30 mar 2008

Las batallas del norte


Las mentiras de Calderón
Antonio Jáquez, reportero
Revista Proceso, no 1639, 30/03/2008;
En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.
La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.
Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:
“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.
Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.
Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.
Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:
“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.
A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”
En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.
El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:
“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008”.
Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.
Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres.
Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.
El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.
Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.
Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:
“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.
La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”.
Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”.
En Chihuahua, el imperio criminal
Manuel E. Aguirre,
reportero
Revista Proceso, No. 1639, 30/03/2008;
La guerra que libran los cárteles de Sinaloa y de Juárez en el estado de Chihuahua, que sólo en este año ha ocasionado más de 180 ejecuciones, se está extendiendo a ámbitos como internet y responde con asesinatos a los desplegados del gobierno. De acuerdo con testimonios públicos, “los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder (…) viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.
CHIHUAHUA, Chih.- Ningún jefe de los cárteles de Sinaloa y de Juárez ha sido aprehendido o sufrido algún atentado, pero la guerra que libran entre sí ha ocasionado más de 180 asesinatos este año y colocado a Chihuahua como la entidad con mayor número de ejecuciones, por encima de Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.
Entre las bajas hay una veintena de policías municipales, dos funcionarios de la Policía Ministerial del estado y dos oficiales del Ejército Mexicano: un capitán de Inteligencia Militar acribillado en Ciudad Juárez y otro capitán que, el pasado 7 de marzo, cayó abatido durante un enfrentamiento con narcotraficantes en la ciudad de Chihuahua.
Los mismos actores de la batalla –encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán (cártel de Sinaloa) y por Vicente Carrillo Fuentes (cártel de Juárez)– han procurado identificarse, como lo hizo el primero de ellos horas después de asesinar al funcionario ministerial Ricardo Chacón, dejando en los pasillos de la Subprocuraduría de Justicia una corona mortuoria con el siguiente mensaje:
“Para los que no creyeron, siguen sin creer y que siguen apoyando al tristemente célebre y en decadencia cártel de Juárez, les puede pasar lo mismo que a Chacón.”
Aquel 26 de febrero, a las 7:50 horas, a unos pasos de la Subprocuraduría de Justicia Zona Centro, había sido muerto con ráfagas de “cuerno de chivo” el subcoordinador regional de la Policía Ministerial Investigadora, Ricardo Chacón Ruiz de la Peña, sin que intervinieran las decenas de agentes ministeriales que a esa hora cambiaban de turno ni los policías preventivos y de vialidad que recorrían la zona.
Por la noche, miembros del cártel de Sinaloa dejaron la corona y el mensaje referidos en los pasillos de la propia Subprocuraduría, mencionando el apellido de aquel funcionario que, según la procuraduría del estado, “siempre contó con el respaldo de sus superiores” y que, de acuerdo con fuentes extraoficiales, mantenía relaciones con la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA).
Un mensaje similar había sido dejado semanas atrás en Ciudad Juárez, junto con una lista de agentes y comandantes municipales que poco después serían igualmente ejecutados.
No habían pasado ni dos semanas del asesinato de Chacón cuando también murió acribillado en esta capital el subcoordinador Regional para la Zona Norte –con sede en Ciudad Juárez– de la Policía Ministerial Investigadora, Mario Domínguez García, quien el día del atentado se hallaba “de vacaciones”.
Domínguez García había relevado semanas antes a Fernando Lozano Sandoval, quien igualmente había sido víctima de otro atentado el 22 de enero y hoy continúa internado en un hospital de El Paso, Texas, por las graves heridas que sufrió.
El propio Fernando Lozano, a su vez, había sustituido un año antes a Arturo Nassar Contreras luego de que éste fue ejecutado por los narcotraficantes.
Tras el asesinato de Mario Domínguez, supuestos miembros del cártel de Sinaloa extendieron la guerra al ámbito mediático, pues subieron a internet información que exhibe a los operadores de Vicente Carrillo Fuentes, los responsabiliza de un gran número de crímenes –les achaca incluso el de Mario Domínguez como “un colaborador que ya no les servía”– e involucra en actos de corrupción a la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, y al gobernador del estado, José Reyes Baeza.
Aunque no existen cifras ni siquiera aproximadas de las bajas que ha tenido cada bando en esta conflagración, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado oficialmente que han sido ejecutadas 181 personas del 1 de enero al 26 de marzo de este año.
En esos cálculos se incluyen los asesinatos de los dos jefes ministeriales referidos, los directores de Seguridad Preventiva en Ciudad Juárez y Parral, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cinco agentes de Vialidad y casi una veintena de policías municipales.
Pero sólo por lo que se refiere a la Policía Ministerial ya suman 13 los agentes y comandantes asesinados de enero de 2007 al 25 de marzo de 2008.
Y aunque dentro de sus cuentas la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que en la zona de Ciudad Juárez se han producido este año 36 ejecuciones, ha habido alrededor de 130 homicidios relacionados con disputas entre pandillas por territorios dedicados al narcomenudeo.
Los operativos
Entre el 10 de febrero y el 8 de marzo pasados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre varios operativos en los que fueron “reventadas” varias casas de seguridad de los cárteles en Ciudad Juárez y la capital del estado, así como del decomiso de dos toneladas de mariguana en el municipio rural de Namiquipa.
En un comunicado oficial del 17 de febrero, la Sedena reportó que, un día antes, fueron sorprendidos 21 individuos “en una casa de seguridad que era utilizada por la organización delictiva denominada cártel de Juárez”.
Esa finca, ubicada en la calle Oregón número 59 del fraccionamiento Campestre Arboleda, de Ciudad Juárez, era usada para preparar paquetes de cocaína con el fin de venderlos al menudeo. Hallaron 13 mil 170 dosis listas para ser distribuidas, otros dos kilos de la droga que estaban ya preparados para el “corte”, 760 gramos de mariguana, 10 fusiles “cuernos de chivo” con dos cargadores cada uno, tres vehículos sin placas de circulación, 11 radios portátiles, 23 básculas y varios juegos de ropa camuflada y/o con logotipos de la AFI.
Días más tarde, el 20 de febrero, en otro operativo realizado también en Ciudad Juárez luego de una “llamada anónima”, el Ejército dio con una casa de seguridad donde se ocultaban ocho supuestos sicarios que presumiblemente habían ejecutado a más de 60 personas en dos años: Martín Salas Martínez, Ricardo Ramírez García, Lorenzo Chacón, Santos Javier Ledesma Sánchez, Manuel Padilla Roguero, César Vizcaíno Amaro, Juan Domingo Muñoz Argüello y Víctor Manuel Argüelles Pérez.
En un comunicado difundido el 21 de febrero, la Sedena aseguró que se trataba de “individuos integrantes de la organización delictiva conocida como Arellano Félix y/o La Línea”. Ellos tenían en su poder cuatro rifles AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de mil cartuchos, máscaras antigas, máquinas contadoras de dinero, 77 radios de comunicación y cuatro vehículos.
El 29 de febrero fue “reventada” otra casa de seguridad –ésta en Lomas de San José–, donde se detuvo a dos presuntos miembros del cártel de Juárez que custodiaban 2.7 toneladas de mariguana.
El 8 de marzo, en otro operativo del Ejército, varios de sus oficiales se enfrentaron con al menos 12 miembros del cártel de Juárez en una colonia de la capital del estado donde disponían de una casa de seguridad. Durante una balacera, que se prolongó tres horas, murieron seis miembros de la organización criminal y también un capitán del Ejército.
Desplegados y narcorréplicas
El gobierno del estado de Chihuahua empezó a fijar posiciones públicas sobre la violencia desde el pasado 23 de enero, cuando hizo publicar un desplegado.
“La ola de violencia que se ha presentado en el país es una respuesta a la ofensiva iniciada por el gobierno de la República contra el crimen organizado”, decía para comenzar.
“En el estado de Chihuahua –puntualizaba– los atentados y ejecuciones que se han presentado obedecen al trabajo realizado en los diversos operativos que se despliegan por fuerzas federales, estatales y municipales.”
Y remataba: “Coincidimos con el presidente Felipe Calderón, quien en la XXII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 9 de enero pasado, advirtió puntualmente sobre este tipo de represalias frente a la lucha contra el narcotráfico, y determinó enfrentar este reto cueste lo que cueste, porque el futuro de nuestros hijos está en riesgo”.
La réplica del crimen organizado no tardó ni 15 días. El 5 de febrero fueron acribillados en calles de Ciudad Juárez dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Vino entonces un nuevo desplegado gubernamental:
“Estos atentados contra los cuerpos de seguridad pública del estado –asentó– son producto del trabajo coordinado que vienen realizando las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en contra de la delincuencia organizada. Se continuarán estos operativos conjuntos aun y cuando el costo humano y riesgo que se tiene es alto.”
Fue después de este mensaje cuando cayeron ejecutados los dos comandantes regionales de la Policía Ministerial, Chacón Ruiz y Domínguez García.
Por eso el 16 de marzo se emitió un tercer desplegado, en esta ocasión firmado, además, por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; por los funcionarios responsables de la seguridad estatal; por la delegación de la PGR, y por los 67 presidentes municipales de la entidad.
“La delincuencia organizada ha respondido a esta cruzada de los niveles de gobierno por la legalidad, con una escalada de violencia en contra de las corporaciones policiacas que han actuado en cumplimiento de su deber, pero también tratando de desacreditar la integridad de funcionarios, gobernantes e instituciones para minar su credibilidad social y crear confusión entre la población”, asentaba la publicación.
Sin embargo, en una “carta abierta” dirigida el pasado 22 de marzo al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el exdiputado local perredista y exdirigente estatal de ese partido, Jaime García Chávez, dice al general que “…los muertos son desconocidos al igual que los aprehendidos (…) a ningún capo de medio pelo se le echó el guante (…) los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder, al igual que altos políticos y financieros inodados internacionalmente con el crimen organizado. Viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.

Sinaloa: los desaparecidos
Gloria Leticia Díaz, reportera.

Revista Proceso, No. 1639, 30/03/2008;
El Operativo México Seguro no sólo sigue mostrando su ineficacia en Sinaloa, entidad que, paradójicamente, está más insegura que nunca. Este conjunto de acciones de las fuerzas federales contribuyó al recrudecimiento de la violencia, ahora imparable, y fomentó en particular los levantones o desapariciones de personas, con el agravante de que en estos actos toma parte no sólo el narcotráfico sino, presumiblemente, las propias fuerzas federales.
CULIACÁN, SIN.- La violencia ha trastocado la vida cotidiana en esta entidad, sobre todo desde que el gobierno de Felipe Calderón emprendió sus operativos contra el narcotráfico.
Las cifras son elocuentes: del 1 de diciembre de 2006 a la fecha han muerto más de 400 sinaloenses en hechos relacionados con el crimen organizado. Tan sólo en la Semana Santa hubo 27 ejecuciones, incluidos dos multihomicidios en Culiacán, ocurridos entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y el jueves 27, en Badiraguato, un enfrentamiento entre soldados y un grupo armado dejó seis muertos, dos de ellos militares.
En este agitado escenario, el pasado 22 de enero fue levantado José Luis Ramírez Ibarra, un joven de 24 años. Su padre, José Luis Ramírez Meraz, explica: “Cuando escuché decir al presidente (Felipe Calderón) que acabar con las bandas del narcotráfico iba a costar muchas vidas, nunca pensé que se refería a gente como mi hijo”.
La víspera, dice, fuerzas federales sitiaron la región y capturaron a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, operador de Joaquín El Chapo Guzmán. Según vecinos de la colonia Prados del Sur, en Culiacán, el 22 de enero cuatro hombres que viajaban en un automóvil Sentra blanco se le emparejaron a Ramírez Ibarra, vendedor ambulante de plantas de ornato.
“Lo llamaron para preguntarle por su mercancía –cuenta Ramírez Meraz– y, cuando se acercó, los sujetos se bajaron para mostrarle una hoja de papel. Supongo que era una orden de aprehensión. Quienes vieron la acción dicen que mi hijo veía el papel y les decía: ‘Yo no soy, me están confundiendo’. Después lo esposaron y lo subieron al vehículo”.
La familia Ramírez Ibarra se enteró del levantón de su hijo horas después, cuando el diario local Noroeste publicó la noticia, por lo que de inmediato acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja, y ante las autoridades ministeriales de Culiacán a interponer la denuncia.
Cuenta Ramírez Meraz que conocidos suyos que trabajan en la policía intermunicipal le dijeron que los autores del levantón eran agentes federales, lo que lo llevó a recorrer durante varios días las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en busca del joven. Ante su insistencia, el delegado Miguel Ángel Campos Ortiz le permitió ingresar a los separos de la corporación.
Ahí, explica, sólo vio a dos muchachos. Después, el delegado le dijo que hay grupos especiales del gobierno federal que se mueven por Sinaloa sin avisarle qué hacen. “Yo quiero pensar que (a José Luis) se lo llevaron cuando detuvieron al Mochomo (el 21 de enero), porque en esos días estuvieron esos grupos especiales en Culiacán”.
Reitera que su hijo no cometió ningún delito, pero que trabajó con el dueño de una purificadora de agua, quien fue levantado hace poco y después apareció muerto en Guasave; no sabe si su muchacho vio algo y por eso se lo llevaron.
Tras agotar sus recorridos por las cárceles regionales y al ver que las autoridades no avanzaban en la investigación sobre el paradero de José Luis, durante varias semanas la familia Ramírez Ibarra realizó movilizaciones en Culiacán, así como un plantón a las puertas de la casa del gobernador, Jesús Aguilar Padilla.
A esas movilizaciones se sumaron los familiares de otro desaparecido, Jesús Armando Sarabia Mendívil, de 29 años, quien es padre de dos menores (de siete y de un año) y trabajaba en una fábrica de ladrillos. Él fue detenido en su casa el lunes 10 por presuntos agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), dice su esposa, Cristina Castañeda Alvarado.
Días antes de su desaparición, Jesús Armando obtuvo una carta de no antecedentes penales. Además, cuando su mujer lo buscó en las instancias judiciales locales y federales, no había órdenes de aprehensión ni de presentación contra él. Cristina Castañeda narra:
“A las 6 de la mañana de ese día (lunes 10) tocaron a la puerta de mi casa y gritaron el nombre de mi esposo. Salió descalzo y en ropa interior. Eran unos 15 hombres encapuchados, vestidos con uniformes camuflados, quienes se fueron sobre él. Lo golpearon y patearon hasta que quisieron.
“Cuando les pregunté por qué se lo llevaban dijeron que mi esposo era testigo de un secuestro. Lo subieron a una camioneta Ram blanca. En otro vehículo, una Suburban, iba otro muchacho esposado con las manos hacia atrás, quien hasta la fecha está desaparecido”.
El mismo día de la detención, Cristina solicitó un amparo a favor de Jesús Armando e interpuso denuncias ante la procuraduría estatal y la CEDH. Y aunque afirma que los agentes del Ministerio Público le dicen que cualquier persona puede comprar uniformes y armas para hacerse pasar por policías, “luego me dijeron que a lo mejor mi esposo estaba arraigado y que no nos avisaban para no entorpecer la investigación”, señala.
En respuesta a las movilizaciones de las familias Ramírez Meraz y Sarabia Castañeda, el procurador del estado, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, se comprometió a resolver los casos de José Luis y Jesús Armando y nombró como encargado especial a José Antonio Sainz León, un agente que en 1996 estuvo al frente de las indagaciones sobre la desaparición de tres jóvenes en la colonia Las Quintas, que aún no se resuelve.
Cifras de miedo
En noviembre pasado, durante la Reunión Plenaria de Secretarios de Seguridad Pública realizada en Morelia, Michoacán, se dio a conocer un documento en el que se menciona a Sinaloa como el estado con más ejecuciones entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007.
De acuerdo con ese reporte, hasta el 8 de noviembre pasado los muertos relacionados con la violencia sumaban 434. De éstos, 1.6% fueron policías, y el resto civiles cuyas edades oscilan de 12 a 68 años. Un tercio de la cifra total corresponde a personas que fueron levantadas y luego ejecutadas.
Los funcionarios participantes en el encuentro de Morelia admitieron que no cuentan con datos precisos acerca de las desapariciones forzadas, debido a que muchas veces los familiares de las víctimas no hacen la denuncia correspondiente por temor a represalias.
Al respecto, dirigentes de organizaciones no gubernamentales en Sinaloa no tienen cifras completas sobre la violencia en la entidad. Para el expresidente de la CEDH y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS), Óscar Loza Ochoa, las desapariciones forzadas “podrían ser unas 90 de 1994 a la fecha”. Esto, dice, “sin dejar de reconocer que existe una cifra negra por el temor de la gente a denunciar”.
Los familiares de José Luis y Jesús Armando le plantearon sus problemas a Loza Ochoa, decano de los defensores de derechos humanos en la entidad y autor del libro Tiempo de espera (UAS-CEDH, 2003), en el que analiza las 42 desapariciones forzadas ocurridas en Sinaloa durante la “guerra sucia” de 1975-1979, y de otras 51 ocurridas entre 1994-2003.
El especialista dice que los casos de José Luis y Jesús Armando le permiten actualizar su estudio: “Después de 2003 tengo la impresión de que disminuyeron un poco las desapariciones forzadas, pero a partir de los operativos de México Seguro se vuelven a crear las condiciones para que arrecie el fenómeno e inicia una tercera etapa”.
Para el también regidor municipal, las desapariciones forzadas se dan con participación de la autoridad: “Así lo presumen los testigos, y también por grupos de particulares vinculados al crimen organizado que, de acuerdo con la forma que actúan, lo hacen con la tolerancia y connivencia de la autoridad; la impunidad no habla de otra cosa”.
Él mismo ha tenido desencuentros con las autoridades por sus investigaciones y su activismo, pero admite que no ha recibido amenazas: “Sólo he sido blanco de campañas de desprestigio por la tensión de los organismos defensores de los derechos humanos con autoridades judiciales y militares”.
Para él, esas campañas negativas se deben a que interviene en casos de denunciantes relacionados con el narcotráfico, o por acudir a operativos militares en comunidades donde residen los capos o sus familias.
El 25 septiembre de 2006 el periódico El Universal publicó una nota en la que se mencionaba a Loza Ochoa en una lista de padrinos de la boda de Joaquín López Calderón, un pariente suyo que purgó una pena por delitos presuntamente relacionados con el narcotráfico. En aquella lista figuraban Javier Torres Félix, hijo del capo Javier Torres (El JT, operador del Mayo Zambada), y Agustín Beltrán Vega. También acudieron a aquella fiesta Raúl Meza Ontiveros y Juan Carlos Beltrán Quintero, ambos con antecedentes penales.
Loza Ochoa sospecha que el autor de “la intriga” fue el excomandante de la zona militar, Eugenio Hidalgo Eddy, quien poco antes de la publicación del artículo le mostró una copia del documento. “Me dijo que el Ejército estaba en todo, y le contesté que entonces estaría enterado de que no acudí a esa fiesta”, dice el activista.
Población indefensa
El actual presidente de la CDDHS, Federico Sauceda Ochoa, sostiene que otro de los problemas de esta guerra sin cuartel que afecta a la población sinaloense es “la autocensura de los defensores de derechos humanos para atender casos de desapariciones en los que se presuma que estuviera involucrado el crimen organizado, particularmente el narcotráfico”.
Y enumera los nombres de los defensores asesinados en los últimos años cuyos casos aún están impunes. Todos ellos eran de la CDDHS: Norma Corona, Jesús Michel Jacobo, Carlos Gilberto Morán Cortez y Jorge Meza. También menciona a Jesús Ricardo Murillo Monge, del Frente Cívico Sinaloense.
“No podemos ser ajenos a esos mensajes de violencia –explica Sauceda–, además corremos el riesgo del desprestigio o pérdida de calidad moral cuando, como organización, damos asesoría a una persona que haya sido delincuente. Esto se debe sobre todo a que el gobierno nos considera defensores de delincuentes”.
A su vez, el representante del Frente contra la Impunidad, Miguel Ángel García Leyva, afirma que el movimiento que aglutina a varias organizaciones civiles tiene documentados 200 casos en Sinaloa, pero advierte que no todos fueron denunciados ante las autoridades.
García Leyva agrega que no existe un perfil socioeconómico de los afectados: “Las víctimas son de todos los sectores sociales. Sobresale la gente muy humilde y los jóvenes, incluso se llega a pedir rescate y no aparecen los secuestrados. Es evidente que muchos de estos casos son parte de una estrategia de los grupos delincuenciales de infundir terror en la población”.
Señala que la organización a la que pertenece –la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y contra la Impunidad, integrante del Frente contra la Impunidad– se creó en Baja California en 2001 y se extendió a Sinaloa “ante la falta de respuesta de las autoridades para resolver estos casos que se han dado en el marco del combate al narcotráfico, y por esa circunstancia evaden su responsabilidad, alimentando la impunidad”.
Ante esta situación, formula su propuesta: “Creemos que deben crearse fiscalías especializadas en abordar este problema en todo el país, porque la violencia por el combate al crimen organizado va a durar muchos años”.
García Leyva está organizando, para el 9 de mayo próximo, un foro al que familiares de desaparecidos acudirán a exponer sus experiencias. El propósito es que lleguen personas de Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua, entre otras entidades.
Los promotores del encuentro dicen que uno de los factores que provoca más sufrimiento en las familias de las víctimas es la descalificación, lo mismo que las amenazas anónimas para que abandonen la búsqueda.
Tamaulipas: entre dos fuegos
La creciente violencia desatada por los cárteles de la droga en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, así como la presencia de militares adscritos en esta zona al Operativo Noreste, mantienen a la población en vilo. Y a pesar de que empresarios locales y jefes policiacos admiten que los despliegues castrenses son necesarios, advierten que no deben prolongarse, pues quienes pagan las consecuencias adversas de sus acciones son los ciudadanos…
