6 ago. 2009

PFP

Columna PLAZA PÚBLICA /Miguel Angel Granado Chapa,
Ilegal Policía Federal
Según las autoridades, La Troca cayó en flagrancia: oía misa en Apatzingán armado con un fusil AMP-5 y una granada de fragmentación, y tenía consigo tres envoltorios con pastillas y 13 mil dólares
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 6 agosto 2009

La Policía Federal engañó al Ministerio Público o ambas instituciones juntas pretenden engañar a la sociedad para ocultar su violación a la ley al haber asaltado el templo del Perpetuo Socorro de Apatzingán, Michoacán, el sábado anterior. De creer las versiones oficiales, Miguel Ángel Beraza Villa hacía honor a su apodo de La Troca, pues traía consigo un notorio cargamento mientras participaba en la misa con que una chica celebraba los 15 años de su edad.

Según la PGR, Beraza "se encontraba en flagrante posesión ilícita de un fusil AMP-5, una granada de fragmentación, tres envoltorios con pastillas y 13 mil dólares". Aunque ofende al sentido común la afirmación de que La Troca escuchaba la homilía armado de ese modo, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública se ven en la necesidad de asegurar que así era para justificar que lo hallaron en flagrancia, es decir mientras estaba cometiendo delitos, único modo en que la Policía Federal puede detener a una persona sin contar con una orden de aprehensión. De lo contrario, queda claro que la autoridad policiaca ingresó sin derecho a un recinto cuya administración es privada, lo que supone allanar el domicilio, algo penado por la ley quienquiera que lo haga, incluida la policía.

Pero la Policía Federal Preventiva, que a partir de la emisión de su ley hace dos meses (el 1o. de junio) perdió su segundo apellido, tiene entre sus rutinas violar los domicilios, irrumpir sin orden judicial en lugares donde sabe o cree que puede detener a personas presuntamente perpetradoras de delitos. En la redada michoacana del 26 de mayo, sin mandamiento de juez alguno y con indicios tan tenues que apenas sirvieron para que el Ministerio Público solicitara el arraigo de los detenidos, la Policía Federal entró a las casas particulares de los funcionarios capturados, o a sus oficinas, sitas en palacios municipales o en el propio palacio de gobierno estatal, en Morelia.

Es tan ilegal y tan peligroso que miembros de un cuerpo policiaco armado ingresen en un domicilio particular o en un templo, donde no está restringido el acceso (pues por su propia naturaleza se halla abierto al público, a los feligreses), porque además de violentar la propiedad o la posesión se pone en riesgo a muchas personas. En la misa en cuyo curso fue detenido La Troca, había 250 invitados (o feligreses que, sin relación con la fiesta, acudían al cumplimiento de un precepto eclesiástico). Si a ellos se suma la súbita presencia de más de un centenar de agentes policiales, la sola aglomeración de personas entraña un peligro, sobre todo cuando los miembros de la PF van armados y es previsible que algunos de los asistentes también lo estén.

En su disculpa al Episcopado Mexicano (que no estuvo en peligro, como sí lo estuvieron los feligreses, a quienes la Secretaría de Seguridad Pública debería dirigirse, y no a los obispos) se intenta explicar que la irrupción en el templo "se concretó en ese momento y lugar debido a una evaluación de inteligencia que garantizaba la detención" de La Troca, "evitando así su fuga o un posible enfrentamiento". Agrega la SSP que "el operativo... se realizó con la mayor precisión para garantizar la seguridad de más de 250 personas". Precisión, lo que se dice precisión, no hubo en las acciones de la Policía Federal. A pesar de que según su ufano autoelogio buscaba directamente Beraza Villa, practicaron una redada de 33 personas más. Lo hicieron los agentes a ojo de buen cubero, sin indicación alguna de que los capturados fueran delincuentes. Al detenerlos, los agentes policiacos iniciaron una cadena de ilegalidades que sólo concluyó tres días después sin siquiera pedir disculpas: salvo tres personas a las que se imputan delitos, los 30 arrestados restantes fueron detenidos por el solo hecho de estar en el templo, ni siquiera vinculados con la fiesta, fueron trasladados a la Ciudad de México, retenidos la noche misma del sábado, el domingo y lunes entero y parte del martes, sometidos a incomunicación.

