habido una apertura y colaboración franca de organizaciones civiles como la LIMEDDH, la organización social IDP, la CNDH, y a título personal, analistas políticos, familiares de los desaparecidos, y elementos militares o policiales como el general Tomás Ángeles Dahuajuare y el señor Alejandro Punaro. De manera oficial, el gobierno federal no ha expresado ninguna voluntad política en los puntos concretos planteados en documentos anteriores.
39. La Comisión entiende que ha llegado a un punto que tanto podría ser sin retorno como de un avance cualitativo si se lograra avanzar a un nivel político y no detenerse en el nivel procesal, donde se ha esperado una respuesta viable durante meses. La Comisión entiende también que necesitan tiempo el Gobierno Federal y el EPR para decidir lo que proceda en el futuro inmediato. La Comisión solicita respuesta de ambas partes de manera explícita para poder continuar o suspender temporal o definitivamente sus tareas de consulta social y de mediación. Entenderemos por una respuesta explícita la disposición política de ambas partes para actuar con celeridad y transparencia. Reiteramos al gobierno federal que no tenemos un trato directo ni permanente con el EPR y reiteramos al EPR que no tenemos un trato directo ni permanente con el gobierno federal, como debió haber ocurrido con los documentos entregados el pasado 13 de junio.

III CONCLUSIONES
a) Tomando en cuenta que México suscribió al 5 de abril de 2002 la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas y que tal instrumento jurídico se depositó en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 4 de septiembre de 2002.
b) Tomando en cuenta que en marzo de este año México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
c) Habida cuenta que a la fecha no se han dado los pasos necesarios para que el marco jurídico de México se adecue a las medidas preventivas vinculantes que la Convención establece para los Estados signatarios.
d) Habida cuenta que a la fecha no se han investigado ni sancionado los casos de desapariciones forzadas ocurridas en el pasado reciente y los responsables de estos delitos no han comparecido ante los tribunales de justicia y que, en consecuencia, existe un marco de impunidad histórico adverso al que se enfrenta la Comisión de Mediación.
e) Tomando en cuenta que, según asentó la Comisión de Mediación en el documento 2 “Análisis de Desaparición Forzada de Personas” entregado el pasado 13 de junio al Gobierno Federal y puesto en línea en el sitio web de SERAPAZ, y según se asienta en el anexo técnico del presente documento, las características de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integran los elementos constitutivos del delito de lesa humanidad tipificado en las Convenciones Internacionales como “desaparición forzada”.
f) Si se añade, además, el nulo avance de las acciones procesales para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, según demuestra la Comisión de Mediación en el Primer Documento, “Aspectos Procesales”, entregado al Gobierno Federal el
pasado 13 de junio y puesto en línea en el sitio web de Serapaz.
g) Habida cuenta de la negativa por parte del Estado para reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada y tomando en cuenta que todas las informaciones recabados por esta Comisión apuntan a que los dos militantes del EPR fueron detenidos por “agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola a la protección de la ley”.
h) Habida cuenta que no se ha reflejado en acciones concretas, al existencia de una real y efectiva voluntad política por parte del Gobierno Federal para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR, así como para encontrar a los responsables intelectuales y materiales de su detención y desaparición en los ámbitos de las autoridades políticas, militares o policíacas o de organismos de inteligencia en alguno de los tres niveles de gobierno.
i) Habida cuenta de todo ello, la Comisión de Mediación ha decidido, por tanto, con base en los 39 puntos de “Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas” enlistados en este documento; con base en los 7 puntos enlistados en estas “Conclusiones” y, con base en nuestro Anexo técnico sobre la desaparición forzada de persona como delito de lesa humanidad, ha decidido, repetimos, dejar en claro a la ciudadanía, a los medios informativos, a sectores interesados del gobierno federal y al PDPR-EPR, la naturaleza de las consultas, análisis y tareas que la Comisión ha realizado; asimismo, y de manera esencial, que el proceso de mediación necesita ahora aclaren con toda nitidez la actitud que están dispuestas a asumir las dos partes interesadas: el Gobierno Federal y el PDPR-EPR. Necesitamos una reconfirmación de la tregua del PDPR-EPR y una real voluntad política del Gobierno Federal que se refleje en la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y que en adelante permita el diálogo directo de la Comisión de Mediación con Sedena, el CISEN y la PGR.