REYNOSA, TAMPS.- Desde que en enero pasado el gobierno federal puso en marcha el Operativo Noreste en esta entidad, la delincuencia organizada desplegó una contraestrategia en la que los habitantes de las ciudades fronterizas son las principales víctimas.
Así, por ejemplo, desde hace varias semanas grupos de pistoleros del cártel del Golfo irrumpen de manera simultánea en restaurantes y discotecas y despojan a los parroquianos de sus pertenencias; lo mismo les quitan relojes que celulares, joyas y dinero. Los comandos, dicen algunos testigos, suelen ir encapuchados y portar armas largas. Visten uniformes militares o de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se movilizan en varios vehículos.
También asaltan residencias de familias adineradas de los municipios fronterizos. Las seleccionan cuidadosamente. Gran parte de sus ataques los realizan en lugares públicos, lo que a veces ocasiona balaceras en las calles, cuando se enfrentan con soldados. A ello se suman los excesos de los uniformados contra la población civil, lo que acrecienta el clima de terror en la frontera tamaulipeca.
De hecho, algunas ciudades llevan ya un mes en virtual toque de queda debido a que la mayoría de las personas evitan salir por las noches. Dueños de restaurantes y de antros de ciudades como Matamoros y Reynosa se quejan incluso de que sus ventas cayeron entre 60 y 70% por falta de clientes.
Lo anterior ha provocado que los jóvenes opten por cruzar la frontera para divertirse en McAllen o Brownsville, o que se vayan de fin de semana a Monterrey, Nuevo León.
El director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Amarante Miranda Morato, reconoce que desde que se incrementó la presencia militar en esta frontera los hechos delictivos no sólo se dispararon, sino que la delincuencia adoptó un patrón más agresivo y de mayor impacto en la sociedad.
Las lecturas que se dan a los ataques contra la población, dice, van en dos sentidos: por una parte, se considera que el crimen organizado pretende exhibir la inoperancia de las estrategias federales para combatirlos, y, por otra, que quiere recuperar el dinero perdido por los decomisos de droga y armas que ha efectuado el Ejército, así como por las dificultades que enfrenta para cruzar cargamentos debido a la presencia de soldados en los puentes internacionales.
Los ataques de los comandos son “una forma de decirle al operativo federal: no sirves”, interpreta otra fuente policiaca consultada por Proceso que pidió el anonimato. “Ése –puntualiza– es un mensaje que le están enviando a la población para que acabe por considerar que la presencia del Ejército en las calles no le sirve”, y además fomentan el descontento popular hacia los militares.
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región noreste del país, Jorge Pensado Robles, señala que en esta zona la población vive una situación ambivalente. Por un lado, dice, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con la presencia militar porque se sienten más seguros; pero por otro, se quejan debido a que están en medio de esta guerra que el gobierno federal declaró a los cárteles de la droga, y son ellos quienes resienten los castigos de los grupos de pistoleros al servicio del narcotráfico.
Advierte que hay un clima de confusión creado por los mismos grupos delictivos, pues cuando atacan visten uniformes militares y de la AFI. Además, las manifestaciones ciudadanas de protesta, así como las quejas por los abusos contra los operativos federales, son manipuladas. “La gran mayoría están orientadas a desprestigiar a los militares y a tener bases para exigir que éstos regresen a los cuarteles”, afirma Pensado Robles.
¡Todos al suelo!
El director de la PME, Amarante Miranda, refiere que en las últimas semanas se recibieron unas 20 denuncias formales sobre la irrupción de comandos en residencias de los municipios de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Miguel Alemán, y otras dos sobre incursiones similares en restaurantes de Reynosa.
Comenta que cuando, a mediados de enero, el Ejército procedió al desarme de todos los policías preventivos de los municipios fronterizos, los grupos delictivos “hicieron su fiesta” en Matamoros, pues en una sola noche se denunciaron 45 robos contra establecimientos comerciales, depósitos y personas en la calle.
La PME sólo recibió denuncia formal de dos asaltos a restaurantes, pero se registraron más casos. En Nuevo Laredo, por ejemplo, la noche del 19 de enero comandos de sicarios atracaron de manera simultánea cuatro bares.
El caso más sonado fue el asalto masivo que cometieron contra cientos de personas que se encontraban en El Silverado, salón de baile de música grupera de esa ciudad. Hombres vestidos de militares sorprendieron a los concurrentes y, al tiempo que les apuntaban con armas AK-47 y R-15, les gritaron: “¡Todos al suelo!”.
“A una muchacha la desnudaron, y a todos nos empujaron y nos obligaron a tirarnos al suelo, todos amontonados. A varios los encañonaron y los golpearon; había muchas mujeres en crisis. Fue algo horrible, creíamos que nos iban a matar”, cuenta una de las víctimas del atraco.
En los días siguientes, los sicarios pusieron en práctica otra operación: entraron de manera simultánea en casas de agentes aduanales de Nuevo Laredo y las saquearon.
En Reynosa hubo asaltos similares en restaurantes concurridos como Chili’s, El Papalote, Sierra Madre, Applebee’s, Rico’s Bar y La Fogata. Sólo los clientes del Chili’s presentaron denuncia.
El pasado 25 de febrero, el priista César Humberto Issasi Cantú, excandidato a la Presidencia Municipal, denunció ante las autoridades que un grupo de hombres vestidos de negro que dijeron ser agentes de la AFI se metieron a su casa para robar. Aseguró que los sujetos lo amagaron con armas largas y cortas obligándolo a abrir la caja fuerte, de la cual sustrajeron 3 mil dólares en efectivo, monedas de oro, relojes y otras joyas.
Por esos días, Mario López Villarreal, propietario del local de pollos Buenos Aires, denunció que un grupo de encapuchados secuestraron el 24 de febrero a dos de sus trabajadores, a quienes golpearon y obligaron a que les dieran la combinación de la caja fuerte, de donde se llevaron 100 mil pesos.
Y el 26 de febrero, Carlos Manuel Anda denunció que su padre, Héctor Anda Ríos, propietario de la casa de cambio Drive In y excomandante del desaparecido Resguardo Aduanal Mexicano, fue secuestrado por un comando de hombres armados vestidos con uniformes similares a los de los agentes de la AFI. Días después Anda Ríos fue liberado.
Abusos de militares
Respecto a los atropellos de militares contra la población civil, en la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido presentadas alrededor de 20 querellas por ese motivo.
Sergio Meza Varela murió en Reynosa el pasado 16 de febrero cuando un grupo de soldados le disparó desde un retén. Y José Antonio Barbosa, conductor del auto en el que viajaba Meza, resultó herido porque se negó a detener el vehículo en el puesto de revisión, pues los militares lo acusaban de portar unos cigarros de mariguana.
El homicidio de Meza causó tal indignación que sus familiares y amigos, acompañados de cientos de reynosenses, llevaron el féretro hasta el edificio de la Presidencia Municipal para exigir el retiro de los militares.
Los excesos de los soldados también causaron molestia al Episcopado Mexicano, que presentó una queja porque el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz y tres de sus colaboradores fueron golpeados por militares la madrugada del 17 de febrero.
Según la denuncia, el padre Barbosa y sus acompañantes viajaban en una camioneta Lobo 2007 con vidrios polarizados por la carretera de Valle Hermoso a San Fernando, cuando se toparon con unos soldados que acababan de tener un accidente. Los uniformados detuvieron el vehículo, bajaron a los ocupantes y los empezaron a golpear. Al parecer, el accidente fue provocado por un joven en estado de ebriedad que chocó por la parte trasera a una camioneta que llevaba en la caja a varios soldados, los cuales resultaron heridos al salir expulsados de la unidad.
El jefe de la PME, Amarante Miranda, manifiesta que en este caso todo indica que los militares se sintieron atacados al creer que el accidente se debió a una emboscada de narcotraficantes, por lo que sometieron al joven que lo provocó, a agentes de tránsito y a los conductores que pasaron en ese momento por el lugar.
Otro de los incidentes que causó protestas entre la población fue cuando dos trabajadores del periódico La Prensa de Reynosa, Martín Mendo Cantú y Eleazar Vaquera Herrera, murieron calcinados luego de que el vehículo en el que se dirigían a sus casas fue impactado por otro que era perseguido por policías federales.
El descontento social ha crecido al grado de que tanto en Reynosa como en Matamoros se han realizado marchas con la participación de taxistas, prostitutas, meseros de bares y restaurantes, así como colonos. Su demanda es que los militares se retiren del estado.
Julio Almanza, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio en la Región Fronteriza, plantea: “Sabemos que esto es una guerra que tiene el gobierno federal y que todo mundo tiene que sacrificar algo… Nosotros estamos poniendo nuestra parte”.
Y se refiere a las bajas ventas que ha resentido el comercio fronterizo por la ausencia de turistas, así como a la reducción de horarios de negocios nocturnos, como discotecas, bares y restaurantes. Pese a ello, dice que la población se siente más segura por la presencia militar.
Pero también advierte: “Lógicamente, si el gobierno federal mantiene esta presencia militar de manera permanente, va a haber problemas sociales; si el operativo se prolonga, la sociedad va a sacrificar gran parte de su libertad y su tranquilidad, pero después será la economía de la frontera la que resienta (los efectos)”.
Por lo pronto, el viernes 14 de marzo se verificó otro despliegue militar: 2 mil 300 soldados, la mayoría encapuchados, llegaron vía área y terrestre a las ciudades fronterizas tamaulipecas para hacer frente al contraataque del cártel del Golfo.
“A nosotros lo que nos gustaría es que no fuera tan fuerte esa presencia militar ni tan ostentosa”, reitera Almanza.
Los narcocementerios
Manuel E. Aguirre
CHIHUAHUA, CHIH.- Varias fosas clandestinas, en las que miembros del crimen organizado tenían sepultadas a 49 personas, entre ellas tres mujeres, han sido descubiertas en lo que va del año en Ciudad Juárez y en esta capital.
La primera fue localizada en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Luz Villa 1201, colonia Veteranos, de esta ciudad.
En el boletín 027/08 del pasado 18 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la finca está “relacionada con el cártel de Juárez” y que ahí localizó seis cadáveres.
Entre esos cuerpos estaban los de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y uno de Vialidad de esta capital.
Los dos primeros, Jorge Anchondo y Jesús Morales, fueron levantados en diciembre de 2006 en la misma ciudad. Según las autopsias que llevaron a cabo peritos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, ambos policías fueron asesinados seis meses después del secuestro. Durante el tiempo que permanecieron plagiados fueron sometidos a múltiples torturas.
El agente de Vialidad Socorro Alberto Aguilar y las otras tres personas arrojadas a la misma fosa habían sido levantados sólo unas semanas antes del hallazgo.
Según la PGR (boletín 041/08), ese descubrimiento vinculado al cártel de Juárez derivó en una solicitud de cateo, el cual se realizó el 21 de febrero en la calle Cocoyoc, fraccionamiento Cuernavaca, de Ciudad Juárez. Ahí se halló primero una fosa con un cuerpo; al día siguiente, en la misma casa, fue descubierta otra fosa con tres cuerpos. Además, el 23 de febrero se descubrió otro cuerpo en una fosa aparte, y el día 25 fueron localizados tres tórax y dos cabezas. La PGR aún no da a conocer la identidad de los restos.
A partir del primer hallazgo en la ciudad de Chihuahua y después en la colonia Cuernavaca, de Juárez, las autoridades federales iniciaron la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDO/0912008) sobre otra finca también vinculada con el cártel de Juárez.
Se trata de una casa en la calle Pedregal sin número, colonia La Cuesta, de Ciudad Juárez, en cuyo patio se excavaron 14 fosas entre el 1 y el 12 de marzo. Se desenterraron 33 cadáveres, el mayor hallazgo de este tipo en el estado.
“El perito de antropología forense informó que los restos encontrados tienen aproximadamente cinco años de inhumados y que sólo tres de ellos, por sus características, corresponden a mujeres”, asentó la PGR.

