16 nov. 2010

¿Oficina binacional?

Columna PLAZA PÚBLICA/
Miguel Ángel Granados Chapa
Unilateral oficina binacional
Reforma, 16 Nov. 10
Al mes de haber asumido la Secretaría de Estado, la ex senadora Hillary Clinton viajó a México. Al llegar el 25 de marzo de 2009 anunció que en breve se establecería una oficina "de implementación bilateral" en México que "trabajará para combatir al narcotráfico y la violencia que trata de diseminar".
El anuncio era preocupante. El 27 de marzo apareció en este mismo lugar una Plaza Pública titulada escuetamente "La oficina bilateral". Señalé entonces la necesidad de que el gobierno mexicano formulara "una precisión respecto del carácter de esta oficina que, por la naturaleza bilateral a que se refirió la secretaria Clinton, debió ser anunciada en una comunicación conjunta de los gobiernos involucrados". Hice notar la "contradicción de origen" consistente en que "de modo unilateral se haga saber de un mecanismo que convoca a dos partes, sin que el gobierno de México complete la información o al menos reaccione ante la afirmación de la canciller norteamericana".

Dije que del anuncio de la secretaria de Estado "puede inferirse que se tratará de un espacio ejecutivo, en que autoridades norteamericanas ejercerán alguna competencia en nuestro país. Si de eso se trata, hay que descalificar esa medida, tenerla como inadmisible. Que el gobierno de México acepte esa suerte de cogobierno implicaría que es verdadera su insuficiencia...". Igualmente señalé que "las bases legales para una oficina de la naturaleza indicada, el estatuto del personal norteamericano que en ella sirva, sus alcances y límites, el carácter de sus funciones, todo eso debe estar claro antes de que se cumpla el aviso...".
Nada de eso se hizo, en público por lo menos, y sin embargo ya está funcionando la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI). Como el anuncio inicial de hace casi 20 meses, la Oficina es sólo unilateral. Su nombre es una cobertura engañosa. Nada tiene de binacional. Se trata del cuartel general de agencias norteamericanas y no hay en ella espacio alguno para la actuación combinada, conjunta, con autoridades mexicanas. Lo más que puede observarse es la emisión de informes y directrices norteamericanos a corporaciones de seguridad mexicanas (policiales o militares) que al seguirlas han logrado capturar o privar de la vida a importantes jefes del narcotráfico.

En la OBI trabajan representantes de nueve agencias y oficinas de espionaje o inteligencia, con una cobertura que va más allá del combate al narcotráfico, con lo que se exceden los escuetos límites trazados por la secretaria Clinton al anunciar esa medida de política norteamericana. Están presentes miembros de la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), dependientes del Departamento de la Defensa, el Pentágono. Asimismo hay delegados de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia. Del de Seguridad Interior dependen la Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE). Y, del Departamento del Tesoro, la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI).

La información sobre la OBI aparece en el número del semanario Proceso que está en circulación, y resulta de una investigación realizada por Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel. Con esa oficina, ubicada en pleno Paseo de la Reforma, no lejos de la columna de la Independencia, el gobierno de Washington ha conseguido, según los autores del reportaje, que sus centros de investigación "operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos".

A pesar de que se pretendía cubrir con una capa de discreción, de mucho tiempo atrás era claro que agentes de la FBI y de la DEA han actuado en nuestro país, no sólo en apoyo de autoridades mexicanas y con su anuencia, sino por su cuenta y riesgo. De hecho, la crisis del aparato de seguridad nacional en México se precipitó a causa del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA que seguía los pasos del entonces principal jefe del tráfico de marihuana, Rafael Caro Quintero. La indagación de Camarena condujo en noviembre de 1984 al decomiso del más grande cultivo de la yerba, el que se efectuaba en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, con pleno contubernio del delincuente y autoridades locales y el Ejército. Camarena pagó con su vida esa acción: fue secuestrado junto con el piloto Alfredo Zavala que lo había acompañado en sus tareas de detección de plantíos, y cruelmente asesinado. Caro Quintero escapó de Guadalajara con su escolta, protegidos con credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por José Antonio Zorrilla. Cuando fue imposible ocultar esa complicidad, Zorrilla fue despedido y poco más tarde la dirección a su cargo desmantelada.
Camarena trabajaba sobre hechos consumados, sin que nunca se reconociera el largo alcance de su labor hasta que su infortunio lo dejó en claro. Pero ahora será distinto: las agencias de espionaje e inteligencia cuentan con autorización gubernamental mexicana, de hecho al menos, pues no se conoce un protocolo para su actuación. A la misma línea obedece el papel del embajador Carlos Pascual como supervisor de medidas contra la violencia criminal, que no se limita a Ciudad Juárez. Se trata, claramente, de presencia del gobierno de Washington ejerciendo funciones que el de México no puede realizar.

Cajón de Sastre
 El domingo se cumplieron seis meses del secuestro o desaparición de Diego Fernández de Cevallos. Había corrido la especie, más motivada por la especulación que por informes fidedignos, de que sería devuelto por sus captores en el vago lapso de "los primeros días de noviembre". Ese plazo se venció, pues los primeros días de noviembre concluyeron ayer lunes, y a partir de hoy corren los últimos días de ese mes. La Procuraduría General de la República mantiene su compromiso con la familia, de no realizar indagación alguna en torno al caso, con lo que en los hechos entra en complicidad con quienes se llevaron al ex candidato presidencial panista que era, quién lo creyera, un factor de moderación en la conducta de sus hijos, uno de los cuales protagoniza un escándalo que excede los límites de la vida privada.


miguelangel@granadoschapa.com


Reunión de implementadores

Advierten 'freno' a juicios orales
Revela estudio diferencias en estados. Documenta Segob retrasos al instaurar los ajustes penales en las entidades
Nota de Antonio Baranda
Reforma, 16 noviembre 2010.- La reforma de juicios orales enfrenta resistencias políticas y culturales que han propiciado un proceso desigual de instauración, reconocieron 29 de los 32 órganos implementadores estatales del País.
"Existe una gran diversidad de variables que influyen en los procesos locales de implementación, por lo que el proceso nacional es desigual, avanza a ritmos distintos y muestra debilidades que estamos a tiempo de contrarrestar.
"No se percibe el mismo nivel de compromiso por parte de los operadores del sistema. Existen resistencias políticas y culturales ante nuevos modelos de justicia", concluyeron los órganos estatales en una reunión privada con la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).
Un documento de la Secretaría de Gobernación que recoge las conclusiones del encuentro, realizado el 27 de octubre en la Ciudad de México, destaca la necesidad de equilibrar, a más tardar el próximo año, el grado de avance de las entidades federativas.
También se requiere, señala, de la voluntad política de los tres órdenes de gobierno así como de la sociedad civil, para impulsar los cambios de fondo y contar con los recursos financieros y humanos para que cada estado asuma cabalmente los objetivos de la reforma constitucional.
"El proceso de implementación de la reforma debe partir de una visión integral para que sea posible alcanzar sus objetivos. Debe procurarse que la visión integral del sistema de justicia penal sea coherente y se ajuste a cada uno de sus sectores.
"Es indispensable promover entre los responsables de implementación de las entidades el intercambio de experiencias e información para generar sinergias regionales e impulsar un avance más rápido y homogéneo en la implementación", dice.
Los órganos estatales acordaron establecer criterios homologados de profesionalización para defensores públicos, peritos, ministerios públicos, jueces y policías, así como realizar evaluaciones periódicas, en coordinación con la Setec, para medir los avances obtenidos.

Además, se comprometieron a crear la Conferencia Nacional de Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal; a impulsar criterios de gradualidad en los planes de instauración estatales; y a crear un directorio nacional de implementadores. "Se intensificarán las acciones para promover entre los servidores públicos de los órganos implementadores y de las instituciones que integran el sistema de justicia penal en los estados y el DF la sensibilización.

"E incorporación en su trabajo diario de los principios básicos del sistema acusatorio: oralidad, publicidad, contradicción, continuidad, igualdad procesal entre partes, inmediación, libertad y licitud probatoria, imparcialidad y concentración", añade el documento.
Entre los estados que participaron en la reunión se encuentran Baja California, Chiapas, Campeche, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros.