9 ene. 2010

Como cambiar nuestra realidad


Cómo cambiar nuestra realidad/XAVIER GUIX
Publicado en El País Semanal, 10/01/2010
Lo dijo José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Pero ¿las circunstancias son algo separado de nosotros? Lo cierto es que no podemos cambiar los hechos, pero sí la manera en que nos relacionamos con ellos.
Nos levantamos de buena mañana y mientras nos duchamos, a nuestro alrededor hay todo un mundo que se mueve. A la vez que nos enjabonamos, otras personas están haciendo cosas, aparentemente independientes a nosotros. Cuando nos secamos el pelo, alguien está corriendo porque llega tarde al trabajo, porque ayer salió de fiesta. Otra persona quería subirse a un taxi, pero alguien se le adelantó. Al salir de casa, pasamos por una cafetería que aún no ha abierto la máquina de café porque el encargado ha estado un rato discutiendo con su pareja por teléfono. Y salimos apresurados en busca de otra alternativa cuando escuchamos un frenazo de un taxi que no puede evitar atropellarnos.
Sólo si una de las cosas que sucedían mientras estábamos en la ducha hubiera sido de otra manera, sólo una, puede ser que el taxi hubiera pasado de largo sin atropellarnos. Incluso puede que ese taxi no hubiera pasado nunca. Pero siendo como es la vida, un conjunto de contingencias, de causas y efectos, de incidentes y accidentes, de circunstancias que diría Ortega y Gasset, cabe preguntarse con qué actitud queremos afrontar esta realidad universal: ¡todo está conectado!
EL TODO Y LAS PARTES
“Para crear una tarta de manzana, primero tienes que crear un universo” (Carl Sagan)
Cuenta David Jou, catedrático de Fisiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nuestra realidad, constituida fundamentalmente por átomos, no existiría si los valores de las constantes físicas, como la gravitación, la masa del electrón o la interacción nuclear débil, por ejemplo, fueran ligeramente diferentes de lo que son. Así es como podemos descubrir dos puntos de vista bien distintos: que la vida es un azar o que el universo y todo lo que existe en él es como debe ser, o sea, que todo está bien.
Ya no caben dudas de que en este mundo todo está interconectado, todo está en relación con todo. Así lo afirma Lynne McTaggart, periodista especializada en ciencia. “Toda la materia del universo está conectada en el nivel subatómico a través de una constante danza de intercambios cuánticos de energía. En el más básico de los niveles, cada uno de nosotros es también un paquete de energía pulsante en constante interacción con ese mar de energía”.
Siendo así, lo que hacemos y lo que pensamos está influyendo y a la vez es influido por el conjunto de la existencia. El todo nos afecta y cada uno de nosotros afecta a ese todo, llamémosle universo, sociedad, país, barrio, familia, relaciones y uno mismo. Eso nos debe hacer pensar si, entre el Yo y la circunstancia, existe alguna separación.
LA ACTITUD EXISTENCIAL
“Lo que tú evitas sufrir, no lo hagas sufrir a otros” (Epicteto)
Aunque formamos parte de un todo, cada día al levantarnos, no nos encontramos con ese todo, sino con sus partes, con pequeñas proporciones de vida a las que decidimos prestar atención. Esto significa que nos convertimos en el observador que da sentido de realidad a nuestras experiencias. Ésa es nuestra primera responsabilidad. Ésa es la primera decisión: ¿con qué actitud afrontamos la existencia?
Ante ese maremagno caótico de azares, muchas personas escogen el papel de víctima. Ya que el mundo está lleno de suertes e infortunios, pues ¡qué le vamos a hacer! Entonces la vida se convierte en una barca que va según sopla el viento y en constante amenaza de deriva. Los victimistas creen que lo que hagan o dejen de hacer no va a cambiar las cosas y que, lo que tenga que suceder, sucederá, y por supuesto sucederá siempre lo peor. Ante esta evidencia inamovible, según su punto de vista, no cabe otro remedio que la queja o la resignación.
Otras personas, en cambio, deciden que la única manera de sobrellevar tanta incertidumbre existencial es controlándolo todo. No hay mejor manera de quitar incertidumbre que despejar incógnitas, planificar al detalle y anticipar los movimientos ajenos para evitar sorpresas emocionales. Con tal que todo ocurra según lo que tienen previsto, los controladores fuerzan las cosas, fuerzan al tiempo, se fuerzan a sí mismas y fuerzan por desgracia a los demás.
COCREANDO LA REALIDAD
“Maestro, ¿cuál es el secreto de tu serenidad? Entregarme incondicionalmente a lo inevitable” (pensamiento estoico)
Por suerte nos queda, al menos, una tercera vía: la de hacernos uno con el todo. Es decir, conjugar eso que llamamos circunstancias con nuestra capacidad creadora. Es cierto que, lo observe o no, ahí fuera existe un mundo de leyes físicas y de fenómenos intangibles que capto a través de mis sentidos. Pero también es cierto que quien enseña a los sentidos es el observador, es ese Yo que decide y que piensa y siente sobre todo lo que le sucede. Por eso las cosas no son como son, sino como somos.
Decía Séneca que la sabiduría radica en saber distinguir correctamente dónde podemos modelar la realidad para ajustarla a nuestros deseos, de donde debemos aceptar, con tranquilidad, lo inalterable, o sea, lo que es. Pero aceptar no debe confundirse con resignarse. Si algo nos hace creadores es la capacidad de transformar las cosas, no de soportarlas. Y no puede haber transformación sin aceptación previa. Quien más, quien menos ha intentado, sin éxito cambiar la naturaleza de las cosas y a los demás. Lo intentamos hasta que nos damos cuenta de que, para cocrear, partimos de lo que es y no de lo que debería ser.
YO SOY MIS CIRCUNSTANCIAS
“El hombre no es hijo de las circunstancias. Las circunstancias son hijas del hombre” (Benjamin Disraeli)
Cuando Ortega y Gasset acuñó su poderoso aforismo, añadió: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. A mi modo de ver, nuestro filósofo intuyó que las circunstancias no son algo que ocurre a pesar del individuo, sino una realidad relacional indivisible. No estamos en el mundo sino que el mundo está en nosotros.
A menudo hago la siguiente pregunta: ¿aceptas que estás viviendo la vida que has escogido vivir? Mucha gente cree que no porque algunas decisiones de su vida no las han tomado ellas. Ocurren hechos que sin duda condicionan nuestra vida, pero nunca la determinan. No podemos cambiar los hechos, pero sí la manera en que nos relacionamos con ellos.
Si respondemos afirmativamente a la pregunta, eso nos hace responsables, que no culpables, que es otra historia. Yo soy mis circunstancias porque, de la relación que establezco con ellas, nace una realidad. Y Yo seré eso y no otra cosa. Lo bueno es que mañana puedo crearlo todo de otra manera. Eso sí, si no lo creo, no lo veo.
Una nueva mirada
1. Películas
‘¿Y tú, qué sabes?’. Dirigida por Mark Vicente, William Arntz y Betsy Chasse
‘Cadena de favores’. Dirigida por Mimi Leder.
‘El curioso caso de Benjamin Button’. Dirigida por David Fincher
2. Libros
‘El Campo’. Lynne McTaggart. Sirio.
‘Reescribiendo el Génesis’. David Jou. Editorial Destino
‘Meditaciones del Quijote’. Ortega y Gasset.

Obama y el terror

EDITORIAL/El País, 10/01/2010
Obama y el terror
El presidente estadounidense acepta el desafío de Al Qaeda, pero se niega a recortar las libertades
El desafío del terrorismo yihadista y los debates sobre la mejor manera de enfrentarlo han regresado a la escena política norteamericana tras el fallido atentado de Detroit y el inicio de los trámites para juzgar a su autor, el nigeriano Umar Faruk Abdumutallab. Mientras algunos dirigentes republicanos, siguiendo al ex vicepresidente Cheney, acusan a Obama de negarse a reconocer que Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo, éste ha respondido asumiendo la responsabilidad en la lucha contra un enemigo concreto, Al Qaeda, y rechazando recortar las libertades de los norteamericanos. Esto es, siguiendo el camino opuesto al de la Administración de Bush, que trasladó a los servicios secretos las acusaciones por las noticias falsas sobre las armas de destrucción masiva en Irak y utilizó la amenaza terrorista para favorecer una involución en el sistema político y legal estadounidense.
La principal razón por la que, aprovechando lo ocurrido en Detroit, Cheney y algunos republicanos desean arrastrar a Obama a la anterior estrategia antiterrorista no es su supuesta eficacia, sino la convalidación de los abusos que necesariamente conlleva y que la Administración de Bush no dudó en perpetrar. Se trata de proclamar la propia inocencia por la vía de hacer que todos sean culpables, desentendiéndose del coste que Estados Unidos y el resto del mundo están teniendo que pagar, todavía hoy, por el error de la "guerra contra el terror" como respuesta a las matanzas yihadistas. En el balance humano, ese coste se cifra en miles de muertos y, en el político, ha colocado a Estados Unidos en la situación militar más comprometida desde el final de la guerra fría, al haber deteriorado gravemente su capacidad de disuasión convencional en guerras que, como las de Irak o Afganistán, no puede perder, pero que tampoco sabe cómo ganar. En estas condiciones, abrir un tercer frente en Yemen sería tanto como seguir avanzando en dirección a la derrota.
La posibilidad, por fortuna fracasada, de que un suicida atentara en Detroit nada tuvo que ver con las decisiones adoptadas por Obama en relación con las guerras heredadas de Bush, sino con fallos en los sistemas y procedimientos de seguridad en los aeropuertos y fronteras internacionales. Son esos sistemas y procedimientos, y no las decisiones sobre Irak y Afganistán, los que han quedado en entredicho y los que Obama ha dado orden de revisar. Con esta respuesta, el presidente norteamericano no habrá cerrado el debate sobre la mejor forma de hacer frente al terrorismo yihadista, pero habrá demostrado que siguen existiendo cuando menos dos posiciones distintas en ese debate, la suya y la de los partidarios de retomar la estrategia de la "guerra contra el terror". Lo cierto es que ni una ni otra pueden ofrecer garantías de que no se producirán atentados. Pero lo que hace preferible la estrategia de Obama es que no continúa dilapidando la disuasión convencional de Estados Unidos, al tiempo que preserva la naturaleza democrática de su sistema político.

Ni respeto ni silencio

Ni respeto ni silencio/JUAN LUIS CEBRIÁN
Publicado en El País, 10/01/2010;
El juez de lo Penal de Madrid Ricardo Rodríguez produjo en las vísperas de Navidad, con la inestimable ayuda de la fiscal Pilar Joga, un bodrio intelectual en forma de sentencia, cuya pésima calidad nos permite interrogarnos sobre los criterios aplicados en su día para que accediera a magistrado desde su cargo de secretario judicial. Por si alguno no lo sabe todavía, este juzgador dictó penas de cárcel (un año y nueve meses nada menos) para dos periodistas de la cadena SER acusados del nefando delito de publicar una noticia, diligentemente comprobada y fehacientemente veraz, relacionada con la corrupción política y urbanística en el Partido Popular de Villaviciosa de Odón. Considera el juez tan grave el comportamiento de los condenados que dictamina, además, su inhabilitación para ejercer profesionalmente el periodismo y añade al castigo severas penas de multa, argumentando que sin duda podrán pagarlas porque deben tener un sueldo "verdaderamente importante".
El crimen perpetrado por Daniel Anido y Rodolfo Irago, del que desde ya me declaro instigador, cómplice y cooperador necesario, fue publicar en la página web de la emisora una lista de militantes de dicho partido que se afiliaron irregularmente, burlando los requisitos de sus propios estatutos, con objeto de desbancar a una dirigente afín a Ruiz-Gallardón y sustituirla por alguien leal a Esperanza Aguirre. La calificación jurídica que merece este hecho es la de "revelación de secretos", y la argumentación, revestida de la oscura dignidad de un lenguaje incomprensible, como acostumbran a hacer los malos médicos y los jueces torpes, es tan peregrina que sorprende que nadie pueda basarse en ella para decretar penas de privación de libertad.
No han sido pocas las voces que se han alzado en protesta por tan aberrantes hechos, entre ellas las de algunos representantes políticos que han aludido a que su discrepancia -o su silencio, como en el caso del PP, culpable y víctima a la vez de la corrupción desvelada-, se expresaba desde el respeto. Pero ni desde el punto de vista legal, ni desde el político, ni desde el gramatical, merece el texto firmado por el señor Rodríguez respeto alguno. Y si es verdad que las sentencias deben acatarse, no menos cierto es que también pueden atacarse cuando menoscaban el sentido común y los valores constitucionales y democráticos hasta el punto que ésta lo hace, por lo que es imposible guardar silencio ante los hechos, como algunos pretenden bajo pretexto de que la sentencia no es aún firme.
Hay quien pensará, con toda razón, que escribo esto desde mi condición de periodista, compañero de los condenados en las tareas de la radio y responsable del comportamiento profesional de su grupo de medios. Pero lo hago igualmente como ciudadano preocupado tanto por el buen uso de la libertad de expresión como por la defensa de una cultura democrática en nuestra Administración de justicia. Por último, como académico, no puedo sino lamentar el manoseo que hace del diccionario el juez Rodríguez, cuya impericia en el uso del idioma le impediría ocupar plaza de redactor en ningún medio, incluidos, mal que le pese, los de Internet.
Sobre las deficiencias jurídicas de la sentencia, otros más expertos que yo han expresado ya sus conclusiones, que resumo en tres puntos: a) no se tiene en cuenta la prevalencia constitucional del derecho a informar sobre el de protección de la vida privada, cuando se trata de noticias relevantes y de interés general; b) a dichos efectos se desprecia -aunque se reconoce en la propia sentencia- la veracidad de la noticia y la eficacia profesional con que fue elaborada; y c) se establece el peculiar criterio de que las informaciones a través de Internet no merecen la protección prevista en el artículo 20 de nuestra Constitución, pues no se trata de un medio de comunicación social sino universal (sic). Hay otros detalles menores pero significativos de la chapucería ante la que nos encontramos, por ejemplo el hecho de reseñar como testigo de la acusación a un abogado de la defensa y como querellante a uno de los supuestos perjudicados, pero que no demandó procedimiento alguno.
Todas ellas son razones suficientes para esperar que el tribunal de apelación enmiende el entuerto, entre otras cosas porque una sentencia previa sobre el mismo caso instado por otros denunciantes, y dictada por la sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid, absolvía a los redactores de un periódico local que publicó parecida lista de afiliados al PP, estimando que "los problemas internos de elecciones en un partido también se revisten de interés general y público, al aparecer, como en el presente caso, vinculados a cuestiones de urbanismo". Es cuando menos llamativo que ni el magistrado ni la fiscal hayan tenido en cuenta este precedente, y es más que preocupante que el ministerio público haya ejercido la acusación y reclamado severas penas, aunque en el juicio oral las redujera a cinco meses de prisión, petición igualmente injusta a mi entender, y en la que se ha ratificado la fiscalía en su recurso ante la audiencia. Semejante actitud permite preguntarnos por el entendimiento que la oficina del fiscal general del Estado tiene respecto a los valores democráticos y el enunciado constitucional. Pues hay que decir que sin la disposición del ministerio público a denunciar un delito donde es imposible que lo haya es más que probable que el contencioso hubiera salido del área penal para dirimirse, en todo caso, ante los tribunales civiles.
Me parece irrisorio que la publicación de la pertenencia a un partido político se considere una violación de la intimidad, cuando lo que denota es el deseo de participar en la vida pública. Y resulta esperpéntico pretender que dicha publicación genera un dolor o daño a esos militantes. En realidad, el perjuicio que sufrieron en el caso que nos ocupa no fue debido al conocimiento de su afiliación, sino al de que ésta se produjera de manera irregular, contra toda norma de transparencia democrática. La democracia interna de los partidos es un requisito fundamental y no puede ser tarea de los tribunales reprimir la revelación de conspiraciones como la de Villaviciosa, que acabaron en el famoso tamayazo, con la anulación de las elecciones a presidente de la Comunidad de Madrid y el pírrico triunfo de Esperanza Aguirre. Antes bien, el ministerio público, en defensa de la legalidad, debería alentar esas revelaciones a fin de que se sancionen y persigan tales conductas irregulares. En el caso del Partido Popular, su reglamento obliga además a que los militantes ejerzan activamente el proselitismo, con lo que mal puede interpretarse que la pertenencia al partido forma parte de su intimidad, y mucho menos que constituya ningún secreto. Pero incluso tratándose de organizaciones privadas, religiosas, deportivas, culturales o de cualquier otro género, es extravagante suponer que la publicación, sin su permiso, del nombre de sus miembros o simpatizantes pueda ser un delito penado con la cárcel. El Gobierno tiene por eso obligación de pronunciarse sobre el comportamiento de la fiscalía, y es de esperar que lo haga en defensa de la libertad de información y la transparencia de la vida política.
Merece la pena ocuparse de la tibieza de los políticos a la hora de protestar por la violación constitucional que supone el documento. Un tal señor Güemes, dirigente del PP madrileño cuyo brillo en el universo parlamentario emana más que nada de su afición al fijador, se permitió un comentario vulgar respecto a las simpatías políticas o ideológicas de los condenados y la cadena SER, lo que sugiere que el silencio al que se acogió el portavoz del PP a la hora de comentar la sentencia es en realidad una aprobación tácita de la misma. Otras declaraciones de un ministro del Gobierno en el sentido de considerar desproporcionada la pena podrían, por su parte, indicar que quizás un castigo menos duro, tal vez como el que la fiscal sugiere, resultaría aceptable. Las declaraciones del resto de los grupos se han alineado en general con la corrección política demandada, y nadie o casi nadie ha denunciado lisa y llanamente que nos hallamos ante una verdadera tropelía: los corruptos en la calle y quienes denunciaron la corrupción, a la cárcel.
El respeto que nuestro sistema judicial merece, reclama una actitud crítica por parte de los ciudadanos. Contra lo que muchos piensan, yo creo que sí se han transformado para bien no pocas cosas en la Administración de justicia durante las recientes décadas, aunque reste mucho por hacer. A pesar de actitudes como las de Rodríguez y Joga, o del guirigay montado en torno al Constitucional, existe en este país un alto grado de seguridad jurídica garantizado por la eficacia de los tribunales. Por eso mismo, es necesario desvelar públicamente los excesos y estupideces que se cometan. La irrupción de la política en la justicia, mezclada con las manías, los errores y las carencias de algunos de sus miembros, así como la tendencia a judicializar los conflictos ideológicos, provoca situaciones tan curiosas como que un magistrado relevante por sus servicios a la comunidad se vea investigado por querer enjuiciar los crímenes de la dictadura franquista, mientras algunos jueces mediocres siguen campando por sus predios a la hora de imponer su particular criterio acerca del ejercicio de la libertad.
La prohibición de revelar secretos personales, relacionada con la protección de datos informáticos, no se prevé en el Código Penal como una limitación a la libertad de expresión, sino como una obligación de confidencialidad a quienes tienen encomendada por cargo o profesión la custodia de determinados datos o informaciones. Paradójicamente, el deber profesional y ético de todo periodista es revelar secretos, sobre todo cuando sirve para desenmascarar los excesos y corrupciones del poder. De manera que el juez Rodríguez quiere enviar a la cárcel a Irago y Anido, tratándoles como a delincuentes, por cumplir con sus obligaciones como ciudadanos y como periodistas, y por rendir así un servicio valioso a la sociedad. Toda una agresión a la convivencia democrática. El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de informar y de expresar libremente las ideas. La excepción que el juez hace de Internet a la hora de citar dicha protección de derechos resulta un despropósito. Puedo estar de acuerdo con él en que Internet no es, en sí misma, un medio de comunicación social, pero las páginas web que a través de ella se difunden sí lo son. Por lo demás, el artículo 20 del texto constitucional reconoce y protege textualmente "el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Internet no es sólo uno de ellos, es el principal medio de difusión del mundo. La suposición de que la protección jurídica a nuestras libertades no incluye el uso de la Red es contraria al mínimo sentido común. Aceptarla supone endosar la tesis de que el mayor instrumento de libertad inventado por el hombre en las últimas décadas no goza de la protección de las constituciones democráticas. Es una actitud simétrica a la de quienes se rebelan contra la defensa de la propiedad intelectual y justifican con embelecos intelectuales o morales las prácticas de la piratería. Cuando a diario padecemos toda clase de tropelías perpetradas en la Red por parte de individuos dedicados a mentir, infamar, injuriar y calumniar sin que a nadie se le pida responsabilidad alguna, viene ahora un juez a explicarnos en 35 folios que es conforme a derecho enviar a la cárcel a dos periodistas solventes y honestos por difundir informaciones verdaderas, comprobadas y de gran relevancia social. Para utilizar la acertada expresión de una de las mejores cabezas jurídicas con las que cuenta el Partido Popular, ¡manda huevos!

Al Qaeda dja al desnudo a la CIA

Al Qaeda deja al desnudo a la CIA
Los últimos atentados destapan las limitaciones de los servicios secretos de EE UU - La burocratización y la desidia de los responsables lastran la lucha antiterrorista
ANTONIO CAÑO - Washington -
El País, 10/01/2010;
La CIA, lejos de su leyenda, es una institución pesada y burocrática. Incapaz de competir por los mejores cerebros de cada promoción universitaria, se tiene que conformar generalmente con disciplinados funcionarios que ascienden por años de servicio y buscan una vida sin sobresaltos. Para muchos de ellos, acudir por las mañanas a su oficina entre la paradisiaca vegetación de Langley, en el norte de Virginia, y dirigir desde su ordenador el bombardeo de un drone (aviones sin tripulación) sobre una aldea de Pakistán es tan rutinario como despachar el correo.
La prolongación de la guerra contra el terrorismo está presentando, no obstante, exigencias mayores. Los voluntarios para actuar en zonas de combate escasean, los conocedores del terreno y el idioma del enemigo se cuentan aún con los dedos de una mano y la CIA ha tenido que recurrir a estrictos turnos de rotación que obligan a la práctica totalidad de sus empleados a pasar un tiempo en territorio hostil.
En la mayoría de los casos, esos turnos son de un año, un plazo pensado para que los agentes no consuman demasiado tiempo alejados de sus familias, pero insuficiente como para que se formen convenientemente en las costumbres de aquellos a los que combaten. Sólo los jóvenes pugnan por acudir a misiones que, además de valentía, exigen de la sagacidad que sólo dan los años. Los verdaderos expertos prefieren hacer análisis desde la paz de sus escritorios.
Estas limitaciones no eran tan evidentes en la época dorada de la CIA, durante la Guerra Fría, cuando sus agentes competían con rivales aún más burocratizados y cínicos que ellos, los espías del KGB. Pero hoy, cuando se enfrentan a jóvenes iluminados, como el nigeriano Umar Faruk Abdulmutallab, o ilustrados fanáticos, como Human Jalil Abu Mulal al Balawi, el doble agente jordano que mató a siete empleados de la base de Khost, en Afganistán, las carencias de la CIA tienen dramáticas consecuencias.
Y no es un problema sólo de la CIA. Las 16 agencias civiles y militares encargadas del espionaje en Estados Unidos sufren, en alguna medida, enormes dificultades para responder a los desafíos que representa Al Qaeda y sus múltiples manifestaciones. Su adiestramiento es tan precario y su adaptación al medio tan escasa que, como afirma Reuel Marc Gerecht, un antiguo espía y experto en la materia, "sin la ayuda de Blackwater [la compañía de seguridad privada ahora rebautizada Xe], la actividad de la CIA en Afganistán probablemente se vería paralizada".
Entre los siete muertos en Khost, dos eran, efectivamente, empleados de Xe, que, liberados de las esclavitudes del reglamento y estimulados por la atracción del dinero, llenan algunas de las muchas lagunas del espionaje norteamericano en Afganistán y en otros frentes de esta guerra. Los mandos militares se han quejado oficialmente de que sus fuerzas sobre el terreno carecen de la información necesaria para hacer su trabajo y han alertado de que, en estas condiciones, el enemigo se hace muy difícil.
Los tres fracasos cosechados por los servicios de inteligencia en los dos últimos meses han encendido todas las señales de alarma. En el caso de Nidal Malik Hasan, el oficial médico del Ejército que en noviembre perpetró una matanza en Fort-Hood (Tejas), el FBI le había detectado 18 correos electrónicos intercambiados con el clérigo radical de Al Qaeda en Yemen Anwar al- Awlaki que hacían sospechar claramente de sus planes, pero los remitió a la seguridad militar con un código diferente al que ésta usa para los asuntos urgentes. Nadie actuó al respecto.
Sobre el avión de Detroit, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) había interceptado comunicaciones de la base de Al Qaeda en Yemen sobre la planificación de un atentado con la implicación de un nigeriano. La CIA, por su parte, había entrevistado en la Embajada estadounidense en Lagos al padre de Abdulmutallab en relación con la denuncia que éste había hecho sobre la vinculación de su hijo con el radicalismo islámico. Ambas agencias remitieron sus respectivas informaciones a sus superiores para quedar almacenadas entre pilas de datos sueltos que el espionaje recolecta cada día.
La competencia infantil entre departamentos y el escaso celo de los responsables impiden que cada agencia haga algo más que lo que exige el protocolo. Y como el protocolo no obliga a cotejar los datos ofrecidos por el padre de Abdulmutallab con el archivo de visados del Departamento de Estado, no se le pudo incluir en la lista de personas vetadas para entrar en el país. Para contribuir al desastre, el Departamento de Estado ha reconocido que no podía encontrar el nombre del sospechoso en su documentación por un error en el deletreo del apellido.
En 2004 fue creado el Centro Nacional Contraterrorista con el objetivo, precisamente, de coordinar la actividad de todos los departamentos y evitar errores como ésos. Su actual director, Michael Leiter, quien, por cierto estaba de vacaciones en el momento del atentado frustrado y tardó dos días en reincorporarse al puesto, ha tenido que escuchar al presidente Barack Obama decir que "el sistema ha fallado sistemáticamente".
La consecuencia más dramática de esos fallos fue la de la base de Khost, probablemente el peor golpe contra la CIA en toda su historia. Aunque quizá en este caso, además del error evidente que representa permitir que un doble agente se reúna al mismo tiempo con siete de tus mejores empleados -motivado, sin duda, por la inexperiencia y el desconocimiento del medio-, hay que mencionar también el mérito de Al Qaeda. La organización terrorista supo planificar una acción que exigió meses de paciente y cuidadoso trabajo para burlar la vigilancia no sólo de la CIA, sino también del servicio secreto jordano (GID), mucho más ducho en el manejo del terreno.
Jordania era hasta ahora, por esa razón, un aliado imprescindible del espionaje norteamericano, que se nutre de colaboraciones como ésa para compensar sus limitaciones en la región. Precisamente el viernes estuvo en Washington el ministro de Relaciones Exteriores jordano, Nasser Judeh, para recomponer esa alianza. "Si la información es poder", dijo ante la secretaria de Estado, Hillary Clinton, "compartir la información es aún más poder".
Pero algunos de las desventajas de los servicios norteamericanos respecto a sus enemigos no se solucionan con más colaboración o más reformas. La burocratización, la presión por los resultados o el relativismo de las convicciones son, como las vacaciones de Leiter y del mismo Obama, consecuencia natural de las sociedades desarrolladas, que pagan, además, el precio de la ansiedad desatada por los medios de comunicación.
Sin haber llegado siquiera a explotar el avión, el joven Abdulmutallab ha sembrado el pánico entre los estadounidenses. Como ha dicho el veterano periodista Ted Koppel, "lo ocurrido puede describirse como un éxito absoluto de Al Qaeda".

