3 nov. 2009

Iran

Irán se prepara para la guerra/Nazanin Amirian, escritora iraní exiliada, autora de 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo
LA VANGUARDIA, 08/07/08;
Un último tanteo, para ganar tiempo el uno y el otro. De nuevo, el paquete de incentivos ofrecido a Irán por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania (5+ 1) a cambio de suspender su enriquecimiento de uranio no incluye las garantías de seguridad – la principal exigencia de Irán- y deja libres las manos de Estados Unidos e Israel para atacarlo aunque ponga fin a su plan nuclear. La trampa tendida a Irán es la misma que atrapó a Iraq: Occidente, en vez de presentar pruebas de que Sadam Husein tenía las armas de destrucción masiva, optó por presionarle para que demostrara lo contrario. ¡Simplemente, imposible! En el 2004 el Gobierno de Jatami paralizó el programa de la discordia, y sin embargo las presiones y amenazas han ido en aumento.
Aun así, estamos ante una nueva situación. Por un lado, las amenazas militares contra Irán provienen principalmente más de Israel que de Estados Unidos, pues el informe de la Inteligencia Nacional estadounidense sobre la detención del programa nuclear de Teherán en el año 2003 ha complicado las iniciativas de Bush, a la vez que las palabras “no medidas” del presidente Ahmadineyad sobre el Gobierno israelí – que no sobre los judíos- harían que la opinión pública asimilara mejor un ataque de este país que uno iniciado por Washington. Por otro lado, el Gobierno iraní ya ha dejado de calificar estas amenazas de “guerra psicológica” y de palabrerías sobre el “hundimiento de Estados Unidos en el pantano iraquí”, para hablar abiertamente de la posibilidad real de una agresión militar contra el país. Las recientes maniobras del ejercito israelí con un centenar de aviones de combate, la distribución de equipos atómicos, biológicos y químicos entre su población, las afirmaciones de Mofaz, su viceprimer ministro, que considera “inevitable” un ataque preventivo sobre Irán, y el pronóstico profético de John Bolton, el ex embajador de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, de que la agresión tendría lugar entre el 4 de noviembre, el día de las elecciones norteamericanas, y la transferencia del mando, despiertan a cualquier dormido.
“Nadie podrá imaginar cuál será nuestra reacción”, avisa el coronel Yafari, comandante de los Guardianes de la Revolución islámicos, que así revelaba parte de la represalia planificada si cae una bomba sobre Irán: bloquear la salida de las petroleras del golfo Pérsico y dejar al mundo sin el 40% del crudo que recibe a diario, atacar los intereses de Israel y de Estados Unidos donde puedan y convertir la región en una bola de fuego, y eso sólo para empezar.
Los iraníes ya conocen el plan Tirannt (Theater Iran Near Term), un modelo de teatro de guerra trazada para Irán como escenario de un conflicto total, que toma dimensiones estremecedoras con anuncios como el del diario turco Milli Gazete, que afirmaba la semana pasada que Estados Unidos ha trasladado decenas de cabezas nucleares de la base turca de Incirlik a Irbil, la ciudad kurda de Iraq próxima a Irán. Este escenario también incluye planes para desestabilizar el régimen desde dentro. Cumpliendo la ley de Apoyo a la Libertad y Democracia en Irán (Iran Freedom and Democracy Support Act), el Congreso ha destinado 400 millones de dólares para crear y financiar a grupos opositores. El núcleo de esta quinta columna lo componen los jondolalha (soldados de Dios) de corte alqaedista que operan en el Beluchistán iraní; los Muyahidines del Pueblo, veterano grupo terrorista chií, o el nuevo Partido para la Vida Libre del Kurdistán. Su misión consiste en provocar disturbios étnicos en un país con un 60% de población perteneciente a minorías éticas, para luego justificar una intervención militar con el fin de “salvarlos de una limpieza étnica”cometida por los ayatolás. Los Guardianes Islámicos, en la coyuntura de un atentado contra la vida del coronel Amangaha (responsable de la detención de los 15 marineros británicos el año pasado) y una pena de muerte para un hombre acusado de espiar para Israel, emprenden la reestructuración de su organización por primera vez en 20 años, para enfrentarse a las “amenazas internas y externas”. Se han dividido en equipos autónomos para operar en 31 zonas del país, han creado 600 escuadrones de acción rápida y han fortalecido a las Kade, las fuerzas especiales.
Los ciudadanos que aún sufren las consecuencias de la larga guerra con Iraq y son testigos de la tragedia de este pueblo tras la ocupación de su tierra viven aterrorizados ante lo que se avecina; son conscientes de que Estados Unidos no desistirá en su intento de controlar a un Irán sinónimo de geoenergía en mayúsculas y de neutralizarlo en la región para consolidar la hegemonía de Israel.
Sin autoridad legal ni moral, Washington y sus aliados vuelven a colocar al mundo ante una catástrofe de consecuencias imprevisibles.