Poca cooperación

La Unidad Investigativa de El tiempo señala -basada con información del DAS colombiano- que que seis países han sido advertidos 43 veces sobre presencia de las Farc en su territorio.
En total se ha prevenido 4 veces al gobierno de Argentina; 2, al de Bolivia; 7, al de Brasil; 4, al de Perú; 16, al de Ecuador y 10, al de Venezuela en torno campamentos y hasta emisoras clandestinas.
Investigadores del DAS aseguran que si esos llamados hubiesen sido atendidos, por ejemplo, habrían podido capturar a jefes de las Farc, como Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', de cuya presencia se alertó a Venezuela, con ubicación concreta, desde octubre del 2005.
También a ecuador, se le ha envió un informe sobre la localización exacta de 25 bases usadas por las Farc en suelo ecuatoriano.
Pero pese a estas advertencias, ni Venezuela ni Ecuador respondieron positivamente a la información entregada, dice el reportaje.

Martin Luther King



El día en que mataron a Martin Luther King/JULIÁN CASANOVA; hace 40 años.
"I have a dream today, someday, little black boys and little black girls will join hands with little white boys and white girls and walk together as sister and brothers...
Todavía, tengo un sueño. (...) Tengo un sueño de que, un día, esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales. (...) Tengo un sueño de que mis cuatro hijitos un día vivirán en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por su carácter....Esta es nuestra esperanza. (...) Con esta fé podremos, de una montaña de desesperación, labrar una piedra de esperanza. Con ésta fé, podremos transformar el cencerreo discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con ésta fé, podremos trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir juntos a prisión, escalar en lo alto en busca de nuestra libertad, sabiendo que un día seremos libres".
Nuestras vidas empiezan a acabarse el día que guardamos silencio sobre las cosas que realmente importan”. MLK
Publicado en El País, 30/03/2008;
Era un hombre profundamente religioso que, según le gustaba recordar, creció en una iglesia. Su padre era un predicador, como su bisabuelo, su abuelo, su hermano o el hermano de su padre. Descubrió muy pronto que él, su familia y quienes tenían la piel como ellos, negra como el asfalto, pertenecían a una casta inferior en el orden blanco que les rodeaba. Aprendió a luchar por sus derechos con el arma de la no violencia, y en pocos años se convirtió en la figura simbólica, nacional e internacional, de una revolución protagonizada por los negros del sur de Estados Unidos. Cuando la bala de un rifle le destrozó el cuello en la tarde del 4 de abril de 1968, hace ahora 40 años, Martin Luther King Jr. y su movimiento habían conseguido importantes cambios en las estructuras de poder de la sociedad norteamericana.
Todo ocurrió de forma muy rápida, en la década de protestas masivas y de desobediencia civil que precedió a su asesinato. Estados Unidos era entonces la primera potencia militar y económica del mundo, en la que, sin embargo, prevalecía todavía el racismo, una herencia de la esclavitud que esa sociedad tan rica y democrática no había sabido eliminar. Millones de norteamericanos de otras razas diferentes a la blanca se topaban en la vida cotidiana con una aguda discriminación en el trabajo, en la educación, en la política y en la concesión de los derechos legales. Martin Luther King vivió de cerca ese sistema segregacionista en su ciudad natal, Atlanta, en Georgia, donde se dividía a negros y blancos en las escuelas, restaurantes, teatros, autobuses y hasta en las fuentes públicas para beber agua. Fue su madre, Alberta Williams, hija también de un pastor de la Iglesia baptista, quien le enseñó que ese sistema de segregación no era el resultado de un orden natural, sino una condición social querida e impuesta por los hombres blancos.
Martin Luther King decidió pronto seguir el camino de su padre. Estudió teología en Boston y en octubre de 1954 se trasladó con su mujer, Coretta Scott, a Montgomery (Alabama), para ocupar su primer trabajo como pastor y predicador de la Iglesia baptista. Montgomery, la antigua capital de la Confederación durante la guerra civil de los años sesenta del siglo XIX, constituía un excelente ejemplo de cómo la vida de los negros estaba gobernada por los arbitrarios caprichos y voluntades del poder blanco. La mayoría de sus 50.000 habitantes negros trabajaban como criados al servicio de la comunidad blanca, compuesta por 70.000 habitantes, y apenas 2.000 de ellos podían ejercer el derecho al voto en las elecciones. Allí, en Montgomery, en esa pequeña ciudad del sur profundo, donde nada parecía moverse, comenzaron a cambiar las cosas el 1 de diciembre de 1955.
Ese día por la tarde, Rosa Parks, una costurera de 42 años, cogió el autobús desde el trabajo a casa, se sentó en los asientos reservados por la ley a los blancos y, cuando el conductor le ordenó levantarse para cedérselo a un hombre blanco que estaba de pie, se negó. Dijo no porque, tal y como lo recordaba después Martin Luther King, no aguantaba más humillaciones, y eso es lo que le pedía "su sentido de dignidad y autoestima". Rosa Parks fue detenida y comenzó un boicoteo espontáneo a ese sistema segregacionista que regía en los autobuses de la ciudad. Uno de sus promotores, E. D. Nixon, pidió al joven pastor baptista, casi nuevo en la ciudad, que se uniera a la protesta. Y ése fue el bautismo de Martin Luther King como líder del movimiento de los derechos civiles. Unos días después, en una iglesia abarrotada de gente, King avanzó hacia el púlpito y comenzó "el discurso más decisivo" de su vida. Y les dijo que estaban allí porque eran ciudadanos norteamericanos y amaban la democracia, que la raza negra estaba ya harta "de ser pisoteada por el pie de hierro de la opresión", que estaban dispuestos a luchar y combatir "hasta que la justicia corra como el agua".
Los 13 meses que duró el boicoteo alumbraron un nuevo movimiento social. Aunque sus dirigentes fueron predicadores negros y después estudiantes universitarios, su auténtica fuerza surgió de la capacidad de movilizar a decenas de miles de trabajadores negros. Una minoría racial, dominada y casi invisible, lideró un amplio repertorio de protestas -boicoteos, marchas a las cárceles, ocupaciones pacíficas de edificios...- que puso al descubierto la hipocresía del segregacionismo y abrió el camino a una cultura cívica más democrática. La conquista del voto por los negros sería, según percibió desde el principio Martin Luther King, "la llave para la solución completa del problema del sur".
Pero la libertad y la dignidad para millones de negros no podían ganarse sin un desafío fundamental a la distribución existente del poder. La estrategia de desobediencia civil no violenta, predicada y puesta en práctica por Martin Luther King hasta su muerte, encontró muchos obstáculos. A John Fitzgerald Kennedy, ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 1960, el reconocimiento de los derechos civiles le creó numerosos problemas con los congresistas blancos del sur y trató por todos los medios de evitar que se convirtiera en el tema dominante de la política nacional. No lo consiguió, porque antes de que fuera asesinado en Dallas (Tejas) el 22 de noviembre de 1963, el movimiento se había extendido a las ciudades más importantes del norte del país y había protagonizado una multitudinaria marcha a Washington en agosto de ese año, la manifestación política más importante de la historia de Estados Unidos.
El movimiento por los derechos civiles cosechó en los años siguientes frutos extraordinarios. Bajo el Gobierno del demócrata Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, la Civil Rights Act de julio de 1964, a cuya firma asistió Martin Luther King, prohibió la discriminación en el trabajo por motivos de raza o género, y los trabajadores negros y las mujeres comenzaron a rechazar el tratamiento de segunda clase que se les daba en muchas industrias y servicios. Un año después, una radical modificación del sistema electoral garantizó el derecho al voto de los negros. King se lo había pedido de forma urgente a Johnson, en una reunión que mantuvieron en la Casa Blanca tras obtener el premio Nobel de la Paz de 1964. A finales de esa década, miles de negros habían sido elegidos en el sur como alcaldes, sheriffs o legisladores de los diferentes Estados.
No fue todo un camino de rosas. La batalla contra el racismo se llenó de rencores y odios, dejando cientos de muertos y miles de heridos. La violencia racial no era un fenómeno nuevo en la sociedad norteamericana. Pero hasta el final de la II Guerra Mundial, esa violencia había sido protagonizada por grupos de blancos armados que atacaban a los negros y por el Ku Klux Klan, la organización terrorista establecida en el sur precisamente para impedir la concesión de derechos legales a los ciudadanos negros. En los disturbios de los años sesenta, por el contrario, muchos negros respondieron a la discriminación y a la represión policial con asaltos a las propiedades de los blancos, incendios y saqueos. Las versiones oficiales y muchos periódicos culparon de la violencia y de los derramamientos de sangre a pequeños grupos de agitadores radicales, aunque posteriores investigaciones revelaron que la mayoría de las víctimas fueron negros que murieron por los disparos de las fuerzas gubernamentales.
Con tanta violencia, la estrategia pacífica de Martin Luther King parecía tambalearse. Y frente a ella surgieron nuevos dirigentes negros con visiones alternativas. El más carismático fue un hombre llamado Malcolm X, que había visto de niño cómo el Ku Klux Klan incendiaba su casa y mataba a su padre, un predicador baptista, y que se había convertido al islamismo después de una larga estancia en prisión. Criticó el movimiento a favor de los derechos civiles, despreció la estrategia de la no violencia y sostuvo una agria disputa con Martin Luther King, al que llamó "traidor al pueblo negro". King deploró su "oratoria demagógica" y dijo estar convencido de que era ese racismo tan enfermo y profundo el que alimentaba figuras como Malcolm X. Y cuando éste fue asesinado en Harlem, en Nueva York, el 21 de febrero de 1965, por uno de sus antiguos seguidores, en un momento en el que estaba rompiendo con los dirigentes más radicales de su movimiento, King recordó de nuevo que "la violencia y el odio sólo engendran violencia y odio".
Algo no funcionaba, sin embargo, en aquel capitalismo que generaba profundas desigualdades económicas y el discurso de Martin Luther King se endureció, incorporó explícitas apelaciones a la lucha de clases y pidió una radical redistribución del poder, una "justicia compensatoria" para rectificar las consecuencias sobre la población negra de generaciones de exclusión y desposeimiento. El eco de su voz traspasó las fronteras del sur y los barrios negros, para sonar con fuerza entre los hispanos, los blancos pobres, todos los marginados y olvidados de la sociedad norteamericana. Desde la primavera de 1967, ese compromiso a favor de la causa de los pobres coincidió, además, con un enérgico rechazo a la guerra de Vietnam, a la brutalidad de una contienda que llamaba a los negros a sacrificarse por una democracia que ellos "nunca habían experimentado".
Para muchos de sus antiguos aliados liberales, Martin Luther King ya no era sólo el defensor de los derechos civiles, sino un peligroso subversivo. King lo percibió, admitió ante los periodistas que en "una revolución social no siempre se puede retener el apoyo de los moderados", que "las clases privilegiadas nunca abandonan sus privilegios sin una fuerte resistencia". Y comenzó a mostrarse triste, abandonado, a temer una reacción derechista, a sentir miedo a la muerte, él que había sufrido la cárcel, varios atentados fallidos, incontables humillaciones.
El miércoles 3 de abril de 1968 llegó a Memphis (Tennessee) para apoyar una huelga de basureros negros. Esa misma noche, en el que sería su último discurso, les dijo que conseguirían "la Tierra Prometida". Al día siguiente, por la tarde, en el balcón de su habitación del hotel Loraine, un solo disparo acabó con su vida. Tenía 39 años. El asesino, un hombre blanco que se había escapado de la prisión, se llamaba James Earl Ray. Cuando se conoció su muerte, la rabia y la violencia se propagaron en forma de disturbios por más de un centenar de ciudades, el final amargo de una era de sueños y esperanzas. Lo dijo su padre, el predicador baptista que le había inculcado los valores de la dignidad y de la justicia: "Fue el odio en esta tierra el que me quitó a mi hijo". -
38 años despues, en ernero de 2006 fallece su esposa Coretta Scott King.

La misiva de Mercado a Begné

"La carta que he recibido me pide contestación..." Violeta Parra.
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político (El Universal, 30 de marzo de 2008), dice que tiene en su poder la carta "que envió Mercado a Begné poco después de la elección de 2006, de la que, más allá de las versiones de unos y otros, se pueden sacar muchas conclusiones y se puede colocar a muchos en su sitio."
Agrega que la misiva "es parte de una investigación periodística en proceso que pretende concluir en un libro sobre la construcción y evolución de los partidos emergentes.
El contendio fue consultado por el periodista con Begné, "a quien molestó, pero reconoció que es auténtica. Ayer fue imposible localizar a Mercado para conocer su versión sobre la carta que lleva su firma y que parcialmente reproducimos:
“Querido Alberto:
“Voy a escribir cómo me veo y dónde quiero estar para lograr el objetivo de fortalecernos para ser una opción real de gobierno, solos o con otros, en 2012. Este objetivo tiene una parada intermedia muy difícil para una opción como la nuestra: las elecciones para el Congreso en 2009. Las condiciones de polarización se van a recrudecer en los próximos tres años. Será entonces una elección plebiscitaria tanto para el gobierno de Felipe Calderón como para el PRD y AMLO.


