17 jun. 2010

Cochinero en Veracruz

Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, consideró ilegales las grabaciones dadas a conocer por el PAN sobre el presunto manejo de las campañas electorales por Fidel Herrera, Mandatario de Veracruz.
"Esto es muy lamentable porque esto es parte de un golpeteo electoral. No sería deseable que en el futuro, aunque no será evitable, que sigamos viendo este tipo de actividades que llaman la atención. Es valerse de la ilegalidad para pretender ganar una elección", dijo Peña Nieto.
"Habrá que preguntar al partido, quienes han venido exhibiendo estas llamadas como gran logro que están en la ilegalidad, de dónde las obtuvieron y no nos hagan pensar o suponer que instituciones pensadas a trabajos de inteligencia ahora las utilice el Gobierno y el partido en el Gobierno para fines electorales", dijo Peña Nieto.
Pide GDF investigación a fondo
Para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el escándalo por las grabaciones del Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en las que se revela que maneja la campaña del candidato priista a la Gubernatura, Javier Duarte, debe ser investigado a fondo y actuar conforme a la ley.
Según Ebrard es preocupante que se tenga la confirmación de un fenómeno de esta naturaleza.
"Eso tiene que traer consigo responsabilidades jurídicas y legales importantes, es decir, no debe quedar sólo en lo que se dio a conocer en una grabación, sino que se tiene que ir a fondo en esta investigación y sancionar", dijo el Mandatario capitalino en entrevista.
En tanto, el l Presidente Estatal del PAN y la Delegada Especial para el Proceso Electoral Mariana Gómez del Campo Gurza, respectivamente, acudieron hoy al Instituto Electoral Veracruzano para presentar una denuncia en contra de Fidel Herrera Beltrán por el presunto desvío de recursos públicos para sus campañas políticas en el presente proceso electoral.
De igual forma, se solicitó que Fidel Herrera Beltrán presente un informe detallado de los programas sociales que aplica su administración con datos como los nombres de los programas, la población beneficiada, la entrega de despensas, el programa de empleo temporal y los responsables de aplicarlos.
De confirmarse dichas acciones, Fidel Herrera estaría violando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, transparencia y honradez y destinarse para su objetivo; el 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que ordena sanciones administrativas a servidores públicos que falten a la honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo público y el artículo 82 del Código Electoral del Estado, donde se prohíbe a los partidos políticos, coaliciones y candidatos utilizar programas de carácter público, además de las sanciones penales que de ello se derive.

Declaración de Victoria

Columna PLAZA PÚBLICA
Declaración de Victoria
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 17 Jun. 10;
Es preciso que la campaña mediática que las favorece, y las expresiones laudatorias a las Fuerzas Armadas, especialmente ciertas cuando cumplen tareas sociales en caso de desastre, no sirvan para ofrecerles impunidad
Es obvio el doble sentido de la Declaración de Victoria que suscribieron los gobernadores la semana pasada y fue dada a conocer ayer. Suscrita el 9 de junio en la capital de Tamaulipas -de allí que se invoque el nombre de esa ciudad- sugiere también un triunfo, aunque por la situación presente no pueda saberse de quién sobre quién.
Esa Declaración de Victoria emitida por la Conferencia Nacional de Gobernadores está consagrada a "reconocer la contribución del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Federal, a favor de la seguridad y la tranquilidad social". Parece un exorcismo, una invocación para que la Fuerza Armada Permanente, innovación verbal para designar a militares y marinos, se mantenga no dentro de los límites de sus atribuciones constitucionales, pues de ellas la han sacado los gobiernos civiles una y otra vez, sino como factor de apoyo a la institucionalidad.
Manifestaron los gobernadores su "convicción de que la profunda raíz popular del Ejército Nacional, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, es garantía de lealtad a la Patria y los propósitos nacionales de que imperen las libertades para las personas, la democracia para el ciudadano, la justicia social para el pueblo y la soberanía para la Nación". También valora la Conago, "plenamente, las tareas desarrolladas por la Fuerza Armada Permanente y la Policía Federal para hacer frente a las manifestaciones de la delincuencia contemporánea más peligrosa y su pretensión de establecer situaciones de facto que atentan contra el imperio de la ley y los derechos de las personas y los grupos sociales".
La Declaración de Victoria, que aprecia y reconoce el "sacrificio que realizan cotidianamente los integrantes de la tropa, las clases y los oficiales de la Fuerza Armada Permanente y la Policía Federal al anteponer en cualquier situación de riesgo para sus vidas, su vocación de servicio a la Nación y su pasión por cumplir con su alta encomienda en toda la geografía nacional", coincide con la notoria y persistente campaña del gobierno federal para no sólo enaltecer las funciones castrenses sino también para deturpar a quienes cuestionan al Ejército y la Marina cuando actúan al margen de la ley. Eso es lo que buena parte de la sociedad critica y reprocha, no a las instituciones como tales, que gozan de alto aprecio social cuando realizan funciones de asistencia principalmente en casos de desastre. Por esas tareas los militares y marinos aparecen invariable y justificadamente en los primeros lugares del asentimiento social en las encuestas. Nadie puede, por otra parte, dejar de condolerse con las familias de los militares y agentes caídos en el cumplimiento de su deber. Pero...