Vivir con el narco

Vivir con el narco /Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es autor del libro El siglo de las drogas.
Publicado en Nexos on line, enero de 2010
Vivo de tres animales
que quiero como a mi vida
con ellos gano dinero
y ni les compro comida
son animales muy finos
mi perico, mi gallo y mi chiva...
Los Tucanes de Tijuana: Mis tres animales
En lo que se refiere a las sustancias psicoactivas que los seres humanos han empleado a través del tiempo para curar sus males o para alterar sus estados de conciencia, encontramos que según las culturas y las épocas han existido algunas cuyas propiedades intrínsecas han dado lugar a usos sociales más o menos apreciados, tolerados, extendidos o restringidos. Para los griegos de la antigüedad, por ejemplo, los fármacos designaban sustancias que podían ser tanto remedio como veneno según la dosis. El problema no eran las plantas de donde se obtenían ni la gente que las usaba, sino la combinación y la cantidad adecuada. Los efectos probados y los atribuidos por partidarios y opositores colocaron a algunas de ellas, en diferentes ámbitos geográficos y momentos históricos, en los primeros lugares de la jerarquía de las preferencias y de los rechazos, relación dialéctica que provocaría el dominio, con duración variable, de cierto tipo de valoraciones no sólo acerca de las sustancias sino de los propios consumidores. Valoraciones cuyo espectro va desde la veneración y la apología hasta el terror sagrado y la demonización, derivadas de preocupaciones genuinas, ignorancia, conocimientos incompletos y de relaciones de poder. Por un lado es la apertura hacia nuevas experiencias, con los riesgos que ello conlleva; por el otro, los límites a la libertad de elección y la imposición de dispositivos de control. Por un lado es la apertura hacia nuevas experiencias, con los riesgos que ello conlleva; por el otro, los límites a la libertad de elección y la imposición de dispositivos de control. Polos de un campo que contiene un número determinado de posiciones intermedias, no siempre expresadas ni bien representadas en una configuración social dominada por uno de los extremos.
Se le teme a lo desconocido, a lo que se conoce mal, a lo que se conoce muy bien. El activismo y las ideas de unos cuantos se han logrado imponer infinidad de veces en la historia. En el tema de los fármacos, las restricciones que han sido decretadas para controlar el uso de algunos de ellos han sido producto de esa misma combinación de elementos. Quienes deciden y tienen capacidad para imponer sus propias percepciones a los demás, lo hacen desde posiciones de poder. Razón y poder no siempre van de la mano. El predominio de un determinado esquema de percepción no implica automáticamente el consenso ni la creencia compartida. En este sentido, en una sociedad X el acatamiento de las disposiciones restrictivas sobre algunos fármacos, y la creencia en la argumentación que la acompaña, están diferencialmente distribuidas según los agentes sociales y su ubicación espacial.
Hay fármacos cuyos usos sociales se remontan a milenios y sólo el desconocimiento de su historia, como un proceso de larga duración, puede hacer pensar que las percepciones dominantes actuales acerca de ellos son definitivas y válidas universalmente. Es el caso del opio, la coca y la marihuana, sustancias cuyas propiedades, y sobre todo las de los alcaloides derivados de las dos primeras, provocaron inicialmente una fascinación entre el cuerpo médico –de países con mayor grado de desarrollo económico y sus zonas de influencia-, principal promotor de su uso masivo; de ahí que se recetaran para curar una gran variedad de enfermedades. Después, los excesos de algunos y la dependencia física y psíquica que empezaron a presentar otros grupos de usuarios frecuentes, entre ellos los propios médicos, contribuyeron a la modificación de los criterios iniciales. Aunado a ello, ciertos grupos de orientación religiosa, particularmente protestantes, con fuerza suficiente para influir socialmente, condenaron el uso de sustancias que desde su punto de vista degradaban al ser humano y lo desviaban de las formas permitidas de comunión con la divinidad. A finales del siglo XIX, los discursos médicos, eugenistas, raciales y morales se combinaron, en Europa y los Estados Unidos, para formar el núcleo duro de lo que en un principio iba encaminado principalmente a la prohibición del opio y los opiáceos, y posteriormente sería el discurso dominante a nivel mundial contra una larga lista de drogas, no sin antes pasar por la asociación del consumo de éstas con minorías étnicas en E15: el opio con los chinos, la cocaína con los negros, y la marihuana con los mexicanos. A las razones originales se le agregaron en las últimas dos décadas, globalización y hegemonía estadunidense obligan, las de amenaza a la seguridad nacional y a la democracia, percepción apoyada en el poder descomunal atribuido a los grupos organizados de traficantes de países productores -excepto de EU, donde las autoridades aseguran que entre sus ciudadanos y en su territorio sólo existen cultivadores artesanales y distribuidores al menudeo-, agentes sociales inexistentes antes de las prohibiciones.
Perder el control de uno mismo, la salud física o la espiritual, en lo personal, o los riesgos del deterioro físico y psíquico del cuerpo social, han sido los temores más recurrentes cuando se habla de drogas. La metáfora dominante es ilustrativa: el "cáncer social". Las drogas serían el acelerador de la metástasis. El desconocimiento, la desinformación, los prejuicios y la manipulación prevalecen aún, a pesar de todos los avances científicos. A esos miedos se les ha sumado el pavor a los comerciantes de esas mercancías, personajes con poderes extraordinarios, seres diabólicos que no se han conformado con envenenar a una parte de la humanidad sino que están dispuestos a enfrentarse a los poderes legítimos y tomar su lugar. Los Estados nacionales no conocerían un mayor peligro desde el derrumbe de la Unión Soviética y sus satélites que el del acceso eventual al poder de los traficantes de drogas, según el discurso en boga. El fantasma de esa aberración conceptual llamada "narcodemocracia" andaría recorriendo el mundo.
La historia de los usos, las percepciones y los agentes sociales relacionados con los fármacos hoy prohibidos, en particular los que más se consumen en la actualidad y preocupan principalmente a las autoridades, se desconoce menos en unos países que en otros. Lo que se ha observado es que por primera vez en la historia se crean las condiciones para la universalización de un esquema de representaciones que asocia los fármacos prohibidos, quienes los consumen y los que negocian con ellos, con algo no muy lejano al mal en sí­ y, por lo tanto, algo temible. Este proceso de construcción social de nuevos enemigos de la sociedad convencional y posteriormente de la humanidad data de finales del siglo XIX y principios del XX.
Minorías étnicas y ciertas categorías sociales de clases populares son asociadas frecuentemente con el uso y el abuso de algunas drogas. Lo cual no significa que sean las únicas consumidoras, sólo que sus hábitos son menos tolerados por los dominantes. Se teme la expansión de sus prácticas, la invasión de sus costumbres entre el resto de los súbditos bajo la tutela de una élite autocomplaciente cuyos vicios privados no son muy diferentes; es más, en un primer momento fueron exhibidos como virtudes públicas. Se conforma y modela una mentalidad que al igual que las capas geológicas muestra huellas de los elementos que se han ido acumulando en las diferentes etapas históricas. En un principio, son los seres que viven en los márgenes de la sociedad o los enfants terribles de las élites; luego, una mayor cantidad de individuos de grupos sociales más allá de toda sospecha; finalmente, la masificación del consumo, pero al mismo tiempo una estratificación del mismo según el tipo de droga. Por el lado de la oferta, una rápida acumulación de capital y cierta redistribución del ingreso en grupos sociales marginados cuyas opciones de empleo en el mercado legal, reducidas o casi nulas, no podrían competir jamás en términos de ventajas económicas con las del mercado ilegal tal y como ha existido o persiste en la actualidad. El riesgo: una esperanza de vida mucho menor a la media, excepto para los que no dan la cara y se encuentran en mejores posiciones en la estructura del poder.
Más que a las drogas mismas y a sus efectos reales o atribuidos, o al fantasma de un virtual reinado del "homo pachecus", se le teme a aquellos agentes sociales que han hecho del tráfico de drogas una profesión lucrativa de alto riesgo, que han acumulado un capital económico por vías heterodoxas -no muy diferentes de otras empleadas por otros grupos en otras épocas y en la actualidad-, que han mostrado un espíritu empresarial digno de las primeras etapas del capitalismo, que en algunos países se han enfrentado directamente al Estado y, por si fuera poco, han logrado el respeto y la admiración de grupos sociales más allá de sus propias bases originales, pero también han provocado el temor de quienes no comparten sus opciones ni su filosofía de la vida.
Dos ejemplos paradigmáticos de relaciones conflictivas entre "crimen organizado" y Estado, Italia y Colombia, inspiran la lógica del híbrido discursivo construido, desarrollado e impuesto por las autoridades norteamericanas, desde el gobierno de Reagan (1986), acerca del tráfico de drogas y los traficantes como amenaza a la seguridad nacional, independientemente de las diferencias históricas y estructurales entre las experiencias de esos países y los que se supone, a priori, encajan, encajarían o encajarán inexorablemente en ese esquema definido implícita y explícitamente como válido de manera universal. El enemigo exterior de los EU serí­a el enemigo interior de todo Estado nacional donde se cultivan plantas prohibidas, o por donde transitan los cargamentos de droga dirigidos principalmente al mercado norteamericano. En este esquema se supone que el negocio de las drogas surge en todas partes desligado de las estructuras de poder político, económico y financiero: además, que el poder económico acumulado por los traficantes y su poder de fuego se transforman necesariamente en corrupción y violencia generalizada y en vocación política. Suena lógico, pero habría que ver en cada caso si las cosas lógicas corresponden a la lógica de las cosas, lo cual sólo es posible conocer mediante investigaciones concretas -inexistentes o insuficientes y poco difundidas- y no gracias a la creencia ciega en los discursos de autoridad.
La peor época de Cosa Nostra fue durante la dictadura de Mussolini. A los traficantes de cocaína chilenos no les fue mejor con Pinochet, ¿se deduce de allí que sólo bajo el fascismo es posible reducir a su mínima expresión al crimen organizado''? En un corrido colombiano se consigna una percepción que refuerza los escándalos políticos recientes y cada vez más frecuentes en varios países productores de droga: "No tan sólo son culpables los carteles de todo eso / porque a muchos gobernantes / también los han descubierto / son ley para enmascararse / y están más sucios que el resto". Habría que pensar en esquemas alternativos –ya empiezan a surgir voces que proponen la despenalización de ciertas drogas, por ejemplo- e imaginativos antes de que los "nuevos remedios" que se perfilan resulten peores que la enfermedad.