FARC network more intricate than thought


Publicado en español por El Nuevo Herald, 30/03/2008;
FARC network more intricate than thought/ By TYLER BRIDGES/
Las FARC arrinconadas en Colombia y en el exterior/ TYLER BRIDGES
Lima. En estampida en su propio país, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han procurado vínculos más estrechos con grupos de Perú, México y otros lugares fuera de Colombia en un intento de reforzarse contra el actual presidente Alvaro Uribe, según documentos hallados en computadoras personales del ejecutado dirigente guerrillero "Raúl Reyes''.
Pero los esfuerzos de las FARC se han disuelto y el grupo no ha podido superar su reputación de organización terrorista que costea sus actividades mediante la extorsión, los secuestros y el tráfico de cocaína. Los gobiernos de Panamá y Perú recientemente se comprometieron a ayudar a Colombia en sus esfuerzos por desmantelar las redes de la guerrilla en el exterior.
"Ahora sabemos que las FARC no estaban simplemente sentados en la selva'', dice Adam Isacson, que sigue muy de cerca al grupo guerrillero desde el Center for International Policy en Washington, D.C. "Está claro según los documentos encontrados en la computadora de ‘Reyes' que tenían un esfuerzo de contacto internacional. Pero también está claro que se abortó. No se han acercado siquiera a grupos moderados de izquierda en los países en que han tratado. En gran medida han seguido siendo parias''.
El la secuela de la muerte de "Reyes'' el 1ro de marzo, las FARC han adquirido un partidario de importancia pública, el presidente venezolano Hugo Chávez. Pero Chávez no ha podido convencer a otros países ni latinoamericanos ni europeos de que traten a las FARC como un grupo ‘‘beligerante'', de modo que le darían estatus diplomático. En cambio, países sudamericanos importantes como Brasil, Argentina y Chile, además de países europeos, Canadá y Estados Unidos, siguen catalogando al grupo guerrillero como "terrorista''. El hallazgo la semana pasada cerca de Bogotá de 66 libras de uranio vinculadas a las FARC no ayudó la reputación del grupo en el extranjero.
La muerte de "Reyes'' representó la pérdida de su contacto clave con personas de fuera y la red de las FARC en el continente ha sufrido golpes. En el campamento de "Reyes'', una milla hacia dentro en el Ecuador, durante el bombardeo en que murió el jefe guerrillero, había cinco estudiantes mexicanos y uno ecuatoriano. Los mexicanos murieron todos menos uno, además de unos 20 guerrilleros del grupo.
"Las reuniones de las FARC tienen lugar con muchachos de veinte años o personajes de pequeños partidos comunistas sudamericanos'', dice Isacson.
La muerte de "Reyes'' también ha servido para otra cosa, según Rafael Nieto, que fungió como viceministro de seguridad interna en el gobierno de Uribe. Según él, las computadoras del guerrillero contenían un tesoro de información que las autoridades colombianas están pasando a funcionarios de otros países, excepto Ecuador y Venezuela.
Nieto dice que con esa información "otros países están colaborando con Colombia en contra de las FARC''.
La policía de Costa Rica encontró este mes $480,000 de dinero del grupo guerrillero escondido en la casa de un profesor universitario gracias a documentos hallados en las computadoras de "Reyes'', informó Fernando Berrocal, ministro de justicia de seguridad de Costa Rica, que prometió más revelaciones.
"En esas computadoras hay más cosas que no les diré ahora, pero el país pronto sabrá'', dijo Berrocal a la prensa.
Las FARC perdieron acceso a un posible vendedor de armas cuando las autoridades de Tailandia arrestaron en marzo a Viktor Bout, un notorio traficante de armas ruso. Bout fue arrestado mientras intentaba según se alega venderles armas a quienes él creía eran representantes de las FARC. Las autoridades habían rastreado a Bout durante varios meses, así que su arresto no estuvo relacionado con las computadoras de "Reyes''.
Como no lo fue tampoco otro arresto que fue un revés para las FARC fuera de Colombia.
La policía peruana arrestó a un hombre y a una mujer hace dos semanas bajo cargos de que pertenecían a las FARC.
Fue la primera captura en Perú en por lo menos seis años, según le dijo al Herald el ministro de defensa peruano Antero Flores Aráoz.
En otro golpe aparente, las autoridades peruanas también arrestaron a siete peruanos el 29 de febrero cuando regresaban de una asamblea en Quito organizada por la Coordinadora Continental Bolivariana, un grupo que según funcionarios de la inteligencia peruana, está vinculado a las FARC.
Todos estos acontecimientos tienen lugar en un momento peligroso para las FARC.
Funcionarios colombianos le dijeron a The Miami Herald en Bogotá hace dos semanas que el Plan Colombia, financiado en parte por los contribuyentes norteamericanos, ha reducido las filas de las FARC de 16,000 efectivos en el 2002 a unos 10,000 en la actualidad.
Las tropas colombianas han sido cada vez más mortales en sus ataques, y los guerrilleros están desertando en manadas. La situación se ha tornado tan mala para las FARC que a principios de este mes un veterano guerrillero mató a su jefe, el líder de las FARC Iván Ríos, y entregó su mano cercenada y su computadora portátil como prueba de lo que hizo.
Las FARC han tratado de ampliar su papel fuera de Colombia "porque los están acorralando en su país'', dijo Patrick Esteruelas, que sigue a los países andinos para el Grupo Eurasia. "En los últimos años, se han percatado de que su respaldo en casa se ha erosionado, y ahora está en su punto más bajo. Tienen muy poco para poder maniobrar en casa. Han tratado de usar la presión internacional para obligar a Uribe a hacer concesiones que de otra manera no haría''.
Uribe apenas ha cedido en nada, ni siquiera después que las FARC liberaron unilateralmente a seis importantes víctimas de secuestro a principios de este año. Lo que hizo la semana pasada fue ofrecer liberar a guerrilleros presos si las FARC soltaban primero a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a otros secuestrados. Pero su oferta tenía una condición poco atractiva para el grupo irregular: los guerrilleros liberados no podían volver a las filas de las FARC.
Tanto Uribe como la guerrilla enfrentan una presión cada vez mayor para liberar a Betancourt porque su salud se deteriora rápidamente en la selva, de acuerdo con ex rehenes y funcionarios del gobierno colombiano.
El gobierno francés también ha presionado para la libertad de Betancourt, que tiene la doble nacionalidad franco-colombiana. Y las FARC aún no han respondido a la última oferta de Uribe.
Cierto que aunque se hayan debilitado dentro y fuera de Colombia, las FARC han ganado un aliado importante en Chávez.
Las autoridades colombianas creen que el presidente de Venezuela ha apoyado en secreto al grupo rebelde durante un tiempo al permitirle a las guerrillas de las FARC que busquen refugio en territorio venezolano. Una de sus pruebas de ello: un email de la computadora de "Reyes'' en el cual la guerrilla habla de recibir $300 millones de Chávez, acusación que el mandatario ha negado firmemente.
Este y otros emails llevaron al gobierno de George Bush a decir que considerarían colocar a Venezuela en la lista de naciones que apoyan el terrorismo.
Inmediatamente después del ataque al campamento de "Reyes'', Chávez ofreció su apoyo más vocal hasta la fecha del grupo guerrillero.
"Rendimos tributo a un verdadero revolucionario, Raúl Reyes'', dijo Chávez.
Colombia también alegó que otro email de la computadora demostraba que las FARC contribuyeron con $100,000 a la campaña del presidente ecuatoriano Rafael Correa en el 2006, acusación que éste también ha negado.
Recientemente, Correa dijo que su país no puede impedir que los guerrilleros colombianos crucen a Ecuador, alegando que esa responsabilidad le corresponde a Colombia.
En entrevistas, funcionarios colombianos dijeron que no pueden contar con Ecuador ni con Venezuela en su lucha contra las FARC.
Perú, sin embargo, es un aliado muy dispuesto.
El ministro de Defensa Flores-Aráoz dijo en una entrevista que el hombre y la mujer arrestados en el ciudad peruana de Iquitos estaban buscando reclutas para las FARC.
Una preocupación mayor, dijo Flores-Aráoz, es el papel de las FARC en los cada vez más frecuentes sembrados de coca en Perú que luego es transportada a Colombia para ser refinada en cocaína.