ATENTAMENTE
Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García. Informe de la Comisión de Mediación

ANEXO TÉCNICO
LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONA: CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD
Entre las conductas aberrantes que son consideradas como violatorias del orden jurídico y sancionadas con una pena, destacan las que se catalogan de lesa humanidad; o sea, que atentan contra los intereses generales de la humanidad debido a la gravedad que conllevan.
Originalmente se les vinculó con la existencia o la preparación de un conflicto armado, pero en la actualidad su connotación es más amplia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y que tiene el carácter de tratado internacional multilateral.
De acuerdo con el citado precepto del Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad los siguientes: 1) el asesinato; 2) el exterminio; 3) la esclavitud; 4) la deportación o traslado forzoso de personas; 5) la privación grave de la libertad; 6) la tortura; 7) la desaparición forzada; 8) el Apartheid; 9) la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos y de género; 10) la violación , la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquiera otra forma de violencia sexual de gravedad similar; y 11) otros actos inhumanos de carácter similar.

Todas estas conductas tienen que darse, para ser consideradas lesivas contra la humanidad, de forma sistemática, como parte de una política del poder en su relación con la sociedad. Esto implica que los perpetradores de tales ilícitos están ejerciendo poder o tienen la aquiescencia de quien lo ejerce y quebrantan el marco jurídico que los rige.
Infortunadamente, en México se ha aplicado desde hace décadas la desaparición forzada de personas como un método para obtener gobernabilidad mediante el miedo que ésta produce en entre los gobernados. Esto, a pesar de que se han firmado diversos instrumentos internacionales que repudian este crimen.
El 18 de marzo del 2008 México ratificó la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” de la Organización de las Naciones Unidas, que constituye el más elaborado documento internacional sobre el tema. Es producto de las gestiones, presiones y movilizaciones de numerosas sociedades, que fueron víctimas de
atropellos inhumanos por parte de sus gobiernos. Ese instrumento legal obliga a los estados parte a adecuar su legislación nacional de conformidad con las previsiones de la Convención. Y es un hecho que sobre el particular nada se ha hecho en nuestro país.
El artículo 133 de la Constitución mexicana establece la jerarquía de los tratados internacionales firmados por el presidente y ratificados por el Senado de la República, colocándolos por encima de las leyes secundarias y sólo bajo los principios de la Carta Magna.
En materia de derechos Humanos, debemos pugnar porque los instrumentos internacionales que legalmente se concerten, tengan el mismo rango que el texto constitucional.

Al firmar la referida Convención, el gobierno estableció una salvedad que atenta contra el espíritu del instrumento: el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las “comunicaciones” presentadas por
las víctimas, sus familiares o representantes. Además y no obstante que esta ratificación constituye un logro de la lucha de las organizaciones de familiares de desaparecidos de América Latina y otras latitudes del orbe, debemos tomar en cuenta lo que expresa Amnistía Internacional: “…la efectividad de los compromisos internacionales contraídos por México es relativa. En efecto, sus tribunales de justicia, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suelen atribuir a los tratados de protección de los derechos humanos un valor jurídico inferior al de algunas normas de derecho interno, pese a lo que expresamente dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -del que México es parte-, que prohíbe a los estados parte invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
Más que normas, en México se requiere voluntad política para adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar adecuadamente todos los casos de desapariciones forzadas cometidos y que continúan impunes. Es altamente preocupante constatar que los responsables no han comparecido ante tribunales, lo que cierra el círculo perverso de la impunidad. El Estado simula que se investiga a sí mismo y efectivamente se absuelve a sí mismo. Esto es especialmente notorio en los casos en que está involucrado el ejército, cuyos elementos son indebidamente sometidos al fuero militar, en franca violación de lo establecido por el artículo 13 constitucional.
Hay que subrayar que la denegación de justicia en México ha causado que, por primera vez en la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se pronuncie sobre un caso mexicano de desaparición forzada, específicamente de Rosendo Radilla Pacheco, detenido por el Ejército Mexicano hace 33 años, uno de los centenares de desaparecidos del Estado de Guerrero. Lo que suceda en esta instancia de la justicia internacional será de gran importancia en la búsqueda de la verdad, la justicia y el fin de la impunidad en México.
La desaparición forzada de personas, es una aberrante práctica que continúa aplicándose, no sólo contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos y opositores al sistema, sino a personas sin aparente actividad política. Hoy hemos visto la detención desaparición de 38 trabajadores petroleros de Nuevo León.
Este es el sentido en el que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha interpretado la Convención contra la Tortura de 1984, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En sus resoluciones sobre los casos Arus Noél Martínez Machado contra Uruguay, Antonio Viana Acosta contra Uruguay e Irene Bleiter Lewenhoff y Rosa Valiño de Bleir contra Uruguay, el Comité declaró que la desaparición forzada supone violación del artículo 10.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo 10.1 del Pacto establece que "toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".
La desaparición forzada de un detenido debe ser considerada también una modalidad de tortura, contemplada en el artículo 7 del mismo Pacto, que establece que "nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes". La desaparición forzada supone, según el Comité, un trato inhumano, y por lo tanto, tortura. Así se desprende también el propio enunciado de la Convención de 1984 contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esta interpretación de los artículos 7 y 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se abre camino en el Comité de Derechos Humanos, tomando como antecdentes lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos del Hombre, en su sentencia de 29 de julio de 1988, en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, al definir la desaparición forzada como una forma compleja de violación de derechos, entre los que se ven afectados, además de la libertad, el de la vida y el de no recibir tratos inhumanos.
El Comité de Naciones Unidas, en su resolución de 15 de julio de 1994, en el caso Mojica contra la República Dominicana, siguiendo la precedente interpretación, ha declarado que "la desaparición de una persona es indisociable de tratamientos que comportan violación del artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos".
La desaparición forzada debe ser considerada pues, un trato inhumano determinante de violación del artículo 7 del Pacto; es decir, tortura. Como tal, es una conducta comprendida en la Convención de 1984 y perseguible con jurisdicción universal.
La Convención de 1984 no puede ser interpretada en el sentido de que solamente brinda protección a las víctimas frente a los ataques a sus derechos que sean instantáneos, o lo que es lo mismo, que se agoten en la realización del acto; por el contrario, protege también frente a las violaciones de derechos sostenidas en el tiempo, que son conductas obviamente más graves. De modo que comprende tanto la "situación" de tortura como el "acto" de tortura.
No nos referimos en esta parte a los actos de violencia física o psíquica que acompañan a la detención-desaparición de una persona, sino que se trata de la situación misma de detencióndesaparición, que supone una violación de la Convención de 1984, tanto para el detenidodesaparecido como para sus familiares. El detenido-desaparecido es un torturado, su situación es permanente y la violación de sus derechos también, como lo es la de los derechos de sus familiares. Hay que agregar que no opera la presunción de que, por el tiempo transcurrido, la víctima debe estar muerta, pues la defunción sólo se prueba jurídicamente por medios jurídicos, y es obligación del Estado preservar la seguridad y la integridad de todos sus gobernados.
No se trata de una ficción, sino de un hecho real. Los seres humanos no es esfuman, no se disuelven en el aire. Tienen una existencia biológica, psicológica y social, cuya preservación es el valor supremo de cualquier colectividad. Es inadmisible que una autoridad (o alguien actuando con protección de ella), se atribuya el “derecho” a desaparecer a otra persona, debido a cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder. En este caso, la conculcación de derechos humanos es múltiple y la Comunidad Internacional tiene interés en forzar a los perpetradores a poner fin a esa situación terrible, mediante el conocimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la reparación integral del daño causado.
Esta es la razón de que se haya establecido en la Declaración de Naciones Unidas de diciembre de 1992 sobre desapariciones forzadas que, mientras se desconozca el destino de los desaparecidos, el delito no prescribe y se reputa permanente. Sólo el responsable de los crímenes está en condiciones de terminar con la incertidumbre, y solamente la exigencia de responsabilidades penales es capaz de procurar la averiguación de la verdad sobre los desaparecidos y de dotar al derecho penal internacional de un carácter disuasorio.
Tal situación ha llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a establecer, en 1982, a propósito de las desapariciones forzadas, y en relación con el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la vida, que los Estados deben tomar medidas efectivas y específicas para evitar las desapariciones y para investigar de manera exhaustiva la suerte de las personas desaparecidas. En el mismo sentido, considerar las desapariciones forzadas como violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo mientras no se establece la verdad sobre el destino de la persona desaparecida.
La decisión más relevante en este aspecto, en el ámbito europeo, y que resulta vinculante para el Ministerio de Interior Británico, en tanto que representante de un Estado firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos es la Sentencia del Tribunal Europeo del 25 de mayo de 1998, dictada en el caso Kurt contra Turquía. En dicha Sentencia, el Tribunal de Estrasburgo
declaró que la detención-desaparición de un individuo supone una total negación de sus garantías, estando obligadas las autoridades que procedieron a la detención a revelar el paradero del desaparecido.