Doce mitos de la guerra contra el narco

Doce mitos de la guerra contra el narco/Joaquín Villalobos, ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.Publicado en la Revista Nexos de enero de 2010;


Una nube de mitos flota alrededor de la guerra de mayor impacto político en la últimas décadas:desde aquellos que dictan que no se debió confrontar al crimen organizado, hasta aquellos que indican que la participación del ejército en las actividades antinarcóticos es negativa. En estas páginas Joaquín Villalobos desmonta los argumentos de una mitología que impacta en la opinión a partir de estadísticas pobres y comparaciones discutibles
Desde la Revolución de 1910 México no había conocido una violencia con tanto impacto político como la que vive actualmente. A finales de la década de los ochenta Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de droga que se movía por la ruta Caribe desde Colombia a Miami. Esta ruta permitía a los cárteles colombianos exportar mariguana y cocaína directo a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el territorio más importante para el tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se produjo una expansión del narcotráfico, que rompió con el largo periodo de paz en que habían vivido los mexicanos.
Entender, debatir y estar dispuestos a pagar los costos que implica reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia, todo ello bajo condiciones democráticas, es algo nuevo para una sociedad acostumbrada a la poca deliberación y al orden impuesto desde arriba que vivió México durante varias décadas. Esta condición histórica ha creado dificultades para entender la información y los resultados de la guerra que está librando el Estado mexicano contra los narcotraficantes, y ello ha dado lugar al surgimiento de mitos sobre la guerra y la violencia. Algunos de estos mitos resultan del indispensable y justo debate político democrático. Sin embargo, aunque se trata de un problema complejo que requerirá tiempo para ponerlo bajo control, no hay razones para ser pesimistas.
1. “No se debió confrontar al crimen organizado”
Cuando la violencia comenzó a crecer por la guerra entre cárteles, el gobierno del presidente Fox dio inicio a la intervención de fuerzas federales en los primeros estados que tenían problemas (Tamaulipas, Guerrero, etcétera). Frente al agravamiento de la violencia en otros estados el gobierno del presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico y dio continuidad a la intervención federal. Surgieron entonces críticas sobre falta de inteligencia previa, se calificó de reactivas las operaciones e incluso se dijo que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones gubernamentales habían empeorado el problema. Algunos consideraban que lo mejor era tapar los efectos mediáticos de la violencia y dejar que todo continuara manejado por supuestos “acuerdos locales”. Sin embargo, esos “acuerdos” no eran entre iguales, sino entre criminales y funcionarios intimidados por la ley de “plata o plomo” que estaba dejando policías asesinados y presidentes municipales y gobernadores atemorizados. La idea de no combatir de frente al narcotráfico supone, ingenuamente, que éste no es contagioso ni expansivo, y que no alcanzaría al Distrito Federal. La realidad es que una de las primeras batallas ha sido recuperar el aeropuerto de ciudad de México que para los narcos es tan importante como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez.
México está atrapado entre el mayor consumidor de drogas del mundo, al norte, y la región más violenta del mundo (Guatemala, Honduras y El Salvador), al sur, a consecuencia del tráfico de drogas. Por lo tanto, resulta muy difícil pensar que es posible aislarse, abstraerse del problema y suponer que no pasaría nada. El narcotráfico es un delito global que está extendiéndose en casi toda América Latina, afectando también a Europa del Este, al norte de África y algunas regiones de Asia. El crecimiento de las clases medias urbanas y el aumento del consumo de drogas están directamente relacionados, no hay una razón sólida para que las clases medias mexicanas puedan ser excluidas del incremento en el consumo, algo que ya está afectando seriamente a Brasil. No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta. Son muchos los ciudadanos y funcionarios colombianos que aceptan, abiertamente, que la situación en su país “tocó fondo” porque esperaron demasiado tiempo para actuar.
El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad. Determinación para no retroceder frente a la reacción violenta de los cárteles y frente al temor que se abriría en la sociedad; y velocidad para contener y recuperar terreno. En realidad no hacía falta inteligencia previa, los cárteles actuaban en las calles con una impunidad cínica. El primer paso era quitarles ventajas, tranquilidad y oportunidades a sus “negocios”, se habían abierto tanto que la presencia de fuerzas federales en el terreno produciría resultados inmediatos, tal como ha ocurrido. En una primera fase lo masivo debía privar sobre lo cualitativo. Ahora se están abriendo retos más complejos como la reconstrucción policial y el componente social de la estrategia, pero sin ganarle terreno a los cárteles no puede pensarse ni en la reconstrucción de instituciones ni en planes integrales. Es necesario actuar para hacer transitar al narcotráfico de amenaza a la seguridad nacional a un problema policial.
2. “México está colombianizado y en peligro de ser un Estado fallido”
Estas afirmaciones se realizan sin usar datos comparativos serios. México sufre una violencia localizada en seis de sus 32 estados y tiene una tasa nacional de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela tiene 48, Colombia 37, Brasil 25, Guatemala, Honduras y El Salvador están arriba de 50. El estado de Chihuahua, el más violento de México, está en este momento en su punto más álgido con una tasa de 143 homicidios, le siguen Sinaloa con 80, Durango con 49, Baja California 44 y Michoacán 25. A inicios de los noventa Medellín, la ciudad más violenta de Colombia, mantuvo una tasa de 320 durante varios años y, en ese mismo periodo, Cali tenía 124, Cúcuta 105 y Bogotá, la capital, 80. Colombia ha vivido dos guerras en 25 años, las cuales le han costado más de 200 mil muertos y dos millones de desplazados, y continúa en conflicto.
El volumen, extensión, raíces históricas, códigos culturales y complejidad de la violencia colombiana ha sido —y todavía es— muy superior a la que vive México. En Colombia los niveles de penetración que alcanzó el narcotráfico en la política, el ejército, la policía, los negocios y la sociedad fueron mayores a los que existen actualmente en México, donde no se puede hablar de una narcopolítica. Los cárteles y narcoguerrillas colombianas golpearon con actos terroristas a personajes e instituciones de los poderes políticos, económicos y mediáticos vitales del país. En 1989 Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, fue asesinado por el narcotráfico y tres candidatos más fueron asesinados en ese periodo. El propio presidente, Álvaro Uribe, ha sobrevivido a varios atentados y el vicepresidente, Francisco Santos, estuvo secuestrado por Pablo Escobar. Hechos como éstos no han ocurrido y es muy difícil que ocurran en México, donde no han existido territorios con ausencia de Estado durante 40 años como en Colombia; el Estado mexicano ha sido más bien omnipresente y fuerte y el colombiano ausente y débil.
En Río de Janeiro, Brasil, de enero a junio de 2009 murieron 65 policías en enfrentamientos con criminales y su tasa de homicidios es de 38 por cada 100 mil habitantes; recientemente los narcotraficantes derribaron en combate un helicóptero policial en barrios del norte de la ciudad y murieron 12 policías. En 2006 Sao Paulo sufrió ataques simultáneos a puestos policiales, oficinas de gobierno y puntos de interés económico por parte de las pandillas dedicadas al narcomenudeo. El Distrito Federal, en contraste, tiene una tasa de sólo cinco homicidios por cada 100 mil habitantes y jamás han ocurrido hechos tan graves como los de las ciudades de Colombia o Brasil. México tiene un problema de seguridad en la periferia de sus centros vitales y Brasil lo tiene, y muy grave, en sus dos principales ciudades: Río Janeiro y Sao Paulo. Sin embargo, Río será sede de los Juegos Olímpicos y no se dice que allí hay una guerra o que Brasil pueda ser un Estado fallido. Si la idea de territorios fuera de control del Estado se empleara mecánicamente para definir Estados fallidos, habría más de una decena de éstos en el continente americano y tendría, incluso, que revisarse cuál sería la condición de algunas zonas de ciudades estadunidenses que albergan a un millón de pandilleros.
México tiene una resonancia mediática y una importancia geopolítica superior a la de Colombia, Venezuela o Brasil, por lo tanto, lo que ocurre en su territorio impacta mucho más sobre la percepción dentro y fuera del país. No es lo mismo Medellín o Río de Janeiro que Ciudad Juárez, la proximidad con Estados Unidos hace una enorme diferencia. Un ejemplo de esto fue la llamada “insurrección o guerrilla zapatista”; si comparamos militar, política y socialmente ese movimiento con las insurgencias armadas de Sur y Centroamérica, el “zapatismo” no podría ser considerado guerrilla y mucho menos insurrección. Sin embargo, logró un gran impacto mediático nacional e internacional con una sola acción armada en 1994.
3. “El intenso debate sobre la inseguridad es señal de agravamiento”
El debate y la complejidad en los procesos de toma de decisiones en las democracias avanzadas son señales de estabilidad, pero en las democracias emergentes son percibidos como debilidad e incertidumbre, porque todavía se añora el orden de forma consciente o inconsciente, que sin deliberación se lograba por vía autoritaria. El debate sobre las estrategias que se diseñan para enfrentar los problemas de seguridad son normales en un entorno democrático y ese debate es más intenso y libre cuanto menor es la amenaza a los poderes vitales del país. La oposición, los intelectuales y la prensa necesitan y deben actuar críticamente de oficio, esto es parte de la democracia.
El narcotráfico es un fenómeno que coopta o destruye las instituciones, que elimina las libertades democráticas y que somete a los ciudadanos a los poderes mafiosos. Donde el crimen organizado es fuerte no hay crítica ni libertad de expresión. Por lo tanto, cuando hay debate, cuando los ciudadanos y los líderes de opinión pueden criticar al gobierno, significa que el poder del Estado domina sobre cualquier poder mafioso. En México los poderes centrales no están afectados ni inhibidos por los cárteles, esto ocurre de forma parcial sólo en unos pocos estados.
En Colombia, cuando se estaban diseñando indicadores para medir el nivel de éxito de la estrategia de seguridad democrática en zonas que durante largo tiempo habían estado dominadas por diversidad de grupos armados, se concluyó que uno de los mejores indicadores de éxito de los planes de seguridad era aquel que medía las demandas y quejas de los ciudadanos, ya que esto comprobaba que se había derrotado al miedo y restablecido a los ciudadanos sus libertades democráticas. Es un error pensar que la existencia de un amplio y álgido debate sobre la seguridad y los métodos para enfrentar la violencia son, por sí mismos, una señal de gravedad y de deterioro, cuando en realidad lo grave sería el silencio.
4. “Los muertos y la violencia demuestran que se está perdiendo la guerra”
El narcotráfico es un enemigo bien armado, muy violento, sin barreras morales y con un gran poder corruptor. Creer que este problema se puede resolver sin confrontación y sin violencia es una gran ingenuidad. A este enemigo sólo es posible someterlo usando la fuerza del Estado y, cuando ello ocurre, se incrementa su resistencia y se agudizan sus propias guerras internas; con lo cual aumenta, inevitablemente, el número de personas que pierden la vida.