"En la medida en que las operaciones militares colombianas empujan a la guerrilla hacia el sur, las tropas peruanas se han colocado en la frontera para contenerla'', dijo Flores-Aráoz. ‘‘Estamos vigilando de cerca la frontera''.

Posted on Sun, Mar. 30, 2008
FARC network more intricate than thought
By TYLER BRIDGES
On the run at home, Latin America's oldest guerrilla group has sought to expand its web outside of Colombia. But recent police seizures and arrests in neighboring nations have left the FARC insurgents isolated, unable to overcome their reputation as a terrorist group that finances its activities through extortion, kidnapping and cocaine trafficking.
Anti-FARC operations -- especially a deadly military raid in a rebel camp in Ecuador after which Colombian authorities obtained computer documents belonging to slain guerrilla leader Raúl Reyes -- indicate that the FARC had established links in Venezuela, Ecuador, Costa Rica and Mexico.
But authorities have severed some of those ties, and the governments of Panama and Peru recently pledged to assist Colombia in attempting to dismantle the guerrilla network abroad.
''We now know that the FARC were not just sitting in the jungle,'' said Adam Isacson, who closely follows the guerrilla group at the Washington, D.C.-based Center for International Policy. 'It's clear from the records found on Reyes' computer that they had an international outreach effort. But it is also clear that it was stunted.
''They have not even gotten near mainstream leftist groups in the countries they've reached out to,'' Isacson said. ``They have mostly remained a pariah group.''
Even before Reyes' death on March 1, the FARC -- the Spanish acronym for the Revolutionary Armed Forces of Colombia -- acquired a major public adherent, Venezuelan President Hugo Chávez. But he has failed to convince European or other Latin American countries to treat the FARC as a ''belligerent'' group, which would give the FARC enhanced diplomatic standing.
Instead, important South American countries -- such as Brazil, Argentina and Chile -- European countries, Canada and the United States continue to label the FARC guerrillas as ''terrorists.'' The news last week that authorities in Bogotá seized 66 pounds of uranium linked to the FARC didn't help the group's reputation abroad.
Reyes' death represented the loss of a key contact with outsiders, and the FARC's network outside of Colombia seems weaker. During the bombardment at the camp about a mile inside Ecuador, four Mexican students and one Ecuadorean were killed along with some 20 FARC guerrillas, and an additional Mexican student was injured.
''The FARC's meetings are with 20-somethings or officials of tiny South American Communist parties,'' said Isacson.
Killing Reyes has served another purpose, according to Rafael Nieto, who served as vice minister of internal security in Uribe's government. He said Reyes' laptops contained a treasure trove of information that Colombian authorities are sharing with officials in other countries, although not Ecuador and Venezuela.
With the information, Nieto said, ``other countries are collaborating with Colombia against the FARC.''
Earlier this month, Costa Rican police found $480,000 of FARC money stashed at the home of a retired university professor outside of San José, thanks to documents found on Reyes' laptops, according to Costa Rica's security minister, Fernando Berrocal, who promised more disclosures.
''On this computer, there's more I'm not going to tell you now, but the country will soon find out,'' Berrocal told reporters.
Other recent arrests also have weakened the FARC's international network.
The FARC lost access to a potential weapons vendor when authorities in Thailand in March arrested Viktor Bout, a notorious Russian arms dealer. Authorities tracked Bout for several months before arresting him while he was allegedly attempting to sell weapons to what he believed were FARC representatives. Bout had reportedly sold weapons to the FARC several years earlier.
Two weeks ago, Peruvian police arrested two Colombians on charges of recruiting for the FARC. It was the first capture of FARC guerrillas in Peru in at least six years, Peruvian Defense Minister Antero Flores-Araóz told The Miami Herald.
In yet another apparent blow, Peruvian authorities also arrested seven Peruvians on Feb. 29 who were returning from an assembly in Quito organized by the Coordinadora Continental Bolivariana, a group believed by Peruvian intelligence officials to be tied to the FARC.
All of these developments come at a perilous time for the FARC.
Plan Colombia, the anti-drug trafficking and anti-guerrilla initiative that since 2000 has received $6.1 billion in funding from the United States, has pounded the FARC, reducing their ranks from 16,000 in 2002 to about 10,000 today, Colombian officials told the Herald in Bogotá two weeks ago.
Under orders from President Alvaro Uribe, Colombian troops are launching increasingly lethal attacks, and guerrillas are deserting in droves. The situation has gotten so bad for the FARC that a veteran guerrilla earlier this month killed his boss, Iván Ríos, and brought his laptop and severed right hand as proof of his vicious deed. The guerrilla said he acted to save his unit from Colombian military attacks.
The FARC have been trying to expand their role outside of Colombia ''because they are being squeezed at home,'' said Patrick Esteruelas, who follows the Andean countries for the Eurasia Group, a security risk and consulting firm. ``They have realized over the past few years that their support at home has eroded and is now at rock bottom. They have very little room to maneuver at home. They have tried to use international pressure to force Uribe to make concessions that he wouldn't otherwise make.''
Uribe has barely budged, even after the FARC unilaterally released six high-profile kidnap victims earlier this year. He did offer last week to liberate jailed guerrillas if the FARC first released former presidential candidate Ingrid Betancourt and some other high-value hostages. But the offer -- like previous offers -- contained an unattractive catch for the FARC: freed guerrillas could not return to the FARC's ranks.
Both Uribe and the FARC are facing increasing pressure to free Betancourt because her health is failing from jungle diseases, according to former hostages and Colombian government officials.
The French government has also pressed for the release of Betancourt, a dual French-Colombian citizen. The FARC has yet to respond to Uribe's latest offer.
While weaker inside and outside of Colombia, the FARC has gained a crucial ally in Chávez.
Colombian authorities believe that he had been secretly backing the group for some time by allowing FARC guerrillas to seek refuge from Colombian troops at camps on Venezuelan territory. One of their pieces of evidence: an e-mail from Reyes' computer in which the guerrillas discussed receiving $300 million from Chávez -- a charge that Chávez has hotly denied.
This and other e-mails prompted Bush administration officials to say they might put Venezuela on the list of nations that sponsor terrorism.
Immediately after the attack on Reyes' camp, Chávez offered his most vocal support to date for the FARC.
''We pay tribute to a true revolutionary, who was Raúl Reyes,'' Chávez said, the day after Reyes' death was announced.
Colombia also charged that another e-mail from Reyes' laptop showed that the FARC contributed as much as $100,000 to the 2006 campaign of Ecuadorean President Rafael Correa -- a charge that he, too, has strenuously denied.
In recent weeks, Correa has said that his country cannot keep guerrillas from crossing into Ecuador, saying that the responsibility lies with Colombia.
In turn, Colombian officials have said privately that they cannot count on either Ecuador or Venezuela in the fight against the FARC.
Peru, however, is a willing ally.
Flores-Araóz acknowledged that FARC guerrillas frequently cross the Putumayo River into the lightly-populated jungle terrain of northern Peru -- to buy food and seek refuge from Colombian troops. But he said that because of the presence of Peruvian troops in the zone, the rebels dress in civilian clothes, do not carry weapons and do not have camps -- as they have had in Ecuador and Venezuela.
''As Colombian military operations push the guerrillas to the south, Peruvian troops are at the border to contain them,'' said Flores-Araóz. ``We are keeping close watch on the border.''