El Avianca HK-1903

Revista SEMANA, 6 de agosto de 2007
La historia del ‘Suizo’, el hombre que voló el avión de Avianca durante los aciagos tiempos del narcoterrorismo
On Line Darío Uzma planeó el atentado del HK-1803. En el vuelo murió uno de los sicarios del cartel de Medellín junto a otros 106 pasajeros. Estas y otras sorprendentes revelaciones están en el libro De Rasguño y otros secretos del bajo mundo, del periodista Juan Carlos Giraldo. Semana.com publica a continuación el sorprendente capítulo.
El curtido investigador judicial, al que simplemente le decían Carrillo, llegó al lugar de los hechos seis horas después de divulgada la noticia de la caída de un avión jet de la empresa Avianca, con 101 pasajeros y seis tripulantes a bordo.
La aeronave hk 1803, que debía cubrir la ruta BogotáCali, había salido del Aeropuerto Eldorado a las siete y trece minutos de la mañana de ese lunes 27 de noviembre de 1989.
El Boeing 727100 cayó del cielo cuando volaba a 10.400 pies de altura, y se desparramó en mil pedazos sobre una montaña rocosa, en jurisdicción de la población de Soacha, ubicada al extremo sur de la capital colombiana.
Muchas personas vieron cuando explotó en el aire y pudieron observar los pedazos del aparato cayendo a tierra. Esas mismas personas llamaron a las emisoras locales y nacionales, pero nadie quiso dar crédito a «semejante vaina», a esa hora de la mañana, cuando el cielo se abría y daba paso a un sol radiante que comenzaba a iluminar la ciudad.
El investigador Carrillo era el duro de los explosivos en el naciente Cuerpo Especial de Investigaciones de la Unidad de Instrucción Criminal. Cuando llegó al lugar de los hechos o, dicho en términos judiciales, a la escena del crimen, ya se encontraba invadido de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, policías, curiosos y saqueadores que aprovechaban cualquier descuido de la sorprendida autoridad para hacerse a una prenda, un collar o un reloj. Partes de cuerpos se encontraban regadas en un radio de unos tres kilómetros, vísceras humanas y retazos de ropa colgaban de las ramas de los eucaliptos que abundan en ese lugar. El espectáculo era macabro. Nadie se salvó.
Un pedazo de unos doce metros del fuselaje del avión fue la parte más intacta que quedó. Tres letras de la palabra Avianca se podían leer sobre un fondo rojo y blanco, los colores oficiales de la empresa aérea más grande e importante del país.
Carrillo era un hombre muy conocido en los pasillos judiciales por todos los periodistas que cubrían las noticias de su sector, y seguramente por eso fue abordado de inmediato cuando los comunicadores descubrieron su menuda figura agazapada a un lado del fuselaje, tomando las primeras impresiones de la tragedia.
¿Accidente, falta de gasolina, falla humana, mal tiempo? Todos sus amigos periodistas le querían preguntar, al mismo tiempo, en desorden. «Fue un atentado terrorista», se atrevió a asegurar, no sin antes advertir que lo decía «off the record», pues aún era muy prematuro hablar de forma oficial.
Carrillo tomó del brazo a uno de los periodistas que más le generaba confianza, y apartándolo le confió el motivo de su intuición. «¿No le huele raro, como a dulce?», le preguntó al reportero. «Sí, huele como a dulce, como a gasolina dulce», le respondió aquél. «No, guevón, es el olor del explosivo plástico, del C4».
Nadie le paró bolas al investigador, pese a que Colombia vivía uno de los capítulos más sangrientos de su historia reciente, derivado de la guerra que el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, le había declarado al Estado, con el fin de evitar que se aprobara la extradición de narcotraficantes como él a Estados Unidos.
A diario, y a veces hasta en intervalos de horas, las explosiones de las bombas sacudían las calles de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, sembrando el pánico y la desolación. Decenas de personas, inocentes en su mayoría, murieron por culpa de la arremetida de los llamados Extraditables, el grupo militar que formó Escobar Gaviria para enfrentar una guerra que él calificó como «sin cuartel».
«Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos», era el lema de los comunicados que los Extraditables publicaban cada vez que se adjudicaban un atentado criminal o un ataque terrorista.
Aunque esta vez no hubo comunicado alguno que se atribuyera semejante crimen, las conclusiones de Carrillo no eran tan descabelladas como a priori lo asumieron los periodistas que llegaron al lugar. ¿Sería posible que la caída de un gigante de los cielos como el Boeing de Avianca hiciera parte de un plan fraguado por la mente criminal de Pablo Escobar? En principio el tema se quedó en simples especulaciones de un investigador tercer
mundista. Y si se tiene en cuenta que Colombia es un país de altísima accidentalidad aérea, pues la hipótesis de un atentado parecía esfumarse con el mismo viento que soplaba fuerte contra las rocas de la montaña donde descansaban los restos de los pasajeros del avión.
Dos días más tarde, en el lugar de la tragedia aparecieron regados por todas partes agentes del fbi enviados desde Estados Unidos, de la dea y de la Agencia de Aviación. Y sólo entonces los periodistas comenzaron a sospechar, a aceptar la posibilidad de un atentado terrorista, a no descartar con tanto facilismo que la siniestra mente de Pablo Escobar había ideado un nuevo ataque sin antecedentes recientes en el mundo.
Para entonces, Carrillo ya se había embolatado en otros asuntos, en otras áreas de su trabajo, sin saber que su olfato era aún más acertado que los sofisticados aparatos con los que se vio llegar al grupo de gringos vestidos por completo de negro, con gorra y comida enlatada que cargaban en gruesos morrales color militar.
Tomaron muestras de los árboles, de las ramas de las que todavía, cincuenta horas después, pendían restos humanos ya putrefactos; tomaron muestras de los pedazos de cadáveres que habían sido acomodados en fila, cubiertos con sábanas blancas para que los curiosos y fotógrafos de periódicos sensacionalistas no le dieran rienda suelta al morbo. Y también se llevaron muestras de los restos del avión y de la tierra donde cayeron sus pedazos.
La escena del crimen, que en cualquier otra parte del mundo es lo más sagrado en una investigación, había sido docenas de veces manipulada por los primeros cu
riosos, por los policías inexpertos que acudieron al lugar cuando escucharon el golpe del fuselaje contra la tierra y, obviamente, por los saqueadores que se robaron las pocas prendas que quedaron buenas y los billetes rotos que alcanzaron a llegar al suelo como plumas que se desprenden de un colchón.
Pero, gracias al cielo, los investigadores colombianos no necesitaron los pocos elementos que se lograron salvar. Mientras en los laboratorios de Estados Unidos se comprobaba la presencia de explosivos en partes del avión y en el tejido blando de algunos trozos de cadáveres, en Bogotá un juez recibía el testimonio de una mujer que, sin proponérselo, allanaría el camino para aclarar los hechos o, por lo menos, una de las razones del hecho.
Con el corazón destrozado y el desespero de saber noticias de su esposo que iba en el vuelo, la mujer se presentó al despacho judicial como una viuda más.
La investigación la asumió en principio el juez Antonio Cadena Farfán, quien atiborró en su estrecha oficina del complejo judicial de Paloquemao, los cientos de papeles de las diligencias iniciales, los cientos de folios con testimonios de familiares de víctimas y testigos y los cientos de actas de defunción. El juez Cadena se vio en la necesidad de habilitar el baño de su despacho para acomodar allí las bolsas plásticas con los restos más pequeños del avión y algunas pertenencias de los pasajeros.
El caso judicial tomó forma cuando llegó a manos de un segundo juez, en ese entonces un joven abogado tolimense que tuvo la fortuna de contar con el testimonio
que revelaría una parte de la verdad. Jaime Gómez Méndez llevaba pocos meses al frente del Juzgado Séptimo de Orden Público cuando, por una comisión especial del gobierno, le entregaron el expediente con las diligencias previas y los resultados de las agencias estadounidenses que estuvieron en el lugar. Y fue a él a quien una tarde visitó en su oficina la viuda, argumentando que quería reclamar el carro que su esposo había dejado en el parqueadero del aeropuerto en Bogotá. La mujer explicó que era un Renault 9 de color blanco y que ahora, después de identificado el cadáver de su esposo, debían devolvérselo a ella, la legítima heredera.
El juez Gómez Méndez echó mano de su olfato como investigador especializado en criminalística para detectar en el relato de la viuda un elemento importantísimo que le podría dar un giro a las pesquisas que en ese instante se encontraban bajo el rótulo de «determinadores sin identificar».
Le tomó declaración bajo juramento, como requisito para la devolución del vehículo, aunque ésa no fuera su verdadera intención. Ella entregó documentos: la tarjeta de propiedad del carro, fotocopias de la cédula del esposo, el registro civil de matrimonio y su pasado judicial. En la declaración, reveló el verdadero nombre de su cónyuge y explicó, además, que él siempre viajaba «con chapa», por razones de seguridad. Chapa, según explicó, era la cédula falsa que el hombre cargaba para pasar controles oficiales, pues confesó que se trataba de un importante ex empleado del cartel de Medellín que había decidido entregarse a la justicia norteamericana para convertirse en testigo de cargo contra Pablo Escobar.
Y relató, con lujo de detalles, que ese día iba para Cali a encontrarse con los agentes de la dea que lo iban a trasladar; pues la idea era sacarlo por una ciudad distinta de Bogotá o Medellín, porque los sicarios de Pablo Escobar ya lo estaban siguiendo para asesinarlo antes de salir del país.
Aunque con beneficio de inventario, el juez Gómez tomó aquel relato como un elemento trascendental para empezar a dirigir la investigación hacia el grupo de los Extraditables, que para esos días ya habían enviado mensajes anónimos grabados a las emisoras radiales, atribuyéndose el plan criminal.
Si hasta entonces se mantenían algunas dudas sobre los móviles y los autores del hecho, la versión de la viuda las disipó. Pero el juez nunca creyó que semejante plan terrorista, que seguramente contó con asesoría de empresas criminales extranjeras, se hubiera montado con la exclusiva intención de asesinar a un solo hombre, por muy amenazante que éste resultara para los intereses del cartel de Medellín.
Y tenía razón el juez, pero nunca pudo saber esa otra parte de la verdad, porque la investigación se enredó en asuntos más administrativos, como la entrega de las pertenencias a las familias, la identificación plena de los pasajeros y las llamadas actas de defunción. Para ello, debió releer las versiones de todos los familiares, con el fin de confrontarlas con los documentos de identidad hallados en el lugar, y poder así hacer entrega física y oficial de los cadáveres, para que recibieran los oficios religiosos de rigor y cristiana o católica sepultura.
Aunque el juez Gómez Méndez encontró méritos suficientes para abrir investigación formal y vincular como autores a los jefes del cartel de Medellín, nunca conoció un segundo testimonio que acabaría de confirmar las especulaciones que ya se habían convertido en verdades callejeras. Testimonio que, más que reiterar quiénes fueron los autores intelectuales, arrojó luces sobre la forma como se desarrolló el macabro plan, desde su inicio en Medellín hasta su ejecución a 10.400 pies de altura en los cielos de Bogotá.
Lo entregó una persona muy cercana a la familia de Pablo Escobar Gaviria, casi diez años después de ocurrido el hecho, época en que la investigación ya había sido archivada y olvidada. Sucedió cuando se encontraba preso en Estados Unidos uno de los sicarios más sanguinarios al servicio del capo, conocido como La Quica y señalado por la dea de haber sido parte del grupo encargado de volar el avión, donde además figuraba en la lista de víctimas un ciudadano estadounidense.
Según ese último testimonio –del que existe evidencia magnetofónica–, uno de los jefes del ala terrorista de Pablo Escobar, y quien fuera asesinado años después al salir de la cárcel, fue el encargado de organizar a los hombres y dotarlos de todos los elementos necesarios para el atentado.
Aunque se presume que hubo asesoría de un terrorista español, al parecer ex miembro de la eta, la bomba con que volaron el avión de Avianca resultó ser un aparato sencillo de fabricación casera, que mandó a hacer un joven sicario del cartel de Medellín, bajo de estatura, grueso y de tez trigueña. Un bigote que sólo se le pobló en los extremos del labio superior, le daba a su rostro un parecido al memorable humorista mexicano Mario Moreno. Pero dentro del cartel de Medellín no se le conocía con el alias de Cantinflas sino así, simplemente Uzma, por su apellido.
Darío Uzma tenía una mirada penetrante y agresiva, y aunque nunca cursó estudios superiores –apenas hasta primero de bachillerato–, sobresalía por su astucia innata, su arrojo y su despiadada forma de acabar con sus víctimas. Pocas veces utilizaba armas de fuego para cumplir las órdenes de Pablo. Generalmente lo hacía con cuchillos o dagas. En las comunas de Medellín, una zona que frecuentaba, le adjudicaban la leyenda de haberle propinado cincuenta puñaladas a un joven que se le había quedado con una plata.
Uzma fue el elegido por el extinto jefe terrorista al que a su vez Escobar había confiado toda la organización y la logística del plan por el que el capo había ofrecido un millón de dólares si se cumplía al pie de la letra.
La información de inteligencia, que los sabuesos de Escobar habían recogido mediante infiltrados y la interceptación de llamadas telefónicas, daba cuenta de la posibilidad de que en ese vuelo de Avianca viajarían los dos hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de drogas de Cali, para esa época ya clasificados como archienemigos del capo de Medellín. También se decía tener la certeza de que el avión sería abordado por el político colombiano César Gaviria Trujillo, quien había sido declarado objetivo militar. Seguramente Escobar también
sabía de la presencia del testigo de la dea que declararía en su contra en Estados Unidos. Siendo así, la mesa estaba servida para que el jefe del cartel de Medellín se deshiciera de un solo golpe de cuatro enemigos que en ese momento representaban su mayor amenaza. Y todo por un mismo precio, un millón de dólares, que para él no significaban mucho, si se tiene en cuenta que manejaba una caja menor permanente de 10 millones de dólares en una caleta que él en persona había construido en su ciudad.
Por eso, cuando Uzma se enteró del encargo y de la importancia que ese trabajo significaba para el Patrón, expresó a sus allegados la inmensa alegría que le producía el anuncio y prometió cumplirlo a cabalidad. Buscó al asesor en explosivos, quien le entregaría la bomba ya fabricada, y él se encargaría de idear la manera más eficaz y desapercibida posible de hacerla llegar al interior de la aeronave y camuflarla en un lugar que no pudiera ser escudriñado por la seguridad aeroportuaria. Lo demás, lo más fácil, sería conseguir a alguien que la llevara y la activara en pleno vuelo.
Uzma contactó a uno de sus secuaces de la comuna de Zamora, en el oriente de Medellín, a quien le encargó la contratación de un jovencito que cumpliera con la última fase del atentado. «Conseguime un suizo», le pidió a su amigo. Y éste no tuvo mucha dificultad para convencer a un muchacho de 18 años, recién cedulado, hijo de humildes recogedores de basura, pobres y desahuciados de la sociedad.
La de los suizos era una de las muchas formas que utilizaban los jefes de sicarios de Pablo Escobar para llevar a cabo sus objetivos sin mancharse las manos de sangre, sin tener que apretar el gatillo, cuando las condiciones del atentado se tornaran difíciles.
En varios de los atentados que cobraron la vida de dirigentes políticos, los matones de Escobar habían acudido a esta desalmada figura que tristemente hizo carrera como la de los suizos.
Suizo, invento paisa, es una derivación de la palabra «suicida», acomodada a los jovencitos hambrientos que harían cualquier cosa por conseguir dinero, para comprarle una casa a la mamá o algún electrodoméstico que les aliviara las cargas domésticas. En algunos casos sabían de antemano que morirían en el intento, y por eso exigían la mitad del pago por anticipado antes de ejecutar el trabajo.
Otras veces eran engañados por los reclutadores, que los convencían diciéndoles que se trataba de vueltas fáciles y con pocos riesgos, o que contarían con el apoyo de otros sicarios si encontraban dificultades en el camino.
Así se lo hicieron saber, por ejemplo, a Jerry, un niño de 17 años al que le dieron un arma para que asesinara a un candidato presidencial en el interior de un avión, coincidencialmente de misma empresa de aviación. En este caso, a Jerry le aseguraron que dos hombres irían con él cubriéndole la espalda, para ayudarlo a huir una vez cumplido el trabajo. Pero no fue así. Cuando apretó el gatillo de la 9 mm contra la humanidad del dirigente de izquierda Carlos Pizarro, el supuesto compañero que le habían enviado para apoyarlo lo asesinó para borrar cualquier vestigio.
Lo mismo hicieron con el terrorista que llevó un carro cargado con explosivos para volarlo en el periódico El Espectador de Bogotá. Lo convencieron de que, una vez estacionado el vehículo, sólo debía accionar el freno de aire y salir corriendo. Le aseguraron que tendría entre cinco y siete minutos para huir, pero tan pronto activó el supuesto freno, el carro voló en mil pedazos, con él adentro.
Y, claro está, el atentado al avión de Avianca no sería la excepción. También iban a engañar al terrorista. Cuando su amigo del barrio Zamora lo llevó hasta donde Uzma, éste le explicó que necesitaban de sus servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave, supuestamente a unos políticos enemigos del Patrón que viajarían allí.
Los detalles del plan se ultimaron en una casa de la loma El Esmeraldal de Medellín, adonde llevaron al suizo para explicarle lo que debía hacer. Ya entonces Uzma había decidido que el explosivo sería introducido en un maletín, similar al que utilizan los ejecutivos de las empresas. Negro, que combinara perfectamente con el vestido de paño oscuro que le compraron al muchacho, para que se subiera al avión sin despertar sospechas y no fuera objeto de una excesiva requisa, o de un cuestionario antes de abordar.
En esa casa de El Esmeraldal solían reunirse jefes y sicarios de Pablo Escobar a planificar los atentados terroristas y los homicidios. De allí salían las órdenes y llegaban los mensajes del Patrón. Muchas veces Pablo los mandaba a llamar, y entonces el grupo se iba hasta una de las fincas de Envigado donde él les daba instrucciones de forma directa y personal.
El Combo, le llamaban a este grupo de asesinos de confianza del capo, al que pertenecían los mejores en cada especialidad. Había explosivistas, ladrones de carros, armadores de caletas y expertos en alistar carros bomba, en conseguir armas, y los sicarios con mayor destreza en el manejo de pistolas automáticas y que hubieran sobresalido por su puntería a la hora de disparar desde una motocicleta en movimiento.