Ésa es la conducta reprochable en esta operación, agravada por el virtual secuestro de los feligreses durante horas y, según denuncia que no se ha formalizado por razones fácilmente comprensibles, el robo de cámaras fotográficas, teléfonos celulares y aun el dinero de los cepos, o el que se había colectado durante la misa. Para disimular sus yerros, la Secretaría de Seguridad Pública se concentra en el presunto agravio sufrido por las autoridades eclesiásticas y "ratifica su respeto irrestricto a toda manifestación de culto o celebración religiosa", y en vez de pedirla, como es correcto decir "ofrece una disculpa" al obispo de Apatzingán y la conferencia episcopal. Se pide una disculpa, es decir, se solicita que se retire la culpa, que se alivie la carga del infractor. Ofrecer una disculpa significa que el ofensor da oportunidad al ofendido de atenuar su falta.

Son las personas en general, no los obispos solamente, quienes están en riesgo de sufrir agravio de la policía, creyente de que su presunto fin, abatir la inseguridad y combatir la delincuencia, justifica los medios. Quizá el secretario de Seguridad Pública quiso aprovechar la ocasión para mejorar su relación con la cúpula eclesiástica, pues el presidente del Episcopado, don Carlos Aguiar Retes no tiene buena opinión de García Luna, sino todo lo contrario. Denunció "sus corruptelas y tuvo que pagar un costo político por su denuncia" (Anabel Hernández, Los cómplices del Presidente).

Acuerdos del CNSP

DOF: 06/08/2009
ACUERDOS aprobados en la Vigésima Sexta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XXVI SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18, fracciones I y V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
CERTIFICA
Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Vigésima Sexta Sesión, celebrada el 2 de junio de 2009, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 14, fracciones II y XII, 15 y 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitió los siguientes:
ACUERDOS
ACUERDO 01/XXVI/09
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba en sus términos el Acta de la XXV Sesión celebrada el día 28 de noviembre del 2008 y ratifica los acuerdos en ella alcanzados.
ACUERDO 02/XXVI/09
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
ACUERDO 03/XXVI/09
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la conformación de sus comisiones permanentes, de conformidad con la propuesta presentada:
Comisión de Información:
Titular al Ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública; vocales, al Licenciado José Natividad González Parás, Gobernador del Estado de Nuevo León; al Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas y al Licenciado Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de Morelos.
Comisión de Certificación y Acreditación:
Titular al Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California; como vocales al Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Químico Andrés Granier Melo, Gobernador del Estado de Tabasco, al Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación.
Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana:
Titular al Ingeniero José Eduardo Robinson Bours Castelo, Gobernador del Estado de Sonora; y como vocales, al Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador del Estado de Guanajuato; a la Licenciada Amalia García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas y al Licenciado Eduardo Medina Mora-Icaza, Procurador General de la República.
ACUERDO 04/XXVI/09
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en el Artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública instruye a la Comisión Permanente de Información a expedir las políticas a que se refiere el Artículo 14, fracción XII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las que deberán contener como mínimo las materias relativas al acceso, consultas, suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, constituyendo para tal efecto las Subcomisiones Jurídica y Técnica. La expedición de dichas políticas deberá sujetarse a los plazos a que se refiere el Artículo 9o. Transitorio de la citada Ley.
Atentamente
México, Distrito Federal, a ocho de junio de dos mil nueve.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge E. Tello Peón.- Rúbrica