El caso de Franklin Aisalla


El cerrajero de las Farc/
Reportaje de la revista SEMANA, No. 1352, 29/03/2008;
¿Qué trabajo hacía para la guerrilla colombiana el ecuatoriano muerto en el bombardeo al campamento de las Farc, por el que se volvieron a sacudir las relaciones bilaterales?
La semana pasada las relaciones entre Colombia y Ecuador se volvieron a calentar por cuenta del operativo de las autoridades colombianas contra el campamento de 'Raúl Reyes'. El nuevo punto de discordia tenía nombre propio: Franklin Aisalla. En cuanto se confirmó que este hombre -que murió junto con Reyes y cuyo cuerpo fue trasladado a Bogotá- era un ciudadano ecuatoriano, el gobierno de ese país reclamó y acusó al Estado colombiano de haber asesinado a un ciudadano inocente. Durante varios días el tema de Aisalla se convirtió en un problema diplomático para el gobierno colombiano. Sin embargo, a finales de la semana la polémica empezó a cambiar.
La prensa ecuatoriana y las autoridades de inteligencia de ese país revelaron contundentes evidencias que demostraron que, a diferencia de lo que habían sostenido públicamente altos funcionarios del gobierno ecuatoriano, incluido el presidente Rafael Correa, Aisalla no era un simple cerrajero, sino un activo e importante miembro de las Farc.
Frente a las pruebas que salieron a la luz pública, el viernes el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, tuvo que salir a los medios de comunicación y reconocer que las autoridades de ese país investigaban y sabían desde hacía cinco años que Aisalla pertenecía a la guerrilla colombiana. "Si Franklin Aisalla fuera de las Farc, nada justifica el asesinato de un ecuatoriano en suelo del Ecuador por fuerzas extranjeras, no vamos a caer en esa trampa, ahí hubo otro ultraje a la soberanía y a la dignidad nacional", dijo el presidente Correa.
Agentes de Inteligencia Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador seguían a Aisalla desde 2003, cuando se sospechaba que tenía nexos con las Farc. Cuando los ecuatorianos comenzaron las pesquisas, aparentemente no había razones para dudar de este hombre. Era muy reservado, incluso algo tímido, dedicado de lleno a su taller de cerrajería en el norte de Quito. Pero oficiales del Ejército ecuatoriano reconocieron a SEMANA que a Aisalla lo utilizaron durante años como un señuelo. Gracias a los seguimientos que hicieron sobre él se logró capturar a Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', el 2 de enero de 2004, en la capital ecuatoriana. "Siempre recibía a los emisarios importantes de las Farc. Aisalla era su hombre de confianza, el perfecto tramitador. Y nosotros no podíamos desprendernos de él, peor capturarlo. Era nuestro anzuelo ideal", dijo a SEMANA un coronel ecuatoriano que participó en ese operativo.
Aisalla nació el 21 de mayo de 1970. Conocido como 'Lucho', parte de su trabajo para las Farc en Ecuador consistía en hacer contactos con empleados de la Dirección del Registro Civil, Policía de Migración y Departamento de Pasaportes, así como con tramitadores. Todo para conseguir documentos falsos para guerrilleros para que de esta forma pudieran circular tranquilamente con identidades suplantadas.
Ninguno de sus amigos sabía que este hombre, el último de tres hermanos, era integrante de la guerrilla. A nadie delegaba sus misiones para las Farc. Oficiales de Inteligencia Militar de Ecuador entregaron a SEMANA videos y fotos donde se ve a Aisalla en campamentos de la guerrilla en la selva. Algunos de ellos fueron difundidos por los medios ecuatorianos la semana pasada. En uno, que data de 2006, Aisalla celebra el cumpleaños número 58 de 'Raúl Reyes'. En el otro, participa de un aniversario de las Farc: se le ve con los ojos vendados, tratando de golpear con un palo una especie de piñata en un campamento. "Cuando sus familiares dieron la alerta de que su hijo desaparecido era quien salía en las fotos de los noticieros junto con el cuerpo de 'Reyes', supimos que el asunto estaba por estallar", dijo a SEMANA una fuente militar en Quito.
Las autoridades ecuatorianas sabían desde un comienzo que el cuerpo del hombre que inicialmente se presentó en Colombia como 'Julián Conrado', el cantante de la Farc, era en realidad el de Aisalla.
Incluso, la inteligencia ecuatoriana investiga si Aisalla, además de conseguir documentos falsos para la guerrilla, también trasladaba equipos y material de intendencia para que la guerrilla operara en la frontera colombo-ecuatoriana. Por ejemplo, hay indicios de que el último laboratorio de coca de las Farc, detectado y destruido por el gobierno de Ecuador hace dos semanas, ubicado en el sector Los Cofanes de la provincia de Sucumbíos, a 800 metros de la frontera con Colombia, fue instalado con la ayuda de Aisalla.
Estas acusaciones son rechazadas por la familia de Aisalla ya que, según ellos, era soltero y sin hijos, no tenía lujos y ni siquiera un carro para movilizarse. Sus amigos no se explican por qué el cerrajero estaba en una base de las Farc. Eso sí, era un experto en metalmecánica. Se jactaba, incluso, de haber sido el mejor alumno del colegio Don Bosco, donde se graduó de bachiller técnico. La última vez que sus compañeros de trabajo lo vieron fue el 21 de febrero. "Nadie sabe para dónde se fue ni qué camino cogió", dijo a SEMANA uno de ellos. "De lo único que comentaba era de fútbol y sobre todo, de su equipo, El Nacional. Siempre encendía la radio para escuchar los partidos. Era muy hábil y trabajador, a veces venía hasta los domingos a terminar sus pedidos", recuerda César Ontaneda.
De manera más confidencial, otros de los compañeros de trabajo de Aisalla admiten que había motivos para sospechar. "Él casi siempre tenía trabajos fuera de la ciudad y salía con urgencia luego de recibir llamadas a su celular, que nunca dejaba de sonar. A veces no regresaba en días", afirma un reconocido periodista ecuatoriano quien admitió a SEMANA que fue Aisalla quien -junto a tres personas más- lo llevó hace casi tres años a un lugar de la selva colombiana para entrevistar a 'Reyes'.
Algunas investigaciones apuntan a que Aisalla guió desde Quito hasta el campamento en donde murió 'Raúl Reyes', al grupo de estudiantes mexicanos y chilenos que asistió al II Congreso Continental Bolivariano, realizado del 24 al 27 de febrero. "El cerrajero conocía perfectamente el camino al campamento escondido en la selva. Fue quien llevó a los jóvenes a entrevistarse con el comandante", explicó un oficial. Aisalla era, además, novio de Nubia Calderón, alias 'Esperanza', integrante de la Comisión Internacional de las Farc. Desde hace 12 años esta mujer es la encargada de dar apoyo a líderes guerrilleros que van a Ecuador y de las relaciones de las Farc con diversos sectores en ese país.
Varias fotografías reveladas la semana pasada la muestran en Quito con Rodrigo Granda, 'Simón Trinidad' y Lidia Carmenza Devia, hija de 'Raúl Reyes'. También ella ha mantenido reuniones -según las fotos- con políticos ecuatorianos, como la asambleísta María Augusta Calle, del partido del presidente Rafael Correa. La revelación de la fotografía de Calle con miembros de las Farc desató un acalorado debate entre políticos ecuatorianos quienes se acusaron mutuamente de tener vínculos con la guerrilla (ver recuadro).
En la humilde vivienda donde el cerrajero vivía con sus padres nadie quiere hablar. Guillermo Aisalla, el padre, se muestra más ofuscado, hasta el borde de las lágrimas. "Queremos sepultar a nuestro hijo y que ya no se hable de él, un chico inocente".Mientras en la cerrajería extrañan escuchar los partidos por radio. Ya no está el hincha de El Nacional, un equipo que, irónicamente, pertenece al Ejército ecuatoriano, la institución que desde hacía cinco años seguía al cerrajero de las Farc.
El fantasma de ‘Reyes’(recuadro)
L­a presencia de las Farc en Ecuador ha agitado el 'avispero' político del vecino país. Y es que aunque el gobierno de Quito insista en lo contrario, mucha gente sabe que los nexos y la penetración de las Farc en Ecuador -sobre todo en la frontera- no son nada nuevo. Ahora ha empezado a quedar en evidencia que los tentáculos de la guerrilla van más allá y han llegado a tocar a políticos, personajes públicos y militares.
La asambleísta y periodista María Augusta Calle, del oficialista movimiento Pais, fue acusada por su colega Gilmar Gutiérrez (hermano del ex presidente Lucio Gutiérrez), de ser cercana a las Farc y solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente que se investigaran tales vínculos.
La semana pasada Calle fue duramente cuestionada por sus contactos con las Farc. Se reveló que, por ejemplo, fue ella quien solicitó el uso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la reunión, a finales de febrero, del segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, encuentro que reunió a unos 300 delegados de varios países, integrantes de grupos de izquierda y extremistas, vinculados con las Farc, el Mrta y Eta.
Una de las resoluciones de este evento -donde se exhibió un video con un saludo de 'Raúl Reyes'- fue "exigir la salida de las bases estadounidenses de nuestra América". Coincidencialmente, dos días después, la mesa de la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Calle, aprobó el artículo que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.
Calle, como periodista, ha dirigido la agencia digital Altercom y antes de llegar a la Asamblea era la corresponsal en Ecuador de Telesur. En videos y fotos aparece con Nubia Calderón, alias 'Esperanza', coordinadora internacional de las Farc en Ecuador, residente en ese país desde hace 12 años y novia del cerrajero Franklin Aisalla.
En otra imagen se ve a Calle con Lidia Carmenza Devia Collazos, hija de 'Reyes' y quien vivía como ecuatoriana hasta hace poco en la población de El Quinche, cerca a Quito. Desde el primero de marzo -cuando ocurrió el ataque- se desconoce su paradero. Otros hijos de 'Reyes', Yerin Coren y Ariel Devia Collazos, igualmente vivían en el sector de Carcelén Bajo, en el norte de Quito, y al parecer, ahora residen en Cuba.
Calle no es la única política salpicada por relaciones con las Farc. El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, divulgó una foto en la que aparece el ex presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez junto al 'canciller' de las Farc, Rodrigo Granda, durante una reunión realizada posiblemente en Venezuela.
Cuando fue capturado, Granda dijo a la Fiscalía colombiana que sí se había reunido con Gutiérrez: "Tuve varias entrevistas con él y se comprometió a no perseguir a las Farc en su territorio", dijo entonces.
Luego, las Farc, a través de Internet, expresaron su inconformismo por el incumplimiento de los acuerdos por parte de Gutiérrez.
El ex Presidente calificó como "una patraña" la fotografía y dijo que "esta posiblemente fue tomada en un evento en El Salvador, donde fue invitado a dictar una conferencia. Allí estuvieron varios dirigentes de izquierda, pero yo no tuve ningún acercamiento personal ni exclusivo con ningún dirigente de las Farc", señaló a SEMANA. Añadió que la exhibición de la foto "no es más que una cortina de humo para desviar la atención y que no se develen quienes tienen verdaderos nexos con elementos irregulares".
Mientras los políticos de Ecuador se empiezan a sacar 'los trapos sucios', los ecuatorianos se preguntan por qué el gobierno de su país no aclara los supuestos nexos con la guerrilla colombiana o, por lo menos, su permisividad para que los insurgentes utilicen Ecuador como un corredor para sus actividades. El presidente de la Comisión Anticorrupción, Ramiro Borja, cuestionó al gobierno por las acusaciones de Colombia porque -según explicó- no se ha impedido que en el exterior se diga que Ecuador brinda asilo a terroristas.
El nerviosismo en el país vecino es generalizado.
SEMANA estableció que, después de revelarse los videos, fotos y vínculos de Aisalla con las Farc, así como la de los políticos ecuatorianos que han sostenido contactos con la guerrilla, los comandantes de algunos batallones del Ejército fueron advertidos de que podrían ser relevados "por filtrar esas informaciones a la prensa".