En toda guerra hay muertos y éstos son un indicador del estado de la guerra misma. Las guerras se ganan generando bajas al enemigo y se pierden cuando se tienen más bajas de lo que el entorno político social propio puede tolerar. Es comprensible que éste sea un tema difícil para ser explicado ante la opinión pública por los funcionarios del Estado, pero la realidad es que quien está teniendo más muertos, capturas y deterioro moral en sus filas es quien va perdiendo la guerra, y en el caso de México son los narcotraficantes.
La lucha contra el narcotráfico no puede leerse como una guerra “clásica” en la cual hay contendientes claramente definidos; los cárteles son un enemigo fragmentado, que genera una violencia anárquica; son múltiples grupos que combaten al mismo tiempo entre sí y contra el Estado. La mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso, en Medellín los cárteles se autodestruyeron bajo el acoso del Estado, por razones que fueron desde disputas por territorios, control de rutas, hasta problemas personales. El proceso de autodestrucción atomiza a los cárteles y obliga a que su reclutamiento comience a descender hacia grupos de jóvenes marginales más inexpertos y ambiciosos, y con ello aumenta su violencia y se acelera su autodestrucción.
El problema es que, en la fase intermedia de la guerra, la presión política demanda una reducción de la violencia, y esto no ocurre hasta que se cumplen tres premisas: 1. Que el Estado tenga mayor dominio social y territorial que los cárteles en sus zonas de operación; 2. Que los delincuentes se hayan debilitado en su capacidad de reciclar sicarios; 3. Que esta debilidad los convierta en un problema marginal para el Estado. En el caso de México todavía falta tiempo para que se reduzca la violencia. Pero hay un proceso de autodestrucción que se está acelerando y esto es un indicador positivo. El general Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia dice que “cuando se sabe que el narcotráfico ha penetrado fuertemente en la sociedad, el principal problema no es la violencia, sino la no violencia” porque ello implica que los narcotraficantes controlan a la sociedad. La creencia de que por cada delincuente muerto surgen dos nuevos es ilógica, la codicia por el dinero no genera capacidad infinita para reciclar pistoleros, éstos también necesitan habilidades, experiencia y preparación que no se repone de un día para otro.
5. “Tres años es mucho tiempo, el plan ya fracasó”
Igual que con otras afirmaciones, la demanda por resultados rápidos se sustenta en factores emocionales y no en un análisis objetivo de la realidad. En el sentido más general podemos decir que el tiempo que se requiere para controlar el problema es directamente proporcional al tamaño y las raíces históricas del narcotráfico en México, y en ese orden es necesario tener como referentes a otros países que tienen problemas similares. El tamaño del problema del narcotráfico para México está determinado por su vecindad con Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, y por las consecuencias de esto en términos de demanda, flujos de dinero y armas. En cuanto a las raíces del fenómeno, el problema comenzó a gestarse, en algunos estados —particularmente en Sinaloa—, desde hace muchos años, pero la mayor expansión de los cárteles comenzó hace 15 años por el cierre de la ruta Caribe. En el caso de México los referentes para comparar tiempos podrían ser países como Colombia, Italia, Brasil y quizás algunos del norte de África.
Colombia sigue en guerra y a Medellín, su ciudad más violenta, le ha costado 16 años y 70 mil muertos comenzar a revertir una situación de deterioro que tuvo a la sociedad en vilo; Italia lleva muchas décadas de lucha contra las mafias sin que ésta haya llegado a su fin; Brasil, durante ocho años de gobierno de Lula, no pudo resolver, todavía, el problema de las pandillas, y en el norte de África el deterioro es ascendente y casi sin control. Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar con propiedad que México, en tres años, ha obtenido progresos más rápidos con costos más bajos que todos estos países.
Los resultados de las operaciones en México en los últimos tres años constituyen récords mundiales. Se han destruido 227 laboratorios, decomisado 389 millones de dólares, 30 mil 500 armas de guerra, 24 mil 900 armas cortas, 409 aeronaves, 310 embarcaciones, 22 mil 900 vehículos y cinco mil toneladas de drogas que incluyen 90 mil kilogramos de cocaína, 4.8 millones de kilogramos de mariguana, cuatro mil 500 de metanfetaminas, 27 mil de efedrina y 18 mil de pseudoefedrina. Se han extraditado 286 narcotraficantes, la gran mayoría de ellos a Estados Unidos, y capturadas 89 mil 500 personas que incluyen siete líderes, 47 financieros, 60 lugartenientes, dos mil 61 sicarios y 600 funcionarios involucrados. El dinero es casi el monto del Plan Mérida; para cargar la droga se necesitarían varios trenes o 250 furgones; las armas son más que las de los ejércitos de El Salvador y Honduras juntos; las aeronaves equivalen al 50% de la flota de American Airlines; las embarcaciones son el doble de la armada de México y los vehículos superan a las flotas de policía y ejército de todo Centroamérica. Los primeros logros de un plan son los golpes a las estructuras delictivas, no la reducción de la violencia, sin lo primero no se puede alcanzar lo segundo.
6. “Los ataques que realizan los narcos prueban que son poderosos”
En todas las guerras el azar y la casualidad juegan un papel, a veces en contra y a veces a favor. En toda guerra se ganan y se pierden batallas, pero a la larga, lo que determina el resultado es quién tiene la iniciativa estratégica y quién está golpeando la moral, las fuerzas y los medios materiales de su contrario. En el caso de México todos estos factores están a favor del Estado, aunque de forma esporádica los cárteles sorprendan con acciones y golpes que generan temor y tienen un gran impacto mediático y político. Los ataques de los cárteles son reactivos, sin una lógica racional estratégica y producto de venganzas irracionales. La regla básica en toda guerra es que el acoso y la presión sobre un enemigo conducen a éste a la desesperación, al error e incluso al terrorismo. Los cárteles actúan de forma defensiva y no ofensiva, la política de éstos es cooptar policías, no matarlos. Cuando combaten directamente contra el Estado facilitan el trabajo, porque ayudan a cohesionar moralmente a los miembros de las fuerzas del Estado.
En el tipo de conflicto que enfrenta el Estado mexicano los cárteles son fuertes cuando controlan sin combatir y pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la población. Por el contrario, cuando reaccionan y se vuelven visibles, su posibilidad de controlar y operar libremente se debilita y los enfrentamientos internos aumentan; esto no es una muestra de fortaleza sino de debilidad, a pesar de que la violencia salga a flote y genere incertidumbre social. Por ejemplo, cuando los cárteles empezaron a usar submarinos para transportar droga se hizo una lectura errada. La percepción simple fue que los narcotraficantes demostraban su enorme capacidad y poderío construyendo submarinos. Sin embargo, lo que no se dijo fue que la capacidad de introducir drogas abiertamente vía puertos y aeropuertos se estaba cerrando, y por ello recurrían a mecanismos más complejos y difíciles de operar que transportaban menos droga. En este sentido “más sofisticado” no implica, necesariamente, una mejoría, no importa cuán impresionante resultase la fabricación de submarinos, que en este caso, por cierto, fue bastante precaria.
7. “Primero hay que acabar con la corrupción y la pobreza”
En muchos análisis atender y reducir la corrupción y la pobreza son actividades que se consideran como premisas para resolver la inseguridad que genera el narcotráfico, y con ello se invalida el papel que juega la coerción. Este mito parte de un planteamiento cierto: el problema de la seguridad requiere planes integrales que atiendan todas las aristas del asunto, desde la utilización de la fuerza del Estado, hasta la atención de los temas sociales que intervienen en la seguridad. Sin embargo, en una condición de extrema emergencia como la que viven algunos estados de México, si se pone de antemano resolver la pobreza y la corrupción como precondiciones para tener un entorno seguro tendríamos que aceptar que la situación no tiene remedio alguno, ya que estaríamos poniendo la meta de resolver la pobreza como camino para mejorar la seguridad que en este momento es el problema más importante para los ciudadanos. En seguridad la dosis de prevención y represión en un plan depende de la situación. Establecer por definición que lo uno debe privar sobre lo otro es un error que parte de visiones ideológicas de la seguridad en la cual se dice que las derechas priorizan reprimir y las izquierdas prevenir. Cualquiera puede ser el prioritario, pero eso debe determinarlo la realidad, no una posición política.
No hay una relación territorial o social entre pobreza y narcotráfico. El narcotráfico es un delito de la codicia que recluta pobres, pero que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico. Busca controlar puntos estratégicos de ventaja para su “negocio”. Las redes de narcomenudeo para distribución sí se ubican más claramente en la geografía de la pobreza urbana, pero el narcotráfico no necesariamente. Por ello el problema más grave está en la frontera norte. Además, no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad. Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro, igual podemos comparar a la India con Estados Unidos o analizar cómo el enorme gasto social de Venezuela va de la mano con el agravamiento de la inseguridad para los más pobres en ese país.
Por otra parte, la naturaleza de la corrupción política, y la que genera el narcotráfico son totalmente distintas, la primera puede abrir la puerta a la segunda, pero la corrupción política no supone el riesgo de violencia y muerte, que sí está presente con la corrupción vinculada al narcotráfico. La regla de “plata o plomo” que siempre termina en “plomo o plomo” parte de los tres principios de acción del narcotráfico: violencia, crimen y muerte. Un político corrupto quiere enriquecerse, pero no morirse. Es evidente que la cultura de la corrupción resulta útil a los narcotraficantes, pero no puede pensarse que la corrupción política y la dinámica de cooptación, control, violencia y muerte que imponen los delincuentes son la misma cosa, puesto que responden a lógicas completamente distintas. Es ingenuo pretender que para mejorar la seguridad en el corto plazo se necesita primero una reconstrucción ética que acabe completamente con los códigos de corrupción que se gestaron en América Latina durante un largo periodo.
El debate principal es ¿por dónde debemos comenzar en una emergencia? En ese sentido, no se puede entrar a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia tipo “Madre Teresa” y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas donde el narcotráfico tiene atemorizada a la sociedad. En primera instancia se necesita la recuperación del control por parte de las fuerzas del Estado, es decir, romper el poder intimidatorio de los cárteles, es el centro de gravedad del problema y ello coloca a la coerción como la prioridad. En Medellín la guerra la ganó el Estado hace más de 10 años, y es hasta ahora que se observan los resultados exitosos de los planes integrales, con plena participación ciudadana y cambios culturales en los barrios donde un día gobernó Pablo Escobar.
8. “Detrás del narcotráfico hay poderosos políticos y empresarios”