SSP pide disculpas

Boletín de Prensa/326
México, D.F., 4 de agosto de 2009
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA
Con relación al operativo llevado a cabo en la Iglesia del Perpetuo Socorro en Apatzingán, en el que fue detenido Miguel Ángel Beraza Villa, alias "La Troca", la Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que dicha acción se concretó en ese momento y lugar debido a una evaluación de inteligencia que garantizaba la detención de este presunto delincuente, evitando así su fuga o un posible enfrentamiento.
Cabe recordar que, derivado de los trabajos de inteligencia que realiza la Policía Federal, se tiene conocimiento de que Miguel Ángel Beraza Villa es el principal distribuidor de droga sintética de la organización delictiva conocida como "La Familia Michoacana". Como es del conocimiento público, esta organización delictiva es la responsable de múltiples asesinatos y ejecuciones, secuestros y extorsiones, generando un estado de impunidad y zozobra en diversas poblaciones y comunidades en las que lleva a cabo sus actividades delictivas.
En cuanto al operativo en cuestión, éste se realizó con la mayor precisión para garantizar la seguridad de más de 250 personas que se encontraban en el evento. En todo momento, la prioridad de la Policía Federal fue evitar un incidente de violencia que pudiera haber puesto en peligro la integridad de todos los presentes en la ceremonia religiosa.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal ratifica el respeto irrestricto a toda manifestación de culto o celebración religiosa, y ofrece una disculpa a Monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, a la feligresía y a las autoridades eclesiásticas representadas en la Conferencia del Episcopado Mexicano, por las circunstancias en las que tuvo que realizarse el operativo.
La dependencia refrenda su compromiso de servir y proteger a la comunidad de conformidad con las disposiciones constitucionales, y con estricta observancia y respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos.

Justicia Penal

DOF: 05/08/2009
ACUERDO al que concurren los tres Poderes de la Unión para dar cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el 18 de junio de 2008.
Acuerdo al que concurren los tres Poderes de la Unión para dar cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008.
En el marco de lo establecido por el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, los tres Poderes Federales, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, conscientes de la trascendencia e importancia de la colaboración republicana para la construcción y desarrollo de las instituciones que robustecen la vida democrática del país, particularmente en uno de los temas que mayores exigencias ha generado en el entorno social, como lo es el relativo al mejoramiento del sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país, concurrimos en el ámbito de nuestras respectivas competencias, con pleno respeto a la división de poderes y al equilibrio en las relaciones institucionales, a la celebración del presente acuerdo que tiene por objeto establecer las bases para la instalación y operación del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, como instancia de coordinación.
Al hacerlo, los Poderes de la Unión reconocemos la imperiosa necesidad de que las reformas constitucionales aprobadas al sistema de justicia penal y de seguridad pública en nuestro país tengan efecto y cuenten con el respaldo institucional que corresponde a una adecuada política de Estado, en cuyo diseño y operación, concurramos en una instancia en la que de manera organizada y coordinada se definan políticas, acciones y mecanismos de coordinación para la implementación, en los tres órdenes de gobierno, del nuevo Sistema de Justicia Penal previsto constitucionalmente.
Coincidimos en que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el país requerirá en todo momento de una adecuada coordinación que sume los conocimientos, experiencias y capacidades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, en el marco de los respectivos ámbitos de competencia.
ANTECEDENTES
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, se publicó el Decreto de reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, 115 fracción VII y 123 apartado B fracción XIII, relativa al sistema de justicia penal y de seguridad.
En el artículo Noveno Transitorio del Decreto, se estableció el mandato constitucional de crear una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.
Este conjunto de modificaciones constitucionales, tienen la finalidad de instaurar un nuevo Sistema de Justicia Penal en toda la República Mexicana.
CONSIDERANDO
Que derivado de la reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, 115 fracción VII y 123 apartado B fracción XIII, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se ha establecido el mandato constitucional para que los Poderes de la Unión, en comunión con diversas instancias, concurran en una instancia que permita definir las políticas y los mecanismos de coordinación necesarios para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en toda la nación, bajo los principios y normas previstas constitucionalmente.
Que para tal efecto, el artículo Noveno Transitorio de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, establece la creación de una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del sector académico, sociedad civil, así como de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma se previó la creación de una Secretaría Técnica encargada de coadyuvar y apoyar a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten.
Que el Poder Ejecutivo Federal ha creado una oficina con recursos técnicos, humanos y presupuestales suficientes y adecuados para hacerse cargo de la Secretaría Técnica a que hace referencia el citado artículo Noveno Transitorio, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene entre sus fines institucionales operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones de la Instancia de Coordinación, así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación de Sistema de Justicia Penal, cuando así se lo soliciten.
En virtud de los antecedentes y consideraciones vertidas en el presente instrumento, los Poderes de la Unión, hemos decidido suscribir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se crea la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio de la citada reforma constitucional, a la cual se le denominará Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (en adelante "Consejo de Coordinación"), el cual tiene por objeto analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el nuevo Sistema de Justicia Penal, órgano que operará conforme a las bases que se establecen en el presente acuerdo.
SEGUNDO. El Consejo de Coordinación se integrará por:
I. Representantes de los tres Poderes de la Unión:
a. Poder Legislativo Federal: Un Diputado y un Senador.
b. Poder Ejecutivo Federal: El Secretario de Gobernación.
c. Poder Judicial de la Federación: Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejero de la Judicatura Federal.
II. Representaciones de instancias previstas constitucionalmente.
a. Un representante de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública.
b. Un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
c. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
d. Un representante del sector académico.
e. Un representante de la sociedad civil.
III. Para garantizar la coordinación con las instancias encargadas de la política interior, prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia, así como de la asesoría y normatividad jurídica, ubicadas en el ámbito federal, en virtud de que las políticas y acciones que deberá de planear y definir el Consejo de Coordinación para el cumplimiento de su objeto impactan en diversas instancias del sistema penal e involucran entre otros, a dichos operadores del sistema, se incorporarán permanentemente al Consejo de Coordinación, los titulares de los siguientes órganos e instituciones :
a. Procuraduría General de la República.
b. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
c. Secretaría de Seguridad Pública Federal.
IV. El Consejo de Coordinación, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, podrá acordar la incorporación, de forma temporal o permanente, de otras representaciones, cuando así lo considere indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines.
TERCERO. Se acuerda que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación quede a cargo del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008, el cual tiene entre sus fines institucionales el de coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal.
CUARTO. Corresponderá al pleno del Consejo de Coordinación conocer y sancionar la normatividad interna que sea necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a lo previsto en el presente instrumento y en general, para que ese órgano pueda cumplir adecuadamente con su objeto.