Ayer mismo, cuando el gobernador de Tamaulipas hizo publicar la Declaración de Victoria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el asesinato de dos niños en esa entidad a manos de militares. La posición del ombudsman se opone, en consecuencia, a la postura gubernamental que ha sostenido que la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar se debió a que quedaron en medio de un tiroteo entre soldados y delincuentes. Todavía el miércoles 9 de junio, cuando después de dos meses del horrible suceso acaecido el 3 de abril, los padres de las pequeñas víctimas fueron recibidos por el presidente Calderón y su señora esposa, la oficina de prensa de Los Pinos insistió en que los niños perecieron en un enfrentamiento. La versión oficial del encuentro indignó a los señores Almanza Salazar, quienes declararon su frustración ante la futilidad del encuentro con el Ejecutivo, quien no escuchó los pormenores del ataque sufrido por la familia victimada, que desde el primer momento habló de un ataque inesperado de militares en un retén no lejos de Ciudad Mier.

La recomendación de la CNDH reconoce la veracidad de lo dicho por los Almanza Salazar y rechaza, por consiguiente, la versión militar, montada con posterioridad y no fundada en pruebas verosímiles. Importará que las autoridades concernidas acepten la recomendación y obren en consecuencia. De lo contrario, los miembros del Ejército que mataron a los niños Almanza, e hirieron a su padre y a un tío, gozarán de impunidad, como la que beneficia a quienes mataron a los dos estudiantes de posgrado en el Tecnológico de Monterrey hace ya tres meses.

El propósito de gloriar a las Fuerzas Armadas, presente en el documento presidencial sobre la lucha en pos de la seguridad pública -presentado en los medios impresos el domingo y el lunes y convertido el martes en mensaje transmitido en cadena nacional- surge entre otros factores de la necesidad política de blindar a militares y marinos de la crítica que merecen cuando incurren en actos delictuosos. Haya o no haya guerra contra la delincuencia organizada -pues el documento presidencial niega que la haya pero razona como si la hubiera-, lo cierto es que censurar los abusos militares no equivale al derrotismo y muchos menos al quintacolumnismo, posiciones vitandas en una guerra verdadera.

Por eso suena exagerada, y amenazante, la exigencia del secretario de Gobernación a los medios de comunicación de conducirse del modo en que el funcionario considera adecuada. Exigió, el verbo es suyo, que "los medios vinculen de mejor manera a la opinión pública y la participación social con los cuerpos de seguridad del Estado". Es una actitud inadmisible en un funcionario que invariablemente oculta las agresiones militares y para ello llega a mentir.
Cajón de Sastre
Una de las características del antiguo régimen, el autoritario priista, era la impunidad de los altos funcionarios, los que tenían formalmente responsabilidad política. Sólo por excepción eran involucrados en procesos, con frecuencia surgidos no de la pertinencia legal sino de la venganza política. Con amarga resignación los ciudadanos decíamos que la ley de responsabilidades se aplicaba sólo a carteros, a los servidores indefensos. Una vez más comprobamos, tras concluir el debate en la Corte sobre la Guardería ABC, que el antiguo régimen era exactamente igual al presente. Era claro que ni Juan Molinar, ni Daniel Karam, ni Eduardo Bours, ni Ernesto Gándara irían a la cárcel tras la averiguación constitucional. Pero salieron de ella indemnes, como si no tuvieran nada que ver con el crimen del 5 de junio de 2009.

Diego y The Wall Street Journal

Advierte WSJ dudas en búsqueda de Diego
Las familias de la élite mexicana pueden sentir hoy que hasta las instituciones más poderosas no son capaces de resolver un secuestro
Nicholas Casey / The Wall Street Journal
Reforma, 17 junio 2010.- El mes pasado, los mexicanos quedaron asombrados cuando Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial, fue secuestrado en su rancho.
Sin embargo, entonces surgió una segunda sorpresa: a unas semanas del secuestro, a pesar de no encontrar al político de 69 años, la PGR informó que suspendía la investigación del caso a petición de la familia. La agencia investigadora de Querétaro, estado donde ocurrió el secuestro, informó que había hecho lo mismo.
La decisión de detener la búsqueda, sin precedentes en un secuestro de tan alto perfil, ha desatado una controversia en México. Aunque la familia no explicaría por qué intervino, en gran medida se piensa que las autoridades dejaron el caso para que la familia pudiera negociar un rescate directamente con los captores de Fernández.
El hecho muestra que en México, las familias de la élite pueden sentir hoy que hasta las instituciones más poderosas no son capaces de resolver un secuestro. El propio partido gobernante al que pertenece Fernández de Cevallos estaba buscando declarar ilegales los pagos de rescates para desalentar a los criminales, medida que parece haber sido ignorada en el caso de esta familia. El caso, que también presenta un dilema: cuando el principal investigador de México deja de trabajar en un crimen como éste, ¿eso envalentona a los secuestradores?
"Piense en el precedente que sienta esto", dice Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México, grupo con tendencia de izquierda que representa a jueces y abogados. "El estado simplemente no puede renunciar a su deber de esta manera".
Desde que el Presidente Felipe Calderón tomó posesión de su cargo a finales de 2006, los secuestros se han disparado. En los primeros 3 años se reportaron casi 2 mil 450, cifra cercana a lo que reportó la administración de su predecesor en el cargo. Los expertos creen que la mayoría de los secuestros nunca son reportados.
Los narcotraficantes han imitado a los grupos guerrilleros en el secuestro de empresarios acaudalados por un rescate. Otras víctimas, menos adineradas, caen presas de los llamados secuestros exprés donde la gente es plagiada y obligada a retirar dinero de cajeros automáticos. En 2008, Félix Batista, experto en secuestros quien en una compañía privada había negociado docenas de casos de rescates en México, fue secuestrado. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Los expertos han estado de acuerdo en que los rescates lucrativos, junto con una voluntad de los mexicanos adinerados para pagarlos, son en gran parte el problema. Incluso, el PAN ha enviado al Congreso una propuesta de ley que exige que los secuestros sean reportados a la Policía y declara ilegales los pagos a los criminales. La iniciativa está estancada.