Otra visión de las FARC


Nota de Juanita Samper para El Tiempo on line, Marzo 30 de 2008
Diario El País dedica suplemento semanal a mostrarle al mundo otra visión de las Farc
El periódico español dedicó 18 páginas a varios artículos que muestran un panorama de la guerrilla, sus nexos con el narcotráfico y la crueldad del secuestro.
El fotógrafo español Álvaro Ybarra Zavala (la foto mostrada es de él), nacido en Bilbao en 1980, convivió los últimos meses del año pasado con el Bloque Móvil 'Arturo Ruiz', en la zona del río San Juan, lo que le permitió tomar con la cámara la vida diaria de los guerrilleros. Su trabajo es el eje de los elementos que componen el informe.
Junto al despliegue fotográfico y al relato del testimonio de Ybarra, Héctor Abad Faciolince narra la historia y actualidad de las Farc, dentro de un análisis de la situación colombiana. También el periodista británico John Carlin firma un artículo titulado 'Farcotraficantes', en el que explica las relaciones entre la guerrilla y el narcotráfico. Y Consuelo González de Perdomo describe las sensaciones y temores que produce el secuestro.
Blanco y negro
"En Colombia se sufre. Y mucho", asegura Ybarra, en el relato que Lola Huete Machado escribe sobre la experiencia de este fotógrafo que durante tres años buscó la posibilidad de convivir un tiempo con la guerrilla para ofrecer a la comunidad internacional imágenes de su existencia cotidiana.
"Pero mi estancia allí confirma una evidencia: este es el país mas hermoso del mundo. ¿Cómo consigue salir adelante, con ese espíritu, ante tanta violencia?", continúa Ybarra. "Así, mi trabajo no es una historia sobre las Farc, sino sobre una guerra olvidada: sobre esa masa de personas atrapada en un drama del que todos sacan provecho".
Es lo que busca reflejar en sus fotos. Imágenes en blanco y negro de gente abandonada, hospitales a donde las personas llegan a morir, pueblos solos, guerrilleros que recogen y procesan la coca, campamentos con mujeres armadas, paisajes hermosos de nuestras selvas.
"¿Por qué coca?", le dice un campesino a Ybarra sobre su cultivo. "¿Y para qué voy a sembrar yuca? Hasta que no aprendan los gringos a esnifarla [aspirarla], no la cultivaremos. No es rentable. Un kilo de coca son unos 3.000 euros; uno de yuca o café, ni 10".
Ybarra estaba con el bloque 'Arturo Ruiz' cuando Piedad Córdoba y el gobierno de Venezuela comenzaron los contactos con la guerrilla y también cuando se rompieron, lo que calificó como un momento "duro".
El fotógrafo concluye el relato de su experiencia con la sensación que lo acompañó permanentemente: "No te puedes olvidar ni un segundo de que tu situación es tan resbaladiza como el fango de la selva: que estás con un grupo armado que tiene retenidas a personas y que allí igual hoy eres invitado y mañana secuestrado, desaparecido o muerto".
Debilidad imbatible
John Carlin, por su parte, elabora una comparación entre las Farc y otros grupos guerrilleros latinoamericanos, que surgieron en la misma época y que ya no existen.
Comenta, también, algunas respuestas de 'Raúl Reyes' en una entrevista del periódico argentino "Clarín" (26 y 27 de agosto Pablo Biffi entrevista a Raúl Reyes, puede leerse en está bitácora, http://fredalvarez.blogspot.com/2007_09_02_archive.html)
en agosto del año pasado, publicada con una foto donde "parece más bien un empresario cincuentón de Boca Ratón, Florida, disfrazado de guerrillero para una fiesta de Halloween".
De acuerdo con Carlin, las Farc se han debilitado en los últimos tiempos. En 2007 desertaron 2.400 guerrilleros, y quedan 12.000 de los 16.000 combatientes con que contaba a fines de los noventa. Entonces la guerrilla controlaba 120 municipios; hoy, ninguno.
"El poderío bélico al que se enfrentan, sumado al desprestigio político creciente de las Farc, hace que tengan cero posibilidades de llegar al poder", asegura Carlin. "Pero también es verdad que las posibilidades también son cero de que se acabe con las Farc, en un futuro previsible, como fuerza armada".
Cita varias razones para apoyar la afirmación. La ubicación remota de los campamentos, "algunos de los cuales están localizados en Ecuador y Venezuela, con la complicidad del gobierno de Hugo Chávez", el dinero de la droga y la complicidad entre miembros del ejército colombiano y las Farc en las zonas más inaccesibles del país. Por ello termina hablando de un "conflicto absurdo, sin fin".
Por Juanita Samper Ospina
Corresponsal de EL TIEMPO Madrid.

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