Este mito está basado en las teorías conspirativas que no consideran el contexto ni la historia, sino información casi siempre fruto de la especulación. Este tipo de teorías alimenta telenovelas, películas y literatura para el entretenimiento, pero por repetición termina convirtiendo cualquier mentira en una verdad que se vuelve universal sin necesidad de comprobación. Hace algunos años una telenovela muy exitosa y muy bien realizada llamada Nada personal sugería que el capo principal en México era el presidente de la República. Muchos estadunidenses también adictos a estas teorías suponen que “todos los mexicanos son corruptos y sus autoridades son todos capos” y esto es lo que reproduce Hollywood. En contraparte, algunos mexicanos piensan “que el negocio de la droga se maneja desde Wall Street”. Estos argumentos son fáciles de creer y difundir aunque no tengan fundamento racional. El narcotráfico suele surgir de las actividades de contrabandistas de clase media baja con poca educación, que construyen sus organizaciones a partir de grupos familiares como forma de asegurarse lealtades (“la familia”), y reclutan socialmente hacia abajo. Sus organizaciones tienen la violencia y la muerte como forma de dirimir todo tipo de conflictos (personales, de mercado, familiares y territoriales), porque sus actividades no tienen marco legal y, por lo tanto, no pueden usar los tribunales y las leyes. Los castigos extremos y las muertes ejemplares son sus únicos instrumentos de “justicia”. Cuando se fortalecen financieramente se expanden socialmente y entonces comienzan a intimidar, someter o utilizar a funcionarios públicos y/o empresarios. Primero cooptan policías hasta que le quitan al Estado el poder coercitivo y luego van sobre el sistema judicial, la prensa, los poderes económicos y políticos.
En ese proceso terminan colocándose arriba de la pirámide social y siendo ellos el poder, pero teniendo la violencia y la muerte como medios de ejercerlo. Así ocurrió en Colombia, en Chicago en los años treinta, en Italia durante décadas, y así ha ocurrido en Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera. La naturaleza de un empresario o de un político es diferente e incompatible con la del mafioso. Que el segundo pueda someter a los primeros es factible, pero que los primeros puedan convertirse en los segundos no resulta sensato; aunque existan algunos casos aislados, esto no es la regla. Niveles de penetración como los que se han comprobado en Italia ocurrieron luego de muchas décadas de poder mafioso, pero en México el fenómeno delictivo es comparativamente joven.
9. “La única salida es negociar con los narcotraficantes”
Este mito está relacionado con la creencia de que la negociación fue el método empleado por anteriores gobiernos para mantener la paz, y entonces se concluye que la violencia estalló cuando el nuevo gobierno abandonó este método. Se argumenta que la violencia cesaría si se negocia con los delincuentes. Éste es un enfoque en extremo simplista para entender el pasado y para suponer una solución en el presente.
El narcotráfico no ha sido siempre un problema de seguridad nacional. Se transformó en una amenaza estratégica al fortalecerse financieramente a partir de la segunda mitad de los noventa. En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado. Durante muchos años no fueron un tema central ni para México ni para nadie. Durante los setenta y ochenta la tolerancia al problema fue universal y hasta la CIA y Cuba lo instrumentaron y subvaloraron como amenaza. Lo que se conoce como “negociaciones” posiblemente sea parte de las leyendas que dejaron algunos jefes policiales o políticos locales cuando lidiaban, desde un Estado fuerte, con un problema menor.
Ahora estamos frente a una realidad distinta en la cual los cárteles buscan imponer su autoridad por encima del Estado con la ley de “plata o plomo”. El narcotráfico es ahora una amenaza estratégica. No se puede decir que algunos posibles arreglos que existieron en el pasado entre mandos policíacos y delincuentes sean equivalentes a una negociación del Estado con los narcotraficantes de hoy y, en segundo término, porque resulta imposible que la autoridad de cualquier país realice acuerdos con delincuentes que rigen su comportamiento por los principios de violencia, crimen y muerte.
Una negociación supondría que los cárteles son un enemigo coherente con control sobre sus estructuras y con reglas y límites, pero la realidad es que el narcotráfico es un enemigo fragmentado, sin control sobre su gente y sin reglas en el uso de la violencia. La idea de negociar con los cárteles es una fantasía. Colombia, por ejemplo, negoció con Pablo Escobar y otros cárteles, ofreciéndoles ventajas si se sometían a la justicia y el desenlace fue la ridiculización absoluta de la autoridad y las cárceles convertidas en centros de mando y operación de lujo con protección pagada por los ciudadanos para que Escobar siguiese sembrando violencia y muerte en el país.
10. “La estrategia debería dirigirse a la legalización de las drogas”
La legalización es un debate sobre cómo aminorar el problema, porque con las drogas no existe camino ideal. Se trata en realidad de escoger entre daños de salud pública o violencia. Su legalización no las vuelve socialmente deseables. Teniendo como punto de partida el principio del mal menor, la idea de legalizarlas es correcta y a futuro seguramente esto dejará de ser un mito. Lo que es un mito en la actualidad es pretender que esta estrategia pueda ser puesta en marcha con éxito por los países afectados por la violencia que genera la producción y el tráfico de drogas. La legalización de las drogas requiere un acuerdo simultáneo con los países consumidores. Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo, aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países. Esto es injusto, pero el problema no es de ética sino de realidad.
No se trata sólo de un conflicto político internacional entre la inseguridad de los países que producen y trafican versus la hipocresía de los países que consumen, sino que la distorsión generada sería altamente explosiva. La disposición de droga en México y Colombia es infinitamente superior a su demanda y la situación en Europa y Estados Unidos es inversa. Por lo tanto, legalizar la droga en los primeros sin que se haya hecho en los segundos supondría un fortalecimiento de estructuras criminales en Colombia y México, porque el negocio central seguiría siendo la exportación ilegal ante la enorme diferencia de precios. Legalizar equivaldría a dar plenas libertades a grupos criminales en países con grandes debilidades institucionales. Si en la condición actual existen pequeños Estados en Latinoamérica y África en riesgo de caer en manos de mafias, esto se agravaría y se multiplicaría con una legalización unilateral.
Aunque resulte duro decirlo, la realidad es que Estados Unidos y Europa continúan jugando la carta de la tolerancia al consumo porque los niveles de violencia de los delincuentes dedicados a distribuir drogas en sus calles no se ha convertido todavía en una amenaza estratégica. Pero esa violencia está creciendo, Estados Unidos ha encarcelado a más de dos millones de personas por delitos vinculados con las drogas y tiene un millón de pandilleros, gran parte de los cuales se dedican a la venta de drogas. Quizás cuando esa violencia se vuelva intolerable para Europa y Estados Unidos, la idea de la legalización de las drogas comience a discutirse en serio como estrategia multilateral. Por el momento hay que mantener estrategias de control de daños en nuestros países y denunciar el daño que nos provocan los países consumidores. El tema de la legalización está avanzando con la mariguana, pero aún es un tema difícil como acuerdo entre gobiernos.
11. “La participación del ejército es negativa y debe retirarse”
El mito sobre la negatividad de la participación del ejército parte de supuestos como: que la seguridad interna no es su tarea; que no está preparado para esas labores; que se pone en riesgo su imagen; que termina violando los derechos humanos; que es peligroso darles poder a los militares, y otras ideas similares. Todos estos y otros argumentos están fundamentados en riesgos potenciales, dudas y desconfianzas que en algunos casos son ideas predominantemente subjetivas. Ninguno toma en cuenta los problemas objetivos que han obligado a usar al ejército: la dimensión de la amenaza que implican los cárteles; el poder de fuego, número de sicarios y nivel de organización de las estructuras delictivas; la crisis moral y los problemas de cooptación de las policías estatales y municipales en las zonas conflictivas; la limitada cantidad de personal de que dispone la Policía Federal; el carácter transnacional del problema del narcotráfico y, finalmente, el arraigo, la fuerza social y el dominio territorial que tiene el crimen organizado en algunos lugares de México. No es lo mismo enfrentar este problema con 30 mil hombres que con más de 200 mil.
El narcotráfico plantea un reto que supera el orden policial, constituye una amenaza a la soberanía del Estado que tiene además características transnacionales. Si el ejército se retira los narcotraficantes recuperarían terreno muy rápidamente, la amenaza cobraría dimensiones superiores, la violencia se dispararía y podría alcanzar a la ciudad de México. Paradójicamente, como ya se mencionó arriba, otro tipo de críticas hablan del riesgo de llegar a un “Estado fallido”, pero el mito sobre la retirada del ejército se ubica en el otro extremo, porque supone que el problema no es tan grave y bien podrían resolverlo las policías municipales y estatales. Es difícil imaginar que México pueda, en las décadas venideras, enfrentar otra guerra peor que los narcotraficantes. La solución estratégica es la reconstrucción, reforma y fortalecimiento de las policías, pero mientras eso avanza es indispensable usar al ejército.
En toda Latinoamérica los ejércitos pueden ser indispensables para responder al tipo de amenaza que plantea el crimen organizado, y los derechos humanos en la actualidad por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares. Las guerras modernas están sometidas, inevitablemente, a una severa fiscalización mediática, política y judicial. El Estado sólo puede preservar la legitimidad en el uso de la fuerza si es capaz de usar el poder coercitivo en esas condiciones. Es decir que esto es ahora una condición universal permanente para emplear la fuerza y no debe ser un obstáculo para no emplearla. Para recuperar seguridad Colombia multiplicó la fuerza de su ejército. Por contraste, Guatemala está cayendo en manos del crimen organizado porque no puede reconstruir al suyo.
12. “Lo más efectivo y rápido para combatir al crimen es la justicia por cuenta propia”
Entre los cárteles no hay reglas y sus diferencias son resueltas mediante la “muerte ejemplar”. El Estado, por su parte, busca procurar justicia, no asesinar, y debe conservar la ventaja moral y social frente a los delincuentes. El inicio de una violencia paramilitar, basada en el mismo principio de la “muerte ejemplar”, convierte al Estado en otro actor violento y sin reglas que terminaría siendo identificado como tal por el crimen organizado, con lo cual se aceleraría, se agravaría y se multiplicaría la violencia. La idea de que asesinar delincuentes representa una vía más rápida para recuperar seguridad es falsa. El crimen organizado constituye un cuerpo social numeroso; no son individuos, sino grupos con cierto apoyo. Una confrontación letal puede terminar dividiendo más a las comunidades, con lo cual la duración del problema se alargaría en vez de acortarse.
Por otro lado, una confrontación de este tipo puede redireccionar gran parte de la acción violenta de los narcotraficantes hacia instituciones, funcionarios públicos y sus familias, con lo cual la violencia del crimen organizado dejaría de ser fundamentalmente autodestructiva. La tarea del Estado es restablecer la autoridad y asegurarse el monopolio de la violencia. La organización de grupos paramilitares constituye una delegación de autoridad a grupos privados que debilita la autoridad del Estado. La experiencia internacional demuestra que el paramilitarismo es un grave error. Los casos de Colombia y Guatemala son muy claros, en el primero se agravó el conflicto y en el segundo el Estado ha sido casi derrotado.