Sin embargo, parece que la desaparición de Fernández de Cevallos ha hecho que el Gobierno dé marcha atrás en la que parecía una postura severa. A diferencia de la mayoría de las víctimas de secuestro, Fernández de Cevallos es un ícono en el partido gobernante, un abogado adinerado y uno de los hombres mejor conectados de México.
"La reacción de las autoridades no me sorprende", dice Edgardo Buscaglia, profesor de leyes en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. "México posee un estado muy débil".
La PGR no ha respondido a preguntas por escrito para comentar al respecto.
Pocos dudan de la influencia en México del conocido "Jefe Diego", quien terminó segundo en la elección de 1994 y desde entonces ha mantenido un alto perfil.
El 14 de mayo, conducía a su rancho en el estado de Querétaro. Sus atacantes ya lo esperaban.
Fernández de Cevallos pronto fue reportado desaparecido y se encontraron manchas de sangre al lado de su vehículo. Las autoridades rápidamente dijeron que una foto de un hombre de barba y con los ojos vendados que fue filtrada a la prensa después del secuestro parecía ser del político, una señal de que podría estar vivo.
Los editorialistas censuran el hecho, que ensombreció la visita de estado del Presidente Calderón a Washington el mes pasado. En una telenovela mexicana, un actor entró a una oficina con un periódico con un encabezado sobre el secuestro.
Ocho días después del plagio, las autoridades anunciaron que suspendían la investigación.
Una gran parte del problema es la corrupción en las instituciones. En los últimos años, los principales funcionarios en la PGR han sido encarcelados por nexos con cárteles de la droga y organizaciones dedicadas al secuestro.
En el caso del político, una investigación podría "empeorar las cosas para Diego Fernández y su familia", dice Buscaglia.
La reciente propuesta para declarar ilegales los rescates, un obvio disuasivo contra los secuestradores, también podría presentar problemas imprevistos.
"Las víctimas entonces esencialmente se convertirían dos veces en víctimas", dice K. McCown, de Altegrity Risk International, compañía de seguridad privada con sede en Nueva York que ha negociado unos 70 casos de secuestro en México desde mediados de los años 90.
"Haz perdido a tu ser querido y potencialmente podrías ser procesado por pagar un rescate", dijo McCown, cuya firma monitorea el caso de Fernández.
McCown mencionó que Estados Unidos alguna vez enfrentó problemas similares a los de México en el negocio de los secuestros por un rescate. Sin embargo, a principios de los años 80, el FBI intensificó sus capacidades de inteligencia y ahora puede interceptar conversaciones telefónicas y correos electrónicos con más frecuencia por medio de la intervención de teléfonos, lo que hace más difícil que grupos grandes organicen un secuestro.
"En comparación, México no tiene esa infraestructura", dice. "Nosotros tenemos un sistema de justicia criminal que te pondrá en la cárcel durante muchos años".
En México, en contraste, solamente existe una oportunidad del 2 al 3 por ciento de que un crimen violento resulte en una sentencia en la cárcel para el delincuente, según estadísticas del Gobierno.
Miranda, de la unión de juristas, está de acuerdo en que el enfoque de México sobre el plagio es un proyecto en ciernes, pero dice que duda que la respuesta sea renunciar y ceder las investigaciones a entidades privadas contratadas por las familias, como Altegrity de McCown. Se pagan los rescates, y los criminales continúan con sus secuestros.
"Si el Estado no investiga, ¿entonces quién?", dijo. "Lo que estamos viendo es una privatización de las investigaciones y del sistema de justicia. No todos en México pueden darse el lujo de hacer esto".
Traducción: Jorge A. López.
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¿Explosivos C-4?

Asegura la Secretaría de Marina- Armada de México más de 20 kilogramos de alto explosivo en la Ciudad de México
Miércoles, 9 de Junio de 2010 | Comunicado
Comunicado 141
Dentro del esquema de vigilancia y seguridad que mantiene la Secretaría de Marina-Armada de México y como resultado del intercambio de datos con agencias de información de los Estados Unidos de América y del trabajo de inteligencia naval, esta madrugada personal de Infantería de Marina logró el aseguramiento de más de 20 kilogramos de alto explosivo, en calles de la colonia Roma de esta ciudad capital.
Dicho aseguramiento se llevó a cabo luego de una visita a un domicilio ubicado en la calle de Mérida, entre la calle de Puebla y Avenida Chapultepec, en la Colonia Roma, donde el personal naval identificó que un grupo de delincuencia organizada tenía en su poder alto explosivo, más detonante.
En el lugar fueron aseguradas cuatro personas de nacionalidad mexicana, quienes responden a los nombres de Santos Cleofás Nolasco, Juan José Cabrera López, Cristian Bárcenas Camacho y Mathew Roberts Assanza Espinoza.
Cabe señalar que el material explosivo asegurado es de fácil maleabilidad, utilizado en tareas de demolición debido a su facilidad para ser adaptado a cualquier forma, el cual se puede aplicar directamente en estructuras y cuenta con una velocidad de detonación y densidad suficientes para romper el metal.
Hasta el momento se realizan las coordinaciones necesarias con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para poner a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación a las personas aseguradas e iniciar las averiguaciones correspondientes; asimismo el explosivo quedará bajo resguardo de personal de la Secretaría de Marina-Armada de México.
Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Marina, (SEMAR).
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¿Anular elecciones?

Carlos Loret de Mola
Columna Historias de reportero
El Universal, 17 de junio de 2010
¿El Presidente quiere anular las elecciones?
En menos de 24 horas se denunciaron actos que exhiben el fraude electoral de gobernadores priístas y autoridades electorales de sus estados, coludidas con ellos. El origen ilícito de las grabaciones telefónicas que desnudan estos delitos apuntan a que la estrategia del PAN no es ganar en los comicios del 4 de julio, sino anularlos.
Todo empezó en punto de las 9 pm de antier. El presidente Calderón dio un mensaje sobre seguridad, en cadena nacional de radio y televisión. No dijo nada que no haya dicho antes. No hubo ningún anuncio que ameritara la interrupción. Sin embargo, sirvió para que la imagen del jefe del Ejecutivo apareciera en la todas las teles de México, particularmente en los 13 estados que tienen elecciones en 17 días. De esta manera, dio la vuelta a la instrucción del IFE de retirar los spots de Presidencia, por considerar que sesgan el voto a favor del PAN. Lo de anoche fue un spot de 10 minutos con 27 segundos que se vio en toditito el país, a diferencia de 2007 cuando hubo elecciones locales y las cadenas nacionales se restringían en los estados con comicios.
La madrugada de ayer Excélsior divulgó en su primera plana grabaciones telefónicas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que demuestran cómo el mandatario es el verdadero jefe de la campaña del PRI. Los audios radiografían a un —ya sospechado— mandatario poniendo a disposición de sus candidatos sus recursos, su “plenitud del pinche poder”.
A las 9:11 am, en su programa de radio, Carmen Aristegui presentó dos casos que desacreditan a las autoridades electorales locales en Puebla y Sinaloa. Unos documentos que ligan al presidente del Instituto Estatal Electoral poblano, Jorge Sánchez Morales, a una empresa que da asesorías financieras pagadas por el gobierno de Mario Marín. Y recordó la grabación telefónica de la presidenta del Consejo Estatal Electoral sinaloense, Juliana Araujo Coronel, donde acata la instrucción de quitarle el emblema a la coalición opositora que encabeza Mario López Valdez Malova.
A las 13:30, en conferencia de prensa, el dirigente nacional panista, César Nava, presentó dos grabaciones más que abonan en el fraude de Fidel Herrera en Veracruz.
Los casos son noticia, por eso fueron destacados en distintos medios. También hay una clara mano que está detrás de una estrategia de intervención telefónica ilegal, denuncia de fraude electoral de los gobernadores y desacreditación por absoluta parcialidad de los presidentes de los institutos electorales estatales.
El presidente Calderón es el jefe de la campaña panista y lleva meses concentrado en su máxima prioridad que está en el 4 de julio. Con espionaje, con César Nava mismo difundiendo grabaciones —a dos días de que dos consejeros del IFE lo acusaran de intimidación y amenazas—, lo mínimo es preguntarse si desde Los Pinos se está orquestando una estrategia para anular los comicios, echando mano de los mismos argumentos lopezobradoristas de 2006 que tanto descalificaron: el Ejecutivo metiendo las manos y la autoridad electoral coludida

Dictaminar la ley antisecuestro

La Comisión de Justicia que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) no legislará al vapor la minuta del Senado en materia de secuestro, afirmó el diputado Josué Valdés Huezo, encargado de redactar el dictamen correspondiente.
“Más que cosa de urgencia o legislar al vapor, la opinión que se ha vertido al interior del grupo es revisar el articulado a fondo para sacar una buena ley, la que más convenga a la sociedad. El criterio de rapidez lo hemos sustituido por el de efectividad y eficacia”, subrayó el diputado del PRI.
En este sentido, Valdés Huezo destacó que a la fecha se han recibido 40 observaciones por parte de los diputados Ardelio Vargas Fosado, Carolina Viggiano Austria, Alfonso Navarrete Prida y Arturo Zamora, del PRI; Carlos Pérez Cuevas y Sonia Mendoza Díaz, del PAN; Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del PRD; Rodrigo Pérez Alonso y Eduardo Ledesma Romo, del PVEM y Pedro Vázquez González, del PT, integrantes del órgano legislativo.
En entrevista, Valdés Huezo refirió que muchas de las observaciones giran en torno a especificar los tipos de secuestro y sus penas; hacer más congruentes las sanciones para no incurrir en la inconstitucionalidad o en la impunidad, en su caso y evitar duplicidades.
“La cuestión de la competencia sigue siendo una inquietud de los diputados. Piden que se precise qué le corresponderá a la Federación y qué a las entidades. Está de igual forma el tema del fondo antisecuestro, sobre todo para precisar cómo se integrará, con qué recursos si federales o de la extinción de dominio y a quiénes va a beneficiar”, concluyó.
Entre las observaciones, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares (PRD) propuso que en la Ley antisecuestro se establezca que las unidades especiales que investigarán este tipo de delitos se integren con policías certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, hizo hincapié en que además de reparar el daño al ofendido o a la víctima, se haga a la comunidad donde se cometió el delito. Otra propuesta es incorporar la no sanción penal a quienes tengan amistad cercana con el secuestrador o funjan como sus defensores.
Consideró que se debe modificar el artículo 19 de la minuta y establecer que ningún secuestrador tenga la oportunidad de recibir el indulto o la amnistía.
También sugirió, como algo fundamental, que el fondo para las víctimas de secuestro no esté financiado con recursos públicos sino con aquellos que provengan de la extinción de dominio, es decir “que sean recursos que provengan de los propios secuestradores y que sirvan para reparar el daño”.
A su vez, en su pliego de observaciones, el diputado del PT, Pedro Vázquez González respaldó la propuesta perredista. Agregó que de operar el apoyo a víctimas de secuestro como se prevé en la minuta, tendría que hacerse también a aquellos delitos que se establecen en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida observó que en la minuta enviada por el Senado falta claridad en la competencia de las autoridades para la persecución del delito.
“No precisa si el secuestro va a ser perseguido por el Ministerio Público Federal en todos los casos, como parte de la delincuencia organizada, la cual se establece en la Constitución ni tampoco qué le corresponderá a las entidades federativas”.
Otro asunto, añadió, es clarificar la gradualidad de las penalidades. Un asunto más es la imprescriptibilidad del delito de secuestro a diferencia del homicidio, cuando el máximo valor jurídico que protege el derecho mexicano es la vida.
Planteó establecer una definición legal de lo que es el secuestro. “El secuestro no es el que priva de la libertad a otro, sino la privación ilegal de una persona, además de que no son varios secuestros, sino varias conductas; el error viene desde la Constitución”.
Por su parte, la diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) señaló que cualquier implementación de tecnología y algunos elementos electrónicos de localización y vigilancia de delincuentes, como se sugiere en la minuta, implica un impacto y costo presupuestal, por lo que sugirió contar con un estudio previo a la discusión del Presupuesto de 2011.
“La propuesta es girar un oficio al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a efecto de poder tener la opinión técnica respecto de los recursos que se requieren para la implementación de esta nueva tecnología”, indicó en sus observaciones.
En tanto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del PAN, pidió definir si la Ley antisecuestro “es general o reglamentaria”, así como especificar las competencias tanto de la Federación como de los estados y municipios en la persecución del delito.
Coincidió en que se debe dejar claro el asunto de la imprescriptibilidad del delito de secuestro, al igual que las penalidades.
“Un punto importante es el de las penalidades. Como se establecen en la minuta se vuelven desproporcionadas, ya que sanciona más gravemente al secuestro, hasta con 90 años de cárcel, en comparación con el delito de homicidio, que castiga al autor con una máxima de 70 años”.
Planteó finalmente, evitar la duplicidad en la tipificación de las conductas en los diferentes tipos penales, así como revisar el tema del fondo de atención a víctimas del secuestro, sobre todo, en cuanto de dónde provendrían los recursos, si de la Federación o de los bienes incautados al crimen organizado.
El diputado Josué Valdés Huezo señaló que por acuerdo de la Comisión, el próximo 22 de junio se cierra el plazo para recibir las observaciones por escrito, a fin de que sean incorporadas al dictamen final, toda vez que, afirmó, “no se puede hacer perpetua la recepción de las mismas, pese a que existe mucha inquietud de los legisladores por aspectos que no fueron considerados por la colegisladora”.
Lo que es un hecho, dijo, es que la minuta enviada por el senado será modificada por la Comisión de Justicia de forma sustancial, “tanto de fondo como de forma”.

Convenio Cide-Cámara de Diputados

Firman convenio de colaboración la Cámara de Diputados y el CIDE
La Cámara de Diputados y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE) suscribieron un Convenio General de Colaboración e Intercambio en materia de Investigación e Información Parlamentaria.
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Ramírez Acuña dijo que México enfrenta hoy problemas sociales que demandan la reflexión y el análisis, la política comparada y el estudio de mejores prácticas a nivel mundial.
“Esto es fundamental para saber los caminos que existen para la toma de decisiones, más allá de actuaciones voluntaristas, que muchas veces no resuelven a favor de la población”.
Por ello, agregó, el objetivo del convenio es el intercambio y el desarrollo conjunto de investigaciones en materia jurídica, parlamentaria, social, económica, cultural y de opinión pública que estimulen el conocimiento de ambas partes.
Otro, indicó, es la impartición de cursos, seminarios y talleres en materias relacionadas con actividades legislativas; el desarrollo de simposios, coloquios, encuentros y conferencias en la materia; programas de modernización legislativa e instrumentación de nuevas tecnologías de captación, procesamiento y difusión de información legislativa.
Ramírez Acuña subrayó que los legisladores requieren del apoyo de las instituciones educativas, culturales y de investigación para cumplir con la tarea parlamentaria.
“Es a través de la investigación, el análisis y el estudio profundo de la problemática que aqueja a nuestro país como vamos a encontrar respuestas eficientes y que estas tengan un verdadero sustento científico en beneficio de la comunidad”.
A su vez, el director general del CIDE, Enrique Cabrero Mendoza señaló que ratificar y reactivar el convenio que se inició en la LX Legislatura es muy importante, pues el Centro está cumpliendo 35 años de vida, el cual nació en un México muy diferente al actual.
Subrayó que la firma del convenio se ubica dentro de las prioridades del CIDE. “Queremos que sea una firma que evidentemente se traduzca lo más rápido posible en acciones; podemos colaborar con estudios, ciclos de discusión, conferencias, en fin, lo que los señores legisladores consideren que puede serles de utilidad”.