Chopo, Arete, Carlos Chocao, el Negro, eran los alias de cuatro de los más temibles del Combo que acostumbraban reunirse en El Esmeraldal. Un político muy importante de Bogotá les enviaba los datos necesarios sobre los movimientos de las posibles víctimas, especialmente cuando se trataba de funcionarios del gobierno o de personalidades de la vida nacional que vivían en la capital del país. Por eso, confiaban tanto en la información acerca de que el avión sería abordado por los personajes que tanto trasnochaban a Pablo Escobar.
En la casa le explicaron al suizo que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el interior del maletín, y le enseñaron a activarla con el simple movimiento de un interruptor. «Cuando yo le diga, usted la pone a grabar», le explicó Uzma, quien, para darle más confianza, le aseguró que estaría con él durante el viaje, a su lado, en la silla contigua.
Eso sí, Uzma siempre insistió en que debía ponerla a funcionar únicamente cuando el avión hubiera ganado buena altura, antes no. «Cuando vos veás que vamos altos, zas, la ponés a grabar, porque si lo hacés antes, la grabadora interfiere con las comunicaciones internas del avión y te hacen bajar». El muchachito entendió la advertencia, emocionado no sólo porque sería su primer trabajo grande para Pablo Escobar, sino porque del resutado de esta tarea dependía su ingreso definitivo al Combo. La exaltación crecía en su corazón al pensar que sería su primer viaje en un avión.
Y todo salió a la perfección. Al joven lo disfrazaron de ejecutivo, le dieron los tiquetes, la cédula falsa, dinero para viajar por tierra hasta Bogotá y hospedarse en un hotel del centro de la ciudad la noche anterior al ataque. El maletín le sería entregado minutos antes de subir al aparato, pues Uzma temía que el suizo sintiera curiosidad, lo abriera y descubriera que, en vez de grabadora, lo que llevaría era una bomba que mataría a 107 personas.
Aparentemente Darío Uzma arregló otros detalles con anterioridad, pues no de otra manera se explica la facilidad con la que ingresaron el maletín a la aeronave, sin requisas y sin mayores controles por parte de las autoridades encargadas del filtro de ingreso y de los equipos de rayos x que se ubican en las puertas de los terminales aéreos.
Uzma y el suizo entraron sin problemas y, según sospechas de los investigadores, se acomodaron en las sillas 18a y 18k, en la zona intermedia, encima de uno de los tanques de combustible del hk 1803.
Cuando el vuelo estaba casi listo y los pasajeros en su mayoría habían abordado el avión, Uzma volvió a recitarle una por una las instrucciones a su compañero de viaje; incluso, al azar, señaló a tres robustos pasajeros de la otra fila y le explicó que a ellos era a quienes debía grabar. Calculó el tiempo, y justo cuando una de las azafatas anunciaba que el vuelo quedaría cerrado, Uzma activó un beeper que portaba en la correa del pantalón, y con cara de resignación, le notificó al muchacho que debía regresar de urgencia a Medellín por instrucciones del Patrón, pero que los planes seguían intactos, que siguiera el viaje solo y que él lo recogería en la noche, cuando regresara de Cali, para llevarlo de nuevo a Medellín. Se bajó.
Desde el mismo aeropuerto Eldorado, Uzma pudo observar cuando el avión tomó rumbo hacia el sur de la ciudad, surcando el cielo en dirección a un destino al que jamás habría de llegar. Sintió alegría y satisfacción. Pensó en su Patrón y, claro está, en el millón de dólares que se acababa de ganar.
Darío Uzma regresó a Medellín por vía terrestre y esa noche durmió tranquilo. Al otro día, según lo convenido, se reuniría con otro de los jefes de confianza de Pablo Escobar, a quien el capo ya le había dado indicaciones para recoger el millón de dólares de una de las tantas caletas que mantenía repletas de billetes en casas y apartamentos de diferentes barrios de la ciudad.
Pero alguien todavía más tramposo, sagaz y malo que Uzma ya tenía planes muy diferentes para él. Tres días después, Uzma sólo recibió 100.000 dólares del millón acordado, con la promesa de que más tarde, quizás en semanas, el resto le sería entregado por un emisario del cartel.
Aunque entre las víctimas no figuraron los hermanos Rodríguez ni César Gaviria, el atentado terrorista había causado otros efectos que Pablo agradeció. Por ejemplo, fortaleció su imagen de hombre fuerte y dispuesto a todo, y la gente en la calle empezaba a pedir un tratamiento jurídico más benévolo con él, si de esa manera se terminaba la guerra fratricida que ya dejaba cientos y cientos de víctimas inocentes. Pablo había dado muestras de estar satisfecho con la gestión de Uzma.
Por eso Uzma esperó tranquilo y confiado. Si algo había aprendido en este mundo del hampa organizada, era ver al Patrón como un hombre de palabra: que lo que prometía lo cumplía sin ninguna vacilación.
En el cartel, las palabras de Pablo eran recibidas como decretos que no admitían reposición. Una orden suya se regaba como pólvora en Medellín, y de inmediato las veinte «oficinas de cobro» se disponían a trabajar en esa dirección. La que primero comenzara el trabajo, se ganaba la gran bonificación. Eso explica que varios crímenes se cumplieron años después de haber salido la orden de boca de Escobar, cuando ya ni siquiera el capo se acordaba del asunto. El ministro de Justicia Enrique Low Murtra, un jurista bonachón y amigable, murió acribillado a bala en una calle del centro de Bogotá, muchos años después de haber dejado el cargo desde el cual autorizó la extradición de Escobar y el resto de jefes del cartel. Ya nadie se acordaba del doctor Low Murtra, que en esa época, desprovisto de cualquier temor, caminaba por las calles al regresar de dictar sus clases nocturnas de derecho penal en una universidad. Pero su cabeza ya tenía precio desde tiempo atrás, y el capo ya lo había pagado.
Uzma cumplió su misión a cabalidad, sin dejar un solo rastro. Tenía claro, eso sí, que no fue culpa suya que los enemigos del Patrón no hubieran abordado el avión o que se arrepintieran a última hora de viajar. El jefe ya estaría averiguando eso; seguramente, ya habría ordenado investigar esos detalles, porque lo cierto es que las labores previas de inteligencia habían fallado, o la información se había filtrado hasta llegar a oídos de los narcos caleños. Pero nada de eso tenía por qué preocupar a Uzma, que sólo esperaba el dinero pendiente.
Pasaron las semanas y el saldo no llegó. Decidió entonces acudir a la fuente de información, ir directamente adonde el hombre encargado por Pablo de pagar todo el plan criminal. Y fue cuando Uzma descubrió que su dinero estaba más embolatado de lo que temía. Le respondieron con un «no» rotundo, sin más explicación. Pero antes que rendirse, decidido a todo, envió un mensaje de reclamo a Pablo para que éste recriminara al jefe y lo obligara a pagar. Sin proponérselo, con esos reclamos estaba firmando su propia condena de muerte.
A una famosa discoteca de Medellín en la que solían reunirse los sicarios del cartel a celebrar sus golpes, a beber y a derrochar dinero a manotadas con lindas mujeres, llegó Uzma una noche a contar el motivo de su frustración. Que Pablo ya estaba enterado del robo, que iba a luchar hasta el final por recuperar todo el dinero, que esto y que lo otro. Y, en un tono que sonó un tanto amenazante, hasta llegó a hablar de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban de forma civilizada.
No estaba en su día el temible Uzma. Abrió la boca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y delante
de la persona equivocada: un hombre que creía su mejor amigo, su parce, el de más confianza. Y no contaba Uzma con que su amigo era más amigo aún del jefe que se había quedado con su dinero. Las lealtades en la mafia suben y bajan con el precio del dólar. El que tiene más poder, tiene más plata. Y era evidente quién pesaba más en el cartel, quién era más allegado al Patrón. El amigo con quien departía en la mesa lo escuchó con atención, sin interrumpir, y en una supuesta visita al baño, telefoneó al hombre del dinero para ponerlo al tanto de las palabras de Uzma y de sus intenciones de delatarlo ante el Patrón. Al otro lado de la línea, se alcanzó a escuchar la orden de asesinarlo de inmediato. Un escuadrón de sicarios preparó el ataque esa misma noche, aprovechando que el resentido Uzma estaba pasado de tragos. Todo se planeó y ejecutó en cuestión de horas. Tres hombres llegaron hasta su mesa y, delante de todos los presentes que gozaban de la rumba del lugar, lo acribillaron sin piedad. Recibió casi toda la descarga en el estómago, pero no murió. Cuando los sicarios ya no estaban en el sitio, un moribundo Uzma se paró como pudo y salió de la discoteca para salvar su vida en una clínica de la ciudad. Eso sí, nunca más pudo caminar. Quedó postrado en una silla de ruedas y prácticamente se apartó de las actividades del cartel. Pensaría que se salvó.
Cinco meses más tarde, cuando terminaba de almorzar con su familia, en una casa del barrio Fátima de Medellín, otro de sus amigos del cartel llamó a la puerta y Uzma lo hizo seguir. El hombre subió las escaleras hasta el segundo piso, lo saludó y le declaró su solidaridad. Se despidió con un fuerte abrazo y, al salir, dejó abierta a propósito la puerta de la calle; y por ahí, sólo unos segundos más tarde, dos sicarios entraron sigilosos, silenciosos, y terminaron la tarea que habían dejado inconclusa en la discoteca de Medellín. Esta vez sí. Uzma murió en el acto, sobre la misma silla de ruedas en la que se movilizaba. Lo traicionó su mejor amigo en el cartel, así como él traicionó al flaco, como cariñosamente le decía al suizo que contrató para volar el hk 1803 de Avianca esa mañana del 27 de noviembre de 1989.





El Learjet

El Comité de Investigación sobre el accidente aéreo concluyó que entre los factores humanos para el accidente se encontraron deficiencias en la capacitación de los pilotos y del controlador aéreo. La suma de estos dos factores, añadió, propiciaron que la aeronave LearJet 45XE-VNC se desplomara a la altura del ferrocarril de Cuernavaca y Monte Pelvoux el pasado 4 de noviembre de 2008.
López Meyer dijo que el avión se precipitó a tierra porque los pilotos no mantuvieron la distancia mínima con un avión Boeing 767 que volaba delante de su nave con el fin también de aterrizar.
La explicación es que el Learjet 45 se acercó a 3,8 millas náuticas del Boeing 767 cuando debía de haber estado a por lo menos cinco millas náuticas y que fue afectado por la estela de la turbulencia que dejaba el avión que volaba delante. Debido a la turbulencia, los pilotos perdieron el control de la nave y cayeron a tierra.
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El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molina Horcasitas, informó que turnará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) los resultados de las investigaciones del accidente en el que murió Juan Camilo Mouriño en noviembre del 2008.
El titular de la SCT, en conferencia de prensa, dijo que estas instancias determinarán si existen responsables en las causas del accidente.

Sesión de la CIDH

CIDH
CALENDARIO DE AUDIENCIAS DEL 137o PERÍODO DE SESIONES

Solicitante: Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
 

México
El círculo de impunidad
GLORIA LETICIA DíAZ,
Proceso # 1722, 1 de noviembre de 2009;
El jueves 5, México estará nuevamente en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las torturas cometidas por militares en el combate al narcotráfico. A esta denuncia se suma el encubrimiento de la CNDH, a la que señalan por presionar e intimidar a las familias de las víctimas para que no presenten quejas contra el Ejército. “Si ellos se burlan de nosotros, ¿qué podemos esperar de las demás autoridades?”
TIJUANA, BC.- Las reiteradas violaciones a los derechos humanos y el “círculo de impunidad” que protege a los elementos del Ejército y a autoridades de los tres niveles de gobierno en esta frontera del país será motivo de análisis en la 137ª Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este jueves 5 de noviembre.
La principal denuncia no es sólo por la práctica sistemática de tortura, sino porque a las víctimas de agravios se les impide denunciar los hechos incluso en instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual –para colmo– cuando llega a admitir una queja, encubre a los presuntos responsables.
La audiencia denominada “Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California” fue solicitada el 8 de agosto por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. (CCDH). El 5 de octubre, la CIDH notificó su admisión a través de su secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la CMDPDH, resalta que la solicitud de medidas cautelares para 25 policías municipales de Tijuana que fueron detenidos ilegalmente, torturados por militares en el cuartel del 28º Batallón de Infantería de la II Zona Militar y trasladados al penal de alta seguridad en El Rincón, Nayarit, desde el 7 de mayo, “generó interés en la CIDH por conocer a fondo la situación y permitió que se admitiera la presentación de testimonios de familiares y víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.
En Proceso 1701 se publicaron testimonios de las torturas practicadas por militares contra los 25 policías municipales, a quienes se les procesa por su presunta vinculación con el narcotraficante Teodoro El Teo García Semental.
Entre el 21 y el 27 de marzo, los agentes fueron entregados al Ejército por el secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, y por el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez, quienes según algunas víctimas presenciaron las torturas.
En el documento de solicitud de audiencia, los directores de la CMDPDH y de la CCDH, Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Raúl Ramírez Bahena, así como la abogada Mayra López, resaltan que se han disparado las violaciones a los derechos humanos “de civiles y policías por parte de elementos militares”, a partir de la intervención del Ejército en los operativos del combate a la delincuencia.
“Detenciones arbitrarias, arraigos en cuarteles militares, incomunicación y torturas físicas y psicológicas, que han sido aplicadas en esta zona fronteriza de manera sistemática por el Ejército para obtener confesiones y, a decir de las víctimas, fabricar culpables bajo el pretexto del combate al narcotráfico, redundan en detenciones carentes de investigación previa y violatorias del debido proceso legal”, señala el documento.
Gutiérrez Contreras apunta que “el ciclo de impunidad y resistencia de autoridades a recibir denuncias contra servidores públicos por violaciones a derechos humanos, como la tortura, lleva a la necesidad de acudir a las instancias internacionales para denunciar los hechos, como un mecanismo de contención para que el patrón no se siga dando y para que se rompa con el Estado fallido en materia de derechos humanos en Tijuana”.
Los casos de los 25 policías municipales víctimas de este “ciclo de impunidad” no son los únicos.
Después de las detenciones de marzo, la CMDPDH y la CCDH documentaron quejas de cuatro civiles trasladados al penal de Nayarit, dos exagentes ministeriales que fueron liberados y 11 policías municipales actualmente arraigados, que aseguran haber sido torturados por militares en instalaciones castrenses, donde permanecieron arraigados, a los que se les ha negado su derecho a interponer denuncias penales y se les ha obstaculizado presentar quejas en la CNDH.
Gutiérrez Contreras lamenta que la CNDH no actúe en favor de las víctimas, a pesar de que en mayo pasado envió una queja al ombudsman José Luis Soberanes contra quien encabezaba la coordinación de la CNDH en Tijuana, Heriberto García García, por negarse a recibir las quejas contra el Ejército. García García es ahora titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California.
Proceso recabó denuncias de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en una reunión organizada por el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos en Baja California, que encabeza el exprocurador de Derechos Humanos de la entidad, Francisco Javier Sánchez Corona, quien participará en la audiencia del 5 de noviembre en Washington.
Antes de dejar su cargo como ombudsman local, el 31 de mayo pasado, Sánchez Corona denunció ante el Congreso de Baja California que el nombramiento de su sucesor, García García –a quien identificó con el “ingeniero (Carlos) Hank Ronh”–, fue negociado por José Luis Soberanes con el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.
En entrevista, Sánchez Corona resalta que en el último año, al incrementarse la presencia militar en las calles, se “multiplicaron las quejas contra el Ejército”. Sostiene que los elementos de las Fuerzas Armadas “actuaban como ‘barredoras’ en sus operativos, detenían ilegalmente y sin criterio a cuanta persona se les atravesaba, además de que empezaron a sustituir las funciones de la Procuraduría de Justicia y de la policías Estatal y Municipal”.
Ante el cúmulo de denuncias ciudadanas, trató de intervenir, pero fue parado debido a que “no teníamos facultades para conocer de esos casos, por lo que no nos quedó otra alternativa que enviar las quejas a la CNDH, que no las atendía; cuando me pronuncié públicamente en contra de las actuaciones militares en funciones que no le competen, fui mal visto por el Ejército y cortaron toda comunicación con la Procuraduría de Derechos Humanos”.
Ni le muevan
Los exagentes ministeriales Julio César Magdaleno Meza y Jorge Lomelí Guillén –torturados en el cuartel de la II Zona Militar en Tijuana el 24 de junio pasado– narran los obstáculos a los que se han enfrentado para que la CNDH dé seguimiento a la queja que pusieron el 8 de agosto, registrada en el expediente 2009/4350/Q.
“Dos semanas después de que pusimos nuestra queja en la coordinación de la CNDH en Tijuana –cuenta Magdaleno Meza– me llamó Luis Perea Laseca –visitador adjunto, adscrito a la segunda visitaduría– para pedirme que desistiera de denunciar a los militares; me dijo que él tenía mucha experiencia en esos asuntos y que había visto cosas muy feas contra los denunciantes, o sea que podría haber represalias contra nosotros.”
A Lomelí Guillén, Perea le llamó el martes 27 de octubre. “Me dijo que si queríamos continuar con la queja le mandáramos por escrito los testimonios de los agentes que nos detuvieron con violencia y nos llevaron al cuartel militar, y que si no llegaban los documentos en ocho días iban a archivar la queja”.
Magdaleno Meza le recordó a Perea que ese era su trabajo; en la queja venían los nombres, era su responsabilidad buscarlos. “Me puso trabas, dijo que no podía venir a Tijuana porque no tenía viáticos y me insistió en que mejor dejara el asunto por la paz”.
Durante las torturas a que fueron sometidos los exagentes ministeriales, que estaban adscritos a la comandancia de San Felipe, se les interrogó sobre su colaboración con el cártel de los Arellano Félix. Nunca lo admitieron y fueron liberados, pero más tarde, “por órdenes del procurador Rommel Moreno Manjarrez”, el subcomandante Juan Antonio Rocha Salazar y las funcionarias del Asuntos Internos de la Procuraduría, Olga Manuela Olguín Alarid y Nancy Miriam Velásquez Limón, intentaron involucrarlos en actos de extorsión, que tampoco procedieron.
Asesorados legalmente desde el momento en que fueron arrestados en San Felipe, Magdaleno y Lomelí –despedidos injustificadamente– interpusieron una denuncia por abuso de autoridad, lesiones, tortura, privación ilegal de la libertad, uso indebido del servicio público, amenazas, intimidación, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y los que resulten, contra los funcionarios de la procuraduría estatal así como contra el comandante de la II Zona Militar, el general Jorge Alonso Garrido. Interpusieron también una queja contra las autoridades locales en la Procuraduría de Justicia de Baja California y otra en la Contraloría General estatal, pero sostienen que no se les ha dado seguimiento.
Las maniobras de la CNDH para encubrir al Ejército fueron padecidas también por Luis Castellanos Hernández, cuyo hermano Ricardo, policía municipal, está arraigado en un hotel en Tijuana, después de haber sido torturado del 16 al 20 de septiembre en el cuartel de la II Zona Militar.
Ricardo Castellanos y otros 10 policías municipales están acusados de brindar protección al cártel de los Arellano Félix, según denuncia del exagente Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña.
Decepcionado, Luis Castellanos cuenta que, ante la resistencia de autoridades municipales, federales y militares por informar sobre el paradero de su hermano, el 17 de septiembre acudieron a la coordinación de la CNDH en Tijuana, donde el visitador adjunto Iván Curiel Villaseñor le confirmó que Ricardo estaba en la II Zona Militar, a donde acudió a entrevistarlo un día después.
El viernes 18, Curiel le dijo que Ricardo estaba muy bien y que no quería interponer queja contra los soldados, “sólo contra los que lo detuvieron por órdenes del teniente coronel Julián Leyzaola y el capitán Gustavo Huerta”.
Dos días después, la esposa de Ricardo fue a verlo al hotel donde lo habían trasladado: “Estaba tirado en el suelo, esposado de pies y manos, su cara y su cuerpo hinchado de los golpes, y destrozado psicológicamente. Ricardo le dijo a su esposa que cuando lo visitó el licenciado Curiel claramente le dijo que estaba dispuesto a acusar a los soldados que lo dejaron así, que lo habían torturado tanto que lo obligaron a declarar contra otros de sus compañeros”, cuenta Luis.
Saberse timado por el representante de la CNDH, dice, “da rabia, me hace pensar que cuando fui a ver a Curiel, por dentro se estaba riendo de mí y de mi familia. Si ese cuate, que se supone está en esa oficina donde le pagan para atender a las víctimas, se burla de nosotros, ¿qué podemos esperar de las demás autoridades?”.
La desesperación la comparten también las familias de Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro López Vásquez y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, detenidos en un operativo militar el pasado 16 de junio en Playas de Rosarito y remitidos el 31 de julio al penal de máxima seguridad en El Rincón, Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.
Detenidos aproximadamente a las 12 del día del 16 de junio, los cuatro fueron presentados un par de horas más tarde ante los medios de comunicación en instalaciones de la II Zona Militar con visibles huellas de tortura y con un arsenal de por medio.
La familia de Rodrigo y Ramiro Ramírez no pudo verlos hasta el 6 de julio en el 28º Batallón de infantería, conocido como Aguaje de la Tuna, “y estaban todos lastimados y asustados”, dice su madre, María Isabel Reyna Martínez.
“Nos contaron las torturas que sufrieron, primero en la II Zona y después en el Aguaje de la Tuna, y que en varias ocasiones una persona con bata blanca, al parecer un médico militar, los había revivido.
“Nos dijeron que cada vez que llevaban a detenidos al cuartel los sacaban para que los reconocieran, y que si no decían lo que los soldados querían, los golpeaban, les daban toques eléctricos en sus genitales o les ponían una bolsa en la cabeza.”
María de los Ángeles García Torres, esposa de Orlando Santaolaya, amigo de Ramiro y Rodrigo, destaca que ella pudo ver a su marido el 24 de junio, y que también está muy dañado física y psicológicamente por las torturas. “En las oficinas de la PGR nos dijeron que no metiéramos abogados y que no hiciéramos ruido si queríamos que salieran, pero todo era mentira”.
Martha Alicia Vázquez Jiménez y Wendy Isabel Rivera Ramos, madre y esposa de Ramiro López Vázquez, resaltan que él fue detenido en la calle mientras hablaba por su teléfono celular con Wendy, y que no conocía a los otros jóvenes. “Lo que nos han dicho es que lo agarraron para poder configurar el delito de delincuencia organizada, porque para eso se necesitan cuatro o más personas”, dice Martha.
Por los golpes en la cabeza, añade Wendy conteniendo el llanto, “mi esposo quedó sordo de un oído para siempre”.
Las familias de los cuatro jóvenes intentaron interponer denuncias contra el Ejército por las torturas y la detención arbitraria en la delegación de la PGR, donde sólo recibieron la de Ramiro López, pero con la advertencia de que no procedería.
No más impunidad
En cuanto a los familiares de los 25 policías municipales detenidos en marzo, Blanca Mesina, quien funge como vocera, destaca que en la primera quincena de octubre les informaron que el caso está en un juzgado federal de Nayarit, y que hasta ahora no han tenido acceso al expediente porque ya no tienen abogados para defenderlos, “se nos acabó el dinero”, dice.
En Nayarit, según sus esposas, los policías denunciaron en el juzgado que habían sido torturados por militares y que fueron entregados por el teniente coronel Julián Leyzaola, quien aseguran que ya fue llamado a comparecer, pero se niega a viajar porque “no puede desatender sus funciones” como secretario de Seguridad Pública.
Angustiadas por la falta de recursos económicos, denuncian que fueron engañadas por el alcalde panista Jorge Ramos, quien a cambio de su silencio ofreció becas para sus hijos y trabajo para ellas, promesas que no cumplió.
Juan Carlos Gutiérrez resalta que a la audiencia de la CIDH en Washington del 5 de octubre acudirán seis personas, entre familiares y víctimas, además de representantes de organizaciones de derechos humanos. También participarán representantes del gobierno de Felipe Calderón y de Guadalupe Osuna Millán.
“Se busca que la CIDH pida al Estado mexicano que la PGR reciba las denuncias e investigue; que impida que las personas sean arraigadas en instalaciones militares; que la CNDH agilice las quejas y emita pronto recomendaciones; que a nivel estatal, la procuraduría inicie las investigaciones de los delitos cometidos por el secretario de Seguridad Pública municipal así como por los funcionarios municipales y estatales que participaron en las ilegalidades, y que se garantice la protección e integridad de las víctimas.
“Se trata, en suma, de acabar con el círculo de impunidad en el que los encargados de proteger a la ciudadanía fallan”, advierte Gutiérrez Contreras.