Pero el Tribunal no reconoce solamente la violación de los derechos del desaparecido, sino también la de los derechos de la madre de aquél, pues la considera sometida a tortura y a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, en virtud de la situación de angustia y sufrimiento a que le ha llevado la desaparición de su hijo de la que son responsables las autoridades de Turquía. Y señala también que el Estado ha violado el artículo 13 del CEDH que le obliga a desarrollar investigaciones efectivas tendentes a procurar la identificación y castigo de los culpables.
Así pues, para el Tribunal Europeo, la situación de desaparición supone una violación permanente, sostenida en el tiempo, del derecho a la libertad del desaparecido, y una violación permanente del derecho de los familiares a no ser sometidos a tratamiento inhumano derivado del desconocimiento de la suerte del desaparecido, y también violación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los tribunales mediante la identificación y punición de los responsables del crimen. Doctrina que confirma la establecida en los casos Aksoy, Aydin y Kaya; Sentencia de fecha 24 de enero de 1998 dictada en el caso Blake por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el punto 114 y 116 dice:
"... la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares, (del Señor Blake, en situación de desaparición) es una consecuencia directa de su desaparición forzada. Las circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos"; "... 116 por lo tanto, la Corte estima que tal sufrimiento, en detrimento de la integridad psíquica y moral de los familiares del Señor Nicholas Blake, constituye una violación por parte del Estado, el artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma".
De particular interés resulta el voto concurrente razonado del Juez de la Corte A.A. CANÇADO TRINIDADE que aquí se hace propio en el sentido de que "la normativa internacional de protección la tipifica, -a la desaparición forzada- como un "delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima"; además, advierte que se trata de un delito específico y continuado, y constituye una forma compleja de violación de derechos humanos (con hechos delictivos conexos)". El delito es permanente, "por cuanto se consuma no en forma instantánea sino permanente y se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanece desaparecida" (OEA/XP/CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Trabajo encargado de Analizar el Proyecto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, doc. OEA/Ser. G/C.P./CAJP-925/93 rev. 1, de 245.01.1994, p. 10).
En este mismo sentido y siguiendo el criterio del Informe, el artículo 3 de la Convención establece que "dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

La misma concepción se desprende de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992, en la cual, después de señalar la gravedad del delito de desaparición forzada de la persona (artículo 1), igualmente advirtió que éste debe ser "considerado delito permanente mientras sus autores continúan ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos" (artículo 17).
Por último, conviene recordar que esta posición no sólo encuentra respaldo en las normas y decisiones citadas, incluyendo la Sentencia (tortura psicológica) ya citada del casa Kurtz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio de 1998, sino mucho tiempo antes en el caso De Becker versus Bélgica de 1960 en el que la Comisión Europea de Derechos Humanos hablaba de situación continuada; doctrina reiterada posteriormente en múltiples ocasiones, 10454/83, 11381/85, 11192/84, 11844/85, 12015/86, 11600/85, entre otros. En la misma línea, la Comisión Europea en el caso de Chipre versus Turquía emitió informe de 4 de octubre de l983 en el que se concluye que la desaparición continuada de detenidos constituye un factor agravante de una situación continuada en violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
En conclusión:
1.- La desaparición forzada de personas es unos de los crímenes más infames que puede cometerse, porque es en sí mismo causante de tortura para la víctima directa y para su familia.

2.- Existe una tendencia internacional a investigar y sancionar severamente a los criminales de
lesa humanidad, conocidos como perpetradores. 3.- La Comunidad Internacional ha pugnado durante décadas porque se establezcan normas coactivas de orden internacional, para obligar a los Estados a sancionar a los culpables de detenciones - desapariciones y a establecer normas e instituciones que aseguren que nunca vuelva a repetirse ese terrible fenómeno.
4.- México es signatario de numerosos instrumentos jurídicos internacionales que tienden a abolir la práctica de la desaparición. Paradójicamente, no ha habido en el país una sola sentencia por tortura, ni mucho menos por desaparición forzada. Esta impunidad propicia la repetición de la inhumana práctica.
5.- Para la Comisión de Mediación, la solución positiva del conflicto que ocasionó la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, podría abrir caminos para avanzar en la tarea por construir una cultura de respeto a los Derechos Humanos.
COMISION DE MEDIACION
México, D. F. a 14 de agosto del 2008