QUINTO. El Consejo de Coordinación determinará las características que deben cumplir los representantes del sector académico y de la sociedad civil que lo integrarán y en todo caso, serán nombrados por el propio Consejo.
TRANSITORIOS
Primero. Este acuerdo surte sus efectos a partir de la fecha de su firma. El Consejo de Coordinación se disolverá cuando sus integrantes consideren que se ha cumplido su objeto o en su caso, al vencimiento del plazo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
Segundo. Se instruye al Secretario Técnico para que proceda a recabar, de los tres Poderes de la Unión; de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; de la Procuraduría General de la República; de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y; de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las designaciones de sus respectivos representantes que formarán parte del Consejo de Coordinación.
Tercero. Se instruye al Secretario Técnico para que convoque, en un plazo no mayor a 60 días, al Consejo de Coordinación a efecto de llevar a cabo su sesión pública de instalación y primera sesión ordinaria.
Cuarto. Para la sesión inmediata siguiente a la de instalación, la Secretaría Técnica deberá, previa elaboración, distribuir entre los miembros del propio Consejo, las propuestas de los siguientes documentos:
a) Proyecto de normatividad interna para el funcionamiento del Consejo de Coordinación.
b) Reglas para designar a los representantes del sector académico y sociedad civil que formarán parte del Consejo de Coordinación.
c) Proyecto de programa y líneas generales de trabajo de la Secretaría Técnica.
d) Calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Coordinación.
Estos documentos deberán entregarse cuando menos, con 10 días hábiles de antelación a la fecha de la segunda sesión del Consejo de Coordinación, la cual se fijará en la sesión de su instalación.
Ciudad de México, 10 de junio de 2009.- Por el Poder Legislativo, Honorable Congreso de la Unión: el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Diputado César Duarte Jáquez.- Rúbrica.- El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz.- Rúbrica.- Por el Poder Ejecutivo Federal: el Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- Por el Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.- Rúbrica.- Consejo de la Judicatura Federal, Consejero Óscar Vázquez Marín.- Rúbrica.

La visita del Presidente Zelaya

El Presidente Felipe Calderón en la Ceremonia Oficial de Bienvenida a José Manuel Zelaya Rosales, Presidente de la República de Honduras
Martes, 4 de Agosto de 2009 Discurso
Residencia Oficial
Excelentísimo señor José Manuel Zelaya Rosales, Presidente de la República de Honduras.
Distinguidos integrantes de la comitiva que le acompaña.
Señoras y señores:
En nombre del pueblo y del Gobierno de México, me es grato dar la más cordial bienvenida al Presidente Constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales.
Su presencia en suelo mexicano es expresión de los profundos lazos de amistad que unen a nuestros pueblos.
Le recibimos con los brazos abiertos, como lo hemos hecho siempre con nuestros hermanos hondureños.
En México se quiere a Honduras por los lazos históricos que nos vinculan, por la cultura que compartimos; y, sobre todo, por el tesón, por la voluntad con que su pueblo ha buscado los valores supremos de la justicia, la democracia, la unidad y la paz.
En nuestros tiempos, en nuestra región, la ruptura del orden constitucional es inaceptable y constituye una práctica que es rechazada de manera categórica por todos los pueblos de América Latina que compartimos principios y valores democráticos.
Desde el mismo día del repudiable golpe de Estado, México se solidarizó con el pueblo y el Gobierno Constitucional de Honduras. Hicimos gestiones diplomáticas de manera inmediata para atender y ayudar a quienes eran perseguidos, para recibir a la Canciller Patricia Rodas, a fin de proteger su integridad física.
Posteriormente, viajaron a México con ese mismo propósito los Ministros de Finanzas, Rebeca Santos; de Cultura, Artes y de Deportes, Roberto Pastor; y de Educación, Marlon Breve Reyes.
Más allá de estas muestras de solidaridad, México ha abogado de manera continua en diversos foros por la restitución del orden constitucional en Honduras y del Presidente Zelaya como Presidente de este hermano país.
Hemos mantenido un papel activo en mecanismos regionales, como la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río.
En la OEA, hemos impulsado propuestas de resolución diplomática con apego a la Carta Democrática Interamericana; y, en el Grupo de Río, en la calidad que tiene México de Secretario Pro Témpore, hemos promovido la adopción de tres Declaraciones de los Estados miembros, convocando al pronto restablecimiento del orden constitucional, además de realizar una reunión de emergencia del Grupo en Managua, a 48 horas de tan funestos acontecimientos.
La semana pasada, los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la Cumbre de Guanacaste, Costa Rica, expresamos nuestro respaldo a la iniciativa de resolución al conflicto presentada por el Presidente Óscar Arias, en su condición de mediador, y avalada por la Organización de Estados Americanos.
Los Presidentes que participamos en tal encuentro, consideramos que el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, constituye la base para alcanzar una solución pacífica y negociada, y hemos de emprender nuestros esfuerzos para que tal gestión concluya con el éxito que todos esperamos.
A través de la Secretaría Pro Témpore del Grupo de Río, mantendremos abiertos los canales del diálogo y la concertación. El Grupo estará atento a la evolución de los acontecimientos en la República de Honduras, listo a promover o respaldar, bajo la fórmula que en su momento los Estados miembros consideren idónea, toda iniciativa que pueda conducir al restablecimiento de la democracia en Honduras y a la reinstalación del Presidente Constitucional, José Manuel Zelaya Rosales, en sus labores habituales.
Nuestro país está convencido de que la mejor solución a este conflicto será el diálogo y el apego irrestricto a los principios democráticos y de defensa de los derechos humanos, que profesamos.
Hoy, más que nunca, es imperativo que prevalezca la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza. Por eso, México urge a las partes para que se encuentren fórmulas que permitan resolver el problema.
Señor Presidente:
En estos momentos de conflicto y tensión, México expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno hondureño. Los habitantes de ese querido país han demostrado a lo largo de su historia una enorme determinación y una gran valentía.
Con esa fuerza de voluntad, estoy seguro que Honduras saldrá adelante de esta difícil circunstancia.
México lo recibe, señor Presidente Zelaya, en un ánimo de respeto a la democracia y a la constitucionalidad, en la que deben regirse nuestros Gobiernos. Y lo recibe, además, con la amistad y el afecto de siempre.
Nuestro país hace votos para que el pueblo hondureño se hermane, para que sus diferencias sean superadas por la unidad común y el respeto a la Constitución y a la ley, y avance con firmeza hacia el desarrollo social y económico que tanta falta hace en nuestra región.
Bienvenido nuevamente, señor Presidente Zelaya.
***
El Presidente Calderón en el Mensaje a Medios que ofreció con su homólogo de Honduras, José Manuel Zelaya, con motivo de su Visita a México
Martes, 4 de Agosto de 2009 Discurso
Ciudad de México
Muy buenos días.
Señoras y señores de los medios de comunicación.
Es un gran honor recibir al Presidente de la hermana República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales.
De parte de todos los mexicanos, Presidente, le refrendo hoy a usted y a todo el pueblo hondureño la seguridad de nuestra solidaridad y de nuestra amistad.
Durante nuestro encuentro, el Presidente Zelaya y yo tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente sobre la situación que prevalece en Honduras. Le he reiterado el compromiso del Gobierno de México para contribuir a una solución del conflicto, así como nuestro pleno respaldo para su restitución pronta y pacífica en el cargo al cual fue democráticamente electo.
Asimismo, le manifesté que tanto él, como los miembros de su Gobierno, tendrán siempre abiertas las puertas de nuestro país. En todo momento serán bien recibidos quienes pidan el apoyo del pueblo de México.
Le comenté también que desde el primer momento que tuvimos noticia del golpe de Estado en Honduras, México ha manifestado una y otra vez su completa condena a los hechos y su apoyo decidido a la democracia en Honduras.
En México estamos convencidos de que la democracia es el único camino para el progreso de los pueblos. Hoy y siempre rechazamos de manera enérgica cualquier intento de volver al pasado autoritario que tanto daño hizo a nuestras naciones.
Es por ello que hemos hecho uso de los distintos mecanismos a nuestro alcance, para manifestar nuestro firme compromiso de apoyar el restablecimiento del orden constitucional en Honduras.
Lo hicimos al activar el Grupo de Río, en donde construimos un primer consenso amplio en la región, en defensa de la democracia hondureña. En la Cumbre de Guanacaste, junto con los otros países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, manifestamos nuestro respaldo a la iniciativa presentada por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, a fin de encontrar una solución pacífica a este conflicto.
Como Secretario Pro Témpore del Grupo de Río y por propia convicción, México refrenda, precisamente, el Plan Arias, y acompañará con firmeza este esfuerzo por restablecer el orden constitucional en Honduras.
En México creemos firmemente que la política debe prevalecer en todo tiempo sobre la violencia, y que el diálogo debe prevalecer sobre la intransigencia.
La democracia es una conquista de la conciencia y de la inteligencia, que todos estamos obligados a defender.
Amigas y amigos:
Por muchos años la democracia ha sido el sueño común que hermanó a todos los pueblos latinoamericanos.
Muchas mujeres y muchos hombres, a lo largo de nuestra historia compartida, han luchado por hacer de América Latina una comunidad de mujeres y de hombres libres; un continente sin la sombra de la opresión o del autoritarismo.
Ahora más que nunca, las naciones latinoamericanas, las naciones americanas todas, debemos trabajar sin descanso porque este legado perdure; para que en nuestra región impere siempre la democracia y la paz, que tanto hemos luchado por alcanzar.
Por eso, tal como le expresé en nuestra reunión al Presidente Zelaya, hoy México está decidido a ser parte determinante en la solución al problema que vive Honduras. Le reitero al Presidente Zelaya y, a través de él, a todo el pueblo hondureño, el apoyo del Gobierno y del pueblo de México.
***