Caso Rosendo Radilla

Trinchera burocrática
GLORIA LETICIA DíAZ,
Revista Proceso # 1722, 1 de noviembre de 2009;
Pese a que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregara los documentos sobre la desaparición del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco, la respuesta del gobierno de Felipe Calderón consistió en poner nuevos obstáculos para preservar la impunidad del Ejército.
La PGR, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, también se resiste a atender la solicitud que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde llegó el caso Radilla, ocurrido en el marco de la guerra sucia de hace tres decenios.
Ante ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), representante legal de Tita Radilla Martínez, hija del líder desaparecido a manos de militares en 1974, interpuso un juicio de amparo.
El 4 de marzo de 2009, el IFAI resolvió a favor de la defensa de Radilla, que desde octubre de 2008 solicitó copias certificadas de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, en la que se incluyen el caso del líder y 121 desapariciones más, ocurridas entre julio y octubre de 1974 en Atoyac, Guerrero.
Los comisionados del IFAI resolvieron que, en apego al artículo 14 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tratándose de violaciones graves a derechos humanos, el derecho de saber está por encima del argumento de la PGR, que es la secrecía de las investigaciones ministeriales.
La resolución del instituto se fundamenta en los convenios internacionales firmados por México, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones graves a los derechos fundamentales; la recomendación 26/2001 de la CNDH donde se incluye el caso Radilla entre los más de 500 expedientes de desaparecidos documentados por el organismo; los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el juicio contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana por el mismo asunto, así como en comunicados de la PGR sobre la indagatoria del caso.
El expediente 5110/2008 del IFAI señala que “en el caso de investigaciones de delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos fundamentales, reservar la información podría generar un daño mayor, comparado con el perjuicio que pudiera causarse con la difusión de la misma”.
En ese documento, elaborado por la comisionada Jacqueline Peschard –ahora presidenta del IFAI–, se resalta que el desempeño de la PGR “ha sido sometido al escrutinio de autoridades nacionales e internacionales en materia de derechos humanos (la CNDH y la CIDH), las cuales se han pronunciado públicamente respecto a la deficiencia con la que el gobierno mexicano ha atendido la investigación en cuestión”.
Se agrega que “dichos pronunciamientos potencian el interés público nacional e incluso internacional de trasparentar la gestión de la PGR en el desarrollo de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007.”
Por lo tanto, el resolutivo ordena a la PGR que entregue una versión pública de la indagatoria solicitada por la defensa de Radilla Pacheco “en un término no mayor de 10 días hábiles”, es decir, a más tardar el pasado 20 de marzo.
No obstante que los fallos del IFAI son ina¬tacables, la PGR inició un juicio de nulidad en un tribunal de materia contenciosa y administrativa el 17 de agosto siguiente, según comunicó el propio instituto a los abogados de Tita Radilla, además de informar que iniciaría una queja contra la procuraduría en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su incumplimiento de la resolución.
Violación de normas internacionales
El gobierno de Calderón emprendió el litigio 40 días después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a la sede la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, el pasado 7 de julio, para defender con vehemencia al Ejército Mexicano en el juicio contra el Estado mexicano por el caso Radilla (Proceso 1706).
En esa misma sesión del máximo tribunal interamericano, la defensa de Tita Radilla informó a los jueces de la resistencia de la PGR para entregar la documentación, con lo que se pretende “confirmar, entre otras cosas, que la investigación no fue llevada a cabo de una manera diligente”, dice Humberto Guerrero, abogado de la CMDPDH.
Destaca que la propia Corte Internacional ha estado en contacto permanente con los abogados de Radilla, luego de que el Estado mexicano se negó a entregarle al tribunal el expediente, con el mismo pretexto de la secrecía,. Como única alternativa, el gobierno de Calderón ofreció que personal de la PGR se traslade a Costa Rica y que los ministros revisen el expediente en una sesión privada, opción que ya fue rechazada.
“Lo que está detrás es evitar que la Corte tenga acceso a esa documentación y la integre como material probatorio en el caso Radilla. El gobierno de Felipe Calderón sabe que si no se entregan las copias, la Corte va a fallar en contra de México y va a dar como hecho probado nuestra denuncia sobre las deficiencias en la investigación”, considera el abogado.
–¿Con qué intención Calderón preferiría perder un juicio internacional a entregar información del caso? –se le pregunta.
–Forma parte de la estrategia de defensa del Ejército y (de la intención de) sostener que la desaparición forzada de Rosendo Radilla fue un hecho aislado. La averiguación previa lo que tiene es información fundamental para desvirtuar esa versión: hay nombres de militares, partes militares que acreditan la cadena de mando, documentos que confirman que oficiales de alto rango del Ejército tenían conocimiento de las detenciones ilegales.
“La información que contiene la averiguación previa demuestra nuestro señalamiento de que la detención y desaparición de Rosendo Radilla no fue un hecho aislado, sino que fue parte de una política de Estado operada por el Ejército. Lo que el gobierno de Calderón quiere es anular un posible pronunciamiento de la Corte sobre la guerra sucia y que no se conozca con detalle cómo operó el Ejército en la comisión de estas violaciones de derechos humanos.”
Según el litigante, en las últimas actuaciones ministeriales sobre el caso Radilla se integró el expediente que abrió la Procuraduría de Justicia Militar contra el general Francisco Quirós Hermosillo –quien antes de morir en noviembre de 2006 fue exculpado por los tribunales castrenses de cometer crímenes en el pasado– y se le tomó declaración al general Mario Arturo Acosta Chaparro, identificado por familiares de víctimas como uno de los principales responsables de las desapariciones forzadas.
“Lo que sabemos es que Acosta Chaparro declaró ante el Ministerio Público federal que no estuvo en Atoyac cuando ocurrieron las desapariciones de Rosendo y 121 personas más (de julio a octubre de 1974) y que en esa época no formaba parte del Ejército. La PGR sólo cumplió con la formalidad de citarlo a declarar”, puntualiza Humberto Guerrero.
Ante la negativa de entregar la información y la apertura del juicio de nulidad por la PGR –de la que no ha sido notificada oficialmente la CMDPDH–, los abogados Luis Miguel Cano López y Graciela Rodríguez, especialistas en litigio por la defensa de derechos humanos, promovieron un amparo. Este recurso fue admitido el pasado 14 de octubre por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, que lo integró en el expediente 1285/2009.
Cano López espera que en tres meses se resuelva el amparo, y señala que con él pretenden “dejar un precedente de que es inconstitucional que una institución del Estado mexicano desacate una resolución del IFAI, porque con la negativa de la PGR se está violando el derecho al acceso a la información, reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales”.
Considera evidente que con el juicio de nulidad interpuesto por la PGR contra el fallo del IFAI, “lo que buscan es agotar la paciencia (de la contraparte), porque un juicio de esa naturaleza lleva por lo menos dos años en resolverse, y no hay que dejar de lado que con ello el Estado mexicano está incumpliendo con la petición del expediente que le hizo la Corte Interamericana para resolver el caso Rosendo Radilla”. l

Reacciones ante Mauricio Fernández

Descalifican política anticrimen de Edil
Legisladores del PRI, PAN y PRD pidieron al Alcalde Mauricio Fernández apegarse a la ley; rechazan 'grupos de limpieza'
Nota de Claudia Guerrero
Reforma on line, Ciudad de México (3 noviembre 2009).- Senadores y líderes del PRI, PAN y PRD descalificaron la actuación del Alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, por considerar que llama a dejar de lado la ley e impulsa acciones de combate a la delincuencia que ni siquiera le tocan a ese nivel de Gobierno.
El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, criticó que, ante la falta de resultados de la Administración federal, los propios panistas busquen hacer justicia por su propia mano.
"La falta de resultados más contundentes por parte del Gobierno federal en materia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico han hecho aparecer a estos personajes de su mismo partido que parecen tomar justicia por su propia mano. Esto no debe permitirse, es un planteamiento completamente equivocado", dijo.
El sonorense ironizó sobre la rapidez con la que el Presidente Municipal se informó sobre la ejecución de un grupo de presuntos secuestradores, cuyos cuerpos fueron localizados en el Distrito Federal.
Incluso, sugirió que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón debería pedir consejos al Edil.
"Si esa fuese la manera en la que el partido en el Gobierno tuviera la información privilegiada, estoy seguro de que se adelantaría en mucho a cualquier delito que se pensase cometer.
"A lo mejor el Gobierno debería pedirle asesoría al Alcalde de San Pedro para que le diese mejor información de cómo atender el tema de la delincuencia organizada", mencionó.
Por otra parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, exigió que Fernández cumpla con lo que marca la ley y se pronunció en contra de la creación de escuadrones de la muerte.
El perredista recordó que ese tipo de "grupos de limpieza", como los anunciados por el funcionario panista, han dejado experiencias desastrosas en países como Argentina, Brasil y Colombia.
"Ya hemos visto experiencias en otros países que derivan en grave inestabilidad y en violencia irrefrenable, cuando ante la incapacidad del Estado para detener a los delincuentes, algunos crean escuadrones de la muerte.
"Eso es inadmisible, entiendo la desesperación de muchas personas ante la incapacidad del Gobierno para detener a los delincuentes, entiendo la angustia, pero no se va a resolver el problema creando escuadrones de la muerte", expresó.
Tras asegurar que el PRD mantiene su convicción de que la única forma que tiene el Estado para hacer que se cumpla la ley es sujetarse a la misma, Ortega advirtió que el Edil de San Pedro no puede crear policías al margen de la Constitución.
"No puede justificarse la violencia en San Pedro para que las autoridades creen ese tipo de policías", acusó.
Entrevistado por separado, el senador panista Santiago Creel pidió reconocer la loable labor de Fernández en el combate a la delincuencia.
Sin embargo, se pronunció a favor de que el funcionario se apegue estrictamente a lo que marca la ley.
En ese sentido, Creel recordó que las recientes reformas en materia de narcomenudeo, otorgan mayores facultades a las Policías municipales para combatir ese delito.
Hora de publicación: 16:46 hrs.
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Conocía ejecución Gobernador de NL.-Edil
De ser llamado a declarar por PGR sobre el caso de Héctor 'El Negro' Saldaña, acudiría sin problema, aseguró Mauricio Fernández
Nota de Perla Martínez / Corresponsal
Reforma on line,
Monterrey, México (3 noviembre 2009).- El Alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, dijo que si en el discurso en el que rindió protesta dio a conocer que Héctor "El Negro" Saldaña había sido ejecutado en el Distrito Federal, fue porque incluso el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, tenía conocimiento de la información.
"Cuando a mí llegó la información yo le pregunté al Gobernador si (la) tenía... me dijo que sí, que él también había recibido información al respecto, que no la tenía a detalle, pero que tenía ya información igual, que aparentemente era 'El Negro' el que había fallecido", manifestó.
"Cuando haces públicas estas cosas, primero hay toda una investigación antes, los cuerpos los encontraron más temprano, y yo creo que no sabían quiénes eran, empezaron a hacer las investigaciones y en la tarde dieron a conocer ya con más detalles quiénes eran los cuerpos, pero los encontraron desde antes".
El Edil sampetrino agregó que de ser llamado a declarar por la PGR respecto al caso de "El Negro" Saldaña, iría sin ningún problema.
Afirmó que está dispuesto a acudir a cualquier citatorio, aunque no considera que lo vayan a llamar.
"Yo esa información la compartí con el Gobernador y con el Procurador del Estado, si nos quieren citar a todos, que nos citen, la realidad es que creo que el mensaje que tiene arriba el cadáver de 'El Jefe de los Jefes' está orientado para donde va", expresó el Edil sampetrino.
El pasado sábado, Fernández tomó posesión como Alcalde y, en la ceremonia, sorprendió a los asistentes al anunciar que en el DF había muerto el capo "El Negro" Saldaña, al que señaló como el líder de una banda que opera secuestro, extorsiones y tráfico de drogas en el Municipio.
Tal y como lo anunció el Edil horas antes, en la Delegación Miguel Hidalgo fue encontrada una camioneta dentro de la cual había cuatro cadáveres.
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'No nos hagamos güeyes'
Afirma Edil que todos los municipios deberían tener sistemas de inteligencia
REFORMA / Redacción
Monterrey (3 noviembre 2009).- El Alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, exigió ayer al resto de los Ediles afrontar el problema del crimen organizado y no escudarse en las leyes.
El panista consideró que ampararse en las limitaciones que les impone la ley es "hacerse güeyes" para no atender el problema.
"Si todos los municipios tuviéramos sistemas de inteligencia", explicó, "luego ya podrás procesar a quién le encargas qué, qué puedes procesar tú, qué encargas con los militares o qué con el Estado. Pero, si nos estamos haciendo güeyes todos, de que no sabemos nada y de que, como la bronca no es nuestra, pues, ni me meto...
"Yo creo que podemos avanzar muchísimo, como yo lo estoy haciendo en San Pedro, con todos mis sistemas de inteligencia, que me están permitiendo tener una barbaridad de información de lo que está sucediendo", dijo tras la instalación del Consejo Metropolitano de Colaboración.
El Alcalde sampetrino tomó notoriedad luego de que, al rendir el sábado protesta como Edil, anunciara la muerte, en el Distrito Federal, de Héctor Saldaña Perales, "El Negro", capo que asolaba a su Municipio, y advirtiera que en su Gobierno iniciará un combate frontal al crimen usando para ello incluso atribuciones que no le corresponden.
Y es que el tema del narcotráfico siempre ha sido ignorado por Gobernadores y Alcaldes bajo el argumento de que es de competencia federal.
Pero, hace unos días, Hugo Arriaga Becerra, vicepresidente del Instituto Mexicano de Amparo, advirtió que los municipios no deben justificar su falta de acción frente a este delito.
"Ciertamente, pasa una cosa: estamos hablando de ámbitos de competencia. Lo que es el concepto narcotráfico es competencia federal; el Municipio no tiene atribuciones. Pero eso no quiere decir que se pueda hacer el desentendido en la comisión de delitos", aseguró.
Al respecto e interrogado sobre el exhorto que el domingo le hizo el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Carlos Jáuregui, para que se sujete a los límites de la ley, Fernández señaló que las cosas se pueden arreglar, pero con procedimientos diferentes.
"Yo siento que el modelo mexicano está fracasado", indicó.
"Por eso me estoy tomando atribuciones diferentes, porque voy a demostrar, y estoy convencido de que lo vamos a lograr, que sí se pueden arreglar las cosas y, pues, desgraciadamente, va a ser sobre procedimientos diferentes.
"Si partes del tema de que no tienes facultades, no te interesa ningún tema relacionado al mismo", agregó.
"En mi caso, sí me interesa resolver los problemas y estoy partiendo del Municipio; por eso me estoy tomando facultades que no tengo, creando grupos de inteligencia y de limpieza", insistió el Alcalde de San Pedro.
En tanto, su homólogo de Monterrey, Fernando Larrazabal, marcó su distancia con el argumento de que él conoce sus facultades y de que, a diferencia de lo anunciado por Mauricio Fernández, no tomará atribuciones que no le corresponden.
Hora de publicación: 00:00 hrs.
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Ignora PGJDF nexo del 'Negro' con crimen
La Procuraduría capitalina indicó que será hasta una etapa posterior en el caso cuando se determine si se requiere al Alcalde de San Pedro
Arturo Sierra
Ciudad de México (2 noviembre 2009).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desconoce si las cuatro personas originarias de Nuevo León y ejecutadas en la Ciudad de México, entre ellas Héctor Saldaña Perales, "El Negro", estaban relacionadas con algún grupo de la delincuencia organizada.
El sábado, antes de hallarse los cuerpos de los ultimados, Mauricio Fernández, Alcalde de San Pedro, Nuevo León, reveló que Saldaña Perales dirigía los secuestros en ese Municipio y que recibió amenazas de su parte.
De acuerdo con Joel Alfredo Díaz, fiscal de Homicidios, en la dependencia capitalina sólo se tiene la información de que los ejecutados eran empresarios que llegaron al Distrito Federal para cerrar un negocio.
Díaz indicó que están en espera de reunir más indicios sobre las posibles actividades delictivas de los ejecutados.
"Nosotros no podemos especular", dijo, "nosotros tenemos (el caso) como un homicidio, no lo estamos relacionando con ningún cártel, ni mucho menos, desde luego lo que arrojen las investigaciones nos dará la pauta para saber qué pasó".
El fiscal precisó que, hasta el momento, el caso se encuentra en una primera etapa de las investigaciones y se recaba el mayor número de indicios balísticos, huellas dactilares y videos de seguridad de la zona donde fue abandonado el vehículo con los cuerpos.
Será hasta que se pase a una segunda etapa cuando se podría determinar si se necesita la declaración del Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández.
En la PGJDF se informó que la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha hecho cargo de las investigaciones.
Díaz afirmó que los ejecutados llegaron el martes 27 de octubre al DF, según los recibos de las casetas que pasaron y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, sin precisar cuál.
Según sus familiares, su visita a la Ciudad de México era con la finalidad de contactar a representantes de agencias aseguradoras para adquirir vehículos siniestrados, arreglarlos y revenderlos en Nuevo León.
"La familia no ha referido que no tenían enemigos; lo estamos trabajando por un homicidio más", reiteró.
El fiscal dijo que encontraron en la camioneta dos casquillos calibre .22, pero no huellas dactilares.
Asimismo, comentó que los cuerpos estaban vendados de la cabeza, cada uno tenía un tiro en la cabeza y el cadáver de Héctor Francisco Saldaña presentaba huellas de golpes en el cuerpo.

Cmunicado del EPR

Comunicado del COMITE DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR, 2 de noviembre
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirma en un comunicado que con el pretexto de anticipar un estallido social, el gobierno federal instala un Estado policiaco-militar en el país, para lo cual ha elaborado listas de miles de hombres y mujeres que consideran un peligro para la estabilidad y el desarrollo social.
En su comunicación, el grupo armado denuncia que los recursos y efectivos del CISEN son más de los que hacen públicos y que están dedicados fundamentalmente al trabajo de contrainsurgencia, el espionaje a políticos y a empresarios.
Textual
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La violencia desde y por el Estado adquiere diferentes rostros y formas contra nuestro pueblo, entre ellas está el hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, la insalubridad, el desamparo social, la desnutrición infantil que está generando daños irreversibles en toda una generación a la cual se le condena a vivir sólo para sobrevivir mendigando dentro de la lógica capitalista neoliberal, es decir, el Estado a través de los gobiernos panistas y priístas están empujando a las nuevas generaciones a vivir dentro del cretinismo social, porque como autómatas pueden ser sometidos con facilidad al régimen neoliberal y sus medidas inhumanas.
La otra parte de la violencia institucional contra el pueblo es aquella que se implementa a través de los instrumentos represivos públicos y clandestinos amparados en un estado de derecho oligárquico, porque este régimen ya dio muestras sobradas de la depredación económica, política y social a la que son capaces los grandes empresarios, los gobiernos panistas y los políticos de oficio que sostienen por todos los medios este régimen antipopular, porque les ha resultado una forma eficaz y rápida de enriquecimiento ilícito, los panistas como relevo de los priístas han reproducido los métodos de los segundos, dado que sólo pueden sostenerse en el poder con la represión abierta y encubierta.
La violencia del Estado policíaco militar es generalizada contra cualquier manifestación de descontento, pero sobre todo la represión está dirigida contra el descontento organizado, cebándose con los luchadores sociales consecuentes, con los defensores de los derechos humanos honestos, con miembros activos de organizaciones defensoras del medio ambiente, contra los sindicalistas independientes, contra los que luchan por la defensa de las preferencias sexuales y el derecho de la libre reproducción, contra los que defienden el derecho a la educación, contra los movimientos progresistas y sus representantes, pero sobre todo la represión en estos momentos está orquestada por el CISEN, gobernación, la SSPF e inteligencia militar contra todo descontento organizado que suponen que pertenece al movimiento revolucionario, en específico con nuestro PDPR-EPR.
Obedeciendo el viejo método contrainsurgente se coacciona, se hostiga, se desprestigia, se criminaliza y se crean expedientes delictivos y “relaciones” inverosímiles entre luchadores sociales, sus organizaciones y nosotros. Esto es fascismo en donde no se permite otra forma de pensar, de organizarse más que la del régimen, en este caso, la del panismo y la ultraderecha. La vieja táctica de desprestigiar, aislar y golpear para aniquilar.
En el México de hoy que a nivel internacional Calderón y su cuerpo diplomático osan exhibir una “democracia joven y pulcra”, gobernada por “decentes demócratas” que demagógicamente se dicen estar preocupados por los pobres y el desarrollo del país, encolerizan cuando organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos los contradicen y desenmascaran con pruebas fehacientes de la sistemática violación de los derechos humanos y la anulación de facto de los derechos constitucionales que afecta a todos los sectores de la sociedad mexicana, porque casi nadie escapa a la represión calderonista. Tan grande es su autoritarismo para gobernar que hasta quienes lo llevaron ilegítimamente al poder actualmente lo reprueban por sus medidas económicas y sociales que toma con tal de seguir financiando la militarización y represión en todo el territorio nacional, ahora lo ven como un político ladino e inescrupuloso.
Lo mismo se desaparece y se asesina impunemente a sindicalistas petroleros por estar en contra de la privatización de Pemex, a comuneros por la defensa de sus tierras, a ambientalistas que se oponen al ecocidio, a profesores democráticos, a periodistas y abogados honrados, a luchadores sociales, así como se desaparece un sindicato por voluntad y decreto presidencial.
Alertamos al pueblo y a la comunidad internacional que el gobierno de Calderón en complicidad con algunos gobernadores, como es el caso del gobierno del estado de Chiapas y de Oaxaca, están preparando una nueva campaña de represión contra todo el movimiento popular y toda expresión de inconformidad a la cual se pretende criminalizar para justificar el hostigamiento, las detenciones masivas, los asesinatos políticos, el encarcelamiento de luchadores sociales en cárceles de exterminio y la desaparición forzada de luchadores sociales y de revolucionarios como política de Estado.
Sabemos y denunciamos públicamente que el aparato represivo y los cuerpos de inteligencia federal han elaborado listas de miles de hombres y mujeres que consideran un peligro para la “estabilidad y el desarrollo social”, valga decir, un estorbo para sus grandes transas, sus sucios negocios y acuerdos antipopulares, listado que tiene como “fundamento” estar vinculados a nuestras acciones de autodefensa y a la insurgencia armada.
En una lógica perversa del gobierno calderonista, sus instrumentos de represión y los gobernadores que jocosamente hacen eco a la ultraderecha han retorcido tanto la ley y en un hecho de interpretación fascista de ésta a los luchadores sociales, a los opositores del régimen y a los revolucionarios se nos pretende juzgar por nuestros ideales fabricando delitos del fuero federal, vincularnos al crimen organizado al mismo tiempo que ser acusados de rebelión o motín, sin que quede asentado que el verdadero motivo es político, es decir, estar en desacuerdo con las políticas neoliberales, el gobierno ilegítimo y el régimen neoliberal.
El fantasma del estallido social es pretexto de “tomar estas providencias” de parte del gobierno calderonista, a la vez que para quienes han hecho de la política una forma de vivir holgadamente lo asumen como un chantaje político. Ni democracia, ni parlamento, el Legislativo en estos momentos está reducido –salvo algunas honrosas excepciones- en un vergonzante instrumento de validación de las medidas y propuestas antipopulares del Ejecutivo y de los acuerdos tras bambalinas que sólo benefician a los grandes empresarios y a las empresas transnacionales.
El poder Legislativo se encuentra avasallado por lo más antidemocrático y reaccionario de la mal llamada clase política y de los mercenarios de la política como son los políticos que militan en partidos satélites del PAN y del PRI, comparsas de esta administración fascista.
Mientras los medios se ocupan de las contradicciones y rebatingas palaciegas en las cúpulas del poder económico y político, los índices de desempleo y represión se disparan como nunca antes, el único empleo que se puede conseguir en el marco de la crisis económica y la represión generalizada es enrolarse en los cuerpos policíacos y militares, así como a los diferentes aparatos de inteligencia, reclutamiento que se da no sólo por el desempleo desenfrenado, sino porque también llenan un perfil patológico para ser torturadores, asesinos y represores de su propio pueblo.
Los recursos y efectivos del CISEN son más de los que hacen públicos, están dedicados fundamentalmente al trabajo de contrainsurgencia, el espionaje a políticos y a empresarios, es una labor de rutina enfermiza que sacia sus bajos instintos, lo verdaderamente peligroso es el seguimiento policíaco-militar que hacen a los luchadores sociales y al conjunto del movimiento popular con fines represivos y criminales, buscando que todo ciudadano sea un soplón de este gobierno ilegítimo, una “chiva” que denuncie a los revolucionarios.
Afortunadamente una vez más se equivocan, porque así como hay sujetos psíquicamente enfermos, descompuestos y desclasados socialmente que se prestan a estas bajezas, también hay un pueblo que aunque sufra hambre y represión conserva su dignidad y lealtad a la lucha popular, informando de quiénes son las orejas y entregadores del gobierno, los nombres de los represores clandestinos, de dónde viven y sus movimientos, de los jefes paramilitares, de los caciques y empresarios que financian los grupos de paramilitares, de los políticos de oficio vinculados al crimen organizado desde y para el Estado. Por cierto los agentes del CISEN que fueron balconeados en el internet podrán haber cambiado de domicilio y auto, pero la pregunta es ¿Tendrá el CISEN el presupuesto necesario para la cirugía facial para cada uno de estos esbirros del capital?
La mayor falacia dicha por funcionarios del CISEN, que propalan públicamente y mediante filtraciones a sus voceros oficiosos, anunciando prepotentemente que nos tienen acotados. Gómez Mont y el director del CISEN mienten cínicamente al igual que su jefe Calderón cuando pregonan que hay diálogo y a la vez se reprime, se elaboran expedientes criminales, se crean listas de ciudadanos y luchadores sociales para reprimir, se ignora a las fuerzas progresistas, se corrompe y coacciona a la izquierda domesticada haciendo oídos sordos con una actitud déspota y fascistoide.
Ante nuestra demanda de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes Ruiz y otros luchadores sociales, el gobierno de Calderón y sus funcionarios han apostado a la táctica del olvido y el desgaste, implementando sobre todo su proceder represivo privilegiando la salida policíaco-militar a una demanda política y social, como es la presentación de todos los detenidos-desaparecidos.
Ni acotados ni contenidos, ni venganzas ni resentimientos; análisis y correspondencia con el desarrollo de la lucha de clases en el país, con el desarrollo cualitativo de las masas organizadas. Nuestro partido y ejército sabrá interpretar oportunamente el sentir y la demanda del accionar revolucionario que el pueblo demande sin trámite burocrático, sin atenerse del consentimiento de líderes inconsecuentes.
Ante la represión la unidad del pueblo para generalizar las acciones políticas de masas sin medrosidad, mucho menos como chantaje para la obtención de prebendas personales o de grupo; la solidaridad nunca se condiciona se da y se acepta de manera incondicional y consciente; la consecuencia y la responsabilidad con lo que decimos ser y representar se refleja en la práctica cotidiana, por lo tanto en estos momentos las acciones de las masas organizadas cualitativamente deben ser superiores a las actualmente implementadas, porque no podemos seguir respondiendo con la misma táctica cuando la realidad ha cambiado con la imposición desde los Pinos de un estado policíaco-militar.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS! Todos estamos obligados a luchar por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia; por la presentación inmediata con vida de todos los detenidos-desaparecidos; por la defensa sin cortapisas del sindicalismo independiente; por la exigencia del cumplimiento de nuestros derechos constitucionales a la educación, a la salud, a la seguridad social, al empleo; por el respeto a la soberanía nacional y popular. Preparémonos conscientemente para resistir y responder organizadamente al terrorismo de Estado, a la criminalización de la pobreza y la protesta popular, a la profundización de la violación sistemática de los derechos humanos, que por sus convicciones fascistas este gobierno pretende arribar a la anulación de todo derecho constitucional.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL
PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡VIVAN LOS SINDICATOS INDEPENDIENTES!
¡POR LA LIBERTAD SINDICAL!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITE DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 45
República Mexicana, a 2 de noviembre de 2009.-