Joaquín Villalobos

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
Los mitos de Joaquín Villalobos
January 8, 2010
En el momento más álgido de la crítica al presidente Felipe Calderón por su manejo de la guerra contra las drogas, una mano amiga salió en su defensa. Joaquín Villalobos, quien de ser uno de los cinco comandantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional salvadoreño pasó a ser consultor internacional en solución de conflictos, publicó un alegato en la revista Nexos donde critica a los críticos de la estrategia gubernamental. En 12 puntos pretendió desmantelar la ola expansiva opositora con argumentos con olor a pinos, bordados con verdades a medias y sofismas. Un buen intento que resultó fallido.
Villalobos empieza tropezándose al afirmar que el origen de la guerra contra el narcotráfico se debió a que el presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico por la violencia extendida, que había sido enfrentada por el gobierno de Vicente Fox. No dice que esa violencia entre cárteles estalló tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad en el inicio del sexenio foxista, donde la responsabilidad era del entonces subsecretario de Gobernación, Jorge Tello Peón –viejo amigo de Villalobos-, ni explica porqué, si se percibía tan grave el fenómeno, nunca figuró en el discurso de campaña, ni en sus promesas electorales, ni en su programa de gobierno.

El narcotráfico no era prioridad para Calderón, quien iba a arrancar su gobierno sobre dos ejes: infraestructura y monopolios. Pero a cinco días de haber iniciado su administración, todo cambió. El 5 de diciembre, sin consultar con nadie, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, autorizó que detuvieran a Flavio Sosa, líder de la APPO, sobre quien había una orden de aprehensión por su participación en el conflicto magisterial en Oaxaca. La detención provocó alarma en el gobierno por las consecuencias que preveían y lo censuraron políticamente. Sin embargo, el tracking poll de la Presidencia, que es la encuesta diaria para medir las políticas del gobierno, mostró un brinco significativo en la aprobación de Calderón.

Un presidente sin legitimidad por la sospecha de fraude electoral, vio que la acción policial le daba la fuerza moral que no había conquistado en las urnas. García Luna, quien llegó al equipo porque en vísperas del anuncio del gabinete, el designado Tello Peón declinó el cargo, fue visto inmediatamente como una solución al déficit político que arrastraba Calderón. Esa ventana fue aprovechada por el secretario, quien planteó al Presidente una lucha contra el narcotráfico, con la participación de las Fuerzas Armadas, que fueron arrastradas a ella. En Los Pinos lo vieron como una oportunidad para mejorar la imagen del Presidente y siete días después comenzó la guerra. Durante dos años y medio al menos, funcionó mediáticamente.

Villalobos plantea, sobre la misma mentira original, que Calderón no tenía opción. Argumenta que el estar “atrapado” México entre Estados Unidos, el mar de los consumidores, y Centroamérica, la zona “más violenta del mundo”, no podía aislarse de la contaminación del fenómeno. Nuevo sofisma. El problema estalló mucho antes que cambiara el entorno social en Centroamérica: en 1996, los cárteles colombianos modificaron los términos de pago a sus socios mexicanos, y con ello la dinámica del fenómeno.

Los colombianos informaron a sus socios que dejarían de pagar en efectivo a los cárteles mexicanos que introducían la droga a Estados Unidos, y que saldarían las deudas en especie. Al quedarse la droga en México se modificó radicalmente el estado de cosas, en términos de negocio y de consumo. Las bandas mexicanos tuvieron que crear redes de distribución y comercialización que necesitaban respaldos logísticos y de seguridad, entrando en una espiral de competencia por el nuevo mercado. Se convirtieron en cárteles transaccionales, otro sofisma que plantea Villalobos, quien alega que las organizaciones evolucionaron al narcotráfico del contrabando, lo cual sólo sucedió con el Cártel del Golfo.

Este desconocimiento del origen de los cárteles de las drogas en México lleva a Villalobos a incurrir en otro error. Al criticar las teorías conspirativas de que detrás del narco hay políticos poderosos y empresarios, Villalobos afirma que el narco surge de clases medias bajas con poca educación que se dedicaban al contrabando. Esto refleja el origen de El Golfo, donde Juan Nepomuceno Guerra construyó una organización delictiva a partir del contrabando de whiskey y electrodomésticos en el noreste del país. Nunca quiso entrar a las drogas, que fue introducida por su sobrino, Juan García Ábrego, actualmente preso en Estados Unidos, cuando lo sustituyó. Pero el resto tuvo un origen distinto. Los principales barones de la droga que dieron origen a los cárteles que se fueron creando y recreando desde fines de los 60 y 70, eran policías, como Guillermo González Calderoni, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Aguilar, quienes encabezaron los cárteles de Guadalajara y Juárez, que se desdoblaron en Tijuana y Sinaloa.

Su operación no podía darse sin redes de apoyo institucional. Varios gobernadores han sido identificados abiertamente en el pasado por sus vínculos con los barones de las drogas, como Leopoldo Sánchez Celis y Antonio Toledo Corro; uno más está preso, Mario Villanueva. La propia Dirección Federal de Seguridad, que nació al amparo de la CIA, aceptó que algunos de sus jefes traficaran con marihuana. Más adelante, la hoy extinta DFS controló la distribución de cocaína que repartían a artistas y periodistas, y un secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, también fue señalado en Estados Unidos como el principal traficante de marihuana. Es decir, las teorías conspirativas, si bien alcanzan hipótesis ilimitadas, sí tienen fundamento.

Villalobos olvida convenientemente toda esa larga historia de narcotráfico en México, y utilizan las cifras y argumentos del gobierno para establecer analogías amañadas, al no emplear los contextos adecuados. Estos alegatos sofistas no eran necesarios para hacer la defensa a la guerra contra las drogas. Una defensa panfletaria no es defensa. Es propaganda, donde un ex guerrillero al servicio del gobierno –quizás espontáneo-, es el nuevo protagonista de la campaña de medios.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx